El concepto de juventud y la ciudadanía juvenil

La idea núcleo de la concepción sociológica de juventud parte de que es un fenómeno variable que puede existir o no existir, o darse en formas diversas según una u otra sociedad, o la misma sociedad en dos momentos diferentes o en grupos distintos dentro de una misma sociedad en un momento dado. No debe confundirse, en este sentido, la juventud con la noción cronológica de edad, sino asimilarse a una característica que se desarrolla y se transforma y, en las tres últimas décadas, como un fenómeno significativo, no ya propio de grupos elitarios francamente minoritarios, sino como elemento integrante de un modelo de desarrollo urbano industrial que condujo a la creación de la juventud, y su extensión a grupos más amplios de la sociedad (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 59).

Se plantea una aproximación a partir del enfoque de la política social como un problema en la medida que tiene un peso significativo y limitante para el ejercicio de la ciudadanía juvenil, particularmente para los jóvenes del país. Como sostienen ^{Botero, Torres y Alvarado (2008)}, citados por la autora del libro:

[...] la visualización, reconocimiento y legitimación en la escena pública, demanda formas de participación ligadas al ejercicio de una ciudadanía específicamente juvenil, en la cual los jóvenes empiezan a reconocer, y a la vez inciden para ser reconocidos por la sociedad, con unos derechos e intereses distintos a los de los niños y las niñas, los adolescentes y los adultos. (p. 589)

Las políticas públicas de juventud en Colombia

Las políticas públicas, bien pueden ser asumidas como objeto de estudio o como un instrumento de transformación social, que, para el presente caso, se han abordado desde ambas perspectivas. Fundamentalmente, se conciben como una herramienta que busca promover, defender y reivindicar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, es decir, los derechos humanos (^{Roth, 2008}).

El concepto de política pública nacional de juventud se entiende en el contexto, como

El conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifican, comprenden y abordan la realidad de los jóvenes, dan vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconocen y afirman sus identidades y afianzan sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre jóvenes, Estado y sociedad. Como finalidad, ésta busca crear condiciones para que los jóvenes participen en la vida social, económica, cultural y democrática y en la construcción de un nuevo país [Programa “Colombia Joven”]. (^{Presidencia de la República, 2000})

El estudio muestra que, si bien en las últimas décadas se viene adelantando en Colombia un proceso de cambio e inclusión de la juventud en la vida democrática y participativa, y se ha avanzado en materia normativa, programática, institucional y consultiva, aún los gobiernos no traducen en las agendas de trabajo planes y programas integrales para la juventud orientados a los diferentes sectores sociales (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 55).

La autora afirma, producto de los estudios, que no se ha logrado avanzar lo suficiente para afirmar que en Colombia existe una participación ciudadana y política significativa por parte de los jóvenes en la gestión social de los entes territoriales. En otras palabras, existe una limitada capacidad institucional para llevar a cabo procesos de planeación e implementación de políticas, planes y programas de juventud en las diferentes instituciones públicas del país, cuyos objetivos se dirigen a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en los ámbitos que atañen a su crecimiento humano y social, en relación con la formación integral e inserción laboral (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 56).

De acuerdo con la autora, en la formulación de la política social durante las últimas décadas en el país se han establecido instrumentos legales para promover y garantizar el derecho de la participación juvenil en las decisiones públicas y la formación integral, así como el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho (^{C.P, 1991}, art. 45). Sin embargo, la política social en Colombia aún obedece a las características de un modelo de bienestar social derivado de una economía de corte asistencialista residual que no opera ni contribuye a superar los índices de pobreza y desigualdad social que prevalecen y afectan distintos sectores sociales, y en particular a la juventud (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 34).

Los resultados de la investigación muestran que la brecha histórica existente entre el Estado y la sociedad, no solo se mantiene, si no que se ha ampliado, por lo que se hace necesario redefinir críticamente el papel del Estado. De hecho, nuevos enfoques teóricos de análisis de las políticas públicas resaltan la importancia de integrar los factores tanto externos como internos que las caracterizan, permitiendo así la posibilidad de analizar las formas de acción, del qué y del cómo del actuar del Estado. En este sentido, existen tres elementos explicativos de las políticas que se toman en cuenta en la presente investigación: los intereses, las ideas y las instituciones. Si bien se pueden analizar estos factores por separado, son en realidad complementarios (^{Roth, 2014}) para la comprensión de las políticas públicas.

