Introducción

El presente trabajo tiene por objeto describir los cambios y las continuidades en la dinámica y en la composición de los ingresos y los egresos de la Tesorería de Caracas entre el periodo colonial tardío y el periodo temprano republicano, vistos como resultados de las políticas estatales y del comportamiento de las actividades productivas.

Las trasformaciones sufridas por el fisco como producto de la Independencia han sido ampliamente estudiadas en América Latina, a través de la comparación de los cambios y las continuidades entre el periodo borbónico y el periodo temprano republicano; por ejemplo, en el caso argentino, con los trabajos de Halperin y Cortés-Conde junto a MacCandless. Una de las historiografías más ricas en el estudio de los impactos de la Independencia en la fiscalidad es la mexicana, donde existen varios estudios sobre el impacto global en todo el espacio novohispano (^Castañeda; ^{Marichal y Carmagnani; Marichal y Jáuregui; Miranda; Rhi; E. Sánchez; M. Sánchez}). Dichos trabajos toman en consideración los cambios administrativos y cuantitativos de la estructura fiscal, objeto de estudio que también ha sido abordado por Muñoz y por Pinto para Santafé de Bogotá y en el caso panameño entre 1780 y 1845 (^{Pinto, “Fiscalidad e independencia en Panamá”}).

En la historiografía venezolana se pueden evidenciar tres corrientes: una marcada por la compilación de fuentes, otra que enfatiza el factor político para la explicación de las trasformaciones fiscales y, por último, aquella concentrada en el análisis del desarrollo de las actividades productivas y su relación con los niveles de recaudación y gasto.

La recopilación de fuentes para la historia fiscal y económica en Venezuela ha sido un proceso de largo aliento, desarrollado en particular por la Academia Nacional de Historia y el Banco Central de Venezuela. Esta ardua empresa tuvo sus inicios en la década de los sesenta cuando se publicaron dos estudios sobre la gestión de José de Limonta, antiguo contador mayor del Tribunal de Cuentas de Caracas. En el primero de ellos se realiza un completo estudio biográfico del autor de dicha gestión (^{Briceño y Gabaldón}), en tanto que en el segundo se presenta el informe del contador (^Limonta), en el cual se puede constatar el sistema de administración de la Real Hacienda en Venezuela, además de cifras de ingreso y egreso interpretadas por el mismo funcionario. De igual forma, se publicaron los informes de los gobernadores provinciales entre 1830 y 1846 (^{Arellano, Las estadísticas}), las memorias del intendente Vicente Basadre (^{Lucena, La economí}a), los informes fiscales del secretario de Hacienda de la República de Colombia entre 1828 y 1830 (Revenga), la completa compilación de la legislación fiscal colonial (Academia Nacional de la Historia) y los informes y viajes de funcionarios del Gobierno colonial venezolano (^{Arellano, Documentos}). Tiempo después, Tomas Enrique Carrillo Batalla publicaría el trabajo Historia de las finanzas públicas en Venezuela, en ocho tomos, con las fuentes cualitativas y cuantitativas para la historia del fisco venezolano entre 1830 y 1853. Este trabajo sería ampliado por el mismo autor, quien compiló toda la legislación económica del régimen de Páez (^{Carrillo, Leyes}).

En el ámbito de la relación entre política y fisco se destacan los trabajos de Gil Fortoul y los de Brewer, quienes explican el funcionamiento de los organismos encargados de la administración fiscal como parte integrante de la historia constitucional. Desde otra perspectiva, Ramón Veloz, haciendo uso de las cifras globales de ingreso y egreso entre 1830 y 1944, explica el comportamiento de estas con base en la reseña de algunas reformas legislativas, así como de diversas decisiones tomadas por el Ejecutivo. El papel de la guerra y la configuración del fisco colonial han sido abordados por Meza, quien evalúa el caso de Maracaibo, y por Nestares, para el oriente del país. Por último, es necesario mencionar el trabajo de Sosa, quien estudió los pormenores de los cambios administrativos y los choques políticos que estos generaron durante el proceso emancipatorio.

Desde otra perspectiva, la historia económica ha analizado las trasformaciones fiscales. A escala global se encuentra el trabajo Economía colonial de Venezuela, de Eduardo Arcila, quien dedica un apartado al estudio de la historia del fisco como parte integrante del conjunto de la economía colonial, cuyo comportamiento depende de las actividades económicas gravadas, la dinámica monetaria y el sistema administrativo propuesto para su manejo. De igual forma, la obra Estructura económica de Venezuela colonial, de Brito, intenta explicar la mutua dependencia entre el fisco y la estructura económica venezolana, tomando en cuenta el valor de las fuentes tributarias como herramientas básicas para la caracterización de diversas actividades productivas, como el comercio y la agricultura; además, es pieza clave para la comprensión de la organización social colonial y de la temprana república (^{Brito, Historia}). El estudio del impacto de las reformas borbónicas en la estructura política y económica de Venezuela y su relación de mutua interacción con el fisco ha sido llevado a cabo por García, quien describe la política administrativa y fiscal desarrollada por Esteban Fernández, cuyos resultados son evaluados a través del análisis de las cuentas de cargo y data.

Uno de los principales intereses de los historiadores económicos en Venezuela ha sido determinar el desarrollo de la productividad de la economía medida a través del producto interno bruto (PIB) desde 1800 hasta la actualidad. En este contexto, ha sido estudiado el papel del Estado en el desarrollo económico del país a través de la política económica y fiscal. Los primeros ejercicios a este respecto fueron desarrollados por Carrillo, quien luego de retomar compilaciones de series desarrolladas por él mismo en los años ochenta, ha establecido el impacto del fisco en el desarrollo económico entre 1800 y 1830, en el trabajo Proyecto cuentas nacionales de Venezuela y, posteriormente, entre 1831 y 1873, en la obra Cuentas nacionales de Venezuela. Este trabajo ha sido enriquecido por Corso, quien amplía el marco de análisis hasta el 2008 y corrige algunos de los cálculos de Carrillo.

Desde la perspectiva regional y sectorial se han hecho trabajos que analizan el papel de las élites comerciales en la determinación de la política fiscal en Caracas y La Guaira (^{Arcila, Comercio; Banko; Nunes y Suárez}), y asimismo se ha estudiado la política fiscal como uno de los factores de mayor incidencia en la organización social y económica del territorio venezolano antes de la Independencia. Ejemplo de ello es el trabajo de Mckinley. Se destaca también la investigación de Lombardi sobre la esclavitud, donde se muestra que los intereses comerciales reflejados en la política comercial fueron determinantes, primero, para el mantenimiento y, posteriormente, la extinción de la esclavitud en Venezuela.

