2. Indios y Hacendados: invasión y reclamo de tierras

Gran parte de los resguardos ubicados en el Altiplano Cundiboyacense fueron extintos y transformados en parroquias de vecinos libres¹³, mientras que los demás pueblos de indios continuaron entre los traslados, las agregaciones y los recortes de las tierras comunales. En la provincia de Tunja se encontraba el partido de Chivatá (véase mapa 1.) que se componía de pueblos como Chivatá siendo la cabeza del partido, Soracá, Siachoque, Viracachá, Pesca, Ramiriquí y Toca; ya para la segunda mitad del siglo XVIII y con la visita de Campuzano y Lanz, la configuración del territorio empezó a cambiar dado que se realizaron las agregaciones siguientes: al pueblo de Siachoque se agregaron los de Viracachá y Toca (1777). Al pueblo de Tibaná que correspondía al partido de Turmequé se le agregó el pueblo de Ramiriquí, quedando existente el de Pesca en parte del resguardo; mientras que Soracá y Chivatá se mantuvieron sin ninguna modificación hasta finales del siglo XVIII por el considerable número de indígenas (véase Tabla 1.), reconocido a su vez como un potencial de tributación.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Francisco Moreno y Escandón, Indios y Mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1985), 175-176. Ángel, Marta Herrera, Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales Neogranadinos (Colombia: ICANH, Academia Colombiana de Historia, 2002), 99.

Mapa 1 Plano Topográfico de la Población de Chivatá. 

Se ha dicho que fueron los vecinos, los hacendados y los pequeños poseedores de tierras aledañas a los resguardos, los interesados en ocupar estas tierras. No siempre ocurrió de esta manera, ya que hubo casos donde fueron los indios quienes invadieron las tierras contiguas, probablemente por la fertilidad de los terrenos, por necesidad de tierras para la comunidad o simplemente lo vieron como una manera de recuperar o reclamar los territorios que en algún momento estuvieron bajo su dominio. Esta invasión motivó el desarrollo de conflictos, especialmente con propietarios blancos, dueños de terrenos contiguos a las tierras de resguardo¹⁴. Si comparamos los conflictos por tierras entre indios y particulares en el virreinato de Nueva España, gran parte de estos se debieron al favorecimiento en la composición de terrenos otorgados a los colonos para la creación de estancias o haciendas, en cercanías a las tierras de los naturales, invadiéndolas en algunos casos o causando daños con el ganado en las sementeras de los indios¹⁵. Esta situación llevó al gobierno español a dar en concesión 600 varas de fundo legal a la comunidad indígena y así mismo documentos que probaran los derechos de posesión, perjudicando las propiedades de los lindantes¹⁶.

En el caso del conflicto por tierras en el resguardo de Chivatá, se destaca el referente a las inmediaciones de este con la Hacienda Toca; al respecto, los documentos no permiten establecer tamaño, ni actividades económicas de la misma; sin embargo, por ser una zona fría era probable que se cultivaran productos como: maíz, trigo y cebada, además de la crianza de bovinos y ovinos. Dicha hacienda, en 1738 se encontraba en manos de Don Nicolás de Caicedo y Avendaño, quien se declaró víctima de los indios de Chivatá, que le ocasionaron «los mayores ultrajes en su persona y familia, y quebrantos en los frutos»¹⁷, lo cual ocasionó que Salvador de Salazar, representante de Caicedo, alzara una queja en la Real Audiencia en contra de los indígenas, señalando también, que este tipo de vejámenes ya se habían presentado con anterioridad, por lo que existían autos pendientes en este tribunal judicial. La solicitud de Salazar era que se castigara a los indios por querer introducirse en las tierras de la hacienda y:

[...]se libre despacho de medidas cometido a la persona de mayor integridad, para que las ejecute teniendo presente el expresado señalamiento y los títulos de mi parte, y que hechas y amojonadas unas y otras se arreglen dichos indios a sus linderos, sin exceder en cosa alguna, y al dicho Maestro se le ampare en todo lo que le pertenece, imponiéndoles por cualquier exceso o atrevimiento que se experimente la mayor pena[...]¹⁸.

