2. Algunas particularidades de la provincia de Málaga en la posguerra

Una disposición emitida el 4 de octubre de 1946 del Gobierno Civil de Málaga ordenaba a los ayuntamientos enviar respuestas quincenales, que en algunos casos fueron mensuales, dando cuenta de la situación de cada pueblo, de las necesidades más urgentes y del abastecimiento de productos con sus cantidades y sus precios. Por cuestiones metodológicas se eligieron: Antequera, Fuente Piedra, Vélez-Málaga, Alcaucín, Álora, Pizarra Carratraca, Archidona, Villanueva de Tapia, Marbella, Mijas, Ronda, Benalauría, Alozaina y Yunquera⁸. Esta elección ofrece datos distorsionados, ya que la mitad del conjunto son pueblos grandes, que son cabecera de comarca y contaban con más servicios, mientras que la otra mitad es la más representativa de la mayoría de los pueblos de la provincia, que retrata todos los rincones geográficos de la misma.

Cuando los pueblos de Málaga fueron ocupados por las tropas franquistas, las gestoras o gobiernos locales fueron puestos por las autoridades militares y renovadas con cierta frecuencia, pues no resistían ni la falta de dinero para una gestión básica ni los frecuentes casos de corrupción, como se observa en todos y cada uno de los pueblos.

En algunos, los alcaldes tuvieron que ser los portavoces de las necesidades de los pueblos de cara al gobernador, en otros, ellos mismos formaron parte de redes de corrupción más o menos importantes relacionadas con el abastecimiento. Para empezar, los fondos del organismo llamado «Auxilio a Poblaciones Liberadas» fueron destinados a usos que poco o nada tenían que ver con la asistencia a la población. Por ejemplo, a Riogordo llegaron poco más de 2.000 pesetas, 271 litros de aceite y 133 kilos de garbanzos. Los alimentos se destinaron a la institución asistencial «Auxilio Social» para alimentar, durante unos días a las familias que regresaron tras su intento de huida y los familiares de los detenidos en el arresto del pueblo, pero el dinero se destinó a acabar las obras del cuartel de la Guardia Civil⁹. En otros pueblos ocurrió igual.

Cuando llegó el donativo de leche y harina de la Cruz Roja Norteamericana, en 1940, el gobernador civil Emilio Lamo de Espinosa publicó una disposición a fin de ordenar el reparto de dicha ayuda. Resulta interesante cómo lo organizaron algunos alcaldes y cómo hubo algunas denuncias relativas a esa ayuda. Muchos alcaldes se presentaron en el consulado de EEUU en Málaga para asegurarse de que sus pueblos no quedaran al margen. Constituyeron juntas benéficas, retiraron los productos. En Tolox llevaban doce días sin pan cuando llegó la harina y se hicieron raciones de pan de cien gramos, por las que se cobraron algunos céntimos por concepto de gastos de elaboración y transporte. También se cobraron los envases a gente tan necesitada y con el dinero, en la plaza de los Mártires de Falange, la cruz de madera se sustituyó por una de piedra, siempre con el permiso del gobernador¹⁰.

En Istán se elaboraron raciones de 250 gramos de pan por persona, que se vendieron a cuarenta céntimos, la subida se justificó por concepto de gastos de transporte. Con la tela de saco se hizo ropa para las camas de los soldados y, con los restos, se confeccionaron ropas para los más pobres. En los pueblos donde el reparto fue más eficiente hubo dos kilos de harina y uno o dos botes de leche para enfermos y niños, dados una sola vez. En cada pueblo fue diferente pues en unos se repartió como sugirió el cura y en otros, como dijo el médico; pero las denuncias al gobernador civil demuestran que se perdió la leche condensada en unos casos, se vendió la harina a bajo precio a personas pudientes, mientras los más pobres no pudieron conseguir nada¹¹, porque lo que era en principio una ayuda se trató de rentabilizar, incluso por la Junta Sindical de las Hermandades de Labradores, que intentaron vender los productos en pequeñas cantidades¹². Casi todos los alcaldes hicieron coincidir la fecha del reparto con el 18 de julio, la fecha del golpe de Estado contra la República y el comienzo de la Guerra Civil.

Después del episodio del donativo, las denuncias por la cantidad y calidad de las raciones aumentaron, figuran algunas muy curiosas como la de Fernando Pérez Pizarro, que llevó el bollo de pan al cuartel de la Guardia Civil, que hizo su atestado: «...Un bollo de pan, de los de veinte céntimos que adquirió en la panadería de Francisco Navas Marín, cuyo bollo, al parecer, dado su aspecto y consistencia es completamente incomestible y probablemente nocivo para la salud»¹³. Avelino Cuesta Montero, un hombre que vivía en Las Mellizas (Álora) tuvo el valor de aguantar sin comer los dos días, por el racionamiento que hubo en su barriada y el día que llegó el pan al fin envió al gobernador civil un bollo en un sobre con la denuncia: «verá cómo no tiene el 50 por 100 de harina como está mandado». Hoy se conservan las marcas del pan en el documento¹⁴.

