Es tan llena de maldición aquella tierra⁴ (siglos XVI-XVII)

A inicios de la dominación española, Atacama era apenas una frontera del Virreinato del Perú que conectaba con Chile al occidente de los Andes. Aunque el fracaso de la campaña de Diego de Almagro empezó a forjar la idea de un despoblado atacameño cuya naturaleza era tan hostil como sus habitantes (Fernández de Oviedo), la descripción temprana más acabada es la de Gerónimo de Bibar, quien acompañó en 1549 a Pedro de Valdivia a Chile. Esta incluye importantes datos sobre el espacio, los recursos y sus habitantes.

La defensa indómita de los indígenas de Atacama fue atestiguada por un acompañante del conquistador (^{Medina 52})⁵. La resistencia fue férrea y se articuló con la de otros grupos étnicos con los cuales mantenían relaciones, pero la conquista finalmente se afianzó con la captura de prisioneros y la toma del pucará de Quitor a manos de Francisco de Aguirre. El aparato político-administrativo colonial se desplegó luego lentamente a través del territorio, con propósitos económicos en los que intervinieron diversos agentes en un escenario marginal y de predominio poblacional indígena (^{Téllez y Silva, "Atacama" 55}; ^{Núñez 87}).

El encomendero y corregidor Juan Velásquez Altamirano tuvo un importante papel en la evangelización y el sometimiento de la población indígena luego de un acuerdo con los caciques en 1557 (^{Téllez, "La guerra"; Hidalgo}, Historia I). Atacama se erigió como corregimiento autónomo en 1560, pero aún entonces la paz no era tal. Valen en tal sentido descripciones algo posteriores (^{Lizárraga 168}) y la erección de Toconao como población española, intentando protegerse de posibles ataques desde los ayllus de San Pedro de Atacama y asegurar un tránsito estable para la empresa colonizadora (^{Hidalgo, "Fechas" 255})⁶.

A partir de entonces, aparecen los primeros discursos sobre el desaprovechamiento de la población y los recursos locales, los que se mantendrán sin muchas variaciones a lo largo del marco temporal analizado. Los indígenas de Atacama, encomendados a Velásquez Altamirano, de baja demografía y alta dispersión territorial, contribuían poco e irregularmente. Mientras el tributo "era señalado globalmente para cada repartimiento", su recolección era responsabilidad de los caciques, quienes debían organizar en sus comunidades la forma de pagarlo (^Sanhueza, "Tráfico caravanero y arriería colonial" 180). Se recomendó, por tanto, la reducción en pueblos de indios para cobrar el tributo con mayor regularidad y hacer que esta población trabajara en las minas⁷. Igual racionalización debía encararse con los pescadores chango de la costa (^Casassas, "Carta")⁸.

Se debe tomar en cuenta que estos grupos mantuvieron el acceso a recursos situados a larga distancia mediante la residencia lejos de sus ayllus de origen (sin perder derechos) y también por el caravaneo, lo que de cierto modo posibilitó la continuidad de su inserción en una red de relaciones sociales macrorregionales interétnicas en las cuales el parentesco y el compadrazgo habrían tenido gran relevancia (^{Martínez, "Interetnicidad" 14-15}, 20).

El tráfico de pescado y otros bienes entre la costa y las tierras altas, mencionado por Lozano Machuca (^Casassas "Carta"), era una actividad prehispánica inscrita en patrones de movilidad, complementariedad y reciprocidad. La ocupación española le imprimió un carácter mercantil usufructuado por los agentes del poder (^{Aldunate et al}.). Los chango presenciaron la fundación del puerto de Cobija en 1587 y fueron encomendados a Lope de Ynostrosa, a quien tributaban en metálico por medio de ventas de pescado que hacían a la curia local (Castro). Francisco de Otal, fundador del primer templo de esa población, envió pescado seco al arzobispo superior de La Plata por intermedio de un grupo de indígenas en proceso de evangelización. El establecimiento del nuevo comercio se planteaba desde el discurso del poder como una necesidad estrechamente vinculada con propósitos civilizatorios (^Bittmann, "Cobija: panorama"; Castro).

Sin embargo, el verdadero impulsor del negocio de pescado fue Velásquez Altamirano, quien fomentó la industria, articuló las rutas de intercambio y estableció centros de administración del poder, redistribución comercial y residencia particular en San Pedro de Atacama y Chiu-Chiu, lo cual le confirió estabilidad al esquema. El servicio de transporte a cargo de arrieros indígenas se prestaba sin que estos recibieran pago alguno, por lo que corresponde a la figura de servicios personales o de tributo, siempre y cuando el pago se ejecutara por medio de su deducción (^Martínez, "Información").

La fuerza humana se ocupó en el traslado de las mercaderías y el servicio de chasquis. Los intentos de regularización y fiscalización de la Corona no tenían cabida en el desolado tramo de Cobija a Chiu-Chiu, donde el corregidor almacenaba el pescado para luego redirigirlo a Potosí en recuas de llamas. La ausencia de forrajes y agua constituía la principal excusa para evitar el uso de animales (^Casassas, "El Libro" 92; Téllez, "Producción").

El corregidor de Atacama fue el prototipo de autoridad colonial que articuló en beneficio propio responsabilidades administrativas e intereses comerciales, para perpetuarse en el poder, cometiendo grandes abusos y sumiéndose en permanentes conflictos (^{Núñez 103}). Esta expoliación inducía las fugas indígenas hacia fuera del corregimiento, lo que incidía negativamente en una producción agrícola que intentaba impulsarse mediante particulares españoles que se habían apoderado de las mejores tierras (^Téllez, "La guerra" 308).

Los curas desempeñaron un papel central a la hora de estimular los cultivos hispanos, con el fin de cubrir sus propias necesidades y su deber evangelizador. En Chiu-Chiu llegaron a un acuerdo con las autoridades indígenas para que contribuyeran con trigo y maíz, y aceptaran a cambio que aquellas tierras puestas en producción para el clero fuesen de comunidad (^Casassas, "El Libro").

Lo anterior es ejemplo de que los indígenas de Atacama pudieron definir dentro de la nueva estructura política ciertos criterios de propiedad comunal, pero a costa de la facilitación del servicio personal y el pago de tributo. Esto con independencia del tipo de siembra, pues -en este momento inicial- se promovió la intensificación de cultivos tradicionales como maíz, papa, quinoa, poroto, algarrobo y chañar, pero con base en las directrices de clérigos, encomenderos y comerciantes (^{Téllez y Silva}, "Atacama" 66).

Los cultivos forrajeros hispanos funcionales al tráfico comercial entre la costa, los valles, los oasis intermedios y los grandes mercados de los centros mineros y las ciudades altoandinas crecieron en el siglo XVII. Los forrajes adquirieron protagonismo en oasis como Chiu-Chiu, Calama, San Pedro de Atacama y Quillagua, a la par de la especialización de los indígenas como arrieros. A fines del siglo, prácticamente en la totalidad de los oasis se criaban ovejas, cabras, vacas, mulas y caballos, así como el tradicional ganado auquénido. La ganadería mular experimentó un crecimiento más rápido en comparación con otras especies debido al aumento del tráfico mercantil con el interior del virreinato. A medida que Atacama pasó a formar parte del hinterland rural de los mercados urbanos, estas actividades reportaron importantes réditos comerciales a españoles y criollos. La minería seguía relegada a finales de siglo, pese a que comenzaron a difundirse mayores noticias que daban cuenta de su potencialidad (Barba).

El poder colonial, encarnado en el corregidor, promovió la articulación y el abastecimiento del mercado regional con base en el ganado de los propios indígenas y su conocimiento tradicional de la trama vial atacameña. La utilización de llamas para el desplazamiento entre la costa, los valles intermedios y las tierras altas decayó durante el siglo XVII debido a la masificación del ganado mular. Su introducción es atribuida a curas y corregidores, los cuales -de conformidad con la política del reparto forzoso de mercancías- mejoraron durante el siglo XVIII tanto el tráfico mercantil como sus propias ganancias, estimulando a la vez inéditas transformaciones tecnológicas, económicas y sociales entre las sociedades indígenas del desierto (^{Borie et al}.).

La conquista de Atacama pudo completarse cuando los indígenas se transformaron en sostén del mercado interno y el territorio quedó inserto en la red del espacio económico peruano por medio de los excedentes que podía comerciar, de los cuales el más temprano fue el pescado de sus costas. La especialización de los indígenas, sujetos al comercio mercantil mediante las redes de arrieraje, fue estructurando el territorio en una compleja trama regional que lo cohesionaba internamente y lo vinculaba al polo potosino.

Y se visten y tratan como hombres de razón⁹ (siglos XVII-XVIII)

La población indígena de Atacama sostenía estrategias de acceso complementario a distintas ecologías y recursos, lo que implicaba una movilidad interétnica de desplazamientos mutuos entre Atacama, Lípez, Chichas, Tarapacá y Tucumán con residencia por largos periodos. Tales movimientos no habrían obedecido solo a presiones tributarias y mercantiles coloniales, sino también a la persistencia de dinámicas propias de la movilidad indígena. Otras estrategias de acceso a recursos eran la arriería, la venta de algunos productos y el trabajo asalariado en haciendas y minas (^Martínez, "Interetnicidad" 14-20).

Entre todas ellas, la adopción del oficio de la arriería se destaca como una de las transformaciones sustanciales que los indígenas experimentaron durante el siglo XVII (Hidalgo y Manríquez). Desde el punto de vista español, esta era indispensable para el tráfico comercial y codificaba de cierto modo su ingreso a la civilización: "los dichos indios tienen mulas, puercos y obejas y tratan en trajines y fletes para Potosí con que pagar sus tasas y se visten y tratan como hombres de razón" (Otal, cit. en ^Sanhueza, "Tráfico caravanero, arriería y trajines" 294).

Sabemos que en 1619 el visitador Alonso de Escobar se ocupó de mejorar la producción de chacras y pastos que se utilizaban para la mantención de mulas y que eran propiedad de la parroquia de Chiu-Chiu. Durante la segunda mitad del siglo, esta arrendaba potreros a arrieros para que apacentaran sus ganados. En Cobija, el clérigo Francisco de Otal compraba mulas y cordobanes procedentes de Chile. Estos eran repartidos a los chango bajo su tutela, estimulando así el comercio entre la costa, los oasis de Atacama y Potosí a cambio de su endeudamiento sistemático (^Sanhueza, "Estrategias"; Castro).

La Iglesia, por medio de sus agentes, fue entonces una de las primeras instituciones en fomentar el arrieraje mular en Atacama. Su adquisición mediante fiado por parte de doctrineros y evangelizadores puede considerarse antecesora del sistema de reparto de mercancías que se intensificó con la institucionalización del cargo del corregidor. La masificación se produjo durante el siglo XVIII, a la par del crecimiento del comercio interregional.

El reparto forzoso constituía un sistema monopólico institucionalizado en el que se obligaba a los indígenas a comprar y endeudarse con determinadas mercancías. Estas eran negociadas a precios elevados, con independencia de su utilidad y necesidad (^{Juan y De Ulloa 240-241}). Aunque se benefició a los corregidores con la exclusividad de los repartimientos, se les sumaron otros funcionarios, hacendados, eclesiásticos, militares y caciques que aprovecharon el sistema en su beneficio.

El gobernador de Potosí opinaba que el régimen era tan pernicioso que "si me fuera lícito ponerle otro nombre al Perú, debía llamársele el reino de la consunción y del repartimiento" (^{Moreno 172}). Mediante este sistema, gobernadores y corregidores monopolizaron el comercio de mulas, multiplicaron su crianza entre los mismos indígenas sujetos a dicha operación comercial y aumentaron su riqueza y poder (^Sanhueza, "Estrategias" 70).

Las obligaciones generadas por el reparto no eximían, sino que se sumaban al pago normal del tributo, estando ambas operaciones a cargo de la misma autoridad. Al establecerse las cancelaciones en los mismos plazos que los tributos, con las mismas penas y castigos ante su mora, el corregidor tenía derecho a incautar lo que se había recibido por el reparto forzoso, viéndose los tributarios en la obligación de volver a recibir y endeudarse. A causa del no pago, cayeron también en poder de los corregidores aguas y tierras comunitarias (^Hidalgo, Historia II: 399).

La repartición de mulas tuvo particular intensidad en aquellos corregimientos que eran escenario del tráfico. Piénsese que el ganado repartido, para que estuviese en disposición de uso, debía ser mantenido. Los corregidores, además de exclusivos repartidores de animales, eran con frecuencia los únicos contratistas de los fletes realizados en su jurisdicción. Por detentar la autoridad judicial y acaparar el tráfico comercial, fueron caracterizados como "diptongos de mercaderes y jueces" por el virrey Manuel Amat y Junyent (^Hidalgo, Historia II: 409).

El precio de una mula en el mercado de Salta, lugar principal de abastecimiento ubicado al otro lado de la cordillera a 360 km en línea recta, promediaba 8 pesos (^{Carrió de La Vandera 142}). Una vez llegadas a San Pedro de Atacama, este era de 14 a 18 pesos, según la disponibilidad y la robustez del animal. Los corregidores de las provincias con más tráfico solían adquirir en una partida medio millar de mulas cada uno. Estos repartían entre dos y ocho mulas por individuo, de acuerdo con la capacidad de pago del receptor, en función de las actividades que desarrollaba. El precio de las mulas repartidas llegaba a alcanzar los 44 pesos por animal. Tanto el precio como el plazo de devolución eran fijados por el corregidor, no siendo infrecuente la entrega de animales inaptos para el servicio. Se procuraba que los indígenas no pudieran ejercer la arriería con base en sus intereses particulares, pues oficialmente debían trasladar solo las mercancías dispuestas en el mercado formal. Por ello, saldaban en parte sus deudas poniendo a disposición mulas de su propiedad. Una vez entablado el trato entre el viajero o los comerciantes con el corregidor, este obligaba a los indígenas a prestar el servicio para cubrir sus obligaciones (^{Juan y De Ulloa 240-246}).

Los extensos y dificultosos viajes con destino a la costa, el Tucumán o los mercados altoperuanos eran otra razón de endeudamiento, debido a la mortandad de animales y al hecho de tener que abandonar sus obligaciones en los lugares de origen. Debe tomarse en cuenta que lo que podían producir los indígenas en sus tierras no alcanzaba para saldar sus deudas. El oficio de la arriería fue modelado entonces por las obligaciones económicas y agravó aún más la decadencia del campo (^{Cañete y Domínguez 351}). Ahora bien, por dentro de los flujos organizados desde el poder local, no pueden dejar de señalarse los encadenamientos combinados, por los cuales el comercio arriero involucró intercambios mercantiles a escala doméstica con intercambio complementario. Las prácticas fueron incluyendo así paradas, mercancías y recorridos funcionales a las necesidades locales y de los individuos, atadas a un relacionamiento de parentesco y afinidad (^{Chiappe et al. 25}).

Los abusos de los corregidores llevaron a la emisión de una cédula real en 1751 que estableció aranceles oficiales y pertinencia de los productos, así como de las cantidades por repartir. Los precios instituidos en el reglamento de Lima de 1753 para el corregimiento de Atacama eran más bajos que otros debido a su pobreza. El reparto forzoso intentó así ser corregido, no eliminado, pues se entendía que -dada la natural indolencia de los indígenas- los campos y las minas no se trabajarían de otra forma. Por su parte, también se buscaba fortalecer la liquidez de los corregidores para que pudiesen abastecerse de mercancías. El servicio personal adherido a la arriería y las ganancias del reparto permitían compensar el saldo negativo que implicaban los altos costos del transporte regional. La base del sistema permaneció entonces intocada puesto que solo mediante el endeudamiento indígena la economía colonial podía incrementar sus niveles de consumo (^Hidalgo, "Fases").

Huelga decir que las medidas no tuvieron efecto real. Los precios normales de las mercancías seguían variando según el lugar. En Atacama, un corregimiento poco poblado en comparación con otras zonas del virreinato, las mulas alcanzaron los 50 pesos en el quinquenio 1752-1757, cuando su precio legal era de 21 pesos, cifra ligeramente inferior a las de aquellas provincias en las que el reparto per cápita era mayor (^Hidalgo, Historia II: 397). Esta política del poder central cae temporalmente dentro de la gestión del corregidor Fernández Valdivieso (1749-1757) que siguió repartiendo mercancías a un precio más elevado que el legal (^Sanhueza, "Estrategias" 74). A los abusos tradicionales se sumaban otros, como la concentración a precio de compra vil de todos los cueros curtidos y el reparto de lana a las mujeres para el tejido de prendas que mandaba a vender a Potosí mediante arrias bajo su control, todo para su beneficio personal. Además, los indígenas prestaban servicio personal en su hogar, labraban sus tierras y cuidaban su ganado. Estas y otras vejaciones llevan a proponer que su gobierno contribuyó a acelerar la inestabilidad política y a formar el caldo de cultivo de la expresión local de la rebelión indígena de 1780 (^Hidalgo, "Fases").

En este momento de la economía colonial, la mula había cobrado absoluto protagonismo debido a su mayor capacidad de carga, resistencia y por ser un animal montable. Para que esto sucediera, debieron incorporarse nuevas tecnologías de mantención y reproducción, ya que la mula es más dependiente del ser humano que las llamas y demanda más y mejor alimentación. Las nuevas prácticas agroganaderas reestructuraron los paisajes agrícolas locales en función de una mayor disposición de áreas de pastaje, lo que se produjo por el impulso a la explotación de aguas, tierras y mano de obra indígena, y constituyó el inicio de una compulsiva domesticación agraria del desierto que se prolongó más allá del fin del periodo colonial (^{Carmona et al}.).

El único modo de que florezca este país¹⁰ (siglo XVIII)

Con la llegada de los Borbones al trono español, el poder central se propuso aumentar los ingresos fiscales mediante un cuerpo de funcionarios capaces de gestionar los recursos regionales de forma más directa y efectiva, de manera que los corregimientos pasaron a ser partidos dependientes de una intendencia gobernada por un intendente con subdelegados. De este modo, se creó la intendencia de Potosí, conformada por los partidos de Porco, Chayanta, Chichas, Lípez y Atacama.

Del Pino Manrique fue el primer intendente y representante de la política ilustrada en Potosí (1783-1788). Son de su autoría una detallada descripción del partido de Atacama y una serie de instrucciones que buscaban reorganizar una sociedad que había sido sacudida en sus cimientos por la rebelión indígena de 1780 (Gavira).

Los algo más de 3 600 habitantes de Atacama ofrecían una situación demográfica problemática si se quería hacer un catastro, ordenar y tener un control más directo de la tributación y el trabajo indígena, tanto por la gran cantidad de fugados como también por las estrategias de desplazamiento a grandes distancias para complementar las actividades de subsistencia (^Hidalgo, Historia I: 85-86).

En esta realidad había incidido la concentración de poder de las autoridades. En todos los partidos solo se veían los estragos causados por el gobierno despótico de los corregidores, interesados en comerciar en su beneficio, mientras que el territorio se hallaba abandonado a su propia suerte, con pueblos desorganizados, campos desatendidos, infraestructura vial deficiente y gente inculta (Pino).

La empresa de racionalización debía partir de un correcto diagnóstico. Por tanto, se instruyó a los subdelegados levantar información sobre las características geográficas y demográficas del territorio, facilitando datos sobre pueblos, lindes, montañas, bosques, ríos y lagunas, calidad de la tierra y de las producciones mineral, vegetal y animal, junto con sus respectivas redes comerciales y todas aquellas particularidades referentes a promover el fomento industrial (Instrucciones 23 a 27, cit. en ^{Gavira 12-13}).

Los caminos deberían ser intervenidos, registrados y matriculados con indicación de distancias y destinos, y se prohibió a los indígenas levantar sus "hitos y mojones" (apachetas) en las mismas rutas. Las "inclinaciones, vidas y costumbres" de los pobladores también debían registrarse, pues interesaba "corregir a quien presentase una actitud ociosa, vaga y carente de estímulos" (Instrucciones 23 a 27, cit. en ^{Gavira 12-13}).

Además, los subdelegados debían promover entre los hacendados e indígenas de la provincia el aumento de la agricultura y el cultivo de plantas industriales, y fortalecer especialmente "la cría de ganado vacuno y lanar a beneficio de sus haciendas, aplicándose a la cría de mulas, caballar y al aumento de vacunos" (Instrucciones 23 a 27, cit. en ^{Gavira 12-13}).

Si bien, se prohibió el reparto forzoso de mercancías bajo fuertes penas (instrucción 6), se lo habilitó simultáneamente y en forma encubierta mediante la figura del "socorro", para entregar animales e instrumentos de labor a los indígenas más necesitados (Instrucción 7, cit. en ^{Gavira 10}).

Al asesor de Intendencia Cañete y Domínguez le debemos una de las principales descripciones de la provincia. Su Guía se inscribe en la lógica de la denuncia de las ausencias, al destacar los elementos fundamentales que impedían a los habitantes de Atacama desarrollar una verdadera vida en sociedad. En este sentido, abogó por la intensificación e integración de la industria minera, agrícola y pecuaria de los distintos partidos, para lo cual se necesitaba catastrar a las poblaciones locales y promover su establecimiento definitivo en función de su desarrollo civil e industrial (^{Cañete y Domínguez 263 y 270}).

Desde su mirada ilustrada, tres problemas interconectados impedían edificar los cimientos de la civilidad: la sobrevivencia de las tierras comunales, una fuerza de trabajo inestable y la existencia de fincas abandonadas o en desuso temporal (^{Cañete y Domínguez 464}).

Sobre las tierras comunales, propuso una profunda reestructuración del sistema de propiedad, quería fraccionarlas con base en las unidades familiares, con el argumento de que "nada promueve tanto la multiplicación del pueblo como la división de las tierras en pequeñas partes". El funcionario planteó inclusive el traspaso por derecho de conquista de las tierras antaño sujetas al régimen incaico. Según su interpretación, los españoles habrían hecho con los indígenas básicamente lo mismo que el Incario, pero en una versión ordenada, mejorada, operativa y racional (^{Cañete y Domínguez 121 y 464}).

Sobre las tierras ociosas, señaló que estas debían ser redistribuidas a quien las solicitara, solo de este modo el partido de Atacama tendría "mejores vecinos" y se purgarían los paisajes locales de "tan asquerosas ruinas que afean en extremo el público aspecto". El proyecto de Cañete contemplaba además una cuidadosa inspección de las zonas potencialmente agrícolas por parte de cada subdelegado de partido, con el objeto de que fueran incorporadas a la producción (^{Cañete y Domínguez 121 y 479}).

El sistema moderno de intendencias y partidos ayudaría a reformar la política colonial y a borrar el recuerdo de las acciones de los corregidores. No obstante, particularmente para aquellos partidos marginales y pobres como Atacama, se ponían en marcha políticas de salvataje que harían llegar hierro, aperos, mulas y otros útiles, que eran de primera necesidad en el contexto depresivo posterior a la rebelión, con su baja de la actividad arriera y el alza en el precio de los fletes. La acción del socorro -señalada en la Instrucción 7- se enmarca en una política tendiente a otorgar progresivamente una libertad débil a los indígenas de aquellos partidos atrasados para que aumentaran su consumo y aliviaran la fatiga de la economía (^{Cañete y Domínguez 519 y 533}).

A fines de la Colonia, la introducción masiva de nuevos animales contribuyó a ampliar el espectro de movilidad y a intensificar los lazos intercomunitarios. Pese a encontrarse o radicarse en otros lugares, buena parte de la población fugada siguió manteniendo sus responsabilidades tributarias con los caciques locales, conservando derechos a tierras, aguas y pastos. Arrieros indígenas de los oasis de Atacama mantenían sus animales en distintos pastizales y parajes de Lípez y Tucumán; en sentido inverso, pastores y agricultores de Lípez y Tarapacá realizaban actividades agroganaderas en oasis y pastizales de altura atacameños (^{Hidalgo y Manríquez; Sanhueza}, "Estrategias").

Las oscilaciones demográficas que se registran desde fines del siglo XVII siguieron sucediendo hasta fines de la Colonia¹¹. Su correcta comprensión amerita entenderlas no solo como producto de las fugas, sino de los patrones de movilidad, complementariedad e interdigitación étnica que se retrotraen a tiempos pre-hispánicos y se proyectan dinámicamente en el nuevo escenario (^Hidalgo, Historia I: 86). Tanto es así que, durante buena parte de la Colonia, las unidades domésticas sostuvieron e incluso intensificaron sus patrones de movilidad para la complementariedad interecológica, el usufructo mercantil y el despliegue de tácticas antifiscales (Saignes).

El impulso reformista borbón llegó tarde para evitar la debacle de la América española. La estructura económica, basada en las formas de reparto de la tierra, el mantenimiento de la comunidad indígena, el tributo y la prestación personal, generaba contradicciones difíciles de remediar. La desintegración del espacio se relacionó con la imposibilidad de Lima de dominarlo comercialmente por la crisis del sistema de flotas debido al aumento del contrabando y la decadencia de Potosí, cuya producción se desplomó durante los siglos XVII y XVIII con una consecuente baja general de la población y los precios. La unidad territorial se fracturó al crearse los virreinatos de Nueva Granada (1717) y del Río de la Plata (1776), del que pasó a depender Atacama. Luego vendrán los movimientos independentistas (^{Assadourian 15-18}, 23).

Todos los desiertos desaparecen en presencia de un mineral¹¹ (1825-1879)

Con la independencia de Bolivia sucedieron, con diferente ritmo y tiempo de aparición, dos fenómenos que encuentran sus condiciones de posibilidad tanto en los cambios narrados como en la nueva coyuntura. En primer lugar, Atacama se transformó en un espacio de circulación de importancia por poseer la única costa soberana de Bolivia, con lo que cobraron nueva gravitación su puerto y el camino al interior. En segundo lugar, alentados por la política liberal, empezaron a generarse tímidamente diversos proyectos mineros encarados por particulares.

Con la fundación de Bolivia, Atacama fue declarada provincia dependiente del departamento de Potosí. El litoral boliviano fue provincia Litoral entre 1829 y 1839, distrito del Litoral entre 1839 y 1867 y departamento del Litoral entre 1867 y 1884 (figura 1). Francisco Burdett reconoció sus costas en 1826 por encargo de Simón Bolívar. Su informe llevó a las autoridades a reactivar el puerto de Cobija y rehabilitar el camino colonial al interior, sumando nuevas postas y mejorando las existentes. Es difícil encontrar grandes diferencias entre sus descripciones y propuestas y las del siglo XVIII: el territorio era estéril, la población exigua (3 500 habitantes) y estaba repartida en unas pocas poblaciones. Se necesitaba fomentar la agricultura y la minería. La ruta de la costa al altiplano permitiría activar el desarrollo, pero debía contar con una infraestructura acorde y destinar personal (maestros de postas y postillones indígenas). Como se necesitaban también animales de carga, Burdett (269) propuso el reparto de mulas a los arrieros bajo el mecanismo del fiado estatal.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Figura 1 Recuadrado, el distrito Litoral de Bolivia en el mapa de Perú y Bolivia de 1855 (Colton) 

El puerto de Cobija, rebautizado Lamar, fue habilitado en 1827. Reverdeció de este modo en el mapa del litoral la antigua caleta de pescadores chango y se transformó en un enclave multiétnico (^{Letellier y Castro 128}). La nueva capital desplazó al histórico centro de poder situado en el interior (San Pedro de Atacama) hacia a la costa, siendo un símbolo de los nuevos tiempos que sobrevendrían. Allí se asentaron las autoridades civiles y militares de la provincia. Se favoreció con terrenos a quienes quisieran poblar el lugar y se auxilió con tierra, animales, semillas y herramientas a los que se animasen a regentar las postas. Se buscó que el trabajo indígena gratuito sirviese para la mejora del camino, quedando la coerción a cargo de las autoridades. No tenemos noticias del resultado, pero lo podemos imaginar si tomamos en cuenta que la población originaria nunca accedería de buena gana a servir como postillones ni a realizar tareas asociadas al camino cuando estas dificultaran su desempeño como agricultores y arrieros (ABNB, MI, t. 17, n.° 18, f. 1 v.; ABNB, MI, t. 17, n.° 48, f. 2 v.; ABNB, MI, t. 19, n.° 19, f. 1.; ABNB, MI, t. 70, n.° 36, f. 5 v.).

Santa Cruz ejerció la presidencia de Bolivia y de la Confederación Perú-Boliviana entre 1829 y 1839. La política liberal se orientó a revitalizar la minería y a mejorar el transporte y las comunicaciones con la ayuda de capitales y tecnología extranjeros. Mediante la promoción del comercio exterior y la reducción de aranceles a las importaciones, Lamar se transformó en un puerto libre donde los comerciantes prácticamente no pagaban derechos portuarios y aduaneros (^{Ayllón 76}).

Asimismo, se instituyó la contribución indigenal (el tributo en la fraseología republicana) que, junto con la exportación de plata, fue la mayor fuente de ingresos de Atacama (^{Cajías 268}).

La producción minera boliviana era absorbida por el Banco de Rescates y transformada en dinero. La "moneda feble" de Santa Cruz ayudó a preservar el espacio económico centro-sur andino, lo que facilitaría el intercambio comercial en un contexto económico depresivo posterior a las guerras de independencia (^{Langer y Conti 98}). La importancia de la minería argentífera fue tal que la exportación de plata fue la mayor fuente de ingresos para el tesoro público de la provincia Litoral (^{Cajías 268}).

Santa Cruz ordenó a Gabino Ibáñez hacer una visita para conocer el estado del camino, los establecimientos, las distancias y los recursos asociados. En su "Descripción de los nueve tambos o paradas de Posta que se han construido en el territorio del Gobierno Litoral del Puerto La Mar" de 1831, es constante la referencia a las potencialidades agrícolas de la mayoría de los terrenos colindantes, pues se necesitaba generar recursos forrajeros necesarios para que el transporte a sangre fuera sustentable (ABNB, MI, t. 31, n.° 22, f. 4 v.-r.). El presidente tomó medidas: flexibilidad en los créditos, entrega de tierras, mejora de terrenos, promoción de cultivos y promesas de mayores fondos al poder local (^{Cajías 83}).

Entre los pocos recursos monetarios y el cariz liberal de las políticas, las casas comerciales y los capitales privados monopolizaron la escena, lo que conllevó a abusos contra la población (^{Cajías 91}). El actor privado fue determinante para las primeras explotaciones mineras en la zona costera, acompañando el proyecto estatal mientras este decantaba su aparato administrativo y el comercio internacional llegaba al puerto. Un proceso de tímida industrialización siguió afianzándose a lo largo de la década de 1840 (^{Arce 25}).

El voluntarismo de Gabino Ibáñez le valió ser nombrado gobernador de la provincia Litoral en 1832, encarando una política enérgica en lo relativo al camino de postas. Inmediatamente, repartió semillas de alfalfa entre la población y pidió al poder central la contratación de personal, más semillas y mulas. El comercio de estos animales ya estaba siendo impulsado desde 1827 por un particular, Luis Cotera, quien tenía un almacén en el puerto, enviaba productos al interior y había sido beneficiado con tierras para mejorar el abastecimiento de las postas (ABNB, MI, t. 17, n.° 48, f. 1 v.).

