INVESTIGACIÓN

Orden público y seguridad: la protección privada de los ciudadanos en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886

Roicer Alberto Flórez Bolívar*

* Magister en Historia de la Universidad Pedagogica y Tecnológica de Tunja, profesor de tiempo completo adscrito al programa de historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena de Indias (Colombia) y miembro del Grupo de Investigación Frontera, Sociedad y Cultura –Categoría B en Colciencias–. Ha publicado ensayos en calidad de co-autor en las revistas Historia Crítica, 34 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2007); Justicia, 12 (Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2007); Historia Caribe, 13 (Barranquilla: Universidad del Atlántico, 2008); Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica, 7 (Barranquilla: Universidad del Atlántico-Universidad de Cartagena, 2008); Historia y Sociedad 16 (Medellín: Universidad Nacional de Medellín, 2009); El Taller de la Historia 1 (Cartagena: Universidad de Cartagena, 2009); Amauta 13 (Barranquilla: Universidad del Atlántico, 2009). E-mail: rflorezb@unicartagena.edu.co.

Artículo recibido 25 de enero de 2010, aceptado el 14 de febrero de 2010 y publicado electrónicamente el 20 de diciembre de 2010.

Resumen

El autor ofrece su comprensión sobre cómo la falta de recursos económicos y las disputas entre liberales radicales y conservadores crearon un clima de inestabilidad política en la que participaron las élites locales del Estado Soberano de Bolívar entre 1857-1886. Esta situación conduce a que la seguridad de los ciudadanos muchas veces no recayera sobre el Estado sino en personas o familias de gamonales y caciques con cuya autoridad se asumía funciones de Estado en zonas donde éste hacía poca o ninguna presencia. El autor, a partir de fuentes periodísticas y documentos oficiales, relata hechos y situaciones que referencian el inestable clima gubernamental y político, el cual conlleva a la aprobación de un proyecto sobre policía general y la conformación de cuerpos de alguaciles serenos con la participación de habitantes, empleados públicos y comerciantes de las localidades. El libre comercio de armas establecido desde 1863 contribuyó a que las élites locales participaran de modo activo en su comercialización y ofrecimiento en épocas de levantamientos armados a favor o en contra del Estado hasta 1886.

Palabras clave: Estado Soberano de Bolívar, orden público, seguridad, ciudadanos, protección privada, gamonales

Introducción

La historiografía colombiana sobre los Estados Soberanos se concentra en los casos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Santander entre otros, y desarrolla enfoques básicamente desde dos variables: la educación y las elecciones.¹ En lo referente a los Estados de Bolívar y Magdalena, las investigaciones son escasas y no se han alejado de las temáticas anteriormente referenciadas. Jorge Conde, Luís Alarcón, Adriana Santos y Alberto Wong Hiu se destacan por sus investigaciones sobre la problemática en cuestión.² Los tres primeros escriben sobre el proceso educativo en el Estado Soberano del Magdalena entre 1857 y 1886 y en las particularidades que permiten conocer cómo se desarrolló el proyecto educativo radical en la zona. Para de este modo abordar la confrontación resultante de la imposición de una cultura moderna y de un sistema educativo que pretendía difundirla y legitimarla en una sociedad que generó resistencia o terminó por reelaborándolo. Para el caso del Estado Soberano de Bolívar, la ausencia de estudios es mucho más evidente. Es poco lo que se conoce sobre este periodo de la historia colombiana y para esta parte del Caribe colombiano. Solamente Alberto Wong Hiu publicó un artículo corto referente a las finanzas públicas del Estado. El elemento central de sus reflexiones es la descripción de su economía: principales productos de exportación, rentas estatales, los mecanismos de recaudación, etc.

Algunas razones explican el escaso interés de la historiografía regional caribeña sobre el Estado Soberano de Bolívar. La primera obedece a que el Siglo XIX prácticamente no existe en la historiografía local y regional sobre Cartagena, consecuencia de que el período republicano fue adverso para el desarrollo material de la ciudad, perdiendo todas las prerrogativas portuarias y comerciales que habían estimulado su desarrollo durante el período colonial. El resultado es que los temas abordados por los historiadores cartageneros están relacionados con el periodo colonial, periodo de grandeza para la ciudad, y la Independencia, en la que Cartagena jugó un papel fundamental. Sin desconocer la existencia de trabajos sobre la vida y obra de Rafael Núñez, que exaltan una personalidad que despierta el orgullo cartagenero y que son un recurso de la memoria colectiva y la identidad local, como lo indica Solano de las Aguas (1997, 120-140).

La historiografía regional es muy proclive a la centralidad espacial y política de sus discursos, que hace de los epicentros urbanos el centro de gravedad de sus cavilaciones. El concentrar sus esfuerzos investigativos, en espacios locales como Barranquilla y Cartagena, lleva a que la historiografía regional, -al igual que los discursos patrios que confundieron los sucesos independentistas de Bogotá como la historia del resto del país-, suplante la(s) historia(s) de la región con la de sus principales centros urbanos. Se trata de una reproducción a escala del centralismo historiográfico que hace pasar la historia de sus ciudades portuarias como las historias del resto de la región. En parte, se debe a que esta última es una construcción histórica en la que los centros económicos y de poder más importantes ocupan un lugar central en la integración del espacio y de las formas de vida, como bien lo anotó en alguna ocasión Fernand Braudel (1985, 53) a propósito de las ''economías mundo''.