Otro aspecto fue el sorprendente consumo de delfín, que alimentó el anecdotario de posguerra y ha inspirado novelas. El origen estuvo en Málaga, donde Antonio Pons y Ramírez de Vergel y José Luis Estrada Segalerva, de destacadas familias, fueron designados concesionarios exclusivos del procesamiento de delfines, concedido por orden del 4 de febrero de 1941. Se dio un plazo de tres meses para poner en marcha una explotación con todo lo que conllevaba de montaje de almacenes, fábricas, maquinaria y lo necesario para una explotación a gran escala. Ingresaron el 2 de abril en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda de Málaga 10.000 pesetas, como fianza para la puesta en marcha de la exclusiva¹⁵. Los dos emprendedores comunicaban al ministro de Industria y Comercio que marchaba bien eso que llamaron «nuestro invento» y que pretendían elaborar una serie de productos que incluían conservas de delfín, aceite comestible, aceite de uso medicinal (aceite de hígado de delfín a semejanza del elaborado con hígado de bacalao) e industrial, salazones, así como jabones y pegamentos. Se atreverían a hacer embutidos, calzados y correajes con las pieles y, con los desechos, piensos para las gallinas.

Pronto habrían de acudir al gobernador José Luis Arrese para solicitar materiales como hoja de lata para los envases y glicerina, porque eran productos que no se podían comprar libremente. La insólita propuesta se ha contextualizado dentro de los ofrecimientos del gobernador civil, condenado por «hedillista» y rehabilitado por Serrano Súñer, a Franco con un proyecto de viviendas baratas y la explotación del delfín. De hecho, a la convocatoria que le hizo Franco se le ha llamado «la entrevista de los bocadillos de delfín», de la que salió como Ministro Secretario del Movimiento¹⁶.

3. Situación de los pueblos en los años cuarenta. Un retrato de la posguerra

Las extensiones de los municipios variaban mucho, desde Antequera, el más extenso con 81.039 hectáreas, a las 1605 de Cuevas del Becerro. Entre las 1.800 de Villanueva de Tapia y las 47.115 hectáreas de Ronda. Por el número de habitantes también se ven los desequilibrios observados en la extensión de los términos. Antequera tenía 39.992 habitantes, seguida de Vélez con 30.017 o Ronda con 27.391 y entre los menos poblados están Carratraca con 1.618 o Villanueva de Tapia con 1.714 habitantes, esto es, pueblos con pocos vecinos.

En general, todos pueblos presentaban graves deficiencias en sus servicios y reivindicaban mejoras al gobernador, ya que carecían de medios para llevar a cabo las reformas. Por lo menos hasta los primeros años cincuenta, los pueblos se parecen más a los de siglos pasados que a los de la época desarrollista que vendría unos años después. El 75 por 100 de estos no tenía teléfono, telégrafo ni más comunicación que caminos de herradura.

En cuanto al agua, en la mayoría de los municipios había muchos problemas con el abastecimiento. En algunos partidos o barriadas no había ni agua potable, como en Serrato (Ronda) o en Caleta de Vélez, donde se consumía agua de los pozos con filtraciones de agua del mar. En todos los demás pueblos el agua llegaba a las fuentes, pero no a las viviendas. En algunos pueblos había varias fuentes y en todos eran necesarias algunas más. En Cuevas del Becerro los caños estaban incluso fuera del pueblo y en Alcaucín la fuente estaba en una propiedad privada por la que el dueño no permitía pasar a los vecinos, en cuyo caso tenían que rodear un camino bajando por un barranco lleno de agua y barro en invierno. Solamente en los pueblos más grandes como Antequera, Marbella o Vélez, llegaba el agua a algunas casas, casi siempre de la calle principal.

Las conducciones eran casi siempre de barro y tierra, en la mitad de los casos no estaban cubiertas y necesitaban arreglos inmediatos. Los sistemas de riego, mediante acequias se hacían por inundación y, con bastante frecuencia eran motivo de disputas. Ni las comunidades de regantes, que eran muy escasas, ni las Hermandades de Labradores eran capaces de evitar conflictos como el que enfrentó a los vecinos de Alcaucín y Viñuela por las aguas del rio Salía, que originó un motín en el que participaron casi todos los vecinos y vecinas del pueblo. Otras veces las fuentes funcionaban durante determinadas horas pues el consumo de agua podía depender, como en el caso de Marbella, de la estación, siendo muy restringido el consumo de agua en verano.

La electricidad llegaba a todos los pueblos, pero a pocas casas. Había un «alumbrado central», que empresas como Taillefer, Las Mellizas, El Chorro o Vélez no podían garantizar la electricidad si carecían de carbón, que era la situación más frecuente en la posguerra. El alumbrado público estaba en algunas calles o plaza principal, los vecinos fueron pagando la acometida de la luz a partir de finales de los años cuarenta y cincuenta, según su poder adquisitivo. Todos los pueblos consideraban que las instalaciones eran deficientes y las arcas municipales no podían liquidar los recibos de la luz, de tal forma que algunas compañías amenazaban con cortar el suministro, como en Álora, Mijas, Villanueva de Tapia o Cuevas del Becerro. En algunos casos no se pudieron celebrar ni las fiestas de los pueblos porque debían facturas de más de 30.000 pesetas. Las casas de los pueblos pequeños o dispersas tuvieron que esperar aún a la década de los sesenta para tener luz eléctrica.

