El camino investigativo recorrido con los sujetos de reparación colectiva

El proceso de investigación del cual surge el presente artículo tuvo como uno de sus referentes la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, también conocida como Ley 1448 de 2011; en donde, se establecen una serie de medidas enfocadas a la atención de la población que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, en correspondencia con las características que en ella se establecen,

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (^{Ley 1448, 2011}, Art. 3)

El conflicto armado interno ha afectado de manera directa a comunidades campesinas en diferentes lugares del territorio nacional; razón por la cual, la delimitación del estudio, se enmarcó en realizar el proceso investigativo en 10 sujetos de reparación colectiva que se referencian en la figura 1, los cuales, se vincularon al proceso de reparación colectiva¹⁴ en la medida de rehabilitación¹⁵ en la estrategia Entrelazando¹⁶, ya fuera por oferta institucional por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) o por demanda de la población ante dicha unidad.

Al inscribirse el grupo, la comunidad o la organización ante la UARIV¹⁷ como víctimas del conflicto interno armado; y después del estudio de los hechos acaecidos en determinado territorio; por resolución, se reconocen como sujetos de reparación colectiva; los cuales, según la ley 1448 (2011), son:

1. Grupos y organizaciones sociales y políticas; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común. (Art. 152)

Ahora bien, para comprender la estructura en la cual se circunscribe el proceso planteado con anterioridad, se hace necesario mencionar que en esta misma ley, 1448 de 2011, es donde, se crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)¹⁸, que se encuentra conformado por entidades tanto de carácter público como privado; y que tiene como objetivo, poder participar, adoptar, garantizar e integrar esfuerzos para la reparación integral de las víctimas. Dentro de este sistema, se consolida en el artículo 166, una unidad administrativa que cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa como lo es la UARIV¹⁹, que se encuentra adscrita al departamento administrativo de la Presidencia de la República; y tiene como finalidad, poder brindar atención y asistencia humanitaria a las comunidades campesinas como lo es la reparación integral, definiendo unas medidas que permiten hacer efectivo su propósito, “estas medidas tienen como objetivo reparar de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva a las víctimas, por el daño sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia” (^{UARIV, 2015}, p. 2). Estas medidas son: las de indemnización, satisfacción, restitución, garantías de no repetición; y, sobre la que versa el presente proceso investigativo, la de rehabilitación.

Dentro de la medida de rehabilitación, surge la estrategia de reconstrucción del tejido social denominada Estrategia Entrelazando; la cual, tiene como objetivo “Contribuir con la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado” (^{UARIV, 2015}, p. 1).

Dicha estrategia se desarrolla con los sujetos de reparación colectiva, para poder aportar al fortalecimiento de la cohesión social que se ha visto quebrantada por los hechos victimizantes a dichos sujetos. Esta estrategia cuenta con cinco componentes articuladores, basados en los principios de participación, acción conjunta y coherencia interna. Los componentes son: pedagogía social, duelos colectivos, prácticas sociales, transformación de escenarios locales e imaginarios colectivos. Estos componentes, son presentados a cada uno de los sujetos de reparación, quienes voluntariamente deciden cuáles componentes desean trabajar; teniendo como referente el enfoque diferencial²⁰.

El proceso llevado a cabo por el equipo investigador fue implementado, en cuatro departamentos de Colombia; a saber: Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar y Meta, correspondiente a diez sujetos de reparación colectiva, lo que permite tener una aproximación a la situación de las víctimas del conflicto armado en el marco nacional. Los SRC²¹, que participaron sólo en la primera fase, están situados en el corregimiento de Zipacoa (Villanueva-Bolívar), corregimiento de Pichilín (Morroa - Sucre) y corregimiento de Pueblo Nuevo (Ocaña- Norte de Santander).

