Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
Introducción
La década del sesenta es un periodo de extraordinarias transformaciones, y en particular el trabajo social latinoamericano experimenta un debate de carácter ontológico, epistémico y político que fue liderado por el Movimiento de Reconceptualización. Pero estos cambios, no se dan por casualidad, sino que responden al contexto histórico-político que se venía desarrollando en Latinoamérica. La Revolución de 1952 en Bolivia y la Revolución Cubana en el año 1959 serán fecundos procesos no solo históricos, sino como experiencia concreta de transformación, para las discusiones e influencias en las ciencias sociales en general y en el trabajo social en particular.
A más de medio siglo de lo que fue aquel momento histórico, y en especial del legado de la reconceptualización, hoy el continente latinoamericano nuevamente está viviendo un escenario de tensiones y conflictividades que se viene configurando desde fines del siglo pasado y continuando con mayor intensidad desde los primeros lustros del siglo XXI. Se han venido generando distintas expresiones movimentales y los sujetos políticos que ponen en crisis las estructuras de las sociedades capitalistas neoliberales y los respectivos Estados que amparan la hegemonía de las elites nacionales y transnacionales.
El actual escenario de conflictividad sociopolítica, es la expresión material e intersubjetiva de una nueva etapa de crisis -y posibilidades de cambios políticos y sociales- que cuestiona seriamente la hegemonía y dominación capitalista neoliberal instalada a fines de los años setenta del siglo XX. Las nuevas luchas que han levantado las clases subalternas1 presentan una discursividad que desafía abiertamente al bloque histórico que mantiene el control del Estado.
Hay que recordar que, en Chile, la dictadura de Pinochet permitió que las clases dirigentes recuperen una serie de privilegios, que sentían haber perdido en los años anteriores, particularmente en el periodo comprendido entre los años 1967-1973 (Gómez-Leyton, 2004). Esta tesis enraíza con la lectura de diferentes autorías (Portantiero, 2019; Motta, 2008; Errejón, 2012) cuando proponen a las dictaduras latinoamericanas como procesos de revolución-restauración en los que la figura del dictador cumple la función gramsciana de César, permitiendo romper un equilibrio catastrófico entre fuerzas sociales. Nos encontraríamos, por tanto, ante una forma de hegemonía regresiva al estilo del thatcherismo en Gran Bretaña (Hall, 1987). Además de lo anterior, acentuaron su control político y ello, les permitió, además, instalar las bases políticas, económicas y socioculturales de la sociedad neoliberal. Este proceso que comienza con el golpe mismo, y transita de una dominación sin hegemonía (Guha, 2019) con las formas de violencia más brutales, hacia una creciente seducción y permeación en determinados sectores a través del acto de Chacarillas (Alzueta-Galar, 2021). Hasta hoy, aún el neoliberalismo pareciera constituir un modelo hegemónico de sociedad, a pesar de los atisbos de resistencia que se han venido dando, con niveles distintos de intensidad, desde las luchas estudiantiles del año 2006.
Pero que Chile resulte ser el país donde el neoliberalismo se presente con más arraigo, no implica en sí mismo la inexistencia de conflictos o que las clases subalternas hayan perdido toda su capacidad de resistencia y protagonismo político. Esta es, precisamente, la clave de todo sistema hegemónico. Es ahí donde reside la condición de posibilidad para su existencia, en la emergencia de una frontera que funda su exclusión radical (Laclau, 1996). Su incapacidad de suturar la sociedad en un solo cuerpo, y la emergencia creciente de actores que lo interpelan y lo niegan.
Por otro lado, el supuesto estado de despolitización y resistencia popular va a tener significativa relevancia a partir del nuevo escenario que comienza a materializarse y subjetivarse con las luchas del pueblo mapuche y la rebelión social-popular de octubre de 2019. Antes de ese estallido social, ya desde el trabajo social había voces que advertían que esas complejas expresiones de desigualdad e injusticias estaban incubando la articulación de luchas y resistencias de diversas organizaciones y movimientos sociales populares. Suárez (2019) señala al respecto que,
estamos frente a un creciente malestar individual y colectivo manifestado en los movimientos sociales emergentes que están planteando nuevas formas de luchas a las conocidas históricamente y sus demandas requieren de especialistas que asuman su sensibilidad y levanten un proyecto desde abajo. (p. 78)
El 18 de octubre de 2019 es la síntesis de diversas expresiones de malestar que se venía agudizando en el Chile neoliberal, y que, se materializa en el llamado “estallido social”. Ese día quedará en la historia, en que el pueblo chileno, las/os hijas/os de la clase asalariada entra en un estado de rebelión cansadas/os de los abusos de más de 30 años de neoliberalismo. Esto se grafica en una consigna de lucha, que se masificó en todos los lugares, una voz que decía: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Discusión
Los anclajes conservadores del trabajo social chileno y la necesidad de una ruptura epistémica, ética y política
Con el Golpe de Estado de 1973 que derrocó el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende Gossens, se impone una dictadura militar con una importante participación del mundo civil, pertenecientes a sectores políticos desde la ultraderecha hasta sectores de la Democracia Cristiana. Esta dictadura cívico-militar tendrá una duración de 17 años, caracterizada por profundas violaciones a los derechos humanos, que marca un hito en la historia de Chile, que es imposible dejar fuera, si queremos hacer un análisis de la sociedad actual (Vivero, 2017a, 2017b, 2020).
En el caso del trabajo social, con la instalación de la dictadura se cierran gran parte de las carreras y los y las profesionales serán despedidos de sus trabajos, y serán víctima de la persecución y de violación a sus derechos fundamentales (Aguayo et al., 2018; Alayón, 2005; Del Villar, 2018; Hernández y Ruz, 2005). Sin duda, el Golpe de Estado de 1973 y la dictadura cívico militar en Chile, generó una profunda marca en la profesión. A más de un cuarto de siglo del retorno a la democracia, nos parece que la disciplina aún no ha dado un amplio y profundo debate al respecto, que permita sanar sus heridas.
En esos duros años del régimen dictatorial, la disciplina se verá obligada a formar parte del andamiaje de producción y reproducción sociocultural instalado por los intelectuales orgánicos de la dictadura civil-militar. Tanto en los espacios de formación como en los ámbitos de intervención en los diferentes campos de actuación profesional, las/os profesionales adoptarán una posición apolítica, salvo quienes se vincularon a las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos o al trabajo social alternativo (Aguayo et al., 2018; Ciorino, 2020, Del Villar, 2018).
Con la dictadura cívico militar, la disciplina sufrirá un lamentable retroceso respecto de lo que se había logrado con el proceso de Reconceptualización de los años sesenta y principios del setenta del siglo pasado. Esto se va a expresar no solo en términos teórico-metodológicos, sino que lleva a re-instalar formas de intervención asistencialistas y tecnocráticas que ya se habían dado por superadas. Además, se va re-instalando el sentido común de la neutralidad, que conlleva a una desconexión con lo político como elemento sustancial para identificar las contradicciones que permiten comprender las condiciones históricas de desigualdad.
Desde los primeros lustros de la dictadura en los años setenta, el trabajo social experimentará una arremetida conservadora en sus procesos de formación, lo cual se traducirá en un tipo de práctica de carácter asistencialista e instrumentalizada, muy en coherencia con los intereses del proyecto contra-revolucionarios de la dictadura. Sin perjuicio de esto, tal como se mencionaba más arriba, es menester reconocer el valioso y valiente trabajo de un grupo importante de profesionales que asumieron un profundo compromiso en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el régimen de facto. En aquellos años de terror, hay trabajadores sociales en diferentes partes del país, que participan de los colectivos y organizaciones de DD. HH. Al respecto se debe reconocer y valorar la valiente participación de un grupo significativo de profesionales, que, desde los primeros años de la dictadura, se involucraron en un trabajo en defensa de los derechos humanos. En estas experiencias, cabe destacar aquellas acciones en el marco de la Vicaría de la Solidaridad y La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) (Aguayo et al., 2018; Ciorino, 2020, Del Villar, 2018; Hernández y Ruz, 2005).
Además del terrorismo de estado, la dictadura no solo impuso el neoliberalismo como modelo económico, sino que instaló en el imaginario colectivo un nuevo sentido común, coherente con la visión del mundo de las elites y de sus intereses de clase. En este nuevo escenario, la formación y el ejercicio práctico-institucional del trabajo social, estará fuertemente condicionada por discursos tecno-burocráticos impuestos por la ideología dominante, la cual tiene su expresión subjetiva y material, en las instituciones que operan y que administran las políticas sociales. En este contexto es en el que se desenvuelve cómodamente ese trabajo social acomplejado y mimetizado al modelo. Así entonces, como parte de la herencia ideológica de la dictadura, gran parte de lo que ha sido el largo periodo de transición a la democracia, la disciplina -en términos generales- ha permanecido distante de aquellos escenarios en donde las clases subalternas, asumen un protagonismo activo como sujetos políticos en las luchas contra-hegemónicas (Vivero, 2013, 2017b, 2020a).
No es casual, pues, que las principales instituciones representativas del estado neoliberal totalitario sean uno de los principales espacios de desempeño profesional de trabajadoras sociales. El espíritu estadocéntrico termina por acallar la disidencia (Alzueta, 2019), asimilando la diferencia en base al miedo a perder el trabajo.Y convirtiendo a la profesión, en un aparato ideológico del Estado más (Althusser, 1974), encargado de impregnar, naturalizar y reproducir una normatividad y unos marcos de socialización acordes a los intereses de las clases dirigentes. Bajo esta perspectiva, lo que resulta en términos operativos e ideológicos, es la implementación de políticas sociales como mecanismos de contrainsurgencia social (Vivero, 2010). Contradictoriamente con esto, desde el campo disciplinario, se instala un discurso que reproduce la falsa conciencia -y exigencia- de una práctica neutral o apolítica.
Ergo, no cabe duda de que el trabajo social se ha visto fuertemente permeabilizado en todas sus dimensiones por la ideología totalitaria neoliberal (Vivero, 2010, 2016, 2017a, 2017b, 2020a, 2020b). Esto se materializó en una formación y práctica tecnocrática, acrítica y deshistorizada, que, si bien se implementó durante todo el periodo de la dictadura, se fortalece y consolida en periodo post dictatorial. Se tradujo en un silencio temeroso, heredado de los años de terror vividos durante la dictadura, que posterior a ello, se manifestó en un distanciamiento y no involucramiento activo en el campo de las luchas sociales. Por el contrario, paradójicamente encontramos una retórica discursiva que se viste con conceptos expropiados a la tradición crítica, para adornar un lenguaje vacío de contenido e historicidad. Así aparece en el lenguaje profesional y académico, conceptos como praxis, emancipación o transformación, e incluso, muchas sostienen sin mayor análisis, y al parecer sin ningún pudor, que el/a trabajador/a social es un/a agente de cambio (Vivero, 2013, 2016, 2020a, 2022).
Este proceso que se está viviendo, con la agudización de las contradicciones del modo de producción capitalista, ha vuelto a relevar la importancia y altura intelectual de Marx y Engels, de los marxismos, y, a nuestro juicio, de la importancia intelectual de Antonio Gramsci. En cuanto a nuestra disciplina, cobra mucho sentido la célebre tesis de Marx sobre Feuerbach en la que interpelaba a los filósofos y a la ciencia social en general a transformar el mundo, más allá del elemento analítico y discursivo que la impregnaba. Un trabajo social que en su relato apuesta por superar las contradicciones inherentes al sistema neoliberal, pero que en su praxis interventiva se limita a reproducir estas mismas lógicas opresor-oprimido que encontramos en Gramsci (2012, 2015, 2018), y descritas en la obra de Paulo Freire (2002, 2006). Una contradicción política de fondo, a nuestro modo de ver, pues, parafraseando al propio Marx, “no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx y Engels, 2014, p. 21). Es decir, los pobladores y pobladoras, las mujeres, los pueblos originarios, ven el mundo a través de sus ojos del opresor, leen el mundo de acuerdo con los intereses de aquellos que los reprimen, los marginan, los condenan a la pobreza, los violentan. Su exclusión no es idea, una subjetividad, sino materia, que se manifiesta en la cotidianidad de la práctica humana.
Ya ha transcurrido más de medio siglo de lo que fue el proceso de reconceptualización del trabajo social. Un espacio en el que la disciplina desplegó una profunda discusión de carácter epistemológico, teórica, ética y política. Con base en ello, se impulsó una reforma cultural y moral, que permitiera redefinir nuevos puntos de partida y nuevos marcos conceptuales para los desafíos que enfrentaba la gran nación latinoamericana y caribeña. Sin duda hay una importante distancia y las condiciones históricas que nos separan de lo que fue la reconceptualización. Sin embargo, consideramos que hay aprendizajes de esa experiencia que hoy se deben tener como referentes si se quiere propiciar una reorientación disciplinaria, al menos, se requiere nuevamente de esa mística y compromiso ético y político, para reorientar el trabajo social (Vivero, 2016, 2020a, 2022).
El actual contexto histórico, particularmente con la reemergencia del sujeto histórico-popular, y las luchas contra-hegemónicas que se han levantado con fuerza en los últimos años, está evidenciando con mayor crudeza las contradicciones generadas por modo de vida y de producción capitalista (Guerra, 2015; Iamamoto, 1992; Netto, 2012; Vivero, 2013, 2016, 2020a, 2020b, 2022). Esto nos parece da cuenta de condiciones materiales y subjetivas, que exige que la disciplina asuma una reorientación de sus marcos epistémico políticos y de su proyecto socio-educativo.
Nos parece que el trabajo social ha estado fuertemente impregnado de la ideología neoliberal y en particular se expresa en concepción pragmática e instrumental, que hoy se maquilla con el lenguaje de la innovación. A nuestro juicio, esto es una expresión clara de la hegemonía ideológica del neoliberalismo, y por tanto, de los intereses de las clases dominantes, cumpliendo por tanto su función de intelectual orgánico al servicio -no siempre consciente- del bloque histórico al hegemónico. En tanto que los gramscianos, hacemos nuestro el alegato del sardo (Gramsci, 2016) por “tomar partido” en oposición al “peso muerto de la historia” que sería la indiferencia, la desidia y en última instancia, ese trabajo social alienado. Es decir, en la apuesta por un trabajo social comprometido con los grupos subalternos, con capacidad para eyectar todo su potencial reflexivo y práctico en un afán transformador, y que sostenga su quehacer en la filosofía de la praxis.
En el marxismo encontramos el fundamento para entender que la praxis es mucho más que una simple articulación entre teoría y práctica, ni que una esté por sobre la otra. Como mencionamos más arriba, las tesis sobre Feuerbach (Marx y Engels, 2014) nos permiten identificarla como una acción transformadora, tal cual se puede entender en la XI tesis en cuanto a que “los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” (Marx y Engels, 2014, p. 502). Sobre ello, Sánchez-Vázquez sostiene que “en estas tesis se habla del mundo en dos sentidos: como objeto de interpretación, y como objeto de la acción del hombre, de su actividad práctica, es decir, como objeto de su transformación” (2003, p. 179).
En coherencia con lo anterior, en Gramsci (2012, 2015a, 2018), se entiende la praxis como una categoría central de su pensamiento, pues para él, esto solo se puede asumir como resultado de la acción transformadora. Sánchez-Vázquez (2003) la conceptualiza como una actividad material, transformadora, y orientada a ciertos fines. Para nuestro filósofo italiano, la filosofía de la praxis es igual al marxismo, pues este logra esa unidad material, histórica y subjetiva que permite no solo comprender o describir el mundo en términos materiales (o teóricos) sino que ello es aprehendido conscientemente por el sujeto para transformarlo. En palabras del propio italiano:
la filosofía de la práctica no tiende a mantener a los sencillos en su filosofía primitiva del sentido común, sino, por el contrario, a llevarlos a una concepción superior de la vida. [...] Para construir un bloque-moral-intelectual que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa. (Gramsci, 2015b, p. 333)
De esta forma, el contexto chileno actual, en particular el proceso constituyente, no se puede entender simplemente como un cambio de carácter jurídico, sino que esto, da cuenta de una profunda disputa en el campo ideológico, donde está en juego la posibilidad de avanzar en la reforma cultural y moral, que sustentaría el nuevo modelo de sociedad.
El escenario que permite llegar a un proceso constituyente es producto de crisis que experimenta el modo de producción y relaciones sociales impuestas por la racionalidad neoliberal. El bloque histórico ha perdido su hegemonía, pero no ha renunciado a mantener el poder, ni a transar en los fundamentos ideológicos que han permitido mantener sus privilegios. Nos parece que esto obliga a preguntarnos si el trabajo social en términos disciplinarios, está dispuesto a avanzar en una ruptura o cambio epistémico, ético y político en coherencia con las luchas que han levantado los sujetos subalternos. Es decir, ¿están las condiciones para levantar proyectos de formación que permitan superar la hegemonía de la formación y práctica instrumental y neoconservadores de las últimas cuatro décadas? En la misma línea consideramos que como un paso necesario para esta posibilidad de ruptura con la herencia más conservadora y los discursos neoconservadores, requiere de tener consciencia de nuestra condición de trabajadoras/es asalariados, que, en esencia, vivimos las mismas contradicciones de los grupos más vulnerables. De acuerdo con estos planteamientos, consideramos que, “no puede haber formación de dirigentes donde está ausente la actividad teórica, doctrinaria de los partidos, donde sistemáticamente no se han buscado y estudiado las razones de ser y de desarrollo de la clase representada” (Gramsci, 2018, p. 94). En consecuencia, no es factible ni coherente pensar la formación y la práctica disciplinaria, y por lo tanto sus rupturas y desplazamiento epistémicos, éticos y políticos, sin una sólida formación teórica, que permita sostener y orientar de manera dialéctica la acción profesional, en tanto práctica social crítica.
El trabajador social como intelectual orgánico: de la rebelión popular al contexto constituyente
El trabajo social, en tanto producto histórico, surgido a partir de la división social, técnica y sexual del trabajo, se constituye como una actividad socialmente reconocida, que cumple una determinada función y utilidad. Dicho de otro modo, tiene un valor de uso y valor de cambio, en tanto se constituye como tal, en el contexto de la cuestión social capitalista y la división socio-técnica y sexual del trabajo. En consecuencia, quienes ejercen esta actividad, cumplen no solo una funcionalidad instrumental, sino que esto lo hacen en su calidad de intelectuales. Al respecto, solo para recordar que Gramsci nos aclara de forma excepcional, que, “todos los hombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales” (Gramsci, 2012, p. 13).
Pero estos intelectuales que cumplen una cierta función en las relaciones sociales, no lo hacen por voluntad propia, sino que responden a ciertos intereses. En el caso del trabajo social chileno, esa condición de intelectual, ni siquiera aparece manifestada con claridad en los procesos de formación. Por el contrario, lo que se encuentra ya sea de manera explícita o implícita, funciones como mediador, interventor, e incluso como agente de cambio, y esto último desde un relato deshistorizado y generalmente acrítico.
Por ello, es que la idea de intelectual que nos plantea Gramsci (1971, 2012, 2015a, 2018) nos parece fundamental revisar para, desde ahí, problematizar el rol político que cumple la disciplina. Tanto la formación como las funciones operativas que se cumplen en los diferentes espacios de actuación profesional se ejerce este rol de intelectual de manera no consciente, y por lo mismo, reproducen el sentido común impuesto por la filosofía de la clase fundamental, tributan a los intereses de las elites. Cumplir ese rol de intelectual, no es simplemente por reconocerse como tal, sino por la función social que se cumple en el campo de las relaciones sociales y correlación de fuerzas que ahí se acontecen como realidad histórica. En lo particular, nuestro intelectual italiano se refiere de la siguiente manera:
Cuando se distingue entre intelectuales y no intelectuales, en realidad sólo se hace referencia a la inmediata función social de la categoría profesional de los intelectuales, es decir, se tiene en cuenta la dirección en que gravita el mayor peso de la actividad específica profesional, si en la elaboración intelectual o en el esfuerzo nervioso-muscular. (Gramsci, 2012, p. 13)
Esa función de intelectual, en el caso de las/os trabajadoras/es sociales, requiere ser mirado a partir del nuevo escenario que comienza a construirse a partir de la rebelión social-popular que se produce en octubre de 2019, y que derivará en el proceso constituyente que se inicia luego del plebiscito del 25 de octubre de 2020, con el triunfo de la opción apruebo. Al respecto, nos parece relevante recordar que, a partir del 6 de octubre del 2019 comenzó a regir el aumento en un 3,75% en las tarifas del transporte público, recogiendo las recomendaciones de un panel de expertos del transporte público. Eso sin duda, impacta negativamente en la economía de los sectores más vulnerables de las diferentes comunas de la Región Metropolitana. En reacción a esta medida, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) comenzaron a movilizarse, para lo cual convocaron a protestar a través de evasiones masivas en el pago del metro, las que se iniciaron el 7 de octubre de 2019, se registraron las primeras evasiones protagonizadas por estudiantes del Instituto Nacional José Miguel Carrera2. A partir de ese día, las evasiones fueron replicadas y se repitieron diariamente en diferentes estaciones del metro de Santiago. Esto se agudiza el día, 19 de octubre, en que esta evasión se transformó en una rebelión social-popular, ya no solo en contra del alza del pasaje del transporte público, sino que ello, significaba apenas una expresión de los 30 años de políticas neoliberales, lo que se puede sintetizar en una indigna brecha de desigualdad.
Este llamado estallido social, o rebelión social-popular como preferimos llamarle, marca a la vez, un punto de quiebre respecto de esta sociedad despolitizada que se había configurado en el periodo de absoluta hegemonía neoliberal, sería, utilizando a Ruiz-Encina (2020), la irrupción de un nuevo pueblo. Este quiebre pareciera ir generando un proceso de mayor politización del trabajo social y una vinculación con los espacios de luchas sociales. La crisis de legitimidad que azota al país tras los acontecimientos, y que la entenderemos como la incorporación de amplios sectores que “han pasado súbitamente de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su inorgánico conjunto constituyen una revolución” (Gramsci, 2009, p. 141), por supuesto, impregna también a la disciplina. Pues, como si de una correa de transmisión se tratara, estos fenómenos amplifican una serie de polémicas que galvanizan lo sexual, lo moral y también lo intelectual (Simon, 1999). Nada escapa al remezón.
Es decir, el trabajador social podría ir reorientando a formación y una acción socio-política, y no solo instrumental como se había dado mayormente en las últimas cuatro décadas. Estaría configurándose una nueva intelectualidad en el campo disciplinario, que rescata la memoria histórica y que encuentra un escenario fértil para su expansión, como proyecto ético político, a partir de esta crisis estructural que se manifiesta tanto en el contexto de rebelión social-popular, como en los debates y disputas ideológicas al alero del proceso constituyente. Los desafíos de este nuevo intelectual deben darse a partir de un involucramiento activo con las luchas sociales y con el sujeto histórico-popular que ha re-emergido al calor de las nuevas luchas sociales (Vivero, 2020b, 2022). Por lo tanto, el quehacer profesional requiere una concepción dialéctica del pensar y actuar, que apunta en un sentido de superación de las fórmulas de exclusión del modelo neoliberal-capitalista.
