I.

En el presente, la lucha contra la corrupción es un factor común a la mayoría de los países latinoamericanos. En la era de la globalización las prácticas corruptas en la región parecen no solo haberse multiplicado sino transnacionalizado. Es difícil determinar si esto responde a la proliferación de actos corruptos en los sectores público y privado, o si es un cambio en la percepción del fenómeno debido a la concientización del grado en que afectan el interés público, acciones que hasta hace poco se consideraban normales. Lo cierto es que la crisis que la democracia está atravesando a nivel global, parece responder al estancamiento de la lucha contra la corrupción¹. En América Latina, esto se viene manifestando en crisis políticas e institucionales profundas, en las que funcionarios públicos de todo nivel y entidad se ven envueltos en investigaciones por peculado, sobornos y malversación de fondos públicos, entre otras causas.

Debilidad institucional, normalización de la corrupción, falta de contrapesos políticos, ausencia de sistemas de fiscalización eficientes, impunidad y pervivencia de élites y grupos de poder dirigiendo la política son algunos de los elementos que facilitan que la corrupción infiltre los aparatos estatales y burocráticos en la región². De todos los casos de corrupción develados en las últimas tres décadas sobresale el protagonizado por la empresa constructora brasileña Odebrecht, responsable por incurrir en delitos de corrupción en diez países de América y El Caribe, y dos de África³. Buscando garantizar contratos en los distintos estados a los que se expandió, la empresa no solo sobornó a presidentes, ministros, parlamentarios y alcaldes, sino también donó dinero a campañas electorales para asegurarse otros a futuro⁴.

Esta transnacionalización de la corrupción valida la idea de que esta, «como la violencia [,] debe ser entendida como una parte integral, regular, y repetitiva del funcionamiento político de la mayoría de sistemas políticos»⁵; sin embargo, pese a que la corrupción ha sido una constante en la historia de América Latina, y de las metrópolis europeas que la gobernaron por alrededor de cuatrocientos años, no ha sido un problema obviado por los actores políticos de cada época y en cada lugar, quienes también buscaron frenarla⁶. En ese sentido, actualmente la intensidad -o por lo menos la visibilidad- del problema de la corrupción ha generado que, no solo autoridades políticas en cada país, sino organismos supranacionales, organizaciones civiles, y más recientemente, entornos académicos se dediquen a su monitoreo, fiscalización, combate, y estudio.

II.

La historiografía sobre la corrupción en el Mundo Hispánico, en general, y en América Moderna, en particular, ha evolucionado con el tiempo refinándose en sus enfoques, métodos y conclusiones iniciales⁷. De los trabajos iniciales en los que se consideró al sistema político virreinal como intrínseca y estructuralmente corrupto⁸, se pasó a estudios que, superando el anacronismo de evaluarlo con criterios del presente, cuestionaron la posibilidad de hablar de corrupción para este período⁹. En los últimos años, un renovado interés por la cuestión ha producido trabajos que a la par de demostrar la existencia de la noción de corrupción, han enfatizado que su significado dependía del contexto cultural, social, y político de la época. Este interés, sin embargo, no es homogéneo en todas las historiografías sobre el imperio español. Mientras que la vanguardia la llevan los trabajos producidos en España, la producción latinoamericana sobre el tema tampoco es escasa. La historiografía francófona ha abordado el tema ya sea para problematizarlo al ponerlo a la luz de prácticas político-culturales, o a través de estudios de caso que lo ejemplifican¹⁰. Es de destacarse, en cambio, la poca atención que la historiografía anglosajona ha dado al problema¹¹.

En Colombia, la contribución más destacada a los estudios sobre la corrupción la compone «Corrupción en Colombia»¹². En sus cuatro volúmenes, un amplio número de investigadores analiza distintos fenómenos, casos y prácticas en torno a la corrupción en el país desde las perspectivas jurídicas, políticas y económicas, principalmente. Aunque la mayoría de los artículos gira en torno a la institucionalidad estatal, el tercero está dedicado a la corrupción en el ámbito empresarial. No obstante, perspectivas de las Ciencias Sociales se echan de menos. La Sección Especial de la revista pretende contribuir a la investigación y debate sobre el tema, desde la perspectiva histórica.

