2.1 El desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzado es una forma de violencia que se vivencia en el conflicto colombiano. Si bien es ampliamente conocido que el desplazamiento forzado se convirtió en una grave problemática social a finales del siglo XX y comienzos del XXI, sus orígenes están en la época de la colonia e independencia (^{Forero-Salcedo, 2019}). No se puede considerar como un fenómeno reciente, sino como un suceso que se ha venido presentando a lo largo de la historia de Colombia, como en el caso del conflicto bipartidista de mitad del siglo XX (^{Molano, 2000}).

Uno de los primeros sucesos que exacerbó el desplazamiento, fue el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Este suceso desencadenó una serie de enfrentamientos entre miembros de los partidos conservador y liberal (Rodríguez-Sánchez, 2017). Este periodo de violencia fue oficialmente superado con el llamado Frente Nacional de 1958, que buscaba reducir confrontaciones ideológicas. Sin embargo, este pacto no pudo reprimir las incesantes disputas violentas entre dichos partidos. Además, la exclusión y limitación de la participación política a otros sectores que surgían con nuevas propuestas e ideologías, generó una inconformidad profunda que dio lugar a un conflicto armado interno, a partir del surgimiento de grupos guerrilleros subversivos (^{Córdoba-Jojoa & Vela-Quiroz, 2017}).

Para 1964, el panorama de confrontaciones y divisiones políticas e ideológicas en Colombia originaría uno de los elementos fundamentales del conflicto armado en el país, el nacimiento de insurgencias armadas con ideologías comunistas y castristas, como: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN (^{CNMH, 2015}). Estas guerrillas se expandieron rápidamente a zonas donde residían campesinos pobres, y a lugares con escasa o nula presencia del Estado, lo que llevó al desplazamiento forzado de civiles, que buscaban huir del conflicto y la violencia.

Una de las razones por las que no se puede cuantificar el número exacto de víctimas de desplazamiento forzado, es el tardío reconocimiento del conflicto por parte del Estado, pues solo hasta 1997 el gobierno promulgó la ley 387, creando el Registro Único de Víctimas, RUV (^{GMH, 2013}). El RUV constituye una de las principales herramientas para acceder a las cifras de desplazamiento forzado en Colombia, aunque su periodo de cobertura inició apenas en 1996. No obstante, Existen organizaciones no gubernamentales que se dieron a la tarea de llevar este registro, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, quienes estiman que solo entre 1985 y 1995, fueron desplazadas de forma violenta más de 819 mil personas (^{GMH, 2013}).

En paralelo al conflicto ideológico y político, en los años ochenta y noventa se produce la incursión de los cultivos ilícitos, como: la marihuana, la amapola y la coca. El surgimiento del narcotráfico en Colombia generó grandes cambios en la economía nacional, así como en las dinámicas del conflicto armado interno (^{Zuluaga-Mogollón, Zuluaga-Mogollón & Rozo-Leguizamón, 2019}). Esto generó otro período de desplazamientos forzados, causado por la disputa entre guerrillas y grupos criminales, que buscaban controlar territorios estratégicos para el cultivo y tráfico de droga.

Tomando como punto de referencia a 1980, año declarado por la ^{Corte Constitucional (2004)}, como: el inicio de la dimensión del desplazamiento forzado en Colombia, y hasta 2012, año en que iniciaron oficialmente los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, es posible tener una aproximación al número de personas víctimas del desplazamiento forzado. Según el RUV, para el año 2002 el total de desplazados era de 2.014.893 personas. Luego, como consecuencia de la expansión territorial de grupos paramilitares y la ofensiva militar por parte del estado para enfrentar a la guerrilla, se acrecentó el desplazamiento forzado, pues solo entre 2003 y 2012, un total de 2.729.153 personas fueron desplazadas (^{GMH, 2013}).

