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HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local

On-line version ISSN 2145-132X

Historelo.rev.hist.reg.local vol.2 no.3 Medellín Jan./June 2010

 

INVESTIGACIÓN

 

Guerras y expropiaciones de la época federal caucana

 

 

Alonso Valencia Llano*

* Doctor en Historia de América graduado en Universidad Pablo de Olavide (España), Maestro en Historia con Mención en Historia Andina, FLACSO, (Ecuador) y Profesor Titular de la Universidad del Valle. E-mail: alvalenc@univalle.edu.co

 

Articulo recibido 23 de julio de 2009, aceptado el 04 de septiembre de 2009 y publicado electrónicamente el 1 de junio de 2010.

 


Resumen

En el presente artículo se enuncian los factores explicativos de la crisis económica que afectó al Cauca durante la primera mitad del siglo XIX, y se les muestra como un efecto de los procesos económicos desarrollados durante el período colonial. Veremos cómo los caucanos debieron construir empresas en las cuales vincularon políticos y extranjeros para desarrollar la infraestructura necesaria, para sacar así a la región de la crisis en que la sumieron las guerras de Independencia y el rosario de guerras civiles que caracterizaron los primeros años del período republicano. Finalmente, se ofrece una visión de los efectos de las guerras sobre el desarrollo económico, evidenciando con ejemplos, como funcionarios públicos, empresarios, militares y políticos aprovecharon las guerras civiles para beneficiarse económicamente.

Palabras clave: guerras, expropiaciones, Valle del Cauca, Siglo XIX


 

 

La herencia económica colonial

Durante el siglo XIX la región caucana permaneció como una de las más atrasadas del país, lo que era contradictorio si se tiene en cuenta su abundancia en recursos sistémicos que, por causas diversas, eran explotados sólo para la subsistencia y para un frágil mercado interno. Este atraso radicaba en la ausencia de una infraestructura moderna de comunicaciones modernas cuya superación se convirtió en el paradigma para políticos y empresarios, quienes desesperaban al ver que no podían vincularse de manera eficiente al mercado mundial.1 Las estrategias para superar esta situación se orientaron en diferentes sentidos: la primera fue la necesidad de superar la tradición colonial, que orientó el desarrollo económico al sector minero, el cual al entrar en crisis arrastraba a la economía hacendataria. La segunda fue aprender y desarrollar las prácticas empresariales del capitalismo, lo que vino asociado al establecimiento de relaciones nacionales e internacionales que llevaron a un estrecho vínculo entre economía y política, lo cual permitió, entre otras cosas, la llegada de empresarios y capitales extranjeros.2

La dificultad para superar el primer obstáculo salta a la vista si se tiene en cuenta la tradición señorial de las élites caucanas, renuentes a invertir en empresas agropecuarias debido a las experiencias del pasado, llevó a una crisis continuada durante la primera mitad del siglo XIX, agravada por la inestabilidad del orden público. Producto de unas guerras de independencia, extendidas en el Cauca más que en cualquier otro sitio de la República, y la recurrencia de guerras civiles fue difícil la construcción del Estado y la Sociedad republicanos, creandose un clima de inestabilidad social que en ocasiones revistió las características de insurgencia social o de guerra racial.3

Las consecuencias de la inestabilidad política y social se sintieron en la dificultad para controlar la mano de obra, la desvalorización de la propiedad rural y en la ausencia permanente de capitales, que llevaron al fortalecimiento de economías precapitalistas en manos de campesinos que cultivaban en tierras propias, ajenas, comunales o baldías.4 Estos campesinos, a pesar de sus resistencias a los cambios republicanos, se vieron fortalecidos con los afrodescendientes que escapaban a la esclavitud o que se beneficiaban de las reformas sociales que trataban de imponer los sectores más liberales. Precisamente, las transformaciones sociales desarrolladas por los liberales hicieron que los esclavos –la más importante ventaja con que contaban las élites coloniales– se convirtieran, durante la República, en una inversión improductiva y gravosa, que los hacía aparecer, junto con la tierra, como bienes suntuarios, sostenedores de un status y prestigio social, que la sociedad republicana veía como rémoras del pasado. El prestigio y status se habían trasladado ahora a los militares y políticos salidos de la Independencia y constructores de la República y en los empresarios que eficientemente se vinculaban al mercado mundial.