Todo estudio de la corrupción se enfrenta al reto de tener que definir el concepto. En la actualidad, la corrupción se entiende como un fenómeno complejo, subjetivo, y variado que abarca una serie de prácticas públicas y privadas, a través de las cuales los cargos y recursos de una organización o institución son utilizados para fines distintos a los originales, en provecho de unos pocos (los promotores de dichas prácticas) y en perjuicio del bien común; sin embargo, a pesar de su longevidad, la evolución de la idea de corrupción no ha sido lineal ni uniforme en el tiempo, debido a su ser subjetivo y relativo al lugar y momento estudiados. Su conceptualización y tipificación han ido variando junto al pensamiento político y legal de cada época, siendo a la vez producto y reflejo de dichos cambios. Consecuentemente, cada sociedad, estado, y época han tenido, también, una noción particular de qué prácticas consideraban corruptas.

En el mundo hispánico de la temprana modernidad, la corrupción era un conjunto de prácticas o actos por los que un oficio o institución de gobierno, justicia y hacienda se utilizaba para beneficio particular, perjudicando el bien común (los intereses del rey y los vasallos) y transgrediendo los límites tolerados para los sistemas clientelistas. Esta noción evolucionó de la mano de la disminución de la tolerancia a determinadas prácticas y de la interiorización de que las mismas eran intrínsecamente incorrectas. Esto, a su vez, derivó en legislación tendiente a proscribirlas y a una creciente pretensión de respeto a la ley. Para determinar si una acción podía juzgarse como corrupta hay que considerar, primero, cómo los individuos la percibieron, segundo, lo que se esperaba del funcionamiento de un oficio o institución, y, tercero, el marco normativo vigente en el momento; sin embargo, si el marco legal fue cada vez más riguroso, hubo menos margen para la libertad en el ejercicio de los oficios y la noción de lo corrupto se refinó ¿por qué los casos de corrupción siguieron siendo tan frecuentes?, ¿por qué el paso a los nuevos sistemas políticos republicanos y democráticos contemporáneos regidos por el ideal del «estado racional» objetivo no ha logrado erradicarlos?

Otro factor común a las sociedades latinoamericanas es responsabilizar al pasado colonial de la corrupción. Las prácticas clientelistas, nepotistas y oligárquicas, se dice, son herencia de la colonia. Esta versión fragmentaria y deformada del problema se mantiene, entre otras razones, debido a que desde otras ciencias sociales y humanas esta concepción no solo no se cuestiona, sino que se reafirma¹³. Si bien, determinadas prácticas corruptas actuales pueden tener su origen en la temprana modernidad americana, también lo tienen los esfuerzos por combatirlas. Por esta razón, la historia debe constituirse como una disciplina llamada tanto a reflexionar sobre el fenómeno de la corrupción, como a dialogar con las demás ciencias sociales y humanas. Es imprescindible la realización de trabajos y proyectos interdisciplinarios que, uniendo las herramientas y métodos de la ciencia política, la sociología, la antropología y la historia aborden el problema de la corrupción de una manera conjunta y holística, y teoricen sobre el mismo. Solo la inclusión de la historia en los diálogos y debates acerca de la corrupción, sus orígenes, y perspectivas de combate, podrá cambiar la noción simplista y perjudicial de considerar a la corrupción como un atavismo colonial. De igual manera, es necesario que los historiadores se inserten en los debates y diálogos con las demás disciplinas y teoricen, hipoteticen y contribuyan a los mismos.

III.