Este recorrido deja ver cómo no se han desarrollado trabajos que describan la dinámica y la composición de los ingresos y los egresos de la Tesorería de Caracas desde los albores del reformismo borbón hasta la implementación de las medidas liberales que acompañaron la formación del Estado hasta la caída de la oligarquía conservadora, vistos como el producto de la implementación de las políticas estatales y resultado del comportamiento de las actividades productivas de la región, objetivo primordial del presente trabajo.

En cuanto a lo metodológico, se ha procedido a analizar la bibliografía secundaria que da cuenta del contexto político y económico durante la centuria, e igualmente se ha estudiado la legislación sobre Hacienda Real y Pública para determinar la política impositiva y la estructura administrativa del fisco. Las cifras han sido reconstruidas con base en los sumarios de cargo y data de la caja de Caracas, compilados por Jara y por García para el periodo 1750-1800 y por Carrillo para el periodo 1800-1821 (Proyecto). Por otra parte, se han empleado los estados generales de ingreso y egreso de la Tesorería, compilados por Pinto para 1821-1830 (“Finanzas”) y por ^Carrillo (Historia) para 1830-1845, los cuales han sido convertidos de pesos plata de diez centavos a pesos plata de ocho reales, a efectos de componer una serie homogénea.

Es necesario puntualizar algunos aspectos de las series reconstruidas para este trabajo. Primero, se debe establecer con claridad el origen de los documentos usados, la delimitación de categorías empleadas para discriminar cargo-data e ingreso-egreso, y, por último, es central establecer el método utilizado para agrupar la gran cantidad de ramos que componen las cuentas. Las cuentas del periodo colonial provienen de los sumarios de cargo y data de la Caja Real de Caracas. Estos son extractos anuales que dan cuenta del movimiento de los ramos que componían la Real Hacienda y se presentan como resumen del libro mayor. El otro tipo documental hace referencia a los estados generales de ingreso y egreso, los cuales eran compuestos con base en el trabajo de los contadores mayores remitidos a la Contaduría General de la República de Colombia entre 1821 y 1830 y de la República de Venezuela entre 1831 y 1845.

Uno de los errores más comunes en la historiografía ha sido asimilar cargo a ingreso y data a egreso, lo que ha sido aclarado por el reciente trabajo de E. Sánchez. En efecto, los cargos y las datas incluyen gastos e ingresos efectivos, pero además de ello remisiones de otras tesorerías, existencias de años anteriores y suplementos y contrapartidas para el equilibrio contable. De allí que la Corona ordenara la elaboración de estados generales de valores y distribución que consideraran solamente el ingreso y el egreso efectivo, a diferencia de los cargos y las datas, debido a que con base en ello se hace prácticamente imposible componer un cuadro general de un territorio amplio, pues se esconden las remisiones de otras tesorerías y se hace caer en el error de la doble contabilidad. Tomando en cuenta esta limitación, hemos depurado hasta donde ha sido posible estas cifras de la Caja Real de Caracas para el periodo 1751-1821. Así, eliminamos existencias, depósitos, devoluciones, suplemento y demás ramos de contrapartida contable, los cuales no son necesarios para los estados generales de ingreso y egreso entre 1822 y 1845, pues seguían las observaciones que desde finales del siglo XVIII se tomaban en cuenta para la construcción de las relaciones de valor y distribución.

Otra de las dificultades que presenta la fuente es la gran cantidad de ramos que compone cada una de las cuentas, lo cual hace difícil su análisis. En nuestro caso, 128 ramos de cargo e ingreso y 132 de data y egreso. Para afrontarlo, desde hace varios años la historiografía latinoamericana emplea herramientas que permiten la agrupación de dichos ramos en grandes categorías, lo cual facilita su estudio de manera serial. A efectos de nuestro análisis, hemos optado por los criterios empleados por Klein, quien agrupó los cargos-ingreso con arreglo a las actividades económicas de las cuales provienen los ramos y las datas-gastos, de acuerdo con las funciones de Estado para las cuales fueron utilizados los montos. La clasificación usada para componer los cuadros del anexo estadístico que sirven a nuestro análisis es la siguiente:

Respecto a las datas-gasto la agrupación es la siguiente:

De acuerdo con el objetivo del artículo y la metodología para la construcción de las series, el texto se encuentra dividido en seis secciones. La primera se ocupa de la descripción de la dinámica y la composición del cargo y la data de la Caja Real de Venezuela entre 1750 y 1809, así como de exponer la forma como el contexto político y económico influyó en su comportamiento. La segunda trata el devenir de la Caja entre 1810 y 1821, por medio del estudio del impacto de la guerra de independencia en su comportamiento. En la tercera se estudia la influencia de la conformación de la República de Colombia y la vinculación de Caracas a esta como Tesorería principal del departamento de Venezuela. En el siguiente apartado se describe el comportamiento del fisco como producto del desmonte de gran parte de la política impositiva colonial y el comportamiento de la economía venezolana entre 1830 y 1845. El apartado de conclusiones hace un análisis de conjunto de todo el periodo, a través de la síntesis de los aportes de nuestro trabajo. Por último, se ofrece al lector un anexo estadístico en donde se encuentran las series reconstruidas.

Reformismo borbón y Real Hacienda en Caracas

La economía caraqueña estuvo íntimamente ligada al sector exportador, dominado en el siglo XVIII por el cacao, cuyo destino predilecto era Nueva España, donde se hacía el 76% de las importaciones de este producto (^{Miño 110}), tendencia que cambiaría cuando se permitió la entrada del cacao de Guayaquil al virreinato del norte, primero bajo la figura de asiento y luego de manera libre, lo cual reorientó las exportaciones de Caracas hacia España (^{Ferrigni, La crisis 129}). De esta manera, la economía venezolana muestra dos periodos marcados durante la segunda mitad siglo XVIII: 1750-1786, momento para el cual es reconfigurado el monopolio de la Compañía Guipuzcoana, y 1786-1810, iniciado con la entrada en el libre comercio y el comienzo del proceso de independencia (^{Arcila, Economía 254}).

