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Fronteras de la Historia

Print version ISSN 2027-4688

Front. hist. vol.20 no.2 Bogotá July/Dic. 2015

 

Los pueblos de indios y el abasto de leña delas ciudades de Tunja y Santafé, siglos XVI y XVII

Indian Villages and the Supply of Firewood in Tunja and Santafé, during 16th and 17th Centuries

CLAUDIA MARCELA VANEGAS DURÁN
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
claitovanegas@gmail.com

Recibido: 30 de enero de 2015
Aceptado: 16 de junio de 2015


RESUMEN

El abasto de leña forzado que tuvieron que cumplir los pueblos de indios ubicados en las ciudades de Santafé y Tunja durante los siglos XVI y XVII es un tema al que se le ha prestado muy poca atención en la historiografía colombiana. Junto con una movilización coaccionada de mano de obra (alquiler general, concierto, mita), las autoridades coloniales de los Cabildos locales impusieron el suministro semanal de un insumo fundamental para la cocción de los alimentos y la calidez de los hogares neogranadinos. En este artículo se analiza cómo se organizó el sistema y se llevó a cabo esta tarea por parte de los indígenas, cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron alrededor de esta imposición, y los efectos que la mita de la leña causó sobre las actividades cotidianas de los indios.

Palabras clave: Abasto de leña, mita urbana, Nuevo Reino de Granada, pueblos de indios, Santafé, siglo XVII, Tunja.


ABSTRACT

The forced labor imposed to the Indian villages of Santafé and Tunja in order to supply firewood during the 16th and 17th centuries, has not been studying in Colombian historiography. Concomitant with the mobilization of coerced labor (alquiler general, concierto, mita), colonial authorities imposed the obligation of collect certain amount of wood that was used in daily necessities (like cooking and home heating) in the New Kingdom of Granada. This article describes the organization of indigenous labors, in order to supply the wood necessities, the difficulties that this imposition represented, and the effects in everyday activities that the wood mita had upon indigenous communities.

Keywords: Indian villages, mita, New Kingdom of Granada, Santafé, Tunja, firewood supply.


Introducción

El caso que se analiza en este artículo nos parece un ejemplo fundamental de las relaciones entre los pueblos de indios y las ciudades, y lo que esto implicó para ambas partes. La demanda diaria de leña creó grupos de migrantes indígenas temporales hacia las urbes, comúnmente grupos domésticos enteros que debían trasladarse largas distancias cargando los leños sobre sus espaldas o con ayuda de animales. Estas personas dejaban por unos días sus sementeras y animales, con el propósito de cumplir una obligación impuesta por los habitantes urbanos y los cabildos de españoles.

Alrededor del abasto de leña, sin embargo, existe un gran vacío historiográfico, que es necesario comenzar a llenar, pues las referencias aisladas que encontramos en la historiografía colombiana (Colmenares, La provincia 90; Ruiz, Encomienda 191-194; Vargas 85-119; Villamarín, "Encomenderos" 179-188), en su momento, no lograron dar cuenta de varios aspectos relacionados con esta actividad. Un análisis específico del tema en el Nuevo Reino de Granada es necesario para comprender cómo se llevó a cabo la recolección y el abasto de la leña, cuáles fueron los sistemas de explotación de la mano de obra indígena que se utilizaron y sus similitudes y particularidades con respecto a otros espacios coloniales.

En relación con Nueva España, por ejemplo, Gibson menciona que, desde los primeros días de la Colonia, los funcionarios ordenaron a ciertos pueblos del valle de México el acarreo permanente de una determinada cantidad de bienes materiales (forraje, combustible, madera, piedras) y algunos alimentos (pescado, huevos, pollos) para aprovisionar a la capital novohispana. Estas contribuciones no se consideraron como parte del tributo en especie porque se pagaba por ellas, claro que a un precio muy inferior al del mercado (236). Otro caso fue el de los hacheros de Chalco, es decir, indios especializados en la tala de bosques que, a partir de 1570, debían acudir ante el juez repartidor con el fin de ser asignados, de forma temporal (por meses o años), para transportar leña y madera a cambio de un salario a una institución (conventos, casas reales, hospitales, colegios) o bien para obras públicas (Aguirre 93)1.

Este caso, sin embargo, difiere del neogranadino, espacio colonial en donde se estableció un sistema de abasto permanente de leña para dos ciudades cuyo propósito fue mantener una reserva constante para todos los habitantes urbanos. La diferencia con el caso novohispano estuvo en que se impuso una determinada cantidad de cargas de leña a ciertos pueblos de indios y no había una relación directa entre los indígenas y los consumidores del insumo, pues la leña era entregada al administrador de mitayos, quien se encargaba de pagar a los naturales.

El artículo presenta, en primer lugar, las causas que obligaron a las autoridades coloniales a organizar el abasto forzoso de leña. Luego se analiza la organización y las modificaciones de la mita de la leña durante el siglo XVII. Y por último se exponen algunos ejemplos que ilustran los efectos de la mita de la leña sobre los pueblos de indios y sus actividades productivas.

Organización del abasto forzoso de leña hacia las ciudades

La leña y el carbón eran fuentes de energía fundamentales para diversas actividades que se desarrollaban en los Andes centrales neogranadinos. Los indígenas los utilizaban en la cocción de alimentos y piezas de cerámica, la orfebrería y la evaporación de aguasal. Con la llegada de los españoles se sumarían a estas actividades los obrajes, panaderías, minas, haciendas, conventos y casas de españoles. El aumento en la demanda de este insumo requirió la intervención de los Cabildos locales. Cuatro son los factores que pueden explicar el porqué de la organización compulsiva del acarreo de leña: el ecosistema, la eliminación de los servicios personales, la organización de la mita urbana y el crecimiento demográfico de las urbes. Veamos en detalle cada uno de estos.

El ecosistema

En los Andes centrales neogranadinos prima la montaña, con abundantes valles y suaves pendientes, y su clima varía según la altura sobre el nivel del mar y la época de sequía o lluvias anuales. En cuanto a los árboles y los bosques maderables que se explotaban, es poca la información que tenemos hasta el momento. En la provincia de Tunja había cedros y palmas silvestres, unos árboles que llamaban "madera amarilla" para vigas y tablas, la toba dura y colorada utilizada para rodeznos de molino, además de pinos, robles y ceibas ("Descripción" 342)2.

En la "Descripción de la ciudad de Tunja", se menciona que "los montes están a tres y cuatro leguas de la ciudad, y algunos se tienden hasta salir fuera de la jurisdicción" (339). Por su parte, el padre fray Gaspar de Puerto Alegre, en 1571, describió a Tunja como un lugar asentado en "un páramo sin árboles y sin abrigos" (110), afirmación que el cronista Lucas Fernández de Piedrahita confirmó un siglo después, cuando dijo que es un lugar "falto de agua y leña, y por causa de la elevación de la tierra muy frío y seco" (49). En cuanto a la ciudad de Santafé, el autor anónimo de la "Relación de Popayán y del Nuevo Reino 1559-1560" dejó registrado que estaba en un valle muy frío, y que carecía de leña, que debía ser traída de más de 6 leguas de distancia del asentamiento español (65)3.