 

Los empresarios y la recuperación económica del Cauca

La crisis económica impuso la necesidad de buscar el desarrollo empresarial caucano. Esto llevó a que muchos de los hacendados, transformados en comerciantes, entregaran tierras al campesinado, situación que facilitó una oferta estable y creciente de materias primas tales como tabaco, cacao y añil, que recibían en pago de arrendamiento de parcelas; otros simplemente compraron cosechas anticipadas mediante la financiación a los productores directos, en tanto que unos pocos, transformados en empresarios rurales, controlaron por sí mismos los procesos productivos. Se trataba de estrategias empresariales interesantes, pues hicieron que los empresarios caucanos no tuvieran que invertir grandes capitales para la compra y adecuación de tierras, ni tampoco contratación de fuerza laboral, pudiendo cumplir así con los compromisos de exportación adquiridos.

La crisis tuvo otras consecuencias igualmente importantes para el desarrollo empresarial. La desvalorización de las tierras permitió que fueran adquiridas por extranjeros que ejercerían como nuevos empresarios rurales. Esto, añadido a la gran disponibilidad de tierras baldías, permitió que el Estado atrajera empresarios de obras públicas –nacionales y extranjeros– al ofrecerlas como retribución parcial por la construcción de obras de infraestructura. No obstante, la llegada de los extranjeros no hubiera sido posible sin dos elementos a tener en cuenta: el primero es la relación que establecieron con políticos caucanos y el segundo es la pertenencia a logias masónicas. El primer elemento es decisivo en el desarrollo empresarial, pues obras como el camino a Buenaventura que permitiría la comunicación del Cauca con Europa y Norteamérica por la vía de Panamá, no habría sido posible, si no hubiera mediado el control del Gobierno de la Nueva Granada; este es el caso del Presidente Tomás Cipriano de Mosquera, un importante masón, quien en 1845 propuso la nacionalización de los caminos que comunicaban con el extranjero. En su mira estaba el objetivo de adjudicar la construcción del camino carretero de Buenaventura a una empresa dirigida por su sobrino Julio Arboleda, uno de los más importantes políticos de oposición, y por su yerno, el ex presidente Pedro Alcántara Herrán. Estas vinculaciones políticas hicieron que la empresa obtuviera el privilegio de poner coches de ruedas, cobrar los peajes correspondientes y la adjudicación de 200.000 fanegadas de terreno a la orilla del camino, o donde los socios lo estimaran conveniente. No sobra mencionar que esto ocurría en momentos en los cuales se construía el Ferrocarril de Panamá, y que Mosquera había establecido vínculos económicos con el Sr. John Loyd Stephens, representante de la Compañía del Ferrocarril, al proponerle que su propia empresa familiar aportaría la mano de obra caucana necesaria para el desarrollo del mismo, lo cual logró al comprar esclavos caucanos con la promesa de obtener su libertad al final de sus contratos.

En la constitución empresarial del camino de Buenaventura se estableció una estrategia que se convertiría en adelante en un signo característico: a ella se vincularon personas que por su calidad de extranjeros no pertenecen a ninguno de los dos partidos, pero también caucanos que en adelante figurarían como importantes empresarios y políticos: Federico G. O'Byrne, Manuel M. Mallarino, Eusebio Borrero, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Antonio Sanclemente, Jorge H. Isaacs, Manuel de Jesús Quijano, Antonino Olano, Manuel Santos Caicedo, Estanislav Zawadzky, y Agustín Codazzi, entre otros. La vinculación de políticos en ejercicio se habría de convertir en una importante ventaja para las empresas que se establecieron en el Cauca y gracias a ellos se pudo avanzar en las propuestas de desarrollo económico que sacaron a la región de crisis que se prolongó hasta la primera mitad del siglo XIX. La vinculación de extranjeros protegía a las empresas de intentos de intervención económica estatal cuando las condiciones políticas cambiaran. El establecimiento de este tipo de empresas permitió el avance en las comunicaciones y la apertura de mercados, y, a su vez, se reflejó en la recomposición de la economía hacendataria que pudo consolidar el tabaco, la ganadería y el aguardiente como la principal producción comercializable. También la economía de subsistencia, en manos de los campesinos libres, se amplió y encontró condiciones propicias para la producción de tabaco y cacao cuya comercialización interna les producía buenas ganancias.