Estas fluctuaciones estuvieron acompañadas de importantes cambios en la política interna, los cuales iniciaron con la integración del territorio de la actual Venezuela tras la creación de cinco instituciones por parte de la Corona: la Audiencia, para los temas judiciales, en 1786; la Capitanía, para el ámbito militar, en 1777; el Real Consulado, en el plano comercial, en 1793, y la Intendencia, para el gobierno económico y fiscal, en 1776. Este proceso se vio reforzado con la aparición del Tribunal de Cuentas de Caracas en 1804 (^{López 38}). Tales cambios eran producto de la reorientación de la política de la Corona en el marco de las reformas borbónicas, cuyo propósito era mejorar la situación económica de la metrópoli, manteniendo a la vez un intercambio desigual con sus dominios coloniales, y para ello era preciso robustecer el monopolio comercial a través de la consolidación de un fuerte sistema de defensa, el cual debía ser mantenido con los productos de la Real Hacienda de cada jurisdicción. De allí la necesidad de reformas administrativas que permitieran la centralización y la eficacia del recaudo.

En el territorio de la actual Venezuela la centralización para el manejo de la Real Hacienda tenía como pilar fundamental la Caja Real de Caracas, única existente en la provincia hasta 1772, cuando se le agregaron como subalternas las de La Guaira, Coro y Puerto Cabello, y era la Tesorería principal de la intendencia (^{Limonta 28}). Tanto el proceso de trasformación institucional como el comportamiento de la economía marcaron de forma incuestionable los cargos y las datas de la oficina entre 1751 y 1809.

La dinámica general del cargo total para la Caja mostró un comportamiento estable hasta 1782, como lo demuestra la pendiente de la ecuación de la recta, que registró 3.179¹ entre 1751 y 1781, tendencia que se manifiesta con un acelerado crecimiento entre 1783 y 1800, con una pendiente de 55.585, la cual sufriría un descenso muy acentuado antes del movimiento independentista, con pendiente de -65.785. El análisis detallado de los rubros que componían el cargo nos ofrece más elementos para su estudio. Como se muestra en la figura 1, el rubro preponderante fueron los gravámenes a la actividad comercial, con el 45% durante todo el periodo, y muestra un crecimiento acelerado hasta la década de los noventa, para caer en la primera del siglo XIX. El segundo ramo en importancia lo constituyeron las remisiones de otras cajas, con el 29%, las cuales se mostraron al alza durante los 57 años estudiados, y solo se estancaron entre 1780 y 1799. Los cargos varios aportaron el 11% y se mostraron al alza hasta el último decenio, mientras que los monopolios aportaron el 10%, con una dinámica similar a la de los cargos varios.

Fuente: elaboración propia con base en información tomada de Jara y García.

FIGURA I Cargo por rubros de la Caja Real de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1780-1807 

Por otra parte, las datas registraron en total un leve incremento entre 1751 y 1788, con pendiente de 11.427, tendencia que aceleró su crecimiento entre 1790 y 1796 y registró una pendiente de 22.131. Su techo fue de 33.123, previamente a la Independencia. Al igual que con los cargos, un análisis de las datas por rubros es de bastante utilidad para nuestro ejercicio. La figura 2 revela la importancia que tenían los gastos militares, que aportaron el 45% del total, con crecimiento en todo el periodo, al igual que el rubro de administración, que sumó el 36% con igual tendencia al alza. Por otra parte, las remisiones, incluidas las que tenían como destino la metrópoli, solo representaron el 11% y fueron significativas únicamente entre 1780 y 1788.

Luego de describir la dinámica y la composición del cargo y la data, se hace ahora necesario establecer la forma como estas son un claro reflejo de la reforma administrativa borbona y el comportamiento de las actividades económicas. Entre 1750 y 1780 se manifestó estancamiento en los cargos, con una total preponderancia de los gravámenes al comercio exterior como fuente de financiamiento, ello en medio del aumento de la producción cacaotera (^{Brito, Estructura 2015}), ya que a pesar de las restricciones impuestas a la Compañía Guipuzcoana -tales como el establecimiento de la junta de precios y el permiso para que los comerciantes nativos llevaran cacao a Veracruz-, la Corona no contaba con los instrumentos para controlar el creciente contrabando con los holandeses, tarea que seguía en manos de la Compañía, la cual no podía consolidar un cuerpo de guardacostas fuerte en medio de sus afugias económicas (^{Arcila, Economía 258-259}). La data también mostraba un leve incremento, especialmente los rubros relacionados con la administración y la milicia.

Fuente: elaboración propia según información tomada de Jara y García.

FIGURA 2 Data por rubros de la Caja Real del Caracas en pesos plata de ocho reales, 1780-1807 

Este panorama estancado se trasformaría radicalmente con la creación de la Intendencia de Venezuela, pues la Caja Real quedaba convertida en la receptora de los excedentes de las demás existentes, lo que hacía crecer la participación de las remisiones en el total del cargo. Además de ello, la guerra con Inglaterra en 1779 permitió el reconocimiento legal del tráfico con Holanda, el cual se desarrollaba de facto desde tiempo atrás. Terminada la guerra y ante el permiso del ingreso de cacao guayaquileño a Nueva España, las exportaciones se reconcentraron con destino a la metrópoli. De suma importancia también fue la inserción de la Intendencia en el libre comercio desde 1786 y la terminación de la Compañía. En este contexto se dio una diversificación de los bienes de exportación, producto de la cual se redujo la participación del cacao, hubo un mayor acceso a nuevos mercados y una mayor participación en el tráfico de otros puertos como Maracaibo (^Ferrigni, La crisis 109). La reorganización administrativa incrementó las remisiones de otras tesorerías, en tanto que la apertura del comercio propició mayores rendimientos en las aduanas, lo cual hizo que la tendencia global del cargo creciera. La ampliación de la red de administración y la consolidación de la Capitanía General provocarían igualmente el significativo incremento de las datas de administración y militares.

Para 1798 la tendencia se invertiría, ya que el cargo total caería y no mostraría síntomas de recuperación antes del inicio de la Independencia, mientras que la participación de los impuestos al tráfico descendía y las remisiones de otras tesorerías aumentaban. La guerra entre potencias coloniales, como factor desestabilizador de la economía venezolana, desempeñó el papel principal en la caída y el cambio en la composición del cargo previamente a la Independencia, pues provocó el descenso de los precios de los productos de exportación, el freno a las compras de cacao, pérdida de cosechas, alza de artículos importados y desabastecimiento (^Ferrigni, La crisis 157-158).

