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Introducción
La igualdad de género, la reivindicación jurídica, social, económica, el goce de derechos sexuales y reproductivos entre otros, han sido los estandartes del movimiento feminista, a cuya campaña también se articuló décadas después la población LGBTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) para promover la inclusión plena, el reconocimiento de derechos asociados a la diversidad, el respeto de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más democrática con justicia social. Luchas férreas que parecen estar arrojando frutos en tanto se adelantaron importantes transformaciones legales, institucionales, culturales y sociales en algunos países del mundo occidental que visibilizaron y empezaron a otorgar derechos a poblaciones históricamente relegadas.
Uno de los logros fue la incorporación de la “perspectiva de género” en las políticas públicas de 193 países adscritos a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), como estrategia para conseguir la igualdad, actualmente factor transversal en los “objetivos de desarrollo sostenible” (ODS) agenda 2030, lo que ocasionó que en dichos países, entre ellos España, México y Colombia se evidenciaran algunos avances en lo que respecta a leyes y políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, identidad de género y orientaciones sexuales diversas1. Esto demuestra el compromiso de los tres países con una agenda internacional a favor de la igualdad, esencial según la ONU (2015), para el progreso económico, social y fortalecimiento de la democracia.
Para el 2019 esos países mostraban mejorías en su indicador de igualdad de género, ocupando los puestos número 15, 74 y 94 respectivamente entre 189 países medidos, (PNUD, 2019) sin embargo ese dato contradice las cifras de violaciones basadas en género que allí se presentan (ONU Mujeres, 2021). El mismo PNUD (2020) aseguró que si bien existe progreso en algunas áreas, ningún país del mundo, rico o pobre ha alcanzado realmente la igualdad de género porque desde el 2013 se evidencia un estancamiento que afecta a las mujeres y a la población LGBTIQ, a quienes se les continúa discriminando en asuntos relacionados con su salud sexual y reproductiva, la educación, el hogar, el mercado laboral, la justicia, etc. (Escobar, 2019), trayendo repercusiones negativas para el ejercicio de su libertad y derechos humanos (Hall et al., 2020).
Aunque aún no se identifican los factores causantes de la ralentización, en aquellos países donde resurgen contrariedades entre política y religión, proyectadas en las acciones de grupos denominados “anti-género” (Kuhar & Zobec, 2017), “provida” y “profamilia”, pareciera intensificarse el riesgo de perder los avances obtenidos en materia de igualdad; ya que acudiendo a su interpretación de la ideología de género, estimulan y justifican actos de resistencia o contradicción a las iniciativas, legislaciones y políticas públicas de educación sexual, antimatoneo en las escuelas por razones de género, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que se encuentra el uso de dispositivos para anticoncepción, legalización del aborto, y todo lo concerniente a las personas con orientaciones sexuales diversas.
Precisamente en México, Colombia y España durante los años 2016 y 2018 los discursos y acciones de dichos grupos fueron más explícitos y públicos, llevando a preguntarse si sólo se trató de un brote coyuntural o de un fenómeno con tendencia al robustecimiento y permanencia. De ahí partió el interés de realizar una “revisión literaria” (Guirao-Goris, 2015) exploratoria para reconstruir el panorama de la “ideología de género” en los tres países y así aportar al debate sobre movilizaciones y discursos anti género en América Latina, siguiendo la línea de algunas (os) académicas (os) que aseguran que la “ideología de género” es un fenómeno global-regional, que indiferente al contexto de operación siempre busca coartar las transformaciones agenciadas por el feminismo y el activismo por la diversidad sexual (Viveros y Rodríguez, 2017). Comparte las mismas estrategias y lógicas argumentativas para difundir modos específicos de acción (Paternotte & Kuhar, 2017). Los movimientos “antigénero” guiados por dicha “ideología” tienen menos influencia en países secularizados (Bracke et al., 2017).
