Servicio Social en la división del trabajo: proyecto profesional y asalariamiento

Desde la década del ochenta, venimos señalando ser el Servicio Social una especialización del trabajo de la sociedad, inscrita en la división social y técnica del trabajo. Esto supone afirmar el primado del trabajo en la constitución de los individuos sociales. Ésta no es la prioridad del mercado, tan importante para los liberales.

El análisis del Servicio Social en el ámbito de las relaciones sociales capitalistas proyecta superar los influjos liberales en la comprensión y conducción de la “práctica profesional”. Ésta es generalmente vista como práctica del individuo aislado, desvinculada de la trama social que crea sus necesidades y condiciona sus efectos en la sociedad. Los procesos históricos tienden a ser reducidos a un “contexto”, distinto de la práctica profesional, que la condicionaría “externamente”. La “práctica” es tenida como una relación singular entre el asistente social y el sujeto atendido desvinculada de la “cuestión social” y de las políticas sociales correspondientes. En esta perspectiva, la formación profesional debería privilegiar la construcción de estrategias, técnicas y formación de habilidades (centrándose en el “cómo hacer”) a partir de la justificativa que el Servicio Social es una “profesión volcada a la intervención en lo social”. Ese camino ya trillado está superado o está condenado a crear un profesional que aparentemente sabe hacer, pero no consigue explicar las razones, el contenido, la dirección social, y los efectos de su trabajo en la sociedad. Se corre el peligro de que el asistente social sea reducido al mero “técnico”, delegando a otros la tarea de pensar la sociedad. El resultado es un profesional mistificado y de la mistificación, dotado de frágil identidad con la profesión.

El “significado sociohistórico e ideopolítico del Servicio Social se inscribe en el conjunto de las prácticas sociales accionado por las clases y medidas por el Estado de cara a las “secuelas” de la “cuestión social” (^{ABEPSS/CEDEPSS, 1996}). El ejercicio profesional es necesariamente polarizado por la trama de relaciones e intereses entre las clases sociales. Éste participa tanto de los mecanismos de explotación y dominación, cuanto, al mismo tiempo y por la misma actividad, de las respuestas institucionales a las necesidades de sobrevivencia de las clases trabajadoras y de la reproducción del antagonismo de los intereses sociales (^{Iamamoto y Carvalho, 2014}). Como la sociedad es atravesada por proyectos sociales distintos (proyecto de clase para la sociedad) se tiene un terreno socio-histórico abierto a la construcción de proyectos profesionales también diversos, indisociables de los proyectos más amplios para la sociedad. Es esta presencia de las fuerzas sociales y políticas reales -y no mera ilusión- que permite al cuerpo profesional establecer estrategias político-profesionales en el sentido de reforzar intereses de las clases subalternas, objetivo prioritario de las acciones profesionales.

Las (os) asistentes sociales realizan una acción de cuño socioeducativo en la prestación de servicios sociales, viabilizando el acceso a los derechos y a los medios de ejercerlos, contribuyendo para que necesidades e intereses de los sujetos sociales adquieran visibilidad en la escena pública y puedan ser reconocidos. Estimulan la organización de los diferentes segmentos de los trabajadores en la defensa y ampliación de sus derechos. Afirmamos el compromiso con los derechos sociales, políticos y humanos y la defensa de la cualidad de los servicios sociales.

El Servicio Social brasilero, en las últimas décadas, en el marco de las luchas sociales contra la dictadura (1964-1980) y por la defensa del Estado de derecho, hace un radical giro en su dimensión ética y en el debate en este plano: constituye democráticamente su base normativa, expresada en la legislación profesional, en las Directrices Curriculares Nacionales para la educación de graduación y en el Código de Ética del Asistente Social, de 1993, pilares del proyecto profesional brasilero. Su núcleo central es la comprensión de la historia a partir de las clases sociales y sus luchas, el reconocimiento de la centralidad del trabajo y de los trabajadores. Él fue alimentado teóricamente por la tradición marxista³ -en el diálogo con otras matrices analíticas- y políticamente por la aproximación a las fuerzas vivas que mueven la historia: las luchas y los movimientos sociales.