Aproximadamente el 70% de las localidades carecían de alcantarillado: Carratraca, Cuevas del Becerro, Mijas, Benalauría, Alcaucín o Yunquera, así como Caleta de Vélez y partidos de otros pueblos. El resto, solo en parte, como Fuente Piedra y Pizarra que lo tenía en un tercio de las casas. En otros, como Alozaina solo en una calle. Todos comunicaban tener pésimas instalaciones o, como en Villanueva de Tapia, donde no había agua corriente para cumplir su función. En el caso de Marbella, el alcantarillado se acometió con el dinero conseguido con la venta de Nagüeles y otros importantes terrenos del Ayuntamiento¹⁷.

En todos los pueblos la necesidad de viviendas era incuestionable. Hasta en los más recónditos se apuntaba que la construcción de viviendas de renta baja era urgentísima. Los más pobres se quejaban de que las rentas mensuales no debían pasar de las veinticinco pesetas mensuales. En Fuente Piedra se había construido un grupo de dieciocho viviendas sociales, que nadie había solicitado porque no podían pagar la renta de treinta pesetas mensuales que costaban. La administración de Cuevas del Becerro, un pueblo que no llegaba ni a los 3.000 habitantes, aseguraba necesitar, al menos, doscientas viviendas; en Marbella, doscientas cincuenta; en Mijas, cien y en Vélez unas cuatrocientas. En más de la mitad de los pueblos no había viviendas para los maestros, como estipulaba la ley y la Guardia Civil, a falta de cuartel, ocupaba varias casas. Si pasaban destacamentos militares por una localidad se alojaban en las escuelas y casas particulares, las familias debían darles comida, dormida y ebida a lo que se negaron con cierta frecuencia. Por su parte, los cortijos no tenían, excepto dos fincas, alojamiento para los trabajadores, que debían volver a sus casas, aunque estuvieran muy alejadas, o dormir en los huertos. Las casas de los huidos y de los fusilados fueron alquiladas, como ocurrió en Villanueva de Tapia, mientras los familiares se veían en la calle por el método de la incautación.

La escolarización era una de las manifestaciones probatorias del atraso de aquellos años. Todos los pueblos describían, como en el caso de Vélez-Málaga un «estado sanitario y pedagógico pésimo». En todos hacían falta más escuelas y en los partidos rurales sencillamente no existían. El mobiliario estaba en muy mal estado y el material pedagógico era inexistente. En Marbella, por ejemplo, se necesitaban diez grupos escolares, seis en Pizarra, cuatro en Yunquera y en mayor o menor cantidad, en todos los pueblos había niños y niñas sin escolarizar por falta de maestros y también por falta de ropa y calzado. En Alcaucín se había clausurado la escuela por no haber vivienda para el maestro ni forma de pagársela. En más de la mitad tampoco había y se pagaba a los maestros unas 500 pesetas anuales para sufragar los alquileres. Donde había viviendas de maestros, casi siempre se situaban en las mismas escuelas. La mitad de los pueblos describen colegios sin agua ni retretes y en lugares como Bobadilla (Antequera) las escuelas eran los lugares donde se alojaban tropas concentradas, de forma que la enseñanza se convertía en una tarea secundaria.

En la comarca de Antequera había fincas extensas. Las había de más de cien hectáreas de secano o con más de veinticinco de regadío, y consideraban las autoridades que la parcelación era necesaria, así como en otros tres pueblos de la provincia: Cuevas del Becerro, Álora o Ronda, pero en el resto predominaba el minifundio; sin embargo, no había voluntad de concentrar las cosechas; de hecho, los pequeños propietarios preferían su huerto familiar a cualquier otra opción. Cuando necesitaban dinero prestado, los campesinos -aproximadamente un 10% recurría a los pósitos de los ayuntamientos, la mitad de los cuales aún existían. Otros recursos eran los Montes de Piedad de Ronda que darían lugar a las Cajas de Ahorros de Ronda y Antequera, que entonces prestaban al 6% de interés.

La situación sanitaria e higiénica también debe tenerse en cuenta. Del conjunto de los pueblos solo las cabeceras de comarca tenían un dispensario o pequeño hospital, los demás tenían un médico, con frecuencia compartido entre varios pueblos, a menudo muy mal comunicados. No es extraño que, como en Pizarra, a la altura de 1946 hubiera aun brotes de fiebres tifoideas. Así ocurría también con los veterinarios, generalmente compartidos entre tres o cuatro pueblos. Entre las necesidades principales de las localidades más pequeñas figuraba tener permanentemente un médico. La mitad de los municipios no tenían matadero y en otros tres el Estado era tan deficiente que carecían de agua y frigoríficos. Tres localidades tenían mercado, en las demás localidades se estaba construyendo o eran un conjunto de puestos en la plaza o la calle principal del pueblo. El 70% de los pueblos no tenían lavadero público y en los restantes eran unos pilares con un canal, estaban al descubierto. Las mujeres lavaban en los ríos o en los nacimientos de agua. Por otra parte, los cementerios necesitaban reformas y se habían quedado muy pequeños. En Mijas o Alora estaban en el centro de los pueblos, contraviniendo la legislación y así siguieron durante muchos años.

