Interseccionalidad y violencia de pareja

El pensamiento interseccional desde sus inicios ha propuesto una apertura epistemológica, política y analítica a las investigaciones de género, entre ellas las relacionadas con violencia de pareja (^{Guzmán y Jiménez, 2015}; ^{Medrano et al., 2017}). Sobre su génesis, si bien su apuesta discursiva se evidencia en estudios feministas de los siglos XVIII y XIX (^{Viveros, 2016}), su discusión ha sido ampliada en la década de los ochenta por Kimberlé Crenshaw a través de la defensa jurídica efectuada a mujeres negras trabajadoras despedidas de la empresa General Motors, en Estados Unidos (^{Crenshaw, 1988}; ^{Cubillos, 2015}). Argumentado el proceso legal desde la corriente epistemológica del feminismo negro, el manejo del caso debatió las simultáneas discriminaciones asociadas a las dimensiones de género, raza y clase social que determinan sistemas de opresión excluyentes de grupos sociales no hegemónicos. Este panorama originó discusiones sobre los sistemas estructurales de desigualdad a partir de las categorías que entrecruzan la identidad del ser humano (^{La Barbera, 2016}).

Su argumento abrió un panorama analítico sobre las opresiones prevalentes en las relaciones sociales y estableció comprensiones simultáneas de la experiencia de habitar un contexto (^{Parada, 2018}), su conocimiento en las ciencias sociales posibilitó el estudio de las prácticas de dominación y sus derivaciones en la vida cotidiana (^{Cavalcante, 2018}). Para Patricia Hill ^{Collins (2000)}, pionera en la articulación del concepto descrito por Crenshaw al pensamiento feminista negro, la Interseccionalidad ha contribuido a pensar cómo operan los sistemas de discriminación a partir de las interconexiones de categorías híbridas de la identidad humana como el género, la clase social, la etnia, la raza y demás dimensiones que diversos autores posteriormente abordarían, entre ellas la discapacidad (^{Serra, 2017}), la edad (^{Viáfara, 2018}) y el nivel educativo (^{Dionisio y Lewin, 2020}).

Su apuesta, más allá de su posicionamiento teórico y metodológico en el análisis de las relaciones sociales, resulta ser una proyección política que promueve la lucha contra las opresiones estructurales que entrecruzan las identidades (^{Cubillos, 2015}). Para^{Viveros (2016)}, estos procesos de movilización rescatan la insignia feminista, “lo personal es político” y se enmarcan en la descolonización de las minorías del feminismo desde un reconocimiento de las experiencias negras, no occidentales, lesbianas, indígenas y demás vivencias que fueron poco visibles frente a las privilegiadas por las mujeres occidentales, blancas y burguesas (^{Boddenberg, 2018}). Desde este panorama, el sujeto político se sumerge en la interrogación de los privilegios, el poder, el capitalismo y las identidades hegemónicas generadoras de desigualdades en una sociedad (^{Munévar, 2012}).

Uno de los campos de mayor aplicación del análisis interseccional ha sido las manifestaciones de violencia de género, entre ellas las ocasionadas en la vida íntima de pareja (^{Mellizo y Cruz, 2016}; ^{Muñoz y Larraín, 2019}). Históricamente, las estrategias de abordaje llevadas a cabo sobre esta problemática han presentado un carácter unilineal donde las características e identidades de la víctima, quién en su mayoría es una mujer, son generalizadas y presentan un marco monolítico procesual para su acompañamiento e intervención. Desde la perspectiva de García (2015), este manejo resulta ser aislado de los ejes de desigualdad existentes en cada caso y su experiencia es cualitativamente diferente debido a las vulnerabilidades que superponen la vida de una persona.