El Servicio Social en nuestros países fue reglamentado como una “profesión liberal”, de ella provienen los estatutos legales y éticos que prescriben una autonomía teórico-metodológica, técnica y ético-política a la conducción del ejercicio profesional. Entretanto el ejercicio de la profesión es tensionado por la compra y venta de la fuerza de trabajo especializada del asistente social. El asalariamiento es un determinante fundamental en la autonomía del profesional, impregnando esa actividad de las restricciones del trabajo alienado. Se establece así “la tensión entre proyecto profesional y alienación del trabajo, indisociable del estatuto asalariado”. O en otros términos, se reponen en las particulares condiciones del trabajo del asistente social profesional, el clásico dilema entre causalidad y teleología, entre estructura y acción del sujeto.

La condición de trabajador asalariado (sea como funcionario público o asalariado de empleadores privados, empresariales o no) envuelve, necesariamente, la incorporación de parámetros institucionales y laborales que regulan las relaciones de trabajo, y establecen las condiciones en que ese trabajo se realiza: intensidad, jornada, salario, control del trabajo, índices de productividad y metas a ser cumplidas. Los organismos empleadores redefinen funciones y atribuciones de sus empleados; ofrecen los recursos materiales, financieros, humanos y técnicos indispensables a la objetivación del trabajo; recortan las expresiones de la “cuestión social” que se tornan materia de actividad profesional, lo que condiciona contenido del trabajo realizado, estableciendo límites y posibilidades a la realización de los propios profesionales.

La posibilidad de imprimir una dirección social al ejercicio (moldando su contenido y el modo de operarlo) proviene de la relativa autonomía de que dispone el asistente social, resguardada por la legislación profesional y pasible de exigencia judicial. Esa autonomía es históricamente dependiente de la correlación de fuerzas económicas, políticas y culturales en niveles societarios. Ella se expresa, de forma particular, en los distintos espacios ocupacionales construidos en la relación con sujetos sociales determinados: en el Estado (en el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, en el Judicial y en el Legislativo); en las empresas capitalistas; en las organizaciones político-sindicales; en las organizaciones privadas sin ánimo de lucro y en las demás instancias públicas de control democrático (Consejos de Políticas y de Derechos, conferencias, foros, auditorias).

Inclusive, las actividades desarrolladas sufren otro vector de demandas: las necesidades de los sujetos que, condicionadas por luchas sociales y por las relaciones de poder, se transforman en demandas profesionales, reelaboradas en la óptica de los empleadores.

En esos espacios ocupacionales los (as) asistentes sociales ejercen su competencia y atribuciones profesionales, resguardados (as) por Ley: estudios socioeconómicos; orientación social a individuos, Grupos y familias; asesorías, consultorías, y supervisión técnica; formulación, gestión y evaluación de políticas, programas y proyectos; movilización social y prácticas educativas; instrucciones sociales de procesos, sentencias y decisiones; formulación de proyectos de trabajo profesional e investigación; magisterio, dirección y supervisión académica, que no ha tenido la necesaria visibilidad en la literatura profesional reciente.

Desigualdades y pobreza en el contexto de crisis: desafíos al Servicio Social Latinoamericano

La optimista agenda de la ONU para 2030 centrada en “Desarrollo sustentable”⁴ es desafiada frente a los elevados niveles de desigualdad en América Latina. Su crecimiento es reconocido por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) en el documento Panorama Social de América Latina 2016⁵, que considera la desigualdad como un fenómeno multidimensional -sufriendo interferencia de la distribución de la renta, de la estructura de la clase expresada en la propiedad de activos físicos y financieros, del gasto público y social, de la estructura etaria, del tiempo y de la presencia de las poblaciones afrodescendientes; y convive con experiencias de reducción de la pobreza.