En la mitad de los pueblos no se sabía qué porcentaje de las cosechas estaban aseguradas porque no se planteaban estas gestiones. Se aseguraban más y, casi en su totalidad contra incendios, en Antequera, Fuente Piedra o Marbella. En los demás, los porcentajes eran inferiores al 40%. En un municipio de cierta importancia como Vélez solamente se aseguraba un 5% de las cosechas. Parece clara la relación entre la tendencia a asegurar y las fincas más extensas, que eran las más ricas. Sobre este paisaje de atraso hay que situar el impacto de la hambruna de posguerra.

En las encuestas que iban a servir al Consejo Provincial de Ordenación Económica se exponía un resumen del censo agrícola de cada localidad. Importa el peso de la población jornalera, porque era la que vivía una situación económica más degradada e inestable. En cifras absolutas era Antequera donde mayor número de eventuales había: 7.500 personas, incluidas mujeres y niños, seguida de Vélez con 3.349 o Alora con 1.454, pero más interesante resulta la relación con el número de patronos o con la totalidad del censo agrícola. Había municipios con más población jornalera que propietaria, como en Antequera (7500 eventuales frente a 1800 patronos); Carratraca (370 jornaleros frente a 300 patronos); Cuevas del Becerro (278 contra 27); Álora (1454 frente a 400); Pizarra (241 eventuales frente a 171 patronos); Villanueva de Tapia (390 frente a 48) o Yunquera (565 contra 30)¹⁸. El porcentaje de jornaleros en la totalidad del censo variaba igualmente: en Ronda o Antequera suponía un 27 %; en Álora o Yunquera 67%, en Alcaucín 56%.

Tabla 1 Relación entre el número de jornaleros y de patronos. 

Fuente: elaboración propia.

El paro tenía poca incidencia en el sector de la construcción en los pueblos más grandes, así como en el procesamiento de alimentos o la hostelería, mientras que se concentraba en las actividades agrícolas. El número de días de paro al año era relativamente bajo en las comarcas de Antequera y el Guadalhorce. Mientras que sobrepasaba los 100 días en los demás pueblos. Por ejemplo, Cuevas del Becerro registraba el mayor número de días de paro al año (135), siendo en los demás, bastante alto: Alcaucín (127), Benalauría (120) o en Yunquera (100). La dependencia de la climatología y del tipo de cultivos era total. Los municipios más altos, y con menos regadíos registraban más personas paradas. Los partes de la policía siempre relacionaban, razonablemente, la situación de las cosechas con el paro y el orden público.

Todavía en los años de posguerra estaba vigente la ancestral costumbre de repartir los trabajadores a cambio de comida o de un pago simbólico entre los patronos, principalmente en momentos críticos por la persistencia de lluvias o sequía, en definitiva, de hambre. Aunque encontramos momentos de resistencia patronal -en el caso de Ronda-, este reparto se consideró por las autoridades un «acto patriótico». Los repartos se hacían a cambio de salarios muy bajos -en 1946 se sugería una retribución de doce pesetas por jornal-, que muchos patronos en ocasiones no pagaron de tal forma que vemos las reclamaciones por el no pago en algunos pueblos, mientras que en otros respondieron los Ayuntamientos mismos para mayor beneficio de los patronos. En Pizarra encontramos esta práctica hacia 1950 y quizá sobrevivió hasta que la emigración difuminó los momentos extremos de hambre. Cuando el reparto de trabajadores tampoco solventaba el problema se organizaron comedores como en Alora a base de donativos de los vecinos y de gravámenes en algunas localidades. El alcalde del citado pueblo, en febrero de 1949 pidió permiso al gobernador civil para reservar cinco céntimos de las ventas del racionamiento; en Cuevas del Becerro se gravó la venta de aceite o los puestos de la calle. En Carratraca eran comisiones de obreros las que se presentaban ante el alcalde pidiendo amparo cuando ellos y sus familias ya llevaban días sin comer, y en Antequera se registraban numerosos robos de alimentos que grupos de niños llevaban a cabo, a pesar de la contundencia de los guardias civiles.

4. La distribución de los abastecimientos

La documentación que enviaban los ayuntamientos al gobernador civil eran de dos tipos: partes quincenales que, algunos ayuntamientos mandaban mensualmente donde se registraban el número de raciones por categoría. Las cantidades consumidas y los precios de los productos racionados, el consumo y precios de verduras, frutas, pescados y carnes. Por otra parte, se enviaban hojas en las que se registraba la retirada de productos de los almacenes para distribuir por las tiendas, que detallan cantidades de cada producto, la fecha y modo de transporte a los pueblos. En localidades más bien pequeñas como Carratraca había seis tiendas, generalmente portales de las propias casas.