Por su parte, los SRC que estuvieron durante todo el proceso se ubican en: El Dorado-Meta, El Castillo-Meta, corregimiento Juan Frío (Villa del Rosario-Norte de Santander), centro poblado Guayabal de Toledo (El Peñón-Cundinamarca), inspección Alto de Cañas (Yacopí-Cundinamarca), centro poblado Liberia (Viotá - Cundinamarca); y veredas Hinche Alto e Hinche Bajo (La Palma- Cundinamarca); los cuales se refieren en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Nota: Adaptado de “Sujetos de Reparación Colectiva y Construcción de Territorios de Paz en el marco de la Ley 1448 de 2011”.

Figura 1 Ubicación general de los sujetos de reparación colectiva. 

Cada una de las comunidades que hacen parte de estos SRC están ubicadas en zonas rurales; lo que a su vez, permite comprender, que pobladoras y pobladores circunscriben su vida en torno a la tierra, entendiendo que “La vida campesina se constituye en una red de relaciones sociales campesinas expresadas territorialmente en comunidades, veredas, corregimientos, minas, playones, entre otros; y se constituye en relaciones con los ecosistemas configurando la diversidad de comunidades campesinas: agromineras, agropecuarias, agrícolas” (^{Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017}, p. 3); en cada uno de los territorios, su economía y modo de vida, están enraizadas con el cultivo y la producción de alimentos.

Adicional, se hace relevante enunciar que cada uno de estos SRC, tienen en común su condición como comunidades en resistencia, en las que se generan cuestionamientos en torno a las relaciones de poder inequitativas; y, se hace frente a los ejercicios de subyugación por parte de grupos al margen de la ley y a algunas pretensiones e injerencias del Estado; lo que genera acciones sociales de agenciamiento colectivo, a partir, de reflexiones que surgen como sujetos políticos a través de iniciativas de transformación, propias del sentir de los campesinos y campesinas, dentro de las que se han evidenciado: el retorno al territorio sin respaldo del aparato estatal, la permanencia en el territorio, la creación y reinvención de las poblaciones rurales en medio del colapso parcial del Estado; logrando, un nuevo lugar de enunciación como movimiento social.

Luchas campesinas, un camino para la acción de cambios desde los sujetos de reparación colectiva

En la disertación sobre los discursos de poder que están inmersos en la relación entre la institucionalidad que representa al Estado; y, la comunidad campesina, se identifica un trasfondo en el que se reconoce que Colombia ha estado permeada por una configuración de nación a partir de políticas neoliberales, propiciadas por ideas provenientes de occidente, que en palabras de ^{Rodríguez, Fajardo y Liberato (2018)}, son “discursos de poder lineales que deben deconstruirse para lograr ejercer, desde las fuerzas vivas, acciones comunitarias horizontales que respondan a cambios administrativos y técnicos en la implementación de metodologías de reparación colectiva” (p. 20); dichos discursos, se han trasladado a los micro escenarios de la vida cotidiana, siendo afectado el proceso identitario de la América nuestra, de campesinos, campesinas, nativos, nativas, afro, palenqueros, entre otros y otras; ya que sus representaciones, manifestaciones y cosmovisiones, representan la diversidad social, que desestabiliza y pone en jaque el sistema - orden - mundo capital. En palabras de ^{Gómez (2017)}, “la diversidad social está constituida por las manifestaciones colectivas que transgreden el patrón cultural hegemónico que instala estilos y modos de ser humano y de vidas socialmente aceptadas y autodefinidas como desarrolladas y civilizadas” (p. 125).

Es por ello, que el realizar una lectura descolonial fundamentada desde la teoría social y el pensamiento crítico del proceso investigativo, convoca a cuestionar las formas de ser en el mundo, en el que se interpelen esas acciones colonizadoras y opresivas de la vida moderna, donde el sistema socioeconómico capitalista reafirma las relaciones desiguales entre el centro y la periferia; desde esta perspectiva y como lo expone un habitante de Zipacoa (citado en ^{Jiménez y Montero, 2019}), “El Estado no brindó las garantías, las medidas de protección para las víctimas. El Estado permitió que los hechos se presentaran (...). Adicional a eso, los miembros de la comunidad fueron discriminados en Cartagena” (p. 13); situaciones que reafirman posturas de desprotección a los campesinos y campesinas por parte del Estado en su centralización de la gestión; y, de actitudes de discriminación de los habitantes de las ciudades hacia la población que habita en la vida rural.