Gramsci, al respecto nos dice lo siguiente:
El nuevo intelectual no puede ya consistir en la elocuencia, motor exterior y momentáneo de los afectos y las pasiones, sino en el mezclarse activo en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasor permanente precisamente por no ser puro orador. (Gramsci, 2015a, p. 392)
Entendemos, por lo tanto, que el trabajo social tiene una función de carácter político-social, que, desde la concepción de la filosofía de la praxis (Gramsci, 1971, 2012, 2015a, 2018), entendemos que exige un compromiso ético y político. Por lo tanto, no puede quedarse solo en un tipo de mediación profesional instrumental y tecno-burocrática, la cual por cierto, a pesar del relato conservador apolítico, “difícilmente puede ser separada de la medición política” (Gramsci, 2012, p. 18).
El intelectual orgánico desarrolla una acción de carácter praxiológica. Es decir, piensa, problematiza el mundo desde un lugar teórico-filosófico, y lo hace tomando una posición de carácter política. Sabe muy bien a qué intereses responde, y se identifica asimismo como actor fundamental en la dinámica histórica. Es fundamental, por lo tanto, que el trabajo social comprenda que, en su carácter de agente político-intelectual, y en tal sentido, tener claridad que en el proceso de intervención se evidencian intereses contradictorios y conflictivos. Es en ese espacio, en el que, con mayor claridad, se manifiesta la funcionalidad de la profesión como también su condición de intelectual orgánico.
Esa condición de intelectual orgánico exige además otra definición no menos compleja. Tener claridad y conciencia de los intereses contradictorios que se manifiestan en el entramado social en el cual actúa. Una funcionalidad que responde a los intereses de las clases dominantes, o asumir un rol de intelectual orgánico de las clases subalternas. Por tanto, un intelectual que se construye y constituye desde otra dimensión política y de una práctica diferente. Se construye desde abajo, desde las luchas colectivas, desde los conocimientos y la memoria histórica. Un intelectual que debe necesariamente tomar conciencia de su condición de asalariado, y por lo tanto como uno más de los oprimidos y oprimidas que lucha por la emancipación política y humana. En última instancia, el trabajo social debe cumplir la función de actor social (Alzueta, 2019), pues las diferentes formas de explotación que sufre el sujeto histórico-popular forman parte de su cotidianidad.
El trabajador o trabajadora social que se asume como intelectual, a la vez está comprometido con un proyecto de transformación. Por tanto, tiene la exigencia ética y política de conocer y comprender las condiciones estructurales, históricas que determinan los diversos escenarios de la realidad social en la cual le corresponde actuar. De ahí que ese conocimiento se pone al servicio para ese proyecto de transformación. Con ello, su intervención ya deja de ser solamente una práctica instrumental, sino que, una praxis transformadora. En este sentido, nos parece necesario reforzar la idea de praxis, para no caer en un uso meramente decorativo de una práctica neoconservadora (Vivero, 2016). Al respecto,
La filosofía de la praxis no puede sino presentarse inicialmente en una actitud polémica y crítica, como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto existente (o mundo cultural existente). Por lo tanto, ante todo como crítica del “sentido común”. (Gramsci, 1986, p. 251)
En consecuencia, en el actual contexto de crisis estructural, de contradicciones e indefiniciones de un proyecto de sociedad posneoliberal, es fundamental que el trabajo social también supere el sentido común que impusieron las élites dirigentes. En el mismo sentido, es necesario confrontar y superar sus históricos sentidos comunes. Es decir, si entendemos el trabajo social como objeto de estudio nos parece necesario problematizar su propia praxis, entendida en sus fundamentos y funcionalidad instrumentalizada por las clases dominantes.
Respecto de lo anterior, en un artículo de Hernández-Echegaray, se plantea que la política neoliberal, y en especial las políticas de austeridad, dificultan la universalización del sistema” (2019, p. 145). Nos parece interesante poner atención en este elemento, que resulta central para comprender la funcionalidad técnico-instrumental que tiene el trabajo social en el orden burgués (Guerra, 2015; Iamamoto, 1992; Montaño, 2014; Netto, 1992, 2012). Sin embargo, nos preocupa que, en este tipo de análisis, no se evidencia con mayor claridad la dimensión histórico-política que tensiona las discusiones dentro del campo disciplinario, y que se expresan en los proyectos ético-políticos que nutren los procesos formativos. De ahí entonces, que los retos o desafíos del trabajo social, no puede quedar solo en una cuestión de carácter procedimental, sino que, a nuestro juicio, debe partir por el análisis profundo de las condiciones estructurales e históricas en la cual se inscribe la disciplina, se expresan intereses contradictorios y las luchas anti opresivas de las clases subalternas.
