Las investigaciones en torno al pasado reciente han demostrado que las organizaciones de derechos humanos no vinculadas a partidos políticos comenzaron a surgir en América Latina en los años sesenta y que, con el correr de los años, las integradas por familiares de afectados por la represión -exiliados, presos políticos, desaparecidos-, fueron aumentando y ganando protagonismo. Dentro de las mismas, las mujeres han tenido una participación fundamental en lugares tan disímiles como México, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, El Salvador, Guatemala y Argentina. En esta línea, Avanzar a tientas: cronología de las luchas por verdad y justicia: 1985-2015, al detallar las acciones emprendidas desde el restablecimiento democrático en Uruguay, evidencia el rol de los familiares en general y de las mujeres en particular en la lucha por el esclarecimiento y la justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), demostrando que han liderado momentos de resistencia y de avances en contextos de impunidad.

El libro surgió a partir de un pedido de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos a las investigadoras Jimena Alonso, Fabiana Larrobla y Mariana Risso en el marco de las conmemoraciones por los veinte años de la Marcha del Silencio que se realiza en Uruguay desde 1996. Originalmente debía ser un folleto que ordenara algunos acontecimientos importantes del período, pero finalmente la obra se constituyó en una importante sistematización de datos en forma de cronología. De esta forma, el volumen se inscribe en el compromiso con la militancia en los derechos humanos de las autoras, a la vez que recoge los hitos más significativos de las luchas por la verdad de lo acontecido y contra la falta de castigo a los responsables de los crímenes cometidos en dicho país.

A partir de un corpus compuesto por diversas fuentes -como diarios, revistas, cartas, leyes, actas, fotos y testimonios- y sobre la base de las principales investigaciones sobre el tema, la obra presenta parcialmente las marchas y contramarchas en la lucha contra la impunidad en el período comprendido entre 1985 y 2015. De esta forma, se pueden observar las principales acciones del movimiento de derechos humanos y los avances en el ámbito de la justicia y de la investigación de lo ocurrido durante la dictadura tras el retorno democrático: denuncias individuales y colectivas, movilizaciones, homenajes, la creación de espacios de memoria, la realización de investigaciones, la publicación de informes sobre las violaciones a los derechos humanos, la restitución de la identidad de niños apropiados o nacidos en el cautiverio de sus madres, hallazgos de restos de desaparecidos enterrados como NN, juicios y procesos a responsables de los crímenes y la creación de nuevas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Como contracara, Avanzar a tientas también marca los retrocesos en la lucha emprendida por los familiares de las víctimas de la represión y los sectores que los han acompañado durante los treinta años que abarca el libro: intimidaciones, amenazas, robo de materiales, demoras, negaciones, silencios, ocultamientos, y el contexto general de impunidad creado por la sanción de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986.

A medida que se avanza en su lectura se pueden identificar, por un lado, los momentos de desmovilización en los que las acciones colectivas se redujeron a expresiones mínimas, como ocurrió tras la derrota del referéndum en 1989 -llegando incluso a suspender unos años después las concentraciones en la Plaza Libertad por falta de militantes-. Y por otro lado, los momentos de reactivación de la movilización social y de recuperación de la visibilidad de los reclamos, como se observa a partir de 1996 con la realización de la «Marcha del Silencio» el 20 de junio de cada año, fecha que se convirtió en emblema de la memoria de la represión. Asimismo, la creación de HIJOS Uruguay ese mismo año y la implementación de los escraches como forma de denuncia, al igual que en la Argentina, también generó una mayor visibilidad de la problemática y le otorgó una energía renovada al movimiento de derechos humanos uruguayo.

Como se mencionó, el volumen inicia con el restablecimiento democrático, dejando afuera los doce años de dictadura, por lo que no hay referencias a las acciones colectivas emprendidas durante esos años por el movimiento de derechos humanos, lo cual permitiría entender algunas dinámicas del mismo. Por el contrario, el libro facilita la obtención de una visión general de las acciones emprendidas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en la posdictadura. Dicha organización se fue conformando en la segunda mitad de los años setenta, a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones realizadas por familiares de detenidos-desaparecidos en Uruguay y Argentina. El grupo se consolidó en 1983 a partir de la unión de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos -fundada en Europa por exiliados-, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina -que trabajaba desde 1977- y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982. Al igual que organizaciones de características similares surgidas en otros países de América Latina, desde sus inicios intentaron conocer la verdad respecto al destino de sus familiares -hijos, hermanos, esposos, padres- y realizaron denuncias a nivel nacional e internacional. Dado que la organización buscó visibilizar la problemática y buscar adhesiones fuera de las fronteras nacionales, llama la atención que en el volumen no se encuentren referencias a la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos surgida en 1981 y de la cual participaba la organización uruguaya. No obstante, el libro permite obtener una mirada general de la solidaridad entre las organizaciones de distintos países, puesto que señala que con el apoyo y las gestiones de distintos organismos de derechos humanos de la Argentina, fueron aclarados varios casos de uruguayos detenidos-desaparecidos.