Con excepción del texto de Torres Güiza, la mayoría de trabajos de la Sección Especial surgieron de las sesiones de trabajo del» Grupo de Historia Colonial», que coordina Diana Bonnett¹⁴. En estas se planteó la necesidad de abordar el tema de la corrupción en el mundo hispánico, en consonancia con otras investigaciones mayores que han sido adelantadas por sus integrantes y por los debates que se han venido realizando para otros espacios de la monarquía hispánica, por parte de investigadores de diversas latitudes. Como actores sociales e historiadores insertos en la realidad descrita al inicio de esta Editorial, trabajar este tema nos da la posibilidad de estudiar el pasado a la luz de nuestro presente y con ello, reflexionar activamente sobre el mismo.

Conforme a todo lo expresado hasta este punto, esta sección especial contribuye al debate sobre la corrupción en una época en la que los parámetros político-culturales eran muy distintos a los presentes con el objetivo de comprender los mecanismos con que ella operaba. Aunque la idea inicial fue centrarse en el Nuevo Reino de Granada como espacio común de investigación, algunos miembros enriquecieron esta acotación inicial trabajando otros espacios americanos o pertenecientes al imperio, como Filipinas. En términos temporales, en conjunto los trabajos abarcan desde finales del siglo XVI, hasta mediados del XVIII, ofreciendo una buena muestra para vislumbrar cambios y permanencias de un mismo fenómeno presente en un régimen político, que se extendió por más de tres siglos.

Juan Camilo Rojas abre la Sección Especial con el análisis de un caso de finales del siglo XVI. Nos traslada a las recién conquistadas Islas Filipinas, entre 1575 y 1580, para evidenciar las quejas por los abusos en la gestión de gobierno de Francisco de Sande. Este oidor y presidente de varias latitudes de las Indias, se caracterizó por una continuidad de malas prácticas en el ejercicio como oidor, gobernador o presidente. Por lo cual Rojas propone tener en cuenta todo su cursus honorum con el fin de comprender mejor el comportamiento del llamado «Doctor Sangre». Aunque fue objeto de denuncias en los lugares donde desempeñó cargos, en Filipinas fue acusado de prácticamente todo posible mal uso de las potestades que tenía como gobernador, entrando en un serio conflicto con los oficiales de la real hacienda. Lo sorprendente es que Sande no dejó de ascender en el aparato de gobierno de la monarquía hasta llegar a ser presidente gobernador en el Nuevo Reino de Granada. El autor explica que esto se debió a que Sande detentó un «importante y cuantioso "capital relacional" que le permitió ascender en su carrera».

Del espacio insular filipino nos trasladamos a otras latitudes indianas con el trabajo de Juan Carlos De Orellana. El autor propone un recorrido por el siglo XVII en el que distintos cabildos de las Indias (Potosí, Loja, Puebla y en especial Lima) elevaron acusaciones por los excesos de los virreyes y sus criados. Los indianos tejieron una serie de argumentaciones alrededor de la corrupción marcadas por sus propios contextos, amparados en ser ellos, los naturales, quienes merecían caer bajo la gracia de la justicia distributiva de la concesión de cargos. Sus argumentos dan a entender que en los reinos de Las Indias se gestó un entendimiento particular de lo que debía ser el funcionamiento de un reino indiano y de propuestas para lograrlo. Con estos, no sólo enriquecieron la cultura política de la época, sino que el rey los avale mediante legislación que pretendió resguardar los derechos de los criollos. Así, concluye De Orellana, que aparte de la lucha de los naturales de las Indias por un lugar en la monarquía, «se teoriza y discuten problemas en la estructura política y social del reino, y se reflexiona acerca del rol de lo local-indiano en lo global-imperial». Además, el autor ofrece una reflexión sobre las posibilidades de redefinición sobre la terminología con que los historiadores analizamos la corrupción en aquella época.