La revisión de literatura “gris” y literatura científica ayudó a ubicar: 1) los postulados de la “ideología de género”; 2) antecedentes de la “ideología” y desarrollo en los tres países, proyectados en “momentos icónicos” y 3), las características, el modus operandi, las redes y estrategias de los actores colectivos, individuales e institucionales antiderechos en los casos seleccionados. Nunca se pretendió equiparar ambos tipos de literatura. La “gris” ayudó a “armar” los casos, obteniendo una mirada actualizada acerca de los acontecimientos y tendencias que en dicha temporalidad primaron en México, Colombia y España respecto a la “ideología de género”. Por su parte, la literatura científica permitió comprender teóricamente un fenómeno potencialmente novedoso para distintos campos de las ciencias sociales. Se revisaron 65 fuentes, reconociendo que el método no tuvo el alcance de un estado del arte (investigación documental), ni tampoco impregnó extensión analítica propia de la investigación monográfica, pero sí facilitó alcanzar el objetivo trazado.
Discusión
Ideología de género sin comillas
El diccionario de la RAE (2021) define ideología como: “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. En este sentido y a partir de ahora, la ideología de género escrita sin comillas hará referencia a la categoría analítica usada por los estudios feministas, la cual contiene principios, valores e ideas que sustentan las bases discursivas del movimiento feminista que desde su origen apuntó a “la creación de conciencia e identidad colectiva femenina y la demanda de libertad y justicia en las relaciones entre los sexos” (Astelarra, 2005, p. 45). Ideología transversal a las “cuatro olas” del movimiento (Gargallo, 2019; Lamus-Canavate, 2020), gracias a las cuales existen actualmente teorías, prácticas políticas y metodologías que cuestionan las estructuras y relaciones de poder asociadas a la categoría biológica del sexo (Beauvoir, 1998; Butler, 2008; Gayle, 1975).
Esta ideología de género sustenta un programa de acción para acercarse al ideal de la igualdad real entre mujeres y hombres. Emergió en la segunda “ola” (1950-1980) del movimiento feminista (Fernández, 2017), donde se concentraron los esfuerzos en eliminar las desigualdades políticas, sociales y culturales; coherente con los derechos humanos de primera y segunda generación. El foco debatido en ese período fueron los derechos sexuales, la autonomía reproductiva, la violencia doméstica (y conyugal), el lugar de la mujer en el trabajo y la familia donde se proyectaban desigualdades prácticas y legales que impedían la igualdad. La esfera de lo privado se tornó en un asunto político para el feminismo (Rodríguez, 2015), ubicando en el patriarcado la causa principal de la opresión hacia la mujer. Las líneas de pensamiento emergentes en dicha ola son: el feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo de la diferencia.
Mientras el feminismo radical propuso atacar la supremacía del hombre en el plano de la reproducción y la sexualidad para eliminar la díada sexo/género, el feminismo de la diferencia abocaba por eliminar las jerarquías entre hombres y mujeres, reconociéndoles todos sus derechos en los distintos ámbitos de la vida y exaltar lo femenino. Este enfoque, promovido por el movimiento feminista francés, buscaba reconocer las disimilitudes entre hombres y mujeres, pero en simultáneo liderar acciones políticas que transformaran las estructuras que históricamente desembocaron en opresión y desigualdad hacia las mujeres y hacia todo aquello asociado con lo “femenino” (Bock, 2000). Fueron posturas, que sumadas a la del feminismo marxista (de la primera ola), despertaron una respuesta de la iglesia católica, grupos de corte conservador, nacionalistas y afines, quienes aparentemente basados en la defensa de la libertad de opinión, pensamiento y conciencia (Paternotte & Kuhar, 2017) aseguran que la ideología de género es un instrumento de control social para manipular a los individuos y despojarlos de su libertad.
El concepto de ideología de género comenzó a tergiversarse2 para alimentar un discurso que obstaculizase lo alcanzado en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos a favor de la mujer y la comunidad LGTBIQ; también para mantener el tradicional statu quo en las relaciones de poder, con “límites” claros e inamovibles entre los sexos, que usualmente se traducen en privilegios otorgados a los hombres y a quienes se “ajustan” a las normas y patrones socialmente establecidos a partir del sexo y el género.
Según Garbagnoli (2018), la “ideología de género” es un término producido por lo que en lingüística se denomina: “técnica de deformación de la posición del enemigo” (Périès, 1997), que consiste en mezclar afirmaciones, categorías analíticas y elementos procedentes de las teorías de género para distorsionar la información original, debilitando sus argumentos para minar la legitimidad de dichos estudios y su activismo ante un público susceptible de impresionar. Esta versión de la ideología es despectiva hacia los avances científicos y políticos en materia de género, pues la utilización del término sugiere la existencia de un “adoctrinamiento” o “reclutamiento” por parte de grupos, personas y organizaciones que trabajan a favor de la igualdad para desestabilizar las instituciones tradicionales como el matrimonio, amenazando la moral, la familia, la paz y la misma humanidad (Flick, 2012).