Lo anterior da cuenta de cómo la población campesina; la cual en Colombia, según el censo del 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, representa el 23,8%, ha estado ocupando un lugar en el proyecto de nación de invisibilización y abandono, en concordancia con esa lectura colonizadora; como sostienen ^{Rodríguez, Albarracín, Jiménez y Vargas (2020)}, “un proyecto de nación direccionado por políticas de Estado neoliberales, a través de: reformas agrarias desfavorables para el mundo campesino y a Planes Nacionales de Desarrollo que reafirman el sistema de clase a partir de relaciones hegemónicas” (p. 3).

Situación que se evidenció de alguna manera en el planteamiento y ejecución de la Estrategia Entrelazando como respuesta a los procesos de reparación colectiva, debido a la homogeneización de los tiempos para el cumplimiento de esta, la asignación de profesionales que certificaran el proceso en el territorio; los cuales presentaban intermitencia en la contratación, dificultad para el acceso al territorio, discontinuidad o falta de compromiso con el proceso, en algunos casos. El planteamiento de la ley en correspondencia con la consecución de recursos y concepción de la Estrategia Entrelazando, condujo a la delimitación de tiempos en temas tan complejos como los duelos colectivos²², en el establecimiento de mecanismos e intereses propios de la centralidad, actuando en contra de las configuraciones del contexto rural, prevaleciendo en algunos casos las acciones de orden institucional, como sostienen ^{Rojas y Rubio (2020)},

Entre noviembre de 2017 y agosto de 2018 no se realizó presencia de la unidad de víctimas para la estrategia entrelazando. Hecho que desencadenó una serie de reacciones por parte del comité de impulso y del garante de la institucionalidad castillense el misionero claretiano Henry Ramírez. Este malestar se vio reflejado en la carta dirigida a la Directora de la Unidad para la reparación de víctimas: Yolanda Pinto de Gaviria, en abril de 2018, en medio de un halo de completo silencio por parte de la Unidad de víctimas de manera oficial, y de parte de la profesional. La carta manifiesta el maltrato, irrespeto y revictimización al que han sido expuestos los castillenses. Se habla de una segunda victimización ahora de carácter institucional. (p. 241)

Lo anterior, reafirma las situaciones que han dificultado los procesos de reparación colectiva circunscritas en un aparato estatal permeado por procesos burocráticos, parcializados y por fallas administrativas y estructurales, que no permiten alcanzar las pretensiones de incidencia social esperadas; más aún, cuando se versa en torno a la construcción de territorios de paz; así lo expresa un habitante de Zipacoa (citado en ^{Jiménez y Montero, 2019}), “los sentimientos de indignación y decepción hacia las instituciones del Estado se hicieron presentes en la comunidad, por no brindarles protección en el momento oportuno” (p. 13). Cabe aclarar que estas situaciones identificadas en relación al Estado, son consecuencia de lo que ^{Bejarano y Pizarro (2010)} clasifican como un colapso parcial del Estado Colombiano, a lo que otros y otras en su momento han denominado como Estado fallido²³, derrumbe parcial del Estado²⁴ o en relación a la captura y reconfiguración cooptada el Estado²⁵; pues, mientras algunos aparatos estatales logran una cierta coherencia en su capacidad de acción; otros aparatos (como la seguridad y la justicia), permanecen incapaces para cumplir sus funciones y prestar adecuadamente los servicios para los que fueron diseñados en salvaguarda de un Estado social de derecho como lo promulga la Constitución Política de Colombia de 1991.