La lectura de la obra nos recuerda además que durante la transición política y como en otros países del Cono Sur, el pasado dictatorial no quedó clausurado. Esta etapa representó un gran desafío para los actores intervinientes, puesto que la construcción de la nueva institucionalidad democrática conllevaba debates profundos en torno a cómo reparar los daños y cómo juzgar a los culpables. Sin embargo, la bandera de la defensa de los derechos humanos en la transición no fue igual en todos los países. Así, una vez recuperada la democracia, y como resultado de la aprobación de la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado, las violaciones a los derechos humanos quedaron sin ser investigadas por los organismos competentes en Uruguay. Esta ley fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía en 1989 y en 2009, pese a las iniciativas de referéndum promovidas por diversas organizaciones sociales y políticas. Si bien no se alcanzaron los votos necesarios para la anulación de dicha ley, como demuestra el libro, la misma fue cuestionada reiteradamente por los familiares de detenidos-desaparecidos y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, pese a que el impacto de encontrarse con una sociedad que elegía mantener vigente la ley fue muy fuerte y trajo aparejado el desánimo y la desmovilización de una parte de la militancia por los derechos humanos, los familiares continuaron con la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido, acompañados de algunos sectores de la sociedad uruguaya.

Las acciones enumeradas en el libro para el siglo XXI dan cuenta, una vez más, que las cuestiones vinculadas al pasado dictatorial continúan vigentes y forman parte de la agenda política en los países de la región. De esta forma, se observa la creación de archivos, memoriales y políticas destinadas a la identificación de restos, entre otras iniciativas. Un avance significativo lo representó la creación de la Comisión para la Paz en el año 2000 tras la asunción de Jorge Batlle, el primer presidente en democracia que recibió a los familiares de las víctimas de la represión estatal. Con la investigación de COPAZ por primera vez un órgano oficial reconocía la existencia de personas desaparecidas -incluidos los niños nacidos en cautiverio-, y denunciaba que se trataba de delitos de lesa humanidad. El informe elaborado por esta Comisión en 2003 sirvió además para demandar el tratamiento judicial de los crímenes y para promover nuevas investigaciones, dejando abierta una serie de cuestiones relativas al destino final de los detenidos-desaparecidos. Luego, la victoria del Frente Amplio y la asunción de Tabaré Vázquez aseguraron la visibilidad del tema, en especial porque su gobierno reinició investigaciones que apuntaron a determinar el destino final de las víctimas, en el marco de las cuales se logró ubicar por primera vez los restos de dos detenidos-desaparecidos inhumados clandestinamente en predios militares. A su vez, el Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios ex represores.

Asimismo, su lectura permite observar las disputas por los sentidos del pasado entre las Fuerzas Armadas y los familiares de detenidos-desaparecidos, como se observa por ejemplo en los comunicados de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos frente a los informes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada presentados en el año 2005 sobre la actuación durante la dictadura y el destino de los desaparecidos. La obra también muestra las disputas al interior de los partidos políticos, en especial del Frente Amplio, en relación a las posturas que debían tomarse frente a los reclamos de verdad y justicia por los crímenes del pasado. Evidencia además que ciertas formas de tramitar el pasado no generaron grandes debates en la sociedad como sí ocurrió en otros países como la Argentina. De esta forma, el libro da cuenta de cómo las reparaciones económicas a los familiares de detenidos-desaparecidos uruguayos que tuvieran demandas en trámite contra el Estado, fue una propuesta aceptada por la mayoría.

Si bien Avanzar a tientas no abarca todas las acciones ni sujetos participantes en las luchas políticas y judiciales contra la impunidad, al ser una importante sistematización de datos, y puesto en diálogo con la creciente producción académica sobre el pasado reciente, facilita la reflexión en torno a la red represiva creada por las dictaduras del Cono Sur, el rol del sistema interamericano de justicia y el impacto de sus fallos sobre las causas de violaciones a los derechos humanos, la participación de civiles en los crímenes cometidos, la influencia en la posdictadura de lo que ocurría en otros países de la región y el rol del Estado en el esclarecimiento de la verdad en torno a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En cierta medida, el formato elegido para la publicación no permite profundizar sobre los temas mencionados, sin embargo, Avanzar a tientas brinda una mirada general y continua de los últimos 30 años a partir de hechos enlazados y organizados cronológicamente, lo que posibilita observar el devenir de la lucha contra la impunidad y la denuncia del terrorismo de Estado. A su vez, favorece la reflexión en torno a cómo la sociedad uruguaya tramitó su pasado represivo, a la vez que ayuda a pensar el papel que cumplen o deberían cumplir las memorias del pasado reciente en relación a la construcción de futuros más democráticos, no solo en Uruguay sino en el resto de los países de América que atravesaron por dictaduras y en los que organizaciones de la sociedad civil han llevado adelante luchas por la búsqueda de la verdad y justicia por los crímenes cometidos. De esta forma, si bien al tratarse de una cronología no permite profundizar en los procesos de reparación o "reconciliación", vale destacar que, dado los aportes mencionados, la obra es un estímulo para futuras investigaciones que hagan foco en los procesos de memoria, verdad y justicia en la región.