Derechos humanos y políticas públicas

El campo académico de las políticas públicas está asociado desde sus inicios a la realización de los derechos humanos mediante el desarrollo y uso de instrumentos o dispositivos que garanticen su materialización para los individuos. En efecto, la dignidad humana y los derechos humanos deben estar en el núcleo de las políticas públicas, deben revertir positivamente las actuaciones del poder del Estado y del gobierno contrarias a los derechos humanos para contribuir a la materialización de la solidaridad y responsabilidad del que hacer de las instituciones públicas.

Como afirma la autora en el texto, el joven colombiano, como sujeto de los derechos humanos, aparece convertido en un ciudadano que al subjetivarse en el proceso de participación social, se hace consciente de su papel transformador de la sociedad y comprende que es gracias a su inserción en el proceso de subjetivación que logra hacerse partícipe o no, en la tarea de la realización de los derechos humanos con plenas garantías (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 167).

El reconocimiento de los jóvenes como sujetos con derechos y deberes por la política nacional de juventud, implica para el Estado colombiano, garantizar el cumplimiento de este propósito y facilitar la participación y el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de estos como principio constitucional (^{CONPES, 1995}).

En efecto, la materialización de los derechos se constituye en fin esencial del Estado. Así la democratización de la vida política del país debe traducirse con la puesta en marcha y ejercicio de la participación integral de los jóvenes en los procesos de formulación y ejecución de las políticas públicas locales y regionales (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 60). En el campo de los derechos, los jóvenes tienen razón al sentirse ciudadanos de segunda clase. Problemas como la drogadicción, el conflicto armado, el desempleo, la exclusión social, el acceso a las nuevas tecnologías y a la globalización, la crisis financiera que los afecta mayormente, son entre otros, los retos que enfrentan los jóvenes de hoy (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 62).

Los planes nacional y departamentales de juventud

En la investigación, se examina la actitud de los jóvenes frente a las propiedades estructurales de la sociedad y sus prácticas sociales. Emergen de allí factores y dimensiones relevantes que intervienen en la movilización y participación convencional, motivación e interés que le asignan al hecho de trasegar en la vida pública e incidir como ciudadanos con voz e injerencia en la formulación de la PPJ de sus municipios (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 38).

El marco jurídico del que parte el estudio es la Ley 375 de 1997, mediante la cual se generan en Colombia las PPJ, suscitando así un interés teórico y práctica para el sistema político por cuanto vincula a los jóvenes en el proceso de modernización del Estado, mediante la descentralización de la política pública en el marco de la autonomía municipal.

Con respecto a la vinculación de los jóvenes a las políticas públicas, en su diseño y puesta en marcha, se recurre a la instancia de los Consejos Municipales y Departamentales de Juventud que se eligen por el voto y se convierten en uno de los escenarios apropiados para la participación en la vida pública, social, económica y política de los jóvenes (^{Ley 375, 1997}, art. 445) y a las organizaciones juveniles formales e informales para consultar su opinión frente a los programas trazados y ejecutados por la instancia gubernamental, nacional y regional. No obstante, en el período investigado, se comprueba que esta es una legislación que no opera, particularmente por el escaso o nulo papel e injerencia de los consejos municipales de juventud en el diseño de los planes de desarrollo municipal (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 35).

Esta situación se subraya, por cuanto se sigue reproduciendo así una condición de exclusión ciudadana de los jóvenes y se ratifica la acción estatal a través de su enfoque de bienestar social residual en los programas locales públicos. La apuesta de las organizaciones juveniles es promover el diseño de políticas de juventud a la luz del Estatuto de ciudadanía juvenil (1622 de 2013/1885 de 2018) garantizando el ejercicio pleno de la participación en las decisiones gubernamentales (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 38).

Participación ciudadana y política de los jóvenes

Peralta Duque realiza un abordaje participativo e incluyente en los procesos de configuración pública, en los que se identifican y formulan problemas de interés para los jóvenes que, sin ser explícita, es una forma de análisis que se enmarca en el enfoque socio-constructivista de análisis. Es algo que permite ampliar la base del debate académico, fijando nuevos derroteros en las agendas de investigación, y de igual manera, interpela a la institucionalidad público/privada respecto de nuevas agendas para la inclusión social de la juventud en la región.