En reacción al lugar del Estado, el movimiento campesino de los sujetos de reparación colectiva en Colombia, por medio de sus acciones de creación y reinvención que tienen su origen en la permanencia y/o regreso al territorio sin respaldo del Estado, después de haber vivenciado diferentes hechos victimizantes²⁶, se revela como una actitud que les configura como sujetos políticos, que en palabras de ^{Cuadrado, Saraza y Forero (2013)}, son “sujetos que no son mera biología, ni siquiera solo psique, sino que son, además, imaginario social concreto con potencia para imaginar” (p. 53); “por lo tanto, este sujeto no es dado; es un proyecto, es para hacer, para hacer advenir” (^{Castoriadis, 2004}, p. 56); enfatizando en que dicha población históricamente, se ha encontrado en un entramado de situaciones que ponen en tensión su presencia en el país; por ello, “es necesario concebir la configuración de comunidades campesinas en relación con las tendencias de la producción agropecuaria, los procesos políticos, el rol de la violencia; y, la presencia de múltiples actores en el campo” (^{Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017}, p. 2), situaciones que han sido sorteadas por los sujetos de reparación colectiva en sus territorios.

Desde esta perspectiva, el proceso investigativo permitió reconocer, que los SRC -en este caso-, son comunidades campesinas que han agenciado procesos de lucha y emancipación, en pro de construir territorios de paz; porque, desde este lugar de enunciación y a partir de su vivencia como víctimas, ser sujetos, “ha sido expresado en diversos espacios de movilización y lucha social durante décadas. Dicha capacidad está relacionada también con el papel económico, cultural y territorial, que se convierte en la base de su expresión como sujeto político de la nación” (^{Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2017}, p. 7), que emerge en su condición como población campesina, vinculada a la tierra, a sus procesos asociativos, a los vínculos y relaciones que establecen, fuerzas vivas que crean y reinventan la guerra desde sí misma, recuperando lo identitario, poniendo en tensión las estructuras de poder, propiciando la acción de cambio; estas características, reafirman que,

La subjetividad política tiene lugar cuando emerge un sujeto que, en procura de su emancipación, despliega su potencia subjetiva en tensión con las condiciones en las que vive en una lucha por desnaturalizar estructuras y modos de relación, promoviendo la desidentificación frente a un orden establecido y un papel adjudicado en el mundo social. (^{Duque et al., 2016}, p. 133)

En razón de lo expuesto, la acción social de las comunidades campesinas, ha estado orientada a la idea de cambio y se ha comprendido desde lo que Marx y Engels proponen en su libro el Manifiesto del Partido Comunista y desarrollado por ^{Lutz (2010)}, en el que “la acción social remite a la acción revolucionaria del proletariado para emanciparse de las condiciones de su dominación” (p. 200), dejando como resultado un proceso de concienciación en el que se ha visto implícita la importancia de las identidades campesinas, como mecanismo para potenciar las voluntades de cambio y alcanzar la transformación y la recuperación de prácticas tradicionales, tal y como lo resalta ^{Haley (2001)},

Los procesos de concienciación pueden contribuir a una forma de cambio restringida en la que los miembros de la población oprimida aprenden a hablar de forma diferente acerca de sus experiencias, sin que cambien en absoluto las prácticas sociales en las que participan. (p. 98)

Esto quiere decir que las comunidades campesinas pertenecientes a los SRC agencian procesos en favor de la transformación de sus territorios, donde generan conciencia que potencia la postura crítica, en perspectiva de acciones de su vida cotidiana, renunciando a las miradas caritativas y asistencialistas, que en ocasiones se asumen desde la institucionalidad.

