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Historia y MEMORIA

Print version ISSN 2027-5137

Hist.mem.  no.10 Tunja Jan./June 2015

 

Elecciones y prácticas electorales en Tucumán-Argentina 1870-1880*

Elections and electoral practices in Tucumán-Argentina 1870-1880

Elections et pratiques électorales à Tucumán - Argentina 1870-1880

María Celia Bravo1
Universidad Nacional de Tucumán-Argentina

1 Doctora en Historia, Universidad Nacional de Tucumán. Profesora de Historia Argentina de la Facultad de la UNT. Investigadora independiente del CONICET. Líneas de investigación: historia política en clave regional y social con énfasis en la historia agraria, específicamente de la agroindustria azucarera argentina. mceliabravo@hotmail.com

* Una versión preliminar de este trabajo se presentó en las VI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia en la Universidad Nacional de La Pampa, 1997. Esa versión se realizó en coautoría con María José Navajas.

Recepción: 30/01/2014 Evaluación: 02/02/2014 Aceptación: 21/07/2014
Artículo de Investigación e Innovación.


Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la normativa institucional y la dinámica política de la provincia de Tucumán (Argentina) durante la década de 1870, en el marco de las tensiones derivadas de la conformación del Estado argentino. El artículo está centrado en el análisis de las prácticas electorales de los clubes y comités de la provincia de Tucumán y sus relaciones "hacia abajo" con los sectores populares, lo que no implica desconocer el rol central que desempeñó el Estado provincial y nacional, no sólo como productor de la normativa electoral, sino también como actor que participaba activamente en las elecciones. Otro aspecto del trabajo explora el funcionamiento de los clubes y comités y sus relaciones con los sectores populares, que generalmente se verificaron de arriba hacia abajo, a través de intermediarios (capataces, jueces y comisarios de campaña), en una relación que la historiografía política ha calificado como pasiva y cuyo principal propósito era mejorar la eficacia de las redes clientelares construidas. Estos aspectos nos permiten apreciar cómo en 1870 la incorporación de la dirigencia de la provincia de Tucumán a un orden político nacional permitió configurar una dinámica de estabilidad institucional, fundada en el respeto de las normas constitucionales que constituyeron la fuente principal de legitimidad del sistema.

Palabras clave: Elecciones, prácticas electorales, Estado, élites políticas, redes familiares, Provincia de Tucumán.


Abstract

The objective of this study is to analyze the institutional normativity and political dynamics of the province of Tucumán (Argentina) during the decade of 1870, in the context of the tensions derived from the conformation of the Argentine State. This study in the field of political history is centered in the analysis of the electoral practices of clubs and committees in the province of Tucumán and their "condescending" relations with working class sectors; without ignoring the central role achieved by the provincial and national State as producer of electoral normativity, as well as a principal actor in the elections. Another aspect of the work involves exploring the functioning of the clubs and committees and their relation with working class sectors, which were generally verified from a "top to bottom" perspective, through intermediaries (overseers, judges and campaign managers) in a relationship that political historiography has identified as passive, and whose principal goal was improving the efficacy of previously constructed networks of patronage. These elements allow an appreciation of the way in which in 1870, the incoporation of the leadership of the province of Tucuman into the national political order allowed for the configuration of a dynamic of institutional stability, founded on respect for constitutional norms that constituted the system´s main source of legitimacy.

Key words: elections, electoral practices, State, elite politics, family networks, Province of Tucumán.


Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser les normes et les processus politiques de la province de Tucumán (Argentine) pendant la décennie 1870, dans le cadre des tensions découlant de la conformation de l’État argentin. L’article est axé sur l’analyse des pratiques électorales des clubs et des comités de la province de Tucumán, ainsi que sur les relations que ceux-ci entretenaient avec les secteurs populaires, ce qui n’implique pas la méconnaissance du rôle central qui a joué l’État provincial et national, non seulement comme producteur des règlements électoraux, mais aussi comme acteur dynamique des élections. Un autre aspect du travail consiste à explorer le fonctionnement des clubs et des comités et leurs relations avec les secteurs populaires à travers des intermédiaires (contremaîtres, juges et commissaires de campagne), dans une relation qualifié par l’historiographie politique comme passive et dont le principal objectif était d’améliorer l’efficacité des réseaux clientélaires. Ces aspects nous permettent d’apprécier comment l’intégration des dirigeants de la province de Tucumán à l’ordre politique national en 1870, a permis un équilibre institutionnel, fondé sur le respect des normes constitutionnelles qui constituaient la principale source de légitimité du système.

Mots clés: élections, pratiques électorales, Etat, élites politiques, réseaux familiaux, province de Tucumán.


1. Introducción

Este trabajo se propone analizar la normativa institucional y la dinámica política de la provincia de Tucumán (Argentina) durante la década de 1870, en el marco de las tensiones derivadas de la conformación del Estado argentino. Este proceso modificó las atribuciones de carácter nacional que las provincias ejercieron durante las primeras décadas del siglo XIX ante la ausencia de un Estado central2. Su fundación en 1853 implicó la reformulación de las bases del poder de las élites provinciales, cuyas órbitas de incumbencia se acotaron con la presencia del gobierno nacional. No obstante, este reacomodamiento no fue progresivo ni lineal, estuvo signado por revoluciones y enfrentamientos armados que amenazaron con la disgregación de la comunidad política en formación. Así, la organización nacional constituyó una tarea compleja y progresiva que se proponía la unidad de un dilatado territorio, con instituciones nacionales embrionarias, pero vinculado con flujos mercantiles que se reforzaron con el desarrollo de la red ferroviaria que contribuyó a la formación de un mercado unificado3.

Esta empresa desarrollada en varios frentes (político, militar y económico) tuvo como instancia preliminar y decisiva la sanción de la Constitución Nacional de 1853, que proporcionó la clave para resolver el dilema de la gobernabilidad al adoptar un sistema mixto que conciliaba el principio federal expresado en el Senado -que integraba en igualdad a las provincias en tanto cuerpos políticos4- con el principio unitario, representado sustancialmente por el Poder Ejecutivo Nacional, dotado en la letra constitucional de fuerza militar, procedimientos institucionales y recursos económicos para asegurar el orden constitucional, el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de emprendimientos económicos de carácter nacional5. Sin embargo, hacia 1870 el poder del presidente no era todavía efectivo al carecer de una base territorial propia6y, aunque se le confería el mando del ejército y la armada, los gobernadores mantenían el control de las milicias de las provincias, atributo que afectaba el pretendido monopolio de la facultad coactiva. Simultáneamente, el progresivo robustecimiento de la estructura del Estado central con la expansión de la administración, del telégrafo y el ferrocarril proporcionaron al presidente un poder más eficaz para intervenir como árbitro en los conflictos locales en un contexto de creciente entrelazamiento de la política provincial con la nacional.

En ese sentido, el trabajo se centra en el análisis de las prácticas electorales de los clubes y comités de la provincia de Tucumán y sus relaciones "hacia abajo" con los sectores populares. Esto no implica desconocer el rol central que desempeñó el Estado provincial y nacional no sólo como productor de la normativa electoral, sino como un actor más que participaba activamente en las elecciones. A pesar de las frecuentes impugnaciones a los procedimientos utilizados por los que disfrutaban de la "situación oficial" y por los opositores, las elecciones constituían la vía ineludible para acceder al poder político, puesto que de su sustanciación dependía la legalidad del sistema republicano. A lo largo de esta década se observa una discrepancia entre la animación y disputa que se refleja en la prensa política y en la correspondencia privada, con la imagen tranquila y rutinaria del acto electoral que transmiten las actas. Podría pensarse que esta modalidad había logrado suprimir todo margen de incertidumbre y conflictividad cuando se constata que una de las particularidades del sufragio en la provincia de Tucumán durante la década 1870 fue la ausencia de la competencia electoral. Por lo general, se arribaba al acto eleccionario postulando el número exacto de candidatos para los cargos vacantes.

Sin embargo, el control de la situación electoral no mitigaba la dura pugna por los cargos electivos, ni evitaba los desmembramientos en la constelación oficialista que afectaban la solidez del gobierno. Por el contrario, las situaciones de competencia electoral que se introdujeron en la provincia con la política de "conciliación" impulsada por el presidente Avellaneda no atenuaron la conflictividad del sistema político que se proyectó a la gobernabilidad y al funcionamiento armónico de los poderes del Estado.

La lucha por las candidaturas involucraban a los clubes y comités, a la prensa política, a las redes parentales cuyos trabajos se reflejan en el ámbito privado de la correspondencia, al gobierno nacional y provincial a través de funcionarios prominentes y subalternos y, hacia finales de esta década, se formalizó un ámbito de participación para un segmento de los sectores populares. La diversidad de actores delineaba los distintos escenarios que contribuían a dirimir las potenciales candidaturas. La caja de resonancia de este inestable sistema electoral era la Legislatura provincial, donde se verificaba la disgregación de los grupos actuantes que reflejaban los cimbronazos generados por las pujas de candidaturas, como así también los "equilibrios" efímeros alcanzados por las distintas redes parentales que animaban los clubes y comités. El factor que permitió la viabilidad de un sistema político caracterizado por la conflictividad fue el consenso de los grupos políticos provinciales de mantener una dosis aceptable de funcionamiento institucional para evitar las intervenciones nacionales, atribución que podía adoptar el presidente o el congreso nacional -y se esgrimía como amenaza- ante la distorsión del sistema republicano, que se expresaba frecuentemente en el enfrentamiento abierto de la legislatura provincial con el gobernador.

Otro aspecto del trabajo consiste en explorar el funcionamiento de los clubes y comités y sus relaciones con los sectores populares, que generalmente se verificaron de arriba hacia abajo, a través de intermediarios (capataces, jueces y comisarios de campaña), en una relación que la historiografía política ha calificado como pasiva y cuyo principal propósito era mejorar la eficacia de las redes clientelares construidas. Hacia 1878, en el ámbito urbano se formaron clubes de artesanos -adscriptos a los clubes políticos- que no necesariamente acataron con docilidad los dictados de la élite. Si bien ésta había estimulado la creación de esos espacios de tutela política; a través de los mismos, la "gente de chiripa"7 comenzaba a involucrarse en la lógica de la política facciosa aprovechando las coyunturas favorables para obtener cierta participación y mayor margen de negociación.

2. El sistema político en Tucumán: redes parentales, gobierno y elecciones

A diferencia de la constitución nacional que impulsaba el presidencialismo como garantía de estabilidad y solidez institucional, la constitución de Tucumán de 1856 -al igual que la de otras provincias del noroeste argentino- otorgaba amplias potestades a la Sala de Representantes o Legislatura provincial. Estaba integrada por una sola cámara de 22 diputados cuyos mandatos duraban dos años y se renovaban por mitad cada año. Además de sus funciones legislativas elegían al gobernador de la provincia, conjuntamente con un Colegio Electoral constituido por un número igual de electores. La Sala elegía además a los senadores nacionales, al gobernador interino, presentaba al Ejecutivo una terna para designar a los miembros del Tribunal de Justicia que encarnaban el Poder Judicial y, conjuntamente con el gobernador, nombraba a los coroneles de las milicias provinciales. El Poder Ejecutivo estaba integrado por el gobernador y el ministro general de despacho. El mandato del primer funcionario duraba dos años y se explicitaba que no podía ser reelegido sino después de dos períodos legales. Promulgaba y reglamentaba las leyes, convocaba a la legislatura, se desempeñaba como jefe de la administración y de las milicias provinciales nombrando a los oficiales hasta el grado de teniente coronel inclusive. Podía nombrar y remover al ministro de Gobierno.

El sistema político otorgaba preeminencia a la Sala de Representantes que elegía a los integrantes de los otros poderes de la provincia. Mientras los legisladores eran elegidos por voto directo y podían ser reelegidos indefinidamente, el gobernador se votaba de manera indirecta a través del Colegio Electoral, su mandato tenía una duración semejante a la de los diputados, pero no podía ser reelecto inmediatamente. Esta normativa otorgaba centralidad y continuidad al ámbito legislativo, considerado como el ámbito en el que se expresaba la voluntad popular. Este recaudo motivado por los amplios poderes que ostentaron los gobernadores durante la etapa de la Confederación rosista, procuraba limitar el poder de los ejecutivos provinciales y diseñaba así un sistema notabiliar que dificultaba la construcción de liderazgos e imponía una compleja y constante negociación a los distintos grupos que componían la élite local, cuya inclinación por la política facciosa era una fuente de inestabilidad. Los cargos electivos se circunscribían a aquellos que reunían los requisitos de posesión de "fortuna, profesión o industria", de esta forma se aseguraba el ejercicio del gobierno al segmento más concentrado de los sectores propietarios.

La legitimidad del sistema político se sustentaba en las diferentes modalidades de elecciones, reguladas según la fórmula alberdiana que celebraba la soberanía de la razón en oposición a la del número, convicción arraigada en la élite provincial en lo relativo a la naturaleza "bárbara" de los sectores populares. En esa dirección se avanzó para despojar al sufragio de sus características competitivas sin que se alterara su función primordial de "fuente de legalidad" de la estructura institucional. Alberdi había expuesto claramente este propósito: "el sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio"8. Bajo estos fundamentos emergió un sistema electoral abierto normativamente, pero que en la práctica estaba limitado a un activo de agentes electorales. De esta forma se disociaba al sufragio del factor de incertidumbre, puesto que su ejercicio fue tutelado por las comisiones directivas de los clubes que designaban a los responsables de organizar la asistencia a los comicios9.

El nivel de participación electoral de Tucumán concordaba con los niveles nacionales que oscilaban entre un 10 y 15 % de la población con derecho al sufragio10. Entre 1870-1878 el promedio anual de votos emitidos en las elecciones de diputados y electores provinciales fue de 2.293, cifra que representaba el 11,3 % de los varones habilitados para votar. Sin embargo, el caudal electoral fue sumamente fluctuante. En las elecciones de 1870 para diputados provinciales y electores votaron 4.025 personas, mientras que al año siguiente sólo lo hicieron 1.971, aproximadamente el 9,7 % de la población en condiciones de sufragar. Cuando se analiza la cantidad de votantes por departamento, las oscilaciones fueron más pronunciadas: en 1870, en el departamento de Capital, sufragaron 1.061 personas; pero, en las elecciones del año siguiente sólo se registraron 38 votos, mientras que durante el resto de la década la afluencia de votantes rondó entre 100 y 200 personas por vez. En algunos departamentos era común la reiteración de la convocatoria a elecciones por la inasistencia de las autoridades de mesa o la ausencia de sufragantes.

Uno de los efectos del sistema residía en la escasa movilización de los votantes, cuestión que la élite política no estimaba necesario resolver, puesto que la representación o la fuerza de una facción política no se asociaba con el criterio numérico. Se consideraba que la limitada inscripción en los registros cívicos contribuía a mitigar la variable de la violencia en las contiendas electorales, sólo ocasionalmente, las facciones excluidas denunciaban este rasgo como "vicio" del sistema11. En consecuencia, la legitimidad de los candidatos no se afectaba por el factor numérico, en ningún caso se cuestionó la validez de una elección aduciendo el escaso número de votantes; las controversias más serias al sistema eran las derivadas de la conflictividad inter o intra-facciosa que se suscitaba en los "ámbitos privilegiados" de la acción política, los "comités" o clubes, donde se debatían largamente las candidaturas.

Tampoco hubo iniciativas por modificar el reglamento electoral de 1826 que se mantuvo prácticamente sin variaciones sustanciales hasta 1884. No se establecía el procedimiento del padrón previo; por lo tanto, la mesa receptora de votos, compuesta por un presidente y 4 escrutadores, tenía la facultad de excluir, sobre la base de una lista confeccionada por los alcaldes de barrio, a quienes no estaban habilitados para sufragar en la sección y de anular los votos a candidatos que no reunían las condiciones requeridas12.

Por lo tanto, la legalidad de una elección no estaba vinculada necesariamente al respaldo popular, para la élite el triunfo en el sufragio se asociaba con el peso y eficacia del gobierno y de las redes clientelares dependientes de los grupos políticos13. Así, la variable principal de acceso al poder político era la cercanía al gobierno y la pertenencia a una red familiar cuya preeminencia social y económica que a su vez dependía de una trama de influencias donde el control del aparato estatal y el ejercicio de la política eran requisitos ineludibles. Al evocar el estilo de vida de la élite tucumana de la década de 1870 Vicente Gallo recordaba: "para la sociedad culta y representativa la política era la pasión dominante; era el tema de las conversaciones en las reuniones sociales, en las visitas familiares, era en suma la gran pasión"14.

La centralidad de la Sala de Representantes en el sistema político se adecuaba con el ideal de esta "sociedad culta y representativa" que reclamaba una representación acorde al poderío económico y social que cada linaje exhibía. El sistema indirecto de elección previsto para cargos claves como senadores nacionales y gobernador se ajustaba a este esquema que valoraba la honorabilidad y la distinción de los notables, en tanto se deploraba la manipulación y la coacción inherente a las prácticas vigentes en las elecciones directas.

Esta percepción estaba extendida en la dirigencia política de la provincia durante la década del 1870. Se había dejado atrás el exclusivismo político que ostentó la poderosa familia Posse en los años 60’ cuando a comienzos de 1870 comenzó a ser desafiada por otros linajes desplazados por su condición de "federales" que habían delegado en ese clan el manejo del gobierno y la dirección de las guerras interprovinciales15. Indudablemente, el dinamismo económico de la provincia, motorizado por un conjunto de comerciantes exportadores y acopiadores que expandieron los circuitos comerciales para la producción local, las manufacturas de cuero y la reconversión tecnológica de los antiguos trapiches de azúcar por modernos de hierro accionados a vapor, debía necesariamente manifestarse en la esfera política. Estas transformaciones generaron desplazamientos y promociones en el interior de la élite y otras familias como los Méndez, los López, los García, los Colombres, Terán, Alurralde, Avellaneda, Nougués, Padilla, Gramajo, Paz comenzaron a disputar a los Posse el ejercicio exclusivo del poder político16.

Los movimientos y promociones en la composición de la élite política revelaban una nueva jerarquización y ampliación del campo de la disputa política, en la medida que se incorporaron nuevas redes familiares como los Colombres, cuyas vinculaciones con el régimen rosista había generado su exclusión en la década de 1860; otras de tradición antirrosista como los Avellaneda, fueron marginados por las bajas familiares acaecidas en las guerras civiles de los años 40’, en 1870 lograron contar con actores aptos para reintegrarse a la política hacia 1870; nuevas redes familiares como los Nougués, de inmigración reciente, se incorporaron a la disputa electoral a medida que crecieron su situación económica y sistema de influencias.

Tales transformaciones gestaron una doble retórica en torno a la relación entre gobierno e instancias electorales. En 1873, el diario La Razón, alineado con el presidente Avellaneda, sostenía que "la libertad electoral es patrimonio exclusivo del pueblo y el gobierno ha declarado con franqueza la más absoluta prescindencia en las elecciones"17. Sin embargo, este principio no era sustentado en la correspondencia privada. Un año antes Eudoro Avellaneda, hermano del candidato a presidente, aconsejaba al gobernador Helguera lo siguiente: "el gobierno no puede manifestarse prescindente en estas elecciones (…) Creo que sería conveniente que Ud. ordene a los comandantes, que hagan inscribir a sus amigos en el Registro Cívico, para que en el caso de una lucha no se encuentre desarmado el gobierno y sin medios de acción"18. Este doble discurso indicaba que el gobierno debía precaverse frente a instancias electorales que podían resultar competitivas, aunque por lo general, la facción derrotada en la formación de candidaturas tomaba el camino de la abstención, práctica que tendió a consolidarse durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda cuando la provincia se integró activamente en la política nacional. La mayor presencia del Estado central permitió al presidente operar sobre las relaciones conflictivas de las élites provinciales y posicionarse como árbitro de las luchas facciosas19.

Tucumán fue una provincia donde este objetivo se cumplió acabadamente. La integración al esquema de poder nacional tenía como objetivo la consolidación del Estado central y el fortalecimiento de la autoridad presidencial. En este marco el control de las situaciones provinciales revestía particular importancia, en tanto se garantizaba al círculo gobernante nacional y provincial, la continuidad en el ejercicio del poder. En 1873, Nicolás Avellaneda, en ese entonces candidato a la presidencia, escribió al gobernador de Tucumán saliente, Federico Helguera, lo siguiente: "acaba de llegarnos la noticia del nombramiento de López para el gobierno. Su administración ha sido útil porque ha hecho posible el nombramiento de un gobernante amigo para sucederle"20.

El contexto regional también contribuyó a enrolar decididamente al conjunto de la élite tucumana detrás de la divisa presidencial. La amenaza que suponía el poder militar del clan Taboada en la vecina provincia de Santiago del Estero, red parental que se identificaba con la facción mitrista en la órbita nacional y procuraba edificar su hegemonía en la región mediante incursiones armadas a las provincias del norte (Tucumán, Catamarca, Salta y La Rioja) constituyó un aliciente para incursionar con firmeza en la órbita nacional21.

El acceso de Nicolás Avellaneda a la presidencia marcó el eclipse de los Posse como facción dominante en la provincia de Tucumán, puesto que los compromisos con la candidatura de Alsina -sellados a través de Wenceslao Posse, integrante poderoso del clan- acarreó la ruptura de esta red parental con gran parte de la élite, inclinada por la postulación del comprovinciano Avellaneda, situación que acarreó a los Posse represalias económicas22. Otro factor que consolidó el nuevo sistema de influencias nacionales de la élite tucumana fue el fracaso de la revolución mitrista de 1874, que aceleró la intervención de Santiago del Estero, con la consiguiente caída de los Taboada y marcó el ingreso de la provincia en la órbita del poder presidencial, bajo la dirección de un nuevo gobernador, Absalón Rojas. Para ese entonces, el arribo del ferrocarril a Tucumán, el desarrollo de la industria de aguardientes y azúcares, y el predominio comercial que ostentaba la provincia en la región norte potenciaron la influencia política de la élite tucumana a escala nacional.

La industrialización azucarera promovió nuevas cuestiones como la articulación ferroviaria, el acceso al crédito, la protección tarifaria y la realización de ciertas obras de infraestructura, cuya concreción se identificaban con el progreso provincial. Tales demandas acentuaron la necesidad de sintonizar la situación provincial con la política nacional23. A su vez, el gobierno central contribuyó -a través de operadores hábiles como Avellaneda- a disciplinar a la élite tucumana operando como moderador en las recurrentes disputas facciosas. En 1872 Avellaneda aconsejaba al gobernador Federico Helguera "tenga calma, una y prodigue la concordia a los amigos. Es necesario paciencia y perdonar los defectos que no pueden suprimirse"24. A comienzos de 1873, ante la profundización del conflicto entre grupos parentales reiteraba:

El fraccionamiento del partido liberal no puede menos que traer desgraciadas consecuencias [...] Lo siento por su gobierno que necesitaba el concurso de todos para realizar un programa, por la esterilidad en la administración que estas divisiones traen [...] Posse y Frías son hombres muy importantes. Aunados habrían podido hacer mucho y van hoy a hostilizarse [...]He escrito a Posse en el mismo sentido y Ud no debe omitir trabajo para ver si es posible una conciliación.25

Sobre el mismo conflicto, JosÉ Posse, justificaba su posición al presidente Sarmiento:

Se que estás mal impresionado por mi desavenencia con Frías y quiero darte una explicación para que no me des en ello la peor parte. Sabes toda la estimación que he tenido por Frías [...] Miembros de su familia han ido al Congreso por mi voluntad y sosteniéndose en empleos provinciales por que yo lo he querido: todo ello sin reciprocidad[...]lejos de eso, me han hecho guerra cruda toda su vida[...] Desgraciadamente, para que la rotura no pudiera soldarse, ocurre en estos días la elección de diputados nacionales al Congreso, presentando Frías su candidatura. Mis amigos y mis parientes salimos al encuentro de ella [...] ¿Qué debía hacer yo? Me puse de parte de los míos, como Frías se había puesto de parte de los suyos. La derrota debía traer encono y así han quedado las cosas [...] Pero te diré en conclusión, que este accidente no influye en nada en la política, ni en el rumbo que llevamos.26

La dinámica facciosa recrudecía cuando una red parental consideraba vulnerado el "criterio de reciprocidad" que regía los intercambios políticos y los tráficos de influencias. Los detonantes eran múltiples puesto que no siempre se reducían a la disputa por puestos y posiciones; la injuria, las provocaciones verbales o aquellas lanzadas a través de la prensa, generaban enconos y enemistades difíciles de superar. Estas divisiones abrían intersticios a para que se ingresaran otras candidaturas. El desenlace del conflicto mencionado fue permitió el acceso al Congreso Nacional de Delfín Gallo, postulado por un conjunto de jóvenes de la élite que buscaban evadir las posiciones subordinadas que les reservaban los círculos dominantes. Esta victoria imprevista impactó, según Groussac, como "un pistoletazo en una iglesia"; el ministro general, Sixto Terán, primo de Gallo, tuvo que abandonar la cartera y Groussac su puesto en la dirección del periódico oficial27. Este tipo de episodios fue superado por el rol que le cupo al gobernador de armonizar la representación política de cada red parental en función de sus respectivos caudales de influencia y por la presión constante del gobierno nacional que accedió globalmente a las demandas de la élite a cambio de una resolución pacífica de los conflictos facciosos28.

Si se analiza la composición de la Legislatura en la década del 1870 se observa que miembros de familias influyentes ocuparon sistemáticamente escaños en la Sala de Representantes y actuaron además como electores de gobernador. Los tres hermanos Padilla (Ángel, Tiburcio y José) -decididos partidarios de los presidentes Sarmiento, Avellaneda y Roca- ocuparon simultáneamente una banca en la Legislatura Provincial. Uno de ellos, Tiburcio fue gobernador durante el período 1875-1877. El caso de los López es similar:

Tiburcio, Rudecindo y Belisario fueron diputados provinciales y electores, ocupando el último la gobernación entre 1874-1875. Los hermanos Frías, Uladislao y Justiniano ocuparon posiciones destacadas: el primero fue gobernador entre 1870-1871, mientras que el segundo fue diputado provincial desde 1871 hasta 1875, desempeñándose en el lustro siguiente como elector de gobernador. Patrones similares se repiten en el caso de la familia Terán, Colombres, Alurralde y Nougués29.

Recapitulando, la clave de la gobernabilidad consistía en incorporar las distintas redes familiares, según la cercanía con el gobierno y en función de su influencia. Esta modalidad requería del consenso en la postulación de las candidaturas. Superada la fase en la que se dirimía la lucha de influencias entre las distintas redes parentales, se acordaba el número exacto de postulantes para los cargos electivos vacantes. Durante 1870-1880 las actas de elecciones nacionales y provinciales demuestran que generalmente se presentó un único candidato. En los departamentos de Capital, Monteros y Río Chico hubo sólo dos elecciones de diputados provinciales disputadas en un lapso de 10 años; en otros departamentos como Trancas no hubo pluralidad de candidatos; un caso atípico fue el departamento de Famaillá con 6 elecciones donde se presentó más de un candidato; sin embargo, sólo en 1878 hubo una verdadera competencia al lograr los distintos candidatos un porcentaje parejo de votos. En esa oportunidad, la elección tuvo por protagonistas a integrantes de la misma línea política, el unionismo.

En la década de 1870 el alineamiento con los poderes nacionales, combinado con el debilitamiento del mitrismo en la élite local y con el declive de los Posse como red política y clientelar dominante, permitió la incorporación de nuevas facciones familiares que exhibieron en la esfera local una rivalidad política indeclinable, pero ésta no transgredió -como en el pasado- los límites de la legalidad formal al respetar los resultados de las elecciones como forma exclusiva de acceso al poder político. Este acuerdo básico de gobernabilidad constituyó una demanda del poder nacional que utilizó una variedad de recursos posibles -obras, subsidios, advertencias- para disciplinar al conjunto de la élite provincial y desactivar las situaciones conflictivas.

La consistencia de este esquema de funcionamiento se puso a prueba con la conciliación de 1877 propuesta por el presidente Avellaneda que introdujo un nuevo factor de conflictividad al incorporar a sectores adscriptos al mitrismo al poder provincial30. A partir de entonces la dinámica política se intensificó en la esfera de los clubes y comités.

3. Clubes, prácticas y participación de los sectores populares

Luego de Pavón, la élite victoriosa se nucleó en torno al Club Libertad. Se trataba de una facción altamente personalizada, articulada en torno a la familia Posse que fundaba su liderazgo en la identificación con la "causa liberal" y en el asedio a los grupos que se habían identificado con la política urquicista. Su accionar estuvo guiado por una vocación de exclusividad, en tanto procuró ocupar la mayor cantidad de posiciones oficiales en función de sus intereses e inclinaciones. La elección presidencial de 1868 y la incursión armada de los Taboada en Tucumán para imponer la candidatura mitrista de Elizalde provocó el destierro momentáneo de los Posse que retornaron a la provincia durante la gobernación de Belisario López, quien reubicó la provincia en la órbita presidencial.

Para entonces, el Club Libertad se había disuelto y la élite de la provincia se identificó con una nueva organización, el club Sarmiento, de contornos difusos, pero que integraba a sectores mayoritarios de la élite no identificados con el mitrismo. El órgano de prensa oficial, el periódico La Razón, fue el nombre con el cual se identificaron las familias avellanedistas a partir de 1872. Este nuevo club político funcionó atendiendo a ciertas premisas políticas que se consideraban indispensables para fundar una década de estabilidad institucional: alternancia de las principales redes políticas en la dirección del Estado provincial, respeto de las vías legales, utilización del aparato del Estado para que la elección se desarrollara sin mayores sobresaltos31.

La conciliación de 1877 decidida por el presidente Avellaneda para mitigar la amenaza del mitrismo en la provincia de Buenos Aires animó el panorama político provincial al incorporar a sectores afines al mitrismo a la dinámica electoral. A partir de entonces, se delinearon dos clubes políticos: el club "Unión" de signo oficialista que terminó aceptando -con reservas- la conciliación de Avellaneda y el club "Nacionalista" identificado con Mitre; posteriormente se formalizó una tercera organización, el club Monteagudo, integrado por sectores de la juventud afines al nacionalismo.

Estas organizaciones de corte electoral estaban dirigidos por un Comité Directivo, compuesto por un presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios, un tesorero y vocales, que conformaba un cuerpo de 50 miembros aproximadamente; naturalmente, lo integraban las personas más influyentes de cada facción: cada uno de los nombres exhibía la fortaleza e importancia del "partido". Según la prensa, las comisiones directivas de los clubes debían elegirse cuidadosamente, porque "hay que buscar en esas comisiones directivas de los clubs que los partidos eligen entre los más poderosos de sus miembros para esponerlos (sic) ante los ojos de sus conciudadanos como la encarnación, como el símbolo, como la manifestación más jenuina (sic) de su poder"32. ¿Cuál era la variable que medía tales exhibiciones de poder? La capacidad clientelar medida en términos de dependencia laboral. Al respecto, el artículo comentaba "calcularemos los cientos de ciudadanos que trabajan en los establecimientos de estos señores y que son los que en nuestro país se llaman ‘elementos’ para una elección"33.

Sin embargo, la presencia de una oposición constituida revitalizó la dinámica política cada vez más articulada con las tendencias nacionales y delineó la formación de un discurso político de tinte "partidario" que procuraba identificar las organizaciones con principios y presentaba sus diferencias como asuntos disociados de los intereses de las redes familiares, aunque la práctica política seguía fundándose en las posiciones que debían ocupar los notables en función de los acuerdos e influencia del linaje.

A través de la prensa se delimitaron los principios y valores sustentados por cada club. Los "unionistas" se presentaban como celosos custodios de la legalidad -amenazada por los mitristas con la revolución de 1874 que había alterado la paz y las instituciones republicanas- del "gobierno nacional, de la ley, las instituciones y del respeto y estimación de los gobiernos vecinos"34. A su vez, los nacionalistas respondían censurando una legalidad asentada en "gobiernos electores" y consideraban que "el derecho a la revolución, era anterior y superior a toda ley para combatir y dar en tierra a los tiranos (...) dígase lo que se quiera, las conspiraciones tienen su razón de ser bajo la presión de un régimen despótico"35.

Con la incorporación del nacionalismo al sistema político afloró la dificultad para concretar un acuerdo en todos los departamentos y marcó el comienzo de una etapa de competencia electoral. La conciliación consistía en el compromiso de elaborar listas mixtas. Así, correspondía a cada club -Nacionalista y Unión- la mitad de los cargos;cada organización elegiría con absoluta autonomía sus candidatos; respecto de los cargos impares se formaba una comisión compuesta por tres miembros por club para designar el candidato restante y, en caso de no arribar a un acuerdo, se determinaría por la suerte al "partido" que le correspondía ocupar el espacio vacante. Se resolvió además la integración de una comisión compuesta de cinco miembros por club para dirigir los trabajos electorales36. Sin embargo, no se logró confeccionar una lista única en todos los departamentos, en Monteros y Río Chico las elecciones para diputados provinciales fueron disputadas; situación que agitó los trabajos electorales marcando el inicio de la política competitiva en clave electoral.

El acuerdo consolidó la figura de los clubes como ámbito privilegiado de la acción política. Su función principal consistía en articular los intereses de las distintas fracciones de la élite, regular las relaciones con el gobierno nacional y provincial, y mantener canales de comunicación con los sectores subordinados. En ese ámbito se discutían los posibles candidatos hasta que se llegaba al consenso sobre una nominación única; se supervisaban los trabajos electorales y se designaban a los responsables de activarlos en los distintos departamentos; se negociaba con la facción contraria designando comisiones de enlace especiales37.

La competencia electoral obligó a los distintos clubes a ensanchar su base militante extendiendo sus relaciones "hacia abajo", con los sectores populares. En la campaña estas acciones se verificaron mediante intermediarios, comisarios, jueces de paz, comandantes de campaña que volcaron su influencia en favor de la situación oficial. En ese sentido, es interesante destacar que el clientelismo derivado de la dependencia laboral no siempre se transfería al plano político puesto que, hasta el surgimiento de la moderna industria azucarera, las redes clientelares que concentraban mayor cantidad de dependientes se nucleaban en torno al nacionalismo. Sin embargo, durante el período analizado los unionistas controlaron la situación oficial designando invariablemente a los gobernadores38.

En los sectores de la élite estaba arraigada una imagen de los sectores populares como "instrumentos pasivos que votan sin saber por qué ni para qué, y decimos instrumentos pasivos cualesquiera que sea el partido que triunfe"39. Sin embargo, existían indicios claros sobre comportamientos populares guiados por una percepción de sus intereses frente a cuestiones puntuales como los impuestos. Al respecto, desde la prensa se atacaba severamente a aquellos que "han buscado seducir a artesanos predicando la abolición de los impuestos, como medio eficaz para ganar alquilones"40, también censuraba a los que "sublevaban artesanos con el incentivo de colgarles un sable para humillar a la gente culta"41. Hacia fines de la década, en 1879 Domingo Martínez Muñecas, gobernador de Tucumán, escribía: "los partidos locales continúan con su propaganda anarquista, los medios que han tocado son los siguientes: 1º que los impuestos eran obra del gobierno para arruinar a los artesanos, 2º que el gobierno se entregaba a los Posse. Tales fueron los móviles que emplearon para buscar prosélitos"42.

De la correspondencia privada se desprendía el temor de la élite a la movilización de la gente común, que aunque tutelada, podía ponerse en movimiento guiada por demandas sociales. Aunque se habían instituido mecanismos de democracia indirecta y voto pasivo para corregir las desviaciones de la participación popular, se sabía que los elementos populares constituían un factor clave para ganar las elecciones en la instancia directa. En 1878 Emilio Carmona escribía al ex-gobernador Federico Helguera "no creo que el club Monteagudo tenga elementos suficientes para pretender oponerse solo a la conciliación. Si el club de artesanos lo secunda entonces sí habrá verdadero peligro"43.

Estos indicios revelaban el temor de la élite a la acción no controlada por su grupo de los sectores populares. La amenaza de la "chusma" abarcaba una variedad de aspectos que no se limitaban al plano político sino que involucraba una censura a su comportamiento social. Durante esta década el gobierno sancionó un conjunto de reglamentaciones tendientes a imponer distintos tipos de restricciones44: se suprimieron las fiestas en todo el territorio provincial, salvo las de Pascua y las fechas patrias; se prohibió a los asistentes a la Misa permanecer en el atrio de las iglesias una vez finalizada la ceremonia religiosa; se prohibieron las riñas de gallo; se expulsó del territorio provincial a los músicos organistas imponiéndoles elevadas patentes.

Tales restricciones nos permiten advertir las percepciones de los sectores propietarios, de la élite política y del gobierno respecto de la peligrosidad que se atribuía a los espacios de sociabilidad de los sectores populares. En todos los aspectos y naturalmente, también en el político, se temía los excesos de la multitud y la potencial incapacidad de la élite para controlarla. En materia electoral, el gobierno estaba puntualmente atento al agrupamiento no tutelado de estos sectores populares; mensajes de este tenor son recurrentes: "he tenido conocimiento que viene jente (sic) de la Banda a las elecciones, por esto, creo que sería conveniente que la policía prohibiese los grupos a caballo, porque Ud. no ignorara lo que es el guacho cuando va montado"45.

Sin embargo, la lógica del sistema al exigir la ampliación del caudal electoral contribuyó a la incorporación controlada de los sectores populares. En el ámbito urbano se organizaron clubes de artesanos adscritos a las diferentes facciones, que incorporaban a individuos con oficio o "profesión", capaz de asegurarles una existencia independiente46. El discurso adoptado exaltaba la función económica, social y política de su "profesión", la honorabilidad de sus integrantes y los efectos perniciosos de su exclusión de la práctica política: "el artesano tucumano ha sido el soldado armado de la constitución en casi todos los campos de batalla; los primeros en el sacrificio, eran los últimos en la libertad. Siempre oprimidos, abatidos, perseguidos, llegaron de abatimiento en abatimiento al desencanto y huyeron espantados de la vida pública. De ahí esa indiferencia abrumadora. Las urnas electorales no repetían su voz, los comicios estaban desiertos. Hemos ganado un espacio, llenando ese inmenso vacío que dejaba la falta del ciudadano en el momento de una elección, cuando se trataba de renovar los mandatarios del pueblo. Estas no son meras esperanzas, más de 800 artesanos de lo mejor, de los más respetables se han reunido para venir a colaborar en la obra común de nuestro progreso"47. Este relato reivindicaba la condición ciudadana del artesano adquirida en el terreno de las armas en el pasado y exigía la participación pacífica y diferenciada del artesano en los comicios.

Los clubes de artesanos elegían delegados que se integraban a los comités directivos cuando se trataba de elegir candidatos a los cargos electivos. En 1878 el unionismo postuló con la participación del delegado del club de artesanos, Nicanor Agüero, a Juan Bautista Alberdi y Lídoro Quinteros como diputados nacionales. De modo que, la competencia electoral exigió la ampliación del número de votantes y la incorporación del segmento más respetable del elemento popular, los artesanos, que se incorporaron a la política organizando un club separado, cuya designación estaba determinada la característica de su trabajo. Esta modalidad de integración diferenciada, suponía una mecánica de participación controlada, expresada en una relación subordinada con la élite, segmento que había estimulado la creación de esos espacios de tutela política. Hasta entonces, la subordinación del elemento popular se manifestaba en la elección de candidatos ajenos a su grupo en la medida que los candidatos apoyados pertenecían a sectores de la élite provincial.

Sin embargo, a través de este intersticio que les otorgaba un espacio en la discusión de candidaturas, los artesanos demostraron que no necesariamente acataron con docilidad los dictados de la dirigencia política, al servirse del conflicto en el interior de la élite para nominar un candidato de su club en el Colegio Electoral. En 1878 en las elecciones de elector por la Capital no se arribó a un acuerdo para presentar una lista mixta. En esa oportunidad, vencieron los nacionalistas que impulsaron al artesano Esteban Flores, cuya lista se impuso a la del doctor Viaña, un notable de los círculos oficiales sostenido por el unionismo. La crónica periodística relataba del siguiente modo la proeza electoral: "en la parroquia La Matriz hubo 300 y pico de votos, obteniendo estos 250 más o menos. Fue en vano que algunos miembros del club Unión se pusieran en campaña para combatir al nuevo elemento que aparecía en la oposición"48. El relato concluía con el festejo de Flores, quien celebró la victoria acompañado por un gran número de artesanos que realizaron una manifestación espontánea y ruidosa.

Este episodio podía ser interpretado como una evidencia de la inserción del nacionalismo entre los artesanos urbanos de San Miguel de Tucumán; sin embargo, también era un indicio de la solidaridad del sector, puesto que, como relataban las crónicas del suceso "los artesanos se propusieron dar una muestra de su poder y desde los primeros momentos de la lucha, fue fácil comprender que conseguirían una espléndida victoria"49.

Desde un año atrás, los artesanos del municipio habían conformado una asociación de socorros mutuos que favoreció la cohesión del grupo y neutralizó los efectos de la división política del sector50. Esta participación, aunque constreñida a los parámetros de la hegemonía de la élite abrió un intersticio para acciones autónomas. Estos episodios proporcionan un panorama más variopinto que no se corresponde con la "pasividad" excluyente que los sectores de la élite y la historiografía política tradicional asignaron a los sectores populares.

4. Conclusiones

Durante la década 1870 la incorporación de la dirigencia de la provincia de Tucumán a un orden político nacional permitió configurar una dinámica de estabilidad institucional, fundada en el respeto de las normas constitucionales que constituyeron la fuente principal de legitimidad del sistema. El orden político que emergió de este consenso tuvo como condición la inclusión y promoción de redes familiares poderosas que se incorporaron a la política sobre la base de acuerdos avalados por los poderes nacionales y por la insistencia del gobierno nacional. Desde esta perspectiva, el voto podía entenderse como una instancia que legalizaba una elección convenida en otros ámbitos donde se dirimían las influencias de los linajes. Así, el perfil notabiliar de funcionamiento político provincial no se fundaba en la noción aritmética de la voluntad popular reflejada por el caudal de votos obtenidos; por el contrario, privilegiaba la prosapia y valores de honorabilidad, que se contraponía a la opción electoral, práctica que a los ojos de los notables estaba impregnada de coacción y manejos clientelares.

Esta percepción no mitigó la conflictividad por la puja de las candidaturas y las posiciones políticas expectables entre los clanes parentales poderosos. Por lo general, tanto el gobernador como el presidente funcionaban como árbitros que procuraban restaurar la armonía perdida por las luchas facciosas. La caja de resonancia de estos combates era la legislatura provincial que elegía senadores y al gobernador, y los clubes electorales cuyo núcleo principal lo constituían clanes familiares. En la formación de las candidaturas se movía un complejo sistema de influencias que incluía los conciliábulos entre notables, las presiones del gobierno nacional y las decisiones adoptadas por el gobernador y su grupo. En la instancia electoral, el gobernador hacía uso de los recursos gubernamentales y utilizaba a los jueces de paz y a los comandantes de milicias para garantizar el triunfo de sus candidatos.

La conciliación implementada por el presidente Avellaneda en 1877 no logró conseguir la pacificación esperada. Por el contrario, en la provincia revitalizó la competencia política y erigió a los clubes como actores claves de la contienda electoral. A su vez, la reincorporación del mitrismo al sistema político otorgó mayor dinamismo a los comicios al sustanciarse con mayor frecuencia elecciones disputadas. Esta nueva situación remitía a la premisa de que la simple mayoría de sufragios y no los acuerdos previos entre la élite constituía la vía que reproducía y legalizaba el sistema político. Este nuevo principio exigió la expansión del voto y la incorporación de los sectores populares a la práctica política. Al influjo de esta dinámica, la élite modificó parcialmente su arraigada creencia acerca de la fatal incapacidad de la "gente de chiripa" para discernir razonablemente en el campo electoral y morigeró los temores acerca del comportamiento político de los sectores populares, movidos por consideraciones de índole social como los impuestos.

Los clubes de artesanos se organizaron como espacios diferenciados y se articularon de manera subordinada a los clubes políticos. Estas organizaciones adoptaron una retórica que procuraba reparar la estigmatizada imagen de los artesanos forjada por la élite provincial. Por lo general, estos clubes fueron tutelados por la élite y votaron a los conspicuos candidatos designados por la dirigencia política, aunque no siempre se comportaron como una clientela pasiva, carente de iniciativa y participación. Hubo instancias en las que el sector logró resonantes triunfos, cuando pudo utilizar en su favor el espacio dejado por las disputas facciosas en el interior de la élite. En este caso se logró imponer un candidato artesano apelando a criterios de solidaridad de clase. Esta nueva forma de participación electoral revela un nuevo ángulo que otorga mayor densidad y complejidad a las prácticas políticas en la Argentina decimonónica.


Pie de página

1 Doctora en Historia, Universidad Nacional de Tucumán. Profesora de Historia Argentina de la Facultad de la UNT. Investigadora independiente del CONICET. Líneas de investigación: historia política en clave regional y social con énfasis en la historia agraria, específicamente de la agroindustria azucarera argentina. mceliabravo@hotmail.com

2 Podían organizar y conducir ejércitos, ejercer el patronato, imponer derechos de tránsito a las mercancías, entre otras facultades. Respecto de los poderes de las provincias durante la etapa preconstitucional, ver José Carlos Chiaramonte, Ciudades, Provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (Buenos Aires: Ariel Historia, 1997).

3 En 1876 el ferrocarril Central Córdoba unió el norte argentino con el litoral argentino y la ciudad de Buenos Aires, principal mercado de consumo de su producción azucarera.

4 Juan Álvarez, en su clásico estudio sobre las guerras civiles destacó el papel del Senado al considerarlo "llave maestra del sistema", en tanto la composición de dos representantes por provincia -ajena a las fluctuaciones demográficas y económicas- aseguraba a las élites del interior una influencia significativa en el nuevo Estado. Juan Álvarez, Estudio sobre las guerras civiles argentinas (Buenos Aires, 1914), 62. Esta perspectiva ha sido retomada por Natalio Botana, quien atribuye al Senado el rol de nexo entre el gobierno federal y las provincias. Natalio Botana "El federalismo liberal en la Argentina, 1852-1930", en Marcelo Carmagnani, Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina (México: FCE-El Colegio de México, 1993).

5 Sobre este punto ver Natalio Botana, La tradición republicana y el Orden Conservador, (Argentina, Editorial Sudamericana 1984).

6 En 1880 luego de una cruenta civil se logró federalizar la ciudad de Buenos Aires.

7 Expresión peyorativa que alude a la indumentaria rústica y campesina utilizada por los hombres de los sectores populares.

8 Citado en Natalio Botana, La tradición republicana…345.

9 A diferencia de otras regiones del país donde existía una tradición de la ciudadanía que se extendía a todos los hombres libres, naturales del lugar o avecindados; en Tucumán, el reglamento electoral de 1826 que rigió hasta entrada la década de 1880, delimitaba la condición de elector a todo hombre libre nacido o arraigado en la provincia, de 20 años de edad, con propiedad conocida o con empleo y oficio lucrativo. Estas cláusulas habían sido ratificadas en el proyecto constitucional de 1835 que establecía que los derechos de ciudadanía se suspendían por el estado de deudor a particulares y al estado, por la condición de criado a sueldo, peón, jornalero, simple soldado de línea o notoriamente vago. El borrador preliminar de la Constitución provincial de 1856 introdujo una restricción similar al establecer que los jornaleros e hijos de familia estaban excluidos de la condición de elector. El Congreso nacional cuestionó este artículo que debió retirarse del texto provincial para adecuarse a lo establecido por la Constitución nacional. Sin embargo, la constitución tucumana conservó la distinción entre electorado pasivo y activo condicionando el acceso a los cargos electivos al ejercicio de una profesión u oficio o a la posesión de propiedades que le aseguren una existencia independiente. Lizondo Borda, Historia de Tucumán. Siglo XIX (Tucumán, 1948), 63, 181,183.

10 E. Gallo, "Política y Sociedad en Argentina, 1870-1916", en Leslie Bethell, Historia de América Latina, T. X (Barcelona: Ed. Crítica, 1992), 56.

11 En 1873 Nicolás Avellaneda al describir la situación electoral de Buenos Aires puntualizaba lo siguiente: "Por aquí nada nuevo, afectación en algunos círculos electorales, pero continúa la calma en general, como lo muestra el escaso número de la inscripción en el Registro Cívico". "Carta de Nicolás Avellaneda al gobernador de Tucumán Federico Helguera", Archivo Privado Federico Helguera, APFH, Carpeta I, Carta 73).

12 A su vez, la mesa electoral surgía de lista de 15 candidatos confeccionada por el juez que se ponía a consideración de una asamblea electoral que se realizaba en el momento previo al comicio; de estos candidatos eran elegidos 4 ciudadanos como escrutadores que integraban la mesa electoral presidida por el juez de primera instancia o juez de paz de cada parroquia. Este procedimiento era el estipulado para la ciudad; en la campaña el juez de cada vice-parroquia elegía 4 escrutadores, seleccionando a ciudadanos cuya residencia fuera cercana al lugar donde debía verificarse la elección.

13 En 1872 un notable político provincial escribía al gobernador Federico Helguera su opinión sobre las elecciones legislativas: "yo siempre he pensado que es una utopía pensar en elecciones completamente libres en Tucumán, porque una elección libre supone un pueblo apto para elegir que entre nosotros no existe". APFH, Carpeta I, Carta 23.

14 Vicente Gallo, De la vida cívica argentina (Buenos Aires, 19419, 10.

15 El mote de federal se asociaba con vinculación con el rosismo, régimen dirigido por el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas durante 1835-1852.

16 En 1873 cuando la autoridad de esta vasta red familiar comenzaba a eclipsarse, José Posse, ex-gobernador y periodista, realizó una minuciosa descripción y defensa de su red parental y política: "la familia Posse es en Tucumán una de las más antiguas y respetada que tiene el país y, en la actualidad la que cuenta mayor suma de riqueza acumulada. Entre los miembros de esta familia se cuentan los primeros industriales de Tucumán. Además de estos grandes industriales tiene la familia Posse y sus aliados en política un considerable número de cañeros de segundo orden [....] que representan unidos un capital formidable. En el comercio tienen también comerciantes de primer orden y fuertes capitalistas. Si desapareciesen estas fortunas, los hombres que componen la familia y partido Posse, Tucumán quedaría en ruinas. Siempre a la vanguardia del progreso como industriales, son ellos quienes han levantado la agricultura [...] han sido los primeros en importar máquinas y adoptar procedimientos nuevos para la elaboración del azúcar y aguardiente [...] Los Posse y sus aliados dan ocupación lucrativa a millares de personas en la industria cañera y fomentan el desarrollo de otras, como la curtiduria y la fabrica de pellones comprando anualmente fuertes cantidades de estos para enviar al Litoral...Cuentan además con literatos, abogados, médicos, hombres de Estado que han figurado en la prensa, en el gobierno y en los Parlamentos. He aquí lo que es y lo que representa el partido Posse". Sus oponentes contestaban tal alegato en estos términos: "Se trata de presentar a los Posse y sus adeptos como los únicos industriales, hacendados y comerciantes que tiene la provincia, desapareciendo los cuales, desaparecería la industria y comercio de Tucumán [...]¿y los señores Méndez, Zavalía, Colombres, Frías, Gallo, Molina, Nougués, Etchecopar, Padilla, López y tantos otros?. La Razón, octubre 7, 1873.

17 La Razón, septiembre 21, 1873.

18 Archivo Federico Helguera, (AFH) Carpeta I, Carta 19.

19 Este proceso de centralización del funcionamiento político se logró mediante una combinación de consenso y coerción. La generosa utilización del aparato militar súbitamente desarrollado por la Guerra del Paraguay, de la intervención provincial como recurso extremo y del establecimiento del estado de sitio fueron instrumentos eficazmente utilizados por el presidente. Cf Oscar Oszlak, La Formación del Estado Argentino (Buenos Aires: Ed. Belgrano, 1985).

20 AFH, Carpeta I, Carta 55.

21 En una carta dirigida al presidente Sarmiento, José Posse aconsejaba: "un medio legal y fácil habría para acabar con el poder de los Taboada desarmándolo de una plumada, y sería el de nombrar a Arredondo gefe de la frontera del Chaco y de la circunscripción militar del norte. Me parece que estaría en su derecho el gobierno nacional al entregar a un general de su confianza el mando de las fuerzas que deben servir útilmente a los fines de su gobierno". "Epistolario entre Sarmiento y Posse" Archivo del Museo Histórico Sarmiento, Museo Histórico Sarmiento, T. I, Bs As, 1946, 491.

22 Los Posse denunciaron en 1873 la complicidad del gobierno con un sabotaje perpetrado al ingenio la Esperanza, perteneciente a W. Posse: "una partida armada se introdujo furtivamente en el canchón y produjo un conflicto sangriento que ha dado por resultado la muerte de algunos individuos, la prisión del mayordomo y capataces de hacienda, la dispersión de los peones a quienes se les amenaza enviarlos en el contingente y la pérdida de gran parte de la cosecha, objeto único que se busca. Lo ocurrido en la Cruz Alta, no es sino una manifestación de la rabia que devora al aspirante a la presidencia, Dr. Avellaneda, por ver figurar en el comité alsinista de Buenos Aires a don W. Posse, dueño de esa finca" La Razón, octubre 7, 1873.

23 El diario La Razón atribuía a la candidatura de Avellaneda el siguiente sentido: "Las provincias ven en el Dr. Avellaneda la personificación de los verdaderos intereses nacionales, el continuador de los grandes adelantos realizados y el distinguido educacionista encargado de combatir la ignorancia y el atraso en toda la República. No porque el general Mitre o el dr. Alsina estén afiliados en los partidos políticos de Buenos Aires y levanten estos sus respectivas candidaturas deben las provincias aceptarlas, si el triunfo de una u otra puede ser funesto para el país [...] Al mismo tiempo combatimos el mezquino espíritu de localismo, para dar expansión al sentimiento nacional, que únicamente debe hallar cabida en el corazón de los argentinos, también queremos que las provincias tengan la dignidad de su propia autonomía. La Razón, Año II, Nº 121, junio 15, 1873.

24 APFH, Carpeta I, carta 50.

25 APFH, Carpeta I, carta 52.

26 Museo Histórico Sarmiento, Epistolario entre Sarmiento y Posse, T. II, (Buenos Aires, 1947), 352 (las palabras en cursiva están en el texto original).

27 P. Groussac, Los que pasaban, (Buenos Aires: CEAL, 1980), 76-77.
Sobre este episodio Marco Avellaneda escribía a Helguera: "Siento por dos razones este resultado. 1º Porque a mi juicio el triunfo del Dr. Gallo es debido casi exclusivamente a pequeñas pasiones, odios mezquinos de círculos y no al apoyo de la opinión pública. ¿No es verdad que sin la pelea de los hombres más influyentes del partido, muy pocos habían pensado en la candidatura de Gallo?; 2º porque aunque tengo formada buena opinión de Gallo, no creo que pueda admitir discusión su candidatura en presencia de la del Dr. Frías, que es uno de los hombres más respetables de nuestro pays por sus largos servicios". APFH, Carpeta I, Carta 20.

28 N. Avellaneda informaba a Helguera lo siguiente: "he habilitado por un decreto la oficina telegráica de Monteros y acordado por otro 1.000 pesos fuertes a la Municipalidad para la obra de su acequia. Gramajo recibirá ese dinero. Frías [nombrado por Sarmiento ministro del Interior en resarcimiento a su derrota en las elecciones] despachará inmediatamente las propuestas sobre el Puente...Presentaré pronto un Proyecto de ley sobre la construcción de la Escuela Normal. Tendrá así nuestro Tucumán otro gran establecimiento de educación". APFH, Carpeta I, Carta 49.

29 Sobre este tema ver María José Navajas, "Actores, representaciones, discursos y prácticas: la política en Tucumán, Argentina, 1852-1887", (Tesis Doctoral inédita, El Colegio de México, 2008).

30 En la mayoría de las situaciones provinciales la propuesta conciliadora fue un factor de conflictividad del sistema político en tanto amenazaba la estabilidad y continuidad de los núcleos políticos dirigentes. Alberto Lettieri, La conciliación de partidos de 1877. La dinámica política facciosa y sus límites (Mimmeo, 1989).

31 Una de las excepciones fueron las elecciones para diputado nacional en las que triunfó Delfín Gallo.

32 La Razón, noviembre 7, 1877.

33 La Razón, noviembre 7, 1877.

34 El Independiente, enero 27, 1878.

35 El Argentino, junio 27, 1878.

36 El Independiente, noviembre 28, 1877.

37 La formación de candidaturas dio lugar a las inevitables fricciones en los clubes, puesto que los marginados no siempre estaban dispuestos a aceptar dócilmente las decisiones del conjunto. Unionistas y nacionalistas tuvieron deserciones, algunas de ellas llegaron a cristalizarse en nuevas organizaciones como el Club Monteagudo, que agrupó a elementos jóvenes escindidos del nacionalismo; otros se mantuvieron como fracciones internas dentro del unionismo, por ejemplo, el grupo "liberal" que respondía a la jefatura de Lídoro Quinteros. Hubo ocasiones en que candidatos de la misma corriente política llegaron a competir en el acto eleccionario porque no se arribó a un consenso definitivo respecto de los nominados para diputados provinciales.

38 Sobre el particular es revelador un artículo publicado en el diario La Razón donde se analizaba la capacidad de contratación de mano de obra que ostentaban los integrantes de la comisión directiva de los respectivos clubes. Al observar esta aparente paradoja -el triunfo de los unionistas en las elecciones- la prensa preguntaba: "¿Cómo se explica que los más poderosos, los más fuertes, los que cuentan con mayores elementos sean una sumisa minoría?" La Razón, noviembre 7, 1877.

39 El Liberal, julio 19, 1866.

40 El Eco del Norte, enero 17, 1860.

41 El Eco del Norte, diciembre 30, 1860

42 APFH, Carpeta II, Carta 784, 14.1.1879.

43 APFH, Carpeta II, Carta 495, 15.2.1878.

44 Naturalmente debe computarse los reglamentos y edictos de policía que obligaban a los pobres a trabajar al servicio de un patrón.

45 APFH, Carpeta II, f.461.

46 En 1869, en San Miguel de Tucumán había 419 carpinteros, 246 albañiles, 126 curtidores, 79 herreros, 231 panaderos y 215 sastres. Un importante porcentaje de estos artesanos no trabajaban como dependientes en las 50 carpinterías, 11 curtiembres, 19 herrerías y 9 sastrerías que funcionaban en la ciudad. I Censo de la República Argentina, 1869 (Buenos Aires: Imprenta El Porvenir, 1872), 506-512.

47 "Manifiesto del Club Unión de Artesanos", El Independiente, enero 6, 1878.

48 La Razón, enero 30, 1878.

49 La Razón...

50 La Razón, diciembre 23, 1877.


Fuentes documentales

Archivo Federico Helguera. (AFH). Carpeta I, Carta 19; Carpeta I, Carta 20; Carpeta I, Carta 23; Carpeta I, Carta 49; Carpeta I, carta 50; Carpeta I, carta 52; Carpeta I, Carta 55; Carpeta II, Carta 495, febrero 15, 1878; Carpeta II, Carta 784, enero 14, 1879; Carpeta II, f.461.         [ Links ]

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Citar este artículo:
María Celia Bravo, "Elecciones y prácticas electorales en Tucumán-Argentina 1870-1880", Historia y Memoria N°10 (enero-junio, 2015), 241-270.