El informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia es producido por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (^{CHCV, 2015}), creada durante los Acuerdos de la Habana (2012-2016), realizados entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este informe nace con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad, teniendo como base la indagación sobre:

La Comisión fue conformada por doce expertos, los cuales realizaron doce ensayos: Sergio de Zubiria Samper¹, “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”; Gustavo Duncan², “Exclusión, insurrección y crimen”; Jairo Estrada Álvarez³, “Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada”; Darío Fajardo⁴, “Estudio sobre los orígenes del conflicto armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana”; Javier Giraldo Moreno⁵, “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”; Jorge Giraldo Ramírez⁶, “Política y guerra sin compasión”; Francisco Gutiérrez⁷, “¿Una historia simple?”; Alfredo Molano⁸, “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”; Daniel Pécaut⁹, “Un conflicto armado al servicio del status quo social y político”; Vicente Torrijos¹⁰, “Cartografía del conflicto; pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano”; Renán Vega¹¹, “Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”; María Emma Wills¹², “Los tres nudos de la guerra colombiana”. Además, se realizaron dos relatorías: Eduardo Pizarro Leongómez¹³, “Una lectura múltiple y pluralista de la historia”; y Víctor Manuel Moncayo Cruz¹⁴, “Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente”.

Cada uno de los autores anteriormente mencionados aportó análisis fundamentales para comprender el conflicto armado en Colombia desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta sus recorridos académicos y sus orientaciones ideológicas. Por esta razón, es difícil sintetizar las principales tesis del informe, puesto que gran parte de las posturas sostenidas son disímiles y contradictorias. Con respecto a las causas del conflicto, por ejemplo, la mayoría de los autores, a excepción de Pécaut, mencionaron que la concentración de la propiedad rural es el origen fundacional del conflicto armado. También, la falta de garantías para la participación política (^{de Zubiria, 2015}; ^{Giraldo Moreno, 2015}; ^{Wills, 2015}). Otras de las causas que plantean de forma singular algunos autores son: el proceso de acumulación y reproducción del capital (^{Estrada, 2015}); la influencia y presión internacional (Guerra Fría, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo) (^{Giraldo Ramírez, 2015}; ^{Gutiérrez, 2015}); la concentración de los privilegios políticos-económicos de la región andina (^{Torrijos, 2015}); y el voluntarismo revolucionario (^{Giraldo Ramírez, 2015}; ^{Pécaut, 2015}), entre otros.

Sobre los factores de la persistencia se señaló: el neoliberalismo (^{de Zubiria, 2015}; ^{Estrada, 2015}); el narcotráfico (^{Duncan, 2015}; ^{Estrada, 2015}, ^{Fajardo, 2015}; ^{Giraldo Ramírez, 2015}; ^{Gutiérrez, 2015}; ^{Molano, 2015}; ^{Pécaut, 2015}; ^{Vega, 2015}); la explotación petrolera y minera (^{Pécaut, 2015}); el acaparamiento a los mercados especulativos transnacionales de la tierra (^{Estrada, 2015}; ^{Pécaut, 2015}); la mala distribución y asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra (^{Gutiérrez, 2015}); el paramilitarismo y la guerra contrainsurgente (^{Duncan, 2015}; ^{Estrada, 2015}; ^{Gutiérrez, 2015}; ^{Molano, 2015}; ^{Vega, 2015}); el secuestro (^{Duncan, 2015}; ^{Fajardo, 2015}; ^{Gutiérrez, 2015}; ^{Wills, 2015}); la intervención de Estados Unidos (armas, tecnología, asistencia militar y recursos) (^{Giraldo Moreno, 2015}; ^{Estrada, 2015}; ^{Molano, 2015}; Vega, 2015); el terrorismo de Estado (^{Estrada, 2015}; ^{Vega, 2015}); el fracaso o aplazamiento indefinido de reformas sociales (^{de Zubiria, 2015}); la debilidad del Estado (^{Giraldo Ramírez, 2015}); la corrupción (^{Giraldo Ramírez, 2015}; ^{Torrijos, 2015}) y la negligencia estatal (^{Torrijos, 2015}).

