De la acumulación originaria a la acumulación por desposesión

El capitalismo se constituye como una propuesta de la sociedad burguesa donde es necesaria una creciente cantidad de materias primas para alimentar las grandes producciones a nivel mundial en una interdependencia, pues el comercio se expandió en diversos países vinculados a la necesidad de aumentar la riqueza de la clase burguesa, en este proyecto universal donde las naciones se ven obligadas a integrarse en su modo de producción para evitar sucumbir ante las mercancías de bajo precio de los “civilizados” burgueses (^{Engels y Marx, 2019}).

Aquí es donde ingresa la acumulación originaria como un medio para el establecimiento de relaciones de producción capitalistas superando al feudalismo y sus instituciones que impedían el desarrollo de su propuesta universal de comercio y producción (^{Marx, 1974}; ^{Engels y Marx, 2019}). Ahora, dicha transformación de modelo económico no fue posible sin la existencia de leyes que propiciaron la acumulación de predios y el despojo a los campesinos por vía violenta reduciendo así la cantidad de propietarios y dando como resultado la concentración de tierra en una cantidad mínima de poseedores. En palabras de ^{Silva et al. (2009)} siguiendo a Marx:

Se trata fundamentalmente de la historia de la separación de los trabajadores de sus medios de producción y la consolidación de la industria, el comercio y el sistema financiero internacional mediante el ejercicio de la violencia y su institucionalización jurídica. (p. 134)

Aquellos predios adquiridos por prácticas violentas se ofrecieron como un regalo a los terratenientes para suplir la necesidad de recursos a las nacientes industrias, una usurpación de los bienes comunales donde la cantidad de salario no alcanzaba para la subsistencia de los trabajadores agrícolas (^{Marx, 1974}). Es allí donde se plantea como una necesidad para el capitalismo la separación de los campesinos y sus medios de producción para que estos puedan vender de manera “libre” su fuerza de trabajo en beneficio de las dinámicas del mercado (Silvia et al., 2009). Teniendo en cuenta estas condiciones, según Mao ^{Tse-Tung (1976)}, la agricultura capitalista se ve reflejada en una explotación de los campesinos quienes se ven obligados a trabajar en campos que anteriormente eran de ellos, y ahora su acción beneficia el capital y la burguesía disfruta de la plusvalía producida por los obreros. Con esto el campo es sometido por la burguesía -aliada a los bancos- a los intereses de las ciudades (^{Marx, 1974}; ^{Engels y Marx, 2019}).

Por su parte, ^{Harvey (2004}) reconsidera la acumulación originaria descrita por Marx, retomando el pensamiento de Rosa de Luxemburgo para el desarrollo de una nueva lectura denominada como “acumulación por desposesión”, donde más que un momento histórico de carácter “primitivo” es un proceso constante y prolongado que posibilita el acceso a recursos naturales para el incremento de producción. Un eje central es el desplazamiento de aquellas poblaciones tradicionales que residen en las zonas de interés para el capital pues su forma de asociatividad no permite la actividad económica impulsada por el capitalismo, es por esto que el Estado juega un papel clave para la reorganización de los territorios posibilitando la desposesión por parte de las empresas (^{Guerra y Skewes, 2010}).

La acumulación por desposesión en el país se encuentra enmarcada en una contrarreforma agraria mediante el uso de métodos violentos impulsados por clases dominantes y ejecutados por grupos paramilitares: masacres a campesinos, eliminación de movimientos sociales de carácter agrario y pueblos ancestrales, pueblos afrodescendientes; desplazamiento forzado de poblaciones enteras y desaparición de sindicalistas. Dichas acciones fueron respaldadas por sectores empresariales para el despojo de tierras de cara a expandir la frontera agraria, dando el cambio de uso de las tierras para la implementación de proyectos agroindustriales -tal como la palma de aceite- por parte de empresas transnacionales y ganadería extensiva en el caso de terratenientes; el sostenimiento de estas prácticas violentas fue posible mediante una corrupción jurídica, legalizando los predios adquiridos y dando un estatus de legalidad en su obtención (^{Vega, 2012}).

La palma de aceite en el sur del Cesar

Los procesos agroindustriales han contribuido al acaparamiento de terrenos cultivables. Uno de ellos, la producción de palma de aceite africana, que fue producto de una apuesta de sustitución de importaciones promovida en Colombia en la década de los años 50 (^{Fundesvic, 2011}).