Al explorar estudios interseccionales que analicen la violencia íntima de pareja, ^{Medrano et al. (2017)} estudian en México la atención del sector salud a las mujeres víctimas receptoras de agresiones en el ámbito doméstico. A partir de las dimensiones de estatus socioeconómico y etnicidad, se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica de los Hogares (Endireh), con el fin de comprender el tipo de vivencia obtenida en su acercamiento a una institución médica como consecuencia de los hechos efectuados por su pareja afectiva (^{Inegi, 2011}). Como resultados, las autoras evidencian que las mujeres pertenecientes a una comunidad indígena y con elevados niveles de pobreza poseen como primer canal de acceso médico las instituciones públicas de salud. Sobre esta idea, la investigación concluye que las deficiencias estatales en este sector afectan en mayor medida a esta población al no poseer otras opciones de atención como medicina alternativa, prepagada o médicos privados.

En Zimbabue, ^{Chadambuka y Warria (2021)} indican que las mujeres rurales se enfrentan a barreras asociadas con el acceso a los sistemas institucionales existentes en su territorio para el abordaje de la violencia de pareja. En sus resultados señalan que las mujeres se limitan a solicitar procesos de acompañamiento debido a deseos personales asociados a mantener los matrimonios, la incertidumbre por el manejo confidencial del hecho, e igualmente, la falta de recursos económicos para sobrellevar su independencia del hogar. En Esmeraldas, Ecuador, ^{Castillo (2020)} analiza la violencia económica y patrimonial de pareja en mujeres afrodescendientes desde las dimensiones de clase, raza y género a partir de las narrativas de sus víctimas. En su argumento, la autora indica la existencia de un desconocimiento de las rutas de atención disponibles para la búsqueda de apoyo psicosocial, situación que incentiva una naturalización de la violencia en sus hogares y profundiza las relaciones de dependencia económica trazadas con el proveedor masculino.

En Colombia, ^{Mellizo y Cruz (2016)} analizan la prevalencia de los derechos sexuales y reproductivos en un sector popular de Bogotá. Desde la participación de un grupo de mujeres jóvenes se observaron los limitantes en el acceso a servicios de salud y su interacción con manifestaciones de violencia asociadas al género. Como resultado, el estudio observa una invisibilización institucional de las intersecciones que diseñan sus identidades e igualmente, señalan silencios u omisiones en las experiencias de las mujeres para la exigibilidad de sus derechos. Finalmente, los autores concluyen la necesidad de fortalecer intervenciones que fomenten cambios acumulativos de equidad en la vida privada y de manera simultánea, procesos de acción comunitaria para la prevalencia de sus decisiones en escenarios públicos frente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Desde otra mirada, a raíz de un análisis de las relaciones socioafectivas entre adolescentes, ^{Garzón (2018)} describe las intersecciones entre raza, clase social, género, generación y diversidad funcional para señalar las experiencias de resistencia que efectúan las mujeres en la construcción de vínculos de pareja y articula la discusión de estos comportamientos con las políticas de salud pública en Colombia. En este contexto, la autora problematiza las discriminaciones en la atención a salud ocasionadas por las estructuras de opresión que posicionan obstáculos en la promoción de programas de impacto en las dinámicas de la vida adolescente. Como conclusión, el estudio sitúa la interseccionalidad como una mirada que favorece las discusiones de salud pública desde el reconocimiento de las identidades no hegemónicas que imbrican el cuidado de los cuerpos.

En Boyacá, específicamente en sus contextos rurales, los estudios sobre violencia de pareja analizados desde un lente interseccional son escasos y su aplicabilidad en programas de acción gubernamental presenta amplios retos para su ejecución. La complejidad institucional de su entorno (^{Álvarez et al., 2021}), sumado a las interacciones cotidianas que nacen desde las maneras de habitar una espacialidad andina agropecuaria, artesanal, minera, industrial y multifuncional, sitúan una serie de dimensiones que entrecruzan la experiencia de hombres y mujeres en dinámicas familiares que delimitan una relación ecológica propia en las interacciones de pareja (^{Triana et al., 2010}; ^{Álvarez, 2013}). Desde este panorama, se establece la necesidad de construir estudios que promuevan conexiones analíticas entre las categorías sociales de género, clase, raza, educación, discapacidad, generación, entre otras, como forma de definir la violencia desde la multidimensionalidad de marcas estructurales que cruzan los cuerpos de quienes las vivencian.