La gran diferencia es que nosotros también a través de todo este proceso hemos tratado de demostrarle a las entidades que nosotros no somos mendigos, nosotros somos campesinos trabajadores que nos tocó salir de nuestras tierras por salvar la vida de nosotros y de nuestros hijos. (Entrevista Grupal 3, informe ^{La Palma, 2018}, p. 2)

Esta actitud colectiva que se encarna en el territorio, demuestra el aliciente para la población de los SRC, que está enmarcado en el deseo por vivir en territorios en los que la guerra sea parte de la historia; más no, un determinante o un lastre para el presente y futuro de la vida campesina; sin embargo, pese a que esto resulta algo utópico en medio de un colapso parcial del Estado colombiano en el que las condiciones parecieran no estar dadas; y menos en el mundo rural, como lo expresa ^{Galeano (2012)}, “aunque no podemos adivinar el mundo qué será, bien podemos imaginar el qué queremos que sea”; por ello, los SRC no lo han dejado en la ilusión, sino por el contrario, han agenciado procesos que son acordes a dicho propósito.

Es por lo referido, que se exalta el que “en la actualidad se están dando experiencias de reconciliación desde la base, como voluntad de aportar a la construcción de la convivencia pacífica entre la población civil” (^{Trigos, 2014}, p. 16), donde a partir de los vínculos entre el campesinado, el reconocimiento del otro, el cuidado mutuo por la comunidad, la armonía con el entorno, las prácticas asociativas y las capacidades de creación y reinvención desde distintos lugares de enunciación, son las que han logrado la construcción de territorios de paz, desde, por y para las campesinas y campesinos. Actitudes y acciones que seguramente existían en las poblaciones rurales, pero que se reafirmaron a partir del temor que los diversos actores provocaron en las comunidades, porque “de los miedos, nacen los corajes; y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón” (^{Galeano, 1989}, p. 92); de ahí, que es menester resaltar que el primer paso para que algo sea posible, es creer que lo es, así como lo sienten y expresan tejedores y tejedoras,

Para los tejedores lo más difícil de superar fue el miedo implementado por lo grupos armados a partir del ejercicio de la violencia, pues se había vuelto cotidiano el tener que vivir con zozobra frente a las diferentes intervenciones y represalias que estos tomaban en la comunidad; Sin embargo, lograron también desarrollar resistencia, la siguiente frase lo corrobora: “Nos cansamos de tener miedo y lo perdimos y el miedo es el arma más letal”. (^{Alba, Buitrago, Carreño y Vargas, 2020}, p. 219)

A partir de lo enunciado, se puede establecer que los SRC inscritos en las comunidades campesinas participantes en el proceso investigativo, han alcanzado un grado de resiliencia que permite su agenciamiento, entendido esto como “lo que apalanca, provoca o promueve el fortalecimiento de la capacidad política del sujeto” (^{Duque et al., 2016}, p. 138) y asimismo, reconstruyen de forma colectiva su territorio en favor de la paz; es decir, que resignifican el poder que les ha sido instaurado para oprimirlos y oprimirlas, para que se configuren en “operaciones del poder mediante las prácticas locales relacionadas con nuestros cuerpos, nuestra existencia, nuestras vidas cotidianas” (Foucault, como se citó en ^{Haley, 2001}, p. 66); por medio de las cuales, las campesinas y los campesinos, desde lo identitario, ponen en tensión las falencias administrativas y estructurales de la reparación colectiva agenciando la vida rural. Lo que en palabras de ^{Giddens (2003)}, significa,

Ser capaz de “obrar de otro modo”, significa ser capaz de intervenir en el mundo, o de abstenerse de esa intervención, con la consecuencia de influir sobre un proceso o un estado de cosas específico. Esto presupone que ser un agente es ser capaz de desplegar (repetidamente, en fluir de la vida diaria) un espectro de poderes causales, incluido el poder de influir sobre el desplegado por otros. (p. 51)

Estas características planteadas por Giddens se reflejan en las acciones populares campesinas identificadas en los SRC, lo que trajo consigo la recuperación y visibilización de los conocimientos situados, de los conocimientos propios de la ruralidad, arraigados a la tierra, que han contribuido a la reinvención de las consecuencias de la guerra. Uno de estos aspectos, está relacionado con tejer vida a partir de la unión y el diálogo vecinal - rural, lo que restaura la confianza en los vínculos entre la población y la recuperación del tejido social generando espacios de sociabilidad y de acción social; es así, como en las comunidades campesinas en las cuales se circunscriben los SRC, se da un giro a la comprensión y establecimiento del poder; así, como del lugar del estado, realizando una acción identitaria y en resistencia desde las campesinas y campesinos, a partir de iniciativas populares que dan cuenta del poder emancipatorio de quienes hacen parte de los SRC y de su vida en lo rural; así,

