Carlos III autoriza la construcción del Colegio Seminario y las desavenencias entre las autoridades civil y eclesiástica en Santa Marta

Gracias a la gestión del obispo Calvo y de acuerdo con su política educativa, Carlos III expidió la Cédula Real del 14 de enero de 1774, en la cual se ponía en evidencia el estado lamentable y el atraso en que se encontraba la catedral en su proceso de reedificación. En la documentación revisada, desde 1766 hasta el momento del informe del obispo, el argumento repetitivo era la escasez de recursos:

las rentas que se perciben son cortas y no alcanzan para cubrir los gastos que demanda la santa obra. Visto el panorama económico de la diócesis de Santa Marta, de las rentas del virreinato del Nuevo Reino de Granada y del mismo arzobispado, es el monarca quien tiene que definir el futuro de la construcción, y así lo hizo. (^{Rey, Fiestas 78})

Frente al estado de las rentas y la pobreza de la provincia, Carlos III impuso el tributo de Vi real por cada frasco de aguardiente, la mitad de su producido para continuar la erección de la catedral, que se había iniciado en firme el 8 de diciembre de 1766, y la otra mitad para el seminario, inicialmente con ocho colegiales; se aclaraba que su construcción debía iniciarse al terminar la catedral. Asimismo, se autorizó una prórroga de 2 reales novenos por 10 años, pertenecientes al obispo de esta ciudad, más los dichos novenos aplicados por la ley para construir el seminario (AGI, SF, 969, "Cédula Real", 1.° de enero de 1774, f. 7).

A pesar de estas disposiciones, Astigarraga, en un informe fechado en 1787, sostenía que el obispo Agustín Manuel Camacho (1764-1771) había tomado una casa a la que denominaba seminario y cobraba el 3 % por ley y por el Concilio de Trento. No se sabía nada del dinero recibido, porque no lo "ha depositado en las Cajas Reales ni se sabe su paradero" (AGI, SF, 1199, "Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 25 de diciembre de 1796, f. 46), ni por qué el obispo había tomado esa casa. Por lo tanto, Astigarraga solicitaba al obispo Juan Francisco Navarro y Acevedo (1775-1788) y a los oficiales reales que se reunieran con él para revisar la situación, que les enviaran a aquellos "los autos del asunto" y que se comisionara a quien se considerara con jurisdicción sobre el seminario (AGI, SF, 1199, "Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 25 de diciembre de 1796, f. 46). Sin embargo, como el obispo residía en Valledupar, delegó al deán y cabildo en Santa Marta para que "vuestra señoría [hará] mis veces disponiendo lo que fuese más arreglado y conforme a lo ordenado por Su Majestad y determinado por el Santo Concilio [Trento]" (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Francisco Navarro", 17 de diciembre de 1787, f. 51). Los asistentes tomaron la decisión de nombrar al arcediano Salvador del Real y Soto, quien aceptó el cargo "y prometió cumplir en él todo su poder y saber" (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Francisco Navarro", 17 de diciembre de 1787, ff. 59-60).

Para el obispo Camacho, la urgencia de contar con una catedral a la altura de la capital de provincia era la misma que sentía por tener un colegio seminario, por lo cual quiso convertir una casa tomada en alquiler en colegio seminario. Esta decisión generó una disputa entre el obispo Calvo, sucesor de Camacho, y el gobernador Nicolás Díaz, porque "el obispo quiso dar empuje a la obra del Seminario, a lo que se opuso el gobernador, apoyándose en la cédula por la cual se ordenaba que no se le diera principio antes de que se terminase la catedral" (^{García 253}). Los obispos veían que las obras de la catedral iban muy lentas y que ello retrasaba el inicio de las obras del seminario, por lo cual en varias ocasiones insistieron en la necesidad de comenzar la construcción, contrariando la cédula real de 1774. La urgencia de mejorar la educación de la juventud samaria, así como la preparación de los sacerdotes, que era muy escasa, hizo que algunos obispos se enfrentaran al gobernador.

