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1. Introducción
Los recursos naturales de Colombia son enormes: diversidad de flora y fauna, recursos hídricos abundantes, diversos pisos térmicos que posibilitan la explotación agrícola, así como recursos minerales de todo tipo, son algunas de las riquezas naturales del país (Becerra-Gualdrón & Cruz-Vásquez, 2014). Sin embargo, desde el tiempo en que los pueblos originarios eran los únicos pobladores del territorio, la Nación ha tenido que enfrentar grandes retos por el control de sus recursos naturales (Pitre-Redondo, Cardona-Arbeláez & Hernández-Palma, 2017). La explotación de estos recursos ha sido un mecanismo para la acumulación de grandes capitales y el financiamiento del conflicto armado interno, alrededor del cual el país, ha escrito una parte significativa de su historia (Jaramillo-Marín, 2016).
La minería es uno de los sectores importantes para la economía colombiana, aportando el 1,9% del PIB en el tercer trimestre de 2017, equivalente a 2,62 billones de pesos (Ministerio de Minas y Energía, 2017). El inconveniente es que estos recursos usualmente no se reflejan en políticas públicas efectivas, que beneficien las regiones de donde se extraen los recursos naturales, exponiendo a los habitantes a la violación constante de los derechos humanos (Vélez-Torres, 2014).
El departamento de Boyacá cuenta con explotaciones de: carbón, minerales de hierro, cobre, caliza, zinc y yeso (Martínez-Bernal, 2013). Igualmente, se tienen yacimientos de esmeraldas, siendo el principal productor de este mineral a nivel nacional. El sector esmeraldero aportó 2.76 millones de dólares, equivalentes al 0,5% de las regalías mineras colombianas en 2016 (Agencia Nacional de Minería, 2018). En este contexto, surge el interés por estudiar lo ocurrido en el occidente de Boyacá, respondiendo los cuestionamientos: ¿cómo influyó la explotación de esmeraldas en la configuración del conflicto en esta provincia?, y, ¿por qué razón una de las regiones con mayor producción económica del país, tiene altos porcentajes de pobreza extrema y una violación constante de los derechos humanos?.
En esta reflexión se pretende demostrar que el Conflicto Armado Interno tuvo una configuración particular en el occidente de Boyacá, basado en la acumulación de grandes capitales. Esto debido a la ausencia del estado y a la existencia de monopolios empresariales, que ejercieron como actores de control social en la región, a través de grupos paramilitares que disciplinaron a la sociedad. La investigación fue de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, partiendo de la revisión documental para establecer las categorías de análisis (Zuluaga-Duque, 2017).
A continuación, se hace un análisis sobre la conformación de los grandes conglomerados empresariales en la zona, entre los años 2010 y 2017. Luego se abordan las estrategias de control social identificadas en la región, que permiten entender las condiciones de vida de los habitantes. Finalmente, se analiza el ingreso de las multinacionales y la forma como estas han configurado una realidad social aún más precaria para los pobladores de la región.
2. Acumulación de capitales y derechos humanos
2.1 Antecedentes de la explotación minera
La provincia del occidente de Boyacá, rica en yacimientos de esmeraldas, está conformada por los municipios de: Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur, Maripí, La Victoria, Buenavista, Saboyá, Coper, Briceño, San Miguel de Sema, Tununguá y Caldas (Ramírez & De Aguas, 2016). Los antecedentes de la explotación de esmeraldas en esta región se remontan a la época precolombina, ya que fueron los pueblos originarios los primeros en explorar y ofrecer este mineral a sus dioses (Vega-Torres, 2015). Esto se refleja en la mitología que acompaña la conformación cultural de la región, a través de diversos mitos y leyendas, como la de Fura y Tena, nombre dado a los dos cerros ubicados al norte de las minas de Muzo (Rodríguez-de Montes, 2016).