 

Política, economía, guerra y expropiaciones

La recuperación económica fue propiciada por el período de paz vivido en el Cauca en los inicios de la segunda mitad del Siglo XIX, pues aparte de la ''Guerra de 1851'' y algunos pequeños motines en 1854, no existieron grandes alteraciones del orden público. No obstante, esto se vio interrumpido en 1860 cuando una coalición de liberales y conservadores inició la ''Revolución Liberal'', que llevaría a la creación de los Estados Unidos de Colombia a partir de 1863, de los que formaba parte el Estado Soberano del Cauca. Todo esto permitió que este Estado participara en el auge agroexportador colombiano del siglo XIX. Como consecuencia, los caucanos depusieran sus diferencias internas y excluyeron del poder a los miembros recalcitrantes del liberalismo radical y del conservatismo señorial. Gracias a esto, los mosqueristas, gobernaron de modo hegemónico el Cauca a nombre del liberalismo, supremacía que se prolongó hasta 1875, cuando los conservadores mostraron una importante capacidad reorganizativa y afloraron con mucha fuerza en la escena política, por su oposición a un proyecto oficial de educación laica. Ante el temor a la reacción conservadora, que amenazaba con la guerra civil, jóvenes radicales caucanos –liderados por César Conto, Modesto Garcés y Jorge Isaacs– accedieron al poder político en 1875. Estos hechos que se desarrollaron en medio de la inestabilidad del orden público, produjeron el surgimiento de un grupo político nuevo: el Liberalismo Independiente, un grupo empresarial organizado en torno al periódico El Telégrafo. De él formaban parte empresarios importantes como Teodoro Materón, Juan de Dios Restrepo, Manuel Dolores Camacho y James Eder, quienes construyeron un programa político que prometía dotar al Cauca de una infraestructura económica sólida para facilitar el desarrollo del comercio, estimulando la producción en medio de un clima de paz. Ellos consideraban que la paz era condición sine qua non para recuperar el desarrollo económico que la región necesitaba, y por ello trazaron pautas políticas de tolerancia frente a los conservadores y de rechazo a las prácticas de los jóvenes radicales que buscaban lanzar la oposición conservadora a la guerra. Pero a pesar de sus esfuerzos, la combinación de una serie de factores políticos –entre los que se destacan las maniobras de los radicales por mantenerse en el poder– llevó a que en 1876 la guerra fuera inevitable. El deterioro del clima político había venido acompañado por la crisis de los mercados externos para el tabaco, la quina y el añil, lo que hizo más complicada la situación. Pero lo más grave fue la destrucción de las unidades productivas, de los cuales algunos viajeros extranjeros como Frederick von Schenck dan testimonio.5 En este contexto, las autoridades radicales del Cauca recurrieron a empréstitos, expropiaciones y contribuciones forzosas para financiar la guerra, anulando el derecho de propiedad que el liberalismo predicaba. James Eder, el Cónsul norteamericano en el Cauca, en informe enviado al Secretario de Estado Adjunto, Mr. Hunter, le decía al respecto:

La manera de levantar los medios de llevar a cabo la guerra por el gobierno me parece que es única en este país:

1. El Gobierno ha embargado todo el ganado, de manera que a los dueños no les está permitido vender o matar para su uso particular. Las reses se llevan a los mataderos públicos por cuenta del Gobierno, y según la práctica del país, el ganado que pertenece a extranjeros también se embarga.

2. Todos los caballos y mulas de cualquier dueño los toma el Gobierno en calidad de préstamo, pero a la fuerza.

3. Todas las mercancías de cualquier clase y naturaleza las puede tomar el gobierno, llamando a eso expropiaci ón, sin hacer por el momento pago alguno, y sin distinción ya sean sus dueños nacionales o extranjeros.

4. Contribuciones forzosas que deben ser en efectivo. [...].6

Todo esto hizo que los hacendados no invirtieran en sus tierras más de lo necesario para sostener un lánguido comercio, unido al hecho que la producción de los pequeños propietarios también había entrado en crisis, no sólo por los reclutamientos militares, sino también porque sus huertos de cacao habían sido destruidos y porque la caída de los precios afectó a la producción de tabaco.