La responsabilidad de la construcción y puesta en marcha del seminario en la ciudad era del gobernador y del obispo, es decir, los poderes civil y eclesiástico. Esta responsabilidad compartida en la educación era el reconocimiento por parte del rey, sus ministros y sus funcionarios coloniales de que "Iglesia y Estado colaborarían en estas tareas, la primera con su influencia y sus riquezas; el segundo con su capacidad de coordinación y los resortes de la autoridad" (^{Domínguez 255}).

Por otra parte, el caso de Riohacha es complejo, porque a pesar de que en lo espiritual pertenecía al obispado de Santa Marta, cuando se expidió la Cédula Real de 1774 se encontraba bajo el Gobierno de Cartagena, es decir, quedaba eximida del impuesto sobre el aguardiente. La situación que se presentaba en Riohacha era difícil por encontrarse en una miseria absoluta, lo cual requería que fuera exenta del impuesto (AGI, SF, 1199, "Virrey de la Nueva Granada Manuel Antonio Flores", 31 de marzo de 1777, f. 12)². También era motivo de preocupación que se afectara la venta legal de aguardiente, porque el gravamen incrementaría los costos y estimularía el contrabando (AGI, SF, 1199, "Virrey de la Nueva Granada Manuel Antonio Flores", 31 de marzo de 1777, f. 7). A pesar de las observaciones anteriores, los riohacheros tuvieron que cumplir con el impuesto como cualquier feligrés de Santa Marta, como lo muestra un auto de obedecimiento (AGI, SF, 1199, "Real Cédula", 20 de julio de 1776, f. 14).

Los malestares suscitados en Santa Marta y Riohacha por el pago del impuesto al aguardiente y el abandono de la provincia en todos los aspectos fueron trasladados al virrey Flores, quien redactó un informe al rey Carlos III, aprovechando el descontento en la provincia, y pidió que no se continuara con la construcción de la catedral porque -según él- Santa Marta tenía muchas necesidades y el templo no era una obra que urgiera, considerando que era factible que la mitra de Santa Marta fuera agregada a la de Cartagena, lo que implicaba la suspensión de la obra. Lo que necesitaba la ciudad, sostenía el virrey, era inversión en la parte militar y recuperar las fortificaciones que dieran mayor seguridad a la provincia (AGI, SF, 1199, "Virrey de la Nueva Granada Manuel Antonio Flores", 31 de marzo de 1777, ff. 4-5). En ese sentido, recomendaba trasladar la catedral a otro lugar de la provincia y no gastar recursos en un templo que estaría a merced de piratas y bucaneros (^{Rey, Fiestas 81-84}). La solicitud del virrey era similar a la de su antecesor y la respuesta del monarca fue la misma: la catedral debía concluirse.

En un informe de la junta de la catedral, de febrero de 1788, quedaron registradas las formas como, según el Concilio de Trento, se determinaba quiénes estarían obligados a pagar y recolectar los dineros. La reunión se llevó a cabo con el objetivo de nombrar a dos personas para cobrar y administrar los dineros, que incluían todas las rentas eclesiásticas, las obras pías, los colegios y los monasterios; todos estos recursos se destinaron a fundar el colegio seminario (AGI, SF, 1199, "Acta de Junta del Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 28 de febrero de 1788, ff. 58-60). Los nombrados fueron el arcediano Salvador Real y Soto y el doctor Luis de Robles.

Un año más tarde, el gobernador extendía un oficio en el cual quedaba en evidencia que la disposición del 3 % dirigida a las obras del seminario no se había hecho efectiva en toda la provincia; lo poco recaudado lo tenía el tesorero Gabriel Díaz Granados y no se estaba invirtiendo "con perjuicio de una obra tan útil al Servicio de Dios del Rey de la causa pública..." (AGI, SF, 1199/37, "Acta de Junta del Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 21 de marzo de 1789, ff. 79-80). Mediante una nota dirigida por el vicefiscal, se le recordaba al obispo que en la Cédula Real de 1774 se había establecido que los auxilios no eran solamente conciliares, por lo cual se podían recolectar de otras rentas para la continuación de las obras. Este concepto lo compartía el fiscal interno, quien recordaba además que no era dable hacer ningún reparo a lo ordenado (AGI, SF, 1199, "Decreto del virrey de Nueva Granada Francisco Gil", 12 de mayo de 1789, f. 92).