Conclusiones
La rebelión social-popular y el resurgimiento del sujeto histórico
El punto de partida para una discusión en torno a las nuevas y complejas formas de dominación del capitalismo, no puede ser otro que el reconocimiento a los cambios del capitalismo internacional (Borón, 2000, 2003, 2013), transformaciones que Marx y Engels (2001) tenían muy claro al decir que:
La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario -agregando además que ésta- no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y, con ello todas las relaciones sociales. (Marx y Engels, 2001, p. 23)
Para enfrentar la crisis del capitalismo de la década del 70 del siglo XX, las clases dominantes, junto a los Chicago Boys, como sus principales intelectuales, y por supuesto, tomándose el control del Estado por medio del Golpe encabezado por Augusto Pinochet, se impone a sangre y fuego la nueva ideología totalizante, el neoliberalismo. El fascismo como fórmula para la reorganización y ofensiva de las fuerzas burguesas ante la crisis (Simon, 1999). La dominación del capitalismo se ha hecho posible, y se reproduce por uso de la fuerza, y por medio del consenso como una estrategia desplegada desde las diversas instituciones de la sociedad civil, y sin duda, lideradas por sus intelectuales orgánicos (Gramsci, 1971, 2012, 2015a, 2015b, 2018).
Esta hegemonía, como ya hemos dicho permeabilizó todos los espacios de la sociedad, y sin duda en los campos intelectuales, como es el caso del trabajo social (Vivero, 2016, 2017a, 2017b, 2020a, 2020b). En consecuencia, la crisis de esta hegemonía debe darse igualmente en el espacio disciplinario. Una crisis que permita los cambios requeridos para una nueva sociedad.
En octubre de 2019 se materializa en Chile una crisis, como no se había dado desde la década del 70, y una movilización social, que, de igual manera, no se había tenido desde las luchas contra la dictadura cívico militar en los años 80. Este estallido social profundizó una serie de crisis, que son parte de una crisis estructural: crisis de legitimidad de la llamada clase política, crisis económica, que da cuenta de la desigualdad estructural, y por supuesto, el centro neurálgico de esto, su base ideológica Constitución de 1980 heredada de la dictadura. Esto se puede graficar en dos consignas que representan con claridad el sentir popular, “hasta que la dignidad se haga costumbre”, y “asamblea constituyente”. Estas dos, sin lugar a duda, cumplieron la función de la sinécdoque laclauniana, como esa parte que representa al todo (Laclau, 2005). El significante vacío sobre el que descansaron una serie de demandas -democráticas- ajenas hasta ese momento, permitiendo la emergencia de una cadena de equivalencias y su consiguiente conversión en demandas populares, conectadas entre sí (Laclau y Mouffe, 1987, 2004).
Las elites no solo se vieron enfrentadas a una gran movilización social, de un poco más de dos meses en 2019. Sino que ello derivó en una incapacidad de dirección de la elite, lo cual se traduce en el ex-Presidente Piñera decreta “estado de excepción”, y nuevamente los militares salieran a las calles, recordando los días más duros de la dictadura pinochetista. Piñera avala su decisión con un discurso que ya había repetido casi íntegramente frente a otros hechos: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”. Lo que estaba ocurriendo en ese contexto de rebelión popular, era una clara expresión de que la clase dirigente había perdido su capacidad de consenso, y, por lo tanto, “ya no es más “dirigente”, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva” (Gramsci, 2018, p. 68). Piñera, con este mensaje cohesionaba a sus aliados, pero perdía definitivamente a diferentes y ajenos, reduciendo su capacidad irradiadora (García-Linera, 2008).
Ante esta crisis estructural, el día 15 de noviembre de 2019, a casi un mes de las masivas protestas, líderes de partidos de gobierno y oposición (excepto el Partido Comunista), firman el llamado “Acuerdo por la Paz y por una nueva Constitución”. Parecían que algunas de las demandas populares se hacían escuchar. Pero esto no fue más que un intento de las elites, por apropiarse de aquellas luchas y demandas, para armar nuevamente un acuerdo que respondiera y protegiera sus intereses de clase. Se trataba de un intento de transformismo, un mecanismo mediante el cual permitía ganar tiempo para reordenarse, reagruparse y ganar impulso. A su vez, ello puede ser entendido como una estrategia de desarticulación de un movimiento social pujante.
Gramsci lo define como:
La clase dirigente tradicional, que cuenta con un numeroso personal adiestrado, cambia los hombres y los programas y se hace nuevamente con el control que se le estaba escapando de las manos, y puede hacer todo esto con mayor celeridad que las clases subalternas; hace sacrificios, sí es precio, se expone a un futuro oscuro con promesas demagógicas, pero conserva el poder, lo refuerza por el momento, y lo utiliza para aplastar al adversario y para dispersar su personal de dirección, que no puede ser muy numeroso ni muy adiestrado. (2009, p. 141)
Así entonces, se definió una hoja de ruta, para llegar a un plebiscito en que se decidiera si la ciudadanía aprobaba o rechazaba la propuesta de redactar una nueva constitución, por medio de una Convención Constitucional.