El documento no permite establecer qué sucedió después de la solicitud de Salazar; sin embargo, queda el precedente que en este caso aparentemente fueron los indios los interesados en querer ampliar sus tierras o por lo menos eso es lo que deja ver Caicedo con la supuesta actuación de los naturales. En ese mismo contexto, para el año 1755 durante la visita de Berdugo y Oquendo, Juan Antonio Merchán y demás hermanos reclamaban se les respetara la propiedad de las tierras denominadas Huerta y Pontezuelas, esto porque los indios «oicataes» y «chivataes» pretendían ocupar estas tierras sobrepasando los linderos de sus resguardos. Al final del documento y luego de describir tanto los linderos de dichas tierras como los linderos de los resguardos,

[...]se ampara al referido Juan Antonio Merchán y demás interesados en la posesión de la referida Huerta y pedazo de tierra en que actualmente está y se declara en vista de unos y otros instrumentos, tocarles y pertenecerles la propiedad de la referida tierra sin que por ninguno de los corregidores o justicias con ningún motivo ni pretexto puedan inquietarles ni perturbarlos en la referido Huerta y pedazo de tierra, con apercibimiento que cualesquiera Justicia que sobre ello los inquietare será responsable¹⁹.

Los indios no solamente buscaban invadir las tierras aledañas a sus resguardos, sino que permitían que sus ganados ocasionaran perjuicios en estas tierras, situación que generalmente era ocasionada por los ganados de los españoles. Tal es el caso de la hacienda Siatoca al oriente del resguardo, propiedad de Don Jacinto Flores, quien entregó poder, a su hermano Bartolomé Flores. Este se quejó en 1784 de los daños ocasionados por los ganados de los indios de Chivatá, esto según Flores a que «por esta parte se halla sin la correspondiente cerca experimentó algunos perjuicios con los ganados y bestias de dichos indios»²⁰, por lo que solicitó librar despacho al corregidor para poder cercar estas tierras sin ningún impedimento por parte de los naturales, y así lograr que tanto las tierras de los naturales como las tierras de la hacienda no se vieran perjudicadas por la invasión de animales. Esta solicitud fue escuchada y se ordenó informar a los indios, para evitar cualquier contratiempo. Era importante contar con el respaldo de las autoridades para mediar entre las partes, sobre todo cuando no se contaba con los linderos correspondientes y cada una de las partes procedía según sus propios intereses.

En 1788 Don Jacinto Flores nuevamente solicita la citación de los indios de Chivatá por invadir tierras de su propiedad, sobre el cauce del río Siachoque o Toca²¹. No se supo que pasó con esta situación, hasta 1798 cuando al expediente se le anexa el informe de las visitas de Egas de Guzmán en 1596 y Berdugo y Oquendo en 1755. La primera por solicitud del corregidor Don Josef Gregorio Márquez el 12 de diciembre de 1797,

[...] para evitar disensiones con algunos vecinos que se han introducido en los resguardos de aquellos indios se les libre a estos superior despacho de posesión conforme a los linderos señalados en la visita que practicó del referido pueblo el Señor Don Andrés Egas de Guzmán, que parece ser la última a lo que según expresa debe gobernar al presente²²;

y la segunda requerida por parte de los indios, la cual se anexó el 17 de julio de 1798.

En estos documentos se deja claridad de la adjudicación realizada por Egas de Guzmán a los indios de Chivatá, al darles posesión de las tierras cerca al curso del río Toca y que lindan «con la estancia de Siatoque, de Martín de Rojas, el dicho rio en medio[...]la cual los dichos indios tienen, e poseen por ser su comunidad de muchos años a esta parte, según que de razón en la cual dicha tierra de comunidad y en la alta están poseyendo, les amparaba, y amparo en la posesión de comunidad»²³, según Colmenares²⁴ estas tierra fueron codiciadas por Jerónimo de Rojas, quien sostenía haberlas recibido de la Real Audiencia.

Igualmente, con la visita de Berdugo y Oquendo los linderos señalados en la parte de la disputa, indican que el rio Siachoque y la quebrada Chinica, son los límites entre la hacienda y el resguardo, «hasta llegar al rio de Siachoque, y por todo el arriba hasta el sitio donde dentra en el la quebrada que dijeron llamarse Chinica»²⁵. Esto deja claridad, de la propiedad de dicha porción de las tierras del resguardo, desde el momento en que fueron adjudicadas al pueblo de Chivatá, siendo esta la única que tenía pastos y acceso al agua para el ganado. Además de los documentos de las visitas, se llama a testificar a algunos vecinos de la zona, donde reiteran que la tierra en disputa les pertenecía a los naturales, desde hacía mucho tiempo y que se encontraban dentro del resguardo²⁶.