Ante este panorama la Corona implementó medidas de emergencia, como permitir el tráfico con extranjeros con la anuencia del intendente, la inclusión de Venezuela en el libre comercio y la posibilidad de tranzar con neutrales y extranjeros a partir de 1797, en medio de la guerra contra Inglaterra. Esta posibilidad fue cancelada en 1799, ante lo cual el Consulado acudió al intendente Arce, quien reactivó la medida en 1801; después, fue derogada en 1803 y restablecida en 1807. Además de ello, se implementó la rebaja de un quinto en los derechos de almojarifazgo, ante lo cual la Junta Central de Gobierno protestó en enero y marzo de 1809. Esta medida no tuvo efecto, pues el nuevo intendente Basadre mantuvo las exenciones debido a la pobreza de la Intendencia y el aumento de la presión fiscal, luego de haber sido solicitados tres donativos entre 1808 y 1809 (^{Lucena, La economía 67}).

Esta cambiante política comercial, junto al constante bloqueo de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, acentuó la dinámica de fortalecimiento de los puertos menores frente a los de la capital, debido a lo cual cayeron los ingresos de estos últimos por conceptos aduaneros y hubo descontento entre los caraqueños por el favorecimiento de otras zonas como Maracaibo, con permisos para comerciar con neutrales y colonias. De allí que:

La tensión comercial existente entre los puertos de la Provincia de Caracas y los restantes de Venezuela fue inclinándose del lado de estos últimos durante la primera década del siglo XIX, lo que explica en cierto modo que el entusiasmo por la revolución, surgido en Caracas, no fuera compartido por otros lugares donde quizá se abrió una perspectiva de mejor negociación con la metrópoli si se permanecía fiel a la misma. El puerto que acusaría mejor esta situación sería, naturalmente, el tercero en importancia (tras la Guaira y Puerto Cabello y en competencia con este último) que era Maracaibo. (^{Lucena, Los mercados 87})

El reformismo borbónico permitió la apertura del comercio caraqueño hacia el exterior con la promulgación del decreto de comercio libre, lo cual, acompañado de la eliminación de privilegios a la Compañía Guipuzcoana, fortaleció el papel de la administración real para el manejo de los fondos provenientes de los gravámenes comerciales y dinamizó la remisión de fondos de las demás cajas en el área de influencia de la capital. Esto acontecía en medio de un gran cambio institucional, el cual favoreció la integración del actual territorio venezolano en términos fiscales, con la creación de la Intendencia y el Tribunal Mayor de Cuentas; militares, con la instauración de la Capitanía; comerciales, con la institución del Consulado; y judiciales, con la puesta en marcha de la Real Audiencia. Todo ello para garantizar el control de la Corona sobre una posesión que era manejada por compañías comerciales. Lo anterior se tradujo en el aumento de los cargos totales, en especial de los gravámenes comerciales y las remisiones de otras cajas, así como de las datas en el ámbito administrativo y militar. Sin embargo, el éxito de las medidas dependía de mantener un comercio externo libre de sobresaltos, los cuales estuvieron a la orden del día desde 1793 debido a las guerras de España contra Francia y luego contra Inglaterra. Estas guerras trastornaban el flujo de mercancías y el dinamismo de las actividades económicas de la capital, y hacían necesaria la aplicación de medidas como la apertura del tráfico con colonias neutrales o extranjeras, lo cual permitía la fuga del excedente por vía comercial a manos de los enemigos de la monarquía hispana.

Así, el recaudo aumentaba para ser usado en fortalecer el sistema de defensa y administración, a fin de mantener el monopolio comercial. Este último, por su parte, garantizaba el éxito económico de la metrópoli, solo si reinaba la paz, pero si ello no ocurría, era necesario renunciar a él, para poder mantener el aparato de Estado. Esta clara contradicción llevó al colapso del orden colonial en Caracas, en cuyo interior se gestaban tensiones con los puertos de su jurisdicción, que competían por los mercados, y con las autoridades metropolitanas, las cuales ponían trabas al tráfico externo, de manera tal que se deterioraban las actividades económicas de la región y, por tanto, los cargos de la Caja Real que garantizaban el sostenimiento del Gobierno.

La inestabilidad independentista, 1810-1821

Al inicio del periodo independentista, la economía cacaotera acusaba un significativo declive producto de la guerra de independencia y el previo cierre de puertos, lo cual dejó exhaustos a los productores. Este fenómeno se mantuvo en Caracas hasta 1815, momento en el cual se recupera la producción de la pepa (^Corso). Además de ello, la ciudad tuvo que afrontar la pérdida de centralidad de su caja, ya que el desarrollo de los acontecimientos manifestó la oposición de varias provincias a la conformación de la primera y la segunda repúblicas, cuya caída en 1814 dejaría a los realistas en el poder hasta la total independencia de la ciudad en 1821.

En este escenario, los ingresos de la caja sufrieron una importante trasformación respecto al periodo anterior, en términos de composición. Mientras que durante la implementación de las reformas borbónicas la preponderancia la tenían los impuestos al comercio, con una nula participación del crédito, ahora el rubro fundamental eran las remisiones de otras tesorerías con el 60% del total, seguidas por el 14% de préstamos y el 9% por los impuestos al tráfico de mercancías. Estos tres rubros eran los superiores. Como se ve en la figura 3, el ingreso total se mantuvo estancado entre 1810 y 1815, momento en el cual sufrió un incremento significativo, con pendiente de 10.145, producto del restablecimiento del orden del Gobierno español en la ciudad. El análisis desagregado de los rubros más importantes del ingreso corrobora esta hipótesis. En efecto, vemos cómo en 1810 los gravámenes comerciales cumplían un papel importante; sin embargo, este se paraliza hasta 1814, cuando tienen un leve incremento, sin igualar los resultados anteriores. Las remisiones de otras cajas se muestran estancadas en el primer quinquenio y se disparan en el segundo, gracias a las remisiones del exterior provenientes de Panamá, Puerto Rico y Santa Marta, así como de las provincias afectas al Gobierno recién restaurado, como Cumaná y Maracaibo. Por otra parte, el crédito se hace necesario para el financiamiento de la fuerza militar y de las instituciones civiles recién recompuestas.

Fuente: elaboración propia según información tomada de Carrillo, Proyecto.