Esto dio inicio a procesos capitalistas en el país. El principal lugar de acogida fue “El Cruce” que posteriormente sería llamado San Alberto, producto de la devoción de sus fundadores a San Alberto Magno (^{Verdad Abierta, 2014}). La agroindustria de la palma se instaló en este municipio trayendo consigo una nueva ola de inmigrantes jalonada por la inversión de grandes capitales asociados al cultivo; dicha llegada generó una disputa entre los colonos y el campesinado situado en la región, aumentado el conflicto social ya asentado en esta zona del país (^{Páez, 2018}). En este escenario es constituida de manera jurídica Indupalma Agraria la Palma en 1961, en cabeza del empresario Morris Gutt². El nacimiento de esta empresa motivaría la llegada de cientos de trabajadores de diversas zonas del país para trabajar en las plantaciones que no sobrepasaba la cantidad de 2.000 hectáreas:

Yo llegué en los 60 a San Alberto. Cuando eso no era más que un par de casetas y un par de casas, no había mucho. Llegué de Lebrija, Santander. Se decía que habían abierto una gran empresa de palma en el Cesar y que necesitaban muchos trabajadores porque habían abierto unas plantaciones de palma de aceite. Iba con un amigo para trabajar en Venezuela en ese momento, pero me llamó la atención. Me fui desde Bucaramanga a San Alberto. (Entrevista Niño, comunicación personal, 2 de enero de 2020)

Ante el incremento de las hectáreas, se empleó la contratación de menores de edad como forma de abarcar un mayor número de trabajadores debido a la falta de personal capacitado para las funciones propias del monocultivo de palma de aceite:

Yo, una persona que llegué muy joven a San Alberto, aproximadamente a los 16 años. Dizque a trabajar a la empresa industrial agraria de palma [Indupalma] que es una de las plantaciones más grandes de Latinoamérica, que dizque porque allí se ganaba mucha plata, pero ese era el cuento de que se ganaba mucha plata. Pero no sé quiénes se ganaban mucha plata, yo no gané nada trabajando de esa forma. (Entrevista Lizcano, comunicación personal, 31 de julio de 2019)

A pesar de que la empresa aumentaba sus ingresos, los trabajadores no se veían beneficiados de su trabajo. En ese entonces la contratación se realizaba de forma verbal entre empleado y empleador (^{Castaño, 2019}). El ingreso laboral se daba mediante la forma de “destajo”, es decir, trabajo realizado por el obrero, en tal forma de vinculación obrero-patronal no se contaba con una claridad sobre el precio a pagar por lo realizado (^{Castellanos et al., 2021}). En sí, el trabajo a destajo es una transmutación del salario por tiempo, donde no se reconoce el tiempo y trabajo dedicado para estimar el pago, por el contrario, se pretende que el pago corresponda a la cantidad de producción y no a la cantidad de trabajo invertido en la acción (^{Marx, 2009}).

En otras palabras, dicha modalidad de contratación se presentaba como un ataque a los derechos laborales de los trabajadores debido a que: se desconocen las hostilidades de las condiciones ambientales propias de las plantaciones de palma de aceite que imposibilitan la regularidad de la labor. Además, no se reconoce el tiempo dedicado al transporte desde el casco urbano o el lugar de alojamiento hasta las plantaciones de la empresa, pues tal trayecto prolonga la jornada laboral del obrero sin ser reconocido, es decir, una parte de la jornada se vuelve impaga. Sumado a ello, la retribución quedaba a merced de los empresarios al no contar con unos parámetros establecidos para la recompensa por el trabajo.

La implantación de este tipo de proceso agroindustrial necesitaba de múltiples factores para su acogida y posterior consolidación en San Alberto. El más relevante fue uno de sus hitos fundacionales: la falta de exploración en el territorio donde la mayoría de los colonos y campesinos situados no contaban con algún tipo de titulación de los terrenos que estaban habitando; la carencia de certificados de propiedad emitidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- se vio como una oportunidad para la usurpación de predios por métodos ilegales. De esta manera, la empresa empleó diversos mecanismos para expandir la frontera agraria, uno de ellos la violencia contra los habitantes del sector (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}). Sumado a la violencia, emplearon técnicas para disuadir a los colonos, así lo aseguran ^{Guerrero et al. (2005)}:

La adquisición de los terrenos de la empresa Indupalma se hizo al mejor estilo de terratenientes: aprovechando que la mayoría de los colonos no tenían títulos de propiedad de sus parcelas, se organizaban sancochos con gallina y aguardiente y se negociaban las tierras a precios bajos, pues el sur del Cesar era una región saturada de violencia y se había constituido un refugio de desplazados. (p. 172)

Ante uno de los obstáculos en la expansión capitalista como lo fue la economía campesina, la empresa decidió emplear prácticas poco honestas para expandir su frontera agrícola. Esto no es un caso particular pues en el país se instauró un régimen mediante la violencia respaldada en un andamiaje jurídico, donde las armas fueron el mejor aliado para la preservación del modelo implantado en contrapuesta a los intereses del campesinado colombiano (^{Estrada, 2017}). Producto de los vacíos jurídicos en la legislación nacional, Indupalma aprovechó para obtener la mayor cantidad de tierra posible. Según señala Alfredo ^{Molano (2009)}:

Los campesinos tumbaban selva y hacían mejoras, pero pocos llegaron a coronar sus esfuerzos con un título de propiedad distinto a una carta-venta. Por eso al señor Gutt no le quedó difícil comprar algunos predios y “encerrar” otros para ir apoderándose de la tierra. (p. 133)

Este escenario permitió una acumulación originaria. La empresa inició un proceso de despojo de tierras contra los pequeños colonos-campesinos que no pudieron enfrentarse a la naciente industria. Dando paso a que aquellos campesinos que decidieron permanecer en el territorio dieran en venta su fuerza de trabajo en las plantaciones de palma africana como única forma de sustento pues ya no tenían propiedades que permitieran su subsistencia. Ante el aumento de la actividad económica y financiera en la vía que comunica a la costa Caribe con el interior del país se dio la construcción de dos medios de transporte terrestre, el ferrocarril y la carretera troncal de la costa (^{Fundesvic, 2012}). La existencia de dichas obras posibilitó la movilización de insumos, víveres y enseres necesarios para llevar a cabo una producción agrícola a gran escala. Esto trajo consigo la modificación del uso y tenencia de la tierra productiva del municipio dando paso a una reconfiguración rural.

La consolidación del monocultivo en la región mediante la vía armada

Con la presencia de la palma de aceite en la región se dio paso a la destrucción de otras actividades económicas relacionadas con la tierra y la disminución de la diversidad de productos que se cultivaban previo al monocultivo (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}). Motivando así una fragmentación en las interacciones de los habitantes con el territorio. Ante la necesidad de expandir la frontera agraria se dio un proceso de desplazamiento forzado de colonos y campesinos:

Hacia la parte donde era importante la agricultura sobre todo en grandes extensiones, como la palma, el caucho, la ganadería. Entonces a esos colonos había que sacarlos de cualquier manera; [si] no querían vender, pues había otros métodos que hacían que ese campesino se fuera, o lo asesinaban o alguna cosa pasaba, o le asesinaban incluso a su familia. Ese fue el proceso para establecer a las agroindustrias en el sur del Cesar. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)

El proceso de consolidación de la agroindustria en el sur del Cesar se encuentra ligado a la violencia debido a que es más económico la contratación de grupos legales o ilegales que la compra de los predios por vía legítima. Este tipo de práctica es a lo que ^{Harvey (2004)} denomina como acumulación por desposesión, una “nueva” forma que ha empleado el capitalismo para su consolidación y expansión, donde las personas se ven obligadas a dejar sus propiedades dando paso a la privatización de los predios abandonados. Es así como la consolidación de la palma de aceite en el municipio de San Alberto se ha visto directamente relacionada con la violencia ejercida por diversos actores en el marco del conflicto social armado interno.

Según la ^{Unidad de Víctimas (2021)}, existe un total de 111 víctimas de abandono o despojo forzado de tierras en San Alberto. Cabe resaltar que es un subregistro donde no se cuenta con la totalidad de hechos victimizantes debido a la imposibilidad del Estado colombiano de conocer los eventos en el marco del conflicto social armado a través de las décadas. Aunque no es posible establecer una causalidad sobre la relación directa de este tipo de hechos con la expansión de la palma se puede inferir una relación. Esta postura es respaldada por ^{Moncayo (2017)}:

Los departamentos con mayor concentración de la propiedad muestran las mayores cifras del desplazamiento forzado, así como la coincidencia entre la expansión de algunos cultivos agroindustriales, en particular la palma africana y la gran minería, con desplazamientos forzados de comunidades campesinas. (p. 173)