La dinámica de la explotación de los recursos naturales de la zona ha permanecido en el tiempo, a través de contextos diversos pero que reflejan un mismo objetivo: la acumulación de grandes capitales. Al igual que en el pasado, cuando los pueblos originarios fueron víctimas de los saqueos por parte de los españoles, siglos después, en pleno auge del capitalismo, los habitantes de la zona continuaron siendo explotados por los coloquialmente llamados: zares de las esmeraldas (El Tiempo, 18 de Mayo de 2013).
El primer intento por legalizar la explotación de las minas, en poder de conglomerados empresariales de mineros, que por largas décadas ejercieron el control ilegal de este territorio, se dio en el marco de un evidente abandono estatal, según Rivadeneira (1981), citado en Gutiérrez-Sanín y Barón (2008):
(…) Fue durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1969 que se despojó del manejo formal de las minas de esmeraldas al Banco de la República, entidad que tenía adjudicada la administración de las mismas desde 1947 y se delegó a Ecominas el control y las facultades para ofrecer en concesión las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas. (p. 110-111)
Sin embargo, los empresarios tradicionales no tuvieron acceso a licitaciones públicas para legalizar la explotación de esmeraldas, por lo que continuaron realizando esta actividad en la ilegalidad. Además, generaron otra estrategia para cumplir su objetivo: “liderados por el zar de las esmeraldas del momento Isauro Murcia, se dispusieron a infiltrar Ecominas, de la misma forma que lo hicieron con el Banco de la República, utilizando sobornos y las tradicionales tácticas clandestinas del guaqueo” (Téllez, 1993, citado por Gutiérrez-Sanín & Barón, 2008, p. 111).
En el gobierno de Misael Pastrana, 1970 a 1974, los empresarios de las esmeraldas lograron su objetivo. La decisión de abrir la licitación fue consecuencia del financiamiento de la campaña presidencial de Pastrana, pues los esmeralderos le entregaron 20 millones de pesos, con la exigencia de que suprimiera Ecominas y abriera licitación a empresas particulares (Claver, 2011, citado en Heredia-Heredia, 2014). En 1978 se abrieron las licitaciones para que los particulares pudieran acceder de manera legal a las minas de esmeraldas, favoreciendo a las familias que por mucho tiempo controlaron el área utilizando diferentes métodos de intimidación. En este momento ya había terminado la segunda guerra de las esmeraldas, suscitándose un nuevo conflicto, debido a que no todos los empresarios pudieron participar de las licitaciones propuestas por el gobierno. Esto, en la mayoría de los casos, por problemas judiciales devenidos de varios conflictos con el Estado y de la violencia ejercida hacia la población civil (Gutiérrez-Sanín & Barón, 2008).
La licitación de las minas permitió identificar dos conglomerados empresariales, pertenecientes a las familias que tradicionalmente habían ejercido el control de los recursos: la Sociedad Minera Boyacense, que luego se convirtió en Tecminas, y la Sociedad de Esmeraldas. El gobierno estuvo representado en la negociación a través de Ecominas, que después cambió el nombre por Esmeracol, que finalmente se convirtió en Mineralco. Entre estas empresas el Estado repartió el manejo de las minas de: Muzo, Quípama, Peñas Blancas y Coscuez (Fedeesmeraldas, 2015).
El tercer conflicto de grandes proporciones, por el afán de acumulación de capital, se dio nuevamente por enfrentamientos entre los empresarios tradicionales. El conflicto, ocurrido entre 1984 y 1990, terminó con la firma de un tratado de Paz, que tuvo como protagonistas a la iglesia y a los grupos empresariales, representados por: Tecminas, Esmeracol y Coexminas (Gutiérrez-Sanín & Barón, 2008).