La CEPAL establece un conjunto de prioridades para apoyar la agenda 2030 en la región cuyo supuesto básico es la posibilidad de igualdad en la expansión capitalista. Ella se choca con la persistente profundización de las desigualdades, reconocida por los organismos multilaterales y por cientistas renombrados, que vienen comprobando que desarrollo capitalista no rima con igualdad: crecen simultáneamente la acumulación de capital y las desigualdades. (^{Piketty, 2014}, ²⁰¹⁵). La crisis del capital es subestimada y pasa a ser leída como un arsenal de “oportunidades”, pero no para la mayoría de la población sobre la cual recaen sus efectos.

Según la ^{CEPAL (2018)}, el coeficiente de Gini que mide las desigualdades sociales y la concentración de la renta (en que uno (1) representa máxima desigualdad y cero (0) ni una desigualdad), presentó para 17 países de América Latina, en el año 2016, el valor medio de 0,469 en la distribución de renta personal y de domicilios. Todavía viven en pobreza extrema más de 75 millones de personas, mitad en Brasil y en México.

De los 300 millones de trabajadores en la región, más de la mitad son asalariados en microempresas o trabajan por cuenta propia. En un contexto de crisis, se tiene una expansión del mercado del trabajo predominantemente informal, con crecimientos en el sector de servicios de baja productividad y altas tasas de informalidad (^{PNUD, 2016})⁶.

Siendo el capital una relación social por excelencia, supone el trabajo asalariado. En su búsqueda incesante de lucro tiende a expandirse indefinidamente por medio del trabajo no pago de los trabajadores. Su ciclo expansionista se realiza por medio de la ampliación de la parcela del capital invertida en medios de producción (capital constante) aumentando la productividad del trabajo y reduciendo relativamente aquella parcela de capital invertida en fuerza de trabajo (capital variable).

Otra condición y resultado contradictorio de ese mismo proceso es la ampliación de la superpoblación relativa (o población “sobrante” para las necesidades medias de valorización del capital), haciendo crecer el desempleo y la precarización de las relaciones de trabajo. Así, el pauperismo como resultado del trabajo (del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social), es una especificidad de la producción fundada en el capital (^{Marx, 1985}; ^{Netto, 2001}). En otros términos, el proceso de acumulación al realizarse hace crecer el margen de las desigualdades entre las clases sociales (acumulación de la riqueza y de la pobreza), lo que, por su vez, restringe la capacidad de consumo de mercancías producidas, e impulsa la crisis. Los (as) asistentes sociales tienen en las múltiples expresiones de las desigualdades condensadas en la “cuestión social”, tal como se expresan en la vida de los sujetos, la “materia” sobre la cual incide el trabajo profesional. No trabajamos con fragmentos de vida social, sino con sujetos que condensan en si la vida en sociedad.

La “cuestión social”, envuelve una arena de luchas políticas y culturales contras las desigualdades socialmente producidas. Fueron las luchas que rompieron el dominio privado en las relaciones entre capital y trabajo, ubicando la “cuestión social” en la esfera pública. Ella pasa a exigir la interferencia del Estado en el reconocimiento y la legalización de derechos y deberes de los sujetos sociales relacionados, corroborados en las políticas y en los servicios sociales públicos, mediaciones fundamentales del ejercicio profesional.

Se verifica un violento proceso de criminalización de las expresiones colectivas de las clases subalternas (^{Ianni, 1992}; ^{Guimaraes, 1979}). Se recicla la noción de “clases peligrosas” (no más laboriosas), sujetas a la represión y a la extinción, lo que es motivo de preocupación.

Este cuadro histórico altera las requisiciones institucionales al trabajo profesional que desafían la formación y la investigación.