Este tipo de acciones violentas se fundamentan en que los intereses del campesinado se vieron contrapuestos a los del sector empresarial referente a la relación humanidad-territorio, debido a que los primeros consideran la tierra como un espacio de esparcimiento e interacción social y cultural, mientras que los segundos una necesidad netamente económica. La disputa por el uso y la tenencia de la tierra no se desarrollaba de manera pacífica entre los bandos en disputa dando paso a acciones violentas que favorecieron al capital. Teniendo en cuenta esto, la consolidación del modelo agroindustrial por parte de las empresas palmicultoras en el departamento del Cesar fue posible gracias a relación -directa o indirecta- con diversos grupos paramilitares (^{Ó Loingsigh, 2019}).

Posterior a esto, en el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) se “pretendió incrementar la productividad agrícola, así como mejorar la distribución en la tenencia de la tierra como medio para obtener incrementos sustanciales en la competitividad de los productos exportables de origen agrario” (^{Garay 1998}, p. 21). Esta iniciativa sería conocida como el Plan Cuatrienal o de Cuatro Estrategias (1971-1974), el cual motivó la expansión de los cultivos de palma africana a nivel nacional. Se buscaba el aumento de la eficiencia de las plantaciones ya existentes, una apuesta de modernización de la infraestructura y capacidad técnica para el aprovechamiento del fruto (^{Fundesvic, 2012}). Gracias a esto, a finales de los años 70 e inicios de los 80, Indupalma ya contaba con alrededor de 5.000 hectáreas de cultivo de palma africana en San Alberto (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}).

En la apuesta de establecer el modelo agroindustrial se han transformado algunas interacciones dentro del territorio, la destrucción de la relación entre el campesinado de San Alberto y la tierra. Se dio el paso a un plano plenamente economicista en función del aumento de producción dejando atrás los sueños y luchas debido a que “el capital presiona para llevar toda la producción a sus esferas, atacando las formas precedentes y la pequeña producción, ya que con el aumento de a productividad del trabajo y la monopolización busca acumular cada vez más riqueza” (^{Salamanca, 2017}, p. 54). Más que en la esfera económica, dicho cambio modificó un escenario de interacción social y cultural entre los habitantes. Así, la percepción y sentido emocional del territorio se han visto truncados por la palma. Esto trajo la proletarización del campesinado:

En mi caso, el departamento del Cesar, por ejemplo, en el sur del Cesar, los campesinos dejaban de ser dueños de la tierra y pasaban a ser empleados de agroindustria. Eso obviamente terminó dejando al campesino produciendo para la agroindustria por un salario, que ya ustedes, pues más que yo, saben cómo es el salario en Colombia. Sacaron a la gente para poder hacer su explotación, y la gente pues para dónde más iba, si no había posibilidades cercanas o personas, pues para las capitales y los pueblos que de alguna manera tenían algún desarrollo. (Entrevista Pérez, comunicación personal, 26 de julio de 2019)

Con esto se dio paso a una transformación del capital-trabajo en el sur del departamento. Ahora, el campesinado pasaba a ser una mercancía en la reproducción del capital. Dando paso a un obrero “libre” pues ya no se encuentra en la condición de siervo, pero tampoco es poseedor de los medios de producción, lo que obliga a su venta de fuerza de trabajo (^{Marx, 1974}). La fuerza de trabajo se constituye como una mercancía más, pagada mediante un salario, y le es expropiado el fruto de su labor, siendo con esto un explotado más por el sistema (^{Salamanca y Valencia, 2017}). Pues “el régimen del capital presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad de las condiciones de realización del trabajo” (Marx, 1974, p. 6).

Ahora bien, entre los daños socioeconómicos resultantes de la presencia de este monocultivo se resaltan los siguientes: la imposibilidad de actividades económicas y productivas alternas a la palma de aceite, producto de la coaptación de fuentes hídricas y el uso del suelo del municipio; debilitamiento de la seguridad alimentaria de las familias campesinas, generando el desplazamiento de sectores rurales al casco municipal ante la falta de garantías para su sustento económico. Frente a la falta de oportunidades, una de las alternativas de sustento económico para las familias es pasar a ser trabajadores directos o indirectos -en gran parte de los casos- de la empresa, perdiendo la independencia económica y alimentaria que les era posible al ser poseedores de un predio dedicado al pan coger y su propio sostenimiento (^{Fundesvic, 2012}).