Se plantea, como supuesto de análisis, que la participación ciudadana y política se constituye en una dimensión clave para la inclusión de los jóvenes en la sociedad (potencia valores sociales, cooperativos, solidarios y de compromiso ciudadano frente a lo público), para que asuman su papel de actores protagonistas en la construcción de sus proyectos de vida personal, familiar, social y laboral. Concluye la autora que la participación de los jóvenes como ciudadanos con derechos y deberes, y su capacidad de agencia dentro de la formación e implementación de las políticas públicas, es fundamental para que Colombia avance por caminos de democracia, competitividad, desarrollo sostenible, paz y justicia social (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 32).

Sin embargo, una de las tendencias más prevalentes de la práctica democrática en el país, es precisamente la escasa participación política, como comportamiento constante en los procesos electorales, influida por muchas razones, entre las cuales se identifica la desconfianza ciudadana frente a las acciones de la administración pública en sus diferentes subdivisiones territoriales: la abstención electoral se ha constituido en problema crónico que expresa la inconformidad social con el desempeño de los gobiernos y una pérdida de credibilidad en los partidos y líderes políticos (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 53).

El gobierno ha elaborado normas y leyes enfocadas en la atención de los jóvenes, pero la sola expedición de la norma no garantiza su aplicación. No solo existe un gran vacío y una brecha entre las instituciones y partidos políticos y las nuevas generaciones que se muestran reacias a participar en las actividades y los programas que forman parte de la vida democrática tradicional de la nación, sino, y lo que es aún más preocupante, un cierto número de jóvenes, ante las múltiples barreras de acceso, entra a engrosar las filas de los grupos armados al margen de la ley (delincuencia organizada, guerrilla o grupos de autodefensa), convirtiéndose en fuerzas desestabilizadoras para el país, cuando podrían contribuir desde la legalidad a la conformación de una sociedad mejor (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 67).

Como se expone en el análisis, en algunos sectores sociales existe la certeza de que la participación juvenil en los asuntos del Estado se limita a lo estrictamente electoral o partidista (jóvenes utilizados como animadores en épocas de campaña) en detrimento de una representación efectiva de las organizaciones juveniles en las instituciones del Estado, y que los jóvenes se sitúan en un lugar ambiguo entre ser receptores pasivos de políticas públicas o en ser protagonistas del cambio, entre participar de manera convencional (formal) o marginal (informal) dentro de la realidad social e institucional en que viven (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 54).

Por ello, han surgido otras formas participativas a partir de la iniciativa propia de la juventud en muchos escenarios. Las expresiones de participación juvenil, así como las prácticas juveniles, pueden ser pensadas como maneras renovadas de ciudadanía y ejercicio de reconstrucción de lo público, que no necesariamente tienen como referencia al Estado, sino que, más bien, giran en torno a procesos de reconstrucción ética, a nuevas formas de convivencia y a alternativas contestatarias frente a la ineficiencia de las PPJ. Por ejemplo, en el caso de Manizales, existen diversidad de grupos, expresiones roqueras, barras influenciadas por el deporte, la música o la espiritualidad, pandillas y agrupaciones suburbanas (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 57).

Es significativo, en los hallazgos, el papel relevante que juegan los clubes juveniles, casas de la cultura y escuelas de gobierno escolar (la participación convencional). Estos, son formas de participación, asociados con el ámbito de las bellas artes y ecología que realmente les motivan e interesan, aunque no tienen la misma relevancia para los Consejos Municipales de Juventud (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 38).

Son espacios propicios para plantear las necesidades y preocupaciones que obstruyen la construcción de una cultura ciudadana y política que se necesita para el ejercicio del poder político. Asimismo, se encuentra el papel significativo que juegan las organizaciones juveniles como espacios de participación de los jóvenes y como espacios propicios para expresar sus formas específicas de interacción, cohesión e identidad (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 38).

Fundamentos teóricos

El libro parte de la teoría política de pensadores como ^{Giddens (2006)}, ^{Habermas (1989)}, Amartya Sen (2000) y ^{Bobbio (2005)}, respecto al pensamiento social contemporáneo y la manera como han sido subsumidas y asimiladas -por intereses económicos, de dominación y desarrollo tecnológico, en contravía de la legitimidad de los Estados-, las libertades democráticas y los derechos fundamentales (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 36).