Otro estudio de caso nos ofrece Diana Bonnett Vélez, esta vez de un tesorero de la Casa de Moneda de Santa Fe entre 1637 y 1683. A través del problema de la venalidad, la autora trata al fascinante personaje de Antonio de Vergara y Azcárate quien fue tesorero de la dicha casa por cerca de 50 años y la apropiación indebida de los derechos de quintos y señoreaje. Bonnett plantea que la corrupción de Vergara y Azcárate se posibilitó por una serie de factores concernientes a la organización institucional en las Indias y a la relación con el monarca y sus derechos. De tal forma, la permanencia en un cargo durante mucho tiempo, el grado de autonomía de las instituciones indianas, las redes de patronazgo y la distancia del monarca, crearon las condiciones de posibilidad de prácticas corruptas en la Casa de Moneda y de la nula severidad de la justicia. Al igual que Sande, Vergara y Azcárate fue acusado e investigado en reiteradas ocasiones y tampoco fue condenado gracias a los capitales sociales y económicos que poseyó.

Por su parte, Julian Andrei Velasco trata el problema del uso y abuso de la provisión de oficios en el Nuevo Reino en el ocaso del siglo XVII. Considerada una de las potestades más importantes de virreyes y presidentes gobernadores, la provisión de oficios se inscribía en una doble vertiente político-cultural y jurídica. Al mismo tiempo que se sustentaba en la justicia distributiva a los beneméritos y patrimoniales del reino y por ello considerada gracia dada por el rey, también fue una forma de responder al imperativo cultural de las relaciones de reciprocidad con los familiares, criados y allegados. Velasco formula que este fenómeno debe analizarse desde el conocimiento del engranaje institucional para poder ponderar hasta dónde llegaba el uso de la potestad y se trascendía hacia el abuso por el que fueron acusados los presidentes gobernadores. Su conclusión es que estos individuos intentaron equilibrar tanto su obligación con el rey y los beneméritos del reino, como las relaciones de reciprocidad con los miembros de su casa.

Nelson Fernando González estudia la acusación que, por fraude a la real hacienda, hizo el virrey de la Nueva España en 1697 a su Correo Mayor, empleado encargado de la gestión de la distribución de la documentación en el virreinato. El Conde de Moctezuma denunció a Pedro Ximénez de los Cobos por alterar las cuentas de los costos de operación de la gestión del correo.

La acusación fue de especial importancia (primero) porque nunca, desde más de un siglo atrás, se había denunciado una malversación por parte de los Correos Mayores; y (segundo), por la calidad de «escándalo» que tomó este incidente tanto en México como en Madrid. Dos cosas resultan interesantes de este texto. Por un lado, los resultados de la investigación: las pruebas no fueron suficientes para condenar al Correo Mayor, lo que produjo un efecto benéfico y de prestigio para el personaje y el cargo, lo cual fue una refrendación y respaldo al sistema de concesiones de Correos Mayores para América. Por otro lado, la acusación fue una de las caras de un conflicto entre «una élite criolla con proyectos y alianzas consolidadas y; por otro lado, una oficialidad española que no asimilaba de la mejor forma el poder que dichas élites tenían dentro de la ciudad».

Finalmente, la Sección se cierra con el texto de Johan Sebastián Torres sobre la corrupción en la renta de tabaco en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. En éste, el autor estudia el delito de la malversación y los alcances en las cuentas de la renta que llevaban los estanqueros. Los jueces subdelegados fueron los que pusieron en evidencia que los miembros de más bajo rango de la renta fueron quienes incurrieron en «excesos», «fraudes», «atropellamientos» y «malversación». La causa de esto fue la ausencia de una remuneración fija pues dependió de las ventas realizadas, abriendo un espacio a diversas acciones ilegales.

IV.

Dejando atrás los artículos de la Sección Especial, la Zona Libre de la revista está constituida por tres contribuciones. El primero de sus artículos, cuyo autor es David J. Domínguez, ofrece una revisión crítica del Cabinet des chartes, bajo el título de El ejercicio histórico como ejercicio del poder: el Cabinet des chartes y la sociogénesis de la archivística francesa. El Cabinet des chartes, desconocido por muchos de nuestros lectores, fue la última institución académica de la monarquía y tenía como objeto el ordenamiento de las cartas y la «investigación y recopilación de los monumentos de la historia y el derecho público»¹⁵. Este artículo se preocupa por mostrar la relación entre la política y la erudición histórica en esa institución del siglo XVIII, a partir del análisis de las líneas de investigación y las preocupaciones ideológicas del Cabinet. Al mismo tiempo se propone revisar sus efectos en la historiografía francesa de finales del siglo XIX, mediante la adopción de sus peculiares características clasificatorias de la documentación.