Sobre la “ideología de género”
De “ideología de género” se habla en el mundo desde 2010, cuando en Europa se fortalecieron partidos políticos conservadores, activismos y movilizaciones que se oponen a temas asociados a la igualdad como son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el reconocimiento de familias diversas, la creación de currículos escolares incluyentes (Korolczuk, 2017; Viveros & Rodríguez, 2017) entre otros. Con el paso del tiempo dichos propósitos se articularían a campañas enfocadas en desprestigiar el movimiento sociopolítico feminista3.
Esta perspectiva ideológica inició en los años 80 por el Vaticano, máxima figura del catolicismo en el mundo. Los tres últimos papas manifestaron que existe una intención de la Unión Europea y los Estados Unidos de adelantar una “colonización ideológica” (Case, 2019) denominada “ideología de género”, por medio de la cual se aspira a distorsionar el orden social natural en tanto se continúe empoderando a la mujer para antagonizar al hombre, conllevando a la destrucción de la estructura familiar (Ratzinger, 2004). Igualmente, dicha agenda busca equiparar la homosexualidad con la heterosexualidad, promoviendo un “nuevo modelo de familia poli forma” que no responde al orden biológico, de manera que aceptar el matrimonio igualitario, por ejemplo, pone en peligro el porvenir de la humanidad y amenaza la paz mundial porque dañan o contribuyen a la desestabilización de la estructura natural del matrimonio de un hombre y una mujer.
Aseveraciones reforzadas desde los años 90 para obstruir lo alcanzado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Allí se ratificó la intención de la ONU por construir consensos sólidos sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras cuestiones asociadas a la equidad, igualdad de género y desarrollo humano. Ambas conferencias despertaron la oposición del Vaticano, haciendo pública su renuencia a aceptar el concepto de género y familia. Con una carta dirigida a las mujeres, el entonces papa Juan Pablo II reconoció la violencia y desigualdad a la que han estado sometidas las mujeres históricamente, pero a su vez cuestionó la intención de estas de reivindicar sus derechos en la medida en que pueden poder en riesgo la “unidad” de la familia, al contradecir o querer adoptar otros roles en la sociedad, distintos a los designados por Dios en las sagradas escrituras (Juan Pablo II, 1995).
Aunque no todos los miembros de la Iglesia católica comparten esas ideas, se ubica en el Vaticano la responsabilidad de dar origen y fuerza a argumentos que posteriormente fueron refinados y adaptados por movimientos anti derechos que tienen una importante influencia política. Movimientos que soportados por el Estado o por actores estatales no específicos, poseen una marca de fundamentalismo religioso, tendiente a usar estratégicamente interpretaciones extremas de la religión para obtener poder, dinero y control social (Shameen, 2017). Escudados en su “ideología de género”, se configuran como contrademanda política y epistemológica a las concepciones emancipadoras de género, sexo y sexualidad (Corredor, 2019), buscando contrarrestar movimientos sociales que demuestran un potencial o éxito real en sus esfuerzos por “influir en la política, alterar las alineaciones políticas y elevar el perfil público y la relevancia de cuestiones particulares” [Trad.] (Meyer, & Staggenborg, 1996, p. 1635), asegurando que la ONU y “otros donantes internacionales son los maestros neocoloniales ideológicos del siglo XXI, que impulsan agresivamente su agenda de feminismo radical, control de la población, sexualización de los niños y la homosexualidad” [Trad.] (Ekeocha, 2018, p. 29).
Los movimientos anti derechos han retomado esa “ideología” para justificar una suerte de refinamiento científico y técnico a sus argumentos, de manera que temas asociados a la igualdad sean refutados desde supuestos “objetivos” y “científicos”. Una de las exponentes principales es Dale O’Leary, quien, en su texto titulado: “The Gender Agenda: Redefining Equality” (1997), afirma que esa agenda amenaza la unidad tradicional de la familia, promueve la anticoncepción y la homosexualidad a través de cursos de educación sexual que estimulan a los niños para asumirlas como acciones o prácticas normales; eliminando además, los derechos de los padres para decidir sobre la educación sexual que quieren para sus hijos.