FIGURA 3 Ingreso por rubros de la Caja de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1810-1820 

En cuanto a los gastos, estos registraban una tendencia más acelerada de incremento que la de los ingresos, con una pendiente total de 42.406. La composición muestra que, a pesar de la guerra, la administración fue la principal preocupación de gobierno, ya que sumó el 51% del total, seguida del ámbito militar, con el 29%, el servicio de deuda, con el 17%, y la Iglesia, con el 3%. Las remisiones hacia España y cajas subalternas desaparecieron por completo. La figura 4 muestra cómo el gasto administrativo tuvo un comportamiento estable, con una leve tendencia al alza. El único bache fue 1812. Los gastos de guerra son significativos en los primeros años, para ir decayendo tras la restauración del orden español, contrariamente a lo que ocurre con el servicio de deuda, el cual es cada vez más abultado.

La concentración de los ingresos en las remisiones y la práctica desaparición de los provenientes del tráfico de mercancías son los reflejos de la política cambiante de la década, así como el crecimiento de los gastos en la lista civil, el errático comportamiento de las erogaciones militares y el acelerado protagonismo alcanzado por el servicio de deuda.

Con respecto a la remisiones, una vez instaurada la Junta Central de Gobierno de 1810 con sede en Caracas, nunca se pudo volver a reconstituir la unidad fiscal de la Intendencia durante las dos primeras repúblicas, pues Coro, Maracaibo y Guayana se mostraron apáticas al experimento gubernativo, permanecieron fieles a la Regencia y se convirtieron en bastiones de la reacción realista durante los siguientes años. Tras la caída de la Primera República, la autoridad estaba dividida en tres bandos: el realista, en el cual Monteverde quedaría encargado como gobernador de las provincias insurrectas; Fernando Miyares -del mismo bando-, de las provincias fieles (^{Leal y Falcón 76}), y los independentistas, distribuidos y diseminados en los llanos en tres grupos comandados por Bolívar, Briceño y Mariño. Luego de ello, tras los triunfos patriotas de 1813, de nuevo la escisión fue la marca: la República oriental y occidental y las huestes realistas (^{Leal y Falcón 79}). Ello mantuvo estático hasta 1815 el ingreso por remisiones. Con la llegada de Morillo en 1815, las remisiones crecieron de nuevo debido al apoyo externo y de las provincias antes fieles a la Regencia; sin embargo, nunca fue posible someter la resistencia de los llanos.

Fuente: elaboración propia según información tomada de Carrillo, Proyecto.

FIGURA 4 Gasto por rubros de la Caja de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1810-1820 

La caída de los ingresos provenientes del tráfico de mercancías se debió a que la Caja afrontó las medidas de reforma al sistema impositivo implemen- tadas por la Junta de Gobierno, que eliminó la alcabala de bienes de primera necesidad y los derechos de exportación, además de liberar la introducción de algunos bienes extranjeros y prohibir el tráfico de esclavos y el cobro de tributos a la población indígena (^{Fortoul 79}). Ante tal deterioro, las autoridades no encontraron otro camino más que la emisión de $ 2.020.000 en papel moneda e hipotecar las rentas de tabaco e importación (^{Restrepo 581}) por medio del recurso al crédito, el cual se hace más difícil durante la Reconquista.

Los gastos, cada vez más abultados entre 1810 y 1815, se concentraban en la lista civil para afrontar erogaciones administrativas, mientras que en 1812 se destinaban especialmente al ejército. La mayor proporción correspondió a los fondos. Como describía Parra:

La Junta debió hacer crecidísimos gastos, no solo para pagar armamentos, especialmente contra Coro, sino por el aumento del número de funcionarios y de las necesidades generales del nuevo Estado. Las expensas anuales de la administración civil española no excedían de cuarenta mil pesos: los republicanos consumieron ciento ochenta mil en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, doblaron el prest de los soldados, lo cual acrecentó de ciento ochenta y cuatro mil el costo de la tropa, y destinaron ciento once mil a gastos reservados en los primeros ocho meses del nuevo régimen. (349)

Sin embargo, el gasto de la Caja no fue en su mayor parte militar, debido a que la confrontación armada se generalizó en todo el territorio, pero se concentró regionalmente, con arreglo al momento político que se presentara. Luego de hacer un balance del listado de batallas elaborado por Esteves (195), se puede constatar que de un total de 137 batallas contabilizadas entre 1810 y 1815 en territorio venezolano, el 46% se presentó en la costa central del país, el 45% en los llanos, un 17% en la región del lago de Maracaibo, el 12% en los Andes, el 7% en la costa oriental, el 4% en las islas y el 3% en el oriente. Los años con mayor número de enfrentamientos fueron 1813-1814, periodo durante el cual se desarrolló la Campaña Admirable, la toma de oriente y la reacción de los pardos comandados por Boves, la cual daría fin a la Segunda República. Posteriormente, el principal teatro se desplazaría hacia oriente y habría cierta estabilidad en la capital hasta 1821, cuando fue retomada por el ejército independentista.

De esta forma, la Caja de Caracas se hizo dependiente de las remisiones de otras y del crédito, con lo cual perdió su capacidad como fuente generadora de excedente con destino a la metrópoli y a sus similares en la Intendencia. Ahora a duras penas cubría sus gastos más importantes. Varios son los factores que lo explican, a saber: la ruptura de la estructura administrativa producto de los cambios políticos, las reformas fiscales de los primeros experimentos republicanos, el deterioro de la producción de cacao como principal fuente de financiamiento de las importaciones y el estado de guerra. Si bien es cierto que desde 1815 se gozó de cierta estabilidad, ello no recompuso del todo el aparato de gobierno español ni la dinámica de producción cacaotera previa a la Independencia, lo cual obligó a las autoridades a recurrir al crédito, lastre que cargará al momento de su integración en la naciente República de Colombia.

Caracas en la “Gran Colombia”

La consolidación de la Independencia en 1822 dejó a la antigua Intendencia como parte integrante de la República de Colombia, la cual se estructuró con base en una organización centralizada con Bogotá como eje principal. Caracas sería la capital del departamento de Venezuela, sin ningún control efectivo sobre las tesorerías de las provincias pertenecientes a los departamentos de Zulia, Orinoco y Apure, lo cual favoreció que dichos territorios no tuviesen que hacer remisiones a la capital y rompieran definitivamente la unidad constituida en 1776. Además de ello, los gobernantes venezolanos perdieron la potestad de establecer la política impositiva, ya que debían seguir los preceptos de la Tesorería General de la República, la Secretaría de Hacienda y el Congreso, todos con sede en Bogotá.