Lo anterior muestra como el conflicto en el occidente de Boyacá, se configuró entorno a los intereses capitalistas, representados en una interesante relación de patronazgo, que termina consolidándose como un grupo de grandes conglomerados empresariales. Estos, interesados en la acumulación de grandes capitales, ejercieron una violencia física y psicosocial sobre la población de la zona (Alvarez-Alvarez, 2015). En la última década, se ha dado una reconfiguración de las empresas en la zona, iniciada como lo indica la revista Dinero (2017):
(…) En el año 2009, cuando el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, propietario de Tecminas firmaba un acuerdo comercial con la multinacional Minería Texas en Colombia, con el objetivo de invertir en la modernización de las líneas de explotación de las minas, a cambio de una participación en la producción. Carranza antes de morir, le vendería a esta multinacional la totalidad de las acciones de la mina de Puerto Arturo, una de las más importantes de la región. (p. 1)
La participación de las multinacionales en la explotación de las minas, a partir de 2010, ha venido en aumento y se puede esperar que continúe así en las próximas décadas, aspecto que será analizado en el último apartado. La administración de los yacimientos mineros estaría distribuida de la siguiente forma:
El 54% de la mina de Coscuez sería de la empresa Esmeracol y el 25% de la mina Cunas le pertenecería a la empresa Emerald Planet, ambas propiedad de Jesús Hernando Sánchez, quien además habría adquirido acciones en la empresa Tecminas. La empresa Santa Rosa está a cargo de la explotación de una parte de la mina Cunas; el 38% de las acciones de esta empresa pertenece a la familia Carranza, mientras que el 15 % fue vendido por Julio Murcia Molina a la multinacional Thorn Investment Limited, de Houston; los Hermanos Hugo y Orlando Rodríguez Daza figuran con un 12% y Tiberio Gonzáles con un 10%. Asimismo, la mina la Pita es administrada por la empresa Prominas de Zulia; el 40% de las acciones de esta compañía le correspondería a la familia Rincón, de la cual proviene Pedro Nel Rincón conocido como “Pedro Orejas”; los otros dos accionistas de esta empresa son Gilberto Garavito, extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos, y José María Ortíz, quien también fue extraditado, aunque este último accionista vendió su parte, mientras que Diosde Rodríguez tiene el 8,4% de las acciones. La mina de Muzo es explotada por la empresa Coexminas, de la cual 6,6% pertenecen a la viuda y al hijo de Carranza, mientras que el resto de las acciones pertenecen a 5 firmas creadas en el 2010 en Panamá, cuyos socios se desconocen; Blackrock Group tiene el 37,7%, Enoc Trading Corp tiene el 22,5 %, Hervey Comercial S.A. tiene el 16,6 % , Golman Capital Fund tien el 8,7 %, y Makami Service S.A el 3,7 % (El Tiempo, 2013).
En diciembre de 2017, la mina de Coscuez empezó a ser administrada en un 76 % por la empresa Canadiense Fura Gems; Esmeracol, que hace parte de la firma Emporium HS quien controlaba el 97,71% de las acciones de la mina, pasaría a quedarse con el 21,71% de la participación de la compañía, mientras que el 2,29% sería propiedad de accionistas minoritarios (Portafolio, 2017).
El conflicto de las esmeraldas ha girado entorno a los grandes conglomerados empresariales que, como se indicó anteriormente, continúan acumulando gran cantidad de capitales. La riqueza obtenida por los patrones de la región, permitió la irrupción de los narcotraficantes, quienes involucraron a algunos de los empresarios esmeralderos en el negocio de la droga. Adicionalmente, la violencia fue la principal herramienta a través de la cual los mineros tradicionales, se convirtieron en grandes empresarios; algunos crearon sus propios grupos de seguridad, que se enmarcan en la categoría conceptual de grupos paramilitares (Alvarez-Alvarez, 2015). El conflicto ha continuado desde la clandestinidad, a través de acciones como: la extorsión, las amenazas y la intimidación. Ejemplo de ello son los atentados en contra de los empresarios esmeralderos, como: el de Víctor Carranza en 2009; el de Jesús Hernando Sánchez en 2012, según la fiscalía el presunto autor intelectual de este hecho habría sido el zar de las esmeraldas Horacio Triana; o el asesinato de Pequinés, en 2014, uno de los líderes esmeralderos que había firmado la paz con Carranza en 1990 (Verdad Abierta, 2016).