El “éxito” de este modelo agroindustrial tuvo repercusiones a nivel nacional debido a que “la fundación de la empresa Indupalma jugaría un papel importante en el desarrollo y expansión del cultivo no solo en esta zona, sino en el país, pues es el modelo a seguir en la mitología palmera” (^{Ó Loingsigh, 2019}, p. 112). Una vez dada la consolidación del cultivo de palma de aceite en el Cesar, otros departamentos como Santander, Meta y Córdoba empezaron a replicar este tipo de monocultivo empleado en San Alberto.

Eliminación del pensamiento divergente y transformación del trabajo

La conformación de las primeras guerrillas en dos sectores del país³ dio paso a un nuevo escenario de violencia pues el sentimiento anticomunista sería desplegado en diversas zonas de Colombia. Previo al establecimiento del primer campamento subversivo, el municipio contaba con contrainsurgencia producto de la herencia de la época de “La Violencia” pues, desde su conformación como municipio, San Alberto se encontraba en la disputa entre conservadores y liberales, donde el Partido Conservador se encontraba respaldado por chulavitas⁴ y familias de hacendados como los Rivera, los Giraldo, los Duque y los Ortega (^{Fundesvic, 2011}).

En paralelo a la expansión de la frontera agraria se dio un proceso de asesinato y desarticulación de movimientos de representaciones política. Ante la llegada de los primeros grupos subversivos, los movimientos político-sociales fueron víctimas de hostigamientos y señalamientos ante acusaciones de ser miembros de la guerrilla. Un ejemplo de ello se dio en 1977 cuando se convocó a una huelga para modificar la modalidad de contratación de los trabajadores, y se buscó el reconocimiento de sus derechos laborales que eran desconocidos por la empresa al no tener una relación contractual clara (^{Castellanos et al., 2021}). En una acción de apoyo a los trabajadores el M-19 secuestró en la ciudad de Bogotá al gerente de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, mientras se realizaba la disputa obrero-patronal entre Asintraindupalma e Indupalma, como lo recuerda un sindicalista cuando se habla de este evento:

No había necesidad de que la organización solicitara ayuda, sino que ellos [grupos subversivos] con su presencia activa conocen las necesidades de los habitantes de la región, de los trabajadores, y por eso es que se hacían estas acciones militares. Entre ellas, la muy conocida que aparece en el relato de la memoria, el secuestro de Hugo Ferreira Neira en la ciudad de Bogotá por un comando del M-19. (Entrevista colectiva, comunicación personal, 7 de marzo de 2020)

En este hecho fueron señalados los sindicalistas como partícipes y propiciadores. No se logró comprobar algún tipo de vínculo de la organización obrera con el M-19 y demás grupos guerrilleros de la zona. El hostigamiento no cesó, por el contrario, aumentó la cantidad de crímenes dirigidos contra los trabajadores asociados. Es de mencionar que la condición exigida para la liberación era dar pronta solución a los reclamos de los trabajadores (^{Fundesvic, 2012}).

Ante el crecimiento de la producción era necesario el respaldo por parte de la fuerza estatal para evitar un levantamiento de los trabajadores y pobladores ante la Junta Directiva de la empresa, producto de las circunstancias sociales y económicas degradantes en la que se encontraban inmersos a raíz de la constante expansión del monocultivo, condiciones de contratación degradantes y destrucción de economías campesinas. Esto se ve evidenciado en la presencia de una base militar dentro de las plantaciones de palma de aceite pertenecientes a Indupalma, cuyos gastos operacionales fueron asumidos por la empresa Indupalma (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}).

El aumento de la plantación se veía reflejado en el incremento de economía local y población del municipio. El abandono estatal, la falta de garantías sobre sus derechos de propiedad, sumado a la exclusión económica y social de los pobladores, se presentaron como condiciones que posibilitaron la presencia de diferentes actores armados insurgentes. En los años 80, dichos grupos emplearon el municipio como corredor para sus acciones en diferentes departamentos. En esta misma época, Indupalma alcanzó la cifra de 8.000 hectáreas plantadas de palma de aceite (^{Fundesvic, 2012}).