El texto de O’Leary se asume como guía en sectores de las iglesias católica, evangélica, pentecostal, partidos políticos y grupos de la sociedad civil que participan en los movimientos anti derechos y asumen la “ideología de género” como base discursiva para (re) introducir argumentos religiosos en Estados laicos; colocando en el mismo nivel el conocimiento proveniente de las ciencias sociales con dogmas que han ganado peso político y que movilizan a la ciudadanía a través del miedo (Toro, 2019).
En todos los países donde tiene presencia, el común denominador es: desplegar estrategias que aludiendo a la defensa de la “familia tradicional”, impidan el goce de derechos humanos civiles (Campoy, 2017). Descalificar o debilitar avances jurídicos y políticos a favor de la igualdad y la perspectiva de género por medio de marchas, movilizaciones, cursos de formación, campañas de desprestigio, etc. que usualmente son coordinadas entre agrupaciones locales con movimientos
conservadores internacionales. Usar lenguaje exagerado para “satanizar” lo logrado en igualdad y diversidad sexual, exponiéndolos como hecatombes para la sociedad (Cornejo-Valle y Pichardo, 2017).
La “ideología de género” expresada en “momentos icónicos”: sus actores, su agenda y estrategias
En Colombia el primer “momento icónico” se dio en 2016, cuando un sector social y político rechazó el borrador de las cartillas para la educación sexual, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tituladas: “Ambientes escolares libres de discriminación” (2016). Esa cartilla introdujo conceptos como intersexualidad, transgénero, homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad, buscando responder a la sentencia T-478 del 2015, en la cual, la Corte Constitucional instaba al MEN a adecuar los manuales de convivencia escolares para eliminar cualquier norma o forma de discriminación por razones de género y orientación sexual.
La operación contra las cartillas se inició en las redes sociales, donde utilizaron las imágenes de un cómic erótico de Tom Bouden (2006) que ilustra la vida sexual de dos hombres, para promocionarlas como las cartillas oficiales del MEN y aducir que iniciaba un plan para imponer la “ideología de género” a la niñez colombiana. El entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, pese a tener un claro conflicto de intereses, fue una de las personas que lideró dicha campaña de desprestigio y usó su cuenta de Twitter para hacer comentarios como: “[...] ¡quemé folletos como este y los volvería a quemar!, atentan contra nuestros niños” (Ordóñez, 2018). Aseveraciones que impulsaron a madres y padres de familia, organizaciones religiosas, partidos políticos de ultraderecha, líderes políticos, etc., a convocar marchas, plantones y reaccionar negativamente hacia el documento del MEN, denunciando un complot que el movimiento LGBTI, la ONU, el MEN y la Corte Constitucional “fraguan” para propiciar una “colonización homosexual en los planteles educativos” (El Tiempo, 2016, p. 6).
Pese al intento por impedir la publicación de las cartillas, estas salieron a la luz luego de comprobarse que fueron objeto de una maniobra detractora que tuvo su base en una noticia falsa (Sarquis, 2016), sin embargo, es un documento que continúa siendo controversial porque es utilizado para ejemplificar la “ideología de género” en Colombia y sustenta la “agenda moral” de figuras políticas que se han fortalecido desde entonces.
En octubre del mismo año, la polémica desatada por las cartillas se trasladó a uno de los asuntos más importantes en la historia reciente del país: el plebiscito por la paz, proceso donde la ciudadanía respondería a la pregunta: “¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?” (AFP, 2016), en el marco del acuerdo de paz que se firmaría en La Habana (Cuba) entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP para finalizar un conflicto armado de casi 50 años. En esa oportunidad, el 50,2% de votantes eligió el “No” (BBC Mundo, 2016a). Se aduce que los resultados tienen relación con el llamado a la ciudadanía que hicieron iglesias y partidos políticos conservadores, quienes afirmaron que el acuerdo de La Habana estaba “plagado de ideología de género”, ignoraba las disposiciones de “Dios”, atentaba contra la familia colombiana y la heterosexualidad de sus habitantes porque se accionaría un “rayo homosexualizador”4 que convertiría en homosexuales a toda la niñez y juventud (Díaz, 2018), imposibilitando la reproducción y por ende acabando con la familia tradicional y la humanidad.