El contexto anterior permite entender que la población civil del occidente de Boyacá, ha estado expuesta a una violación sistemática de derechos humanos, que aún en la actualidad continúa impune. Además, la región se encuentra sumida en la pobreza. El porcentaje de pobreza en Boyacá es de 28,7%, mientras que el de la pobreza extrema es de 8,6% (DANE, 2018), siendo el occidente del departamento la región más afectada por estos indicadores.
2.2 Los derechos humanos en la región
El capitalismo avanza en las sociedades modernas entre las aguas de la violencia y un poder instituido por parte del Estado, que cada vez más resulta ineficaz para normar las contradicciones políticas y económicas que son causa de las diversas formas de descomposición o desregulación social. (Winer, Ocampo & Salazar, 2012).
En el caso del occidente boyacense, esta situación se refleja en el completo abandono de la zona por parte del Estado, lo que ha favorecido la violación constante a los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU (1976), otorga el estatus de universalidad a estos derechos, lo que significa que deben ser garantizados a todos los individuos. Dentro del marco conceptual de los derechos de tercera generación, puede afirmarse que en esta región el Estado incurrió en la violación del derecho a la paz, debido a que el conflicto esmeraldero se mantuvo durante más de tres generaciones. Más aún, el conflicto continúa desde la clandestinidad, impregnando a todas las esferas de la sociedad a través de acciones violentas devenidas de las amenazas constantes a los líderes sociales de la zona. Esto último se evidencia en un informe de la Defensoría del Pueblo (2017), donde se establece que un total de 40 líderes sociales fueron amenazados en la región. Además, el asesinato más reciente fue el de Horacio Triana Parra, en julio de 2018, líder social del municipio de Otanche (Semana, 2018).
El municipio de Puerto Boyacá, es otro ejemplo de cómo el paramilitarismo sigue operando. Según la Defensoría del Pueblo (2017), “luego de que las autodefensas campesinas de Boyacá se desmovilizaran con 742 combatientes, surgió de esta estructura un nuevo grupo llamado los Botalones; su intervención ha incrementado las acciones violentas, amenazas de muerte y los homicidios selectivos, que registraron un 110% de aumento en el 2016. A esto se suman problemáticas como el aumento en el desplazamiento forzado y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, especialmente para mantener las economías ilícitas del sector”.
Los Estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional, y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. La obligación de respetar supone que los Estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir en su realización. La obligación de proteger exige que los Estados protejan a las personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. La obligación de promover significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. (ONU, 2018, p. 1)
La normativa anterior indica que los derechos a: la vida, a trabajar en condiciones justas y favorables, a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación y al desarrollo, deben ser garantizados por el estado. Sin embargo, no solo por el conflicto, sino en gran medida por la ausencia del Estado, estos derechos no han sido garantizados en el occidente de Boyacá. El estado delegó el control de la zona a los conglomerados empresariales, en cabeza de los zares de las esmeraldas, quienes se valieron de diversas tácticas para atemorizar a la población. El éxito de estos empresarios para disciplinar durante décadas a los habitantes de la región, se debe a dos aspectos: el primero devenido de la usencia del poder judicial en la región, pues a la fecha aún no se han reconocido las víctimas del conflicto esmeraldero; tampoco se llegó a juzgar a los empresarios que lideraban la incursión e imposición violenta en los municipios, como en el caso de Víctor Carranza que, a pesar de haber sido judicializado, nunca recibió una condena (Alvarez-Alvarez, 2015).