Los interrogantes en la historiografía caribeña colombiana sobre uno de los periodos centrales de la historia política del país durante el siglo XIX son muchos. Situación relevante para el caso del Estado Soberano de Bolívar, el cual no cuenta con estudios sistemáticos que rindan cuenta de su historia regional. Lo que inspira a preguntarse: ¿Cuáles eran las rentas estatales y distritales? ¿Cómo operaban el partido liberal y conservador? ¿Cuál fue el papel que jugó la Iglesia? ¿Qué grupos sociales controlaban el poder político y económico?, ¿Cómo se controlaba el orden público?

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo analiza de qué forma se mantenía el orden y la seguridad en el Estado Soberano de Bolívar. La hipótesis es que la falta de recursos económicos padecida por el Estado determinó que la seguridad de los ciudadanos muchas veces no fuera ejercida por las autoridades estatales sino por agentes privados. Lo que permite señalar que la autoridad se ejercía con personas o familias que representaban al Estado en zonas donde éste hacía poca o ninguna presencia. Para la mayoría de habitantes, la autoridad estatal no se presentaba por medio de instituciones con la que mantuvieran una relación impersonal; todo lo contrario, ella estaba mediatizada por una serie de relaciones afectivas (de empatías o antipatías) o de coacción.

Es la justificación con la cual el presente artículo plantea el problema del orden público, las causas que lo alteraban y la falta de seguridad de los ciudadanos. Además de las estrategias implementadas por las autoridades estatales para mantener el orden y la seguridad en el territorio entre 1857 y 1886.

La falta de recursos económicos: un problema para el orden y la seguridad en el Estado

El 15 de junio de 1857, el Congreso de la República aprobó una ley que le dio vida político-administrativa al Estado Soberano de Bolívar sobre una jurisdicción territorial integrada por la provincia de Cartagena, escala de origen colonial. Con la aprobación de su cuarta constitución política en 1865 el territorio fue dividido en diez provincias: Barranquilla, Carmen, Cartagena, Corozal, Chinú, Lorica, Magangué, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo. A su vez, éstas fueron divididas en distritos (Solano, Sergio; Flórez, Roicer; y Malkún, William 2008).

Institucionalizar el nuevo Estado no fue tarea fácil, pues su presencia a lo largo del territorio era demasiado precaria. Factores como la escasez y la dispersión poblacional, la pobreza y la abrumadora presencia de personas iletradas, eran algunas de las características de la sociedad que contribuyeron al entorpecimiento de la administración pública. Por ejemplo, existían distritos en los que sabían leer y escribir una o dos personas, o algunos en los que nadie sabía. Esta situación permitió a los letrados la concentración del poder político y el abuso del mismo, al ser los encargados de los puestos públicos, de las elecciones y del reparto de los impuestos como sucedió en la provincia de Magangué en 1878. Año en que los magistrados del tribunal superior de justicia del Estado declararon inconstitucional el presupuesto de rentas y gastos del distrito de Retiro, porque el pago de los impuestos recaía mayoritariamente sobre los sectores más pobres de la localidad: los agricultores y carpinteros.

Para los magistrados la razón de que esto sucediera se debía a que:

[...] en los distritos que no son cabeceras de provincias, las personas ricas, que son las que pudieran y debieran pagar los impuestos, son muy pocas y debido a esas riquezas que recibieron de sus padres, los más, pudieron también hacerse a mayores conocimientos que esos desgraciados, que jamás han podido separarse del trabajo, sin riesgo de exponer a mayores escaseces a sus familias, por consiguiente, son los opulentos de los pueblos, los mismos que desempeñan los empleos onerosos permanentes (como es el destino de concejal) o los que tienen una asignación anual de $200, porque es rarísimo el distrito que no sea Capital, cuyos distritos tengan mayor asignación. Esto hace que la contribución no sea general, ni menos equitativa, porque concede privilegios y distinciones que favorecen únicamente a los ricos del distrito del Retiro.³

El problema más grave era que el Estado padecía una constante inestabilidad económica debido a que no producía los recursos necesarios para cubrir los gastos que demandaba su administración. Desde su creación la escasez de rentas fue predominante. Mientras el gasto público aumentaba, los ingresos no lo hacían de la misma forma. Estudiando los presupuestos de rentas y gastos del Estado se evidencia lo señalado, pues en la sección de gastos sobresale el título de deuda estatal y en los años transcurridos entre 1858 y 1879, su resultado fue el siguiente:

La inestabilidad era consecuencia de múltiples factores entre los que sobresalían la pobreza de sus habitantes; las guerras y los levantamientos armados; el fuerte contrabando de carne, harina, tabaco, café, azúcar; la fabricación clandestina de aguardientes y los fraudes cometidos al impuesto sobre la renta (Flórez Bolívar 2009, 13-42). Verbigracia, en octubre de 1873, el Presidente de la Asamblea Legislativa le recordaba al mandatario electo la situación nada agradable de la economía estatal:

Vosotros comprenderéis que con los recursos ordinarios del tesoro no puede hacerse frente a las erogaciones que exige una situación extraordinaria, sin relegar a un completo abandono los ramos de la administración, distintos de la conservación o el restablecimiento del orden. Y esto es lo que ha sucedido: hace seis meses que no se paga a los empleados; las pocas escuelas que funcionan es por virtud del aquilatado patriotismo de sus directores; la casa de prisión y reclusión que se encuentra amenazando ruina, no ha podido ser reformada; muchas provincias carecen de cárcel, las vías de comunicación no reciben la más simple mejora, el Colegio del Estado languidece y los hospitales no merecen tal nombre.