Paralelamente a esta situación, la provincia comenzaba a mejorar sus ingresos, a pesar de no lograrse el control total del territorio. La ofensiva contra los chimilas había surtido sus efectos. José Fernando de Mier y Guerra primero abrió caminos; seguidamente, entre 1749 y 1753, fundó y refundó poblaciones a la orilla del río Magdalena, desde Tamalameque hasta Sitionuevo (^{Rey, Poblamiento 136-159}), así como otras poblaciones en el interior de la provincia, labor que continuó Agustín de la Sierra en 1776 (^{Rey, Poblamiento 206-208}). La estrategia de poblar a la orilla del río garantizó la posibilidad de transitar con menos obstáculos que antes, permitiendo habilitar rutas que conducían a los puertos ribereños desde el sur de la provincia de Santa Marta, principalmente desde Ocaña, por las cuales se comerciaba no solamente contrabando, sino la producción agrícola y ganadera al mercado interior (^{McFarlane 75-77}).

Lo anterior hacía posible el "comercio hacia colonias extranjeras y neutrales como producto de los permisos especiales para tal fin, siendo establecida como puerto menor de América tras la implementación de los decretos de comercio libre" (^{Pinto 34}). Las finanzas de la provincia mejoraron gracias al monopolio del aguardiente y el tabaco, lo que significa que "fue capaz de generar recursos propios y no sólo dependió de las remisiones de otras cajas como acontecía con sus similares de Cartagena, Panamá y Riohacha" (^{Pinto 34}). Depender de sí misma fue importante, ya que los situados pasaban por Cartagena y sufrían recortes y retrasos; a comienzos del siglo XVIII pasaban hasta cinco años sin hacerse efectivos (^{Restrepo II: 38}), lo cual originaba retrasos en la terminación de la catedral y el inicio de la construcción del seminario. Sin embargo, según ^{Pinto (71)}, el incremento en las cajas reales se aceleró desde i796, cuando en teoría, se inició la construcción del seminario.

Gracias al mejoramiento de las rentas del aguardiente, el tabaco y los naipes, las autoridades civiles y eclesiásticas de Santa Marta pudieron culminar la erección de la catedral. El gobernador Astigarraga se empeñó en avanzar en la construcción y su sucesor Samper lo logró tres años después de haberse posesionado. Gracias a ello se dio vía libre a la construcción del seminario, lo cual explica que las obras se concluyeran con una diferencia de catorce años.

El obispo Anselmo José de Fraga y Márquez pone en marcha el colegio seminario

Quince años después de la autorización para la construcción del seminario (1789) y a pesar de los reiterados esfuerzos y solicitudes que se hacían para edificarlo en la ciudad de Santa Marta, el obispo José de Fraga redactó un informe sobre la difícil situación de la catedral y el seminario. Un punto que le preocupaba era la escasez y falta de preparación del personal con el que se contaba para los cultos, personal que en muchas ocasiones, a pesar de no contar con los requerimientos ni la formación que se exigía, era admitido por no haber maestros ni escuelas (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de noviembre de 1789, f. 5).

Pese a la complicada situación, Fraga presentó al rey algunos puntos que a su parecer contribuirían de gran manera al avance del proyecto: reanudar y cobrar rentas eclesiásticas que habían sido autorizadas por reales cédulas, como las impuestas en el año 1774 del Vi real de aguardiente, el apadrinamiento de algunos seminaristas, aumentar el número de profesores y asignar un rector y vicerrector, de acuerdo con las necesidades que en ese momento se presentaban (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de noviembre de 1789, ff. 10-11).