Estos testimonios permiten inferir que las condiciones ambientales de ambas ciudades eran adversas para los habitantes españoles, acostumbrados a utilizar leña para cocinar, hornear y dar calor a los hogares. Los ibéricos no optaron por trasladar los asentamientos urbanos a lugares más cercanos a los bosques, fundamentalmente porque Santafé y Tunja se erigieron sobre dos centros de poder prehispánicos importantes. La alternativa utilizada para suplir este insumo fue la mano de obra indígena, sin importar las distancias y las condiciones climáticas y geográficas de los caminos.

El tributo en cargas de leña

Antes de que se organizara la mita de la leña, el suministro lo hacían indios de encomienda como parte del tributo en especie, indios de alquiler contratados para cumplir con este trabajo o indígenas que iban directamente a los mercados locales a venderla (Eugenio 510; Langebaek 98-99). Durante las primeras décadas de la colonización, el encomendero no pagó nada a cambio, pues los indígenas realizaban este trabajo como servicio personal; en el caso de los indios alquilados, estos debían recibir un salario. En ambos sistemas de acarreo no había un límite de cargas, sino que dependía de las exigencias de los españoles.

En una muestra de la tasa del oidor Francisco Briceño y el obispo fray Juan de los Barrios (1555), que corresponde a 17 encomiendas, el promedio asignado a cada una fue de 5,5 cargas, con un mínimo de 3 y un máximo de 12. La medida oficial de cada carga fue de 1 vara y tres cuartos de grosor (Eugenio 245-248). Años después en la retasa de las encomiendas de la provincia de Tunja realizada por el oidor Angulo de Castejón (1562), el promedio por indio tributario fue de 1 carga (tabla 1). Sin embargo, una revisión de la asignación a cada encomienda nos muestra que no existió una relación directa entre el número de tributarios y las cargas4. Las diferencias nos hacen pensar en la orden que, en la década de 1590, impartió el presidente Antonio González de que no se alquilaran los indios con el fin de llevar leña a las ciudades para revenderla (Eugenio 507). Es decir, que no toda la leña era utilizada para el consumo del encomendero y su familia, y que este comercializaba el insumo en las ciudades de españoles y obtenía márgenes de ganancia significativos.

En las siguientes tasaciones se eliminó la contribución de leña y otros insumos de los bienes que debían entregar los indígenas, de acuerdo con la prohibición vigente sobre los servicios personales. Sin embargo, los naturales siguieron realizando esta labor, pues en la década de 1580 algunos pueblos cumplían con dar un cierto número de indios para llevar leña y hierba a casa del encomendero (Eugenio 461). En este caso ya no se determinó una cantidad de leña, sino que el indígena entregaba según las necesidades del español, en cantidad y periodicidad. Por el momento, las fuentes consultadas no nos permiten afirmar si esa forma de abasto fue una obligación o una simple compraventa.

El alquiler general y el crecimiento de las ciudades

Santafé y Tunja experimentaban a finales del siglo XVI un crecimiento demográfico y urbano que demandaba del ámbito rural circundante mano de obra, una gran variedad de alimentos, productos manufacturados, materias primas, materiales para la construcción, así como bienes provenientes de Europa.

La ciudad de Santafé pasó de tener 600 españoles en 1572 a 3.000 vecinos en 1623, incluidos los españoles y sus descendientes5. A este número debe añadirse a los indígenas, blancos pobres y mestizos que también comenzaban a hacer parte de la población permanente o transitoria de la república de españoles. Tunja, por su parte, durante la primera mitad del siglo XVII se vio beneficiada por la aparición de nuevos sectores sociales mestizos que se establecieron definitivamente en la ciudad. Además, la ciudad vivió un auge constructivo que había comenzado en el último cuarto del siglo XVI y que Wiesner asocia con "la llegada de las comunidades religiosas, el crecimiento de la población urbana, el auge de la tributación de las encomiendas de indios, la consolidación social y económica de los encomenderos como estamento dominante y la intensificación del intercambio mercantil" (42).

El aumento poblacional y la gran variedad de actividades que requerían trabajadores fueron proveídos con el establecimiento del alquiler general o mita urbana (Vargas 115; Zambrano 27). Los pueblos de indios aledaños a las poblaciones de españoles debían contribuir con cuotas fijas de indígenas tributarios que trabajaran en las ciudades, al menos durante un mes cada año (AGN, CI 35, doc. 27, f. 754 v.; Vargas 90). Como parte de este sistema, en 1576, Gonzalo Suárez Rendón, en cuanto regidor perpetuo de la ciudad de Tunja, redactó unas ordenanzas para el buen gobierno de la urbe6. En este documento, aprobado por el Cabildo de Tunja y la Audiencia de Santafé, el capitán Suárez incluyó un ítem sobre la leña que estipulaba que

las cargas de leña y yerba que los indios de alquiler trajeren sea cada una de vara y tres cuartas de medida en contorno y grueso de cada carga y no más, y si cualquier persona que llevare los dichos indios alquilados les diere o pidiera mayor medida incurra en pena de dos pesos aplicados el uno para el indio y el otro para la obra de la cárcel y casas de Cabildo de esta ciudad. (Cit. En Rojas 26-29)

Las autoridades, con este tipo de medidas, esperaban regular los excesos cometidos por los encomenderos en relación con el peso que debían cargar los indios en su espalda, mas no podían determinar el número diario, semanal o anual de cargas que debían entregar, ni garantizaban el abastecimiento de toda la población urbana. Como parte de las ordenanzas que prohibieron los servicios personales, en 1549 el rey ordenó que los indios no transportaran "ningún género de carga, que lleven a cuestas pública ni secretamente, por ninguna persona, de cualquier estado, calidad o condición [...] aunque sea con voluntad de los indios, o facultad o mandato de los caciques, con paga, ni sin paga, ni con licencia de virreyes, Audiencias, o gobernadores" (Recopilación 242). Legislar en contra del oficio de cargueros coaccionados, como se observa en otras leyes que hacen parte del título 12, sobre el servicio personal, de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, y como se expondrá a continuación, no impidió la continuidad y el aprovechamiento del trabajo indígena forzado por parte de diversos sectores sociales del mundo colonial hasta bien entrado el siglo XVII.

A pie o a caballo: el debate alrededor del transporte y las cargas

En el Nuevo Reino de Granada, a finales del siglo XVI, se seguía insistiendo sobre las graves consecuencias del trabajo de los cargueros. En el caso de la leña, en 1584, Pedro López, fiscal y defensor de los naturales de Tunja, presentó ante la Audiencia una solicitud con el fin de que a los indígenas alquilados para llevar leña a la ciudad se les suministraran caballos, mulas y otras bestias y, así, se redujeran las dificultades de esta pesada carga laboral. Si bien este funcionario no se oponía a que los naturales acarrearan la leña a la ciudad, pues era un insumo esencial, encontraba perjudicial que lo hicieran en sus es-paldas, sobre todo porque debían recorrer 5 o más leguas, arriesgando inclusive su propia vida (AGN, CI 35, doc. 27, f. 751 r.).