Ibáñez sostenía también la necesidad de atraer migrantes para aumentar la producción, pues los indígenas estaban "más inclinados a vivir en las cuevas que a asociarse con gentes de razón" (^{Téllez y Silva}, "Descripción" 117). Con base en las tierras que podrían habilitarse, sus sueños incluían 10 000 habitantes solo para Calama. La siembra de alfalfa por parte de los indígenas de los oasis se volvió obligatoria con plazo perentorio: en ocho meses debería estar disponible para su comercialización (^{Cajías 81}).

El secretario de Gobierno, Manuel Dorado, encaró con fervor la tarea de poner a producir las tierras, atacando unas veces la molicie indígena y alabando otras a los "verdaderos propietarios" que el hábito del trabajo generaba. Sus hiperbólicas comunicaciones de 1833 y 1834 al ministro del Interior retratan los "demasiados adelantos" sucedidos en la agricultura. Dorado dibuja con vivos colores la puesta en producción por medio de la desecación, la subdivisión y el reparto a particulares de las tierras incultas, la construcción y la limpieza de las acequias, los tapiales y cultivos, la demorada espera de las semillas de Arica y los bueyes de Salta (ABNB, MI, t. 50, n.° 24, f. 2 r.-v.).

La alfalfa ganaba rápidamente espacio en el esquema productivo, cultivada en los oasis y-prontamente, según se imaginaba- en las cercanías de las postas. La expansión de la arriería quedaba demostrada por el aumento de mulas disponibles, la cantidad de gente dedicada al oficio y la baja del precio de los fletes. Sin embargo, la sobreoferta del servicio facilitaba el aprovechamiento de los comerciantes, que pagaban a los arrieros indígenas en especies sobrevaloradas (ABNB, MI, t. 166, n.° 27, f. 1 v.).

Hacia la mitad del siglo, el territorio atacameño era ya un consolidado corredor de circulación entre la costa, el sudeste boliviano y el noroeste argentino. En su centro, el crecimiento de Calama -muy por encima de otros pueblos- señala su transformación en punto de articulación entre estos tres espacios (ABNB, MI, t. 135, n.° 40, f. 11 v.). Un síntoma del fenómeno fue el aumento del ganado mular, el cual creció un 168 % en el periodo 1832-1846 (^{Carmona et al}.).

El camino contaba ya con 22 paradas, entre postas y pueblos, pero su mantenimiento sería dificultoso hasta el final del periodo. El problema de base era la complejidad de ciertas locaciones (aislamiento, aridez, altitud, frío y falta de agua), los efectos de las coyunturas (p. ej., entre 1837 y 1839 la guerra contra la Confederación Argentina inactivó el camino y volcó las preferencias al puerto de Arica) y la falta de un presupuesto acorde al reto.

Las postas se abandonaban, eran derribadas por terremotos, los créditos estatales no se pagaban y abundaban los remates. A la visión negativa de los funcionarios bolivianos, como Atanasio Hernández (ABNB, MI, t. 135, n.° 40, f. 13 v.), pueden sumarse las descripciones de los viajeros europeos, como ^{Palliére (178)}, horrorizados por la barbarie de tales establecimientos. La idea inicial de postas como estaciones de servicio regentadas por entrepreneurs dejó paso al financia-miento estatal, única manera de que estas siguieran funcionando, aunque en una estrechez absoluta que las fuentes documentales permiten conocer¹². Se reclaman soluciones de fondo que parecen calcadas de siglos anteriores: sacar a los indígenas de su situación "estacionaria y degradada" para volcar sus fuerzas a la agricultura intensiva, como también desarrollar una minería local porque "los desiertos desaparecen en presencia de un mineral" (Hernández, ABNB, MI, t. 135 n.° 40, f. 3 v.). Los siglos han pasado pero los discursos se repiten, las políticas continúan fallando.

Desde temprano se reclamó un camino adecuado para el tránsito de carretas. Pese al crecimiento del comercio, el tramo hasta Calama pudo ser inaugurado recién en 1870 y fue financiado por capitales privados (^{Bermúdez 37}). Para ese momento, Cobija había perdido importancia y acabaría siendo reemplazada por Antofagasta, donde se situó la Compañía de Salitres y Ferrocarril. El destino final se selló con el terremoto de 1877, que la devolvió a sus humildes orígenes de caleta de pescadores.

Aunque la actividad se desplazó algo al sur debido al descubrimiento de nuevos minerales en la costa y en la pampa salitrera del interior (^{Castro et al. 120}), la necesidad de desarrollar la minería de plata, el cobre y el salitre a fines del siglo XIX siguió demandando el concurso de los arrieros indígenas y de la producción de alfalfa, combustible para recorrer las rutas regionales.