Las reformas al sistema impositivo se centraron en las aduanas, donde los derechos de importación fueron aumentados con respecto al periodo colonial, las alcabalas se eliminaron para el comercio de productos nacionales, pero se reestablecerían en 1828 con una alícuota del 15%, así como se castigaba la exportación de cacao con un 15% y la de café con el 6%. Por otra parte, los estancos fueron mantenidos en iguales condiciones que durante el periodo colonial, a excepción del aguardiente que funcionaría bajo el sistema de patentes (^{Pinto, “Entre Colonia” 293}). Las modificaciones pueden considerarse tenues, pues se mantuvo casi inalterado el régimen impositivo del Gobierno español, el cual se hizo más restrictivo para algunas actividades.

A la pérdida de centralidad y de la posibilidad para que, de manera autónoma, los habitantes de la antigua Intendencia diseñaran su ordenamiento fiscal, se sumó la crisis del sector productivo, pues no se registró un incremento de la industria. Debido a las afugias del Gobierno nacional, no existían proyectos para la construcción de caminos y la agricultura decaía, producto del descenso de los precios del cacao en el mercado externo, lo que se sumaba a la extracción de capitales motivada por la falta de confianza de los inversores en medio de la inestabilidad política que se hizo latente en la región desde 1826 con la Revolución de los Morrocoyes, por intermedio de la cual se pretendía separar la antigua Intendencia de la República de Colombia (^{Revenga 86}).

En ese contexto, los ingresos doblaron la tendencia al alza con respecto al periodo anterior, con una pendiente de 23.160 entre 1822 y 1829. En términos de composición, los ingresos volvieron a ser comandados por los gravámenes al comercio, los cuales sumaban el 63% del total, seguidos por el 10% de las remisiones de las tesorerías provinciales, el 9% del crédito y de la Iglesia cada uno. Los monopolios aportaban tan solo el 6%. La figura 5 evidencia cómo a lo largo del periodo los gravámenes al comercio se van convirtiendo en el pilar del sostenimiento de la caja, siendo casi la única fuente de recursos al final, pues las remisiones de cajas provinciales pesaron solo en los primeros años, y el crédito en 1824, producto de la llegada de los fondos del empréstito inglés concedido a la República de Colombia.

Fuente: elaboración propia según información tomada de ^{Pinto, “Finanzas”}.

FIGURA 5 Ingreso por rubros de la Tesorería Departamental de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1822-1829  

Por otra parte, los gastos seguían una espiral ascendente, mucho más pronunciada que la de los ingresos, con una pendiente de 57.122. Su composición muestra el peso que adquirió el rubro administrativo, el cual ocupó el 64% del total, seguido por el 27% del militar y el 9% del crédito. La figura 6 muestra cómo a lo largo del periodo se fue estableciendo el gasto administrativo como preponderante, al tiempo que se consolidaban las instituciones republicanas y caía la participación del gasto militar. Es notable cómo en 1823 y 1824 el servicio de la deuda tuvo un papel protagónico, debido a que gran parte de los fondos del crédito externo fueron usados para el pago de obligaciones internas causadas durante el periodo de guerra, recursos que también se emplearon para cubrir obligaciones con empleados civiles y militares, lo cual determinó el equilibrio del gasto entre los tres en 1824.

Fuente: elaboración propia según información tomada de ^{Pinto, “Finanzas”}.

FIGURA 6 Gasto por rubros de la Tesorería Departamental de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1822-1829 

Tanto la composición como la dinámica del ingreso y del egreso tienen una estricta relación con las políticas implementadas por el Gobierno y con el desarrollo de las actividades productivas de la región. Las remisiones de otras tesorerías cayeron debido a que los sobrantes de estas debían ser enviados a Bogotá, tal y como lo dispuso el Congreso. El crédito tuvo una importante participación en 1824, por la llegada de los fondos del empréstito inglés. La contribución directa, que buscaba reemplazar la alcabala de bienes de la tierra, fue un rotundo fracaso y su participación fue casi nula, producto de la inexistencia de catastro y la oposición de las élites locales a su pago, mientras que los monopolios, a pesar de ser reestablecidos, no superaron la escasa participación que ya presentaban entre 1751 y 1809. Por otra parte, la recuperación de los gravámenes comerciales en la participación global -que alcanzaron magnitudes similares a las del final del Gobierno español- se debió sin duda a la apertura al comercio con distintas naciones, al aumento de las alícuotas de los derechos de exportación e importación, así como al restablecimiento de la alcabala, aumentada en doce puntos porcentuales con respecto a la colonial.

En relación con el gasto, la preponderancia de las erogaciones de administración se produjo gracias al incremento del cuerpo burocrático, mientras que el gasto militar no pudo ser rebajado a su mínima expresión, ya que las revueltas internas para buscar la separación de Colombia estuvieron a la orden del día desde 1826. Estos conatos separatistas se fundaban en la necesidad de asumir el control de los destinos de la antigua Intendencia por parte de las élites locales supeditadas al querer del Congreso Nacional, el cual estaba mayoritariamente compuesto por neogranadinos, lo que obligó al Gobierno central a reconocer en 1828 cierto grado de autonomía para el manejo de los fondos de los departamentos de Orinoco, Zulia, Apure y Venezuela, por medio de la instauración del Tribunal Superior de Hacienda en el Oriente, con sede en Caracas. Esta medida calmó los ánimos solo momentáneamente, pues para 1830 la separación de Venezuela fue un hecho. La nueva república iniciaría su vida totalmente independiente cargando una deuda de $12.038.887 causada entre 1810 y 1830 (^{Pinto, “Entre Colonia” 367}), proveniente del reconocimiento de pagos a servidores de la República, la deuda interna y las contratas de empréstitos externos de 1822 y 1824 efectuadas por la República de Colombia.

Caracas como capital de la República de Venezuela

La Constitución de la República de Venezuela reconoció a Caracas de nuevo un papel central en la administración fiscal e instauró en su jurisdicción la Secretaría de Hacienda, auxiliada por el Tribunal Mayor y por la Tesorería General de la República, que recibió el superávit de las administraciones provinciales de impuestos. Por su parte, la política impositiva adoptada entre 1830 y 1845 fue marcadamente liberal, ya que se rebajaron los derechos aduaneros con respecto a los existentes en la República de Colombia y se promovió la inversión de una parte de sus productos en la construcción de caminos. De igual forma, se redujeron en cuatro puntos porcentuales los impuestos a las exportaciones. Para 1833 la mayor parte del aparato impositivo colonial había desaparecido tras la eliminación de los estancos de aguardiente y tabaco, alcabala, tributo indígena, diezmos y de cualquier gravamen a la industria minera. Un año más tarde se liberaron las tasas de crédito, con lo cual se facilitaba el acceso a los agricultores (^{Pinto, “Entre Colonia” 361-362}).