Por un lado, la “flexibilidad” sintetiza la orientación de ese momento económico, afectando los procesos de trabajo, las formas de gestión de la fuerza de trabajo, el mercado y los derechos laborales, reverberando la tendencia a la desreglamentación de las profesiones. La exigencia es reducir costos y ampliar tasas de lucratividad, envolviendo cortes en los salarios y en los derechos conquistados. Implica amplia reducción del personal en los puestos de trabajo y precarización de las condiciones de trabajo. Se expande el trabajador polivalente, la tercerización de los servicios y la reducción del cuadro de personal, tanto en la esfera privada cuanto gubernamental.

Por otro lado, radicales cambios en la relación Estado/sociedad civil al servicio de los intereses privados, reducen la acción del Estado ante la “cuestión social” mediante la restricción de gastos sociales, impulsando un amplio proceso de privatización de la cosa pública: un Estado cada vez más sometido a los intereses económicos y políticos dominantes. Se recomiendan políticas sociales focalizadas en la pobreza y el proceso de privatización de la prestación de servicios sociales. O sea, la transferencia de responsabilidades gubernamentales para “organizaciones de la sociedad civil de interés público”, y una creciente mercantilización de los atendimientos a las necesidades sociales, creando nichos de valorización del capital en el campo de los servicios sociales. Estos servicios así estructurados dejan de expresar derechos sociales de ciudadanía que, siendo universales, requieren la injerencia del Estado; y se metamorfosean en actividades de otra naturaleza, inscrita en el circuito de compra y venta de mercancías, en cuanto derechos atinentes a la condición del consumidor (^{Mota, 1995}).

Tales procesos impactan las formas de sociabilidad. Una lógica pragmática y productivista eleva la competitividad, la rentabilidad, la eficacia en criterios para análisis de vida en sociedad. Se forja una mentalidad utilitaria que refuerza el individualismo, erosionando proyectos y utopías.

Señalo tres tendencias, de raíz liberal, que vienen interfiriendo decididamente en las respuestas institucionales a la “cuestión social”:

La primera es el refuerzo del individualismo y responsabilización de la familia trabajadora por la superación de los niveles de pobreza. La tendencia es transferir a los individuos y sus familias -a pesar de la precariedad de las condiciones de su sobrevivencia- la responsabilidad de crear condiciones para el enfrentamiento de las desigualdades -lo que se expresa en las condicionalidades para el acceso a las políticas públicas. Los asistentes sociales son llamados a ejercer la fiscalización de las familias, a priori infantilizadas y criminalizadas en el cumplimiento de esas condicionalidades. O sea, son llamados a ejercer la “vigilancia social” o el “policiamiento social” de los pobres, evitando artimañas en el uso indebido de recursos públicos, demanda persistente desde los primordios de la profesión. Es interesante observar que al gran capital no le es requerida cualquier “vigilancia” sobre los créditos públicos obtenidos para mover sus negocios.

La segunda tendencia es moralización de la “cuestión social”, o sea, la subjetivación de sus necesidades, escamoteando las condiciones miserables de sobrevivencia de amplios contingentes de trabajadores sobrantes. Se constata la tendencia de “no ensuciar las manos con las necesidades de sobrevivencia material”, en favor de un trabajo considerado “más noble” en la esfera de la cultura, de la educación o de la esfera psicológica del sujeto. Esa “subestimación de las necesidades” también se expresa en la tendencia de encarar la vivencia de la pobreza como cuestión psicológica, cuya aceptación pasaría por la vía terapéutica, individual o familiar, sublimando las desigualdades.

La moralización de la “cuestión social” también se muestra en el llamamiento al voluntariado, efectuando una descualificación de las necesidades de la población sujetas a un atendimiento de segunda clase, como si buena voluntad substituyera el conocimiento teórico y técnico-político respecto al modo de vida y culturas de las clases subalternas.

La tercera tendencia de las requisiciones profesionales es la asistencialización de la barbarie del capital y la criminalización de sus manifestaciones: esta unión actualiza el Estado Penal (^{Wacquant, 2001}) y permite reiterar una antigua y persistente alianza entre represión y asistencia en el trato a la “cuestión social”. En ese cuadro los asistentes sociales son llamados a verificar in loco las condiciones de vida de la población trabajadora, ingresando en su espacio doméstico y familiar, lo que puede redundar en antiéticas invasiones de privacidad en nombre de la burocracia, del control estatal y del cumplimiento de los parámetros de productividad del trabajo.