Contexto de la violencia de pareja en Soracá

Al revisar el concepto de violencia, la ^{Organización Mundial de la Salud - OMS (2013)} define su génesis como la ocurrencia de situaciones caracterizadas por el uso del poder, el empleo de la fuerza o el sometimiento de una persona por otra, de la misma manera, la establece como una de las formas más comunes de agresión, especialmente contra la mujer, desde una multiplicidad de acciones asociadas a conductas como el maltrato físico, sexual, emocional o comportamientos controladores efectuados por un compañero íntimo. Esta conceptualización se centra en las relaciones sociales desiguales de género, sin embargo, no se contempla el contexto estructural que determina las marcas en la cotidianidad familiar de estos hechos (^{Dobash y Dobash, 2004}).

Para ^{Johnson (2011)}, toda violencia de pareja es distinta y depende de las condiciones en que se manifiesta en términos de control, género, severidad e impacto, aspecto que desde una mirada interseccional lleva a plantear apuestas por resignificar el sujeto desde su complejidad. Posicionar su aplicabilidad implica comprender las opresiones estructurales y los privilegios naturalizados que caracterizan un sistema social, político, económico, cultural y religioso. Estas desigualdades se materializan en categorías que acrecientan las vulnerabilidades que entrecruzan la identidad de una persona (^{Garzón, 2018}). Su articulación al panorama institucional de atención favorece la construcción de miradas diferenciales frente a las experiencias de las personas y proporciona herramientas políticas generadoras de reflexividades constructoras de agendas transformadoras.

^{Wangmann (2011)} señala la existencia de avances frente a una comprensión heterogénea de la violencia de pareja y reconoce la importancia de las experiencias subjetivas, las condiciones del territorio y las metodologías de acompañamiento psicosocial recientemente utilizadas en su abordaje. Sobre esta idea, ^{Stubbs (2015)} precisa que la violencia de pareja resulta contener un fuerte componente de afectación emocional y se sitúa en dimensiones que generan privilegios o vulnerabilidades según el proceso de atención establecido por las instituciones de un contexto. Estas desigualdades se traducen a la vida social en la construcción de imaginarios que determinan las posibilidades de abordaje, acompañamiento y los mecanismos de prevención que presentan los marcos normativos, políticas, planes, programas, proyectos y protocolos para el manejo de estos hechos.

En Colombia, para el año 2019 de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -INMLCF/ Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia-GCRNV, las denuncias de violencia intrafamiliar fueron 73.309. De ellas, el 64,83% corresponden a violencia de pareja, el 20,64% a violencias entre otros familiares, el 11,55% a violencias contra niñas, niños y adolescentes y por último el 2,99% correspondió a violencias contra el adulto mayor. Para 2020, temporalidad marcada por la situación de pandemia generadora de estrategias de confinamiento preventivo en el hogar, se ha observado un aumento considerable entre marzo y abril del 163% en la línea de atención contra la violencia, con un 90% de las llamadas realizadas por mujeres (^{Observatorio Colombiano de las Mujeres, 2020}).

En Boyacá durante el primer trimestre del 2019 se notificaron un total de 668 violencias de género e intrafamiliar (^{Instituto de Medicina Legal, 2019}). Para el último trimestre de ese mismo año se registraron 2.355 casos en los cuales la violencia física ocupó el primer lugar con un 69,8%; 18,5% por encima del valor nacional. Estos hechos fueron seguidos por la violencia sexual con el 14,9%, luego la negligencia y abandono con el 7,9% y por último la violencia psicológica con el 7,4% (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, 2020). Las estadísticas en mención muestran un aumento considerable en las denuncias establecidas frente a esta problemática, no obstante, la ampliación institucional para su acompañamiento no ha crecido de manera paralela. Esta situación conlleva una disminución en la capacidad de atención establecida por la normativa para su abordaje.