[...] al fin del presente año habrá sobre el tesoro una suma enorme de créditos pasivos que no podrán ser satisfechos y en el curso del año próximo, sino se adoptan medidas que salven al Estado, continuará el déficit y por consiguiente la mala administración.⁴

Aunque los pocos recursos afectaban la administración, la escasez de hombres con que contaba el ejército y la ausencia de cárceles también afectaba el orden público. Por ejemplo, en 1870 el pie de fuerza pública del Estado era de 120 hombres, divididos en las 10 provincias de la siguiente forma: Barranquilla 11 hombres; Carmen: 9; Cartagena: 20; Corozal: 8: Chinú: 9; Lorica: 18; Magangué: 7; Mompox: 10; Sabanalarga: 13; Sincelejo: 15. Sobre ellos recaía el deber de mantener la seguridad de los 241.704 ciudadanos y el orden en los 65.303 kilómetros cuadrados con los que contaba el Estado.⁵ Territorio de vastas proporciones que solo alcanzamos a imaginar si observamos que era más grande que muchos de los actuales países europeos,⁶ y en América mayor que Costa Rica y casi del tamaño de Panamá.

Por su parte, aunque cada distrito debía construir su centro de reclusión, esta Ley, como muchas otras, quedó en el papel. La falta de recursos económicos impedía cumplir con la exigencia. ''Asco y más asco, nauseas produce estas zahúrdas impropiamente denominadas cárceles'' fueron las palabras utilizadas en 1870 por el gobernador de Magangué, Clemente María Canabal, para referirse al local de la cárcel provincial. Según Canabal la ruina amenazaba la que servía imperfectamente de casa de castigo, sin que esa gobernación hubiese podido conseguir, en arrendamiento, un local que prestara la garantía apetecible, no solo para el reo, sino para respetar la autoridad y sus mandatos. De igual forma, dos años antes el gobernador de Barranquilla manifestaba que: ''ni la provincia, ni distrito alguno en ella, tiene edificio que pueda llevar el nombre de cárcel. En algunos de ellos, el tal edificio es un árbol de mamón [...]'' y, en 1876, el gobernador de la provincia de El Carmen manifestaba que ''no hay cárcel provincial. El motivo es muy sencillo: se ha podido pensar en todo; menos en construirla [...] en los demás distritos de la provincia con excepción de San Juan, Guamo y Tetón, se llama cárcel al local donde está colocado el cepo o el jobo, local cuyas paredes formas la atmósfera y cuyo techo transparente la bóveda del firmamento''. ⁷

Las falencias que presentaban las cárceles ocasionaban o que los presos se fugaran, lo que era la norma, o que los jueces, conociendo la forma en que funcionaban aquellas y por temor a retaliaciones sobre ellos o sus familias, optaran por absolverlos a sabiendas que eran culpables. Como corolario, en las zonas rurales uno de los empleos que más temor producía y que se negaban a ejercer los habitantes era el de Jurado. El general Joaquín Posada Gutiérrez (1929), haciendo referencia al juicio por jurado, dejó en sus memorias la siguiente anécdota:

Juzgábase en una ciudad pequeña a un hombre de aspecto amenazante, que había muerto a otro a palos. Me horroricé al oír la acusación del fiscal y a pesar de todo el asesino fue absuelto. Al salir los jurados, me acerqué a un amigo, sujeto razonable e independiente, y le pregunté ¿Cómo han absuelto ustedes a ese hombre?- pero si es un bandido, contestó- pues por lo mismo debieron ustedes condenarlo- ¡como se conoce que vive usted en Bogotá! Me replicó a su turno. Si usted viviera en el campo, por acá, sabría usted lo que es ver uno su casa ardiendo el día menos pensado, o que le salgan al paso en un camino, garrote en mano y puñal al cinto; o llegar a su casa y encontrarse que han estropeado, cuando menos, a la mujer o a los hijos. Ese hombre tiene hermanos y parientes que se le parecen; además, un día u otro hay una revolución, y se presentará por aquí con soldados y entonces ¡pobres de los jurados que votaron contra él!

La inseguridad y el miedo que padecían los ciudadanos provocaron que la violencia pasara del plano físico al simbólico. Los muertos y los secuestrados, pero también los juegos de palabras, símbolos y metáforas reflejan la situación. El informe rendido por el gobernador de la provincia Barranquilla en 1868 señala que la capital provincial sufría dos males crónicos que la afligían. El primero era la chismografía, porque como todos los pueblos o poblaciones de campesinos acostumbrados a llevar una vida tranquila, el menor incidente era una gran novedad y la credulidad pública llegaba hasta el extremo de creer en brujas y duendes. La ciudad ante la noticia más absurda entraba en alarma, tal y como lo afirma la siguiente nota en la Gaceta de Bolívar:

De esto resulta que en esta Ciudad no hay sosiego público y que la autoridad que no se familiariza pronto con este modo de ser o no tiene juicio para libertarse de sus influencias o es una autoridad perdida. Yo he tenido la fortuna de familiarizarme pronto con este modo de vivir y con solo no hacer caso he salvado al Estado más de diez veces, he desbaratado cien revoluciones, he destruido mil salteadores de caminos y hasta lo que es más, he puesto fin a la idea de quemar casas con mechas azufradas.⁸