Otras iniciativas colectivas propias de la comunidad están relacionadas con las características de una población trabajadora, pujante, perseverante y unida en pro del mejoramiento de sus condiciones de vida a través de actividades propias del campo; primordialmente, a través del cultivo de cacao, de café y el interés permanente por resignificar los lugares de encuentro común como lo son la escuela y el Alto de la Virgen, “Sí, muy trabajadora, cuando hay algún taller o algo, uno hace su esfuerzo por aprenderlo y lo hacemos, no esperar a que nos traigan, sino que nosotras podamos tener la iniciativa de poderlo lograr”. (Entrevista grupal 7, informe ^{La Palma, 2018}, p. 3)

Así pues, los sujetos de reparación colectiva, se han encargado de potencializar estas acciones sociales en el marco de un proceso de reparación colectiva, que pareciera que aún tuviera mucho por fortalecer para que en Colombia; y más aún, en la vida rural, se pueda concebir que existe un Estado social de derecho, tal como lo promulga el artículo 1²⁷ de la Constitución Política del país; mientras tanto, los SRC, han podido encontrarse en espacios asociativos, vecinales y colectivos, con personas que han vivido en circunstancias similares el flagelo de la guerra; espacios, como el encuentro nacional de tejedores y tejedoras en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, resultado de este proceso investigativo, en el que los y las campesinas, encuentran espacios de diálogo, desde lo común y desde lo diverso, encontrando capacidades de creación y reinvención que les han conducido a compartir saberes y experiencias significativas desde la incidencia social y la construcción de territorios de paz. Tanto en estos espacios, como los promovidos por los mismos SRC, se potencian las relaciones intersubjetivas de la comunidad que como sujetos políticos, buscan transformar la realidad en la cual se circunscriben. Desde esta perspectiva,

Es importante resaltar aspectos como: a) la emergencia de nuevos liderazgos, en especial de las mujeres del municipio; b) el protagonismo que tuvo las juntas de acción comunal como nodos de referencia dentro del proceso de implementación y c) la creación de proyectos productivos que han favorecido a varias de las víctimas, los cuales surgieron a partir de la implementación de la estrategia. (^{Carvajal, Convers, Carrera y Zamudio, 2020}, p. 68)

Es de esta manera, que se consolidan y reafirman la capacidad de creación y reinvención de los SRC, que desde una acción social crítica cuestionan e interpelan al sistema mundo capital; así como las influencias patriarcales; ya que, adicional a la postura del Estado, y a las representaciones que trajo consigo la guerra (donde los hombres - principalmente perdían la vida, mientras las mujeres eran receptoras de las diferentes violencias), en las comunidades rurales, se evidencia la distribución de las funciones de la vida cotidiana, de acuerdo asi se es mujer u hombre; y allí hay un rol determinado, como lo reafirma un habitante de Zipacoa (citado en ^{Jiménez y Montero, 2019}), “la relación de pareja entre el hombre y mujer está caracterizada por una relación de dominio del hombre sobre la mujer instaurando creencias, rituales, códigos y dinámicas comunitarias donde la mujer es dependiente del hombre y demanda protección” (p. 11); afirmación que se evidenció en las prácticas de vida rural de los SRC; sin embargo, este aspecto también ha dado un giro; pues, el liderazgo de la acción de cambio para la construcción de territorios de paz, ha sido tomado principalmente por las mujeres, quienes han visibilizado su lugar dentro de la sociedad, reconfigurando este rol, asumiéndose como lideresas, tejedoras y gestoras de paz.