En tales condiciones la producción se redujo a la débil demanda interna.7 Desde luego, no se puede dejar de advertir que la reactivación económica de los años sesenta se debió a que los comerciantes habían encontrado demanda en los Estados vecinos de Antioquia, Tolima o la República del Ecuador; ahora la situación era bien diferente, porque la guerra continuaba en el más importante mercado comercial caucano, el conservador Estado de Antioquia, donde se había desarrollado una particular animadversión contra los caucanos, que no sólo habían invadido y vencido sus ejércitos, sino que controlaban su gobierno; situación similar ocurría con el Ecuador, donde el gobierno había ofrecido asilo político a los conservadores caucanos. En tales condiciones la demanda de la producción se restringía al consumo interno, lo que creaba dificultades adicionales dada la frugalidad de los consumos,8 asociada a factores naturales tales como plagas de langosta, y la alternación de veranos e inviernos que llevaron a desplazamiento de los campesinos del campo a la ciudad.9

Pero, ¿cómo fue posible esta crisis a pesar de las potencialidades económicas caucanas? La respuesta evidente está en la inestabilidad política que produjeron las guerras civiles, con sus secuelas de irrespeto a la propiedad privada, constantes expropiaciones y empréstitos forzosos sin contar los destrozos cometidos. El padre Federico C. Aguilar, se lamentaba de esto:

Oh Valle del Cauca Paraíso no menos hermoso que el formado por Dios para que fuera mansión del hombre inocente; ¿por qué fatal destino te hallas asolado? ¿Por qué te has regado con la sangre de tus hijos? ¿Por qué Edén de bienandanzas, te has convertido en tierra de miseria, de atrasos, de zozobras y de ruinas? El orgullo hizo perder a Adán el paraíso oriental y la pereza, el espíritu de partido y las guerras civiles han hecho perder a los colombianos este paraíso occidental.10

Muchos caucanos entendieron que era necesario establecer la paz para poder construir una infraestructura que permitiera superar la crisis, de esta manera podrían consolidar la construcción del Ferrocarril del Pacífico, iniciado en 1878, construir el camino Cali, que comunicaba a Buenaventura con Cali, el camino Palmira, y establecer la Empresa de Vapores del Cauca. Todo esto, que era una materialización del programa de los liberales independientes, debió sufrir la oposición de los radicales quienes veían que el desarrollo de esta infraestructura lesionaba sus intereses políticos, por lo que desarrollaron desde los cargos públicos que controlaban toda la oposición posible a su realización. Ante esto la actitud de los independientes no fue otra que pedir la paz: ''Séanos lícito pedir y esperar una tregua en las hostilidades mientras llevamos a cabo las urgentes mejoras del camino de rieles, los buques de vapor en nuestro río y el Banco Hipotecario. Esa tregua producirá indudablemente una paz duradera''.11

Estas obras contaron con el apoyo del gobierno nacional, en manos del independiente Julián Trujillo, quien pignoró algunas rentas para garantizar su ejecución,12 pero contaron con la oposición de los gobiernos caucanos, particularmente los dirigidos por los radicales César Conto y Modesto Garcés (1875-1879), quienes incumplieron sus compromisos al negarse a contribuir con los auxilios que habían prometido. Además, acusaron al candidato independiente Ezequiel Hurtado, de promocionar su candidatura por medio de estas empresas;13 igualmente, movilizaron a los bogas de Dagua para que entraran en huelga y entorpecieran los trabajos de los obreros del Ferrocarril.14

La radicalidad de la oposición desarrollada por los gobiernos caucanos obligó a que los independientes, marchando en contravía de sus propuestas pacifistas, se vieran obligados a recurrir a la guerra, lo que realizaron cuando el general Eliseo Payán se declaró ''Jefe Civil y Militar del Cauca'' e inició la ''Revolución del 21 de abril'' de 1879, mediante la cual los radicales fueron expulsados del poder. Aunque esta guerra fue de muy corta duración, sus conductores tuvieron un comportamiento muy diferente al que había caracterizado las guerras anteriores. Por ejemplo, los ejércitos contendores confiscaban las caballerías necesarias para el sostenimiento y movilización de las tropas, lo que se prestaba para innumerables abusos, pues oficiales de alto rango optaban por vender los animales confiscados apropiándose del dinero de la venta. Para evitar esto, el gobierno de Eliseo Payán dictó el 14 de mayo de 1879 un decreto que prohibía que los oficiales vendieran caballerías ''sin la presencia de las autoridades políticas del municipio ante las cuales deberá el vendedor acreditar plenamente el derecho de propiedad que tenga sobre las bestias vendidas''15