En ninguno de los párrafos del documento del acuerdo de paz se referenció la ideología de género, contenía sí la perspectiva de género, mencionado 111 veces para aducir al enfoque diferencial, de igualdad y equidad de la “subcomisión de género” en el proceso de paz, para garantizar que se tuviera en cuenta la participación de las mujeres en el desarrollo político, económico y social en el postconflicto, y de manera semejante se protegiera a las personas y grupos vulnerables que fueron victimizados en el conflicto armado, como la niñez y la población LGTBI (ONU mujeres, 2017).
Cabe señalar que en Colombia existieron otras acciones inspiradas en la “ideología de género” que no alcanzaron su propósito gracias a la intervención de la Corte Constitucional y la resistencia de movimientos sociales y partidos políticos que están a favor de las mujeres y la comunidad LGBTI. Sirvan de ejemplo el “referendo de adopción”, “la marcha contra la imposición de la ideología de género” y la “penalización total del aborto”. El primer evento se dio en el 2017, cuando una senadora propuso un proyecto de ley para concretar un referendo para que la adopción de niños en Colombia fuera viable únicamente para parejas heterosexuales casadas o en unión marital de hecho, excluyendo a personas solteras, viudas y parejas homosexuales que desearan adoptar. Aun cuando en varias alocuciones públicas aseguró que no buscaba vulnerar los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas, en su campaña llamada “firme por papá y mamá” comentaba que:
[...] los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo se les niega el derecho al libre desarrollo de su personalidad [...] estudios realizados5 en el exterior muestran que los niños adoptados por parejas homoparentales tienen baja autoestima, mayor estrés [...] presentan menores tasas de empleo, son 8 veces más propensos a optar por una orientación sexual homosexual. (Morales, 2015, p. 6)
Sostuvo que los estudios científicos que planteaban lo contrario no tenían validez científica absoluta. Aunque no menciona explícitamente la “ideología de género”, sí acusó a la Corte Constitucional de legislar a favor de las personas y familias diversas. Finalmente, la propuesta del partido político fue derrotada en el tercer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (2017), donde se resolvió que el referendo tenía un matiz discriminatorio, entraba en conflicto con la Sentencia C-682/15 de la Corte Constitucional y afectaba el derecho de las minorías y los niños, cuya adopción no puede limitarse a causa de la orientación sexual de las personas, privilegiando con esta decisión a la infancia en situación de vulnerabilidad.
La infancia volvió a ser el argumento de movimientos religiosos que convocaron en el 2018 a la “marcha contra la imposición de la ideología de género” para demostrar su oposición a los decretos 762 y 410 que dictaminan los derechos de las personas LGBTI. Para el “movimiento católico solidaridad”, líder de la jornada que se adelantó en varias ciudades del país, existe en Colombia una “ideología de género” apalancada en el comunismo [...], una avalancha de la izquierda [...] con ideología marxista que, a través del discurso de la inclusión, igualdad, amor, busca secuestrar las mentes y corazones de nuestros niños” (2018). Para ese grupo civil, el gobierno nacional apoya, promueve y financia la “ideología de género” con recursos públicos, imponiendo decretos coercitivos que posteriormente convierten en políticas públicas financiadas por la ciudadanía. Se desprendieron de allí diversos grupos que continúan vigentes en el país como la “red familia Colombia”, “movimiento católico solidaridad”, “movimiento de padres un paso al frente”, etc.