Aunque ya habían sido usurpadas tierras durante décadas anteriores la violencia contra el sector campesino seguía vigente. En una nueva forma para seguir expandiendo la frontera agraria, el campesinado fue estigmatizado de ser partidario o miembro activo de los grupos subversivos que ya comenzaban a crecer de manera paulatina. Producto de esta desacreditación la empresa palmera vio una justificación para proseguir su interés expansionista del monocultivo en San Alberto mediante la violencia. Así, los grupos paramilitares y sectores económicos desarrollaron una contrarreforma agraria que pretendió la acumulación y reconfiguración del uso de la tierra enfocada en la expansión del monocultivo (^{Albán, 2011}).

En este escenario de conflictividad social en sur del departamento se sumó un nuevo evento: el nacimiento de la Unión Patriótica -UP- mediante el acuerdo suscrito entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo -FARC-EP-, marcaría un nuevo rumbo en el ambiente político nacional y regional, dada la legalización de la insurgencia que pasó a la disputa electoral (^{Molano, 2009}). Ahora, el nacimiento de la UP sería considerado por las élites regionales como una forma de expandir la presencia del grupo subversivo a nivel nacional siendo una plataforma para el control territorial (^{Duncan, 2017}).

Este tipo de hechos no pasaron en vano. Sectores empresariales y políticos comprendieron esta apuesta de paz como una forma de impunidad ante las acciones cometidas por el grupo subversivo. Y se dio inicio la presencia de hombres armados apodados como “Tiznados”, “sicarios” o “Masetos”. Estos paramilitares fueron entrenados en Puerto Boyacá y posteriormente trasladados al sur del Cesar mediante la solicitud de hacendados de la región como Rodolfo Rivera Stapper⁵, Roberto Prada y Luis Ofrego Ovalle entre 1988 y 1989 (^{Verdad Abierta, 2010}, ²⁰¹⁴). Es así como “la utilización de grupos armados por parte de los hacendados para resolver conflictos con los campesinos y la confrontación con las guerrillas, trajeron la aparición de poderosos clanes terratenientes ligados al paramilitarismo” (^{Cepeda y Uribe, 2014}, p. 18). En este escenario nace el sindicato de industria Sintraproaceites, caracterizado por sus procesos de horizontalidad colectiva y acción directa por la disputa de derechos sociales y laborales.

Uno de los primeros ataques realizados por estos sicarios entrenados en Puerto Boyacá se dio en la sede sindical de Sintraproaceites el 19 de abril de 1988 mientras se realizaba un campeonato, el resultado fue 3 personas asesinadas y 12 heridas producto de impactos de bala (^{Castellanos et al., 2021}). Esto, producto del sindicalismo de control que estaban practicando en el municipio, donde se ejerce presión ante las direcciones de las empresas referente a las decisiones institucionales en contra de los trabajadores (^{Touraine, 2006}).

Luego, se dio la desmovilización de grupos subversivos como el EPL y el M-19, con esto se logró una apertura democrática. Estas acciones darían paso a la nueva etapa de ambiente político: sufragio popular para elección de alcaldes. Los primeros comicios dieron como ganador a Lázaro Alfonso Hernández Lara⁶ reconocido sindicalista y militante de la Alianza Democrática M-19. Lamentablemente, Hernández fallecería horas antes de tomar posesión como mandatario lo que daría paso a una nueva elección, cuyo resultado dio vencedor al también sindicalista Víctor Manuel Lizcano por el mismo partido político (^{Castellanos et al., 2021}).

Ante la llegada de sectores populares a los cargos administrativos del municipio, la clase política tradicional emprendió un ataque directo contra estos personajes argumentando que eran el brazo legal de los grupos subversivos. Este tipo de afirmaciones dieron paso a un asesinato sistemático de simpatizantes de izquierda, que también eran miembros y dirigentes de movimientos populares y sindicales, por parte de grupos paramilitares. Estos últimos emplearon un discurso de legitimación de sus acciones violentas con la justificación de que buscaban preservar la propiedad privada y combatir el comunismo, dicha narrativa fue acogida por diversos sectores a nivel local y regional para la defensa-aceptación este tipo de práctica, especialmente por empresarios, ganaderos y Fuerzas Armadas (^{Cruz, 2009}). Esto se encuentra reflejado en “la creencia de los hacendados en la consolidación de los paramilitares como una forma de traer progreso social a la región” (^{Castaño, 2019}, p. 131). Es así como, según Roberto Prada Jr., en la financiación de las agrupaciones paramilitares participaron alrededor de 380 personas entre finqueros, comerciantes y ganaderos mediante la modalidad de “vacuna” (^{Fundesvic, 2012}).