Frente a los sucesos de violencia en los municipios, se evidencia en Soracá una tasa de violencia en el hogar que para 2017 fue de 440,1 por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la reportada por el departamento donde existía una tasa de 204,6 por cada 100.000 habitantes. Respecto a la violencia contra la mujer, se observa para este mismo año una tasa de 739,6 casos por cada 100.000 mujeres, estadística que duplica la reportada por Boyacá en la que se expresa una tasa de 312,8 por 100.000 mujeres (E.S.E. Centro de Salud Fe y Esperanza, 2017). Este panorama prevalece en territorios rurales donde los limitantes en el acceso a un ecosistema institucional son mayores, dadas las desigualdades en la promoción de servicios en estos contextos, a diferencia de lo que acontece en los escenarios urbanos.

De acuerdo con las proyecciones del ^DANE para 2019, Soracá presenta una población de 6069 personas. Este territorio es un municipio que se caracteriza por ser rural al encontrarse un 85,5% de su población, es decir 4366 habitantes, en este contexto. Del total de residentes los hombres predominan con un 50,9% y las mujeres corresponden al 49,1% restante. El ecosistema institucional del municipio considera una ruta de atención para víctimas de violencias de género desde acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. En este acompañamiento se indican las actuaciones de la comisaría de familia, el centro de salud y la policía nacional como actores centrales para el manejo de sus denuncias. Esta red aborda a la víctima desde sus competencias en áreas de salud, protección y justicia.

Teniendo en cuenta el panorama presentado, especialmente el referido a escenarios rurales, la violencia de pareja se reconoce como un hecho agudizado por el contexto de la covid-19, en este sentido, las condiciones de este entorno constituyen análisis cuya comprensión no es posible considerar solo desde sus consecuencias (^{García et al., 2021}). Si bien las investigaciones sobre los factores que confluyen en la violencia contra las mujeres ha sido amplia y propone esfuerzos en identificar causas, generar acciones para fortalecer las denuncias y visibilizar los efectos que tiene sobre las mujeres agredidas (^{Puente et al., 2015}; ^{Rodríguez, 2016}), aún queda la necesidad de hacer una mayor comprensión de las intersecciones en las identidades que moldean su experiencia y las opresiones que prevalecen para su atención institucional.

Desde el panorama indicado, el presente estudio describe los procesos de atención institucional presentados para el manejo de la violencia de pareja en el municipio de Soracá, y expone las características que envuelve la red formal de apoyo en una ruralidad campesina altoandina. A partir de estos elementos, se analizan, desde la perspectiva de los actores institucionales que componen el ecosistema de atención de esta problemática, los significados que presentan sobre violencia de pareja, los mecanismos disponibles para su abordaje y el contexto cultural que determina esta problemática.

La violencia de pareja vista desde los actores institucionales de Soracá

Se identifica una tendencia por parte de los actores locales entrevistados en el grupo focal a idealizar el concepto de familia en tanto se mencionan definiciones como las siguientes: “es el núcleo de la sociedad, la familia es primordial, es la base de todo, digamos que es el foco central de la sociedad en el que se forman los valores de los seres humanos” (G.F). En estos significados están ausentes las relaciones de poder, los conflictos y los problemas como parte de la cotidianidad de las familias y las parejas, aspectos que contrastan con las concepciones de violencia de pareja en tanto se ve como un “abuso de poder por parte de un miembro de la familia sobre otro desde la realización de actos de agresión sexual, física, verbal o psicológica en el núcleo familiar” (G.F). Señalan además, que en su accionar se “atenta contra los derechos humanos, repercutiendo en el ámbito de la integridad” (G.F) e indican que estos hechos son “un problema que aqueja la formación y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y a la comunidad” (G.F).