Además de la inseguridad reinante, la falta de orden público también se reflejaba en levantamientos y revueltas armadas propiciadas por los partidos, Liberal o Conservador, o por las facciones en que se que se encontraba dividido el Liberal. Por ejemplo, de 1864 hasta 1875, los generales Antonio González Carazo y Ramón Santodomingo Vila se repartieron el poder alternadamente o por medio de personas interpuestas (Lemaitre 1983, 22). Ambos fueron presidentes. El primero entre 1865 y 1867 y el segundo entre 1870 y 1873. Sin embargo, en el transcurso de esos años fueron muchos los intentos de otras facciones por acceder al poder a través de la vía electoral o por medio de las armas. Para González Carazo, el año más difícil de su presidencia fue 1867. De hecho, el 1 de agosto se firmó un convenio en Cartagena entre Manuel Z. de la Espriella, en representación de una Junta Patriótica, y José Leonardo Calancha, sobre auxilios para llevar a cabo una rebelión tanto en Bolívar como en Panamá. En ese convenio se comprometió Calancha a proporcionar 500 fusiles y 50.000 tiros a la llamada Junta Patriótica de Cartagena y ésta a proporcionar doscientos o trescientos hombres después que se hubiese verificado la rebelión en Bolívar. La sorpresa del presidente fue que la mitad de los miembros de la llamada Junta Patriótica habían sido empleados públicos durante su gobierno.⁹ Aunque el plan fue frustrado en Panamá, no diezmaron las intenciones de derrocar a la facción de los carazistas, pues un nuevo intento se presentaría durante la presidencia de Ramón Santodomingo Vila.

Entre 1870 a 1873, años de la presidencia de Santodomingo, el Estado padeció la más grande inestabilidad política. Desde el primer día de su presidencia comenzaron los problemas en la administración ya que se había preparado iniciar una revolución en el Estado con el fin de evitar su posesión. Sin embargo, los planes se develaron porque la noche anterior fueron aprehendidos ocho bultos que contenían fusiles, propiedad del general Manuel Martínez que los había comprado en la última feria de Magangué.¹⁰ Pero las cosas no terminaron allí. Durante estos tres años, las provincias de Lorica y Chinú se convirtieron en escenario de motines y levantamientos armados en contra del gobierno. Era tan fuerte la oposición a Santodomingo Vila, que en dos ocasiones solicitó a la Asamblea Legislativa una licencia por varios meses para calmar la situación de agitación que vivía el Estado.¹¹

La división del partido liberal no sólo enfrentó a las élites a nivel estatal, sino también a nivel provincial. El caso más evidente de esta situación se presentó en la provincia de El Carmen, la que a partir de 1878 entró en una profunda inestabilidad motivada por la ruptura que se presentó entre los miembros de su élite política y el distanciamiento entre los dos hombres más importantes del liberalismo de la provincia: el General Manuel Cabeza y Valentín Pareja. La razón del distanciamiento se debió a que mientras Cabeza en una primera instancia apoyó el proyecto político de Rafael Núñez, de hecho fue nombrado por éste gobernador de la provincia en 1876, se alejó de él y siguió afiliado al radicalismo liberal (Revollo, 1998). Caso contrario ocurrió con Pareja, quien se convertiría, junto con Daniel José Reyes y Pablo J. Bustillo, en uno de los más fervientes defensores del proyecto político de Núñez en la provincia El Carmen.

Los síntomas del enfrentamiento son palpables a finales de 1877. En noviembre, Manuel Cabeza, aprovechando una representación enviada por los concejales Manuel Martínez Bravo y Nicomedes del Valle, exigiendo que Manuel R. Pareja fuera destituido de su condición de concejal por haber ejercido la gobernación de Mompox, aprobó la resolución de los peticionarios. Sin embargo, el presidente del Estado le escribió al gobernador que no encontraba que ''los señores gobernadores de las provincias se les haya conferido facultad por ley alguna para decretar las vacantes de los concejos municipales en los casos en que estos hayan perdido las condiciones que se requieren para el desempeño de tales destinos'',¹² por lo que Pareja continuó como concejal de ese distrito. La situación empeoró en los meses siguientes. De las palabras se pasó a los hechos. En mayo de 1878, Manuel Cabeza organizó un plan con el objeto de asesinar a varios miembros de la familia Pareja y a otros individuos pertenecientes a esa facción política. El 31 de ese mes Valentín Pareja, Manuel Ramón Pareja, Joaquín Batis, Antonio Falcón, Manuel Enco, José Padrón, D. Fernández Rico, Francisco R. Miranda, Miguel M. García, Aníbal Laguna, Nicomedes Mercado y Pablo J. Bustillo enviaron una carta con el carácter de urgentísimo al Secretario General del Estado, Benjamín Noguera, en la que le señalaban:

No debe impresionarse Ud. Cuando llegue la noticia de la ejecución de un San Bartolomé. La familia Pareja es el blanco sobre quienes se dirigen los tiros y la que está amenazada de ser aplastada de un momento a otro [...]