La importancia de llevar a juicio a los criminales que incurren en delitos contra los derechos humanos, se remonta a los juicios de Núremberg, cuando se sentaron las bases del Derecho Internacional Humanitario, DIH (Sikkink, 2011). Los procesos por violación de derechos humanos permiten que la sociedad se exprese de otra manera, según Risse (2004), citado en Sikkink (2011): “estos juicios no son únicamente casos que implican un castigo o respeto por la ley, sino que también son eventos de gran perfil simbólico que transmiten y recalcan las normas y socializan a los actores para que las acepten. Los juicios expresan la desaprobación social; las sanciones sociales informales, derivadas de las sanciones formales impuestas en los juicios, pueden tener efectos importantes en el ámbito político”. (p.49)
La tortura, la intimidación, el asesinato y el secuestro, continúan siendo utilizadas como elementos disuasivos hacia las víctimas, en aras de conseguir el control del territorio. Por ello, en los entornos sociales es fundamental que las comunidades puedan ver como los órganos judiciales operan, para crear precedentes que ayuden a evitar que se reincida en estas prácticas. La impunidad judicial, de la que han sido beneficiados la gran mayoría de los empresarios esmeralderos, es sin duda el primer elemento catalizador del silencio y el miedo que sienten los habitantes al momento de reclamar sus derechos. Lo anterior se ejemplifica con los testimonios de dos habitantes de la región, recogidos por Verdad Abierta (2016):
(…) El primer testimonio corresponde a Oliveira Arenas, la cual afirma sobre el asesinato de su esposo, que nunca denunció: Me tocó ir a recogerlo donde allá donde quedó. Mi muchachito como de siete añitos me decía ‘ay mamá apague a mi papito´. Yo fui y le metí agua y lo apagué, pero ya estaba muerto, lo mataron a las 10 am y la razón me llegó a mí como a las 12 del día. El segundo testimonio corresponde a Luis Galicia, líder de la mesa de dignidad Muzeña, quien afirma: Éramos 15 y quedamos 4. Se fueron porque les dio miedo, acá existe todavía el mito de que si uno habla lo matan. Persiste el medo a organizarse. (P.3-4)
El no reconocimiento de las víctimas de este conflicto, así como la ausencia del Estado que se dedicó a ceder la explotación de los recursos mineros y el control de la región a los empresarios, es evidente. Además, puede identificarse como elemento de manipulación la violencia física y psicológica, que se insertó en la memoria del imaginario colectivo. La memoria tiene un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades, especialmente en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados que han vivido situaciones traumáticas (Jelin, 2001).
Lamentablemente, los relatos que se insertan en el imaginario cultural de los ciudadanos, coinciden y continúan construyéndose sobre la base del miedo a hablar o reclamar por los derechos fundamentales. Las personas no solo sueñan con encontrar la gema que los saque de la pobreza extrema, en la cual han sido sumidas sus familias durante varias generaciones, sino que además le confían a esta suerte su destino. Los mineros no recibían un salario fijo mensual, pues lo que ganaban estaba supeditado a la calidad de la esmeralda que encontraban; de ahí el patrón de la mina decidía el valor que tendría la gema y le entregaría alrededor de un 5% al obrero (Dinero, 2017), lo que deja en evidencia la explotación laboral de la que aún hoy en día son víctimas las personas que desempeñan esta labor. La música es otro ejemplo de cómo la cultura se configuró entorno al conflicto y la explotación de las esmeraldas, transformando el paisaje sonoro, ya que es común escuchar en la región canciones dedicadas a los patrones, al conflicto o a las esmeraldas (Páramo-Bonilla, 2011; Cárdenas-Soler & Martínez-Chaparro, 2015; Almonacid-Buitrago & Burgos-Dávila, 2018).
Las mujeres siempre han estado expuestas a un alto nivel de vulnerabilidad, pues sus derechos no son garantizados y no cuentan con algún tipo de protección, optando por dos alternativas: guardar silencio, porque como se indicó en párrafos precedentes, al que habla lo matan; o deciden abandonar sus trabajos para evitar ser maltratadas o ultrajadas. En la actualidad continúan existiendo prácticas que afectan a las mujeres más jóvenes de la región, según (Verdad Abierta, 2016): “acá se ve muchas niñas con hombres mayores que quedan embarazadas a temprana edad, por el dinero de algún rico. Lo hacen las mamás con la mentalidad de que se la vendo a un esmeraldero ella está bien y yo estoy bien”. La naturalización de la violencia es evidente en varios aspectos de los relatos de la población.