La comunidad reconoció la gestión de algunos líderes y lideresas, quienes se han encargado de velar por la reparación colectiva; en el caso de La Palma- Cundinamarca, han sido en su mayoría mujeres las que han perdurado y guiado al SRC; y entre estas mujeres, una en particular, de quien se evidencia reconocimiento entre sus compañeras tejedoras y la comunidad; ella, ha sido promotora e impulsora del proceso de transformación comunitaria. (^{Carrera, Fajardo, Liberato y Rodríguez, 2018}, p. 142-143)

A través del proceso investigativo, se evidenció la creación y reinvención por parte de las lideresas, de espacios micro políticos, a través de la recuperación de los lugares de encuentro vecinal y de vida rural, entre las que se encuentran: constitución de juntas de acción comunal, grupos culturales, recuperación de conmemoraciones en torno a las creencias y costumbres de la población y el territorio; han gestionado la reconstrucción de escuelas para niños y niñas, canchas de fútbol, iglesias y puntos de congregación; en donde en algunos casos, se han erigido jardines de la memoria, visibilizando mujeres resistentes, “mujeres que la historia anotó entre laureles, y otras desconocidas, gigantes, que no hay un libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, Mujeres de fuego, Mujeres de nieve”²⁸ como diría Silvio Rodríguez. Desde esta perspectiva,

La resistencia de las mujeres a través del tejido aporta a los procesos de paz y comunitario de Pueblo Nuevo; desde antes del 2006 las mujeres de Pueblo Nuevo insisten y persisten que además de la violencia existe otra cosa que las une y es el tejido, ellas decidieron unirse para llevar más a la realidad la construcción de la paz en su territorio. (^{Alba et al., 2019}, p. 179)

Finalmente, y luego de haber reconocido las potencialidades de los SRC circunscritos en las comunidades campesinas; y en especial, de la labor de las mujeres en los procesos de reparación colectiva a partir de la construcción de territorios de paz y transformación social; es oportuno mencionar, que habiendo resaltado el agenciamiento de los SRC, la consecución de la paz con incidencia social desde un proyecto de nación plural, comprendido como la “necesidad de formular objetivos que se conviertan en planes de gobierno y de buscar y construir las fuerzas que permitan hacer lo programado y lo planeado” (^{Casanova, 2016}, p. 13); sólo puede ser posible, en la medida que exista una sinergia entre todos los actores que deben involucrarse; en este caso el Estado en relación con la población campesina, quienes deben participar de forma activa a través de la voluntad política en la toma de decisiones y en los planes de desarrollo, sin olvidar las acciones autónomas e identitarias que han sido lideradas por los pueblos; esto, en pro de ser correspondientes y coherentes a lo fundamentado en la ley 1448, en la que se expone que,

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. (^{Ley 1448, 2011}, Art. 13)

Desde lo argumentado, se reclama y se pretende, la consolidación en Colombia de un Estado social de derecho, que se evidencie de manera estructural en el aparato estatal; y, se transpone a la vida cotidiana de las poblaciones; en este caso en específico, de los SRC, un proyecto de nación, en donde las comunidades campesinas, continúen y potencien sus prácticas de la vida rural con la garantía y el acompañamiento estatal; es decir, que exista una “integración consciente de todos los niveles de la población involucrada en el desarrollo de un proceso de paz y en su implementación, tendencia en tensión crítica con un planteamiento de la transformación como una hilera de negociaciones” (^{Lederach, 1994}, p. 19); para ello, las comunidades campesinas a través de la investigación, demuestran su voluntad política de continuar realizando la acción social en clave de paz; consolidando espacios de transformación social y de participación política desde lo identitario, una acción gestada a partir del poder de creación y reinvención, desde la resistencia.