El obispo escribió un extenso informe en el que detalló la falta de instrucción en ciencias eclesiásticas y otros conocimientos que permitieran a los jóvenes prepararse para la vida política y civil que necesitaba la provincia. A continuación, notificó la decisión de hacer las gestiones para poner en marcha la iniciación del seminario, lo que sucedió el 19 de noviembre de ese año, para lo cual utilizaría lo recaudado por algunos funcionarios, sobre todo el "3 % que dispone las leyes del reino" (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de enero de 1790, f. 3), recurso que se utilizaría para la "sustentación de directores, maestros y seminaristas" (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de enero de 1790, f. 4). Si bien el objetivo y los beneficios eran claros, es preciso indicar que en un principio se presentaron varios obstáculos tanto en la parte formativa como en la planta física. De ahí que el obispo acudiera de forma incesante al consejero del rey y al mismo monarca para poder contar con su poderoso auxilio, indispensable ante la falta de recursos. Por eso, solicitaba "que se aplique perpetuamente al seminario los sobrantes de los Reales novenos" (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de enero de 1790, ff. 10-11).

La planta física, obstáculo para el buen funcionamiento del colegio seminario

El asunto de la planta física en la cual funcionaría el colegio seminario sería una dificultad más para el obispo, ya que no estaba definida. Aunque se había cedido un espacio para su funcionamiento, no era adecuado para impartir la enseñanza, además de encontrarse en el limbo por una situación jurídica, ya que había estado en un proceso de remate y posteriormente había sido abandonada. La información que recibió el obispo fue que la edificación estaba apta para el colegio y que era de propiedad del seminario, lo cual faltaba a la verdad. El obispo le comunicó al rey que lo habían engañado (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de enero de 1790, f. 4).

Como consecuencia del estado de abandono de la edificación, su situación era crítica, a los propietarios no les interesaba a quién se la alquilaban y menos si pagaban. El edificio presentaba un estado poco recomendable para la enseñanza, hecho con ladrillo y piedra cubierta de teja.

La obtención del espacio para el seminario fue una dificultad que superó el obispo junto con las personas involucradas: el coronel de milicias Pascual Díaz Granados y María Micaela de Porras. El obispo, mediante una transacción, canceló el rédito anual adeudado de 75 pesos sobre el capital; "de 1500 pesos, a que se redujo de 2820 pesos que eran, además libres de pagar los devengados en 19 años, que ha corrido desde el 71 en que se le adjudicó la casa..." (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", 15 de enero de 1790, f. 5).

Luego de subsanar este problema jurídico, no quedaba más que adecuar el espacio para ponerlo en funcionamiento, puesto que solo contaba con tres pequeñas salas bajas, un cuarto y una cocina. Esto hacía que los niños tomaran algunas clases en el hospicio Santo Domingo, lo cual no tenía contento al obispo, pues opinaba que la estancia en un solo lugar era lo ideal porque permitía la vigilancia. Así, se vio en la necesidad de abandonar las habitaciones que ocupaba para que fueran destinadas como aulas, evitando de esta manera la confusión de las artes y las ciencias que se enseñaban. Para ello, alquiló una casa al lado que comunicó con el seminario (AGI, SF, 1199, "Carta del obispo de Santa Marta Anselmo de Fraga", ff. 9-10). Además, asumió la rectoría y la vicerrectoría, pues de tal modo ahorraba recursos para destinarlos a los arreglos de la planta física.

En 1793, el obispo, por medio del gobernador, logró conseguir finalmente el lugar donde se levantaría el seminario. Si bien aún no se terminaban las obras de construcción de la catedral, esta sería la misma casa que había tomado el obispo fray Agustín Camacho unos años antes. El gobernador y el obispo, acompañados de Antonio Marchante, aparejador de reales obras, quien dirigía la construcción del templo, eligieron "un terreno que hay suficiente y bueno cerca de la Iglesia San Francisco y la Nueva Catedral" (AGI, SF, 1199, "Carta del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 25 de junio de 1793, ff. 6-7). El obispo, sin embargo, no quedó del todo convencido del sitio seleccionado, por lo que dejó de tocar el tema con el gobernador y con Marchante. Su silencio de largos meses se rompió el día en que inició la demolición de algunos cuartos de la casa donde funcionaba el seminario, y le dijo al gobernador, falsamente, que pensaba construir su casa y la de sus sucesores, pero en realidad estaba construyendo unas aulas provisionales para la enseñanza de primeras letras y latinidad (AGI, SF, 1199, "Carta del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 25 de junio de 1793, f. 7). El gobernador se enteró por rumores callejeros de que el obispo pretendía construir el colegio seminario (AGI, SF, 1199, "Carta del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 25 de junio de 1793, f. 7).