El tercer y más reciente evento en Colombia tiene que ver con la “penalización total del aborto”, solicitud realizada por una ciudadana que demandó a la Corte Constitucional Colombiana para eliminar las causales de interrupción voluntaria del embarazo, permitidas en el país desde 2006 (sentencia C-355). La tutela pretendía convertir el aborto en un delito, lo que sin excepción alguna obligaría a criminalizar a las mujeres que lo llevasen a cabo. La Corte Constitucional dio un fallo inhibitorio, manteniendo la normatividad mencionada (Oquendo, 2020), y no apoyó las solicitudes de aborto libre y seguro propuesta por movimientos sociales como “pañuelos verdes”6 que también tiene presencia en Colombia. Este caso reciente no contenía argumentos de “ideología de género”, pero se debe recordar que las posturas antiaborto en el país de partidos políticos conservadores y de corte religioso, se han basado en ella para justificar su oposición a legislaciones que están a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Argumentos idénticos se han extendido en México desde el 2016, cuando desde la presidencia se propuso reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, con la reforma parcial del artículo 4º de la Constitución Política, estableciendo que toda persona mayor de 18 años pudiese contraer matrimonio sin ser discriminada por etnia, género, religión, preferencias sexuales o “cualquier otra que atente contra la dignidad humana” (Moreno, 2016, p. 1). La propuesta denominada “matrimonio sin discriminación” fue rechazada por legisladores de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Puntos Constitucionales, y generó amplio repudio en ciudadanos que conformarían coaliciones religiosas y de sociedad civil que contaban con el apoyo de la Conferencia de Obispos de México (BBC Mundo, 2016b). Las más representativas hasta la actualidad son: el “Frente Nacional por la Familia”, el “Consejo Mexicano de la Familia”, el “Centro Familiar Cristiano en México” y la asociación “Hazte oír”.
El primero se define a sí mismo como un “movimiento social conformado por millones de personas y miles de instituciones” (Frente Nacional por la Familia, 2020, p. 1) que defienden en México tres principios: la vida, la familia y las libertades. Basados en ello, adelantan acciones asentadas en un método que llaman “FIAT” (Formar, Informar, Activar y Transformar) para antagonizar las políticas públicas y leyes que en México están a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGTBI. Su canción eslogan reza: “[...] nadie va a cambiar o a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar [...] nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original” (2020, p. 1). Se manifiestan a favor de lo que consideran “la familia y matrimonio natural” y la vida, a través de protestas y campañas en las redes sociales.
Por su lado, el “Consejo Mexicano de la Familia” (ConFamilia) es definida por sus integrantes como una institución que, sin compromiso con partidos políticos busca argumentar desde la ciencia y la razón sobre temas que afecten a la familia mexicana. Tienen un manifiesto (ConFamilia, 2014) en el que expresan su descontento con las políticas públicas y leyes del país, las cuales, según afirman han desprotegido a la familia, contradicen los valores de la familia mexicana y han deteriorado el entorno en el que viven los niños. Se oponen al aborto, al divorcio, al feminismo, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la adopción por parte de estas parejas, a la educación sexual escolar con enfoque inclusivo y diferencial.
ConFamilia en sociedad con la Iglesia católica, aseguran que el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo, etc., está amparado por una perspectiva de género que es realmente una ideología dañina. Para justificar su discurso y acciones, suelen retomar textos como el de Dale O’Leary (al igual que en Colombia) y el II Congreso Mundial de Familias7, realizado en 1999 en Ginebra (Suiza) para declarar a la familia natural (heterosexual) humana como una creación de Dios, esencial para el bienestar de la sociedad.
El Centro Familiar Cristiano, dirigido por el pastor Benjamín Rivera Leos, lidera actualmente el “frente latinoamericano contra la ideología de género”, con el cual buscan “unir fuerzas y crear un solo frente de batalla” (2016, p. 9) con países como Colombia, Panamá y Perú”. Otra organización civil llamada “vivoz”, lanzó una campaña en redes sociales en la que aseguraba que:
[...] “la ideología de género” busca el dominio de pueblos enteros [...] busca imponerse a través de la manipulación y el engaño a través de los medios de comunicación y el sistema educativo para manipular la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. [...] para destruir a la familia y promover la homosexualidad. (Vivoz org, 2016, p. 3)
También cuestionaba la “ley general de niños, niñas y adolescentes” lanzada en México en 2014, asegurando que es “una ley pervertida y pervertidora” porque “impone la ideología de género a los niños mexicanos a través de los libros de la S.E.P (Secretaría de Educación Pública) y los programas de salud sexual [...] (Vivoz org, 2016). Según “Vivoz” dicha ley confiere al Estado el poder de la educación y formación en estos temas, excluyendo a los padres de familia en el proceso, ocasionando que en el país se aumenten la promiscuidad, los embarazos adolescentes, las enfermedades sexuales, el aborto, la depresión y el suicidio. Un año después, la asociación “Hazte oír” se sumó a esas posturas y movilizaciones, poniendo a circular por las calles de Ciudad de México un “autobús de la libertad” de color naranja en el que se leía: “¡Dejen a los niños en paz! #ConMisHijosNoSeMetan”.
