Introducción

Las políticas sociales surgen como herramienta de intervención del Estado en el capitalismo monopolista para dar respuesta a las manifestaciones de la “cuestión social” y garantizar la producción y reproducción del sistema capitalista. Con la implementación del modelo neoliberal, la función social de respuesta a las refracciones de la “cuestión social” deja de ser responsabilidad privilegiada del Estado, la política social empieza a ser tercerizada, se traslada esta responsabilidad al sector privado y al “tercer sector” para atender las demandas sociales.

La política social surge para dar respuesta al conjunto de problemas económicos, sociales, políticos y culturales producidos y reproducidos en el sistema capitalista, a los cuales el Estado orienta una respuesta institucional atomizada y microfocalizada a través de servicios sociales que desdibujan la noción de ciudadanía y determinan una lógica mercantil para el relacionamiento con la sociedad se puede afirmar que las secuelas de la “cuestión social” se tornan objeto de la intervención del Estado, favoreciendo la implementación continua de políticas sociales, y, a través de las mismas, de servicios sociales particulares.

En tanto, el “tercer sector” se presenta como una alternativa para el fortalecimiento de la sociedad civil y su participación activa en la gestión de respuestas a las demandas de la cuestión social, desde una perspectiva histórico-crítica, se reconoce el “tercer sector” como un fenómeno dentro de la estructura socio-económica, que está inserto y es producto de la reestructuración del capital, fundamentado en y en función a los principios neoliberales; se concibe, como una nueva modalidad, que la lógica capitalista y estatal implantó para que la función social del Estado tuviera una transformación en la manera de darle respuesta a las nuevas manifestaciones de la cuestión social, producto de la ofensiva neoliberal en América Latina “siguiendo los valores de la solidaridad voluntaria y local, de la auto-ayuda y de la ayuda mutua” (Montaño, 2005, p. 29).

La fragmentación de la realidad social y la ejecución de las políticas sociales por el “tercer sector” y el sector privado, no compensan el abandono estatal, y por el contrario llevan a una regresión en las conquistas logradas por medio de la lucha social, al perder derechos conquistados, flexibilizar los derechos laborales, mercantilizar y privatizar los servicios sociales que eran derecho de los ciudadanos, pero ahora se enfrentan a la desresponsabilización por parte del Estado.

Se refleja así, el resultado de una lucha incesante de clases, un proceso marcado por ganancias y pérdidas a lo largo de la historia, en la cual la clase dominante busca disminuir las garantías en términos de políticas sociales y desligar cada vez más al Estado de una responsabilidad, aunque siempre manteniendo el control sobre la movilización de la sociedad.

Vale la pena recordar que durante la implementación del Estado de bienestar europeo, el Estado amplió su intervención en la “cuestión social” a través de políticas de asistencia y garantía de derechos sociales; mayor destinación de gasto social que contribuyo a elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, al tiempo que garantizó la reproducción de la fuerza de trabajo. Este periodo en el que surge y se consolida el Estado de bienestar coincide, por un lado, con cierta estabilidad del sistema capitalista, y por el otro lado un ascenso creciente de las luchas sociales, procesos organizativos con capacidad de incidencia en la toma de decisiones de la política económica y social.

Ahora bien, con el neoliberalismo y el desmonte del Estado de bienestar, no solo se reducen los espacios ocupacionales que históricamente ha ocupado trabajo social, sino que se precarizan las condiciones laborales, a través de la tercerización de las políticas sociales. Hay una relación directa entre la fragmentación de las políticas sociales, su ejecución tercerizada y las condiciones laborales de los profesionales de trabajo social.

El presente artículo pretende hacer un acercamiento conceptual a la política social y el “tercer sector”, para posteriormente identificar como las transformaciones que ha vivido la política social y el surgimiento de nuevos sectores (privado - tercer sector) han incidido de manera directa en la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de trabajo social.

Este trabajo surge en el marco de la investigación “Condiciones laborales de egresadas/os de Trabajo Social de la Universidad de Caldas entre 2012 y 2019 que trabajan en Manizales y La Dorada”, desarrollada entre los años 2020 y 2021.

Para el desarrollo de la investigación se usan paradigmas cualitativos y cuantitativos, se recurrió a fuentes primarias (encuestas) y secundarias (archivos y material bibliográfico). En la primera fase de la investigación se realizó la revisión de antecedentes relacionados con la producción bibliográfica de temas relacionados con el ejercicio profesional del trabajo social en el capitalismo y el neoliberalismo; los escenarios de ejercicio profesional en Latinoamérica y Colombia; el trabajo social desde las dimensiones de intervención social; investigación y “cuestión social”; así como el reconocimiento de reflexiones en torno a la asociación gremial de trabajadores sociales en Colombia.

En la segunda fase hubo un proceso de apropiación conceptual de las principales categorías de la investigación -sector privado, sector público y tercer sector- sectores que demandan la intervención de los profesionales de trabajo social. En la tercera fase se realizó una revisión de la base de datos de egresados de trabajo social, suministrada por la Dirección del Programa de Trabajo Social y la oficina de egresados de la Universidad de Caldas, se identificó la población objeto de estudio. Del universo de personal egresado del programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas en Manizales y La Dorada entre 2012 y 2019 (804 personas), se logró establecer contacto con 430 personas, de las cuales 110 cumplían con los criterios de delimitación (primero: haber egresado en el periodo establecido 2012-2019, y segundo: trabajar actualmente (2020-2021) en alguna de las dos ciudades).