En el ámbito de las políticas públicas, especialmente en la seguridad social, las referencias al riesgo social, vulnerabilidad y a la exclusión social han sido ampliamente incorporadas por los asistentes sociales en su trabajo cotidiano. La gestión de políticas pasa a ser vista como “administración o gestión del riesgo social” frente a segmentos poblacionales en “situación de vulnerabilidad”. Esto fue una inflexión operada en las políticas de protección social del Banco Mundial, a partir del 2000, con soporte académico en teóricos de amplio reconocimiento en la sociología europea, como Ulrich Beck (^{Beck, 1997a}; ^1997b; ¹⁹⁹⁸; ²⁰⁰⁸) y Anthony Giddens (^{Giddens, 1991}; ²⁰⁰⁵; 2007); ^{Giddens y Pierson, 2000}, ^{Giddens, Beck y Lash, 2007}), promotores intelectuales de la “tercera vía” ante la “muerte del socialismo” y de la “lucha de clases”.

La crisis del capital es fetichizada y presentada a la inversa: como riesgos inherentes al éxito del capital, pasible de ser administrados. Emerge una nueva manera de encarar la política de protección social como estrategia de manejo o administración del riesgo. En este conjunto de categorizaciones de clara inspiración liberal (riesgos, activos, vulnerabilidades, igualdad de oportunidades) la pobreza pasa a ser vista como fracaso individual en el ingreso a los mecanismos del mercado. Cabría al Estado compensar las “fallas del mercado” y proporcionar redes de protección social a los pobres vulnerables para lidiar con el riesgo. Ante la necesidad de reducir gastos sociales, se recomienda el empoderamiento de individuos y reducción de su dependencia frente a las instituciones estatales.

Se atribuye a los individuos atomizados y sus familias la responsabilidad de protegerse contra los riesgos (naturales y artificiales). Al mismo tiempo, se tiene la focalización de las políticas y programas sociales de carácter masivo y de bajo costo en los segmentos pobres más vulnerables: individuos, familias, y comunidades. Los asistentes sociales no son meros operacionalizadores de políticas emanadas del Estado -un brazo operacional del moderno príncipe- aunque la política pública -y particularmente la política de seguridad social- sea una mediación determinante en el ejercicio profesional en el mercado del trabajo como una de las respuestas institucionalizadas a la “cuestión social”.

Así, existen tensiones entre políticas sociales y propuestas profesionales, que merecen ser reconocidas.

La formación y la investigación en el Servicio Social

La formación académico-profesional en Servicio Social que defendemos se nortea por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita de cualidad y socialmente referenciada. Una universidad direccionada a los intereses de la colectividad, que incorpore los dilemas regionales y nacionales como materia de vida académica, participando de la construcción de respuestas a los mismos en los ámbitos de sus atribuciones. Se sabe que la tendencia predominante ha sido otra: imprimir una lógica mercantil y empresarial a la universidad, estimulando su privatización: lo que ^{Chauí (1995}, ¹⁹⁹⁹⁾ denomina de “universidad operacional” o “universidad de resultados y servicios”, que prevalece, hoy, en la educación superior. Esto proviene de la amplia expansión de la educación privada, de la mercantilizacion de la educación superior y de su pérdida de cualidad. Se estimula el cultivo de la competitividad y el productivismo intelectual en el ambiente universitario.

La dirección es someter la educación superior a las exigencias del “mercado” -léase del capital- teniendo en vista la ampliación de sus tasas de lucro, tal como es vigente en las políticas de ciencia, tecnología e innovación (^{Amaral, 2012}) cuyo ejemplo más radical es la educación a distancia (EAD) en Brasil. La educación por competencias sustituye el foco en el conocimiento como valor mayor en favor de las capacidades instrumentales, en la propuesta del Banco Mundial (2002). La tendencia es desplazar el centro de intereses de los contenidos teóricos para otros de carácter instrumental, centrados en la práctica y en el sistema productivo, sensible a las exigencias del mercado.