El presidente y los oidores aprobaron la solicitud, pero la oposición a la medida no se hizo esperar, y fue presentada por el mismo procurador de la ciudad, Gerónimo Holguín, en nombre de todos los vecinos de Tunja. Los argumentos que manifestó se enfocaron en tres puntos: la protección de los intereses económicos del rey, los de los vecinos de la ciudad y por último los de los indígenas. Con respecto a las arcas del rey, los efectos negativos de implantar esa medida se sentirían a través del pago del tributo, pues "no habría persona que los alquilase y los mismos indios recibirán pérdida por quitárseles una tan principal granjería como es esta, pues se ve por experiencia que en cada un mes esta corte de solo el alquiler de los indios se sacan más de mil e doscientos pesos de donde pagan sus demoras" (AGN, CI 35, doc. 27, ff. 754 v.-755 r.)

Con respecto a los vecinos de la ciudad, Holguín afirmaba que había muy pocos caballos y yeguas en la región, y que los habitantes más pobres no podrían alquilar o comprar los animales por su costo y el de la hierba para alimentarlos, de forma que "no comerían cosa que llegase al fuego si se hubiese de pasar por este rigor de dar caballos" (AGN, CI 35, doc. 27, f. 756 v.). Sin embargo, creemos que su observación es algo drástica, pues, para esos años, mestizos e indígenas ya tenían yeguas y caballos, los cuales representaron una gran ayuda en el transporte de mercancías y pasajeros por los Andes centrales neogranadinos (AGN, VBOY 19, doc. 14, f. 873 r.; AGN, VBOL 5, doc. 6, ff. 695 r.-698 v.; Rodríguez). Por otro lado, aunque es un testimonio del siglo XVII, el encomendero de Facatativá expresaba en 1639 que los indígenas llevaban todos sus frutos en "muchos caballos yeguas y mulas y también para acarrear leña y casco a la ciudad de Santafé que le es de mucho y grande aprovechamiento y [...] fletan mucha cantidad de cabalgadura así para el puerto de Honda como para [...] Santafé" (Burford 80).

Ahora bien, ¿quiénes eran los propietarios de esos animales? Farris asegura que, en Yucatán, "los caballos y las mulas eran posesión excepcional limitada a los verdaderos ricos" (285). Esta afirmación nos parece pertinente en relación con el caso que estamos estudiando. En el Nuevo Reino de Granada, el valor que tenía un caballo por esos años era de 4 pesos de plata, y una yegua costaba 5 pesos (Rodríguez 135); seguramente los potros eran más económicos, pero no tenemos aún un dato preciso. Los indios del común podían tener menos posibilidades de comprar uno de estos animales; sin embargo, las mulas, los asnos y los burros eran más asequibles y muy resistentes a las condiciones adversas que la geografía podía presentar a lo largo del camino transitado. Eran animales que, además, se criaban en las estancias que circundaban la ciudad de Tunja a comienzos del siglo XVII ("Descripción" 344).

Entre los argumentos del procurador Holguín estuvo, por otra parte, la preferencia de los indígenas a cumplir con el abasto de leña, antes que trabajar al servicio de los españoles en sus casas, en los conventos, las obras públicas o con los artesanos, pues llevar la leña a las ciudades, según él, solo implicaba trasladarse un día a la semana y luego regresar a sus labores cotidianas sin afectar drásticamente su subsistencia (AGN, CI 35, doc. 27, f. 758 r.). Asimismo, el procurador negó la capacidad de los indígenas para cuidar a los animales, pues aseguraba que no lo harían bien y correrían el riesgo de que les destruyeran sus sementeras; e inclusive aseveró que los hurtarían (AGN, CI 35, doc. 27, ff. 756 v.-759 v.). En general, esta era una opinión con respecto a los naturales compartida por los españoles y que encontramos en la "Descripción de Tunja", cuyo autor indicó que los indios andaban con los animales, "pero no sin algún español por la poca confianza y mal recaudo y mucha flema de los indios" (336).

Dudamos de que este intento de mejorar las condiciones laborales de los indígenas que transportaban la leña se haya cumplido de forma general, no solo por los argumentos esbozados por el procurador Holguín y los vecinos de Tunja, sino porque, a comienzos del siglo XVII, el presidente Juan de Borja informó al rey que los indios debían llevar a sus espaldas 5 y 6 arrobas de leña desde los montes en donde la conseguían, andando 3 y 4 leguas hasta Santafé (AGI, SF 18, 74, cit. En Ruiz, Encomienda 29). Además, todavía en el siglo XIX se transportaba la leña a la ciudad en la espalda de hombres, mujeres y niños, como se puede observar en el grabado de Greñas (figura 1).

Por otro lado, mientras que, en el padrón de mitayos de Tunja del siglo XVII (AGN, M 71, doc. 90, ff. 759 r.-763 v.), se habían asignado cargas de leña a los pueblos, en la documentación en la que se registraba el pago a los leñateros se relacionan caballos de leña7. Es posible que se hubiera llevado a cabo un cambio efectivo en la forma de transportar las cargas, gracias a la petición que Pedro López, fiscal y defensor de los naturales de Tunja, presentó en 1584. Es importante tener en cuenta, además, que los indígenas tenían la capacidad de comprar los animales, podían alquilarlos o recibirlos de las autoridades indígenas para acarrear bienes hacia las ciudades y las casas de los encomenderos. Lamentablemente, el hecho de si efectivamente estaban llegando caballos o personas cargadas a las ciudades es algo que los documentos no aclaran.

Existía, pues, una demanda de leña permanente, a consecuencia de la escasez de esta en la cercanía de los centros urbanos y del aumento de una población que no tenía recursos suficientes para garantizar el alquiler de un mitayo que la abasteciera diariamente. El debate alrededor de las condiciones de los cargadores y la demanda de leña de las ciudades de españoles de los Andes centrales neogranadinos abrió las puertas para la implementación de la mita de la leña a comienzos del siglo XVII. El 19 de diciembre de 1602 la Audiencia de Santafé informó al rey que pondría fin a los excesos cometidos contra los indios mitayos que cargaban leña a las ciudades "y aunque lo sintieran los pueblos de españoles, la Audiencia daría orden para que hubiera leña y yerba" (AGI, SF 18, 28, cit. En Ruiz, Encomienda 292).

Organización y funcionamiento de la mita de la leña

Con el reparto de leña que los funcionarios españoles organizaron a comienzos del siglo XVII para las ciudades de Santafé y Tunja, se ordenó que ciertos pueblos de indios llevaran diariamente a la urbe una cantidad determinada de cargas de leña (AGN, CI30, doc. 11, f. 167 v.; Gálvez 19). Quienes se beneficiaron del abasto coaccionado fueron los habitantes que no tenían recursos suficientes para pagar a un indio de alquiler y, sin duda, el administrador de mitayos que podía obtener alguna ganancia en la transacción.