El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia anunció públicamente el inicio de los diálogos y la instalación de una mesa de concertación con la guerrilla de las FARC, en búsqueda de un acuerdo de paz. Este acontecimiento constituye un antes y un después en la historia del conflicto armado interno colombiano. Sin embargo, la desmovilización de las FARC no representó una disminución en la cantidad de víctimas de desplazamiento forzado, pues tan solo en 2017 hubo un aumento de más de 250 mil desplazados en Colombia, llegando a un total de 7.700.000 (^{ACNUR & UNHCR, 2018}). Este incremento se debió al actuar delictivo de otros actores violentos, como: el ELN, las Bandas Criminales (BACRIM), y las disidencias de las FARC, entre otros (^{Reinoso-Pérez et al., 2019})

2.2 El papel de la educación

El desplazamiento forzado en Colombia ha afectado a hombres, mujeres y niños, de distintas edades, etnias y orígenes culturales, lo que representa un daño colectivo a la sociedad colombiana (^{Caballero & Mosquera, 2014}). Sin embargo, son los Niños, Niñas y Adolescentes, NNA, víctimas de desplazamiento forzado, quienes se ven mayormente afectados por este flagelo. Esto ya que se ven obligados a abandonar las escuelas donde desarrollan habitualmente su formación educativa, para huir del conflicto y la violencia que los amenaza. El papel de la educación en el bienestar humano es definitivo, desde la formación el capital humano y social, hasta las facultades de libertad y desarrollo. Como lo promulga Kant (1943, citado por ^{Bedetti, Medina y Morales (2019)}, el ser humano en el momento de nacer posee toda una serie de facultades, que la educación debe desarrollar y potenciar.

En este sentido, se entiende que la educación es un factor dinamizador para una mejor sociedad, que sin importar el contexto político-social en que se encuentre el país, debe garantizarse en todo momento el acceso a esta. Es entonces deber y responsabilidad del estado, brindar y acompañar el adecuado proceso educativo a los NNA del país, más aún a los menores en condición de desplazamiento forzoso (^{Rojas, 2007}).

Tal y como lo ha reconocido la ^{Corte Constitucional (2008)}, mediante Auto 251/08, los NNA son las víctimas del desplazamiento forzado más débiles y expuestas dentro del flagelo del desplazamiento forzoso. Según las cifras del Registro Único de Víctimas, RUV, es evidente que los NNA constituyen el grupo más extenso de personas obligadas a desplazarse, con ocasión del conflicto armado interno y la violencia en Colombia. A corte de 31 de diciembre de 2014, este grupo poblacional representaba el 41,5 por ciento del total de la población desplazada (^{ACNUR & UNHCR, 2018}). En cuanto a las instituciones educativas, no basta con que los NNA dispongan de un cupo en las escuelas o colegios, garantizado por su condición de desplazados, como única solución para la restitución del derecho fundamental al estudio. Estas instituciones deben atender de forma adecuada a todos sus estudiantes, ajustando sus métodos y criterios de enseñanza, para así poder concretar una efectiva inclusión de todos los estudiantes y evitar la deserción escolar (^{Gutiérrez-Rodríguez, 2018}).

2.3 Diseño metodológico

La metodología usada en esta investigación, se basa en una exploración estadística de los principales indicadores que repercuten en la educación de la población desplazada, junto con un análisis normativo que permite identificar la evolución de la política pública colombiana, encaminada a mitigar los efectos del desplazamiento forzado. Los datos para el análisis empírico provienen del Portal de Datos Abiertos, ^{PDA (2019)}, del gobierno de Colombia sobre desplazamiento.

En este caso, una investigación que desarrolle metodologías compuestas puede suministrar respuestas más completas, que las provistas por métodos cuantitativos o cualitativos aplicados de forma aislada (^{Silva-Cañaveral, 2016}). Se puede aplicar este método dependiendo de las preguntas planteadas, como lo indican ^{Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2010)}, quienes afirman que hay preguntas que no pueden responderse con metodologías cuantitativas, mientras otras no pueden responderse mediante estudios cualitativos. En este caso, el uso de ambos métodos facilita responder la pregunta problema, porque muestra cómo se aborda el acceso a la educación desde la evidencia y desde el normativismo.

En este sentido, Tashakkori y ^{Teddlie (2003)}, establecen que una investigación puede estudiar un efecto o fenómeno, social en este caso, sobre estadísticos de datos cuantitativos, y después explorar las razones detrás del efecto observado. En este caso, lo jurídico permite realizar tesis e hipótesis de algunos hechos, mientras que lo cuantitativo permite efectuar su comprobación empírica. Por ello, la metodología mixta es la adecuada en el presente estudio.