Por otro lado, muy pocos autores hicieron énfasis en los impactos sobre la población. Según ^{Fajardo (2015)}, los efectos del conflicto se han hecho sentir sobre el conjunto de la población colombiana. Más de un millón de desaparecidos; aproximadamente seis millones de desplazados; más de treinta y siete mil secuestros; más de ochenta y ocho mil pérdidas en bienes muebles e inmuebles; aproximadamente ocho mil niños, niñas y adolescentes reclutados; y un despojo de tierras que incluye una superficie estimada de 5.5 millones de hectáreas equivalentes al 10.8 % de la superficie agropecuaria del país (Fajardo, 2015; ^{Gutiérrez, 2015}). Además, Gutiérrez (2015), consideró como repercusiones del conflicto: exclusión de cientos de miles de personas desplazadas de las políticas públicas; concentración territorial; destrucción de tejido social y redes de confianza; sangría brutal de miles de líderes políticos, cívicos y sociales; ingreso de agentes y dinámicas ilegales al sistema político; costos de transacción prohibitivos para la presencia estable del Estado en las regiones; y profundización del dualismo territorial y económico. Adicionalmente, ^{Giraldo Ramírez (2015)}, analizó la distribución territorial del conflicto, visibilizando que aunque la guerra cubrió toda la geografía nacional, se centró en siete departamentos (Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cesar, Norte de Santander y Meta) ubicados en cuatro regiones del país (región Andina, Pacífica, Orinoquia y Caribe), siendo Antioquia el departamento más victimizado de Colombia. Sobre este último punto, ^{Pécaut (2015)}, agregó que el conflicto toca sobre todo regiones rurales o periféricas. Además, afirmó que según los registros oficiales, los grupos paramilitares cargan con mayor responsabilidad en las masacres y asesinatos selectivos; y las guerrillas sobre los secuestros, ataques contra las poblaciones y las infraestructuras.

En definitiva, al interior del informe hay innumerables debates que abordan las diferentes aristas del conflicto armado. En cuanto a la definición, se encontraron algunas diferencias; ^{Giraldo Ramírez (2015)} y ^{Wills (2015)}, definen el conflicto como “guerra”; ^{Torrijos (2015)}, como un “conflicto irregular” y ^{Pizarro (2015)}, como “conflicto armado interno”. Con respecto al elemento histórico; ^{Vega (2015)} y ^{Wills (2015)}, realizaron un análisis de larga duración estimando la formación del Estado-nación; ^{de Zubiria (2015)}, ^{Fajardo (2015)}, ^{Giraldo Moreno (2015)} y ^{Molano (2015)}, comienzan sus relatos con el surgimiento de los conflictos agrarios en los años veinte; ^{Duncan (2015)}, ^{Giraldo Ramírez (2015)}, ^{Gutiérrez (2015)} y ^{Torrijos (2015)}, eligieron periodos históricos más restringidos posteriores al Frente Nacional; y ^{Pécaut (2015)}, escogió un camino intermedio, al comenzar su análisis mediante el estudio de los factores que incidieron durante la República Liberal en la Violencia de los años cincuenta y su impacto posterior en la historia contemporánea del país (^{Pizarro, 2015}).

Uno de los debates que tiene mayor controversia al interior del informe está relacionado con la perspectiva desde la cual se analiza el conflicto, dicha discusión tiene como base la dicotomía objetividad/subjetividad. ^{Estrada (2015)} y ^{Moncayo (2015)}, por ejemplo, consideran que todas las manifestaciones de la insurgencia tienen como referente explicativo el orden social vigente, concluyendo que la naturaleza del capital genera que se pongan de un lado quienes se oponen al sistema, y del otro, quienes buscan conservarlo y reproducirlo. Y desde una perspectiva opuesta, ^{Pécaut (2015)} y ^{Torrijos (2015)}, defienden los planteamientos en donde predomina la percepción subjetiva del conflicto, en la cual se da protagonismo a los actores que intervienen en este, pues se entiende que más allá de las razones sistémicas, existen intereses de todo orden, no necesariamente ligados a propósitos colectivos o societarios.