El Gobernador dominado vergonzosamente por un corto número de hombres de los que han estado anulados en tiempo atrás por causas justas...están preparando un drama horrendo que se ejecutará sino antes, el día que llegue aquí la suspensión de Cabeza, o el día del escrutinio de las elecciones. Para este efecto tienen listos, un número de criminales armados de rémington, y creyendo que la suspensión vendría en este correo, mantuvieron encerrados un número de esos facinerosos en la casa de un hombre que sufrió un juicio en tiempo atrás por asesino, y llegando la noche de ayer, esos hombres, mandados a capturar por el Juez de la provincia se paseaban armados de rémington; dados, según se asegura, por el mismo gobernador.

Hubo rumores no ha muchos días, no se si con algún fundamento, que aseguraban que por la noche de hoy debían ser asesinados entre otros los doctores Manuel Ramón Pareja y Valentín; y aunque ellos no se manifiestan impresionados, lo cierto es, que desde el 14 se han ausentado de este lugar y se encuentran en San Juan Nepomuceno, de donde no deben venir mientras el gobierno no les de garantías que tienen derecho a exigir para sus personas y aun para sus propiedades que se hallan amenazadas también [...]

El día 4 del presente, el Sr. Nicomedes Mercado fue asaltado en un camino por dos hombres y le hicieron un tiro por la espalda, del cual se encuentra gravemente herido.¹³

La época eleccionaria es siempre entre nosotros, un motivo de inquietud y alarma¹⁴

El acto que servía de detonante para los enfrentamientos entre los partidos políticos y las facciones eran las elecciones. Una vez creados los Estados empezó una nueva etapa electoral que exigía una lógica y una dinámica igualmente nueva. Así, en Bolívar en épocas preelectorales, se generaba un ambiente tenso, en el que algunos presagiaban por la rivalidad electoral de los candidatos, luchas civiles y desordenes públicos (Ramírez, 2002).

Los partidos, liberal y el conservador, en su afán por obtener el triunfo electoral, apelaban a cualquier método. Una de las estrategias preferidas era armar, durante los comicios electorales, cuadrillas de hombres con pistolas, revólveres, machetes, palos o sables, con el ánimo de inspirar terror a sus adversarios políticos como ocurrió en Barranquilla en 1868.

En agosto de ese año se preparaban los ciudadanos para elegir los representantes de la provincia a la Asamblea Legislativa, por lo que el partido conservador tomó medidas radicales como la de conseguir que el prófugo Hipólito Jiménez viniese a ponerse a la cabeza de una partida de hombres a enfrentarse con las autoridades. El nombre de Jiménez inspiraba terror en la ciudad y sus contornos, debido a que en 1867 organizó un motín en el cual perdió la vida el gobernador encargado de la provincia y mantuvo el control de la ciudad durante varios días.¹⁵ Sin importarle este historial, los conservadores no tuvieron ningún reparo en invocar su ayuda. En el informe que envió el gobernador de la provincia de lo sucedido anotaba:

[...] el estado de la población era alarmante. Partidas de hombres armados de pistolas, palos, hojas, sables, etc., salían de las casas, amenazando de muerte a las autoridades y a los miembros del jurado, quienes permanecían ocultos porque no podían dominar aquella situación, y porque el Alcalde del distrito, en particular, había sido insultado y amenazada también su existencia con sumo descaro y osadía. Hipólito Jiménez conformó un grupo como de cincuenta a sesenta personas armadas y a son de música bajaban llenos de licor por una de las calles de lo alto de la población que desemboca en la plaza principal.¹⁶

Lo grave del asunto es que las autoridades estatales no tenían los recursos necesarios para enfrentar este tipo de situaciones. Verbigracia, en 1860, luego de un levantamiento armado en el distrito de Tolú, el gobernador de la provincia de Sincelejo le escribía de manera desesperada al secretario general del Estado: ''en estos momentos es cuando la autoridad necesita de los recursos necesarios para contener inmediatamente cualquier trastorno que puedan presentarse [...] Yo no cuento con una sola arma que valga la pena. De municiones se carece absolutamente [...]''.¹⁷ Entonces, sí el Estado carecía de armas para prevenir los levantamientos armados ¿Cómo se hacía para restablecer el orden? ¿A qué medidas se recurría?

La protección de los ciudadanos

Las falencias que mostraba el Estado en materia de seguridad y orden obligaron a los ciudadanos a armarse para protegerse o acudir a personas o familias que podían brindarles la seguridad y la justicia que las instituciones no podían darles. Éstos asumían de facto funciones de Estado, de tal modo que el principio de autoridad fue ejercido por personas o familias, que representaban al Estado en las zonas donde éste hacía poca o ninguna presencia. Para la mayoría de los habitantes, la autoridad estatal no se manifestaba por medio de las instituciones; todo lo contrario, ella estaba mediatizada a través de una serie de relaciones afectivas (de empatías o antipatías) y la coacción. Éste era un poder informal pero efectivo. Por la estructura del gobierno, por su miseria y por la falta de recursos, la seguridad de los ciudadanos, sus bienes y derechos estaba en la suma de poder, valor o resolución que cada ciudadano podía disponer.