Los reportajes periodísticos muestran la forma como los empresarios esmeralderos, como Víctor Carranza, argumentaban haber sido los únicos que llevaban ayuda y soluciones a las necesidades de la población de esta zona del país (Semana, 2017). Sin embargo, lo que hicieron fue crear una relación de dependencia de la población, que impidió y aún continúa complicando su desarrollo. Es decir, lo que estos empresarios hicieron fue aprovechar las precarias condiciones de vida de los ciudadanos, manipulando el entorno a su favor, apareciendo como héroes que proveían lo que el Estado no entregaba. Cuando el zar de las esmeraldas murió, se dijo que había dejado una de las grandes fortunas del país; sin embargo, el territorio de donde ese dinero provino y el que muchos otros empresarios de las esmeraldas han acumulado, continúa sumido en la pobreza extrema (DANE, 2018).
El silencio y la ausencia del Estado solo han servido para perpetrar e incentivar el autoritarismo en la región; con ello la población poco a poco fue sumida en una realidad violenta, asumida como parte de la vida cotidiana. Además, la ausencia de movimientos sociales en el occidente de Boyacá, que reclamen por sus derechos, es, quizás, el mayor triunfo de la represión. El silencio que por generaciones han guardado los pobladores, se convirtió en la mayor representación del éxito que tuvieron las tácticas de violencia física y psicológica sobre los ciudadanos.
3. Las multinacionales emergiendo
El auge de las multinacionales en el occidente de Boyacá, como actores fundamentales de la realidad actual de la explotación de las esmeraldas, abre nuevas problemáticas en las perspectivas del desarrollo socioeconómico de esta región. La intervención de las multinacionales en los países en vía de desarrollo, usualmente implica la explotación de los recursos naturales, a través de los cuales continúan acumulando grandes capitales (Hernández-López, Benítez-Serpas & Monroy-Mejía, 2009). A continuación, se analizan los mecanismos de control que tienen los Estados en la prevención de eventos vinculantes a la violación de derechos humanos, frente a la intervención de las empresas multinacionales.
Ante la creciente violación de derechos humanos por parte de Empresas Transnacionales, ETs, y de Otras Empresas, OEs, el Concejo de Derechos Humanos, CDH, adelantó una campaña para regular las actividades de las empresas antes mencionadas. En el instrumento jurídicamente vinculante, propuesto por el CDH (2017), se indica:
(…) El fortalecimiento de la responsabilidad primaria de los Estados y el reconocimiento de las obligaciones generales de las ETs y Oes, representan la esencia del instrumento internacional jurídicamente vinculante. Al respecto, es de suma importancia promover medidas adecuadas para garantizar una pronta y efectiva responsabilidad jurídica y reparación en los casos de violaciones o abusos de derechos humanos cometidos por las ETs y OEs. (p.1)
Las multinacionales en el occidente de Boyacá, se presentaron inicialmente como una herramienta necesaria para la tecnificación y la aplicación de nuevas tecnologías en la explotación de las minas. La intervención se dio como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por los dueños de los conglomerados empresariales tradicionales de la zona; en algunos casos la negociación culminó con la venta total de los derechos de extracción de las minas de esmeraldas (Dinero, 2017). Si bien son escasos los estudios sobre las consecuencias de la intervención de las multinacionales en esta región, es interesante analizar algunos casos puntuales en los que de nuevo se observa la ausencia estatal, frente a la forma como operan las ETs en el país.