En el mapa 2, se aprecia el pueblo y las tierras de resguardo de Chivatá, junto con la tierra en disputa señaladas con el número 7, allí se evidencia que este terreno se encuentra al margen occidental del río Toca, correspondiente al resguardo, lo cual valida los linderos registrados en las visitas de Egas de Guzmán y Berdugo y Oquendo. Pese a que los documentos y testimonios de los vecinos demuestran que estas tierras pertenecían al resguardo, años más tarde, fueron otorgadas a Bartolomé Flores. Los indios le propusieron a Flores venderlas, debido a la necesidad de tierras que tenían para albergar a toda la población indígena en un solo lugar. Éste estuvo dispuesto a negociarlas por un valor de 2000 pesos, pese a que otro comprador le ofreció 4000 pesos, argumentando esto como un acto caritativo hacia la comunidad indígena urgida de tierras²⁷. Esta situación permite constatar el poder ejercido por los hacendados, más que el derecho adquirido durante más de un siglo por los indios, adicional a la mezcla de vías de hecho junto con mecanismos legales como la compra-venta, los cuales dan cuenta del significado de la tierra para los indios.

Fuente: «Tierras del pueblo de Siatoca», Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia. Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca, SMP. 4. REF. 440-A.

Mapa 2 Plano Topográfico de la Población de Chivatá. 

Núm. 1 Pueblo de Chivatá

Núm. 2 Camino de Tunja a Siátoca

Núm. 3 Río de Quebradaseca

Núm. 4 Río de Toca

Núm. 5 Aposentos de Siátoca

Núm. 6 Quebrada de Dintoque

Núm. 7 Tierra de la disputa

Núm. 8, 9 y 10 Resguardos de los Indios

Otra característica en los litigios por tierras entre vecinos e indios y entre los indios de resguardos contiguos, fue la imprecisión e inestabilidad de los linderos determinados en las visitas. Tanto los naturales de Soracá como los de Chivatá constantemente se movilizaban por las tierras de ambos resguardos, debido a que la demarcación de los linderos se había fijado a partir de referentes biofísicos de manera general, como: «Desde su cumbre (del cerro de Ripaguatá) hacia lo llano bajo línea recta hasta el origen de la quebrada de Torca dejando entre dicha línea; y la hoyada de mano derecha una zona de tierras». De la misma manera sucedió con los linderos establecidos entre el resguardo y la propiedad de Don Miguel Umaña, quien alegaba que los nativos se habían posesionado en una parte de sus tierras, por la equivocada demarcación dada por el funcionario real, llevándolo a demostrar años más tarde el dominio sobre dicho territorio. Estos litigios evidencian que las partes implicadas en los pleitos eran movidos por intereses particulares. Los indios, por un lado, defendían la posesión de sus tierras, que habían sido adjudicadas desde un principio y por el otro, buscaban ampliar las fronteras para beneficiar a su comunidad que poco a poco se fue incrementando. Los vecinos querían ampliar su patrimonio para beneficio personal o simplemente defendían lo que les correspondía y no estaban dispuestos a perderlo. Igualmente, estos pleitos y especialmente los relacionados con los Merchán mencionado anteriormente, van a ser determinantes para segunda mitad del siglo XVIII, toda vez que estas tierras pasan a ser del Convento de San Agustín, situación que contribuyó a la complejización de los litigios aproximadamente veinte años más tarde.

3. Litigios con el Convento de San Agustín

La relación entre la iglesia y la Corona española, durante el llamado periodo colonial estuvo marcada por acuerdos o alianzas que permitieron beneficiarse mutuamente²⁸. La iglesia ejerció importante influencia en América sobre indios y españoles y así mismo adquirió un inmenso poder económico²⁹. El uso del poder espiritual con el propósito de salvar el alma de los fieles, hizo que esta institución obtuviera sustanciales propiedades a través de capellanías y cofradías³⁰. Las capellanías eran fundaciones piadosas que buscaban la salvación de almas mediante la donación de cierta cantidad de dinero o la entrega de bienes a un capellán para que se encargase de decir un cierto número de misas en memoria del donador o fundador³¹. Por su parte, las cofradías eran asociaciones bajo la protección de un santo patrono donde los cofrades hacían aportes obligatorios o voluntarios y recibían ciertos beneficios espirituales y materiales³², muchas de estas fueron integradas por indios³³, donde la comunidad entregaba el dinero de la venta de las materias primas que ellos mismos producían, al cura, al mayordomo y/o al cacique según la administración de la cofradía³⁴.