Los caciques que estuvieron presentes cuando se informó sobre la nueva imposición aprovecharon la ocasión para negociar con las autoridades coloniales. Ellos pidieron que se señalara un mes del año para llevar toda la leña que anualmente se les pedía, porque consideraron que así se les haría menos dispendiosa la tarea. La propuesta de los caciques fue aprobada por la Audiencia, y a los pueblos elegidos se les asignó un mes del año para transportar la leña (AGN, M 71, doc. 90, ff. 759 r.-763 v.). Como se ve, el gobierno colonial tenía cierto margen de acción para la negociación, permitía que las autoridades indígenas interpelaran a sus funcionarios para presentar su posición frente a una obligación nueva. Pero ¿por qué los caciques no se opusieron al abasto forzoso de leña? La asignación de mitayos y leñateros para la ciudad de Tunja de 1603 nos puede ayudar a responder este interrogante.

Como se observa en la tabla 2, las autoridades de la ciudad solo asignaron a un porcentaje reducido de pueblos el cumplimiento de ambas actividades, es decir, indios de alquiler y leñateros (3,2 %), 48 pueblos cumplirían con el envío de 2.040 mitayos (77,4 %) y 12 cubrirían la demanda de leña con 1.030 indígenas (19,4 %). De esta forma, algunos pueblos dejaron de ir a la ciudad a trabajar para los vecinos, conventos, artesanos y autoridades del Cabildo con el fin de garantizar el acarreo de leña durante un mes al año. Este cambio favorecía a los indígenas, que evitaban así que parte importante de su mano de obra abandonara por periodos más largos el pueblo y las actividades que se desarrollaban en él.

A finales del siglo XVI, cada indio mitayo entregaba 6 cargas de leña, que por lo general llevaba a la ciudad los domingos, ayudado por los miembros de su grupo doméstico (AGN, CI 35, doc. 27, f. 757 v.). Con el padrón de 1603, la ciudad de Tunja aumentó sus exigencias, pues esperaba recibir 2.400 cargas de leña cada mes, a excepción de enero y agosto, para cuando se asignaron 1.200 y 1.920 respectivamente, y octubre, mes en el cual no recibiría ninguna (tabla 3)8. Una posible explicación a la variación mensual de la carga la encontramos en el calendario agrícola, que se llevaba a cabo en 2 periodos de acuerdo con el tipo de cultivo. Entre febrero y marzo se preparaba la tierra y se sembraba para recoger en agosto o septiembre; un segundo cultivo se sembraba en agosto-septiembre y se cosechaba en enero. Octubre era época de lluvias, lo que dificultaba el traslado de personas e insumos (Villamarín, "Haciendas" 329).

Las cargas de leña que se impusieron a 14 pueblos fueron muy altas, pues en la mayoría de los casos se esperaba que un solo pueblo, máximo 2, cubrieran la totalidad mensual y que cada indio llevara 24 cargas. Es decir que se esperaba, en promedio, que 100 indios transportaran mensualmente 2.400 cargas de leña9. En el caso de Santafé, el promedio que cada indígena debía acarrear a comienzos del siglo XVII era de 14 caballos de leña, 10 menos que para Tunja. En el caso de Tunja, los reajustes a la asignación de mitayos debieron haberse realizado a mediados del siglo XVII, como lo demuestran las solicitudes presentadas por los indígenas para que se disminuyeran las cargas y la cantidad de indios mitayos (AGN, CI 40, doc. 15, ff. 520 r.-527 r.; AGN, M 71, doc. 90, ff. 756 r.-763 v.). En la primera de esas denuncias, el fiscal protector y administrador de los naturales del reino resaltaba la abundancia de leña en la urbe, por lo cual a los indios de Turmequé les pagaban "menos de su valor con que en todo tenían la pérdida" (AGN, CI40, doc. 15, f. 521 r.). También advertía a don Juan Fernández de Cordovay Coalla, presidente gobernador y capitán del reino, que Martín de Verganzo Gamboa, administrador de mitayos de la ciudad, apremiaba y molestaba a los indios con jueces que iban al pueblo a exigirles las cargas completas (AGN, CI 40, doc. 15, f. 521 r.)10.

La segunda petición fue presentada por el mismo funcionario en representación de don Isidro, indio capitán del pueblo de Cuitiva. En ella se advertía que por más de treinta años los naturales habían pagado 18 pesos anuales por derechos de salario del administrador de mitayos de Tunja, y otro tanto por un juez que iba a su pueblo a cobrarles (AGN, M71, doc. 90, f. 757 r.). Los indígenas reclamaban contra lo injusta que era esa contribución, porque el administrador de mitayos les había suspendido la asignación de 2.400 cargas de leña que se les había ordenado en 1603, teniendo en cuenta que la ciudad estaba lo suficientemente abastecida de ese insumo por mitayos e indios particulares, que el pueblo se encontraba a más de 10 leguas de distancia y que su encomendera, doña Magdalena de Gaviria, los tenía ocupados en sus sementeras (AGN, M 71, doc. 90, f. 756 r.).

Son varios los puntos que nos parece interesante rescatar de estos dos casos. Por un lado, el acto de negociación entre autoridades coloniales y encomenderos alrededor de la mita, pues el administrador advirtió que había sido doña Magdalena Gaviria la que había solicitado que fueran excusados de llevar la leña, y como era "persona de toda atención y respeto" los había eximido de la obligación. Por otra parte, a mediados del siglo XVII podía ser más "práctico" para los naturales concertarse con encomenderos o vecinos a cambio de un salario, o bien vender sus productos y animales en los mercados, que llevar la leña a las ciudades o cumplir con el alquiler general.

Además, creemos importante resaltar la molestia que manifestaban los indígenas sobre la forma en la que se les cobraba, pues en un memorial que don Isidro presentó informaba que si bien les había suspendido las cargas de leña por vía de permisión,

no el que dejasen de pagar los dichos derechos, que es tan conocido agravio como digno de remedio, pues cesando la primer causa no debe correr el efecto de la segunda, mayormente cuando es tan conocido perjuicio de partes tan miserables como son los indios, que se llega la rigurosa forma con que cobra el dicho salario que solo tiene este nombre, pues luego que llega el tiempo señalado les envía juez con salario. (AGN, M 71, doc. 90, f. 756 r., énfasis añadido)

La amenaza y la coacción iban de la mano, pero tenían límites difíciles de precisar en el mundo de la negociación entre indígenas y españoles. ¿Hasta dónde los grupos indígenas toleraban los excesos a los que estaban expuestos? Este es un interrogante que está en el trasfondo de estas formas represivas de extracción de mano de obra y recursos. En el mundo colonial, el indígena tenía la posibilidad de incumplir lo que se le demandaba, en parte o en su totalidad, o bien de negociar. En el caso de Cuitiva, encontramos una resistencia negociada enmarcada dentro de los códigos jurídicos en los que los naturales habían aprendido a desenvolverse muy bien. Habían tolerado el pago del salario al administrador de mitayos por un largo tiempo, pero debió suceder algo (que el documento no especifica) que rebasó los límites de la costumbre, y por esta razón los indígenas optaron por acudir al protector en busca de justicia. Como veremos a continuación, la atención que puso el fiscal protector y administrador de los naturales del reino a estos casos modificaría la situación de este pueblo y los de toda la provincia.

La ciudad de Tunja vivió su época de auge hasta mediados del siglo XVII, cuando su desarrollo económico y social se estancó. Entre los múltiples factores que Wiesner menciona para explicar este fenómeno, estuvieron la pérdida paulatina del poder de los encomenderos, el descenso demográfico de la población indígena, la disminución de la producción de oro, el declive de la actividad civil, y la posición marginal de la ciudad en relación con las vías comerciales (18, 45). La disminución del alquiler general y la mita de la leña son solo un reflejo de esta situación. Algunos habitantes de Tunja se proveían de la leña que llegaba de forma coaccionada o a través de los indios que arribaban libremente a la ciudad a venderla; para los encomenderos era suficiente la leña que ordenaban llevar a sus indios y los conventos se abastecían de los pueblos cercanos (AGN, M 71, doc. 90, f. 758 v.).

El exceso de leña en la ciudad favorecía, sin duda, a los compradores por la disminución del precio, pero perjudicaba a los indígenas que no veían compensado el esfuerzo físico y la inversión de tiempo que demandaba su recolección. El fiscal protector dejaba ver el extremo al que podían llegar los naturales para cubrir la mita de la leña cuando le advertía al presidente Fernández que era imposible que se les exigiera la misma cantidad de leña: "Por la gran disminución a que han venido de que se les siguen a dichos indios tan gran perjuicio, que por no experimentar semejantes agravios dejan sus pueblos como algunos lo han hecho [para] comprar las cargas que no pueden rajar a más precio del que les dan en la dicha ciudad por ellas" (AGN, CI 40, doc. 15, f. 523 r., énfasis añadido).

El 5 de diciembre de 1657, el presidente del Nuevo Reino de Granada, Juan Flores de Ocariz, ordenó que a los indios del pueblo de Cuitiva no se los obligara a llevar leña ni pagaran ningún salario al administrador. Al capitán Francisco de Cifuentes, como alcalde ordinario de Tunja, le pidió que reformara la repartición antigua (1603), de modo que no faltara el abasto para la ciudad "ni se recargue a los indios, ni se obligue a los que estuvieren lejos en lo que pudieren hacer los más cercanos" (AGN, M71, doc. 90, f. 758 v.). Pero fue solo en 1670 que se hizo un nuevo padrón de la mita urbana y de la leña para Tunja.

Con esta nueva asignación, las cargas de leña disminuyeron en un 56,9 % con respecto a 1603, pero como se puede observar en las tablas 2 y 3, todavía era muy importante para la ciudad. Al comparar la asignación de mitayos para la ciudad de Tunja de 1603 y 1670 (tablas 2 y 3) encontramos una reducción significativa en el alquiler general, mientras que en el caso de los leñateros se dio un aumento en el número de pueblos y un reajuste en la cargas. Varias son las razones que explican este cambio. En primer lugar, a finales del siglo XVII, el Cabildo de la ciudad de Tunja quería seguir manteniendo la mita de la leña y para ello distribuyó las cargas en un número mayor de pueblos. Pueblos que, por lo demás, estaban más cerca de la ciudad, como se puede ver en el mapa 1. A comienzos del siglo XVII, la mayor parte de los 14 pueblos de indios que debían acarrear 24.720 cargas de leña al año a la ciudad (señalados en el mapa con color azul), se encontraban ubicados hacia el nororiente, a 7 y 10 leguas de distancia de la ciudad. En la asignación de 1670 (señalados en el mapa con color verde), se modificó este panorama y la obligación de transportar 10.648 cargas de leña se concentró en 45 pueblos, la mayoría de ellos más cercanos a Tunja (AGN, CI 35, doc. 3, ff. 10 r.-24 v.).

Mientras que a comienzos de siglo el alquiler general era la prioridad para la administración de la ciudad, tanto en número de indios como de pueblos a los cuales se les asignó, en 1670 la mita de la leña era la actividad preponderante.

Sin duda, en esos años se estaban haciendo ajustes que tuvieran en cuenta, por un lado, el descenso del número de indios tributarios de los pueblos de indios y, por el otro, las necesidades reales de los poblados de españoles. Pero de ninguna manera se pensaba en eliminar el sistema de coacción de mano de obra y leña.

La mita urbana fue abolida por el rey en 1741, pero desde mucho antes su aporte a las ciudades era mínimo, pues para esos años la disminución de la población indígena en los pueblos hacía imposible que esta cubriera ninguna exigencia de mano de obra bajo los términos establecidos por este sistema de vinculación coercitivo (Vargas 92).

La mita de la leña y los pueblos de indios

En este apartado revisaremos las implicaciones del abasto de la leña para los pueblos de indios. Se han tenido en cuenta aquellos argumentos expuestos por funcionarios coloniales y autoridades indígenas como impedimentos para el cumplimiento de la entrega de leña: el factor demográfico, la distancia entre los pueblos y ciudades, la participación del grupo doméstico indígena como fuerza laboral y de respaldo para garantizar la imposición, y los efectos sobre las actividades agrícolas de los naturales.

El descenso demográfico y el abasto de leña

En 1584, Diego de Buitrago, un vecino de la ciudad de Tunja, aseguraba que la ausencia de los indígenas mitayos de sus pueblos para pasar una temporada en las ciudades había generado "notorios daños en sus labranzas y bohíos y en sus personas hambre y necesidad como gente ausente de su casa" (AGN, CI35, doc. 27, f. 758 r.), mientras que, para los que transportaban la leña, significaba ir solo una sola vez a la semana a la ciudad, generalmente los domingos11. Efectivamente, existían ciertas ventajas para los indígenas del acarreo de la leña sobre la mita urbana, como la opción de no tener que abandonar sus lugares habituales de vivienda indefinidamente y la capacidad de administrar su tiempo entre múltiples actividades, claro que con una limitada libertad. Sin embargo, el notorio descenso demográfico de los naturales de los Andes centrales neogranadinos —no solo por mortandad sino por el fenómeno de la huida (Francis, "Población"; Francis, "The Resguardo")— había dejado sin suficiente fuerza laboral a los pueblos de indios, que debían cuidar sementeras y animales propios y ajenos, pagar los tributos de los presentes y ausentes y, además, dedicar tiempo a actividades relacionadas con la vida social del grupo doméstico al que pertenecían. Dos ejemplos ilustrarán bien este punto.

En 1628, el protector general de los indios, en nombre de los naturales de Tunjuelo, advertía a las autoridades de la Audiencia de Santafé que si bien a este pueblo se le había ordenado llevar 288 caballos de leña en el mes de febrero, nunca había cumplido con esa obligación porque estaba compuesto por muy pocos individuos, el monte donde podían cortar la leña estaba distante de su pueblo, no tenían suficientes cabalgaduras y, además, "de ordinario están ocupados en sus labores y sementeras y en las de los vecinos de aquel valle que son muchas y que, sin embargo de esto, el administrador de los mitayos los apercibe a que traigan leña" (AGN, CI 30, doc. 11, f. 174 r.). El asunto más sobresaliente del argumento del protector de indios era la falta de gente para cubrir tantas actividades, pues entre 1601 y 1628 su población tributaria había disminuido en un 19 %, es decir, de 52 a 42 indios útiles (AGN, CI 30, doc. 11, f. 168 r.).

Años después, en 1651, el cacique y los indios del pueblo de Turmequé, encomienda de la Corona, solicitaron a las autoridades coloniales la rebaja en las cargas de leña asignadas. Don Fernando Mendoza, su corregidor, informaba que el pueblo había sufrido una disminución demográfica significativa, pues mientras que a comienzos de siglo tenían 580 tributarios (Francis, "Población" 69), ya para mediados eran tan solo 330. Es necesario tener en cuenta, también, que una parte de esta población no vivía en el pueblo (aunque pagaba sus tributos): 50 indígenas concertados para trabajar en estancias de ganado y haciendas agrícolas y 46 en los reales de minas de las Lajas. Además, otra parte desempeñaba cargos de gobierno local: 14 indios fiscales y alguaciles encargados de traer a los muchachos a la doctrina, y 2 alcaldes y sus alguaciles para el servicio del pueblo (AGN, CI 40, doc. 15, f. 524 v.). Estas personas representaban, poco más o menos, el 35 % de la población tributaria de 1651 (tabla 4). En cuanto al alquiler general, a comienzos del siglo XVII debía enviar 50 indios para obras públicas y 50 para el abasto de 1.200 cargas de leña. Si bien a mediados de siglo solo debía cumplir con el abasto de leña, pues el administrador de mitayos de la ciudad los había relevado del alquiler general por las pocas obras públicas que había (AGN, CI 40, doc. 15, f. 524 r.), los naturales continuaban cubriendo las cargas de leña impuestas en 1603, pero los 50 indios leñateros ya no correspondían al 9 % de su población tributaria, sino que la proporción había aumentado al 15 %.

Usme fue otro de los pueblos que solicitó la disminución de las cargas de leña en la segunda mitad del siglo XVII. Cuando se hizo la asignación al pueblo, tenía aproximadamente 214 tributarios12, a los que se les ordenó acarrear 400 cargas de leña en el mes de octubre; ya para 1668, sin embargo, eran tan solo 40 indios útiles, es decir, una disminución del 81 %. La Audiencia de Santafé determinó que se les rebajara la leña, pero solamente a 300 cargas, pues el administrador de mitayos aseguraba que "si se diese lugar a la dicha rebaja intentarán lo mismo todos los pueblos que están obligados a traer leña para el abasto de esta ciudad de grave perjuicio para el bien público". Además, advertía que "otros pueblos que tienen menos gente que [...] Usme trayendo más cantidad de cargas no lo han contradicho ni pretenden rebaja por no serles muy gravoso" (AGN, CI 8, doc. 30, f. 421 r.).

Esta era una situación generalizada en los Andes centrales neogranadinos desde el último cuarto del siglo XVI (Colmenares, Historia; Colmenares, La provincia; Francis, "Población"; Francis, "The Resguardo"; Villamarín, "Encomenderos"). En lo que se refiere a la primera mitad del siglo XVII, la población tributaria de la provincia de Tunja sufrió una disminución del 48 % en tan solo 35 años, es decir, de 19.616 en 1600 a 10.144 en 1635. En el caso de los pueblos de indios de la provincia de Santafé, el descenso fue del 61,6 %, desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII (Colmenares, Historia 89; Francis, "Población" 58; Ruiz, Encomienda 95; Ruiz, Fuentes 33).

El descenso demográfico de la primera mitad del siglo XVII tiene relación con varias epidemias ocurridas en ese periodo13. Además, muchos indígenas huyeron de los pueblos para evitar las obligaciones que el tributo y el repartimiento forzoso generaban sobre la comunidad (Francis, "The Resguardo"). Varios de los que aparecían en las cuentas oficiales como ausentes, es decir, aquellos que estaban en las minas, las haciendas o las ciudades trabajando bajo la figura del repartimiento forzoso de mano de obra, no regresaban a sus pueblos, ya fuera por decisión propia, porque morían prestando el servicio o por la presión de sus contratantes, que impedían su retorno (Contreras).

Una población en constante descenso demográfico difícilmente podía dar abasto en medio de una gran variedad de actividades. El caso que estamos estudiando es apenas una de las aristas de un mundo productivo muy complejo en el que las haciendas, ciudades y minas eran la prioridad y competían entre ellas por garantizar mano de obra suficiente para su funcionamiento. Ya se lo advertía el fiscal protector y administrador general de los naturales en 1651 al capitán don Francisco de Cifuentes Monsalve, alcalde ordinario, cuando decía "que hoy se van consumiendo los indios y creciendo el trabajo como se experimenta y que es esta la causa de ausentarse y desamparar su natural y a sus familias" (AGN, M 71, doc. 90, f. 756 v.).

El tiempo y la distancia: recolección, transporte y acarreo de la leña

Retomando el testimonio de Diego Buitrago, debe tenerse en cuenta un factor crucial en las implicaciones que la mita de la leña traía para los indígenas, y que nos da pie para pensar, en general, en los repartimientos forzosos que funcionaban alrededor de la agricultura, la ganadería, la minería y, naturalmente, las ciudades. Buitrago decía que los indios solo ocupaban un día en ir a la ciudad. Sin embargo, esto es necesario matizarlo, considerando dos factores: el trabajo preliminar que suponía el acarreo de la leña y las personas a las que involucraba.

En general, la recolección de la leña no siempre se hacía en lugares cercanos a los pueblos o sementeras donde la mayoría de los indígenas tenían sus bohíos de habitación. Requería entonces trasladarse inicialmente a esos espacios. Luego debían recorrer con la carga, ya fuera en sus espaldas o con ayuda de animales, la distancia entre los montes donde se recogía la leña y la ciudad. A eso debía añadirse el tiempo de permanencia en esta, pues podían tardarse más de un día si tenían que esperar que el administrador de mitayos los atendiera y les pagara por su trabajo, pero inclusive muchos preferían regresar sin el pago para no correr el riesgo de perder sus sementeras y animales a causa de su ausencia. Quedarse en la ciudad implicaba, entonces, buscar un lugar para dormir y llevar suficiente comida para todas las personas que se trasladaban. El fiscal protector y administrador de los naturales del reino en 1651 informaba que los indígenas ocupaban al menos un día en rajar la leña, dos en llevarla a la ciudad y otro de vuelta al pueblo (AGN, CI 40, doc. 15, f. 521 v.). Los días invertidos eran al menos cuatro, dos de ellos dedicados exclusivamente al traslado a la ciudad, que por la carga que llevaban se hacía de forma más lenta.