Del análisis de esta documentación -son fuentes de las autoridades franquistas- y de las cartas de vecinos denunciantes se pueden apreciar las cantidades retiradas de los almacenes como cupos de racionamiento y los productos consumidos periódicamente que ponen los partes, las que no coinciden en absoluto pues son muchos más y más variados los productos llevados a los pueblos que los consumidos, lo cual sugiere que la corrupción estuvo presente esos años, teniendo como centro la alimentación de la población, desviada al «mercado negro» que multiplicaba el precio de los productos respecto a su tasa legal. Por otra parte, el registro del consumo muestra que la alimentación era muy poco variada y muy restringida y que buena parte de la población no podía acceder a los productos del racionamiento, ya que los salarios de las clases trabajadoras no lo permitían, lo que contribuyó a la subalimentación, la enfermedad y el sufrimiento. Todo ello originó una serie de estrategias para la supervivencia, para resistir al hambre y a la miseria.

Además del estraperlo a pequeña escala, que era ilegal, la policía dedicó su tiempo a captar el ambiente provocado por la escasez de los suministros, los desorbitados precios y comunicarlo a sus superiores en informes internos, sellados como «secreto», que se conservan en los fondos del Gobierno Civil de Málaga.

El pan seguía siendo el alimento básico de la población. Se establecieron raciones para las cartillas por categorías y en algunos pueblos como Carratraca las de tercera suponían el 100% y en los demás entre el 90% y 99%. Esta categoría se asociaba a los sectores más desfavorecidos y la ración debía tener más peso -250 gramos- que en las de segunda y de primera. Todas las raciones valían 0,55 pesetas, pero en el caso del pan son necesarias algunas precisiones, en cuanto a la regularidad del suministro, la calidad y la cantidad. La existencia de pan falló en todos los pueblos y en algunas coyunturas especialmente, ya que podían estar meses sin repartirse o solamente se anunciaban varios días al mes. Así, en Marbella en parte de mayo de 1947 se anotaba que «no había habido pan». Por otra parte, la calidad era pésima y no siempre era de trigo, ni siquiera cereal sino de patatas y otras «materias panificables». Los casos denunciados en todos los pueblos aluden a pérdidas de harinas de más calidad y panificación con los desechos. En cuanto a la cantidad, cuando se dividen las cantidades de trigo declaradas en los partes entre el número de personas suelen resultar raciones que no alcanzan los doscientos cincuenta gramos prescritos sino menos: ciento ochenta y seis en Vélez o ciento veinte gramos en Yunquera, por poner solo dos ejemplos.

Las verduras eran los alimentos más consumidos. Poco variadas, las verduras vendidas eran las que producían los huertos cercanos: coles, acelgas, lechugas o tomates eran las más despachadas, aunque, con diferencia, lo eran las batatas, que se vendían a una peseta y eran muy saciantes, pasando a ser el desayuno y la cena más recurrente. En Marbella se llegaban a consumir 30.000 kilos en una quincena, mucho más que la suma de todos los demás alimentos juntos¹⁹.

Las frutas eran muy caras y poco variadas: naranjas, limones, granadas o uvas valían igual que, por ejemplo, las batatas, incluso en zonas productoras de cítricos como el Guadalhorce no bajaban de una peseta el kilo, por lo que era de los alimentos menos consumidos, junto a las carnes. Estas eran carísimas para los salarios de la mayoría de la población. En algunos pueblos, sobre todo los más pequeños y peor comunicados solo consumían carne de cabra y de forma excepcional. Esta costaba entre doce y catorce pesetas el kilo, un precio inasequible puesto que se necesitaban los jornales de cuatro o cinco días para comprar un kilo. La de vacuno costaba el doble, algunas personas recuerdan haberla consumido varias veces en su vida o no la conocieron hasta que fueron a la capital a trabajar o por cualquier otra circunstancia. Por encima estaban las de ave, que podía llegar a costar treinta y seis pesetas el kilo en 1946. La leche se pagaba a dos pesetas el litro y un huevo de gallina costaba una peseta con cincuenta céntimos (poco menos que el jornal de un día de una mujer en ese tiempo). En pueblos como Benalauría había quincenas sin consumo de carne o con unas cantidades mínimas, pues al dividir el consumo del pueblo entre los habitantes resultaban menos de cinco gramos por persona al día.