Tanto las capellanías como las cofradías fueron mecanismos religiosos que sirvieron como agentes comerciales en el manejo de negocios con tierras, pues su objeto de creación las dispuso a recibir bienes materiales, lo que favoreció económicamente a la iglesia. Además de estos mecanismos de enriquecimiento de las instituciones eclesiásticas, las dotes y los censos fueron otras formas de ampliar la riqueza. Las dotes, que consistían en la entrega de bienes o dinero a los conventos para el ingreso de las postulantes (novicias) y los censos, que fueron «una relación de índole económica en la cual uno de los contratantes 'cedía' al otro determinado bien, ordinariamente dinero, por el cual recibía un rédito»³⁵.

En la provincia de Tunja, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII, la competencia de las cofradías y las capellanías como mecanismos negociadores de tierra no es despreciable, aunque haya sido mayor el de las capellanías sobre las cofradías³⁶. Asimismo, los conventos manejaron importantes negocios de propiedades territoriales rurales que guardaron relación con las instituciones religiosas³⁷ anteriormente nombradas, pues en algunos casos fueron los monasterios los que manejaron este tipo de fuentes de ingreso. Estos claustros «acumularon riquezas gracias a la buena cantidad de legados de familiares de quienes abrazaban la vida religiosa, y a las fundaciones piadosas de muchos hombres adinerados en prevención de los sufrimientos del más allỳ⁸.

Otro de los modos de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de los monasterios y en específico de los frailes agustinos, fue el ocurrido en el sur de Guanajuato en el virreinato de Nueva España, cuando en 1550 una autoridad religiosa les adjudicó un gran terreno. En este contexto y al transcurrir del tiempo esta congregación fue ampliando y ocupando terrenos de los indios, pese a las solicitudes realizadas al gobierno por los naturales para recuperar las tierras ancestrales³⁹.

El convento de San Agustín en la Provincia de Tunja, aunque no realizó negocios de tierras tan significativos como los de Santa Clara, estuvo relacionado con conflictos generados por la cercanía con las tierras del resguardo de Chivatá, por haber recibido en capellanía una hacienda denominada Pontezuelas en las proximidades de dicho territorio. El 3 de junio de 1755 el testamento de Don Antonio Fernández Suescún registró la hacienda Pontezuelas, como un bien destinado a la fundación de una capellanía, capilla y hospicio a nombre del Prior de los Ermitaños de San Agustín, estableciendo que el inmueble pasara a dicho convento⁴⁰. En 1766, once años después Domingo Ortiz, procurador apoderado del convento, se vió en la tarea de interponer una queja por la invasión de las tierras de la hacienda por parte de los indios, no obstante en el despacho para la posesión de la hacienda se hace presente la certificación del corregidor del partido Antonio Navarro y la carta del cura doctrinero Andrés Nava de Beytia, quienes alegaron que fueron los Agustinos quienes se introdujeron en las tierras del resguardo, al poco tiempo de haber sido donada la hacienda. ¿Por qué desde ese mismo momento los indios no se quejaron por dicha invasión? o ¿fue once años después qué tomaron firme posesión los Agustinos y utilizaron su poder religioso para disponer según su parecer de las tierras del resguardo?

Al parecer y según el testimonio del cura doctrinero fue el juez quien utilizó a favor de los frailes la ley, tanto para la posesión de las tierras de la hacienda como para establecer un límite de tiempo en el que los indios hicieran el reclamo pertinente sobre sus tierras y en caso de no ser así, perderlas. De igual manera en el proceso, el cura doctrinero sostuvo que los linderos del resguardo estaban claros, tal y como los señaló el visitador Berdugo y Oquendo en noviembre de 1755, para lo cual pidió amparo y protección de las tierras de los nativos,

[...]porque señor donde tienen estos miserables indios dinero para tanto costo, que ocasiona estas inquietudes. Dónde paciencia para caminar todo el año en distintos viajes a Santafé buscando despacho en defensa de sus tierras. Donde tolerancia para sufrir tantas incomodidades, que se les sigue en la necesaria ausencia, dejando sus mujeres, sus hijos, sus labranzas: perdiendo el tiempo que no lograr lo que antes han trabajado. Ya todo esto: han de satisfacer los tributos: han de contribuir las pensiones a su pueblo, e Iglesia; y han de vestir, y alimentar a sus mujeres e hijos y así mismos⁴¹.