La falta de autoridad en las zonas rurales determinó que ésta fuera ejercida, primordialmente, por gamonales y caciques. Éstos imponían sus propias leyes e incluso por situaciones de orden religioso, a tal punto que cuando no convenía la presencia de algún individuo en su zona, ordenaban el destierro con la orden de marcha, una paliza o se hacía ''un no lo queremos'', que consistía en reunir a una partida del pueblo, embriagarla y con cumbiamba, especie de música con tambor y flauta, se arrojaba del lugar públicamente al excomulgado. En 1864 se llevó a cabo un ''no lo queremos'' en Barranquilla contra el cura de la iglesia de San Nicolás que fue relatado por el gobernador de la provincia del siguiente modo:

Para fines de Febrero, el presbítero Rafael Ruiz, antiguo gamonal del barrio de ''San Roque'' de esta Ciudad preparó, desde Cartagena, ''un no lo queremos'' contra el cura de la parroquia de San Nicolás. El público todo se ocupaba de esto, el dicho cura denunció el hecho a la autoridad el 29 del expresado mes manifestando ser algunos individuos del citado barrio, pero sin designar persona, por que los perdonaba y no pudiendo hacer otra cosa, me dispuse a prevenir el atentado cuando fuera a ejecutarse. En efecto, en la mañana del 1 de Marzo, después de tocar las campanas de San Roque, de repartirse el licor y cuando a golpe de cumbiambas, los sanroquinos venían a expulsar a un ciudadano [...].¹⁸

La presencia de gamonales y caciques en amplias zonas provocó una ruptura en el vínculo que unía a los ciudadanos con el Estado. Para muchos habitantes la autoridad y las leyes que acataban y respetaban eran las impuestas por estos personajes. Por ejemplo, en junio de 1867 se llevó a cabo un motín en el distrito capital de Barranquilla liderado por Hipólito Jiménez, en el que perdió la vida el gobernador encargado, David Pereira, alcalde de la ciudad. Al día siguiente organizaron una reunión varios de los vecinos notables para deliberar acerca de la situación de la ciudad, producto de los acontecimientos que acababan de consumarse y por estar en completa acefalía el gobierno de la provincia y el distrito capital. Lo sorprendente del asunto es que al seno de la reunión fue llamado Hipólito Jiménez para que expusiese las tendencias y carácter de lo que había ejecutado. En el acta que se publicó de esa reunión consta lo que contestó Jiménez y testigos presénciales de aquella reunión afirman que fue excitado a designar la persona que él aceptaría de alcalde del distrito, cuya designación hizo en Ramón Collante y fue confirmada por los votos de los miembros que componían la junta. En consecuencia entró a ejercer ese ciudadano las funciones de aquel empleo, dando cuenta al Poder Ejecutivo de todo lo ocurrido.¹⁹

Si ésta era la situación en las capitales provinciales que contaban con policías y ejército, en las zonas rurales, donde no había presencia institucional, la realidad era muy distinta. Bandas de hombres armados con pistolas, revólveres, machetes, etc., imponían el terror, secuestraban, robaban, maltrataban, cobraban impuestos, aplicaban justicia y encarcelaban. Es decir, ellos en cierto modo encarnaban el Estado. Ejemplo de lo afirmado lo presenta el memorial enviado por Santiago Álvarez al presidente del Estado en septiembre de 1870. En el escrito Álvarez argumentaba que era vecino de El Carmen y excitaba a las autoridades a que dieran la protección y garantías que cumplía dar a los individuos naturales o residentes en el Estado. Las razones que tenía para manifestar lo anterior obedecían a que:

Fui asaltado, ultrajado y escarnecido el 23 del corriente en el pueblo de Buenavista, correspondiente a la provincia de Corozal, de la manera más indigna por una reunión de hombres en número como de diez y seis, encabezados por el Sr. Eulogio Martínez, para hacerse justicia por su mano al amparo de los remingtones, revólveres y machetes que tenían y de la indefensión en que me encontraba; quitándome para colmo de la iniquidad, el revolver que llevaba en el bolsillo.²⁰

En efecto, Eulogio Martínez y sus compañeros se apoderaron de 93 novillos, 4 vacas paridas y una escotera que conducía Santiago Álvarez de Sincé para Mompox. Además, otra vaca parida y una escotera que le tenía Concepción Acuña en el sitio La hazaña; una mula de silla y un caballo en los que vino él y su compañero Juan C. Sampayo. Ascendía todo a la suma de $3.974, más el perjuicio que se le causaba, que no era menos de $1.000, como lo había expresado ante el notario de esa provincia.

No satisfecho con lo anterior, Martínez le solicitó a Álvarez que le otorgara un documento en el que constara que los objetos referenciados se los había entregado en pago de lo que le adeudaba. Éste rehusó hacerlo, amenazando Martínez que lo pondría preso, llevándolo enseguida y a su compañero, de la casa de Concepción Acuña a la cárcel, donde lo pusieron en el cepo y le dijeron todos los oprobios que se les vino a la mente, amenazándolo con darle un tiro sino otorgaba el documento que le exigían. En tal situación, Martínez temeroso de que sus compañeros asesinaran a Álvarez, lo sacó del cepo y lo condujo a la casa-habitación del citado Acuña, obligándolo a permanecer preso en la sala bajo la vigilancia de dos centinelas. En un momento cuando se retiraron los centinelas, Álvarez logró fugarse con su compañero Sampayo, posteriormente, consiguieron unos caballos resolviendo irse para Sincé a dar parte de lo ocurrido y de hacer valer sus derechos:

Propósito que me fue frustrado por una emboscada compuesta de Ignacio Tapia, que descollaba en la hiriente y amenazante, y un cuñado del mismo Martínez, situada al caer el camino ideal de Sincé, la cual me impelió a regresar otra vez a Buenavista, con amenazas de darme un tiro si intentaba pasar adelante, y haciéndome ir a encontrar a Martínez, para que él resolviera lo que le conviniese hacer conmigo. Todos estos atropellos y atentados cometidos a mi persona sin respeto a la ley ni a la seguridad individual y libertad del tránsito, garantidos por la Constitución Nacional y la del Estado, los he puesto en conocimiento del Sr. Gobernador de la provincia de Sincelejo, para que él resuelva lo que fuere arreglado a la ley, pues lo ejecutado conmigo no constituye el simple delito de hacerse a un individuo pago por su mano, sino el complejo de asonada de que trata el artículo 196 del código penal [...].²¹

El Estado era consciente de la debilidad que padecía como lo demuestran los casos referenciados. En 1872 la Asamblea Legislativa, con el fin de encontrar una solución al problema de orden público y seguridad reinante, aprobó un proyecto sobre policía general. Se estableció que los habitantes de cualquier localidad que ejercieran el comercio podían en cualquier número, organizar juntas de seguridad, creando al efecto cuerpos de alguaciles serenos que se encargaran expresamente durante las noches de las funciones de la policía, sin perjuicios de los empleados establecidos por los concejos municipales. Los empleados creados por esta ley serían nombrados por el alcalde del distrito a propuesta en terna de la junta de comercio y ejercerían todas las funciones de policía que las leyes daban a los de igual categoría, bajo la dependencia y ordenes de los jefes de policía.²²

Con la aprobación de la ley, las autoridades terminaron aceptando que no habían podido consolidar un monopolio de la violencia en el territorio estatal. Desde ese momento, los comerciantes tenían licencia para imponer el orden y la seguridad en los distritos y en las provincias donde residían. En cierta forma para este sector era fácil lograrlo, teniendo en cuenta el contexto político que se vivía y porque la constitución de 1863 estableció que en tiempos de paz se permitía la compra y venta de armas. Así, cualquier persona podía adquirir rifles, pistolas, cañones, machetes, navajas, balas y otro tipo de armas. Por ejemplo, en septiembre de 1870 fueron decomisados ocho bultos que contenían fusiles, propiedad del general Manuel Martínez, que los había comprado en las ferias de Magangué.²³

Permitir el comercio de armas benefició primordialmente a las élites de cada una de las provincias del Estado. Éstas compraban armas no solo para venderlas, sino para ponerlas al servicio (o en contra) del Estado y posteriormente ser recompensados por la labor efectuada en defensa de la legitimidad estatal.

Mientras que las autoridades estatales sufrían por la escasez o ausencia de armamentos, ciudadanos particulares contaban con grandes cantidades de elementos bélicos. Verbigracia, en mayo de 1876 le fueron devueltos seis rifles al general Manuel Cabeza en la provincia de El Carmen, que había facilitado durante la guerra de ese año. Un año después, el gobernador de la provincia de Magangué le escribía al secretario general del Estado que en ''el inventario cuya copia va adjunta a la presente nota, están incluidas once armas de fuego de propiedad del Sr. Carmelo Arango, quien las prestó al Estado durante la guerra y que fueron utilizadas por el piquete estacionado en esta ciudad''.²⁴

No solamente eran rifles y escopetas lo que le prestaban los ciudadanos al Estado, sino que dentro del material bélico se incluían hasta cañones. Unos meses después de terminada la guerra de 1876, en Cartagena estaba el rumor que los soldados del ejército estaban vendiendo las armas con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Ante este rumor, el presidente de la asamblea exigía una explicación al militar a cargo de las armas en la ciudad, el cual respondió de la siguiente manera:

Si en la Ciudad se venden rifles y carabinas de Rémíngtones, puedo asegurar, casi sin equivocarme, que los rifles no son de los de los que el gobierno ha confiado a mi cuidado; y de las carabinas, jamás ha tenido una el gobierno del Estado. El 26 del presente mes entregué al Sr. Dr. Manuel Laza Grau, por orden superior, un cañón que reclamó como de propiedad particular; y ese cañón salió del cuartel en pleno día, pasando públicamente por algunas de las calles de la Ciudad, porque no se ejecutaba ningún acto ilícito, pero informado por el Capitán Sr. Manuel A. Morales, que ese no era el cañón de Montería, porque este es de hierro, hice verificar el cambio, y el cañón primitivamente entregado, está ya en el cuartel.²⁵

Además de prestarle armas, personalmente se encargaban de restablecer el orden público en las zonas o en las provincias donde se había perdido. Por ejemplo, en 1875 el Estado fue dividido en departamentos militares, entre los que se encontraban los de Sotavento integrado por las provincias de Lorica, Chinú, Corozal y Sincelejo y se nombró al general Manuel Martínez comandante del departamento expresado. De igual forma, se organizó un nuevo departamento militar integrado por las provincias de El Carmen, Magangué y Mompox al mando de Antonio González Carazo. Un año después, con motivo de la guerra civil, nuevamente el Estado fue dividido en tres departamentos militares: Norte, centro y sur. El primero estaba integrado por las provincias de Cartagena, Barranquilla y Sabanalarga. El del centro por las de El Carmen, Magangué y Mompox y el del sur por las de Corozal, Chinú, Lorica y Sincelejo. Para este último fue nombrado comandante el general Antonio González Carazo. Para los dos restantes fueron designados Manuel Cabeza y Ramón Santodomingo Vila. El primero para el del Norte y el segundo para el del centro.²⁶ Terminada la guerra y como compensación por los servicios que prestaron en defensa de la legitimidad estatal y del partido liberal fueron nombrados por el presidente del Estado, Rafael Núñez, gobernadores provinciales. Cabeza de la provincia de El Carmen y González Carazo de la de Lorica.