La matanza de los cerdos se solía hacer de forma privada, incluso clandestina, está poco presente en los partes oficiales²⁰. Las proteínas vegetales no eran más fáciles de conseguir: garbanzos o judías estuvieron ausentes en los suministros más veces que las que estuvieron presentes. Así, el pescado se convirtió en la mayor fuente de proteínas para la población. Hasta en los pueblos más apartados, se consumía más pescado que carne, pero eran los boquerones y, sobre todo, las sardinas las que más se compraban. A los pueblos grandes llegaba más variedad. Las sardinas costaban a tres pesetas el kilo en localidades de la costa, y llegaban a cuatro o cinco en el interior. No eran alimentos baratos, pero se convertían en la única posibilidad de acompañar las verduras, aunque fuera en pequeñas cantidades. La pescada a doce pesetas o los calamares a un precio similar estaban reservados a los sectores más pudientes. En coyunturas en las que faltaba el pan y los demás suministros de la ración, aumentaba el consumo de pescado extraordinariamente pues por cada kilo de carne se consumían, por lo menos, diez de pescado en los pueblos costeros y en Málaga, la capital de la provincia.

El aceite se limitaba a un cuarto de litro por persona y período de diez días, quincena o incluso mes. A finales de 1946 y 1947 se rebajó a un octavo, los pueblos de gran producción aceitera como eran la mayoría de los de Málaga, se vieron absolutamente desabastecidos, obligando al gobernador a ordenar el sacrificio de las cosechas de almendras para elaborar aceites. En Mijas, el aceite, se redujo a setenta gramos en 1947. Otros productos como el azúcar, limitado a 100 gramos cada quincena, a precio de una peseta con cincuenta y cinco céntimos, la ración o el café, de nueve a veinte pesetas el kilo, eran inalcanzables y había estrategias para sustituirlos por otros cereales como cebada tostada, las algarrobas o la madera quemada. Los habitantes de Mijas en un mes solo pudieron comprar seis raciones de doscientos gramos de café en la primavera de 1946. La realidad estaba lejos de los datos oficiales pues la policía aseguraba que el café llegaba a valer cuarenta y cinco pesetas en el «mercado negro»²¹. El arroz se vendía en raciones de cincuenta gramos a veinticinco céntimos y el jabón solo se podía consumir en pequeños trozos.

El Gobierno Civil tenía las estadísticas del reparto diario de artículos y estas fuentes revelan que las cantidades y las calidades -también la consideración social sobre algunos alimentos- se refleja en los destinos de los mismos: a hospitales iban algunas pescadas, calamares y besugos y, en mayor cantidad, a hoteles de Málaga. A los asilos y comedores iban pescados más baratos como boquerones o sardinas. La morralla -pescados pequeños mezclados- y bogas iban a parar a los comedores de las prisiones²².

5. Reacciones y resistencias

En Málaga, las primeras huelgas después de la ocupación franquista, el 8 de febrero de 1937, estuvieron relacionadas con artículos alimenticios, especialmente apreciados en aquellos tiempos de miseria. Una tuvo lugar en una fábrica de caramelos.

La posibilidad de que las obreras pudieran comerse algunos o hurtaran azúcar llevó al dueño a poner un vigilante, que indignó a las carameleras. Tuvo lugar ese plante a finales de 1937 y pasaron por un juicio militar acusadas de «incitación a la rebelión». De los casi veinte empleados, la mayoría mujeres, se derivaron diferentes sentencias de cárcel y absoluciones²³. La otra se desarrolló en el puerto cuando llegó la hora de desembarcar las mercancías del vapor «Castillo Villafranca» y de un barco ruso, el «Tsyurupa», que había sido apresado por la Escuadra franquista cuando se dirigía con trigo a desembarcar a un puerto de la zona republicana. Cuando los organizadores del trabajo en el muelle, la mañana del 9 de diciembre de 1938, empezaron a llamar a los estibadores, unos cuarenta, no comparecieron para demostrar su descontento por las condiciones de trabajo y los horarios extenuantes. Se negaron a desembarcar la mercancía de los barcos «con ánimo de perturbar la descarga y sin alegar ni estar comprendidos en ninguna causa justificadora». La condena a cadena perpetua en unos casos, o pena de treinta años en otros, por «rebelión militar», pretendía ser ejemplar²⁴. Llama la atención que estas huelgas tuvieran lugar en fechas tan tempranas, en las que los fusilamientos eran casi diarios²⁵ y las prisiones estaban hacinadas de forma extrema.

Las fuentes nos revelan otras formas de resistencia a las políticas intervencionistas, incluso por sectores patronales que no se consideraban beneficiarios de las mismas. Así, la Federación Gremial Malagueña, entidad integrada en la Central Nacional Sindicalista, el sindicato legal franquista, pretendía un permiso de importación para una operación a base de compensaciones con productos malagueños de temporada, ya que se estaban pudriendo por falta de mercados y podrían vender a precios inferiores a la tasa, y otros a tipos más reducidos que los que regían antes del 18 de julio de 1936. Estos productos, que podría adquirir la Federación Gremial Malagueña, los distribuirían a precio de costo y gastos entre los almacenistas y los comerciantes, que los vendían de acuerdo con la Junta de Abastos²⁶. Según la documentación del gobernador, no prosperó esa iniciativa, ya que las autoridades no querían ceder en ninguna iniciativa, aunque fuera positiva para atenuar el hambre de la población. Algunos labradores a los que se intervino su cosecha también dieron muestra de su descontento, como ocurrió en el caso de Fuente Piedra²⁷. Por otra parte, algunos alcaldes manifestaban agrias protestas a la primera autoridad provincial, por no recibir los suministros mínimos para el racionamiento, haciendo comparaciones con otros pueblos. En otros casos, como en Archidona, protestaban contra la salida de aceite que dejaban sin el abastecimiento básico al pueblo²⁸. Paralelamente, los obreros portuarios ayudaron a extender por Málaga la información sobre la salida de aceite de oliva del puerto con destino a Norteamérica a cambio de aceites vegetales de peor calidad²⁹ (en bidones que ponían «sobrante de España», según leían quienes paseaban por el puerto). Como los alcaldes al gobernador, pero con mayor acritud, las cartas particulares a las autoridades, al gobernador o a niveles superiores de la administración fueron muestra de un descontento muy extendido³⁰.