Debe tenerse en cuenta, además, que los indios generalmente no acudían solos a cumplir con el trabajo forzoso, pues ya fuera por pocos días, meses o años, era muy frecuente que salieran de sus pueblos acompañados de sus mujeres e hijos (Contreras 131). En el caso de la mita de la leña, la ayuda del grupo doméstico (mujeres, parientes e hijos) era fundamental, ya que sin sus familiares difícilmente podrían haber cumplido con la cantidad de leños que se les exigían (AGN, CI 35, doc. 27, ff. 756 r.-759 r.). Se trataba, entonces, no solo del número de indios tributarios ausentes, sino de otras personas que los acompañaban.

Ligada al traslado de los indígenas a las ciudades estuvo la preocupación de sus autoridades, protectores de indios y algunos funcionarios, por la distancia que debían recorrer los naturales con la leña a cuestas. Como se expuso más atrás, desde finales del siglo XVI se determinó cómo debían ser las cargas de leña, con la idea de evitar los excesos cometidos por las personas que utilizaban a los indígenas como cargueros. En lo que se refiere a la distancia, se insistió mucho en que los indígenas no debían moverse más allá de 3 leguas, pero los administradores de mitayos, ante la escasez de mano de obra y bienes, acudían a pueblos que excedían ese trayecto. El presidente Borja, a comienzos del siglo XVII, manifestaba su preocupación sobre las condiciones de los leñateros, cuando informaba al rey que las personas ignoraban las prohibiciones y castigos que existían y que

era lástima grande ver por sus tandas muchos miserables indios forzados a traer desde lo más áspero de los montes, a donde trepan a duras penas, tres o cuatro leguas, a sus espaldas cinco y seis arrobas de leña por un precio vilísimo, y siendo traídos para esta molestia de doce o catorce leguas en el tiempo de mayores inclemencias, lluvias, tempestades, avenidas de ríos y con otras infinitas incomodidades. (AGI, SF 18, 74, cit. En Ruiz, Encomienda 293)

En el padrón de mitayos de la ciudad de Tunja de 1603, por ejemplo, fueron prácticamente ignoradas las prohibiciones y los funcionarios eligieron pueblos que estaban a 8 y hasta a 10 leguas de distancia para el abasto de leña. Cuitiva, por poner un caso, estaba a 4 leguas de ida y vuelta del lugar donde se recolectaba la leña y a 10 del pueblo a la ciudad (AGN, M71, doc. 90, f. 756 r.). Los indígenas de Turmequé, por su parte, dedicaban 4 días a todo el proceso (rajar la leña, llevarla a la ciudad y regresar a su pueblo) (AGN, CI40, doc. 15, f. 521 v.). En 1651, ya no se exigía a los pueblos ubicados a más de 8 leguas la entrega de la leña y, al parecer, los indígenas que la llevaban a la ciudad de Tunja estaban a entre 2 y 5 leguas (AGN, M71, doc. 90, f. 756 v.).

Una de las consecuencias más graves del repartimiento forzoso de mano de obra indígena se dio en relación con las actividades agrícolas que se desarrollaban en los pueblos de indios. La reducción en el tiempo dedicado a los cultivos y al cuidado de animales estuvo ligada al trabajo que debían cumplir fuera de sus lugares de residencia. El calendario agrícola que guiaba anualmente las labores de preparación de la tierra, siembra, cuidado y cosecha de los diferentes cultivos se debía seguir con cierto rigor, pues, de otra forma, se corría el riesgo de perder el sustento del que dependían indígenas y españoles. En enero se preparaba la tierra para la siembra, por ser tiempo seco, de tal forma que estuviera lista para recibir los beneficios de las lluvias de marzo y la cosecha se pudiera llevar a cabo en septiembre; de esta forma se podía evitar la época de lluvia de octubre y noviembre (Cavelier 132). Claro que existían cultivos con ciclos cortos, de cuatro a seis meses, como algunas variedades de papas, cubios o nabos, chuguas y rubas. El maíz y sus distintas variedades podían ser cosechados una o dos veces al año, dependiendo de si se hacía en tierras templadas o frías (132-133). En mayo de 1653, el fiscal protector y administrador general de los naturales le explicaba a la Audiencia de Santafé que los indios de Turmequé

en el tiempo que han de ir a la dicha mita [enero] es en el que han de hacer sus labranzas así de maíz y trigo [...] y son de más utilidad al bien público por la bondad, pues es de lo mejor que tiene este reino; y por tener los dos y tres meses en la dicha ciudad aguardando que [los ocuparan] en cavar huertas y otras cosas que los domésticos de las casas lo pueden hacer [...] cuando vuelven al dicho su pueblo se les ha pasado la ocasión de sembrar en que tiene conocidamente dos pérdidas. La una, el gasto que en el dicho tiempo han tenido en la dicha ciudad son haber ganado más de cosa tan tenue que no es bastante para su sustento y necesitan se les lleve del dicho su pueblo, y la otra los frutos que dejan de coger causa por que se han ausentado muchos indios con tan gran pérdida de demoras y requintos que tocan a vuestro real haber. (AGN, CI 40, doc.15, f. 524 v.)

Para esos años, el 29 % de los tributarios de Turmequé estaba trabajando en las minas y haciendas, mientras que los leñateros eran el 15 %. El 44 % de los indios útiles estaba por fuera del pueblo, en temporadas que podían ir desde días, como ocurría con los leñateros, hasta meses o años en el caso de los mineros, agricultores y pastores (Eugenio 116-125; Villamarín, "Encomenderos" 117-120). En general, cualquiera de estas ocupaciones afectaría en mayor o menor medida la producción de la tierra de los indios, pues era mano de obra que se estaba ausentando de los pueblos. Siguiendo el argumento del fiscal protector de los naturales, era mejor que los hombres se dedicaran a cultivar y no a transportar la leña a la ciudad de Tunja, sobre todo porque había suficiente abastecimiento.

El protector y administrador de los naturales del reino, cuando expuso sus argumentos en defensa de los indios de Usme y la necesidad que tenían de que se les disminuyeran las cargas de leña, advertía que a este pueblo se le había asignado uno de los meses más rigurosos para llevarlas a la ciudad, el de octubre (AGN, CI 8, doc. 30, f. 420 r.). Esta época era húmeda y la recolección y el transporte de la leña bajo estas condiciones hacían más extenuante la labor. Los funcionarios que realizaron la distribución a comienzos de siglo no hicieron ninguna diferencia en la asignación mensual, pues el promedio era de 2.400 cargas en todos los meses, a excepción de enero, agosto y octubre. En cambio, la distribución de los leñateros en 1670 sí nos permite reconocer que en los primeros meses del año no se requería tanta leña como en la segunda mitad, tiempo en el que se esperaba consumir un promedio mensual de 1.247 cargas, asignadas a entre 3 y 8 pueblos por mes (tabla 3).

En general, cualquiera que fuera el mes del año en que se les hubiera asignado a los indígenas el acarreo de la leña, coincidía con sus propias actividades productivas y las que realizaban para las estancias cercanas a sus pueblos. Cumplir con tan diversas actividades requería de una buena organización del trabajo, con la fuerza laboral que estuviera disponible en cada repartimiento de indios. Como se ha visto, las condiciones variaban de un lugar a otro; en general, existió una fuerte disminución de la población tributaria, pero en unos pueblos fue más drástica que en otros; adicionalmente, el factor distancia, recolección y transporte podía añadir mayores dificultades a la tarea asignada.