A modo de reflexión final

A lo largo de este texto he señalado que por la incapacidad fiscal y la debilidad institucional del Estado soberano de Bolívar, el monopolio de la violencia estaba en las manos de los gamonales y caciques locales y provinciales. El mantener o el alterar el orden público fue una de las estrategias para conseguir prebendas del Estado. Si lograban mantener su autoridad, podían, a su vez, esperar el reconocimiento de sus jurisdicciones por parte de los agentes estatales para recordar a Graham (2003, 636). De cierta manera, los territorios estatales eran dominios circunscritos a un número de familias en las que imponían su control. Entre más se alejaba el Estado de las capitales provinciales era mucho más frágil su poder, confundiéndose con mayor facilidad el poder público y el privado. El dominio era claramente personal. Así, por la estructura del gobierno y por su miseria, la seguridad de las personas, sus bienes y sus derechos, no estaba sino en la suma de poder, valor o resolución de la que cada ciudadano podía disponer.

No obstante, la llegada de Núñez a la presidencia del Estado Soberano de Bolívar en 1876 marcó un cambio radical en la concepción sobre el tipo de Estado y de sociedad que se debía construir no solo en Bolívar sino en Colombia. Dentro de las premisas fundamentales defendidas por el Nuñismo se encontraban el orden, el centralismo y el proteccionismo. Se debían dejar atrás el discurso de la libertad, el federalismo y el librecambismo económico. Muestra de lo anterior fue el mensaje enviado por Luís Carlos Rico en mayo de 1880 al senado de Plenipotenciarios cuando Rafael Núñez acababa de asumir la presidencia de los Estados Unidos de Colombia. En dicho mensaje, los invitaba a tomar medidas para mantener el orden público en todo el territorio nacional debido a que:

La descentralización del orden público es el principio de la secesión, porque un gobierno general que no da en todas partes seguridad, tiene que llegar a ser inútil y gravoso para las secesiones. La secesión sería debilidad para todas las nuevas nacionalidades, y esa debilidad sería un peligro de sojuzgamiento por vecinos más fuertes...poner término a la ficción de neutralidad y reconocer el hecho de que el orden público es solidario...es esencial a la nueva política e indispensable para devolver al país la tranquilidad que por largos años le ha arrebatado el juego de las ambiciones.²⁷

Con estas medidas se comenzó a cerrar uno de los periodos más dinámicos de la historia de Colombia en el siglo XIX, como lo fue el radical. Sin embargo, a partir de 1880 comenzaría a gestarse un nuevo proyecto de Estado y sociedad distinto al defendido por los radicales y cuyas premisas fundamentales era la defensa del orden público y la centralización estatal. Estos objetivos solamente se lograrían con un poder ejecutivo fuerte. A la cabeza de este proyecto, estaría Rafael Núñez, presidente del Estado soberano de Bolívar entre 1876 y 1879, quien en una sencilla frase sintetizaría los nuevos rumbos que debía emprender la Nación Colombiana: ''Regeneración administrativa o catástrofe''.

Notas al pie

1 Algunos ejemplos son Ortiz 1987; Valencia Llano 1988; Ramírez Bustos 2002; Baez Osorio 1996.

2 Alarcón, Luís; Conde, Jorge y Santos, Adriana 2002. Para el Estado Soberano de Bolívar existen los trabajos de Hong Hiu, Alberto1999 y Malkún, William 2008.

3 Archivo Histórico de Cartagena (en adelante AHC), Manuscritos, Fondo: Gobernación, Sección: Distritos y Municipios, Retiro, diciembre 8 de 1878, N° 9.

4 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, octubre 14 de 1873.

5 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, febrero 20 de 1870.

6`Entre estos se encuentran Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suiza, Eslovaquia, Bosnia- Herzegovina, Lituania, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Moldavia, Croacia, Macedonia, Albania, entre otros.

7BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 7 de 1870 y septiembre 8 de 1868 y Diario de Bolívar, Cartagena, agosto 14 de 1876.

8 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 27 de 1868.

9 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, septiembre 1 de 1867.

10 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, septiembre 17 de 1870.

11 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, octubre 15 de 1871.

12 AHC, Manuscritos. Fondo: Gobernación, Sección: Administración, Carmen, noviembre 23 de 1877, N° 1245.

13 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, agosto 29 de 1878.

14 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, septiembre 23 de 1876.

15 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, mayo 15 de 1867.

16 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 6 de 1868.

17 AHC, Manuscritos. Administración Pública, Mahates, abril 25 de 1860.

18 BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, abril 10 de 1864.

19 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, septiembre 1 de 1867.

20 AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, octubre 27 de 1870.

21 AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, octubre 27 de 1870.

22 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, noviembre 28 de 1872.

23 BLAA., Gaceta de Bolívar, Cartagena, septiembre 18 de 1870.

24 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, mayo 15 de 1876 y junio de 17 de 1877.

25 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, agosto 6 de 1876.

26 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, julio 29 de 1875 y febrero 25 de 876.

27 BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, mayo 10 de 1880.

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Archivos y fuentes primarias

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