Uno de los casos que deja entrever esta situación, es el de Minería Texas Colombia, MTC, la cual posee el total de las acciones de la mina Puerto Arturo desde 2013, como se indicó en la sección anterior. El primer cambio es la existencia de un salario fijo mensual, al que tienen acceso los empleados de la multinacional, junto con las prestaciones sociales que trabajar en la legalidad traen aparejadas. Sin embargo, las condiciones laborales y de seguridad en la mina, presenta algunas peculiaridades (Dinero, 2017):
(…) Fue necesario desarrollar nuevas técnicas de inspección de los empleados de la mina, ya que algunos grupos de mineros suelen ponerse de acuerdo para ocultar las esmeraldas encontradas durante el trabajo. Las gemas hurtadas suelen ser guardadas en la boca, los dobladillos de la ropa o cualquier otro sitio disponible en el atuendo o el cuerpo. El robo es tan frecuente que MTC entrenó a un perro capaz de olfatear las esmeraldas; este animal es tan valioso para los intereses de la compañía que es cuidado y alimentado por un reducido grupo de exmarines, contratados por MTC para esa y otras labores de seguridad de la mina. (p. 3)
Lo anterior indica que la dinámica laboral frente a esta nueva forma de trabajo, ha encontrado resistencia por parte de los mineros; ellos continúan operando bajo los mismos principios de la extracción propia de la relación de patronazgo, incentivada por los conglomerados empresariales tradicionales. En este sentido, es importante que el Estado cree mecanismos de control sobre la forma como las multinacionales operan en las minas de esmeraldas. Esto debería incluir el monitoreo constante de las condiciones laborales de los trabajadores, así como de las consecuencias medioambientales que dejan a su paso la explotación exacerbada de los recursos no renovables. Igualmente, es necesario que el estado investigue las formas como operan los grupos de seguridad de estas transnacionales, ya que no es un dato menor el hecho de que el grupo de seguridad de MTC esté compuesto por exmarines. Además, es importante que el Estado verifique la forma como se llevan a cabo las requisas a los obreros.
Otras multinacionales que compraron el paquete accionario de las minas de esmeraldas fueron: Gemfields y Fura Games. Esto se dio como resultado de las políticas gubernamentales, expresadas por el Ministro de Minas y Energía de la época, Tomás González, así:
(…) Esto demuestra que Colombia es un país atractivo para la industria minera internacional por la variedad de minerales que ofrecemos al mundo. Nos hemos encargado de lograr un sector que brinde estabilidad y seguridad a la inversión extranjera, para que los recursos sean extraídos de manera responsable y sostenible. (El Espectador, 2015)
En 2016 se recibieron un total de 8.422 millones por regalías de esmeraldas en Colombia; una cifra muy baja si se tiene en cuenta que la producción total superó los 2 millones de quilates (Agencia Nacional de Minería, 2018). En el caso de MTC, cuya licencia para la explotación de las minas fue renovada por 40 años más ,se estableció que el 1% de las utilidades netas se invertirían en la comunidad (Dinero, 2017). Sin embargo, esos recursos no se han reflejado en una mejora de las condiciones de vida de los pobladores, dejando a la comunidad al margen de los beneficios pregonados por el gobierno.
La sección III de la ONU, sobre los derechos económicos de los pueblos, en el artículo 8, establece que: “Todo pueblo tiene derecho exclusivo sobre sus riquezas y recursos naturales. Tiene derecho a recuperarlos si ha sido expoliado, y a cobrar indemnizaciones injustamente pagadas”, (ONU, 1976). En este sentido, se puede afirmar que el Estado debería tener el control de la totalidad de los recursos naturales del país, asegurándose de que las ganancias de la explotación de esos recursos deriven en inversión social para sus habitantes. Igualmente, el estado debería negociar con las ETs condiciones económicas que redunden en la creación de nuevos empleos, especialmente en las zonas donde se encuentran los recursos que serán explotados (Balza-Franco & Cardona-Arbeláez, 2015). Esto evitará lo ocurrido en otros países, donde el crecimiento de las ETs se da por la reducción de costos de operación, por la adquisición de infraestructura o cadenas de producción ya existentes, y no por la inversión de nuevos recursos (Ornelas, 2017).