La inquietud del cura Nava de Beytia por los naturales quedó claro, pero más aún la preocupación por los intereses económicos, que refiere que los indios siguieran conservando sus tierras, es decir la satisfacción de los tributos al Real Erario, además del mantenimiento de la iglesia y del mismo sacerdote, aun cuando solo hacía una pequeña alusión de este beneficio. El doctrinero Nava continuó informando que luego de la muerte de Suescún, los agustinos para llamar la atención de los indios construyeron chozas para la fábrica y venta de bebidas alcohólicas, incitando a los indios al vicio, para que estos no pudieran cumplir con sus deberes a la real hacienda, pues esto conllevaba a que no cultiven la tierra y «desenfrenadamente se entregan al apetito sensual, cometen innumerables delitos, e incestos. Viven más: hacen algunos hurtos para satisfacer lo que gastasen; y aprehenden las malas costumbres de aquellos mestizos de las bodegas»⁴². Cierta o no esta situación, Nava deja evidencia del daño espiritual que están ocasionando estas prácticas de los agustinos en este territorio al fiscal Don Francisco Moreno y Escandón.

Otro testigo de las circunstancias en que se encontraban los naturales de Chivatá y los Agustinos, fue el corregidor y juez ordinario del Partido de Chivatá, Don Antonio Navarro quien aludió que los frailes tomaron posesión en parte del resguardo de estos indios. Esta declaración la sustenta con los linderos que se establecieron en la vista anterior a la de Berdugo y Oquendo; no obstante, el juez del caso rechazó esta afirmación aduciendo que la única documentación válida es la de Berdugo y Oquendo por ser la última visita realizada, reconociendo que los nativos no poseían dichos títulos, ya que el visitador no los dejó. En esta declaración se reitera la alianza entre el juez del caso y el monasterio, para acceder a terrenos que no eran de su propiedad.

Finalmente, el Fiscal Protector general de Naturales Moreno y Escandón, con las certificaciones del cura doctrinero y del corregidor determinó que los indios mantuvieran la posesión de las tierras que desde hacía tiempo habían adquirido, dejando ver que, pese a las irregularidades y complicidad entre la autoridad judicial y los religiosos, se garantizaron los derechos de posesión de los indios sobre las tierras de resguardo. Además de los conflictos con los indios, el convento durante esta posesión tuvo inconvenientes con Joseph de Baños, vecino de la ciudad de Tunja y colindante de la hacienda, al ocupar tierras de su propiedad, por lo que Baños se vio en la necesidad de solicitar que se respetaran los linderos establecidos en los títulos que poseía. En este caso, las irregularidades en la posesión a favor de los agustinos también fueron visibles, pues al parecer el encargado de fijar los linderos de la hacienda lo hizo bajo los intereses del convento; sin embargo, posteriormente se determina que Baños mantenía el dominio de sus tierras según los documentos que conservaba.

Lo hasta ahora planteado ratifica el rol determinante de la tierra como objeto de conflicto involucrando diferentes actores sociales, de un lado, los indios y los vecinos quienes no estuvieron dispuestos a perder parte de sus tierras; y de otro, una comunidad religiosa dispuesta a aumentar los dominios adquiridos por donación. No obstante, el terreno obtenido por el monasterio en la zona aledaña al resguardo de Chivatá se vio afectada por la ocupación de los mismos indios, al ser despojado el convento de esta propiedad y adjudicada al resguardo, y no propiamente por la ambición de los indios sino por las circunstancias en las que se encontraba la comunidad indígena y por la misma necesidad de las autoridades de garantizar la tributación⁴³.