El sustento económico de la política fiscal estaba en la exportación de café que significó el 38% del total hasta 1845, con una buena cotización en el mercado externo hasta 1839 (^{Ferrigni, Venezuela 23}), año en el que las exportaciones empezaron a decaer debido a la crisis financiera en los Estados Unidos. Esto último provocó, en primera instancia, la caída de los precios internacionales, redujo las exportaciones y, por tanto, el modo de financiamiento de las importaciones textiles. En consecuencia, decayeron los recaudos aduaneros y hubo una fuerte caída de la disponibilidad de capital (^{Carrillo, Historia 9}), lo cual hizo que se elevaran las tasas de interés y, por consiguiente, que las deudas de los agricultores se hicieran impagables. Estos tenían que ver cómo sus tierras eran rematadas por los comerciantes con arreglo a la Ley de Libertad de Contratos de 1834 (^{Carrillo, Historia 10}).

Además del inestable contexto económico, el fisco se fundó en una endeble estructura institucional que fue cuestionada a través de múltiples revueltas, como las de Caracas, Margarita, Cumaná y Guayana entre 1830 y 1831, todas con el objetivo de reconstruir la “Gran Colombia”. Poco después, en 1833, el militarismo de Mariño y Monagas se hizo sentir tras las elecciones presidenciales y dio lugar a la “revolución de las reformas”, pero esta fue abortada por el Gobierno central. Esta situación se repetiría en 1837 con las revueltas de Farfán en Guayana y Apure. Posteriormente, en medio de la crisis económica de 1839, la oposición liberal exigía al Gobierno central la alternación en el ejercicio de las funciones públicas, el respeto a los comicios electorales, la eliminación del uso de la fuerza para dirimir los enfrentamientos políticos, la disminución de los impuestos, el fomento industrial, la reorganización del ejército y, ante todo, la abolición de la libertad de tasas de interés en los contratos crediticos, pues esto último tenía al borde de la ruina a los agricultores nacionales (^Arráiz 37-38). El Gobierno respondió con la persecución de los líderes liberales, y esto provocó las revueltas de Rangel, las cuales debilitarían a la oligarquía conservadora y abrirían el camino al triunfo de Monagas quien gobernaría de espaldas a los comerciantes y de la mano de los agricultores.

Desórdenes internos, economía de crecimiento lento e inestable, junto con la eliminación de la estructura de impuestos colonial, fueron el fondo que definió la dinámica y la composición de los ingresos de la Tesorería de Caracas entre 1830 y 1845. La pendiente muestra un valor de 49.124, con una participación preponderante de los gravámenes comerciales con el 84%, seguidos por los ingresos varios con el 13%, los monopolios con el 2 % y los intereses producidos por el Banco Nacional con un 1%. La figura 7 muestra cómo los gravámenes comerciales aumentaron hasta 1840, año en el que cayeron, y quedaron estancados posteriormente, razón por la cual el Estado recurrió en mayor grado a recursos de tipo extraordinario para suplir sus necesidades, gracias a que rubros ordinarios como los monopolios y los intereses bancarios tenían un papel insignificante, además de mostrarse estancados.

Fuente: elaboración propia según información tomada de ^{Carrillo, Historia}.

FIGURA 7 Ingreso por rubros de la Tesorería de Caracas en pesos plata de ocho reales, 1836-1845 

Este comportamiento de los rubros desagregados obedeció a la retracción sufrida producto de la crisis del mercado exterior de 1839, lo cual hizo caer los precios del café, debilitó su capacidad importadora y provocó la baja del ingreso aduanero. Debido a ello, los pagos a los empleados y las fuerzas armadas se retrasaron, junto con los intereses económicos de los agricultores, quienes, ante la subida de las tasas de interés, veían cómo sus propiedades caían en manos de comerciantes prestamistas, escenario propicio para el inicio de los enfrentamientos contra la facción liberal opositora. Por otra parte, la escasa participación de otros ramos se debía al desmonte total de la política impositiva colonial, lo cual dejó en manos del comportamiento del mercado externo la estabilidad política y económica interna. Desafortunadamente, no se cuenta con series que informen sobre los gastos de Caracas entre 1830 y 1845, pero es evidente que el gasto militar y administrativo significó un reto importante para el Estado, debido al descenso de los ingresos y la continuación de los desórdenes internos, ante lo cual fue necesario acudir a tres prestamos internos entre 1830 y 1838 (^{Pinto, “Entre Colonia” 368}).

De esta forma culminaría el primer periodo independiente de la República de Venezuela, comandado por el Partido Conservador que implementaría medidas a favor del desmonte de los gravámenes coloniales, en medio de la inestabilidad política y una economía débil. Lo anterior muestra que, en estricto sentido, poco había cambiado la composición del ingreso con relación a los últimos años de dominio español, pues la fuente fundamental de recursos seguían siendo los gravámenes al comercio externo, pero ahora con una participación que casi doblaba en términos porcentuales a la que tenía durante el periodo colonial. Por tanto, el sostenimiento del Estado ahora no dependía del mantenimiento de una guerra entre potencias que bloqueara el tráfico externo, sino de los movimientos de precios de los principales productos de exportación (cacao y café).

Conclusiones

A lo largo del texto hemos visto cómo la política fiscal implementada por el Gobierno español y republicano prefiguró la constitución de los cargos, las datas, los ingresos y los gastos de la Caja Real y la Tesorería de Caracas. Las reformas borbónicas lograron centralizar el recaudo, romper con el monopolio de las compañías comerciales e integrar el territorio venezolano en términos fiscales, y otorgaron un papel primordial a Caracas como eje principal de la Intendencia. Estas medidas, junto con la consolidación de la exportación cacaotera como fuente de financiamiento de las importaciones, posibilitaron el aumento de los cargos totales sustentados en los impuestos comerciales y las remisiones de las tesorerías subalternas. Estos fondos fueron suficientes para el sostenimiento de la fuerza militar de la recién fundada Capitanía y el creciente cuadro administrativo de la Audiencia, la Intendencia y el Tribunal de Cuentas. Pero estos buenos rendimientos solo eran posibles si la política exterior mantenía la paz entre las potencias, pues cualquier tipo de bloqueo al tráfico distorsionaría la economía y los rendimientos del fisco, ante lo cual la única opción fue el permiso para el trato con colonias neutrales y extranjeras, lo que entró en franca contradicción con el espíritu mismo de las reformas, pues dejaba fugar el excedente colonial hacia las manos de los enemigos de la Corona ibérica, además de provocar disputas entre las regiones que tenían acceso a dicho tráfico y aquellas que se veían privadas de este, junto con los conflictos entre comerciantes y agricultores en pugna por sus propios intereses.