La tarea inmediata de los independientes se concentró en normalizar el desarrollo económico. Para ello era necesario restablecer la confianza de los empresarios rurales, muchos de los cuales habían visto afectados sus intereses por los decomisos que sufrieron durante la guerra de 1876. Por eso Eliseo Payán dictó un decreto sobre devolución de propiedades raíces urbanas y rurales, bienes muebles e inmuebles que hubieran sido expropiadas durante la guerra de 1876. Los dueños legítimos deberían ser indemnizados y todos los remates que de ellos se hicieron fueron considerados nulos.16

El decreto de devolución de propiedades levantó muchos comentarios en contra, explicados por la afectación de los intereses de quienes salieron beneficiados por los remates. Esto hizo que los editores del El Amaime, de 11 de septiembre de 1879, hicieran una defensa del mismo argumentado que lo único que hacía era recuperar el respeto por el inviolable derecho de la propiedad, pues ''se devuelve lo ajeno, lo que no debió tomarse, lo robado''. Las denuncias se enfocaron a los decomisos realizados en el Sur, donde fincas raíces de alto valor fueron cotizadas a voluntad de los rematadores ''en mucho más de medio millón de pesos'', con el agravante de que sólo entró a las cajas del Gobierno, ''siete mil y pico de pesos'', de los cuales los encargados de los remates dedujeron por comisión porcentual de sueldo ''más de dos mil pesos''. La denuncia no se hizo esperar y se planteó con la pregunta:

¿Qué se hizo pues el medio millón de pesos en valores? Se invirtió en el sostenimiento de las autoridades constituidas? No señor [...] el medio millón fue robado por unos pocos que han llevado impropiamente el nombre de liberales, contra toda razón, todo derecho i toda justicia, y contra los intereses permanentes de la sociedad caucana''17

La fuerte denuncia incluyó acusaciones de abusos como los ocurridos en el municipio de Barbacoas donde varias propiedades y minas fueron rematadas al fiado, sin que se hubieran consignado los valores correspondientes en las arcas oficiales a pesar de que los rematadores las estaban poseyendo.

Mucho más grave fue lo que ocurrió en Buenaventura donde se remataron minas avaluadas previamente en $20.000, por sólo $1.100, sumas que tampoco entraron a oficina alguna o a poder de los empleados responsables. Allí, de un empréstito de $40.000, efectuado en oro en polvo y alhajas de oro y plata, no se dio cuenta al gobierno por un solo centavo.

Desde luego, los decomisos y expropiaciones se hicieron en otro tipo de bienes. Por ejemplo, en Caldas los empleados del gobierno y miembros del ejército se apropiaron de ganados, bestias y quinas, las que fueron entregadas a particulares ''sin que mediara expropiación''. No fue diferente lo ocurrido en Popayán donde se produjo el arreamiento de ganados, que llenaron las arcas y las dehesas de algunos generales. En Santander de Quilichao en una sola hacienda, se tomaron más de 4.000 reses, pero las autoridades sólo admitieron haber expropiado 150. El valle del Cauca no fue ajeno a esta situación, pues un caso extremo se presentó en Cali, donde los abusos fueron creciendo hasta que se produjo el terrible 24 de diciembre cuando la ciudad fue entregada para el saqueo de las tropas durante tres días; allí, los saqueos fueron imposibles de cuantificar. En Buga, la situación no fue diferente, pues 76 reses de media ceba valuadas a 32 pesos, fueron entregadas al mismo precio que 650 reses de igual clase y de cría; allí, se estableció el derecho de que quien primero ocupara una hacienda ganadera tenía la prioridad en los decomisos, y los alcaldes establecieron almacén de sillas, frenos, ruanas, lienzos, sarazas, etc., etc. para ''vender los efectos y aplicar sus valores a la defensa de sus bolsillos''.18