Esta discusión es transversal a la mayoría de planteamientos que defienden los ensayistas. Para ilustrar: 1) ^{de Zubiria (2015)}, ^{Estrada (2015)}, ^{Molano (2015)}, ^{Moncayo (2015)} y ^{Vega (2015)}, (2015), reconocen el carácter político de las guerrillas; en cambio, ^{Giraldo Ramírez (2015)}, ^{Pécaut (2015)} y ^{Torrijos (2015)}, las aprecian como una anomalía que es necesario superar. 2) Estrada (2015) y Vega (2015), alegan que la contrainsurgencia es una expresión congénita del orden social, ya que su enemigo es toda expresión que controvierta el sistema vigente, y según estos autores, este es violento por las relaciones que lo sostienen y por las consecuencias que se derivan de él; y ^{Duncan (2015}), ^{Giraldo Ramírez (2015)}, ^{Gutiérrez (2015}) y ^{Torrijos (2015)}, defienden que no existe una contrainsurgencia como respuesta orgánica al sistema, debido a que todos los elementos del conflicto derivan de las decisiones individuales de los actores para acceder a los recursos de la criminalidad. 3) Vega (2015), demuestra la intervención de Estados Unidos desde inicios del siglo XX a partir del análisis de las políticas contrainsurgentes implementadas en el país (consolidación de grupos paramilitares, guerra contra las drogas, préstamos, asistencia militar, etc.); y Torrijos (2015), dice que no existió dominación colonial ni ocupación extranjera. 4) de Zubiria (2015), Estrada (2015) y Moncayo (2015), consideran que el Estado colombiano es un espacio de mediación política y de articulación de intereses en forma de proyecto político-económico, que tiene intervención específica en la producción y reproducción de la relación entre capital y trabajo; y ^{Giraldo Moreno (2015)}, ^{Giraldo Ramírez (2015)}, ^{Torrijos (2015)} y ^{Wills (2015)}, defienden la tesis sobre “debilidad”, “abandono”, “fragilidad” o “ausencia de control territorial” del Estado. Y 5) Vega (2015), plantea que el terrorismo de Estado se perpetúa en Colombia desde finales de la década de los cuarenta y se alimenta del sostén militar y financiero de los Estados Unidos y de los intereses de las clases dominantes criollas; y Gutiérrez (2015) y Pécaut (2015), afirman que no existe evidencia de terrorismo de Estado en Colombia, pues hay numerosos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en crímenes atroces (falsos positivos o parapolítica), pero según ellos, el régimen colombiano estuvo lejos de asimilarse con las dictaduras militares del cono sur.

Cabe resaltar que existe una cuantiosa bibliografía sobre el conflicto armado en Colombia. El establecimiento que ha realizado mayores investigaciones en este campo es el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Uno de sus documentos más reconocidos es el Informe ¡Basta ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad, el cual se fundamenta según ^{Estrada (2015)} “en una sociología de los actores armados, que prioriza las determinaciones subjetivas de esos actores como las causantes de la violencia a lo largo de cinco décadas” (p. 50). Partiendo de esta crítica, se puede decir que la riqueza del informe de la CHCV radica en que se hacen explícitos los dos grandes discursos que se han venido construyendo sobre el conflicto armado en Colombia; uno, que desconoce el carácter político de las guerrillas, proponiendo que las causas del conflicto están más ligadas a voluntarismos revolucionarios, que a cuestiones estructurales; y otro, que reconoce el contexto y la matriz societal como la esencia de la rebelión armada.

Poner en un mismo documento estas dos visiones es una contribución no solamente al conocimiento académico, sino al pensamiento crítico, a las memorias subalternas. ^{Marx (2003)}, planteó en El 18 brumario de Luis Bonaparte, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (p. 13). Teniendo en cuenta esa preposición, la lectura de la historia no debería partir de la desconexión entre los factores objetivos y subjetivos, pues ese reduccionismo lleva a comprender la realidad de forma parcial. La complejidad del conflicto armado colombiano hace aun más necesario profundizar tanto en las subjetividades de los actores, como en los aspectos estructurales que determinan los contextos. De esta forma será posible tener una visión más integral de la realidad colombiana, ya que sin ello, es imposible llegar a las causas que han generado que el conflicto colombiano se extienda por tantas décadas.

Vale la pena mencionar que comprender el conflicto armado hoy es muy importante, principalmente, porque se está en un escenario de recrudecimiento de la violencia, debido a la presencia de otras guerrillas y grupos paramilitares en los territorios; y por el incumplimiento de los Acuerdos de la Habana, pues ha habido tardanza en la implementación de las políticas de reparación a las víctimas, en los programas de reincorporación social y económica de los desmovilizados y en los pagos para la sustitución de cultivos de uso ilícito (^{Pardo et al., 2020}). A eso se suma, que desde la firma hasta marzo del 2021 se han asesinado “270 excombatientes” (^{Carranza, 2021}) y aproximadamente 1.990 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además, se registraron 91 masacres en el 2020, y 72 masacres hasta el 21 de septiembre del 2021 con aproximadamente 258 víctimas (^{Indepaz, 2021}).

De modo general, el informe está bien escrito y se recomienda su lectura. Los autores de los ensayos son personas con importantes trayectorias académicas, que tienen bastante producción académica enfocada en la temática en cuestión. Es por ello, que la lectura de este informe cobra relevancia, ya que reúne las tesis de los principales expertos sobre el conflicto armado en Colombia. Cabe decir que el conflicto armado no debería ser un tema tratado exclusivamente por el campo académico, sino que debería ser conocido por el grueso de la población colombiana. Claro está que sería necesario reescribirlo (adecuar el lenguaje) y sintetizarlo, permitiendo que cualquier persona independientemente de su nivel académico, pueda comprender la esencia de lo que se pretende problematizar en el documento. Incluso, podría ser la base para realizar pedagogía de memoria histórica y construcción de paz.