Conclusiones

El caso neogranadino nos parece relevante en el mundo colonial, pues en este espacio se estableció un sistema de abasto de leña permanente para dos ciudades cuyo propósito fue mantener una reserva constante para los habitantes urbanos. De esta forma, el suministro de leña durante el siglo XVII y a comienzos del XVIII no dependió solamente de la fuerza laboral coaccionada (por el sistema de encomienda y repartimiento), ni de aquellos indígenas que iban directamente a la ciudad los días de mercado, sino de un traslado constante controlado directamente por el Estado colonial.

Es interesante observar cómo una política estatal de control sobre la mano de obra indígena chocó rápidamente con la situación cotidiana de los naturales. Las estrategias de negociación y la realidad temporal y espacial de los pueblos de indios fueron modificando las expectativas de los funcionarios coloniales. Las estrategias indígenas iban desde la negociación en los estrados judiciales hasta el incumplimiento absoluto de la imposición. Algunos optaron por pagar el salario del administrador, con lo cual evitaban el agotamiento físico de la recolección y el transporte de la leña; otros entregaron el insumo pero a un ritmo muy pausado, según sus posibilidades.

El abasto de leña podía tener sus ventajas sobre la mita urbana, el concierto laboral o la mita minera, porque si bien era un trabajo físico extenuante, con ciertos riesgos por las dificultades que representaban los caminos y el clima, requería una inversión de tiempo menor y permitía el retorno al pueblo. Sin embargo, un pueblo de indios que tuviera pocos tributarios no podía darse el lujo de enviar a parte de su población a las ciudades, pues habría de abandonar los cultivos y animales que requerían cuidados permanentes. Asimismo, la presión que ejercían los hacendados sobre su fuerza laboral limitaba el efecto de la imposición de las autoridades urbanas.

Los caciques y capitanes, en repetidas ocasiones durante esos años, pidieron que las autoridades coloniales tuvieran en cuenta el descenso demográfico de sus pueblos para el pago del tributo y las asignaciones laborales. Sin duda, detrás de los argumentos económicos de los caciques también estaba una preocupación que iba más allá de una contribución tributaria, pues se estaban deteriorando las relaciones cotidianas de sus miembros, desde aquellas que tenían que ver con las explotaciones agrícolas hasta las de su vida cultural y política.

El caso de la mita de la leña nos muestra el progresivo deterioro del mundo indígena muisca, que a mediados del siglo XVII contribuía con grandes dificultades a las economías locales y cuyo mayor valor era la mano de obra que podía aportar para las labores cotidianas en las ciudades y haciendas, aun cuando muy poco quedaba para las labores relacionadas con las sementeras y los animales propios. Al menos como comunidad, estos indígenas perdieron progresivamente la oportunidad de ser fuertes y competitivos en las economías locales y en cuanto a los bienes que demandaban el mundo español y los mestizos que iban en aumento.


Notas

1 El juez repartidor era el equivalente del administrador de mitayos en el Nuevo Reino de Granada.
2 No ha sido posible consultar el libro de Víctor Manuel Patiño, Historia de la vegetación natural y de sus componentes en la América equinoccial (1975), que podría ampliar este apartado, porque no se encuentra en las bibliotecas de la ciudad de México.
3 La legua fue una "medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5.572,7 m" (Diccionario).
4 Por ejemplo, mientras Guaquirá, que tenía 800 tributarios, debía entregar 300 cargas (un promedio de 0,4 por indio), Viracusa, con solo 40, entregaría 150 (un promedio de 3,8 por indio).
5 La pérdida definitiva de los principales archivos de la ciudad, lamentablemente, hace imposible conocer de forma más precisa cuántos mestizos, indígenas, negros y españoles vivían a comienzos del siglo XVII en Santafé (Mejía 285-286).
6 Gonzalo Suárez Rendón fue nombrado en este cargo luego del juicio de residencia que se le siguió como justicia mayor y capitán del reino. Suárez fue absuelto de los cargos y se le impuso una multa de 1.000 pesos (Rojas 21-26).
7 AGN (CI 30, doc. 11, ff. 166 r.-175 v.; CI 35, doc. 3, ff. 10 r.-24 r.; CI 40, doc. 15, ff. 520 r.-527 r.; CI50, doc. 7, ff. 99 r.-117 r.; CI54, doc. 41, ff. 600 v.-602 v.).
8 Por el momento, con la excepción del pueblo de Turmequé, no se ha podido confirmar a través de algún documento si efectivamente los pueblos asignados cumplieron con el abasto de leña (AGN, CI40, doc. 15, ff. 520 r.-527 v.).
9 Por el momento no hemos encontrado en el AGN algún documento que incluya las cuentas de administradores de mitayos de la ciudad de Tunja y desconocemos si la asignación de comienzos de siglo fue cumplida en parte o en su totalidad.
10 Martín de Verganzo y Gamboa era hijo del capitán Hernando de Velasco y Angulo, que llegó al Nuevo Reino con el Adelantado Alonso Luis de Lugo. En 1621 fue alcalde ordinario en Santafé, en los años 1630 tenía el cargo de tesorero y en 1636 ejercía como corregidor de Paipa, y además realizó la visita a las atalayas.
11 "[...] tienen por más descanso cargar un día de toda ella que servir todos seis días en edificio en esta ciudad fuera de sus casas" (AGN, CI35, doc. 27, ff. 757 r.-758 r.).
12 A comienzos del siglo XVI no se realizó ninguna visita al pueblo de Usme. En 1594, tenía una población total de 814 personas, de las cuales 214 eran tributarias; en 1640 eran 587 en total y 114 indios útiles (AGN, CI8, doc, 30, f. 423 r.).
13 Villamarín identifica cuatro en la provincia de Santafé: de sarampión (1618), viruela (1621 y 1651), y tifus (1630-1633). Las dos primeras, de acuerdo con el presidente de la Audiencia, mataron alrededor de un quinto de la población tributaria. La epidemia de tifo exantemático, además de las muertes, generó una hambruna, pues no había gente que pudiera llevar leña, carne, trigo o cualquier otro producto a la ciudad, aparte de que durante dos años se plantó y cosechó muy poco. Años más tarde, en 1651, la provincia se vio nuevamente afectada por una epidemia de viruela ("Encomenderos" 252-253). En el caso de la provincia de Tunja, Francis menciona un brote de viruela en 1607 y otro en 1621, y de sarampión en 1617-1618, que "se decía que tuvo lugar después de un periodo de hambruna generalizada en la provincia, provocada por una plaga de langostas que arrasó con los cultivos de maíz", y la de 1633 de tifo exantemático ("Población" 40-41). Ambos autores coinciden en un panorama crítico en ambas provincias durante esos años, por las oleadas permanentes de enfermedad que dejaron en la mayoría de los pueblos un cuadro desolador.


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