En la cuarta fase se diseñó un cuestionario de 53 preguntas que indagaron sobre datos personales, ubicación institucional del trabajo, áreas y programas de desempeño laboral, política social, condiciones laborales y empleadores, funciones y cargos que desempeñan, nivel de estudio, condiciones socio-económicas. El cuestionario se envió a través de e-mail a cada persona entre julio y septiembre del 2021. En total se envió a 110 egresados (94 Manizales y 16 La Dorada), y se obtuvo respuesta de 88 personas. En la quinta fase se analizó la información e identificaron los hallazgos y resultados, algunos de los cuales se retoman en el presente artículo.

El objetivo general que orientó la presente investigación fue: Analizar las condiciones laborales de personas egresadas de Trabajo Social de la Universidad de Caldas entre 2012 y 2019 que trabajaban en Manizales y La Dorada. Los objetivos específicos: 1) Analizar las mediaciones entre la formulación-ejecución de políticas sociales y el ejercicio profesional del trabajo social. 2) Reconocer los principales empleadores de profesionales de trabajo social en Manizales y La Dorada. 3) Identificar las condiciones laborales de trabajo social en instituciones en el sector público, privado, mixto, ONG y autoempleo en Manizales y La Dorada. 4) Caracterizar las funciones laborales desarrolladas por los profesionales de acuerdo con las demandas institucionales.

Para finalizar con este apartado introductorio, presentamos la siguiente ruta de lectura: en la primera parte se encontrará una conceptualización de la política social, posteriormente habrá una conceptualización del tercer sector y sus características. Finalmente se evidencia la relación entre “tercer sector”, política social y la precarización de las condiciones laborales de los profesionales en trabajo social en Manizales y La Dorada a partir de los hallazgos de la investigación realizada.

Política social

El capitalismo monopolista caracterizado por la monopolización de pocas empresas que centralizan y regulan el mercado mediante las leyes de oferta y demanda, en el que tiene primacía la producción de riqueza nacional y mundial a través de la explotación y superexplotación de la fuerza de trabajo, requiere de un Estado en capacidad de atender las manifestaciones de la cuestión social, producidas por el desarrollo capitalista, entre otras: la pobreza, el hambre, el desempleo, la insuficiencia del salario mínimo para la subsistencia y reproducción de la fuerza de trabajo, y la desigualdad social (^{Vasconcelos, 1999}).

El Estado se constituye en un actor indispensable para la producción y reproducción del capitalismo, en períodos de estabilidad tales como los que se presentaron con las tres décadas doradas del imperialismo (1945-1973) “garantizó” el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y con ello la reproducción de la clase trabajadora indispensable para la generación de plusvalor; en períodos de crisis se constituye en mediador principal en la lucha de clases y a través de la coerción y el consenso propende por apaciguar las contradicciones de clase, tensiones y conflictos sociales a través de diferentes estrategias orientadas a restringir el ascenso de los procesos de lucha social y movimientos sociales en capacidad de poner en riesgo el statu quo (^{Quintero, 2021}).

El Estado interviene a través del monopolio legítimo de la violencia, la intervención de la fuerza pública para reprimir y apaciguar los conflictos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales a través de la negación de la existencia de los mismos, o a través de la represión y el silenciamiento de las clases que experimentan estas situaciones sociales. Después de la depresión económica de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista demanda del Estado una intervención no sólo centralizada en la militarización de los conflictos sociales y la violencia, sino respuestas sociales desde lo que se conoció en los países de Europa como el Estado de Bienestar, proteccionista y en capacidad de determinar y administrar el gasto público materializado en inversión social para financiar políticas sociales que aportan a la satisfacción de las necesidades de las clases trabajadoras a través de la garantía de derechos por parte del Estado: salud, educación, cultura, recreación, trabajo digno, etc. Gestión estatal renovada y orientada a brindar las mínimas condiciones de vida de los trabajadores y el flujo constante de recursos para estimular el consumo de bienes y servicios producidos por el capital. Desde los planteamientos de Elaine Behring (1999) una intervención estatal fundada en el pacto keynesiano:

institucionalización de las demandas del trabajo, trasladando el conflicto hacia el interior del Estado. En este espacio hay una fuerte tendencia a la segmentación de las demandas y a tecnocratizar cuestiones económico-políticas, despolitizándolas. (...) Dentro del pacto keynesiano, los salarios indirectos son concesiones/conquistas más o menos elásticas, dependiendo de la correlación de fuerzas entre los intereses de las clases sociales y sus estratos involucrados. En el período de expansión, el margen de negociación se amplía, y en la recesión se restringe. Por lo tanto, los ciclos económicos indican las posibilidades y límites de la política social. (p. 186)

El Estado de bienestar orientado por criterios de universalidad, igualdad y gratuidad, implicó el reconocimiento de la relación Estado-ciudadanía, la universalidad de derechos, acceso en condiciones de igualdad de todos y todas, y gratuidad para quienes demandaban la intervención y protección del Estado. Sin embargo en la intención de no reificar únicamente la gestión benévola del Estado, es preciso reconocer la estrategia económica y política en la intervención del Estado, en el sentido de develar la institucionalización de los conflictos, la mediación o trámite de estos a través del tratamiento tecnocrático y burocrático, y la finalidad que se persigue de despolitizar y apaciguar las luchas sociales.

El Estado social, que tiene como máxima expresión el Welfare State, se caracteriza por la adquisición de múltiples funciones, tornándose, inclusive, permeable a las demandas de las clases trabajadoras. Esto resultará también en derechos sociales, mecanismos que ocultan contradicciones de clase por la atenuación de los conflictos y, en cierto modo, favorecen la reproducción de los trabajadores. Sin embargo, el fin último consiste en asegurar el pleno desarrollo del capital monopolista (^{Pimentel y Macedo, 2019}).

El capitalismo periférico, dependiente y subordinado al capitalismo monopolista, en América Latina y particularmente en Colombia se caracteriza entre otras cosas por: reprimarizar sus economías y convertirse en proveedor de materias primas a bajo costo a través del extractivismo; relación de subordinación y dominación de la clase burguesa y oligárquica de estos países en relación a los grupos de poder que controlan el capital monopolista; achicamiento del Estado en relación con la garantía de derechos de la clase trabajadora.

Al respecto, Sergio Quintero plantea:

En medio de la crisis, y asumiendo el modelo neoliberal, el Estado se desresponsabilizó de las principales demandas de la población, permitiendo la “mercantilización de derechos” (mercantilizados dejan de ser derechos y se tornan mercancías, susceptibles de ser compradas). En este sentido, la responsabilidad de planear y ejecutar políticas sociales deja de ser exclusiva del Estado y se traspasa a las ONG y entidades privadas, las cuales reciben financiamiento público y se benefician con diversas medidas político-económicas de los gobiernos. Bajo estas condiciones las políticas sociales pierden su carácter público y son focalizadas y capturadas como campo de (re)producción del capital, eliminando la perspectiva de universalidad y reinstalando la filantropía para la atención a la “cuestión social. (^{Quintero, 2021}, p. 75)

Ahora bien, es necesario reconocer que en el contexto mundial el sistema capitalista ha avanzado en un desmonte progresivo de la dimensión social del Estado, en el caso colombiano con la profundización del neoliberalismo y la apertura económica desde los años 90, se ha desmontado progresivamente el Estado social de derecho a través de diversas estrategias entre ellas, la reducción del gasto social; la privatización y mercantilización de derechos sociales y la tercerización de los servicios sociales que deberían ser asumidos desde la responsabilidad del Estado en su deber de garantía de derechos de los ciudadanos, transferidos a la sociedad civil para su administración y ejecución (^{Botero, 2021}). Desde inicios de los años 90 y lo que llevamos del siglo XXI, en Colombia se han impulsado múltiples iniciativas de mercantilización de derechos ; adicionalmente los procesos crecientes de flexibilización y tercerización laboral que en la actualidad impactan en la precarización de la condiciones laborales en todos los sectores y ámbitos de la economía nacional; los altos índices de informalidad en Colombia; los bajos salarios que se reciben como retribución en los vínculos contractuales; y la explotación y superexplotación a la que se encuentra sometida toda la clase trabajadora colombiana. Es importante considerar que ninguno de estos procesos hubiese sido posible sin la sistematicidad y generalidad de la violencia socio-política y el conflicto armado interno orientado selectivamente contra los movimientos sociales, sindicales y organizaciones de derechos humanos que en muchos de los casos fueron objeto de prácticas de represión y silenciamiento, que desencadenaron el exterminio total o parcial de estos procesos organizativos y sus agendas reivindicativas en torno a la defensa de derechos laborales, sociales, políticos, ambientales, entre otros. En la actualidad continúa el asesinato selectivo de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz¹.

Este desmonte del Estado social de derecho impacta negativamente la profundización de las manifestaciones de la cuestión social, que no es otra cosa que problemas sociales que al carecer de respuestas estructurales se profundizan y multiplican precarizando la vida de millones de ciudadanos; además la reducción de los recursos del presupuesto nacional destinados a inversión social, implica que se reducen los espacios ocupacionales que históricamente ha ocupado trabajo social en la formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas sociales para atender y dar respuesta a diferentes situaciones sociales que se constituyen en el objeto de intervención profesional.

En estas condiciones concretas de reducción del Estado Social de Derecho, se restringen las políticas sociales a respuestas institucionales atomizadas, microfocalizadas y asistenciales, se puede afirmar que las secuelas de la “cuestión social” se tornan objeto de la intervención del Estado, favoreciendo la implementación continua de políticas sociales, y, a través de las mismas, de servicios sociales particulares. Sobresale así, una característica esencial de las políticas sociales dentro del capitalismo actual, que implica que se obscurecen las implicancias de la “cuestión social” y se reconoce un conjunto de problemas que serán atendidos uno aislado del otro, construyendo, consecuentemente, beneficiarios/usuarios distintos, y, a veces, antagónicos, en tanto se procura desdibujar su pertenencia a la clase trabajadora (^{Waldemar y Rossi, 2010}, p. 182).

Esta fragmentación de la cuestión social implica una lectura atomizada de la realidad social, los problemas o situaciones sociales aparentemente se presentan uno aislado del otro, lo que implica que el Estado focaliza las políticas sociales en cada uno de esos problemas o situaciones otorgando programas y proyectos sociales que en muchos casos se caracterizan por limitarse al asistencialismo, y por tanto no se generan soluciones estructurales de política social y gestión estatal que permitan afrontar y superar la cuestión social en su conjunto, pues esto implicaría un posicionamiento político y social de la ciudadanía en general y el gremio profesional en particular frente al sistema capitalista que la produce y reproduce.

La política social en el contexto neoliberal se entiende desde la redistribución y no desde la distribución de la riqueza socialmente producida, de manera que garantiza la estabilidad de la clase social dominante mientras legitima el orden social establecido y reproduce la desigualdad. La redistribución de recursos para el gasto social, desde los cuales se financia la política social desde el Estado, es sometida a crecientes recortes y reducciones, castigar el gasto social implica impactos directos en la precarización de las políticas, planes, programas y proyectos sociales, lo que también repercute en la precarización de las condiciones laborales.

Esta situación lleva a los profesionales de trabajo social a enfrentar condiciones adversas para el desempeño profesional, teniendo en cuenta: los recursos limitados para el desarrollo de los procesos sociales; las pocas o nulas posibilidades de contar con las garantías de participación -alimentación y transporte- para los actores sociales e institucionales; la inestabilidad en los contratos de los profesionales que limita la posibilidad de proyectar a mediano y largo plazo la intervención profesional con las poblaciones con las que se trabaja. Estos, entre otros aspectos impactan directamente la calidad y continuidad de los servicios sociales, que se ven seriamente comprometidos.

En este sentido la redistribución por parte del Estado para la inversión social en determinados problemas o situaciones sociales, está estrechamente relacionado con el reconocimiento de las demandas y necesidades que los movimientos, organizaciones sociales y gremiales han estado en capacidad de posicionar en la agenda pública para ser atendidos por parte del Estado de manera prioritaria. De la eficacia y oportunidad de la respuesta del Estado depende que se desescale el conflicto, pues la correlación de fuerzas del movimiento social podría lograr reconocer y posicionar realidades estructurales que exigieran transformaciones y respuestas que podrían poner en riesgo el statu quo.

No se trata de una relación unilineal en la cual las clases subalternas “conquistan” y el Estado “concede”, sino de un proceso conflictivo atravesado por luchas de clases, donde los diferentes grupos insertos obtienen ganancias y pérdidas, al mismo tiempo que luchan y presionan, “conquistan” y “conceden” alguna cosa a los demás sujetos involucrados. (^{Borgianni y Montaño, 1999}, p. 198)

Se vive un proceso de lucha y dominación que permite entender la política social como mediación institucional en contextos sociopolíticos en los que el movimiento social logra por medio de la lucha social instalar sus demandas y reivindicaciones en la agenda pública, conquistando ampliación de derechos, al tiempo que el Estado concede algunos de ellos para evitar que el proceso de movilización social desestabilice el sistema capitalista.

Las políticas públicas son expresión de una cierta coalición de intereses de clase. Tanto a través de representantes en el Estado como mediante un juego de presiones externas (dimensiones analizadas en el patrón de dominación), es posible condicionar la orientación esperada de las políticas públicas. (^{Cantamutto y Constantino, 2019}, p. 98)

La correlación de fuerzas establecida entre los actores sociales organizados y movilizados presiona al Estado en dos sentidos principalmente: la ampliación de derechos sean estos civiles o políticos, sociales, culturales, ambientales, etc.; o la negativa a que derechos históricamente conquistados y reglamentados se les dé un tratamiento regresivo y restrictivo por parte de las élites económicas y políticas en el poder.

La función social de respuesta a las refracciones de la “cuestión social” deja de ser responsabilidad privilegiada del Estado; y por medio de éste, del conjunto de la sociedad y pasa a ser ahora auto-responsabilidad de los propios sujetos portadores de necesidades y de la acción filantrópica, “solidaria-voluntaria”, de organizaciones e individuos.

En la contemporaneidad la política social se somete a un proceso progresivo de tercerización y privatización:

[la] política social del Estado asistencialista incluyó como uno de sus rangos la delegación a terceros (las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales o sin fines de lucro) de parte de los servicios no rentables, en paralelo con la privatización de aquellos para los que existía una potencial demanda solvente. (Grassi, 2003, como se citó en ^{Waldemar y Rossi, 2010}, p. 177)

Se refleja así, el resultado de una lucha incesante de clases, un proceso marcado por ganancias y pérdidas a lo largo de la historia en la cual la clase dominante busca disminuir las garantías en términos de políticas sociales y desligar cada vez más al Estado de una responsabilidad, aunque siempre manteniendo el control sobre la movilización de la sociedad.

Características

Las características de este sector son amplias e integra organizaciones conformadas por el sector empresarial y la sociedad civil, las cuales tienen naturaleza, objetivos y prestan servicios diferentes. ^{Acotto (2003)} plantea las siguientes características de este sector:

El relacionamiento entre el Estado, el mercado y la sociedad civil se genera de acuerdo con los fines perseguidos; estas organizaciones son vistas como más eficientes que el Estado para la atención de lo social, y más cercanas a las necesidades de la sociedad civil; se resalta que funcionan principalmente en los niveles sub-nacionales. Un ejemplo del relacionamiento entre el Estado, el mercado y la sociedad civil se evidencia en aquellas actividades, y políticas sociales que no representan un lucro para el sector privado, por lo tanto, pueden ser mantenidas en el Estado, transferidas para el “tercer sector” o eliminadas por completo del gasto social.

Ese proceso selectivo de privatización depende fundamentalmente de las siguientes condiciones: que exista o se cree una demanda para los servicios privados -lo que solo ocurre cuando los servicios estatales son insuficientes o precarios- y que esa demanda provenga de segmentos de ingresos suficientes, que existan incentivos fiscales o transferencia de fondos públicos para las empresas “ciudadanas” que asumen las actividades sociales, o inclusive que el Estado subcontrate (de forma tercerizada) los servicios privados (^{Montaño, 2003}, p. 193).

Es por esto, que la privatización de las políticas sociales, se reconoce como otra forma de atender la cuestión social, y es llevada a cabo principalmente mediante la re-mercantilización de los servicios sociales, en donde estos “(...) son transformados en “servicios mercantiles”, en mercancías, siendo transferidos para el mercado y vendidos al consumidor, como una nueva forma de apropiación de la plusvalía del trabajador” (^{Montaño, 2003}, p. 200).

En este caso se tiene la visión del sujeto como “ciudadano-cliente”; a su vez la re-filantropización que se presenta cuando las políticas estatales no cubren la totalidad de la población carente y ésta a su vez, tampoco posee la capacidad adquisitiva para comprar el servicio al sector privado, se transfiere a la esfera de la sociedad civil, en donde se supone, este sector, atenderá la población mediante prácticas voluntarias, filantrópicas y caritativas, de ayuda mutua o auto-ayuda.

Los desarrollos del “tercer sector” no ofrecen elementos suficientes para comprender su función social en el modelo neoliberal e integra como iguales organizaciones con fines diferentes, entre las que se identifican aquellas que ofrecen servicios financiados por el Estado para dar respuesta a las nuevas manifestaciones de la cuestión social, organizaciones empresariales que prestan servicios rentables económicamente; organizaciones empresariales creadas en el marco de la política de responsabilidad social empresarial para obtener reducciones en el pago de impuestos y organizaciones que tienen un trabajo autónomo del Estado y articulan su quehacer con los intereses populares y el desarrollo comunitario, buscando otras fuentes de financiación. En este sentido, la amplitud de las características del “tercer sector” confunde más que lo que esclarece frente a la función social del mismo.

Las características ampliamente reconocidas del “tercer sector” han sido cuestionadas. Para ^{Rossetti (1999)}, estas organizaciones reciben su nombre de no gubernamentales, precisamente, porque no forman parte de la estructura político-administrativa de un Estado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares, pero ^{Montaño (2003)} llama la atención frente la articulación de las agendas de estas organizaciones y la política social, donde hay pérdida de autonomía en agendas, presupuestos y una clara articulación con lo gubernamental para desempeñar de forma tercerizada funciones atribuidas al Estado.

Tampoco se puede esconder su claro interés económico, aunque indirecto y en realidad, lo que los autores del “tercer sector” llaman de “solidaridad” no representa la noción genérica del término, sino una forma de operacionalizarla. La disputa no está entre los que supuestamente defienden la solidaridad y los que supuestamente la niegan, sino entre dos proyectos, dos concepciones de organizar la solidaridad. Como se sabe, el término solidaridad puede definir un derecho o una obligación. Entendida como derecho, la solidaridad se considera como una opción: ser solidario remite aquí a una acción voluntaria, que exige valores individuales altruistas. Mientras tanto, la solidaridad considerada como obligación refiere a una actividad compulsoria, necesaria, exigida por leyes, y operada por un sistema general: como en el régimen fordista/keynesiano lo es el Estado (^{Montaño, 2003}, p. 169).

Frente a la privatización y tercerización de las políticas sociales, las organizaciones tanto del sector privado como del “tercer sector”, tienen dos alternativas: comercializar servicios a la población asistida auto-financiándose, o prestar un servicio gratuito, obligándolas a buscar financiamiento externo que provenga del extranjero, del sector empresarial, o de los convenios con el estado. Por lo anterior, es claro, que, en el nuevo trato a la cuestión social desde el proyecto neoliberal, se atiende con servicios de calidad a aquellas personas con capacidad adquisitiva en el mercado, cuya finalidad es evidentemente lucrativa; pero por otro lado se debe intervenir, por medio del Estado o de entidades filantrópicas, en las demandas puntuales de la población más vulnerable, pero con precarizados servicios.

Este traspaso de “responsabilidades” ya sea para el sector privado o para la sociedad civil, se ve justificado en el debate del “tercer sector”, por la sociedad de la escasez y la crisis fiscal, en donde se afirma que “existiendo escasez de recursos, el Estado no debería castigar al mercado (particularmente las empresas, en un contexto de competencia global) y a la sociedad civil, con elevados impuestos. Así, habría poca recaudación y por lo tanto pocos recursos estatales” (^{Montaño, 2003}, p. 152). Esto crea un déficit financiero para sustentar políticas y servicios sociales.

Sin embargo, esta ineficiencia y crisis fiscal se debe a la subordinación del Estado a los intereses del capital; bajo estas justificaciones, la sociedad naturaliza el desempeño ineficiente, corrupto y burocrático del Estado, para darle tratamiento a las manifestaciones de la nueva “cuestión social” en el periodo de la reestructuración del capital y además, la discusión aislada que se coloca sobre la mesa, es sobre la capacidad que tendría determinado sector para dar respuesta o no a la nueva cuestión social. Se compara entonces, las instituciones estatales vistas como instituciones en crisis fiscal y organizaciones del “tercer sector” vistas como más eficientes, dinámicas, democráticas y populares.

En la restructuración del capital se reduce la intervención social del Estado en diversas áreas y actividades, la respuesta a las necesidades individuales se traslada al individuo y a su capacidad adquisitiva, la solidaridad social pasa a ser localizada, puntual, identificada con la autoayuda y con la ayuda mutua. La política social es reestructurada y pasa a ser responsabilidad de mercado con la venta de servicios o del “tercer sector” como responsabilidad de la sociedad civil bajo la forma de acción voluntaria, filantrópica, asistencialista, clientelista.