Cuando un maestro de Fuente Piedra, Manuel Ruiz Padilla se dirigía a José Luis Estrada pidiendo apoyo para ser alcalde de Humilladero le decía en confianza y en alusión a la comarca antequerana, que eran pueblos de parados y famélicos jornaleros «donde hay que entregarse en un anhelo de sacrificio y de buen hacer además de demostrarles a estas almas lo que es Falange, a la cual tanto odian»³¹. Las autoridades, en diferentes niveles, sabían que la población estaba descontenta, pero trataban de controlar dicha percepción, como se comprueba en la misma documentación oficial.

En los Boletines Decenales de los Servicios de Información de la Policía había un apartado dedicado al racionamiento. Reconocían en casi todos los partes que «La población trabajadora pasa por momentos necesitados, sin que puedan cubrir sus más perentorias necesidades...», «se escuchan comentarios de queja», «Continúa el malestar por la ración tan reducida de artículos alimenticios que la Comisaría viene suministrando» Lo que resultaba desmoralizante era que, a medida que pasaban los años, la situación no mejoraba; incluso empeoraba, pues el cuarto de litro de aceite, a medida que avanzaba el año 1946, se convertía en un octavo. El boletín decenal de finales de septiembre informaba:

La situación de malestar reinante en toda la provincia sigue latente en razón de que el complejo problema de los abastecimientos continúa sin resolverse. Era creencia muy generalizada que la cosecha de este año, que se anunció sería abundante, mejoraría notablemente el racionamiento de cereales, legumbres y otros artículos, haciendo concebir a la población la esperanza de que los racionamientos se incrementarían en cantidades suficientes para hacer desaparecer el mercado negro, pero cuando han visto que el suministro de víveres no se ha aumentado en la cantidad esperada, ha cundido la decepción y el desaliento. El problema ocupa el primer plano de las conversaciones y es el tema en todas las tertulias, adquiriendo tales proporciones, que puede afirmarse sin temor a incurrir en exageraciones, que es único asunto del que se habla y se comenta con más apasionamiento, quedando relegadas a segundo término las cuestiones políticas³².

Lógicamente, las autoridades reconocían que este malestar creado por la escasez y la carestía era utilizado por la oposición para desprestigiar al régimen, y les atribuían a grandes comerciantes y personajes próximos al gobierno, porque no los castigaba³³. Así, la policía informó internamente sobre los «comentarios jocosos» al leer la gente el discurso de Yagüe en la prensa, cuando se le impuso la medalla de oro del trabajo, pues el general se unió a la consigna de acabar con quienes comerciaban con la miseria y el hambre; por lo que generó comentarios de los vecinos, en los que a la vez se reían de aquellas palabras, que les resultaban indignantes³⁴. La población de Antequera estaba encolerizada, en octubre de 1946, cuando se dejaron de vender los bollos del racionamiento, y el aceite y las legumbres subieron considerablemente de precio. En sus informes, la policía anotaba que «Se cree necesario suministrar lo básico y rebajar los precios del mercado negro por la peligrosa situación»; de hecho, los casos de tuberculosis y de otras enfermedades habían aumentado. Cuando llegaron al pueblo las misiones católicas, la población decía que «se diera comida y no sermones»³⁵ y también que hubiera «menos fiscalía y más comía (sic)»³⁶, cuando llegaban los inspectores de la Fiscalía Provincial de Tasas a Antequera.

En cuanto a los robos de alimentos, o «robos famélicos» eran tan frecuentes que habían superado en temática al dinero o las joyas. Los robos de alimentos llenaron los libros de registros de sentencias, los procedimientos militares, las noticias de prensa y fueron casos redundantes de la vida cotidiana por su relación con la miseria. Se trataba de productos agrícolas de escaso valor y como no había lugares para recluir a menores, detenían al padre o a la madre. Solían ser familias numerosas que trataban de calmar el hambre un día o dos y era una característica general que los arrestos se alargaban durante meses. Si eran las madres las detenidas, el cuidado de los hijos se resentía o resultaba fatal. Las cárceles, llenas hasta los primeros años cuarenta con presos y presas políticas de forma casi exclusiva a partir de 1942 se veían más hacinadas aún con la delincuencia ligada al mercado negro y a los robos de alimentos, si bien la permanencia en las cárceles era breve, generalmente un día de cárcel correspondía a diez pesetas de multa. Frecuentemente se aplicó dicho castigo entre las mujeres estraperlistas, que pasaban quince días en la prisión, junto a prostitutas clandestinas, que eran llamadas «quincenarias»³⁷.