De esta forma, el texto aborda conceptos sustanciales para la discusión como son: el Estado y las políticas públicas, democracia, modalidades de poder y la urgencia de socializarlo mediante la descentralización, la necesidad de una apertura democrática que viabilice la inclusión de sectores antes marginados de la población en las políticas públicas (especialmente las PPJ) y los conceptos de ciudadanía e identidad en tiempos de globalización.

Plantea la necesidad de configurar una nueva praxis política (democracia participativa), y desarrollar relaciones de poder diferentes y próximas a la crisis de la modernidad en los nuevos escenarios socioculturales, con el fin de incluir a la población joven a través de políticas públicas acordes con el contexto acelerado y cambiante del presente siglo (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 36). Con un enfoque pluralista en la forma de analizar las PPJ, la autora logra captar la diversidad de necesidades e intereses de los actores, incentivándolos a participar en los procesos de acercamiento con la institucionalidad para incidir, a partir de una participación democrática y activa transformadora, en la implementación de políticas públicas efectivas y consecuentes con sus necesidades presentes.

El fundamento teórico y conceptual es el análisis institucional (el papel de las estructuras e instituciones sociales) y el análisis estratégico del sociólogo británico Anthony Giddens (1995). Se asumen las categorías de la estructura de oportunidades políticas, la estructura de movilización de recursos y los procesos de enmarcamiento de los jóvenes. En palabras de la autora “este enfoque permite el acercamiento para develar construcciones y significados, identifica la naturaleza de la realidad social, sus relaciones y su dinámica en el contexto delimitado, situacional que reproduce la realidad nacional” (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 35)

Giddens plantea el concepto de conciencia práctica en la teoría de la estructuración, la cual se traduce en el saber de los agentes para utilizar reglas y recursos en el contexto. Presupone relaciones regularizadas de autonomía y heteronomía entre actores o colectividades en sus interacciones sociales cotidianas, en las cuales los propios agentes puedan producir diferencias, o sea, ejercer alguna clase de poder.

Se debe señalar que los jóvenes en el país constituyen una generación abocada a los retos de la modernidad y a asumir cambios en los ámbitos político, social, económico y cultural del presente siglo. La diversidad cultural y la conformación de grupos subculturales hacen parte de la juventud, de sus valores y convicciones: “Los grupos subculturales tienen sus diferencias e identidades y los que entran en una forma contracultural, son los que legitiman otras prácticas de participación no convencional, que terminan por estigmatizarlos a todos” (^{Ronderos, 2008}).

El sustento teórico parte del análisis de la relación libertad-desarrollo al considerar la primera como indispensable para la configuración del bienestar social y el empoderamiento de los Estados verdaderamente democráticos y participativos (^{Sen, 2000}). En contraste con los modelos neoclásicos de desarrollo, surge el enfoque de expansión de capacidades o concepción del desarrollo como libertad (nuevo enfoque de desarrollo humano), que asume el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (^{PNUD, 2014}) en la década de 1990 y se constituye, según la autora, “en alternativa de progreso y bienestar” (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 63)

En Caldas, la incorporación del enfoque de capacidades y libertad (^{Sen, 2000}) implica la consideración de los jóvenes como sujetos portadores de valores y potencialidades específicas, como actores claves para la construcción de una sociedad más equitativa. De la existencia de amplias capacidades en los jóvenes depende, en buena medida, según la autora, el desarrollo de la sociedad entera, pues durante la etapa vital de la juventud las personas se desarrollan y afianzan los atributos y cualidades que en el futuro permiten contar con unos ciudadanos sanos, educados, productivos, participativos, pacíficos y preparados para asumir los retos inherentes al mundo contemporáneo (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 63).

Emerge entonces una contra-pregunta sobre el paradigma de capacidades de la PPJ de Caldas planteada desde esta perspectiva: ¿han dispuesto los gobiernos municipales en Caldas las condiciones y recursos suficientes para que los jóvenes puedan apropiar reglas, recursos y ejercer los derechos en igualdad y libertad?