Los actores institucionales expresan que la prevalencia de violencia de pareja ocasiona un daño físico, psicológico y moral tanto a víctimas y a agresores como a los demás integrantes de la familia. Sumado a lo anterior, las funcionarias de la Comisaría de Familia señalan que la violencia intrafamiliar se ha convertido en un “hecho tolerable” debido a que la violencia verbal y psicológica resulta ser normalizada en el municipio y a su vez, ven con preocupación cómo niños, niñas y adolescentes que crecen en entornos de maltrato tienden a salir de sus hogares en uniones de pareja tempranas a las que llegan a replicar los círculos de violencia experimentados desde su infancia.

En respuesta a este contexto, respecto a los actores disponibles en el municipio para la atención de violencias de pareja, se evidencian dependencias asociadas a los sectores de salud, educación, protección y justicia, así como respuestas endógenas desarrolladas por la sociedad civil (Figura 1). A partir de este ecosistema de instituciones, se ponen en marcha estrategias dirigidas a la identificación, denuncia y acompañamiento de los casos. Para esta labor, se sitúa inicialmente a la Policía Nacional como conocedora de los hechos y posteriormente a la Comisaría de Familia al ser la encargada de “la atención directa a personas en relación con problemáticas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, fijación de cuotas alimentarias, reglamentación de visitas o determinación de custodias, restablecimiento y reparación de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad” (G.F). Es importante mencionar aquí que Soracá no cuenta con presencia de centros zonales de ICBF, por lo que la violencia ejercida en el ámbito familiar contra menores de edad también es objeto de atención de la comisaría de familia.

Frente a lo mencionado, las acciones realizadas en Soracá se encuentran dirigidas por la normatividad que determina las funciones de los actores presentes para la atención de las violencias. En este trabajo, las entidades describen una procesualidad enmarcada en cinco factores que delinean sus interacciones institucionales: (1) la identificación y el reconocimiento de los grupos familiares involucrados (2) la “implementación de la ruta y aplicación de los protocolos según el caso” (G.F), (3) la valoración psicológica “de manera individual conociendo la historia de vida de cada persona, los antecedentes y las variables que han llevado a que se presenten hechos de violencia, partiendo desde el principio de que cada persona es diferente” (G.F), (4) la realización de una visita domiciliaria por parte del área de trabajo social para conocer en detalle las condiciones cotidianas de su entorno y (5) establecer como eje transversal la misión preventiva de “velar por el bienestar y garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos e intentar derribar los imaginarios culturales de tal manera que se comprenda que todos somos iguales en derechos y deberes” (G.F) (Figura 1).

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Ecosistema institucional para el abordaje de la violencia de pareja en Soracá, desde la visión de sus actores. 

Al profundizar en los mecanismos de atención de la violencia de pareja, se observa que cuando el hecho es denunciado en el momento de su ocurrencia, la Policía Nacional es la encargada de manejar su disolución y según su magnitud remitir la situación a la E.S.E del municipio para la valoración física, emocional y si existe disposición por parte de la víctima, resulta necesario trasladarse a la fiscalía del contexto urbano más cercano, es decir la ciudad de Tunja, para llevar a cabo el proceso judicial. Por otra parte, cuando el hecho se desarrolla días anteriores, la institución a la que se dirige la apertura del proceso es la comisaría de familia. En Soracá esta entidad cuenta con un profesional en derecho, un asistente administrativo y un equipo psicosocial compuesto por un profesional en psicología y uno en trabajo social, cargos que tradicionalmente han sido ocupados por mujeres. Posterior a la apertura de la medida de protección, la comisaría realiza una remisión del caso al área de psicología con el fin de “generar una valoración psicológica a la víctima y el victimario para conocer dinámicas de la relación de pareja y para realizar una orientación e intervención individual para la convivencia” (G.F). Esta labor se fortalece por el concepto del profesional en trabajo social quien analiza el entorno habitacional, socioeconómico, familiar y relacional que presenta el hogar involucrado en los hechos de pareja. Para este ejercicio “se genera un traslado al lugar habitado por la víctima y desde un reconocimiento de su entorno se formula un diagnóstico sociofamiliar del caso” (G.F).

A partir de esta información recolectada, el equipo psicosocial formula estrategias de acompañamiento encaminadas a generar procesos de “orientación y capacitación a las personas, familias y comunidades en general para la prevención de consecuencias asociadas a la violencia” (G.F). Estas acciones son fortalecidas por actividades asociadas a la realización de “escuelas de padres, talleres de pareja, empoderamiento femenino, campañas en redes sociales y otros medios como afiches, videos, foros, estrategias virtuales debido al Covid, la emisora o los encuentros de pareja con actividades recreativas y pedagógicas junto al área de salud y educación” (G.F); por otra parte, al presentar dificultades como la baja participación o inasistencia de los agresores, los actores manifiestan la utilización de mecanismos jurídicos como la creación de “medios represivos para quien no cumpla y no asista a terapias psicológicas, hacer efectiva la medida de protección que se convierte en una estrategia para tener un acercamiento con las personas o en últimas el cobro de multas económicas” (G.F).

De manera simultánea a las acciones desarrolladas por la Comisaría de Familia, si los casos abordados presentan afectaciones físicas o emocionales profundas, los procesos de acompañamiento son remitidos a la institución de salud del municipio. Desde este trabajo conjunto “se generan algunas recomendaciones y se brinda una asesoría individual y de pareja desde las acciones de la E.S.E” (G.F). Esta interacción institucional busca fortalecer los procesos de atención restaurativos de las consecuencias ocasionadas por los hechos de violencia, por consiguiente, la ruta de trabajo de la E.S.E se encuentra encaminada a construir “sesiones educativas en conjunto con las demás instituciones para prevenir las violencias desde edades tempranas en programas radiales y educación en consulta” (G.F)

Del mismo modo, se articulan los casos a las estrategias dispuestas en el municipio, entre ellas el Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, orientado a la prevención de conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y el Programa Convive Boyacá en familia, dirigido a la prevención de la violencia intrafamiliar y la promoción del buen trato; se desarrollan, así mismo, sesiones sobre convivencia en pareja desde el PIC (plan de intervenciones colectivas) y está la línea de atención en salud mental que brinda orientación a las familias vía telefónica (G.F). No obstante, constituye un enorme desafío para este tipo de programas adecuarse a la diversidad de las familias y las parejas, por ejemplo, aquellas parejas con orientación sexual diferente a la heteronormativa, o las parejas de adolescentes resultado de uniones tempranas.

Para el trabajo de prevención desarrollado por la E.S.E con niños, niñas y adolescentes, los participantes indican que los escenarios educativos son un actor relevante al abordar la violencia de pareja y trabajar en la prevención, detección y atención de la violencia en el noviazgo. Sobre ello señalan que “desde las aulas de clase en procesos preventivos y formativos a través de talleres, conferencias, articulación encaminada a la atención específica de casos con Comisaria de Familia y desde los programas de la E.S.E municipal, se logra prevenir la violencia” (G.F). Esta estrategia resulta fundamental como mecanismo protector al evidenciar que este grupo poblacional habita un escenario de normalización de la violencia en el hogar y relaciona este comportamiento con una manera cotidiana de vivir. La construcción de sus abordajes impacta su futura vida íntima y además, posiciona una convivencia favorable en otros entornos como el escolar o social (^{García et al., 2021}).

Desde la institución educativa, se menciona que sus acciones se materializan a partir de “actividades articuladas con las instituciones municipales y desde los proyectos transversales, en busca de generar aprendizajes en temáticas como derechos y deberes, inteligencia emocional, prevención de violencias y valores con talleres, conferencias y recientemente el trabajo con hombres sobre nuevas masculinidades” (G.F). A partir de lo señalado, desde la intersección de la violencia de pareja con la dimensión etaria y de género, se observa que la articulación entre la red de actores existentes en el contexto resulta ser un ejercicio favorable para llevar a cabo las iniciativas planteadas para sus pobladores, especialmente cuando éstas adoptan una mirada diferencial según el ciclo vital de las personas y se empiezan a promover en los jóvenes nuevas formas de ser y reconocerse como hombres, que se diferencian e incluso posibilitan cuestionar los estereotipos asignados desde el patriarcado, relacionados con la negación de los sentimientos y las emociones, el rol impuesto de proveeduría económica, el atributo de la fuerza física y el consumo de bebidas embriagantes como símbolo de hombría.

En síntesis, el ecosistema institucional establecido en Soracá vincula las áreas de salud, justicia, protección y educación y propone como estrategias para el fortalecimiento del trabajo conjunto “comités, mesas de trabajo y planes de trabajo intersectorial, con enfoque rural” (G.F), por otra parte, describen la necesidad de fortalecer acciones articuladas entre la Comisaría de Familia, la E.S.E municipal, la Policía Nacional, los Colegios y comités municipales como “la red del buen trato, salud mental, mesa técnica de infancia, adolescencia y familia, el comité de prevención de consumo de SPA, comité de convivencia y los seguimientos a la familia” (G.F). Estas sinergias, desde la perspectiva de los actores, se realizan con el fin de ampliar las redes de apoyo del sistema familiar y favorecer un entorno protector contra la violencia.

No obstante, desde la mirada interseccional se identifican barreras en el abordaje de la violencia de pareja en Soracá relacionadas con el género, el nivel educativo, el territorio y la clase social. Según relatos del equipo psicosocial, no siempre se logra llevar la atención al lugar de residencia de la víctima: “necesitamos verdaderamente salir a las casas, salir a las viviendas para hacer verificaciones porque digamos qué estamos haciendo nosotros, por falta a veces de vehículo o a veces de gasolina los estamos citando, mandando venir aquí a la oficina” (G.F).

Y a veces nos vemos sobrepasados porque nuestras capacidades laborales, institucionales no aguantan pa ́ tanta cosa que hay, porque la comisaría no atiende solamente casos de violencia, si no otro montón de situaciones, entonces a veces no se da abasto con todo lo que hay que hacer y si a eso le agregamos que no hay estabilidad en los equipos interdisciplinarios porque la planta de personal se cambia cada año, cada 6 meses pues, no hay una continuidad en los procesos. (G.F)

Según la trabajadora social de la comisaría de familia, la vereda más lejana del casco urbano del municipio se sitúa a dos horas de recorrido a pie, o una media hora en automóvil, esto significa que las mujeres víctimas de violencia de pareja que se ubican en los territorios rurales más dispersos, tienen menores posibilidades de acceso a justicia dado el aislamiento geográfico en el que se encuentran. Desde este panorama, constituye un reto para el ecosistema institucional comprender cómo se superponen a las inequidades de género, las desigualdades educativas y económicas, de tal manera que se logre la adaptación y diseño de nuevas estrategias para el abordaje de cada caso. Hay además un importante desafío político consistente en la superación de barreras que enfrentan los equipos psicosociales relacionadas con la escasa disponibilidad presupuestal, la inestabilidad laboral y la multiplicidad de tareas que de alguna manera configuran una baja capacidad institucional para la detección, atención y seguimiento de problemáticas tan agudas como en este caso, la violencia de pareja.

Ruralidad y contexto cultural de la violencia de pareja en Soracá

El contexto cultural de Soracá es producto de las múltiples interacciones entre hombres y mujeres en un marco político, social, económico y religioso particular. Los participantes de la investigación adjudican a la cultura elementos estructurales que perpetúan la violencia pues, “el machismo y el sexismo que aún está presente en el pensamiento de la comunidad soraquence, inciden en que se genere y normalice la violencia hacia la mujer” (G.F), del mismo modo, indican que dentro de “las causas asociadas a la presencia de violencia en el municipio están el consumo de alcohol, la cultura machista, autoritaria y la falta de formación en valores en la familia”(G.F). Estas condiciones materializan relaciones desiguales en el ámbito privado y público y se manifiestan en la asignación y aceptación de roles en la familia y comunidad, las cuales son reforzadas desde otros escenarios.