Trabajo social y precarización de las condiciones laborales

Dentro de la sociedad capitalista, el trabajo social es una profesión que existe mediada por una relación salarial con un empleador “(...) Ese elemento salarial... coloca a la profesión en la relación de venta y compra de fuerza de trabajo, por tanto, de mercancía” (^{Plazas, 2018}, p. 30). La única fuente que tiene el profesional para solventar sus necesidades básicas materiales es precisamente la venta de esa fuerza de trabajo, debe buscar permanentemente un vínculo laboral o una actividad comercial que le permita obtener ingresos económicos para satisfacer esas carencias vitales.

La sobrevivencia y la reproducción de las clases trabajadoras en la sociedad capitalista dependen fundamentalmente del salario que el trabajador recibe a cambio de la venta de su fuerza de trabajo en el mercado; esto porque se trata de trabajadores asalariados, despojados de los medios de producción y de los medios de vida, los cuales se encuentran monopolizados por los propietarios del capital y de la tierra (...) del salario, depende por lo tanto la satisfacción de las necesidades básicas del productor directo y de su familia... (^{Iamamoto, 1992}, p. 100).

El nivel de ingresos que reciben los profesionales de trabajo social por la venta de su fuerza de trabajo en Manizales y La Dorada se encuentran distribuidos de la siguiente manera, el 2% ganan menos de un salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV², 45% ganan entre 1 y 2 SMMLV, el 31% entre 2 y 3 SMMLV, el 17% entre 3 y 4 SMMLV, y el 5% 5 o más SMMLV. En este sentido, el 78% de los profesionales perciben entre menos de un millón y máximo tres millones de pesos mensuales, por el desempeño de sus funciones y el 100% de profesionales tienen personas a cargo que dependen de su salario, lo que da cuenta de las bajas tasas salariares que devengan los profesionales.

Históricamente, la intervención del profesional de trabajo social se ha dado en torno a las políticas sociales, que en el Estado de bienestar eran ejecutadas por el Estado, para el momento principal empleador de la profesión, pero el traslado de su ejecución al “tercer sector” o sector privado en el modelo neoliberal se diversificaron los empleadores de la profesión.

En Manizales y La Dorada se encontró que las organizaciones no gubernamentales (ONG) son el principal empleador de la profesión, seguido de las instituciones públicas y en menor medida las entidades privadas. Las ONG funcionan en su mayoría como operadores de políticas, planes, programas y proyectos que se financian con recursos del Estado, lo que evidencia la tercerización en la ejecución de política social, en la garantía de derechos sociales de los ciudadanos y en las formas de contratación de los trabajadores sociales (figura 1).

Fuente: elaboración propia

Figura 1 Tipo de institución. 

De la mano con la diversificación de los empleadores de la profesión, se ha dado una transformación en los tipos de contratación propia de la flexibilización laboral que trajo consigo el modelo neoliberal, en los municipios analizados el contrato a término fijo es el más frecuente, seguido del contrato por obra labor, prestación de servicios y en menor medida a término indefinido. El 45% tienen contrato a término fijo, el 25% contrato por prestación de servicios, 14% contrato por obra-labor, el 13% contrato a término indefinido. Los datos evidencian que el tipo de vinculación laboral más recurrente es el contrato a término fijo.

Al ser diferentes las garantías y los derechos a los que accede el trabajador en cada uno de estos tipos de contratación, se puede deducir que la contratación a término indefinido cada vez se presenta menos, al ser la flexibilización y la desregulación laboral una tendencia en el mundo del trabajo, que se traduce en la pérdida de los derechos conquistados de la clase trabajadora.

A continuación, se presenta un esquema que busca aportar a una mayor comprensión de las garantías que tiene el trabajador, dependiendo del tipo de contrato que establece con el empleador.

Tabla 1 Tipos de contratación. 

Subordinada/Independiente	Duración	Estabilidad	Seguridad social	Prestaciones sociales	Norma reguladora
Prestación de servicios subordinada	A término fijo	Menor estabilidad	Aportes del trabajador y del empleador, a cargo del último.	Prima de Servicios. Cesantías e intereses a las cesantías. Calzado y vestido de labor. Subsidio familiar.	Código sustantivo del trabajo
	A término indefinido	Mayor estabilidad
	Por obra o labor determinada	Menor estabilidad
	Indefinido	Mayor estabilidad	Aportes del trabajador y del empleador, a cargo del último	Dependen de la institución pública donde se encuentren vinculados	Ley 909 de 2004 y demás de la función pública
	A término fijo/Indefinido	Estabilidad precaria	Aportes del trabajador y del empleador, a cargo del último
Prestación de servicios independiente	A término fijo	Menor estabilidad	Aportes a cargo del prestador del servicio	Sin prestaciones sociales	Código Civil
	A término fijo	Menor estabilidad	Aportes a cargo del prestador del servicio	Sin prestaciones sociales	Ley 80 de 1993

Fuente: elaboración propia.

Se evidenció la flexibilización de los contratos de trabajo en las instituciones del sector público, privado y del tercer sector. En las entidades públicas el contrato por prestación de servicios representa un 48%; en las privadas el contrato a término fijo está representado en un 48% y en las ONG (del tercer sector) 58%, ambos tipos de contratación, representan pérdidas en la garantía de los derechos laborales de los profesionales (figura 2).

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Tipos de contratación según tipo de instituciones. 

El trabajo social tiene como objeto de tratamiento la política social, instrumento utilizado para intervenir las contradicciones inmanentes del capital a partir de la fragmentación de la realidad social y sectorización de la población. La política social es financiada por el Estado a partir de los recursos económicos que provienen de los impuestos y son dirigidas a la población desempleada o aquellas a quienes el salario no les alcanza para cubrir todas sus necesidades.

Se evidenció una contradicción entre la participación que expresan los profesionales en trabajo social en todos los ciclos de la política social: formulación, ejecución, seguimiento, administración, evaluación y los tipos y tiempos de contratación. El 61% manifiestan estar vinculados a las instituciones en un lapso de tiempo entre 0 meses y 2 años. La contradicción fundamental radica en que no se identifica coherencia entre el tiempo de vinculación laboral y la ejecución de las políticas sociales, diseñadas en su mayoría desde el orden nacional y con un tiempo de ejecución mayor a 10 años. En el proyecto neoliberal, la política social deja de ser un derecho y pasa a ser precarizada, es decir, se genera una disminución de los recursos asignados para el gasto social, al reducir su calidad, cobertura y eficacia, por consiguiente, lo que en el estado de bienestar era un derecho universal, ahora se convierte en políticas sociales focalizadas, des-centralizadas y privatizadas.

Es importante problematizar la participación de la profesión en la ejecución de las políticas sociales y no de los procesos de formulación acorde a las necesidades e intereses de los actores sociales e institucionales con los que trabaja. Al estar relegada de los procesos de evaluación, las dificultades y limitantes que se evidencian en la implementación de estas políticas no tiene las posibilidades de compartirlas con los tomadores de decisiones y los encargados de la planificación social.

Es posible inferir que la demanda para la contratación de los profesionales de trabajo social se circunscribe a la implementación de programas y proyectos sociales específicos, ello aunado a la inestabilidad en los contratos, los altos niveles de rotación, los limitados recursos económicos y los medios con los que cuenta el profesional para el desempeño de su labor inciden de manera negativa en la calidad y continuidad de los procesos sociales.

Las políticas sociales en las que se desempeñan actualmente profesionales de trabajo social en los municipios de Manizales y La Dorada son: Política de Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, Política Nacional de Infancia y Adolescencia, Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición SIVJRNR, punto 5 Acuerdo de Paz, Política Pública de los Organismos de Acción Comunal, Política Pública Nacional de Equidad de Género, Política Nacional de Salud Pública, Política Nacional de Trabajo Decente, Política de generación de energía, política social de vivienda en Caldas, Plan Decenal de Cultura de Caldas 2022- 2031.

Los sectores o campos socio-ocupacionales en los que se desempeñan los profesionales de trabajo social son: familia 27%; salud 21%; conflicto, convivencia y construcción de paz 15%; educación 14%; medio ambiente 7%; organizaciones sociales y participación comunitaria 5%; trabajo y calidad de vida 3%; y otros 8% (servicios públicos, construcción, transporte, renovación urbana, satisfacción de necesidades básicas). La población objeto de estudio u objeto de intervención a la que se enfocan los diferentes planes, programas y proyectos sociales está distribuida de la siguiente manera: niños/as y adolescentes 32%, comunitario 28%, familiar 16%, estudiantil 10% y territorial 14%.

Las fuentes de financiamiento de estas políticas, programas y proyectos sociales provienen en mayor medida de recursos gubernamentales con un 50%; seguido de actividades comerciales y venta de servicios en un 25%; miembros afiliados o asociados a la institución 14%; cooperación internacional 3%; donaciones empresariales locales 1%; (un 7% de las encuestadas no conoce el origen de los recursos). La tendencia mayoritaria de la fuente de financiación con recursos gubernamentales, permite inferir que el Estado continúa siendo el mayor financiador de políticas sociales, aunque no figura como empleador, en tanto que es una ejecución tercerizada en los municipios de Manizales y La Dorada.

La condición de asalariamiento establece una relación de subordinación entre empleado y empleador, que se agudiza con la desregulación laboral, en donde el primero siempre estará al servicio del segundo, pues es quien definirá qué hacer, y por tanto qué límites y alcances tendrá la acción profesional bajo esa relación; por ende, bajo esta dinámica de subordinación, el ejercicio profesional estará condicionado y tensionado, porque se llevará a cabo en el marco de escenarios totalmente contradictorios entre sí.

En este sentido, el trabajo social, como profesión asalariada recibe instrucciones muy claras frente a su quehacer profesional, el cual guarda estrecha relación con la ejecución de la política social y en menor medida, con gestiones involucradas en la consecución de recursos, funciones educativas y de gestión en los procesos de intervención (^{Oliva & Garden, 2017}, p. 67). La intervención profesional forma parte de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y de la dinámica cotidiana de los actores sociales.

Esta intervención viene concretizándose a través de acciones que podrían ser agrupadas en dos grandes conjuntos: 1) acciones dirigidas a segmentos de la población sin condiciones de reproducir su propia subsistencia por razones temporarias o permanentes. Donde se incluyen la atención a necesidades básicas de la familia, los menores, de los adolescentes, de los ancianos, del portador de deficiencias, de los desempleados, de la población que vive en la calle y de los marginalizados en general; 2) acciones compensatorias y complementarias frente a la desigualdad estructural de la sociedad, que se concretizan en la prestación de servicios sociales que se sobreponen a programas de otros sectores de la política social que no alcanzan o excluyen a esa población. (Yazbek, 2000, p. 141)

El trabajo social como profesión asalariada, inserta en la división social y técnica del trabajo, cumple las funciones sociales necesarias para la reproducción social y no es autónoma frente a los procesos que acompaña y las acciones que ejecuta. “El ejercicio profesional es mediatizado por los servicios sociales prestados a través de aparatos institucionales, a los cuales se vinculan por medio de un contrato de trabajo” (^{Iamamoto, 1992}, p. 101). Aquí, cada institución o sector demanda un perfil y cualificación del profesional específico.