Incómodo con lo que acontecía, el gobernador pidió testificar a varios funcionarios de la Corona sobre lo que sabían y les constaba con respecto al seminario y su planta física. Dichos funcionarios eran los escribanos públicos José Ignacio de Alamo, de la Real Hacienda, registros y visitas; José Antonio del Rosal, escribano público de número, encargado por la ausencia del titular Gaspar Antonio González, como escribano notario real, y el aparejador Antonio Marchante, quienes debían declarar bajo juramento si las aulas eran nuevas o las mismas desde tiempos atrás y si estaban aptas para el proceso de enseñanza (AGI, SF, 1199, "Decreto del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 14 de mayo de 1793, ff. 187-188).

La respuesta conjunta fue que los salones provisionales eran los mismos desde hacía tiempo y no eran apropiados para "la educación de la juventud en primeras Letras, y Latinidad, y a los eclesiásticos en la Ciencia Moral [...] y que en dicho edificio no hay salón alguno que pueda todavía servir para piezas de educación..." (AGI, SF, 1199, "Declaración de los citados", 15 de mayo de 1793, ff. 193-194). Los funcionarios del gobierno civil se alinearon con el gobernador, quien estaba interesado en seguir la política definida por la Corona española. En las declaraciones se descalificó la actitud del obispo Fraga por haber iniciado una obra que no cumplía mínimamente con los requerimientos técnicos.

La declaración de Marchante fue importantísima porque era quien contaba con conocimientos y experiencia en el campo de la construcción. En primer lugar, recordó que el sitio seleccionado por el gobernador, el obispo y por él mismo había sido descartado por el obispo sin comunicárselo a nadie. Y en segundo lugar, el obispo había demolido y comenzado a reedificar "la casa nominada colegio" bajo su responsabilidad y había encargado la obra a personas no calificadas. Como no había arquitecto, la obra estaba en estado crítico (AGI, SF, 1199, "Declaración del arquitecto Antonio Marchante", 15 de mayo de 1793, ff. 194-197). De todas estas diligencias se le dio noticia al rey Carlos IV.

El gobernador le pidió al aparejador que dictaminara los tiempos que la obra podía soportar en el estado en que se encontraba, el presupuesto para su refacción, la parte que era necesario demoler, el terreno que se necesitaba y otros aspectos que considerar para construir el seminario en mejores condiciones (AGI, SF, 1199, "Decreto del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 7 de febrero de 1793, ff. 120-121). Este intercambio de correspondencia y solicitudes entre gobernador y aparejador permite pensar que el primero no quería perder tiempo en la decisión que debía tomar para resolver el problema, ya que se debía cumplir lo ordenado por Carlos III y ratificado por Carlos IV.

En respuesta, el aparejador dictaminó que el deterioro en las obras era causado porque los salones no habían sido terminados y, ante la falta de refuerzos, amenazaban otra parte construida de la edificación. Este punto de refuerzo y solidez era de vital importancia por la presencia de posibles temblores y violentos vientos que cuarteaban las paredes, los arcos y los cerramientos de las puertas. En cuanto al costo estimado, se estableció en 8 000 pesos, sin incluir otros 5 000 pesos que se destinarían a la parte que se había de demoler para una posterior extensión. En el plano que acompañaba al informe se mostraba la escasa robustez de lo construido (figura 1).