Uno de los objetivos de la propuesta ultraconservadora de los paramilitares en el municipio -respaldada o al menos aceptada por sectores económicos- era desarticular estas representaciones de izquierda que encarnaban una amenaza a la expansión del capital. Esto, pues en una propuesta de alta industrialización se emplea la erradicación del pensamiento divergente, la eliminación de la oposición, la supresión de los sindicatos con capacidad de transformación social (^{Pachón, 2016}). Esto es debido a que la lucha contrahegemónica que ha representado el sindicalismo se volvió la mayor expresión de lucha anticapitalista (^{Zibechi, 2010}). Frente al asesinato sistemático de trabajadores -incluso en predios pertenecientes a la empresa- Indupalma no presentó una propuesta frente a este tipo de hechos:

Ante el reclamo de condiciones laborales, la directiva de la empresa con relación al paramilitarismo empleó la justificación de que la organización sindical, movimientos políticos y sociales tenían un relacionamiento directo con las agrupaciones insurgentes con presencia e influencia en el sur del Cesar. Dando como resultado más de “40 años de hostigamientos, persecuciones, estigmatizaciones y hechos victimizantes de todo tipo -acusándolos incluso de ser guerrilleros-, ejecutados por parte de diversos grupos paramilitares, la misma empresa y otros actores gremiales y políticos de la región” (^{Castellanos et al., 2021}, p. 334).

Es por esto que, en 1993, Gonzalo Betancur -el alcalde por la UP- organizó el Foro Agroindustrial y Ganadero del Cesar y Santanderes. En dicho evento participaron políticos de nivel nacional como Manuel Cepeda Vargas -senador por la UP y secretario del Partido Comunista-, Gustavo Petro y Luis Fernando Rincón -exmiembros del M-19 y representantes a la Cámara-. Por parte de los trabajadores de Sintraproaceites intervinieron Aníbal Mendoza -líder sindical- y Eduardo Umaña. Por la empresa Indupalma y por el Ministerio del Trabajo, Rubén Darío Lizarralde y Julio César Carrillo, respectivamente. Las razones expuestas por Indupalma, debido a una posible crisis financiera producto de la apertura económica propuesta por el gobierno de César Gaviria y la caída de precio del aceite de palma a causa de la importación desde Malasia, Costa Rica e Indonesia, fue la de emplear un salvamento reduciendo costos laborales (^{Castaño, 2019}).

Posterior a esto, paramilitares y la directiva de la empresa emitieron narrativas de estigmatización a los movimientos sociales que asistieron al evento. Esto motivó al desplazamiento forzado y asesinato sistemático de los participantes. La presencia de las instalaciones militares más que brindar un tipo de seguridad a los habitantes significaba un amedrentamiento en el momento de realizar alguna manifestación social y política. Por parte de las Fuerzas Armadas no hubo ningún tipo de respaldo a los trabajadores asesinados por miembros de las agrupaciones paramilitares dentro de las plantaciones. Mientras que Indupalma no brindó protección a sus trabajadores:

Las actuaciones de la empresa Indupalma S.A. dejan entrever una tácita aceptación del asesinato sistemático de sindicalistas y trabajadores activos de sus plantaciones; sus acciones, en momento alguno, brindaron garantías para la protección y defensa de sus trabajadores, manteniéndose más bien un silencio cómplice ante la actuación de los grupos paramilitares; incluso, fue frecuente que la junta directiva empresarial, utilizara los medios masivos de comunicación para lanzar graves acusaciones públicas al movimiento, tales como la supuesta pertenencia de algunos de sus miembros a los grupos guerrilleros presentes en la región, con lo cual les convirtieron en objetivo militar. (^{Castellanos et al., 2021}, p. 334)

Aunque la empresa Indupalma argumentaba la necesidad de transformar la forma de contratación y prestaciones legales de sus trabajadores, ante la caída de los precios internacionales se incrementó la cantidad de producción de palma en la región. En 1994 las hectáreas en el sur del Cesar alcanzaron la cifra de 150.400 donde 50.500 hectáreas eran siembra nueva, esto a causa de la rentabilidad y vida productiva de la palma de aceite que sobrepasa levemente las dos décadas (^{Castaño, 2019}).