El análisis empírico se realizó sobre los datos del PDA, actualizados al año 2017, donde se observaron las principales variables de acceso a la educación, como género y tipo de desplazamiento. Igualmente, se analizaron los niveles educativos y su relación con la edad de los desplazados que acceden a ellos. El análisis normativo se hace sobre leyes, decretos y normas aplicadas en el país, para enfrentar el problema de bajo acceso a la educación de los desplazados.

3.1 Evidencia empírica

En esta sección se analizan los datos de la escolaridad, medida como años promedio de educación de la población víctima del conflicto. En la tabla 1, la primer columna indica los niveles educativos, a saber: preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior. Igualmente, la columna 2 presenta la frecuencia con que se repiten en la muestra; de ella se calculan los percentiles de la acumulación de estas medias para observar el porcentaje de cada una de las categorías (columna 3).

En cuanto al grado educativo por años de escolaridad (tabla 1), se observa que al nivel de primaria (hasta grado 5), accede alrededor del 8.8% de desplazados; a secundaria (hasta el grado 11), alrededor de 5.63%; mientras que a la educación superior (mayor al grado 12), no accede más del 2% de personas en condición de desplazamiento forzado. Las cifras indican un panorama desalentador, porque: menos del 15% de la población desplazada accede a la educación formal, y de ellos la mitad lo hace en niveles bajos, un 30% en niveles medios y menos del 20% a niveles altos.

La tabla 1 refleja una situación preocupante, pues una baja escolaridad llevaría a la población desplazada a condiciones laborales inestables, como: empleos informales con baja o nula protección social, estados de subsistencia, trabajo infantil y delincuencia (^{Vera-Márquez, Palacio-Sañudo & Patiño-Garzón, 2014}). En otras palabras, alrededor del 75% de desplazados tiene alta probabilidad de mantener baja calidad de vida y estar en situación de pobreza. Además, los pocos que acceden a una institución educativa o accedieron en el pasado, lo hacen en grados bajos, por lo que su situación de vulnerabilidad también es alta.

Al desagregar por género, se encuentra cierta paridad entre hombres y mujeres desplazados con acceso a la educación en todos los niveles educativos, donde la gran mayoría llegan hasta los grados quinto, sexto y séptimo de la educación básica. La mayoría de personas está por debajo de estos grados, donde la población no accede a la secundaria porque no llega a culminar la primaria. El grupo más pequeño es el de la educación superior, donde los hombres aventajan a las mujeres, en la educación técnica, tecnológica y Universitaria.

La disparidad de género se observa en los grados de escolaridad altos, donde los hombres cuentan con ventaja porque acceden más a grados de educación superior, por lo que podrían ingresar a empleos formales y tener mayores ingresos futuros. En contraste, las mujeres se pueden ver desplazadas a oficios de hogar, al tener un bajo acceso a la educación superior. Esto es una constante en Colombia y en algunos países de América Latina, donde las mujeres quedan rezagadas en términos educativos, lo cual repercute en su trayectoria laboral y riqueza (Busso, ^{Bassi, Urzúa & Vargas, 2012}; ^{Garrido-Hurtado & Valderrama-Cardona, 2016}). Esto implica que la situación de la mujer desplazada puede verse afectada por el hecho mismo del desplazamiento, así como por el ser mujer en una sociedad con desigualdad de género.

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los desplazados es joven, donde las personas entre 10 y 15 años se ubica en los niveles de primaria y secundaria, mientras que los adultos poseen menores niveles de escolaridad. Esto supone que los jóvenes tienen acceso a niveles educativos más altos que sus padres. Sin embargo, no son niveles educativos de los cuantíles superiores que les permitan encontrar un empleo formal, por lo cual pueden persistir en situaciones de empleos inestables, de baja calidad y bajos ingresos (^{Castillo-Robayo, da Silva-Bichara & Pérez-Trujillo, 2017}).

Los indicadores de la tabla 2 muestran un panorama que se presenta en todo el país. En este sentido, ^{García-Estévez y Castillo-Robayo (2019)}, afirman que los jóvenes en general tienen mayor acceso a la educación que las generaciones anteriores, por lo cual los desplazados estarían en desventaja en dos sentidos: uno por tener familias con bajo acceso a la educación, y dos porque, aunque la mayor parte de los jóvenes acceden más a la escolaridad, los desplazados no superan la educación básica.