Marchante hizo algunas recomendaciones: don Francisco Sabatini, director general de Fortificaciones, Arquitectura Civil y de Obras Hidráulicas, debía hacerse cargo de reformar las débiles partes que necesitaba lo construido para contrarrestar su deterioro. Por no tener un plano ni diseño ni perfil, no se sabía a ciencia cierta qué estaba proyectado. El arquitecto expresaba que, por la calidad de lo edificado, se podía concluir la ruina total de la edificación, así que se necesitaban por lo menos 30 000 pesos para reconstruirla (AGI, SF, 1199, "Informe del arquitecto Antonio Marchante", 29 de enero de 1793, ff. 116-117). El gobernador le envió este informe al asesor don Manuel Campuzano. Al mismo tiempo, se le solicitó al chantre Pedro Díaz Granados, colector del ramo, que presentara cuentas con respecto a los trabajos que hasta el momento se habían realizado (AGI, SF, 1199, "Carta del gobernador de Santa Marta José de Astigarraga", 25 de junio de 1793, f. 8).

A solicitud del gobernador, los oficiales reales notificaron que los recursos recaudados por el 3 % para el seminario, entre 1783 y 1789, habían ascendido a la suma de 144 pesos, 7 reales y % maravedís. Los dineros habían sido recibidos de los cuatro curas comarcados: Ciénaga, Gaira, Mamatoco y Bonda, entregados en 1792 al colector Gabriel Díaz Granados, nombrado en dicho cargo por el obispo (AGI, SF, 1199, "Informe del contador de Santa Marta Nicolás de Unanue", 23 de febrero de 1793, ff. 128-129). Díaz Granados, que se desempeñaba como chantre de la catedral, en su calidad de colector debía guardar "para la fábrica del colegio seminario que se había de fundar construida que fuese la catedral" (AGI, SF, 1199, "Informe del contador de Santa Marta Nicolás de Unanue", 23 de febrero de 1793, ff. 135-136).

El obispo Fraga murió el 22 de marzo de 1793 y quedó el deán José Joaquín Meriño como encargado. Este duró algún tiempo porque el nombrado por el rey para suceder a Fraga, el deán Juan José González, no aceptó. En 1794 se nombró al deán José Alejandro de Egues, pero este murió en Cartagena en 1796, antes de llegar a Santa Marta. Esta inestabilidad en el gobierno eclesiástico le permitió a Astigarraga avanzar en la construcción de la catedral sin que una autoridad religiosa le hiciera contrapeso, hasta que en septiembre de 1793 hizo entrega del gobierno a su sucesor, Antonio de Samper y González³.

El obispo Sánchez Cerrudo y la terminación de la construcción del seminario

Entre 1793 y el final del siglo XVIII la información sobre la construcción del seminario es escasa. El gobernador Samper se dedicó a culminar la erección de la catedral: "Me entregué con notorio celo y vigilancia de la finalización de un edificio en que tanto interesó a vuestro real corazón" (AGI, SF, 1181, "Carta del gobernador de Santa Marta Antonio de Samper", 25 de noviembre de 1795, ff. 5-6). La entrega definitiva al obispo interino fue en 1796.

Por otra parte, la búsqueda de recursos permanentes destinados a la ejecución de las obras del seminario era una tarea inaplazable. Por ello, el cabildo eclesiástico de Santa Marta, integrado por Domingo José Díaz Granados, Pedro Gabriel Díaz Granados y Luis de Robles, solicitó los pontificales correspondientes a tres obispos de la diócesis en 1796. El cabildo le aclaró a Carlos IV que, por ley, a la muerte de un obispo, la Real Hacienda debía hacerse cargo de todos los bienes por medio de un inventario que había de realizarse a tal efecto. Más tarde debía procederse al reparto dejado en el testamento, o si no lo había, la catedral era la gran benefactora de las pertenencias de los obispos. Asimismo, se le pedía al rey que continuara con los auxilios (el % real al frasco de aguardiente y el 9% de las iglesias parroquiales) que hasta entonces se destinaban a tal fin (AGI, SF, 1199, "Carta del Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 25 de diciembre de 1796, f. 3).

En la revisión documental del periodo estudiado no se ha encontrado un documento que informe de la fecha en que se iniciaron los trabajos del seminario. Así, conociendo la decisión de los gobernadores de cumplir la orden de la Corona de iniciar obras del seminario solo al terminar la catedral, es dable pensar que tales obras comenzaran después de 1796. Todavía gobernaba la provincia Samper.