La independencia trajo consigo la dislocación del espacio fiscal de la Intendencia, pues varias regiones se manifestaron abiertamente hostiles al proceso de consolidación de una junta autónoma de gobierno con sede en Caracas, posición que se convertiría en abierta confrontación militar hasta la pacificación en 1815, lograda con la llegada del ejército expedicionario comandado por Morillo. Además de ello, la formación del Gobierno independiente significó el aumento del gasto administrativo, con una importante caída de los ingresos, producto del desmonte del aparato fiscal colonial, el bloqueo de los puertos caraqueños y las innovaciones en materia de imposición. Aunque el Gobierno colonial intentó reconstruir el orden fiscal colonial, la guerra se mantuvo y los niveles de recaudo y gasto no pudieron restablecerse de manera plena, aunque se manifestó una leve recuperación de la actividad cacaotera (motor de la economía caraqueña), gracias al desplazamiento de las confrontaciones a los llanos.

La consolidación de la Independencia en 1822 no permitió a la ciudad recuperar su condición de centro articulador del fisco en Venezuela, ya que ahora era dependiente de Bogotá, y las decisiones quedaban en manos del Congreso y de la Secretaría de Hacienda, con lo cual Caracas perdía todo influjo sobre las cajas de los departamentos de Apure, Zulia y Orinoco. En términos de política impositiva, las reformas fueron escasas y el sector productivo se vio enfrentado a la disminución de sus rendimientos, en medio de un constante clima de inestabilidad política. Si bien es cierto que los ingresos aumentaron, y que retornaron a la composición colonial encabezada por los gravámenes comerciales, ello era producto del incremento de las tasas de importación y exportación, mas no del mejoramiento de las tendencias productivas de cacao o café, marco que dejaba muy poca capacidad de maniobra al Gobierno de la República, dado que los gastos administrativos crecieron ostensiblemente y las erogaciones militares no pudieron ser drásticamente rebajadas, por la amenaza constante de rebeliones internas. El camino elegido fue el endeudamiento, y este dejó a Venezuela para 1830 una considerable suma a cargo.

La construcción de la República de Venezuela logró restablecer el puesto central a Caracas en términos fiscales; la política impositiva se orientó por los preceptos liberales y la economía mantuvo un crecimiento lento pero sostenido hasta 1839, con la exportación cafetera como motor principal. Dicha actividad sufriría los embates de la crisis financiera norteamericana y el Gobierno procomerciantes se vería en aprietos, acosado por los reclamos de los liberales, de la mano de los agricultores. La estabilidad política nunca pudo ser reconstruida y las tensiones regionales con el Gobierno central eran cada vez más fuertes. En este panorama, el fisco fue muy dependiente de los ingresos aduaneros, los cuales aportaron poco más del 80% del total, y, por tanto, sujeto al comportamiento del mercado externo, que al caer en 1839 propició los alzamientos que darían fin a los gobiernos de la oligarquía conservadora. El dinero recaudado nunca fue suficiente para suplir las demandas de una creciente burocracia y de un ejército permanente ante las revueltas internas.

Es evidente que la estabilidad interna de Caracas dependió durante todo el periodo del comportamiento del sector externo, pues la posibilidad de acceder a este era lo que financiaba la estructura de gobierno. Así, las tensiones se acentuaron a partir de 1793, tras el reinició de los enfrentamientos entre potencias, y este fue el preludio de diez años de inestabilidad interna en busca de la independencia. De igual forma, en 1826, la retracción de los mercados internacionales tras la crisis del mercado de valores inglés fue el fondo de las insurrecciones locales para la separación de la República de Colombia, tal y como la caída del mercado norteamericano en 1839 enfrentó a los sectores agrícolas con el Gobierno, el cual mantenía una política abiertamente favorable a los comerciantes. De tal manera, se alimentaba la división entre liberales y conservadores que resquebrajaría en pocos años al bloque comandado por José Antonio Páez y a la oligarquía conservadora. Esta hipótesis debe ser ampliada en futuros trabajos, a los cuales aportamos nuestro análisis de las cuentas fiscales.

Por último, nos parece conveniente acoger algunas de las observaciones de Andrien respecto a las trasformaciones del fisco y sus implicaciones para el desarrollo económico de los países de América Latina, cuyo trabajo se ha concentrado en el caso del Ecuador. En los Andes, la política abiertamente restrictiva de las manufacturas permitió la consolidación de la exportación cacaotera, la cual servía de pilar para el financiamiento de las importaciones que alimentaban al fisco colonial. Caso similar al venezolano, en la medida en que esta estrategia fue implementada con el mismo fin, a saber: la extracción del excedente con destino a las arcas metropolitanas, a través de las remisiones y el mantenimiento de un intercambio comercial desigual. Tras la Independencia, el Gobierno ecuatoriano no implementó políticas que trasformaran el orden fiscal colonial, sino solo de manera tardía. De esa forma, se imposibilitó la consolidación de instituciones que permitieran un crecimiento económico significativo, lo que propiciaba la fuga del excedente a través de la deuda externa. El caso venezolano fue diferente, pues el Gobierno entre 1830 y 1845 eliminó la mayor parte de gravámenes coloniales y mantuvo una política comercial proteccionista, con tasas a la importación más elevadas que las del periodo colonial. A pesar de esta diferencia en los medios, los resultados fueron los mismos, a saber: dependencia de los ingresos aduaneros, fuga del excedente por deuda externa y mantenimiento de un tráfico desigual, ya que no se implementó una política que fomentara la inversión en sectores distintos a la producción cacaotera o al café. Nos parece que, junto a la exploración de la relación entre fisco, mercado externo y estabilidad política interna, el papel del Estado y el impacto socioeconómico de las medidas fiscales para la promoción o freno del desarrollo económico es otro de los temas futuros a los cuales este trabajo contribuye, para lo cual dejamos a disposición del público y de la comunidad académica las series reconstruidas para este estudio, en las tablas 1 y 2 del anexo.