Otro aspecto a tener en cuenta, es que las empresas del sector extractivo y la energía, son las que mayor daño producen al medio ambiente (Pereira-Blanco, 2015). En muchos casos, las actividades de exploración, explotación y transporte, pueden causar: deforestación, pérdida del suelo fértil, erosión, reducción y contaminación del recurso hídrico, entre otros efectos (Lillo, 2011; Gómez-Rojas, Díaz-Lagos, Blandón-Montes & Martínez-Ovalle, 2016). La explotación constante de los recursos naturales causa daños irreparables en el medio ambiente, por lo que el estado debería prever el impacto de la minería en el territorio. En otras palabras, Es fundamental que el Estado colombiano garantice el derecho al medio ambiente, ejecutando controles a los métodos de extracción llevados a cabo por los conglomerados empresariales y las ETs.
La forma como las multinacionales van configurando una nueva dinámica en la región del occidente de Boyacá ya empieza a observarse. Las condiciones de vida de los pobladores siguen siendo precarias y el interés por acumular capital continúa siendo una de las causas de esta situación. Sin embargo, todavía se necesitan más tiempo e investigaciones para medir el impacto, que en materia de derechos humanos, genere la intervención de las transnacionales en la zona. El Estado tiene la obligación de controlar las operaciones que lleven a cabo las multinacionales, para evitar los abusos que en el pasado cometieron los empresarios locales. Esto es importante pues algunas de las multinacionales que están operando en esta área, tienen procesos en otros continentes que las vinculan como ejecutoras de violaciones constantes a los derechos humanos; tal es el caso de Gemfields, acusada de violación de derechos humanos por parte de los trabajadores de las minas de rubíes en Montepuez, Mozambique (El Espectador, 2015).
4. Conclusiones
Los resultados del análisis realizado, indican que la acumulación de capitales por parte de los conglomerados empresariales, pertenecientes a las familias que tradicionalmente explotaron las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá, favoreció la configuración del conflicto en la región, en base a la disputa del control por la extracción del mineral.
En el pasado, la ausencia del Estado como garante de derechos humanos, favoreció la aplicación de métodos de control social por parte de los zares de las esmeraldas, quienes terminaron manipulando a los habitantes del territorio. Estos métodos, que incluyeron el uso de la violencia física y psicológica, se insertaron en el imaginario colectivo. Esto se une al bajo ingreso de los municipios por concepto de las regalías de la explotación de esmeraldas, lo cual se traduce en el empobrecimiento generalizado de la población, degradación del medio ambiente y pocos beneficios para la región. En este sentido, a pesar que la población habita un territorio con grandes recursos naturales, continúa sumida en la pobreza y expuesta a violaciones constantes de derechos humanos.
En la actualidad, el conflicto persiste en la clandestinidad, a través de acciones emprendidas por grupos ilegales, entre las que se destacan: la intimidación, los atentados y las amenazas. La naturalización de la violencia y el miedo a efectuar las denuncias correspondientes, ante la violación constante de derechos humanos a la que son sometidos los habitantes, son un claro reflejo del triunfo de los conglomerados empresariales sobre la sociedad civil.
La administración de las minas de esmeraldas continúa en manos de las familias que tradicionalmente explotaron estos recursos, ahora asociadas con empresas transnacionales. En este punto, se evidencia la falta de monitoreo y control por parte del Estado, a las operaciones ejecutadas por las multinacionales.
La ausencia de procesos judiciales que sienten un precedente claro frente a la violación de los derechos humanos, es una prueba contundente de la negligencia del Estado en este proceso. Esto implica que el gobierno colombiano debe iniciar la implementación de mecanismos que regulen y garanticen los derechos fundamentales en la región. En caso contrario, el Estado colombiano deberá responder ante la Comisión Interamericana de derechos humanos, por cada uno de los actos cometidos hacia las víctimas del occidente de Boyacá.