Soracá es un municipio con tradiciones católicas arraigadas, cuyos habitantes se identifican y reconocen con ellas. Estas connotaciones están vinculadas a representaciones de su comunidad como una población “religiosa de gente noble, humilde, introvertida y trabajadora” (G.F).

La influencia de la religión en la cotidianidad se manifiesta en las prácticas individuales, familiares y colectivas que definen el encuentro con el otro y la otra. Para los actores locales, la población del municipio se caracteriza por “ser trabajadora y con fuertes uniones y vínculos familiares, sin embargo, es de resaltar que el consumo de bebidas alcohólicas está culturalmente normalizado y aceptado, lo que conlleva a que se presenten conflictos y violencia tanto a nivel familiar como a nivel comunitario” (G.F).

Las anteriores condiciones visibilizan en la ruralidad relaciones de poder construidas y aprobadas por las creencias, clase social, género, edad, economía y educación de quienes habitan este territorio. El entramado de interacciones suma retos adicionales para la comprensión, prevención y atención de las violencias de pareja, pues ubica al hombre y a la mujer en escenarios diferentes y les distancia de las posibilidades de reconocerse iguales en dignidad y derechos. La mujer se enfrenta a múltiples opresiones causadas en su vida personal, familiar, comunitaria y gubernamental. Así se señalan las dimensiones asociadas con la clase social a partir de las dinámicas productivas del contexto rural, el género en el manejo de los roles familiares y la edad en las estrategias trazadas con adolescentes para el abordaje del tema, son claves en las aproximaciones teórico-prácticas que sustentan la creación de estrategias diferenciadas en el abordaje de las experiencias de violencias manifestadas en la cotidianidad de las parejas.

Las intersecciones relacionadas con el género y la clase social dada la falta de empleo y los bajos niveles socioeconómicos definen roles dicotómicos en la vida rural de Soracá. Los actores institucionales manifiestan que los índices de violencia aumentan especialmente cuando disminuyen las actividades laborales en el contexto rural. La proveeduría económica la realiza principalmente el hombre, reconocido en la zona rural por ostentar un poder adquisitivo resultado de la mano de obra en labores agrícolas y pecuarias, mientras la mujer está situada en la vida íntima del hogar con actividades de cuidado y la producción para el autoconsumo. El menor ingreso del hogar no solo se asocia únicamente a la pérdida de empleo del proveedor, sino a la discriminación de la mujer en las labores agropecuarias remuneradas y a las bajas oportunidades estructurales del campo, condiciones que se cruzan y aumentan la complejidad de las violencias de pareja.

En cuanto los cruces con la categoría de edad, clase social y género, culturalmente en Soracá los hogares se conforman a temprana edad. Los participantes señalan que en la adolescencia las parejas inician la conformación de familias, generalmente sin la finalización de sus estudios educativos, sin un proyecto de vida estable y abocada a una parentalidad prematura. Estas condiciones perpetúan y normalizan la cultura que sostiene relaciones de poder de unos sobre otros y que simbólicamente se incorporan en las formas de encuentro privados y públicos. Bajo este panorama, la violencia retrae todos los eventos estresores conducidos en esta población y se crean ciclos configuradores de ambientes de riesgo que profundizan las vulnerabilidades y nuevas relaciones de opresión en diferentes etapas de la vida.

En síntesis, a partir de lo evidenciado desde las voces de los actores institucionales, la violencia de pareja afecta principalmente a las mujeres dadas las condiciones estructurales que trascienden la cotidianidad, a pesar de la existencia de normas que protegen sus derechos. En este sentido, las estrategias interseccionales que analicen las combinaciones de las dimensiones que imbrican la identidad aportan significativamente a las estrategias implementadas por las instituciones que conforman el ecosistema para abordar esta problemática. Es así que, a partir de las intersecciones trazadas entre género, clase social y edad amplía de manera creativa y real las posibilidades para el acompañamiento de la violencia desde la diversidad, la articulación en red y el reconocimiento de las personas como eje central de análisis de las opresiones existentes en la vida íntima de pareja según su contexto, único y complejo.