Toda una serie de resistencias estaban ligadas al hambre. Los comentarios contra «la Causa Nacional» que fueron denunciados por vecinos o por policías vestidos de paisano que se ponían en las colas de los repartos de comida de caridad o iban por las calles tratando de percibir el ambiente para elaborar luego sus informes. Hombres y mujeres fueron castigados por comentar la escasez del racionamiento, la mala calidad de los alimentos y la actitud de las autoridades.

Centenares de mujeres y hombres fueron sometidos a la justicia militar o a los interrogatorios de la Guardia Civil, acusados de dejar alguna comida en el campo en lugares acordados para favorecer a guerrilleros y huidos. La mayoría eran mujeres, consideradas «enlaces», si bien eran madres, esposas o novias de personas al margen de la ley que eran muy buscadas. La comida estaba en el centro de esa ayuda imprescindible que los guardias civiles consideraban apoyo al bandolerismo y a la guerrilla³⁸. Por otra parte, comida también era parte del rescate que pedían estos guerrilleros en sus secuestros, incluso en los anónimos o cartas amenazantes que fueron frecuentes en la posguerra española y, concretamente en Andalucía³⁹.

No es extraño que aumentaran los suicidios y las notas de la Guardia civil, que a diario daba cuenta de estos episodios de delincuencia por hambre, que a la vez pueden considerarse actos de resistencia por ser las víctimas con bastante frecuencia personas ligadas al poder o dentro de lo que se podría denominar «los vencedores de la guerra», siendo este un campo de la historiografía que empieza a ser atendido⁴⁰.

6. Conclusiones

Resulta de enorme interés este período de la historia reciente de España que ocupa la década de los años cuarenta, años en los que la dieta en general, sobre todo entre las clases trabajadoras, se resintió y dio lugar a miles de casos de desnutrición, epidemias y enfermedades; así como una probada disminución de la estatura que solamente se recuperó décadas después.

Los documentos de archivo, así como los testimonios orales corroboran la escasez en la alimentación. La literatura, el arte, la prensa de oposición coinciden con los informes secretos policiales en la insostenibilidad de una situación, que empezó a mejorar a principios de los años cincuenta, coincidiendo con la aceptación del régimen franquista por el mundo capitalista occidental en el marco de una «guerra fría», en que España cumplía un papel de aliado incuestionable, al que había que empezar a reconocer y ayudar a salir de la autarquía, para su integración en el circuito económico y político de sus vecinos y aliados.

Los enfoques «micro» ayudan a comprender y probar documentalmente este período de hambre, que se vivió en España con posterioridad a la guerra civil y que pervive en la memoria de los supervivientes y descendientes, de aquella generación afectada de forma contundente por la miseria en todas sus facetas. Pretende servir de modelo a otras investigaciones con ese enfoque a fin de analizar comparativamente la hambruna en España.

La hambruna española no puede ser descontextualizada de la situación europea, de otros casos como el griego o el holandés y de la situación de guerra generalizada, al menos hasta 1945. Terminada la Segunda Guerra Mundial en España siguió el racionamiento y el hambre, y fueron las políticas adoptadas las que generaron su desencadenamiento, ya que el modelo autárquico que impuso Franco no sólo fue una política que pretendía alcanzar la autosuficiencia sino todo un proyecto nacional y cultural, que afectó mucho más al sur de la península donde estaban las regiones socialmente más polarizadas y agrícolas⁴¹. El cambio de la política económica no llegó hasta muy avanzada la década de los años cincuenta.

El hambre estuvo presente en las estrategias de supervivencia desplegadas por toda la población de posguerra, sobre todo por las mujeres que tuvieron que adaptar a sus presupuestos los alimentos del racionamiento, para confeccionar comidas mediante la sustitución de unos productos por otros, mediante redes de solidaridad y conocimientos transmitidos entre las mujeres. La ropa, la higiene y la medicina o, más bien, su falta, fueron objeto de estrategias similares a las utilizadas ante la falta de comida. Las mujeres recurrieron al estraperlo, casi siempre de bajo nivel, como parte de su tarea para alimentar a sus familias y cubrir las tareas de distribución de alimentos que las autoridades fueron incapaces de organizar. Todas estas situaciones a las que se añadieron los robos de productos alimenticios las ubicaron en los márgenes de la sociedad y de la ley.

Los cambios de dieta, caracterizados por una alimentación muy precaria, provocaron la demanda de trabajo a cambio de la comida, así como una importante migración a otros puntos de España y de Europa Occidental y América. También llevó a las familias a priorizar la alimentación sobre otras necesidades como la ropa, la medicina o la educación, lo que trajo importantes consecuencias sociales y políticas sobre la población durante las décadas siguientes; a la vez que marcó las actitudes políticas y sociales de la España franquista y de la Transición.