Todo esto sirvió para que algunas propiedades retornaran a sus dueños,19 pero muchas devoluciones encontraron dificultades para efectuarse por la evidente corrupción con que se hicieron los remates. Esto lo relató el Administrador de Hacienda de Pasto, quien el 24 de marzo de 1880, escribió al Secretario de Hacienda del Cauca, que en su oficina no existía ningún documento legal acerca de los remates efectuados entre 1876 y 1877, lo cual le parecía ''muy natural'', debido a que el señor Benjamín Gálvez, comisionado oficial para hacer efectivos los empréstitos, ''se dio por robado del archivo de su oficina'', a lo que se agregaba que el señor Camilo Santander, Administrador Municipal en ese entonces, no rindió las cuentas de manejo, ni dejó constancia de él en el archivo de la Administración. Lo curioso es que en algunas publicaciones oficiales aparecía que fincas valiosas fueron rematadas en favor del mencionado Santander aún cuando era Administrador de Hacienda, y agregaba, como dato adicional, que todas esas fincas fueron administradas por José María Guerrero y el mismo Santander, sin que le produjeran un centavo al Tesoro del Estado. Y agregaba en forma de conclusión:

Pretender, señor Secretario, aclarar el misterio que encierra la época nefanda de la confiscación de Pasto es más que difícil, imposible, ora porque sería descorrer el velo que cubre la vasta i profunda llaga que amenaza i mina la existencia deste municipio, i ora porque con excepción de diez o doce individuos que actualmente forman el círculo independiente, los demás, cuál más, cuál menos, todos en nombre del Gobierno i del partido liberal, han tomado participación en el banquete del crimen, motivo por el cual se unen i se compactan para evitar que la luz de la justicia venga a enseñar al país en toda su deformidad, ese inmenso cúmulo de delitos; i por lo mismo ponen en juego cuantos medios les es posible, por indignos que ellos sean, a fin de impedir que la atención del Gobierno recaiga en las depredaciones del sur en años anteriores.20

Todas las denuncias sirvieron para que, al fin, aparecieran los documentos de los bienes decomisados en Pasto, pero estos ''aparecieron despedazados e inutilizados a pocas cuadras de distancia de la casa del Jefe Municipal, viviendo el Administrador especial a más de doce cuadras de distancia de la primera''.

Los empréstitos que se hicieron en el sur alcanzaron la suma de $70.000, de los cuales $47.216 fueron en dinero, el resto en inmuebles, suma que de todas maneras tenía que ser restituido a los abusivos rematadores, pues argumentaron que sus derechos no podían ser lesionados cuando el Estado restituyera las propiedades a sus legítimos dueños.21 De todas maneras, los rematadores no se salieron con la suya pues el Gobierno ordenó reintegrar a los que remataron los bienes la suma de $6.590.22

Todo esto mostró la venalidad de las autoridades radicales del Cauca y sirvió para que en el periódico La Reforma, publicado en Cali el 21 de mayo de 1880, le hicieran una serie de cargos a Modesto Garcés, el Presidente recién derrocado, y quien desempeñaba el cargo de Secretario de Hacienda del Cauca, durante la guerra del 76. Se le acusaba principalmente de haber favorecido a particulares, y en especial a empresas comerciales de sus amigos en los remates. Por ejemplo, cuando entre abril y julio del 77 el gobierno mandó rematar 100 cargas de quinas del sur, decomisadas como contribución de guerra para pagar un armamento comprado en Panamá y con el cual se hizo la compañia del sur del Cauca, esas quinas fueron rematadas por el señor Jeremías Cárdenas en nombre de la Casa de Ernesto Cerruti i Cía., de Popayán. Esto no tendría nada de particular, si no fuera por el hecho de que el general Ezequiel Hurtado fue el jefe de las fuerzas que hicieron la campaña del sur del Cauca, teniendo como segundo Jefe al general Buenaventura Reinales, ambos socios de Cerruti, quienes, además, remataron otras cargas de quina por ellos decomisadas a favor de su empresa. A esto se agregó que en 1876, cuando el gobierno debió comprar 4.000 arrobas de sal para el sostenimiento de las tropas lo hizo a los señores Ernesto Cerruti y Cía., Francisco Menotti y Rodas y Otero de Buenaventura, sin que mediara la aprobación de la Legislatura del Estado, como ordenaba la norma que regía los contratos públicos.23

 

Los empresarios y la guerra de 1885

Cuando las cosas se normalizaron la política económica de los independientes prometía sacar a la región de la crisis. En efecto, se lograron algunos avances en el ferrocarril, por el que pudo circular el café de la zona del Quindío y del Valle, el cual prometía reemplazar las pérdidas que habían ocasionado la crisis tabacalera y la guerra. Esto ocurría en momentos en los cuales los precios de la quina y el añil caían en forma acelerada, lo que obligaba a la exportación de metales preciosos para equilibrar la balanza exportadora. Todo indicaba que había un dominio de los productos agropecuarios en la exportación, pero la guerra de nuevo vino a oscurecer el panorama. En efecto, en 1885 los radicales iniciaron un movimiento revolucionario con el fin de derrocar a los independientes quienes, a su juicio, estaban entregando el poder al Conservatismo. En el Cauca, el movimiento fue instigado y financiado por comerciantes de la plaza de Cali, dirigidos por Ernesto Cerruti, gerente de un grupo comercial que llevaba su nombre y al que aparecían vinculados importantes políticos caucanos.24 Sus intervenciones en la política interna del Cauca son muy antiguas y no es del caso repetirlas; sólo recordaremos que ellas siempre se dieron al lado de los liberales radicales, varios ellos, socios suyos en sus empresas comerciales. Sobresale el general Tomás Rengifo, quien fuera candidato a la presidencia del Cauca en 1883, en cuya campaña política Cerruti desempeñó un papel importante que sólo terminó con la muerte del candidato.

La situación general presagiaba la guerra, pues los liberales se dividieron en toda la República, al punto de que los radicales declararon la guerra contra el gobierno regenerador en 1885. En el Cauca la situación se complicó cuando un batallón de la Guardia Colombiana, como se dijo en la época, se ''vendió'' a unos comerciantes radicales, entre los que descollaba Cerruti.25 Esto llevó a que las autoridades del Estado argumentaran que don Ernesto había perdido su condición de neutral y por lo tanto, quedaba cobijado por las leyes colombianas, situación que afectó a sus empresas. A raíz de esto, el 12 de febrero, Eliseo Payán en su carácter de Presidente del Estado Soberano del Cauca, ordenó que se confiscaran todas las propiedades de Cerruti y sus socios en Buenaventura, Cali, Palmira y Popayán. Para tomar estas medidas, Payán se escudó en la ley 38 de 1879, del Estado Soberano del Cauca, con fundamento en la cual declaró bien nacional ''la propiedad personal de dicho Cerruti, lo mismo que la posee en común con los rebeldes Ezequiel Hurtado y Virgilio Quintana''. Más tarde fue reducido a prisión y se inició contra él un proceso por rebelión, hasta que, el 6 de julio, el capitán de un barco de guerra italiano exigió su libertad desembarcando tropas en Buenaventura, lo que produjo el rompimiento de las relaciones entre Colombia e Italia. Cerruti partió a Europa, donde el 18 de junio de 1886 inició el proceso que se conoce como ''Cuestión Cerruti''.

Aunque muchos empresarios se quejaron de hacer sido perseguidos después de la derrota de los radicales, el gobierno, para aclarar las cosas, realizó una encuesta entre los comerciantes extranjeros, con el fin de sustentar que no se había perseguido a nadie que no hubiera intervenido en la política interna del Cauca. Las declaraciones fueron tomadas por el Jefe municipal Belisario Palacios, ante quien empresarios como Carl. H. Simmonds, el abanderado de la navegación a vapor por el Cauca, declaró haber gozado de plenas garantías en el nuevo régimen político. José Quilici, en cambio, mencionó haberse sentido perjudicado debido a que el gobierno había embargado los bienes de Cerruti, su socio, pero reconoció que las autoridades le habían ofrecido sacar su capital del embargo, lo que no aceptó por no convenir a sus intereses. Otro italiano, Vicente Espadafora, declaró que durante su vida en el Cauca, no había sido molestado en sus intereses; ''aunque en 1879, con motivo de la rebelión le quitaron algunos intereses en el paso de Cauca'' y que hasta el momento no le habían devuelto su valor, agregó que ''el tercero o cuarto día de haber llegado el general Payán a esta plaza fue el Intendente General del gobierno del Estado a la puerta de su tienda, a ofenderlo en palabras expresando que los extranjeros venían a este país a explotar y a especular y que ellos estaban muy dormidos y que ningún provecho dejábamos al país''.

De manera igualmente conforme, se expresó el señor Alberto Burchardt, comerciante alemán, quien dijo haber recibido un trato satisfactorio. Desde luego, esa no fue la opinión de quienes vieron confiscados sus bienes, pues además de los asuntos legales que suscitó su participación en los asuntos internos del Cauca, debieron sufrir la demanda que los señores Scholss Brothers, David Midglay and Sons, Reinsch am Ende y Stadelvauer and Company, del comercio de Manchester en Inglaterra interpusieron por poder otorgado al señor A. de Cambil para que los representaran en vista de las circunstancias anormales por las que atravesaba el Estado del Cauca. Entre los deudores de los citados figuraban las casas de Ernesto Cerruti y Cía., Gaviria e hijos, y Fidel Galinde cuyos inmuebles y existencias se encontraban confiscados y estaban rematando por cuenta del Estado26.

La guerra llevó a que la recuperación económica se detuviera, pues la destrucción de la economía, produjo un período de escasez con su correspondiente alza de precios. Como siempre se unieron factores climáticos, tales como un crudo invierno que inundó el Valle y que llevó a que Eustaquio Palacios encontrara, como única solución a este problema, seguir el ejemplo de los colonizadores antioqueños, y cultivar los piedemontes cordilleranos que rodean al Valle. Decía: ''Hay que volver los ojos a las montañas, allá está la esperanza de la generación presente; allá el porvenir del hombre laborioso''.27 No estaba equivocado, pues durante el período conocido como ''La Hegemonía Conservadora'', la recuperación económica descansaría en los brazos de los hombres y mujeres que, en la zona de colonización, encontraron en el café el producto que redimiría económicamente al valle del Cauca al permitir, luego de la Guerra de los Mil Días, que se desarrollaran las empresas por las que habían luchado los caucanos: el ferrocarril y la navegación a vapor y que los proyectos económicos de los empresarios nacionales y extranjeros tomara un nuevo impulso después de la última y más terrible de nuestras guerras civiles.

 


Notas al pie

1 Los aspectos generales del desarrollo de la región caucana durante el siglo XIX pueden consultarse en Valencia 1993.

2 Sobre el tema véase Valencia 2003a.

3 Véase Valencia 2003b.

4 Véase Mejía 1993.

5 Schenck 1963.

6 Eder 1958.

7 El Ferrocarril 1878, 1.

8 El Ferrocarril 1878, 8.

9 El Ferrocarril 1878, 4.

10 Aguilar 1881, 572.

11 El Ferrocarril 1878, 10.

12 Ver Samper 1997, 198.

13 El Ferrocarril 1878, 29.

14 El Ferrocarril 1878, 40.

15 Registro Oficial 1879, 5.

16 Registro Oficial 1879, 8.

17 El Amaime 1879, 7.

18 El Amaime 1879, 7.

19 Registro Oficial 1879, 7.

20 Barreiro 1880.

21 Registro Oficial 1883.

22 Ïbid., 237.

23 El Ferrocarril 1878, 104.

24 Véase Valencia 1988.

25 Registro Oficial 1886, 398.

26 Archivo Histórico Municipal de Cali, Jefatura Municipal de Cali, 11 de agosto y siguientes, 1885.

27 El Ferrocarril 1887, 298.


 

 

Bibliografía

Aguilar, Federico. 1881. El Valle del Cauca. El Ferrocarril, No. 143, Cali, 18- II, p. 572.         [ Links ]

Archivo Histórico Municipal de Cali, Jefatura Municipal de Cali, 11 de agosto y siguientes, 1885.         [ Links ]

Barreiro, M. S. 1880. Comunicación del Administrador Municipal de Pasto, al Secretario de Hacienda, Pasto, 24-III. Registro Oficial. No.55.         [ Links ]

Eder, Phanor J. 1958. El Fundador. James M. Eder. Cali, ed. Velasco Madriñán, pp. 246-247.         [ Links ]

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