En las últimas décadas, sobre la orientación privatista y en el escenario de crisis, ocurre una acelerada expansión de la educación superior privada, con apoyo del presupuesto público y, particularmente, de la educación a distancia, ampliando la lucratividad del “negocio de la educación”. El resultado es una depreciación de la formación académica y un significativo aumento del contingente profesional. Tales procesos aliados al crecimiento del desempleo en una coyuntura recesiva presionan la disminución del piso salarial, el crecimiento del trabajo temporario y desprotegido, aumentando la inseguridad en el empleo y la competencia en el mercado profesional del trabajo.

La educación es aquí pensada como una política social pública volcada a la formación de fuerza de trabajo altamente cualificada, a la producción de ciencia, de tecnología y de innovación. Ella se encuentra sujeta a las fuerzas contradictorias que en ella inciden: tanto las fuerzas que impulsan la financierización de la vida social para desenvolver las fuerzas productivas sociales del trabajo y alimentar superlucros de los monopolios en el mercado mundial, cuanto los intereses del conjunto de las clases subalternas en la búsqueda de sus derechos e intereses colectivos. Se tiene una arena de disputas en torno de proyectos de formación universitaria, afirmándose la posibilidad de propuestas de resistencia a las orientaciones dominantes.

La investigación, cuando es comprometida en liberar la verdad de su confinamiento ideológico, es ciertamente un espacio de resistencia y de lucha contra la naturalización del orden instituido. Se trata de una actividad fundamental para subsidiar la construcción de alternativas críticas para el enfrentamiento de la “cuestión social” que escapen a la mistificación neoliberal; para subsidiar la formulación de políticas sociales alternativas a los dogmas oficiales y a la actuación de los movimientos de clases sociales subalternas, así como efectuar proyecciones profesionales que fortalezcan la ruptura con el conservadurismo y afirmen el compromiso con el trabajo, los derechos y la democracia.

En este contexto histórico, afirmamos la centralidad de la investigación en la formación y en el ejercicio profesional: en la formación académico-profesional, en la preparación de nuevas generaciones de investigadores, en la actualización de docentes y en la cualificación del trabajo profesional. Ella contribuye para: (a) afirmación del Servicio Social en cuanto profesión socialmente reconocida y legitimada; (b) posibilita imprimir patrones de excelencia a la formación universitaria, para ir más allá de la trasmisión de conocimientos y de la formación de mano de obra especializada para el mercado de trabajo, y (c) una fecunda integración entre la educación de pregrado y posgrado.

La investigación y la producción de conocimiento son enlaces decisivos que articulan formación y trabajo profesional. Con el desarrollo de la investigación crecen: la producción editorial, los grupos de investigación y redes de investigación, los intercambios nacionales e internacionales, las posibilidades de formación de investigadores de diferentes niveles en núcleos temáticos de investigación.

La pauta temática de investigación en Servicio Social en Brasil se centra en los siguientes ejes, que conforman grupos de trabajo e investigación, volcados al Servicio Social en la historia: (1) Servicio Social, fundamentos, trabajo y formación profesional; (2) Servicio Social y política social; (3)Trabajo, cuestión social y Servicio Social; (4) Ética, derechos humanos y Servicio Social; (5) Movimientos sociales y Servicio Social; (6) Servicio Social y relaciones de explotación/opresión de clase, raza/etnia y sexualidades; (7) Cuestión agraria, cuestión urbana y ambiental y Servicio Social; (8) Clases sociales, generación y Servicio Social.

Con base en la experiencia brasilera, podemos listar una serie de temas relativos al Servicio Social como objeto de su propia investigación, que merecen atención de docentes e investigadores: