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Introducción
Desde finales de la década de los 40, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos se convirtieron en un tópico neurálgico en los debates vinculados con el cumplimiento de un conjunto de derechos fundamentales sin distinción alguna: sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, clase social, discapacidad, etnia o cualquier otro determinante social. Esta problematización marcó el inicio para definir los estándares internacionales y regionales orientados en la defensa y la garantía de derechos de grupos poblacionales específicos y, paralelamente, ante temáticas particulares asociadas con la discriminación.
Si bien durante los últimos años se han gestado esfuerzos en la reivindicación de derechos, la democracia liberal ha diseñado un modelo de ciudadanía normativa, en donde se definen quiénes son sus ciudadanas y ciudadanos y, por tanto, sujetos de derechos humanos. Lo anterior devela una contradicción respecto a su “aparente universalidad y neutralidad, ya que la noción vigente de ciudadanía está hecha a la medida de los ciudadanos varones” (Peña, 2010, p. 232). En esta línea, se pueden destacar algunas de esas características obligatorias: blanco, burgués, religioso y heterosexual, que inciden en el disfrute de derechos. Según esta perspectiva hegemónica, las personas ciudadanas deben renunciar a sus identidades, puesto que su objetivo es la construcción de una ciudadanía estandarizada con los intereses de esa democracia y, a su vez, con un conjunto de condiciones proyectadas como esenciales.
Lo anterior remite a la noción de la ciudadanía sexual (Jiménez, 2018), al abordar las problemáticas vinculadas con las políticas de sexualidad. Por consiguiente, dicha categoría apela a que en el ejercicio de “una ciudadanía sexual plena, es necesaria no sólo una expansión de los límites conceptuales, sino que importante modificar las instituciones culturales” (Jiménez, 2018, p. 69). Es una alternativa frente a la concepción fundamentada en el sistema cisheteronormativo que arrebata a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI1) su condición de sujetos de derechos. De acuerdo con Caravaca (2017)
la cisheteronormatividad refiere al marco sociojurídico, descriptivo y prescriptivo que justifica y resalta que las personas se dividen (irremediablemente) de forma natural en dos sexos y dos géneros diferentes y excluyentes (hombres/mujeres, masculino/femenino) y que poseen papeles de comportamiento específicos (performatividades exclusivas). Además, esta noción defiende la postura de que la heterosexualidad es la única identidad sexual del deseo esperable y excluye la diversidad restante”. (p. 6)
En el caso de la población lesbiana, gay y bisexual por el incumplimiento del mandato heterosexual, mientras que las personas trans por su identidad de género transgresora. La cisheteronormatividad se asocia con el cissexismo, en donde se justifican las formas de discriminación dirigidas a las personas transexuales por violentar el binarismo de género (Maniago, 2021).
En esta misma línea, López (2019) afirma que el avance de los derechos humanos de la población LGBTI debe acompañarse de reflexiones críticas y replanteamientos sobre la concepción tradicional, hegemónica y excluyente de la ciudadanía, la cual ha representado un obstáculo en la materialización de la universalidad de los derechos humanos. Por tal motivo, se plantea que este último aspecto provoca tensiones ontológicas entre el sujeto enmarcado en la noción de ciudadanía liberal y las visiones inclusivas que se contraponen a dicha práctica homogeneizadora, con el fin de abogar por una sociedad más inclusiva y justa.
Es importante subrayar la existencia de diferentes vertientes conceptuales para concebir la diversidad sexual y de género. Una de las posturas analíticas más recurrente dimensiona estas diversidades desde los grupos que no cumplen la cisheteronorma, por tanto, contempla un conjunto de prácticas, identidades y orientaciones sexuales que disienten ante esa norma hegemónica e inmutable (Brigeiro, 2012). De ahí que se ha usado de forma sinonímica a lo disidente. Para efectos del artículo, la diversidad sexual y de género se posiciona con contenido político para reivindicar todos aquellos sectores oprimidos por sus orientaciones sexuales e identidades de género. El uso de esta categoría se convierte en un ejercicio emancipador ante la violencia cisexista.
En este texto, se describe la consolidación del movimiento LGBTI en Costa Rica, enfatizándose en las dinámicas organizativas y los actores relevantes a lo largo de las últimas décadas, que le ha permitido convertirse en un actor político y, a su vez, en sujeto de derechos humanos. Es importante aclarar que a pesar de que esta reconstrucción se ordena de manera cronológica, no puede entenderse exclusivamente de forma lineal, pues responde al devenir constante intrínseco a cualquier proceso reivindicatorio y al carácter dialéctico de la realidad social.
Materiales y métodos
Los elementos aportados en este artículo son resultado del desarrollo de una investigación de tipo cualitativo, entendida según los planteamientos de Mejía (2004), quien señala que es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, gráficos e imágenes para comprender la vida social mediante significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. A través de las investigaciones cualitativas se ahonda en el análisis de la información recolectada.
La primera técnica seleccionada es el análisis documental, el cual contempla aristas de tipo lingüístico, psicológico-cognitivo, documental, social e informacional. Por tanto, en esta técnica se involucran los componentes de la tríada: documento-sujeto-procesos (Peña y Pirela, 2007), acercándose a las fuentes de información de manera dialéctica y desde diferentes perspectivas. Asimismo, se ubica la técnica del análisis de contenido, conceptualizada como una estrategia “de interpretación y comprensión de [...] tipo de registro teniendo en cuenta el contexto en el que se produce tanto lo manifestó como lo latente en los discursos, y posible de realizar análisis tanto cuanti como cualitativo” (Cortazzo y Schettini, 2015, p. 45). Esta estrategia requiere un marco de referencia conceptual que cumple un fin analítico. El uso de esta técnica dentro de la investigación tiene como objetivo desarrollar una triangulación de los aportes teóricos y referenciales con los resultados de la ejecución de las técnicas (Baptista et al., 2014).
Una aclaración pertinente en términos metodológicos alude a la historización del presente estudio, que aborda el período comprendido entre 1965 a 2020, pues la década de los 60 representa la coyuntura histórica durante la cual se configura el surgimiento de los nuevos movimientos sociales (NMS) en el mundo (Habermas, 1981; Touraine, 2006; Almeida, 2020). Asimismo, como parte de los criterios de selección de dicho período se resalta la inexistencia de fuentes que hayan sistematizado información respectiva a las luchas de la población LGBTI costarricense en décadas anteriores. Vale agregar que la reconstrucción sociohistórica abarca los procesos de resistencia, en los cuales los diferentes grupos de la población LGBTI2 han pugnado para la conquista de sus derechos, permitiéndoles consolidarse como un movimiento social que apuesta por la transformación.
Los datos recopilados se analizaron mediante el proceso de la triangulación hermenéutica, que consiste en “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, 2005, p. 68). Para fortalecer el proceso de análisis de resultados se empleó la aplicación informática ATLAS.ti 8, que es una herramienta tecnológica en los estudios cualitativos, al permitir codificar datos textuales y en formato multimedia a partir de las unidades hermenéuticas planteadas en el proceso investigativo.
Antecedes contextuales del movimiento LGBTI en Costa Rica
La lucha por los derechos de la población LGBTI en territorio costarricense no se ha caracterizado por el surgimiento de grandes revueltas sociales, tal y como sucedió en otros países de América Latina, por ejemplo, en Argentina, Chile, Brasil y México (Figari, 2010). Respecto a esta idea, Gamboa (2008) plantea que
En el caso de Latinoamérica pueden ubicarse asociaciones, manifestaciones y reivindicaciones de personas que reclaman la diversidad sexual, desde finales de la década de los años 60. Por ejemplo [...] el primer grupo político de homosexuales argentinos, llamado Nuestro Mundo, nace en 1968, y que existe una larga tradición en Argentina, Chile, Brasil. (p. 2)
Lo anterior, se puede atribuir a diferentes elementos contextuales, en donde sobresale la ausencia de procesos dictatoriales cívicos o militares3 en esta nación centroamericana durante la segunda mitad del siglo XX. Junto a lo anterior, se suma la idiosincrasia costarricense basada en la paz, la democracia y la libertad que, a su vez, oculta una serie de contradicciones en sus prácticas y retóricas (Schifter, 2020).
La ausencia de procesos dictatoriales en Costa Rica no se puede traducir en una efectivización sustantiva per se de los derechos humanos para las personas sexualmente diversas. De acuerdo con Jiménez (2016), la criminalización y la persecución de las personas LGBTI se desarrolla principalmente en el siglo XX teniendo dos dinámicas simultáneas. Por un lado, la construcción sobre la homosexualidad desde una visión dominante, en donde se coloca como una identidad “desviada” y minorizada. Por el otro, se establecen esfuerzos nacionales e institucionales para controlarla y reprimirla. El autor concluye que “el punto medular de ambas dinámicas es la exclusión de la homosexualidad de la vida pública” (Jiménez, 2016, p. 62), es decir, negar su existencia desde diferentes retóricas desplegadas por actores religiosos, políticos y económicos de la época, articulados desde retóricas conservadoras.
En esta misma línea, en Costa Rica se instituyó un discurso hegemónico en torno a la normalidad y moralidad sexual. Según Jiménez (2021) “en la primera mitad del siglo XX, se vislumbra un proceso de construcción de la normalidad sexual, el cual es materializado a través de todos aquellos elementos que buscaban guiar el comportamiento entre personas de distinto sexo” (p. 3). Este proceso “informativo” lo desarrolló el sector médico, fundamentado en la base ideológica del liberalismo costarricense. Por esta razón, a través de los textos difundidos (guías, manuales y cartillas higienistas), se logró imponer la heterosexualidad como institución social y régimen político de organización del deseo, incluyéndose las prácticas sexuales y las relaciones afectivas, cuyo fin era mantener el orden sociosexual.
Seguidamente, la criminalización se comenzó a suscitar de forma evidente durante el gobierno de José Joaquín Trejos (1966-1970), en donde la policía ingresaba a los bares considerados “amigables” de la diversidad sexual y “[...] se llevaba a todo mundo, la gente se organizaba, pero siempre llegaban y aun así siempre se llenaban los bares, pero se los llevaban y se pelaban ‘cocos’4 a las personas y permanecían encerradas toda la noche” (Fallas y Gómez, 2012, p. 153). Sobre esto, Jiménez (2016) explica que en ese momento las razones que motivaban al Estado costarricense a realizar las redadas en los lugares de socialización gay, podrían responder a objetivos de higienización urbana, incluso ante las quejas presentadas por vecinos para que el Estado ejecutara algún tipo de acción coercitiva contra estos lugares. La sociedad era el panóptico represor encargado de mantener los estándares sexuales y morales.
Durante la primera mitad de la década de los 70, los grupos religiosos y morales externaron su molestia a partir de la despenalización de la homosexualidad en el Código Penal, aprobada en 1971. Antes de ese acontecimiento, que no se puede caracterizar como el otorgamiento de un derecho, sino más bien fue la eliminación de una de las múltiples barreras normativas en cuanto a la igualdad; la acusación y la sospecha por “sodomía” se convirtió en un mecanismo punitivo ejercido por la sociedad para vigilar y castigar la homosexualidad:
Los ciudadanos “normales” no se limitaron a levantar el dedo acusador frente a los “anómalos”, también los vigilaron, persiguieron y reprendieron físicamente. Si bien, en algunos expedientes judiciales se aprecia la integración de conceptos provenientes de las ciencias médicas para definir esta transgresión, la criminalización se impone sobre cualquier consideración psicopatológica. El escarnio público contra los “sodomitas” impidió que en los juicios hubiera cabida para las voces transgresoras. (Alvarenga, 2007, p. 70)
Los aportes de Foucault (2002) permiten profundizan los mecanismos punitivos construidos para garantizar la heteronormatividad como régimen de control de las relaciones sexoafectivas. Además, las maneras sancionatorias también fueron asumidas por los medios de comunicación masivos, quienes desempeñaron un papel decisivo en la difusión de discursos discriminatorios. El artículo “Hacia la formación integral del joven delincuente”, publicado en el diario La Nación, Martínez (1974), indicaba: “Duele ver a los jovencitos jugando de homosexuales con sus mejillas sonrosadas por el carmín, blusas transparentes y ceñidos pantalones. Se contornean y miran a los hombres como lo haría cualquier mujer” (p. 3). Esto más allá de ser una clara expresión de plumofobia, demuestra que en esta década los hombres travestis eran la imagen visible de la diversidad sexual y de género (Schifter, 1989). En los debates contemporáneos, la plumofobia se conceptualiza como la fobia al comportamiento “afeminado o amanerado” en los hombres (Ariza, 2018). Esta fobia también ha sido denominada como sissyphobia (Bergling, 2001), effeminophobia (Tas, 2007) y jofotobia (Treviño, 2017).
La salida del clóset tenía un alto costo social, al no existir el movimiento social LGBTI que facilitara la articulación y el musculo político:
[...] en este contexto no era ni política ni socialmente ventajoso el asumir públicamente una identidad sexual diferente a la norma, no habían organizaciones en las cuales se pudiera buscar apoyo, no había ninguna agenda política a la que se pudieran adscribir, la influencia de otros países en torno a la diversidad sexual no era lo suficientemente fuerte para traspasar la capa dura de conservadurismo, ignorancia y discriminación imperante. (Jiménez, 2016, p. 63)
De igual manera, la nota “periodística” citada en párrafos previos, establece una relación directa entre los delitos, el tráfico de drogas, la prostitución y las “desviaciones sexuales”: homosexualismo, masoquismo y sadismo. Como se mencionó, la diversidad sexual ha sido criminalizada socialmente mediante argumentos morales, legales y religiosos. En este punto, se debe aclarar que el masoquismo y el sadismo forman parte de las parafilias, mientras que la homosexualidad consiste en una orientación sexual (Fonseca y Quintero, 2009; Feijoo, 2017). Por tanto, imponer una vinculación inherente entre estos elementos, solo deja en evidencia la ignorancia que han promulgado los sectores conservadores frente a dichos temas. Esta perspectiva retrograda no puede entenderse como superada, pues como se desarrolla más adelante, continúan fundamentando las posturas regresivas vigentes5 (Arguedas, 2020). Los ataques en la prensa son ejemplos de cómo se operacionalizaron las posturas reaccionarias, provenientes de los sectores antagonistas, en donde surgieron nuevos actores.
Es importante contemplar que en la década de los 70, cuando se generó la revolución sexual, al romperse la idea tradicional del sexo estrictamente con fines reproductivos, se ampliaron las dimensiones de la sexualidad y la autoafirmación de la identidad. Santiago y Toro (2010) señalan que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) retiró la homosexualidad como trastorno psiquiátrico del Manual de Diagnóstico y Tratamiento de Desórdenes Mentales (conocido como DSM por sus siglas en inglés), lo cual empezó nuevas formas de entender la diversidad sexual y de género. Montoya (2006) añade que este retiro se concibió como la oportunidad de un período para iniciar el activismo orientado hacia los cambios socioculturales. Sin embargo, en ese mismo contexto cobraron fuerza las terapias de conversión a nivel internacional, con el propósito de “corregir la orientación sexual”. Dichas terapias promovidas por sectores conservadores apelaban a la “reparación” de la homosexualidad por el bienestar de la sociedad (Montoya, 2006). Estas terapias se articulaban con otros esfuerzos para sancionar la homosexualidad. Por ejemplo, la violencia física desplegada con fines punitivos ejercida desde la sociedad civil por agrupaciones, tal es el caso de los grupos nazis (Holgado, 2017); así como la existencia de normativa que penalizaba la homosexualidad6. Estos esfuerzos de eliminación se convirtieron en motivos del movimiento LGBTI para seguir resistiendo.
Para comprender analíticamente el movimiento de LGBTI debe tomarse en cuenta que se ha convertido en un actor colectivo que visibiliza los ataques provenientes de sectores conservadores, por ejemplo, partidos políticos y grupos religiosos opuestos al reconocimiento y la efectivización de sus derechos. Lo anterior mantiene relación con los planteamientos de Melucci (1994), quien destaca que una de las particularidades de los nuevos movimientos sociales reside en develar lo que el sistema oculta, aquella violencia subyacente y negada desde argumentos anti derechos. A partir del contexto de opresión sistemática enfrentado por las personas LGBTI, surge este movimiento social.
Discusión
Surgimiento del movimiento LGBTI: escenario de luchas
En el marco de este escenario represivo, en 1978 surgió el Movimiento para la Liberación Homosexual, ligado a la Organización Socialista de los Trabajadores. Este movimiento fue una de las primeras organizaciones de personas sexualmente diversas en Costa Rica, originada dentro de una agrupación de trabajadores y trabajadoras de corte socialista que no redujo su perspectiva a la materia laboral, sino que también dimensionó que la diversidad sexual y de género debían ser una lucha atravesada por la clase: “El movimiento para la liberación homosexual, es una organización amplia, abierta, democrática, cualquier persona homosexual y heterosexual puede ingresar, trabajar y expresar sus ideas dentro de ella con el requisito de defender la liberación homosexual” (Serrano, 2002, p. 73), construyéndose nuevas discursividades.
Los 80 se convirtieron en el escenario que permitió la continuidad del conjunto de retóricas y prácticas violentas contra la población LGBTI, ya que la normalidad sexual configurada durante la primera mitad del siglo XX, se fortaleció con la “lucha” contra el VIH/SIDA. De acuerdo con Gamboa (2008), en esta década se recrudeció la represión y la estigmatización por parte de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas, al emplear el descubrimiento y la expansión del SIDA como la justificación ideal para legitimar las sanciones discriminatorias desplegadas, debido al vínculo entre dicha enfermedad y la homosexualidad.
Junto a esto, tomaron auge los bares de “ambiente” convertidos en espacios seguros de sociabilidad para la población LGBTI, como una forma de (re) apropiación de los espacios públicos, la cual ha sido medular en este movimiento social. Chacón (2015) plantea que “el surgimiento de bares como espacios lúdicos, durante esta década, como el Coche Rojo, el Feo Carril, Afrodita, los Cucharones, La Torre7, entre otros [...] favorecieron la posibilidad de sentir algún nivel de ‘libertad’ para ser y estar, como gay o lesbiana” (p. 12). Estos espacios seguían transitando entre la dicotomía de lo privado y público, pues a pesar de representar espacios seguros se ejercía violencia contra las personas que asistían regularmente a los bares:
A tal punto se vivía la discriminación y represión, que cuando la policía llegaba se encendía un bombillo y cada quién ya sabía que significaba: o te ibas a sentar o te ponías a conversar cualquier cosa o bien había quienes se quedaban en la pista de baile simulando “heterosexualidad”. (Chacón, 2015, p. 13)
La represión constante y el abuso de autoridad por parte de la fuerza pública8 realizados durante años, conllevó a que las personas dueñas de los bares idearan una estrategia llamada “Bombillo rojo”, al que hace referencia la cita anterior. Esto se planificó para evitar las detenciones policiales, puesto que durante algunas de las redadas “los hombres detenidos fueron rapados por la Policía. Cuando en sus trabajos indagaron por qué, fueron despedidos” (Rojas, 2017, párr. 4). Por esta razón, el uso del bombillo rojo se volvió parte de las tácticas la población LGBTI, circunscritas a sus dinámicas organizativas para resistir ante la represión enfrentada sistemáticamente.
En esta década no existía una visibilización pública de las personas LGBI, a excepción de la población trans; tampoco se identificaba una organización con líderes notorios (Jiménez, 2016). A diferencia de lo que sucedía en otros países de la región latinoamericana, en donde el movimiento LGBTI estaba apropiándose de los lugares públicos (Gómez, 2011). Esto no quiere decir que en Costa Rica no existía organización de la población sexualmente diversa en los 80, lo que sucede es que los repertorios de lucha y las demandas se construían desde la clandestinidad, con el fin de no exponer a las personas ante tratos inhumanos ejercidos por las autoridades policiales.
Es conveniente destacar que las redadas realizadas por la fuerza pública se articularon con el sector salud, con el fin de diseñar nuevas formas para vigilar y castigar a la población LGBTI; es decir, se reactivó el vínculo entre el aparato represivo del Estado con el aparato científico. En este caso, las redadas en los 80 se enfocaron principalmente en la detención de hombres homosexuales, puesto que era el grupo poblacional que más contraía VIH. Por tanto, los hombres detenidos eran sometidos a pruebas clínicas con el propósito de identificar si eran seropositivos o no. Se partía de la idea de que cualquier gay era portador del VIH, por tanto, todos debían ser testeados. De acuerdo con Jiménez (2016), las personas que habían contraído dicho virus eran hospitalizadas en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en San José. Luego, se asignaban a un salón ubicado en el sótano del hospital, en donde se encontraban desatendidos por el personal de salud. Era una forma de hacerles sentir culpables.
En este punto se deben incorporar dos elementos. En primer lugar, en la década de los 80, a pesar de que la homosexualidad no estaba tipificada como un delito; socialmente, se asociaba con la criminalidad y la delincuencia. Como bien señala Jiménez (2016), no es casualidad que en este contexto se convirtiera en una práctica común destacar la orientación sexual cuando sucedía algún crimen. Por ejemplo, Esquivel (1987) informaba que un hombre no identificado había sido asaltado por un homosexual en horas de la noche. Meses después, ese mismo diario relataba que un hombre gay había asaltado a un heterosexual (Rodríguez, 1987). Lo anterior aportaba una característica o rasgo al perfil delictivo, configurado dentro del imaginario social.
En segundo lugar, a finales de los 80, el movimiento LGBTI cobra fuerza en su organización de repertorios de lucha, que dejan de permanecer en la clandestinidad y empiezan a problematizarse diferentes realidades en el espacio público. Inicialmente, las dinámicas organizativas del movimiento social colocaban el tema del SIDA como central. Por consiguiente, las acciones se caracterizaban por la educación, la prevención y la sensibilización. Respecto a lo anterior, Gamboa (2008) apunta que las agrupaciones sexualmente diversas situadas en este contexto, compartían una preferencia por el eje educativo sobre el disfrute pleno e integral de la sexualidad.
Dentro de este escenario, destaca el surgimiento de la Asociación de Lucha contra el SIDA, en 1987, la cual se definió como una organización gay-lésbica, integrando el eje educativo y preventivo. En 1993, dicha organización se convirtió en el Instituto Latinoamericano de Educación y Prevención en Salud (ILPES), manteniéndose activa hasta 2001. A partir de este cambio en su nombre, se empezó a brindar atención telefónica, realizar talleres socioeducativos, así como investigaciones y publicaciones (Gamboa, 2008). Durante su existencia, su principal objetivo giró en torno a la educación sexual y el placer de la sexualidad responsablemente, siendo una de las organizaciones con mayor protagonismo e incidencia en esta década.
No obstante, se debe subrayar que los nuevos movimientos sociales al caracterizarse por una heterogeneidad interna, tanto en la construcción de repertorios de lucha, así como sus dinámicas organizativas, existen puntos en los que divergen (Melucci, 1994). En este contexto no fue la excepción, pues algunas agrupaciones emergentes apelaban a que el énfasis exclusivo en la prevención y la educación sexual podía esconder intenciones orientadas hacia la asimilación; en otras palabras, ser percibidos y percibidas como las personas heterosexuales. A partir de esta premisa, se fortalecieron otros grupos articulados en torno a múltiples temáticas, entre los cuales se encuentra el Movimiento Ecuménico de Fe, un movimiento religioso latinoamericano que celebraba misas consideradas “incluyentes” para la población sexualmente diversa.
En esta misma línea, se ubica el Colectivo Gay Universitario, el cual visibilizaba la homosexualidad a través de la proyección del cine en la Universidad de Costa Rica (UCR). Incluso, en el ambiente de esta universidad, se creó el grupo Las Entendidas, siendo el primer colectivo de lesbianas, autoconcebido como parte del movimiento social, cuya agenda de lucha se basó en la organización de grupos de apoyo para mujeres lesbianas y la realización de actividades académicas (Serrano, 2002; Gamboa, 2008; Chacón, 2015). Cabe destacarse que estas últimas tres agrupaciones, al haber encauzado sus esfuerzos en otros tópicos, caracterizó su contienda de lucha por la sensibilización y la visibilización, sin tener propiamente intenciones que apuntaran hacia la reivindicación de derechos negados históricamente. No obstante, esto no quiere decir que la existencia de estos grupos no representara avances en las luchas; al contrario, su presencia por sí sola simbolizaba el fortalecimiento de la resistencia.
Los 90 significaron un cambio paradigmático en las dinámicas organizativas del movimiento LGBTI en Costa Rica. En cuanto al activismo, Schifter (1989) afirma que la propagación del VIH/SIDA despertó la conciencia social dentro de la población respecto a la importancia de articularse; principalmente ante las redadas que seguían realizándose y los ataques cotidianos en la prensa. En esta década surgieron agrupaciones como Las Humanas, organización de mujeres lesbianas con una línea de trabajo similar a Las Entendidas. Asimismo, Gaypoa (Grupo gay rural organizado por jóvenes de Poás de Alajuela) inició un abordaje más amplio de los derechos humanos. Esta organización fue la primera que surgió fuera de la capital costarricense, permitiendo la regionalización del movimiento LGBTI que se gestaba en esa coyuntura.
En 1995, Gaypoa se convirtió en la Asociación Triángulo Rosa. Inicialmente, dicha asociación no se pudo inscribir, pues el Registro Nacional de Costa Rica prohibió la inscripción de organizaciones enfocadas en la defensa y la promoción de los derechos de las personas sexualmente diversas. Ante esto, Francisco Madrigal Ballesteros, activista LGBTI, presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes9, la cual fue acogida por el defensor Rodrigo Carazo Zeledón10 (1993-1997); permitiendo su inscripción formal ese mismo año y, al mismo tiempo, se le concedió su respectiva personería jurídica para funcionar11 (Defensoría de los Habitantes, 1995).
La Asociación Triángulo Rosa abrió sedes en tres provincias: Alajuela, Limón y San José, con el fin de accionar a través del empoderamiento de las personas LGBTI que eran estigmatizadas por el Estado ante la epidemia del VIH/SIDA:
La creación de un movimiento contestatario por parte de los grupos afectados por la enfermedad no se proponía únicamente demandar que los gobiernos tomaran acciones más efectivas contra la infección, sino que también se convirtió en un espacio para la producción e interpretación de conocimiento biomédico, lo que de alguna forma dio las bases para criticar y cuestionar las afirmaciones hechas por los científicos que se basaban en nociones prejuiciosas sobre la homosexualidad. (Jiménez y Soto, 2018, pp. 228-299)
En esta coyuntura emergieron otras agrupaciones: a) Asociación de Lucha por el Respeto a la Diversidad Sexual; b) El Reguero; c) Comunicación para la Diversidad Sexual; y d) Asociación Regional Centro Americana de Gays y Lesbianas (Arcegal) (Gamboa, 2008). Estas organizaciones abogaban por la formulación y ejecución de proyectos en torno a los derechos humanos, en donde se empezó a discutir la efectivización de los derechos. A partir de este contexto, se configuró un movimiento social que buscaba la igualdad legal, con una meta macro hacia la transformación cultural, social y político. Para este fin, se tomó como punto de partida la premisa de la reivindicación, es decir, que los derechos se alcanzaban por una articulación de acciones concatenadas a esfuerzos a largo plazo; en donde la sensibilización y la problematización fueron sustanciales para empezar a tejer las luchas.
La afirmación anterior representa una de las razones neurálgicas por las cuales el movimiento LGBTI se circunscribe dentro de la teoría de los nuevos movimientos sociales, específicamente, debido a que sus luchas giran en torno a la democratización de los derechos humanos, a través de un conjunto de formas de acción construidas relacionalmente, en donde la acción colectiva es la base:
El movimiento tiene como principales objetivos: La abolición de la legislación que penaliza la homosexualidad. Lograr la concientización acerca de los derechos que se les deben otorgar a las personas LGB, para conseguir la equiparación de derechos con los heterosexuales. Promover una posición objetiva acerca de estas personas, erradicando de la sociedad prejuicios, actitudes negativas y rechazos. (Noir, 2010, p. 130)
Seguidamente, como parte de la organización de acciones de visibilización en el ámbito público se encuentra el II Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y el Caribe, a cargo de la organización Las Entendidas. Cabe agregar que en ese momento, Antonio Álvarez Desanti12, ministro de Gobernación y Seguridad Pública durante la administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990), giró un comunicado a todos los consulados de Costa Rica en el extranjero para que negaran visas a mujeres que viajaran solas. Al mismo tiempo, advirtió que aquellas mujeres que llegaran sin acompañantes masculinos, serían rechazadas. Todo el aparato estatal se entrelazó con una intención: prohibir la articulación de mujeres que no cumplían con el mandato heterosexual.
La situación no quedó ahí, pues durante la noche mientras se realizaba el congreso, varios hombres llegaron a tirarles piedras, e incluso, detonaron armas de fuego con el propósito de dañar su integridad (Chacón, 2015). Esos hombres en ejercicio de su masculinidad hegemónica y lesbofobia, sintieron el apoyo del Poder Ejecutivo, representado por Álvarez Desanti, para intentar reprimir y violentar de forma física a las mujeres lesbianas. Por tal razón, dentro de los estudios de diversidad sexual se ha insistido en que las posturas de las personas gobernantes pueden determinar la opinión pública, pues quienes reprimen la diversidad sexual consideran que sus acciones tienen un “fin social de defender la moralidad”, respaldado por el sector que gobierna y verbaliza discursos de odio y violencia (Flores, 2007).
Otros espacios que se realizaron a final de los noventa en Costa Rica fueron: a) I Foro de Diversidad Sexual en Costa Rica (1998), b) I Conferencia Centroamericana sobre Derechos Humanos y VIH/SIDA Gay, Lésbica, Bisexual y Transgenérica (1998), y c) Festival de Lesbianas en Costa Rica (1998-1999). Sumado a lo anterior, respecto a las organizaciones, en 1999, la Asociación Triángulo Rosa se disolvió, marcando el inicio de espacios organizativos protagónicos, tales como el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Tertulia entre Mujeres, Comunidad Arcoiris, Mulabi13, Trans Vida, Comisión de Género y Diversidad de la Federación de Estudiantes de la UCR y el Movimiento Diversidad.
Desde el surgimiento del movimiento LGBTI costarricense se ha entrelazado con los campos de incidencia planteados por Yagenova (2009), a saber: simbólico, interactivo, institucional y sustantivo. En primera instancia, en el campo simbólico, los esfuerzos se orientaron a la transformación de los patrones culturales y los sistemas de opiniones y creencias, con el fin de erradicar la discriminación. En el caso del campo interactivo, han emergido nuevos actores sociales con demandas que responden a los intereses particulares de cada escenario social, político, económico y cultural.
Por parte del campo institucional, algunos actores encauzaron sus esfuerzos al ámbito institucional y gubernamental, diseñando estrategias de incidencia política. Mientras que en el campo de lo sustantivo se empezó a insistir en el desarrollo de políticas que garanticen la efectivización de derechos humanos de las personas LGBTI, por ejemplo, la derogación de normativa reproductora de violencia, tal es el caso de las leyes que penalizaban la homosexualidad. En dicho campo, se planteó que los reconocimientos simbólicos no eran suficientes, pues debía abogarse por la existencia de cuerpos normativos garantistas de los principios de la igualdad y la no discriminación. Esta última afirmación es profundizada en el siguiente apartado.
Nuevas dinámicas organizativas de cara al siglo XXI
Con el inicio del siglo actual, la incidencia de los colectivos del movimiento LGBTI, que habían emergido en décadas anteriores junto a nuevos grupos, generó una ruptura sociocultural paradigmática, que modificó las bases contextuales para empezar a pugnar desde otras trincheras hacia el reconocimiento y la aprobación de normativa desde el enfoque de derechos humanos, con el fin de contar con instrumentos jurídicos para la exigibilidad y el cumplimiento de sus garantías. En el marco de este contexto, una de las estrategias desarrolladas por el movimiento de diversidad sexual fueron las marchas, como oportunidades para visibilizarse y externar sus demandas:
La apropiación del espacio público es un elemento importante de la ciudadanía sexual; el espacio público, ya sea este una calle, una plaza o un parque, ha sido reapropiado y resignificado como un lugar de reivindicación, visibilización y conmemoración [...] La visibilización ha estado intrínsecamente relacionada con el contexto urbano y, en ese sentido, la historia de los movimientos en pro de la diversidad sexual en Costa Rica es, en su mayor parte, una historia anclada en la ciudad, de manera que no es coincidencia que todos los festivales del Orgullo se lleven a cabo en San José, la capital del país. (Jiménez, 2017, pp. 67-68)
De acuerdo con Monsiváis (citado por Jiménez, 2017) la celebración y reivindicación del orgullo debe ser internacional, debido al carácter histórico y sistemático de la represión. Es por este motivo, que se puede afirmar que este tipo de dinámicas organizativas se sitúan dentro del plano trasnacional abordado por Almeida (2020), al trascender los discursos y las agendas de lucha en común.
El primer Festival del Orgullo, posteriormente pasó a llamarse Marcha de la Diversidad a partir de una reconfiguración del proyecto ético y político, se realizó el 29 de junio de 2003, cuyo discurso preponderante fue la erradicación de la discriminación en todos los ámbitos. A partir de este espacio, se firmaron algunos documentos que buscaban que el poder ejecutivo implementara políticas a favor de los grupos sexualmente diversos (Chávez, 2003). Como parte de las dinámicas organizativas se utilizó música, recitales de poesías y obras de teatro que intentaban sensibilizar y concientizar a la sociedad respecto a la violencia y la desigualdad histórica contra la que deben luchar las personas LGBTI en Costa Rica.
Un año después, el Festival se orientó hacia la visibilización de las barreras estructurales que enfrentaba la población LGBTI. En esta oportunidad, se recolectaron firmas con el fin de sustituir a José Manuel Echandi Meza14, quien ocupaba el cargo de defensor de los habitantes, ya que había externado sus posturas homofóbicas en contra del matrimonio igualitario y otros derechos de las personas sexualmente diversas. A partir de este festival, la lucha por el derecho al matrimonio igualitario se convirtió en una consigna recurrente en las próximas ediciones de dicha actividad. Cabe agregar que, en 2007, el Festival de la Diversidad fue declarado de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y Juventud (Jiménez, 2017).
Seguidamente, se debe señalar que la primera Marcha del Orgullo se llevó a cabo en 2010, ya que, en los años previos se conceptualizaban como festivales de la diversidad. De acuerdo con Iosa y Rabbía (2011), “las marchas del Orgullo son otra más de las expresiones de las políticas de visibilidad que pretenden y tienen como objetivo presentarse como un conjunto de estrategias colectivas para crear valoraciones positivas de la diversidad sexual” (pp. 62-63). Esto implicó cambios en la forma de organización de este espacio. Por un lado, los festivales eran estacionarios; y por el otro, las marchas implicaban un desplazamiento por las principales calles de la capital. Específicamente, en esta oportunidad se manifestó la oposición al referéndum que pretendía poner en discusión nacional la aprobación del matrimonio igualitario15:
Esta inclusión del tema del referéndum dentro de las consignas de la marcha del Orgullo en Costa Rica de 2010 refleja una de las características fundamentales de las políticas de visibilización [...] Las condiciones políticas durante la marcha de 2010 tenían un carácter urgente y, por lo tanto, no es sorpresa que dentro de las estrategias de visibilización se cuelen, de manera amplia, elementos del referéndum. (Jiménez, 2017, pp. 80-81)
Otra de las principales diferencias entre los festivales y las marchas corresponde a la cantidad de personas asistentes. Lo anterior responde al apoyo que ha logrado el movimiento LGBTI en el país durante las últimas dos décadas. Respecto a las marchas, Jiménez (2017) destaca que el “hecho de que la marcha ocupe varias cuadras importantes del centro de San José durante varias horas es una manera bastante efectiva de llevar a cabo una política de visibilización” (p. 82). A partir de este incremento en la visibilización, se empezaron a discutir las formas para manifestarse, las agendas de luchas, las demandas y las dinámicas organizativas. A lo interno del movimiento, existen actores que conciben las marchas como oportunidades de celebración, reivindicar el orgullo desde la alegre rebeldía; así como hay otros que apelan a una visión más confrontativa, de protesta social.
En este artículo se considera que colocar estas posturas como irreconciliables puede llevar a una fragmentación del movimiento, debilitándolo, pues como señala Jiménez (2017): “la participación en el evento es ya de por sí un acto político en sí mismo, ya sea para buscar reivindicaciones o simplemente para celebrar” (p. 83). Lo importante se ubica en la existencia de espacios que permitan articular, aun cuando hay disimilitudes, pues la intención no debe encauzarse hacia la homogenización de la diversidad, sino generar alianzas, consensos y proyectos colectivos. Los objetivos tienen que orientar hacia puntos de encuentro en el marco de esa diversidad inherente.
En este punto, es pertinente indicar que el movimiento de diversidad sexual se ha caracterizado por tener un carácter de urgencia, así como sucedió en el Festival del Orgullo del 2010 en torno al referéndum. Lo anterior, a pesar de tener consecuencias que repercuten en el “permanecer-en-movimiento” que caracteriza a los movimientos sociales (Melucci, 1994) también ha permitido que emerjan nuevos actores del movimiento, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la incidencia política y ciudadana; incursionando en los campos profundizados por Yagenova (2009). Lo anterior se ejemplifica en los párrafos siguientes con diferentes avances concretados.
Vinculado con lo anterior, en 2013 se eliminaron los vestigios de opresión contra la población LGBTI de la norma penal, ya que hasta ese año se mencionaba el homosexualismo como enfermedad mental para inimputabilidad. Además, comparaba la homosexualidad con el alcoholismo, la prostitución y la toxicomanía (Artículo 98, inciso 6 y Artículo 102, inciso 6, Código Penal, 1970). La Defensoría de los Habitantes interpuso una acción de inconstitucionalidad por considerar discriminatorios ambos incisos. Ante lo cual, la Sala Constitucional decidió reformar los numerales citados.
En el 2014, a partir del Acuerdo N°8744 del 9 de octubre, se permite por primera vez en el país el acceso al seguro social por parte de parejas del mismo sexo, a través de la reforma al Reglamento de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este derecho había sido negado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en 1999 el CIPAC remitió una consulta a la CCSS sobre este beneficio; sin embargo, la Dirección Jurídica de dicha institución declaró la solicitud como improcedente. Desde el 2000, esta organización LGBTI en conjunto con el Movimiento de Diversidad, el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), el Partido Frente Amplio (PFA) y otros activistas de la sociedad civil emprendieron una lucha constante que culminó con la garantía de un derecho esencial para toda la población LGBTI: el acceso a la salud.
En esta misma línea de avances, en 2015, el Poder Ejecutivo firmó la política pública titulada “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI N°38999”. Esta política fue un compromiso de campaña política asumido por el exmandatario de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), ante las demandas de Trans Vida, el CIPAC, el Frente por los Derechos Igualitarios y la Asociación Ciudadana ACCEDER, quienes insistieron en la importancia de sensibilizar a las personas funcionarias con el fin de evitar la reproducción de prácticas discriminatorias, mayoritariamente, contra la población trans.
Otro de los logros normativos se generó a raíz de la Reforma Procesal Laboral Ley No. 9343, del 25 de enero de 2016, la cual modificó Código de Trabajo con el propósito de ampliar las categorías de protección en torno a la discriminación. Además, en el 2018, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) incorporó el beneficio de pensión por muerte a parejas del mismo sexo. Es pertinente agregar que esta lucha fue encauzada desde la Secretaría de Diversidad del Partido Frente Amplio, siendo planteado en la Asamblea Legislativa por las diputaciones de dicha agrupación. Este partido se considera “democrático, progresista, socialista, patriótico, feminista, ecologista, humanista, pacifista, popular, pluralista, ético y latinoamericanista” (Partido Frente Amplio, 2015).
De igual forma, en el 2018, el Ministerio de Salud emitió el Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la hormonización, en el que lo declaraba de interés público. Este protocolo se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera (2018-2022) con agrupaciones trans: Trans Vida y Hombres Trans Costa Rica, cuyo fin reside en implementar medidas que responden a sus necesidades y deseos, acompañándoles con un equipo de profesionales. Nuevamente, se parte de la idea del reconocimiento de derechos humanos desde una visión ontológica fundamentada en la igualdad y la no discriminación.
Por otra parte, dentro de las luchas del movimiento LGBTI, una situación que ha permitido unificar esfuerzos ha sido la expulsión de parejas del mismo sexo de establecimientos por manifestarse cariño entre sí. En 2007, tres bares ubicados en San José discriminaron parejas del mismo sexo, lo que generó una serie de marchas, llamada la Ruta del Beso Diverso, frente a estos establecimientos comerciales con el fin de pedir una disculpa pública. Algunos negocios la emitieron, mientras que otros guardaron silencio, reafirmando sus prácticas discriminatorias. No se avergonzaron ni arrepintieron de su homofobia y lesbofobia, al contrario, se enorgullecieron.
En el caso de Marjorie Blanco, socia del Bar Chelles, uno de los bares que expulsó a una pareja de mujeres, afirmó: “Eso está sumamente prohibido, esto es un lugar decente. Disculpas nada de nada, si veo a una pareja de mujeres besándose les digo que respeten, que vayan a otro lado. El Señor reprenda al diablo” (Vargas, 2012, párrs. 9-10). Su visión discriminatoria se cimienta en fundamentos religiosos, por tanto, Blanco considera que defiende lo “correcto”. Además, llama la atención su perspectiva sobre el respeto, pues para ella que dos mujeres se expresen afecto es un irrespeto. La visión de la normalidad y moralidad sexual se encuentra arraigada en su retórica.
Otro caso similar se llevó a cabo en el cantón de San Ramón, de la provincia de Alajuela, en 2016. En el marco de la Semana Universitaria16, se realizó una fiesta de la cual se expulsó a dos hombres por bailar juntos. Esto despertó la indignación entre quienes se encontraban presentes, por lo que las personas organizadoras, mayoritariamente estudiantes de trabajo social, instaron a salir del evento para manifestarse frente al lugar. Días después se presentó un caso similar en otro bar de la zona. A partir de estas situaciones de violencia se desarrollaron dos marchas, junto a otras actividades de concientización y articulación, que culminaron con la declaratoria del cantón como libre de cualquier tipo de discriminación (Calvo et al., 2018). En este proceso se contó con el apoyo de colectivos, autoridades universitarias, agrupaciones estudiantiles y personas de la comunidad.
Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC 24/17 Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, el 9 de enero de 2018, un mes antes de las elecciones presidenciales. Por su parte, Fabricio Alvarado, candidato neopentecostal, insistió en la defensa de la familia tradicional, oponiéndose al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Uno de los aspectos que llama la atención de los discursos de Fabricio es que cuando se le cuestionó, afirmaba que la verdadera intolerancia era ejercida por quienes lo consideraban intolerante a él (Arrieta, 2017).
Es importante añadir que a raíz de los discursos de odio verbalizados por este candidato incrementaron los casos de violencia hacia la población sexualmente diversa en el país. El Frente por los Derechos Igualitarios denunció que, en el período del 4 al 21 de febrero de 2018, se registraron 22 casos de agresiones fundadas en la orientación sexual de las víctimas (Chacón, 2018). Si bien en 2009, los sectores conservadores no pudieron llevar a cabo el referéndum para definir la situación sobre el matrimonio igualitario, convirtieron las elecciones presidenciales del 2018 en un proceso similar, en donde la violencia y la discriminación se desplegaron de muchas maneras. Esto originó el surgimiento de agrupaciones como la Red de acompañamiento LGBTIQ+ en San Ramón de Alajuela, con el fin de brindar apoyo y atención.
Debe destacarse que la publicación OC-24/17 también permitió la implementación de un conjunto de acciones afirmativas impulsadas por agrupaciones de la sociedad civil: el Cipac, el FDI, el Movimiento de Diversidad y la Asociación Acceder. En primer lugar, se ubican el Reglamento para el reconocimiento de derechos migratorios a parejas del mismo sexo y el Reglamento para el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género a personas extranjeras en el Dimex, ambos aprobados por el Ministerio de Gobernación y Policía. Este es el ministerio que más ha incorporado dentro de su normativa específica el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI.
Sumado a lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, emitieron el Decreto Ejecutivo: Acceso a bonos familiares de vivienda a parejas del mismo sexo. En dicho decreta se reitera el derecho que tienen las personas LGBTI a obtener su propia vivienda, sin distinción alguna cimentada en su orientación sexual; por lo tanto, se eliminó el requisito que prohibía a las parejas homosexuales aplicar para la aprobación de un bono familiar de vivienda, tramitándose de la misma forma cómo define el proceso ordinario.
El Decreto Ejecutivo “Día Nacional contra la Homofobia”, aprobado durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), fue reformado el 21 de diciembre de 2018, durante la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), con el fin de declarar oficialmente el día 17 de mayo de cada año como el “Día nacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia”. Cabe mencionar que ese mismo decreto había sido modificado en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014). No obstante, en la reforma de 2018 se incluye la bifobia como motivo que genera violencia en las vidas de las personas bisexuales, ya que usualmente esta población se concibe como hombres y mujeres que se encuentran en confusión; colocando su orientación sexual como una etapa de transición (Ballester et al., 2017). Estas reformas dadas en diferentes coyunturas fueron resultado de la organización de la población LGBTI, al plantear sus demandas ante el Estado.
Conclusiones
A partir de lo señalado hasta este punto, es fundamental enfatizar en el carácter insurrecto y de resistencia que caracteriza el movimiento LGBTI en Costa Rica, en donde convergen diferentes posturas y proyectos políticos, que han logrado articularse en contra de la opresión patriarcal. Lo anterior, demuestra la existencia de supra dinámicas organizativas, las cuales recopilan las demandas, las luchas, las discriminaciones y las violencias de un gran sector de la población. En otras palabras, unifica aquellas tensiones y contradicciones internas que pueden ser entendidas desde la dialéctica y el devenir histórico de los movimientos, ya que las formas de interpretar los fenómenos se transforman según los contextos determinados. Uno de los aspectos de consenso consiste en la apropiación de los espacios públicos como un elemento medular.
De igual manera, la trayectoria del movimiento sexualmente diverso en Costa Rica se encuentra marcada por luchas coyunturales, en donde se han diseñado diferentes estrategias para afrontar a los sectores conservadores, sus retóricas y prácticas. Por tanto, la historia de este movimiento debe ser entendida desde las confrontaciones permanentes. Lo anterior, debido a que es un movimiento que inició luchando por existir dentro de una sociedad cisheteronormativa que les negaba y, al mismo tiempo, se articulaba para que continuaran siendo ciudadanía de segunda categoría. Posteriormente, se fue transformando en una propuesta de cambio social, la cual replanteó las bases sobre la igualdad, pues dicha concepción excluía a ciertos sectores o grupos poblacionales, incluida la población LGBTI del país. Sus derechos y garantías son resultado de su resistencia y la creatividad de sus dinámicas organizativas.
Durante las últimas cinco décadas, el repertorio de lucha del movimiento LGBTI en Costa Rica se ha orientado en dos ámbitos medulares: a) la eliminación de las barreras que generan desigualdad sustantiva y formal: despenalización de la homosexualidad, despatologización de la diversidad sexual; y b) el reconocimiento de los derechos: la aprobación del matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo, acceso al seguro médico por cónyuges, entre otros. En algunas ocasiones, estos dos ámbitos se han interrelacionado, así como en otras se han distanciado, sin embargo, comparten un mismo fin orientado al cambio social, que se ha perseguido a través de la incidencia política que confluyen en la reivindicación de políticas.
Finalmente, a partir de los aportes de Yagenova (2009) y en congruencia con lo anterior, se puede afirmar que el movimiento de diversidad sexual ha ampliado los campos de incidencia. Inicialmente, se limitaban al campo simbólico, al apelar a la eliminación de la discriminación en el plano cultural. Luego, fue transitando hacia propuestas interactivas, en donde se incorporan otros actores protagónicos, incluyendo colectivos de otros movimientos sociales. Lo mismo sucedió con el campo institucional, a través de luchas para que sus derechos fueran reconocidos y sus demandas se gestionaran a partir de los recursos con los que contaban. Recientemente, las propuestas se han orientado hacia lo sustantivo, es decir, la erradicación de las barreras que impiden el goce y la efectivización de los derechos humanos de la población LGBTI.