A pesar que este acuerdo en nada reflejaba lo que el pueblo exigía en las calles, muchos pensaron que al menos con ello, se podría generar las condiciones para terminar con la constitución de la dictadura. Con esto también, el fin de las bases ideológicas del neoliberalismo impuesto en el régimen dictatorial. De esta forma, el pueblo se enfrentará a dos alternativas: 1) Apruebo, que significa que está de acuerdo con una Convención Constitucional para escribir la nueva constitución y, 2) Rechazo, para que la Constitución de 1980 siga como está o se le puedan hacer algunas reformas. El 25 de octubre de 2020, exactamente a un año de la marcha más grande en la historia de Chile, la opción por el “apruebo”, logra un triunfo histórico, con un 78,28% y el rechazo con un 21,72% según datos del Servicio Electoral (Servel, 2020).
Las instituciones representativas del orden burgués se encuentran en un absoluto decaimiento y deslegitimación social y política. Pero a pesar de ello, aún buscan mantenerse activas, y seguir reproduciendo su concepción de mundo, mientras tanto, un nuevo proyecto busca emerger. Esto es precisamente lo que consiste la crisis, dice Gramsci, pues, “(...) lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos” (Gramsci, 2018, p. 69). Un terreno complejo, lleno de incertezas, confusiones y contradicciones de ambas partes, desde las viejas estructuras, y aquellas que pretenden disputar la hegemonía.
Mientras ocurre esto, el trabajo social lentamente comienza a hacerse parte de las luchas. A tener presencia en los espacios de luchas sociales, encabezada principalmente por el movimiento social-popular. Otros/as tal vez, a disputar el poder en los campos de la realpolitik. Por ello, es que insistimos en la idea que es tiempo de una reorientación político-epistemológica del trabajo social, lo habíamos conceptualizado como neo-reconceptualización, pero no como una copia de aquel proceso de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado (Vivero, 2016, 2020a). Sino que, como un llamado de atención, que nos lleve a revisar con mayor profundidad las contradicciones generadas en el actual contexto de desarrollo del capitalismo neoliberal. A partir de ello, instalar los debates y propuestas, para realizar los cambios que se requieran en el campo disciplinario, teniendo en cuenta, las diversas luchas anti-opresivas que han venido levantando las clases subalternas.
Dicho de otra forma, consideramos que los desafíos del trabajo social no pueden quedar solo en una cuestión de procedimientos, ya sea en su proceso formativo o su práctica concreta. Por el contrario, debe fortalecer un tipo de formación político-intelectual, que permita una profundización del análisis y comprensión de los fundamentos de las luchas que las clases subalternas han liderado, contenidos en sus prácticas y relatos que, a su vez, van iluminando y nutriendo un nuevo proyecto societal de carácter antineoliberal, anti-patriarcal y anti-racista. Nos obliga como disciplina-profesión, a vincularnos con esas nuevas subjetividades desde otros lugares epistémicos, conocer, comprender y buscar explicaciones desde otros marcos conceptuales (y prácticos) a este nuevo sujeto social-popular con el cual trabajamos cotidianamente.
En tal sentido, se debería ir redefiniendo el proceso de formación, y entre esto, los fundamentos y organización de los procesos de prácticas, que permitan equilibrar de alguna forma la hegemonía de un tipo práctica sobre-institucionalizada. La re-articulación de la organización social-popular que se ha venido dando desde la rebelión de octubre de 2019, y que hoy tiene un espacio de lucha en el proceso constituyente, nos interpela como disciplina a repensar el tipo de prácticas que se realizan en el proceso formativo, fuertemente ancladas en la tecno-burocracia institucional. Puede ser el momento en que esas primeras experiencias de prácticas, tengan su punto de partida, en un reencuentro con el sujeto popular, sus luchas, sus anhelos y proyectos emancipatorios. Sería en gran medida, una resignificación de la propia historicidad de esta nueva intelectualidad del trabajo social.
Sin duda coincidimos en que, esta idea de un trabajo social militante y comprometido con las luchas sociales, no es nada nuevo ni muy novedoso. Pero nos parece justo señalar que, en estos más de 40 años de hegemonía neoliberal, nuestra disciplina se ha distanciado del sujeto popular y de sus luchas, sucumbiendo a prácticas instrumentales y al sentido común propio de esta matriz ideológica. Por ello, estimamos que, este nuevo ciclo de luchas sociales, y el proceso constituyente, entendido como espacio de disputa ideológica, nos abre desafíos para el campo disciplinario. No es sano quedar indiferente ante esto, nos asiste el desafío ético y político, no solo de ser parte de estos cambios, sino que en el espacio disciplinario/profesional, nos invita a hacer nuestras propias rupturas, en términos del sentido ético de nuestra praxis disciplinaria. Algo no menos importante, saldar nuestras propias deudas histórico-políticas en la disciplina.