En un cruce de cartas entre el nuevo gobernador Víctor de Salcedo⁴ y el obispo encargado Díaz Granados en 1807, se conoce la existencia de una real cédula del 1." de junio de 1799, por medio de la cual se estableció:

El producto del tres por ciento de seminario, no se invierta en otros fines, y que en las ciudades donde hasta ahora no se ha verificado su fundación el referido producto se deposite en las iglesias catedrales en arca de tres llaves [...] (AHDSM, tomo 7, "Dictamen del asesor del gobernador de Santa Marta José María de Avilés", 16 de enero de 1807, f. 110)

Este concepto forma parte de la puja por el control y manejo de los dineros que tenía en su poder el chantre de la catedral Pedro José de Luque y que Díaz Granados le había solicitado que se los entregara en 1806. De todas maneras, De Luque elaboró un informe de los recaudos entre 1793 y agosto de 1806, el cual arrojó una cantidad de 494 pesos, 4 y 4 V reales (AHDSM, tomo 7, "Carta del mayordomo de la catedral de Santa Marta Pedro José de Luque", 22 de septiembre de 1806, f. 109). Como resultado de esta disputa por el control de los dineros destinados a la construcción del seminario, el obispo aceptó que se depositaran en el arca dentro de la catedral, con las tres llaves respectivas.

En enero de 1808 fue descubierto un robo continuado de la mayor parte de los recursos depositados en el arca. En esta situación estuvieron involucrados varios feligreses y funcionarios del clero. Después de realizada la verificación de los dineros que quedaron, se concluyó que había 7 pesos y 5 reales (AGN, AC, "Criminales (juicios): SC19 - Criminales - Juicios; SC.19", ff. 328-329). Se sustrajo la cifra nada despreciable de "dos mil trescientos sesenta y seis pesos, cuatro y tres octavos reales los mismos que se pusieron en la Arca preparada al efecto" (AGN, AC, "Certificación del acta de introducción del 3 % en el arca", 7 de febrero de 1807, ff. 340-341), fruto de las rentas producidas entre 1802 y 1805.

El proceso de indagación y las diligencias realizadas por las autoridades para establecer las responsabilidades del acto vandálico fueron largos. Todavía en diciembre de 1808, cuando se posesionaba como obispo Miguel Sánchez Cerrudo, no se habían resuelto y no se había hecho efectiva la devolución del dinero del robo para continuar con la obra. Ello preocupó al obispo, por lo que le solicitó al gobernador, mediante un oficio, que se le reintegraran los dineros por la venta de los bienes del señor Iñigo de Sevilla, padre del condenado Fernando de Sevilla. Su hijo, quien resultó responsable del robo, le recordaba "la necesidad de fondo para la construcción de la obra del Seminario que se sigue con el mayor empeño y es a vuestra señoría constante" (AGN, AC, "Oficio del obispo de Santa Marta Miguel Sánchez, 10 de junio de 1809", f. 560). Lo cierto es que este suceso retrasó las obras.

El obispo, desde su llegada a la ciudad, se había mostrado muy activo en la necesidad de fortalecer la educación de la juventud y el clero, y en tal sentido organizó algunas cátedras. Logró concitar las voluntades de la autoridad civil, en cabeza del gobernador De Salcedo, alrededor de dotar el seminario de los docentes mejor formados y útiles. Por aquel entonces obtuvo información sobre una disposición testamentaria de la fallecida señora Francisca Martínez, otorgada el 9 de febrero de 1799, donde estipulaba la erección de un canonicato al servicio de su alma, la de su padre, hermano y demás almas del Purgatorio (AGI, SF, 1248, "Copia de escritura", 27 de febrero de 1809, f. 10). Lo que más complacía al obispo era que estaba al arbitrio y la voluntad de los albaceas José Nicolás y Andrés de Jimeno, de manera que confiaba en que se podrían orientar algunos aportes para el colegio seminario⁵. Logró tal cometido con la anuencia del gobernador, quien aceptó el concepto de su asesor porque en la ciudad se respiraban "los sentimientos más piadosos, más adecuados para el fomento del culto divino, y más útiles al seminario conciliar, cuya obra actualmente se está siguiendo con el último empeño" (AGI, SF, 1248, "Dictamen del asesor del gobernador Juan Elías López", 20 de mayo de 1809, f. 24).

Después de tales diligencias, se fundó el canonicato con la total aprobación de los hermanos Jimeno, albaceas de la finada Francisca Martínez. Los recursos destinados a la prebenda saldrían de la producción de las haciendas Santa Rosa de Garabulla y Santa Cruz de Papare, de forma que se garantizaba el sostenimiento del seminario (AGI, SF, 1248, "Copia de escritura", 27 de febrero de 1809, f. 11).

La voluntad de doña Francisca Martínez se basaba fundamentalmente en dar un canonicato a la catedral -para el aumento de su culto divino y alabanzas al Altísimo- y al recién creado seminario, que bien serviría a la juventud y a la instrucción del clero. La canonjía estaba dirigida a lo relacionado con las cátedras que debían dictarse en el colegio y la aprobación de dos canonjías, una de teólogo y otra de jurista. Este punto es importante porque trata de los estudios avanzados a que pudieran aspirar los prebendados. Todo lo acordado se legalizó por medio de un acta (AGI, SF, 1248, "Acta del Cabildo Eclesiástico de Santa Marta", 17 de febrero de 1809, ff. 8-9).

Luego de todas las diligencias llevadas a cabo por el obispo y la participación del gobernador, ambas autoridades procedieron a informarle al rey de lo hecho en beneficio del seminario. Ambos reconocieron la necesidad de fundar la canonjía penitenciaria para que sirviera a la catedral y al seminario. El obispo fue mucho más expresivo y le informó a Fernando VII el estado deplorable de la educación de la juventud y el clero, "con motivo del poco celo que se ha tenido en su instrucción, y que esta ignorancia provenían la multitud de vicios en que se hallaban sumergidos" (AGI, SF, 1248, "Carta del obispo de Santa Marta Miguel Sánchez", 31 de marzo de 1809, f. 4). Las dos autoridades entendieron que debían trabajar mancomunadamente para terminar de construir el proyectado edificio en el que funcionaría el seminario. La finalización de la construcción del colegio seminario y la puesta en marcha del proceso de educación a la juventud samaria y a los mismos integrantes del clero se realizaron con base en las normas establecidas por la monarquía española y contó con la autorización del obispo.

El 30 de mayo de 1810, "día de San Fernando, el obispo Sánchez Cerrudo, en función solemne, fijó las armas de Su Majestad en la puerta del seminario, función presidida por el señor gobernador don Víctor de Salcedo y Somodevilla, con la asistencia de los dos cabildos (secular y eclesiástico)" (^{Restrepo II: 307}), de los blancos peninsulares, los blancos criollos, los pardos, los esclavos, los libres de todos los colores, los indios llegados de Mamatoco, Bonda, Masinga, Taganga y Gaira, y, en general, muchas personas que conocían todo el trabajo y esfuerzo que había costado construir el seminario. Como resultado de una última gestión a favor de la catedral, las parroquias y el seminario, el obispo y el cabildo determinaron, luego de un arqueo, un saldo de 15 000 pesos, de los cuales se destinaron 5 000 a la guerra con Inglaterra y el resto para el seminario y algunos ornamentos de las parroquias más pobres.

El edificio quedó totalmente concluido el 4 de enero de 1811, según lo informaba el vicario capitular Plácido Hernández Rodríguez (^{Restrepo II: 307}). El obispo murió en agosto de 1810, por lo que no pudo ver la obra concluida. Según Restrepo, su muerte fue muy lamentada en la ciudad. Fue sepultado en el cementerio San Miguel, que inició su construcción el obispo Anselmo de Fraga y fue concluido en el gobierno eclesiástico del mismo Sánchez Cerrudo. Su secretario y confesor, el fraile Manuel Redondo y Gómez, fue nombrado para reemplazarlo en 1811; le correspondió llevar a cabo, en compañía del nuevo gobernador Tomás de Acosta, las diligencias que concluyeron definitivamente el edificio.