Las PPJ en la Región Centro Sur de Caldas

El estudio se centra en un análisis acerca del lugar de la juventud en los planes de desarrollo municipal (2008-2011) de Manizales, Palestina, Chinchiná, Neira y Villamaría (RCSC), que representa una población de jóvenes, entre 14-26 años, de 127.269 personas, la cual representa el 25,9% del total de habitantes de Caldas.

Aborda la participación de los jóvenes en los Consejos de Juventud (CJ), en la formulación de la PPJ y desarrolla un análisis de las categorías de participación de los jóvenes y de los CJ en la formulación de los planes de desarrollo municipal. Igualmente, realiza un análisis comparativo en los municipios objeto de estudio focalizado en las instancias de participación de los jóvenes, en las temáticas abordadas en la PPJ y en los beneficios de los programas implementados desde el marco de la Política Pública de la PPJ en la región (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 37).

Cabe destacar también que, en relación con el tema de juventud, Manizales se identifica como el único municipio que cumple la mayor parte de los criterios de inclusión en los procesos de la descentralización del tema de la juventud en la agenda pública. Eso gracias a la creación, en su estructura administrativa, de la Unidad de Juventud en el año de 1996, y desde que se exploran escenarios pedagógicos de formación política como el Gabinete Juvenil (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 36).

Se examina y se determina la inversión en la PPJ en cada uno de los municipios objeto de estudio. Se resalta en este punto de la discusión que la PPJ en el país está inmersa en el gasto público social y revela que el grueso de dicha inversión se concentra en educación formal fundamentalmente, pero con una tendencia a la baja; se evidencia, además, que en materia de gasto hay poca relevancia de las políticas oficiales de juventud (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 37).

Desde el marco de la Política Pública de Juventud del departamento de Caldas (2006) adoptada por el Decreto No. 0654 de 2007, “el resultado del análisis muestra más tropiezos de índole institucional (incapacidad de respuesta para dar cuenta de las demandas sociales), y más centralización de las decisiones públicas, obstruyendo la socialización del poder, siendo un marco aún no superado por la nueva Carta Política de 1991” (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 36).

En definitiva, constata la autora, en la región persiste la centralización respecto a la formulación de las políticas sociales, ya que no cuentan con las estrategias de ejecución intersectorial que tienen como fin modificar y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. No obstante, el gobierno departamental ha propulsado el Sistema Departamental de Juventud y el Comité Técnico Departamental de Juventud; ha consolidado el Observatorio de Juventud y dinamizado el Consejo Departamental de Juventud, y también ha fomentado las prácticas sociales de los estudiantes universitarios, iniciativas de niños y jóvenes a favor de la convivencia (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 36).

Algunas conclusiones

El análisis indica que aún la PPJ en el departamento no ha logrado consolidar instrumentos reales y efectivos para que los jóvenes se motiven a participar. El estudio evidencia el modo asimétrico en que los jóvenes interactúan con sus comunidades y con el marco institucional (gubernamental) político. La insuficiencia de escenarios y condiciones para el ejercicio ciudadano y político de los jóvenes en la esfera fiscal, política y administrativa de los municipios ha obstaculizado el desarrollo de la PPJ en Caldas. En suma, existen más dificultades que posibilidades para los jóvenes de contribuir con el apuntalamiento de la democracia participativa y la autonomía municipal en la región (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 49).

Es preciso reconocer, además, que aún falta mucho para que los jóvenes puedan ser protagonistas del cambio político y social del país, como sujetos y no solo objetos de las políticas. Para los fines propuestos en la política social de los municipios de la RCSC y de acuerdo con la información empírica, aún no se concretan escenarios institucionales acordes con los constantes cambios en campos como los avances tecnológicos y científicos, la globalización, la internacionalización de la economía, el consumismo, los avances en comunicaciones, entre otros.

La autora señala así que esto muestra que han ido cambiando los conceptos de participación, identidad, ciudadanía, juventud, sociedad civil y que se hace necesario redefinirlos y considerarlos en el proceso dialéctico entre modernidad y posmodernidad. Estos cambios afectan la vida del hombre desde temprana edad, pero se hacen más evidentes en la adolescencia y juventud, etapa en la que se debe prestar atención y brindársele la oportunidad para que se convierta en un ser humano y un ciudadano capaz de incidir y adaptarse a los cambios globales, nacionales y locales (^{Peralta-Duque, 2020}, p. 67).