Un autobús similar recorrió las principales calles de Madrid (España) a principios del 2017, usado por “Hazte oír” para contradecir la campaña de la Asociación de Familia de Menores Transexuales Chrysallis8, proyectando en la fachada del autobús la frase: “los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen, si naces hombre eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” (Cantó, 2017, p. 1). Según comentó uno de los voceros de la asociación, el verdadero propósito de la actividad era promocionar un documento lanzado por ellos en el 2016 para denunciar “la amenaza real” de las leyes de la diversidad en España.
La organización “Hazte Oír” (o CitizensGo), que en su página web oficial tiene por eslogan “víctimas de la ideología de género”, considera que en el país hay “[...] una proliferación de leyes en el ámbito de las Comunidades Autónomas que buscan imponer en la sociedad la ideología de género con el pretexto de la no discriminación y de garantizar los derechos de las personas homosexuales” (Velázquez, 2016, p. 5), relegando a los heterosexuales a ciudadanos de “segunda categoría” y obligando a los colegios a través de los contenidos educativos a impartir modelos de comportamiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.
Resalta en la portada del documento, una imagen que transmite simbólicamente el mensaje central, y que se popularizó durante su socialización. Se trata de una fotografía tomada en 1932 a dos niños que saludan un cartel de Franco, y que fue transformado por “Hazte Oír” en una bandera arcoíris, símbolo insignia del movimiento LGBTIQ. En las figuras 1 y 2 se puede apreciar la intencionalidad visual de la campaña.
Precisamente el pasado de dictadura franquista ha ocasionado que en España “cualquier conexión entre iglesia y Estado” (Campoy, 2017, p. 35) levante sospechas en la ciudadanía, quienes paulatinamente empezaron a darle la espalda a “los códigos de conducta que tratan de imponer algunos administradores de la fe” (2008, p. 1), sin embargo, eso no ha impedido que activistas conservadores y religiosos se expresen en contra de la ideología de género.
El argumento de la “ideología de género” caló en España por la tendencia de trasladar la visión conservadora católica a la esfera de lo político, permeando de ideas, valores y propósitos nacionalistas a partidos como el Vox y el Partido Popular. Al establecer alianzas que consolidan las conexiones entre partidos de extrema derecha y grupos religiosos fundamentalistas que pretenden contrarrestar los avances obtenidos por las políticas públicas y leyes en materia de género. Es una realidad que coincide con otros países europeos donde las movilizaciones antigénero no son una simple reacción conservadora, sino una novedosa configuración ideológica y política que alude a la dignidad de la gente común y su identidad como mayoría oprimida para resistir la aparente dominación de fuerzas extranjeras y élites corruptas. En palabras de Korolczuk (2017), “es un discurso que interpretamos como una variante de la apropiación de la derecha del marco anticolonial” [Trad.] (2017, p. 175).
¿Elementos en común en México, Colombia y España?
Se destaca la campaña de desprestigio a los Estados que acogen la perspectiva de género para desarrollar leyes y políticas públicas, acusándoles de malversar recursos para respaldar una agenda privada e internacional que anhela imponer una ideología que atenta contra la familia y la infancia, agenda, que según los movimientos anti-género /anti derecho, hace parte de un plan liderado por instituciones específicas. Para respaldar su versión, suelen tergiversar la información, recurrir a noticias falsas e interpretaciones sesgadas para incitar al odio en las redes sociales (Abracinskas, et al., 2019) y así desprestigiar o descalificar las demandas y propuestas de instituciones gubernamentales o movimientos sociales que están a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de personas con orientaciones sexuales diversas.
Aunado a esto, el lenguaje laico introducido a los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, etc. (Vaggione, 2014), avivó los ataques de los grupos anti derechos al Estado secularizado, en la medida en que proponen a la (s) religión (es) cómo un actor relevante para educar en valores, lo que implicaría una suerte de reducción (parcial o total) del accionar estatal en asuntos que son de agenda pública, como la educación sexual, para citar un ejemplo. Si bien como lo afirma Chávez (2014), las instituciones religiosas nunca han quedado realmente al margen o han sido muy pocos los Estados modernos que han logrado separar la política de la religión, legitimar el discurso de los grupos anti derecho/ anti género significaría defender la libertad religiosa en términos absolutos y a su vez ignorar derechos humanos que van más allá de las creencias religiosas.