Las lógicas institucionales llevan a la naturalización de las condiciones de pobreza, exclusión e injusticia social. Si bien en el camino se tiende a perder de vista el carácter contradictorio inherente del ejercicio profesional y el profesional se ve en la obligación de reproducir las condiciones materiales para subsistir, es importante no perder de vista la autonomía relativa con la que cuenta el profesional.

Históricamente la profesión ha enfrentado las contradicciones propias de la “cuestión social”, por un lado, responder a los objetivos del Estado y a las demandas institucionales; por el otro, la lucha por la concreción de los derechos humanos, contra la injusticia social, la inserción de agendas reivindicativas en las políticas sociales y la promoción de ciudadanías críticas.

Como las clases sociales fundamentales y sus personajes sólo existen en relación por la mutua mediación, entre ellas, la actuación del asistente social es necesariamente polarizada por los intereses de tales clases, tendiendo a ser cooptada por aquellos que tienen una posición dominante. Reproduce también por la misma actividad intereses contrapuestos que conviven en tensión, responde tanto a demandas del capital como del trabajo y sólo puede fortalecer uno u otro por la mediación de su opuesto. Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como también, al mismo tiempo y por la misma actividad de respuesta a las necesidades de sobrevivencia de la clase trabajadora y de la reproducción de antagonismos en esos intereses sociales reforzando las contradicciones que constituyen el mal básico de la historia. (^{Iamamoto, 1992}, p. 89)

Esta lucha en la cual el trabajador social se encuentra inmerso como parte de la división socio técnica del trabajo y por tanto busca mantener unas garantías laborales, lleva al profesional a ceder frente a las condiciones contractuales y acepte actuar bajo la precarización de su labor. Bajo este panorama, deben resaltarse los datos encontrados en el proceso de investigación “Condiciones laborales de Trabajadores Sociales en Manizales y La Dorada”.

Conclusiones

El trabajo social como profesión asalariada que responde a las lógicas capitalistas y neoliberales, se encuentra inmersa en un ejercicio profesional contradictorio que lo lleva a enfrentar las condiciones de precarización laboral, injusticia social, vulneración de derechos a las cuales es sometida la población beneficiaria de las políticas sociales que el/ella ejecuta.

La profesionalización en trabajo social no responde a una lógica de cambio estructural en las condiciones socio-económicas de los/las profesionales, en muchos casos las condiciones laborales de empleabilidad y salario solo permiten brindar las mínimas garantías de sobrevivencia de los profesionales y sus familias.

El Estado continúa siendo el mayor financiador de políticas sociales.

El tercer sector es uno de los mayores empleadores de profesionales de Trabajo Social en los municipios de Manizales y La Dorada. Esta conclusión debemos entenderla en el contexto de la tercerización de las políticas sociales, lo cual implica la transferencia de responsabilidades del Estado hacia la sociedad civil y las ONG, y una afectación directa relacionada con la tercerización, la intervención de intermediarios y operadores de planes, programas y proyectos sociales que limitan y precarizan las condiciones laborales y los medios de trabajo de los que dispone el profesional para la implementación de la política social en los territorios.

Las políticas sociales continúan siendo el principal objeto de intervención de los profesionales de trabajo social.

Es importante reconocer, problematizar y reflexionar sobre el proceso de desmonte progresivo de la política social en Colombia, el cual ha estado mediado entre otras estrategias por: desfinanciación; atomización; asistencialización y privatización-mercantilización de derechos sociales susceptibles de generar rentabilidad y ganancia para ser usufructuados por el sector privado, proceso por medio del cual los derechos se convierten en servicios sociales ofertados por privados e intercambiados con los clientes en capacidad de adquirirlos y consumirlos.

La focalización fragmenta y atomiza la “cuestión social” presentándola en un conjunto de problemas sociales que demandan intervenciones específicas; y la formulación e implementación de políticas sociales con fuertes determinantes de asistencia social, que en vez de estar orientadas a la protección y garantía de derechos, ofertan soluciones de asistencia, ayuda y (neo) filantropía que reproducen relaciones de dependencia y no contribuyen a la solución estructural de las problemáticas sociales.

Los/as profesionales de trabajo social se encuentran inmersos/as en un proceso progresivo de precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora en general y del ejercicio profesional en particular, las principales manifestaciones están asociadas a precarios tipos de contratación, inestabilidad laboral, exigencia del cumplimiento de horarios, sobrecarga laboral, bajas tasas salariales, altos niveles de endeudamiento, y falta de incentivos laborales, entre otros demuestran la complejidad del mercado laboral.

Es urgente reconocer la importancia de procesos organizativos gremiales en capacidad de posicionar, e incidir política y socialmente para exigir mejores condiciones laborales para el ejercicio profesional del trabajo social en Colombia, una de las discusiones más urgentes en el gremio profesional está relacionada con la regulación de un piso salarial en Colombia, de manera que se reglamente y se superen los criterios de discrecionalidad con los que los empleadores determinan el salario de los profesionales de trabajo social que contratan.