4. Ampliando fronteras: tierras de comunidad, Chivatá

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el resguardo de Chivatá fue uno de los pocos casos en la Provincia de Tunja donde las políticas reformistas del fiscal de la Real Audiencia de Santafé, Moreno y Escandón, de hacer desaparecer las tierras comunales⁴⁴ no alcanzaron hacer efecto. Esto se explica en gran parte porque, el pueblo contaba con un importante número de pobladores⁴⁵, siendo uno de los más grandes que integraban el corregimiento e incluso uno de los más «arreglados en su exactitud en la paga de tributo»⁴⁶. Este resguardo no tuvo modificación alguna, es decir, no fue objeto de traslación, recorte o lugar de recepción de otros pueblos de indios, condición que le permitió la conservación de sus tierras desde 1596, y posteriormente la ampliación de los límites establecidos por el fiscal debido a la escasez y las condiciones del suelo que poseía este pueblo de indios. Lo anterior se soporta en lo establecido por Bonnett, «si en alguna oportunidad la tierra asignada a una comunidad era insuficiente en relación con la proporción de sus miembros, estaba permitida la expropiación de los terrenos aledaños, indemnizando a sus posibles dueños»⁴⁷.

Una de las condiciones para adjudicarles más tierras a la comunidad indígena era encontrar tierras realengas contiguas; sin embargo, en este caso tal alternativa no fue posible, pues los terrenos aledaños estaban ocupados. Al norte se encontraba el resguardo de Oicatá, al sur el resguardo de Soracá, al oriente y occidente tierras de propiedad de particulares. Esto llevó a las autoridades a proponer la expropiación de estas últimas, sobre todo aquellas en las que se causara el menor perjuicio posible. Entre las tierras expropiadas, estaban las pertenecientes al convento de San Agustín de Tunja: las estancias de Huertas y Pontezuelas, ubicadas al nororiente del pueblo de indios de Chivatá, que por estar inmediatas al resguardo y por su calidad fueron las seleccionadas para cumplir con tal fin, según las autoridades reales, más aún cuando el «tema de la amortización de la tierra y la acumulación de propiedades en manos eclesiásticas fue una de las grandes preocupaciones de los gobiernos ilustrados, así como por el evidente daño que la exención de tributos de estas haciendas suponía tanto para el Estado como para el resto de la población contribuyente»⁴⁸, razón que probablemente llevó a los funcionarios reales a despojar de estas tierras a los frailes, para incrementar los recursos económicos de la Corona. Así, los indios contarían con tierras productivas para hacer efectivo el pago de los tributos y al mismo tiempo disminuir el poder económico de las órdenes religiosas, tal como se estableció en la política reformista de Carlos III⁴⁹.

En el mes de mayo de 1783 en el informe de la visita que realizó José María Campuzano y Lanz, en 1777 al pueblo de Chivatá, donde el funcionario real reconoce la

[...]escasez de tierras que padecen aquellos infelices indios de tal modo que no tienen potrero alguno donde mantener sus ganados ni encontré la tierra desocupada para establecer la labranza de comunidad; y siendo estos naturales los más arreglados de toda la provincia, y los únicos que enteramente satisfacen sus tributos me ha parecido conveniente informarlo a Vuestra Excelencia a fin de que se digne concederles alguna más extensión a su resguardo en las tierras de los vecinos lindantes, lo que con su superior permiso pasare a poner en ejecución[...]⁵⁰.

Al mismo tiempo, el visitador comunicó que la escasez de agua, leñas, pajas y pastos para los ganados había llevado a los naturales a buscar terrenos fuera de sus resguardos y arrendarlos, situación que perjudicaba el pago oportuno y total de los tributos, pues era una inversión que debían hacer los indios para su supervivencia, pero que perjudicaba los fondos de la Real Hacienda. Durante el siglo XVIII fue común que gran parte de los pueblos de indios, en las Provincias de Santafé y Tunja, arrendaran parte de las tierras de comunidad a los vecinos⁵¹, pese a la ilegalidad de la práctica; pues las tierras otorgadas mantenían un estatus especial que no les permitía ser objeto de ninguna transacción económica, siendo garantes de la pervivencia del resguardo y su población⁵², según las disposiciones establecidas por la Corona a finales del siglo XVI. No obstante, en el siglo XVIII esta práctica en parte fue avalada por los corregidores y sacerdotes, para su propio beneficio; sirvió para contribuir con el pago de los tributos sobre todo cuando se debía responder por los indios ausentes o forajidos⁵³; para que los vecinos asumieran responsabilidades frente a las diferentes actividades comunales⁵⁴.