Otro elemento en común es la utilización de lenguaje pseudocientífico y técnico para anclar argumentos religiosos que justifican, entre otros, su postura frente a la anticoncepción y “su interpretación del concepto de familia de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su opinión se refiere a una única forma: la familia heterosexual” (Granados y Amador, 2018, p. 7). Es, entre líneas, un “discurso misógino, homolesbotransfóbico, atravesado por otras formas de discriminación” (Abracinskas, et al., 2019, p. 10) que claramente violenta los derechos humanos actuales, pero que se mimetiza en argumentos “posverdad”9 para manipular la opinión pública y provocar en ella emociones, actitudes y actuaciones que les resulten a favor. Justamente, la utilización de esas estrategias les facilita ganar fuerza política y ocupar espacios en esa esfera, pues una característica similar en los tres países es que utilizar la “ideología de género” como herramienta catapultó la carrera política de personas y grupos que abanderados en la fe, “invitan a los creyentes a no ejercer la religión como algo íntimo, sino como algo que se lleva a la calle, al terreno político, a las decisiones electorales” (Gil, 2020, p. 73). Así han logrado ocupar lugares en distintos niveles gubernamentales y en instituciones estatales de envergadura.
En último lugar y articulado con lo descrito, en los tres países se visualiza el surgimiento de alianzas entre organizaciones religiosas y partidos políticos de corte conservador, que escudados en la “defensa de la vida”, la niñez, la familia y el matrimonio intentan acceder a espacios de poder. Son coaliciones que al parecer han cruzado fronteras, estableciendo redes internacionales financiadas10 por organizaciones que funcionan desde “centros neurálgicos” que apoya (con dinero, con asistencias técnicas, publicidad, etc.) aquellas acciones acordes a su óptica (Gil, 2020).
Conclusiones
Aunque el texto no se concentró en puntualizar los logros alcanzados por el movimiento feminista y de grupos a favor de los derechos sexuales / reproductivos y la diversidad, es menester reconocerles en la medida en que sus acciones han trazado un camino sumamente importante para la igualdad de género en el mundo y para el goce de derechos que en países como Colombia, México y España hubiesen sido impensables para las mujeres y la comunidad LGTBIQ en otras épocas.
La concreción paulatina de esas luchas se ven amenazadas actualmente, debido al (re) surgimiento de discursos con matices religiosos, que acuden a la ideología de género como argumentación científica para deformarla y lograr trascender una base religiosa, lo que podría significar por un lado, una suerte de desacreditación a la ciencia y a los adelantos que en materia de género se ha tenido en las últimas décadas, y por otro lado, una táctica para incursionar en ámbitos políticos, espacios de poder donde se toman decisiones de suma importancia para la agenda pública.
La “ideología de género” se percibió en este artículo como una estrategia eficaz para generar desinformación ciudadana, ya que tergiversan, minimizan información compleja, proveniente de las ciencias sociales y teorías de género para restringir la reflexión, propiciando que las personas asuman dichas teorías como ideas impuestas que no dan pie a la discusión ni a la concertación colectiva, o, en sus palabras, que representa una “agenda ideológica” que amenaza a las instituciones sociales como la familia y el matrimonio.
El mensaje (entre líneas) misógino, homofóbico y discriminatorio de la “ideología de género” debe encender las alarmas frente a la defensa de los derechos humanos, y los derechos sexuales y reproductivos ya alcanzados. Resulta prioritario continuar estimulando espacios académicos y acciones colectivas de los movimientos sociales con perspectiva de género, para que desde ahí surjan aproximaciones científicas que aborden estas nuevas lógicas sociales; se analice críticamente la dinámica, los actores, las acciones, las metas de quienes buscan oponerse a iniciativas que intentan transformar aspectos de la estructura social a favor de la igualdad.
Un limitante de esta revisión temática es que no hubo acercamiento directo con la ciudadanía para conocer su opinión y reflexión respecto al tema central, dichas percepciones podrían dar luces sobre si realmente la “ideología de género” es un fenómeno aleatorio - coyuntural o ha logrado instalar en el imaginario colectivo una serie de pánicos morales que puedan demarcar a largo plazo el horizonte político, social y cultural de países como México, Colombia y España.