El aumento significativo de hectáreas cultivables ameritaba unas modificaciones en la modalidad de contratación en beneficio de incrementar las ganancias de la empresa. En este escenario se dio “la toma del barrio Primero de Mayo”⁷ por parte de los paramilitares el 16 de agosto de 1995 mientras se realizaba una negociación entre Sintraproaceites e Indupalma sobre el proceso de contratación en la ciudad de Bucaramanga, Santander. En dicha ocasión, los paramilitares llegaron una noche en camionetas y desaparecieron de manera forzada a Tomás Cortés, reconocido miembro de Sintraproaceites y concejal del municipio por la Unión Patriótica. Además del asesinato de Cortés, incineraron su vivienda después de hurtar los elementos de valor. En este escenario hostil, la debilidad de la organización producto de la violencia paramilitar se evidenció en el momento en que se aceptó el ingreso de las Cooperativas de Trabajo Asociado -CTA- (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}). La propuesta de la empresa de emplear las CTA ya había sido puesta sobre la mesa de negociación con anterioridad, pero la fortaleza del sindicato impidió su funcionamiento:

La nueva modalidad de contratación por Cooperativas de Trabajo Asociado fue en el año de 1993, en ese año la empresa lo propuso. La empresa se vio beneficiada de ese modelo, es más, mutó, pero la empresa se sigue beneficiando. Los empresarios se quitan la responsabilidad con los trabajadores, puesto que argumentan que no existe un vínculo real directo entre trabajador y empresa. Hay una relación comercial entre la CTA y la empresa. La empresa se ahorra de pagar dotaciones, de pagarles herramientas de trabajo, de pagar seguridad social, de pagar transporte, primas. Ahora todo lo mencionado anteriormente el trabajador lo debe asumir cuando está contratado bajo la modalidad CTA. La empresa deja de tener trabajadores cobijados por la convención colectiva. (Entrevista Patiño, comunicación personal, 18 de diciembre de 2020)

Ahora, la transformación de la modalidad de contratación directa a CTA significó una tercerización del trabajo disminuyendo las responsabilidades de la empresa con los trabajadores y creando consigo un aumento en las ganancias. Esta modificación de la relación obrero-patronal se dio en un momento de conflictividad social violenta impuesta por la acción paramilitar y la flexibilidad laboral propuesta por el gobierno de César Gaviria (1990-1994). En esta modalidad, la concepción de trabajador era cambiada por la de “empresario” disminuyendo constantemente la capacidad de presión de la lucha sindical mientras se reducían los costos ligados a la producción; la primera organización bajo CTA contaba con 41 asociados, un año después la cifra alcanzó las 12 asociaciones con un total de 463 miembros (^{Castaño, 2019}).

Frente a los reclamos por temas laborales, la empresa argumentaba que no tenía una relación directa con los trabajadores y, por tanto, no estaban bajo su responsabilidad. Al igual que la “eliminación de la alimentación a cambio de un auxilio, eliminación de la retroactividad de las cesantías y las primas extralegales, congelamiento de las primas extralegales en un 40% durante cuatro años” (^{Castaño, 2019}, p. 41). Un elemento necesario para una sociedad altamente industrializada se encuentra en el aislamiento del obrero disminuyendo su capacidad revolucionaria y llegando a la asimilación, convirtiendo al trabajador en el defensor de los intereses del capital y evitando así conflictos que afecten la productividad (^{Pachón, 2016}).

Posterior a la nueva modalidad de contratación, el 26 agosto de 1998 los paramilitares asesinan a Jairo Cruz, quien se desempeñó como concejal por el partido político Alianza Democrática M-19 y fue presidente de Sintraproaceites. Un reconocido sindicalista partícipe en diversas negociaciones obrero-patronales por las reivindicaciones laborales de los trabajadores de Indupalma. Posterior a dicho homicidio, la Junta Directiva del sindicato decide desplazarse de manera forzada antes de correr con la misma suerte (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018}). Es así como el sicariato es una forma que ha tomado la lucha de clases en el país, pues es empleada para doblegar sus concepciones políticas -especialmente de izquierda- mediante el asesinato de los liderazgos más representativos (^{Zuleta, 2015}). Este hecho violento dio como resultado la reducción casi total de la capacidad de lucha de la organización sindical dando paso a reestructuraciones de las relaciones laborales a favor de la empresa.