Por otro lado, se hace urgente que el Estado colombiano, reconfigure su aparato estatal en procura de que en Colombia exista un Estado social de derecho, a partir de la recuperación y protección de la dignidad humana de todos los pueblos que coexisten. En resumen, El estado debe ser garante en la construcción de territorios de paz a través del cumplimiento de los acuerdos en torno a la paz (uno de los puntos álgidos con relación al actual plan nacional de desarrollo), la garantía y protección de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales, el respeto por las prácticas de la vida rural desde lo identitario, la protección a los líderes y lideresas sociales; y, demás funciones que contribuyan a los procesos de paz.

Retos y desafíos para el trabajo social en el acompañamiento de los SRC y de las comunidades campesinas

Los resultados de la investigación traen consigo diferentes reflexiones para el trabajo social; y en este caso en específico para el trabajo social colombiano, circunscrito en un escenario de guerra; en el cual, las comunidades campesinas y los SRC, reclaman la recuperación de lo que les pertenece, su tierra, su sentir el campo, sus saberes identitarios; y, el reivindicar la vida rural en el proyecto de nación. Desde esta enunciación, se hace necesario el acompañamiento de estas poblaciones desde un trabajo social descolonial, que en palabras de ^{Hermida y Meschini (2017)},

Allí donde intersectan Trabajo Social y Descolonialidad emerge algo del orden de la liberación, que se prefigura ya como resistencia y lucha, ya como construcción y proyecto [...], parte de ese cruce entre una disciplina que interviene en lo social desde un enfoque de derechos, y un giro epistémico que evoca y provoca experiencias de resistencia al orden colonial de ayer y de hoy. Desarmar ese cruce, problematizarlo, recorrer las cartografías que hicieron posible ese diálogo, provocar nuevas intersecciones. (p. 27)

Desde este lugar de enunciación, estas oportunidades para generar acciones de cambio no surgirán de una manera espontánea; pues esta transformación se encuentra estrechamente relacionada con lo que se circunscribe en las poblaciones y en sus territorios, en este caso, en los SRC desde la vida campesina; situación que implica el reconocimiento del otro como legítimo otro; experiencia significativa en los resultados de esta investigación; en la cual el interés común - vecinal ha permitido que la acción social se genere como un acto de resistencia ante un Estado cooptado, que no logra garantizar la continuidad de los procesos de reparación colectiva; y en ocasiones haciendo una negación de ese otro, lo que pareciera reafirmar en Colombia la guerra. En palabras de ^{Carballeda (2017)}, “la negación de la Otredad construye relaciones sociales que pueden ser violentas, atravesadas por la incertidumbre, repitiendo viejas formas de dominación que se reescriben en el presente y que dan cuenta de las características singulares de sufrimiento y opresión” (p. 66).

A partir de esto, el trabajo social desde la descolonialidad está llamado a acompañar las luchas campesinas, recuperando sus posturas políticas y críticas ante la realidad que vivencian, promoviendo sus capacidades y aptitudes de creación y reinvención para la transformación social. Una descolonialidad entendida desde lo que plantean ^{Meschini y Porta (2017)}, “en tanto procesos y práctica de resistencia y construcción social, cultural y académica que adscribe también a otras genealogías” (p. 24).

En conclusión, el lugar de enunciación del trabajo social en este contexto debe estar circunscrito en las perspectivas contemporáneas. En otros términos, el trabajador social debe brindarle importancia a la “ecología de saberes”²⁹ propuesta por ^{De Sousa (2012)}, “que implica un cálculo de costos y beneficios con una racionalidad alternativa a la que el capitalismo ha impuesto” (p. 6); es decir, resaltar las perspectivas anímicas, simbólicas, sociales y culturales identitarias de las comunidades campesinas; puesto que esto, permite revalorizar los conocimientos y las acciones que surgen de los mismos sujetos de reparación.

Desde esta perspectiva, el quehacer profesional debe apostarle a las epistemologías decoloniales; las cuales, permiten reconocer que el conocimiento de las comunidades campesinas sobre la vida, la salud, la naturaleza, la comunidad y el espíritu, son fuente esencial de conocimiento en procura de la consolidación de un proyecto de nación.