En el caso del pueblo de Chivatá, como se mencionó anteriormente, los indios no arrendaron las tierras del resguardo, sino que buscaron otras para arrendar, con agua y pastos para ponerlas a producir, lo que llevó a las autoridades reales a buscar alternativas para la ampliación de las tierras del resguardo. Para llevar a cabo esta ampliación, por orden del fiscal Moreno y Escandón fue necesario realizar las averiguaciones sobre la situación en la que se encontraban los indios y los posibles terrenos aptos para la respectiva adjudicación con testigos de la zona. Estos personajes confirmaron la escasez de agua, leña, paja y tierras por parte de los indios, así como la esterilidad de sus suelos⁵⁵. Al no haber tierras realengas, las más aptas para este propósito fueron las estancias de Huertas y Pontezuelas (ver mapa 3), pertenecientes al Convento de San Agustín, que contaban con la fertilidad tanto para realizar las labranzas como para pastorear los ganados, además de la inmediatez al resguardo. De esta manera se ordenó realizar el avalúo de las estancias el 22 de enero de 1778. Una vez hecho el dicho avalúo se ordenó la adjudicación de las tierras al pueblo de indios.

Fuente: «Pueblos de Siatoca y Chivatá», Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia. Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca, SMP. 4. REF. 441-A⁵⁶

Mapa 3 Litigios del Resguardo de Chivatá 

Sin embargo, las tierras no fueron entregadas inmediatamente, lo que llevó a un segundo despacho emitido por el corregidor de Tunja el 19 de octubre de 1782, para hacer cumplir la orden de Moreno y Escandón. Solo hasta el 5 agosto de 1783 se nombraron los avaluadores de las estancias y se hizo la citación a los indios de Oicatá, como colindantes de dichas tierras y arrendatarios de la estancia de la Huerta. Los indios notificaron verse perjudicados por la entrega de esta estancia al pueblo de Chivatá. De igual manera los frailes Agustinos manifestaron no estar de acuerdo con la enajenación de sus tierras al considerarla un ultraje con el propósito de que fueran asignadas, no obstante, se resignaron a cumplir con lo mandado por el superior gobierno. El 6 de agosto, día en que se realizó el reconocimiento y avalúo de las estancias, los funcionarios reales procedieron a practicar la adjudicación de las tierras al resguardo de Chivatá. Las diligencias de posesión iban precedidas por una serie de actos simbólicos, que empezaron con la toma de mano del teniente del pueblo de indios Don Agustín Baptista y el gobernador Don Carlos Chontal en nombre de los alcaldes, capitanes y demás indios del pueblo, para dar el respectivo dominio de las tierras en nombre del Rey e igualmente se pronunciaron los respectivos linderos.

Luego, tanto el teniente como el gobernador «en su señal se revocaron, arrancaron yerbas, y tiraron piedras en el primer acto de posesión que fue en las tierras de la hacienda y no lo pudieron verificar en las Huertas por habérselo impedido los indios de Oicatá»⁵⁷, pese a esta oposición se les dejó claro la no interferencia de la toma de dominio por parte de los naturales de Chivatá; asimismo se les mandó a los nativos de Chivatá permitir a los dueños anteriores gozar de los cultivos que habían sembrado. Este tipo de prácticas resalta el valor de la tierra como bien, tanto para el indio que era la base de su existencia⁵⁸, como para el español que buscaba la mayor rentabilidad y más aún en la segunda mitad del siglo XVIII cuando el auge de las ideas fisiócratas se difundieron al Estado español⁵⁹, y por lo tanto influyeron en las «reformas borbónicas que esperaban una mejora en la agricultura y fijaban la vista sobre los resguardos. Así, se espera que la tierra que está ociosa o poco productiva caiga en mejores manos»⁶⁰. Esto se evidencia en el caso de Chivatá, donde los indios resultaron ser acreedores de más tierra, por su capacidad productiva. «Berdugo y Oquendo señaló que la agricultura era el ejercicio más útil de la república»⁶¹, lo cual fue entendido por los indios del pueblo de Chivatá al darle el uso eficiente a las tierras del resguardo, ya que sirvió para ofrecer bienestar a los indios y dar garantía de tributación a los españoles.