Lo anterior se realimenta con la estructura de mercado e instituciones educativas, porque: el mercado excluye a los no educados y las instituciones no generan la cobertura educativa necesaria para toda la población, en la cual quienes menor cobertura tienen son jóvenes desplazados. Esto puede llevar a una transición de pobreza y vulnerabilidad transgeneracional, donde los desplazados no solo afrontan la pérdida de patrimonio por la usurpación de sus bienes, sino que deben afrontar los problemas de las ciudades en desventaja con quienes no son desplazados, especialmente en cuanto a su nivel educativo.

En la tabla 3 se analiza el acceso a la educación de las personas desplazadas. Este se da principalmente en la educación tradicional, con valores inferiores para programas alternativos (tercera columna), como: escuela nueva, formación en educación media, junto con programas virtuales a través de nuevas tecnologías.

La tabla 3 también indica que en los programas del gobierno, implementados específicamente para poblaciones en condición de vulnerabilidad, se facilita el acceso en mayor medida de las mujeres a centros educativos formales (segunda columna), como: colegios, institutos técnicos o universidades. Según ^{Jiménez-Becerra (2012)}, se trata de educación en las escuelas tradicionales, usualmente en la comunidad donde residen, por lo que la cobertura queda supeditada a la inclusión en instituciones que ya existen. Esto tiene la ventaja de la integración social, pero, al no crearse nuevas instituciones, se genera un déficit en la cobertura educativa de los desplazados. Aunque hombres y mujeres acceden en proporción similar a la educación tradicional, se observa una disminución del acceso de la población femenina a los programas alternativos, lo que puede crear una brecha de género en este aspecto.

Los resultados anteriores implican que, como consecuencia de un bajo acceso a la educación, las víctimas de desplazamiento forzado tienen baja probabilidad de mejorar sus condiciones de vida. Esto, ya que no se forma el capital humano necesario para acceder a empleos mejor remunerados, lo que incluye protección social y ahorro pensional, garantizando ingresos a futuro (^{Parra-Penagos & Rodríguez-Fonseca, 2016}). Esto significa que las personas que no encuentran empleo no tienen los mecanismos para subsistir, porque gran parte del ingreso de los hogares provienen de los salarios recibidos por el trabajo. Sin un empleo, no se daría el flujo de efectivo hacia los hogares, por tanto, estas personas quedarían en un estado de vulnerabilidad si no encuentran otra fuente de ingresos o el Estado tendría que ampliar los programas sociales, para garantizar el mínimo vital. (^{Balza-Franco & Cardona-Arbeláez, 2015}).

En suma, el desempleo puede ligarse a la carencia de ingresos de algunas familias y la pobreza de algunas poblaciones. Como lo muestran ^{García-Estévez y Castillo-Robayo (2019)}, las personas más educadas acceden a los empleos formales con mejores salarios y son menos propensos a estar en situaciones vulnerables, como la pobreza. Es decir, facilitar el acceso a la educación para los desplazados, ayudaría a salir del círculo vicioso que es un determinante del origen de la guerra en Colombia.

3.2 Marco normativo de la protección a los menores en condición de desplazamiento

A medida que el estado fue tomando conciencia del verdadero contexto y alcance del desplazamiento forzado, en Colombia se fueron promulgando diferentes normas, leyes y decretos, que buscaban mitigar este flagelo, las cuales se presentan en la tabla 4.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1949, pasando por la Constitución Política de Colombia en 1991, y la ley 1448 de 2011 -ley de víctimas- entre otras, tanto a nivel internacional como nacional se han venido expidiendo normas, decretos, y resoluciones que buscan reconocer y proteger los derechos esenciales que le asisten a las personas en condición de desplazamiento forzado. El estado colombiano, para garantizar una efectiva prestación del derecho fundamental a la educación a los desplazados forzosos, en las últimas tres décadas ha expedido diferentes normas que buscan mitigar los efectos negativos que trae consigo el conflicto armado (^{Rueda, Paz & Avendaño, 2019}).

El triste flagelo del desplazamiento forzado en Colombia, desde sus inicios a mediados del siglo XX, ha alcanzado dimensiones alarmantes, generando graves perjuicios al bienestar social de los colombianos, impidiendo su crecimiento integral como país. Sin embargo, el tardío reconocimiento del verdadero contexto del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado en el país, así como la lenta implementación de estas normas o la no consulta de experiencias previas a la atención al desplazado y su problemática, hacen que los recursos destinados para la atención de este problema, sean insuficientes.