El segundo artículo, Resistencia política en la oficina salitrera de Chacabuco (1973 - 1975), región de Antofagasta, Chile, escrito por Paula Isabel Tesche Roa y Javier González es la reconstrucción histórica a partir, de un lado, de entrevistas como testimonios de sobrevivientes, y de otro, de fuentes secundarias y prensa de los llamados relatos «Chacabucanos». La oficina salitrera de Chacabuco en la actualidad es considerada, por su pasado, Monumento Histórico Nacional. El artículo aborda de manera interdisciplinaria la historia de «los campos de concentración» y la «resistencia política» durante la dictadura chilena cívico militar (1973 - 1990). Como proponen los autores, estos dos conceptos son complejos y motivo de debate atendiendo al «marco espacial en que se producen»; de la forma de entenderlos, afirman los autores del artículo, pueden percibirse importantes proyectos de transformación social.

Por último, el artículo Pasto en el contexto de la conformación de la República de la Gran Colombia (1821-1831) de Ingrid Viviana Chaves Martínez, se propone explorar, desde la Historia Social, las características socioeconómicas de la ciudad de Pasto durante la conformación de la República de la Gran Colombia, con el objetivo de mostrar los cambios políticos y administrativos en ese momento. En el artículo se estudia su composición social a partir de los criterios de origen étnico y de clase de la época, y sus características económicas, producto de la crisis de la guerra y la represión fiscal impuesta por el nuevo orden de gobierno.

En el área de reseñas y debates, el profesor Hermes Tovar Pinzón contribuye con un interesante debate en él que se propone mostrar las distintas caras del Archivo. Su reflexión se titula El archivo y las voces del silencio y en el examina el carácter sistémico que ofrece documentación de un archivo. Es una reflexión propuesta a las distintas personas, que desde disímiles orillas examinan los archivos: historiadores, antropólogos, políticos, arqueólogos y juristas. Para Tovar un archivo opera como un laboratorio en el que se pueden analizar las diversas facetas de los hombres, desde las formas más espirituales de contemplar su naturaleza, hasta elementos más cotidianos como el clima, el trabajo y los movimientos y migraciones de los hombres. El autor define el Archivo como «un espectro de signos y silencios», como «un centro de memoria y un receptor de testimonios» donde se entrecruzan «lo público y lo privado, lo sagrado y lo profano, lo leal y desleal, lo fatuo y lo sabio, el recuerdo y el trauma, la memoria y el olvido».

Por último, tres reseñas cierran la revista. Omir Ramírez analiza el libro de Alfonso Rubio y Juan David Murillo Sandoval, Historia de la edición en Colombia 1738-1851, en el que los autores estudian un fenómeno técnico e intelectual esencial en la difusión de ideas, conocimientos y experiencias, además de ser un factor de la sociabilidad. La segunda reseña, escrita por José Abelardo Díaz Jaramillo, examina La experiencia histórica del cogobierno en la Universidad Industrial de Santander. Concepciones y divergencias en disputa por la autonomía universitaria 1971 - 1976, de Álvaro Acevedo Tarazona. La experiencia del cogobierno de las universidades públicas en los años 70 se dio en un contexto de protestas estudiantiles por actos violentos del Estado, lo cual generó la demanda de una participación que derivó en el cogobierno. El autor analiza el caso de la UIS como escenario de disputa de múltiples intereses. Finalmente, Paula Zubillaga reseña el libro compilatorio de Gabriela Águeil Laura Luciani, Luciana Seminara y Cristina Viano: La historia reciente en Argentina. Balances de una historiografía pionera en América Latina. El libro es una muestra del variado y creciente campo de la historia reciente, y una revisión de las principales problemáticas desarrolladas en los estudios de este tipo, así como de las áreas por estudiar, de desafíos y potencialidades en la Argentina.