El artículo muestra algunos aspectos del proceso de colonización suscitado en los Llanos de Casanare, a partir de la expulsión de los Jesuitas en 1767, ejemplificados en la erección y crecimiento de la parroquia de San Carlos de Nunchía. En una primera parte se narran las principales causas y sucesos que suscitaron la erección y consolidación, desde 1770, de la Parroquia de Nunchía. Se destaca la migración que desde antes de la Revolución de los Comuneros de 1781, adelantaron pobladores de la provincia del Socorro a la región llanera y muy especialmente a la parroquia, pero que post movimiento comunero fue mucho más intensa. En una segunda parte, se cuenta el proceso de conformación del Estanco del Tabaco en los llanos de Casanare y Meta, cuya administración se estableció, en diciembre de 1790, en Nunchía, permitiendo su consolidación.

Palabras Clave: poblamiento, jesuitas, migración, colonización, frontera, comuneros, estanco de tabaco, Nunchía.

The present article discusses aspects of the colonization process that began in the Casanare plains after the expulsion of the Jesuits in 1767, as exemplified by the creation and growth of the parish of San Carlos de Nunchía. The paper begins with a narration of the primary causes and events that led to the creation and consolidation of the Nunchía Parish after 1770. Emphasis is given to the migration from the Socorro province (in central Colombia) to the Plains region and particularly to Nunchía, both before and especially after the failed ComuneroRevolt in 1781. The second part of the article describes the creation of the Estanco del Tabaco in the plains of Casanare and Meta, whose administration was established in Nunchía in December of 1790.

Keywords: settlement, Jesuits, migration, colonization, frontiers, Comunero Revolt, Estanco de Tabaco, Nunchía.

La mayoría de las poblaciones llaneras fundadas entre 1549 y 1767 respondieron al interés de los conquistadores, interesados en formar encomiendas y establecer una base de operaciones en el piedemonte,¹ para explorar el territorio llanero y encontrar la mítica provincia de El Dorado. También las autoridades españolas se interesaron por explorar y ocupar las selvas y Llanos orientales para preservarlos de eventuales entradas de los portugueses. Y, las comunidades religiosas, de igual modo, tuvieron interés por catequizar y reducir a los indígenas allí residenciados.

Hubo entonces dos políticas de poblamiento, una civil y militar, encargada a los conquistadores y autoridades, otra eclesiástica y misionera, encomendada a las comunidades religiosas: Agustinos Calzados, Jesuitas, Franciscanos, Dominicos, y Agustinos Recoletos, y luego al clero secular; siendo la de los Ignacianos la más significativa, por el complejo político, económico, cultural, y sobre todo geopolíticamente estratégico,² que lograron consolidar en algo más de un siglo (1659 a 1767) de constante presencia en el territorio de los llanos de Casanare, Meta y Arauca; sin desconocer que los Calzados obtuvieron buenos resultados económicos en Morcote y Támara.³

Hasta el momento de la expatriación de los Jesuitas la extensa región llanera estaba bajo el dominio de las autoridades civiles, especialmente el piedemonte, mientras que el dominio de los Llanos de Casanare, Arauca y Cuiloto (colindantes con la Capitanía General de Venezuela), San Juan y San Martín en el Meta, corría de parte de las comunidades religiosas y especialmente de los Ignacianos. Ellos, mediante su complejo económico y político, habían logrado controlar la navegación de los principales ríos llaneros, dominio territorial que concordaba con la política descentralizada de los Austrias, lo cual fue posible gracias a que en los Llanos no existían significativos yacimientos auríferos. Aunque, la política absolutista y centralista de los Bórbones realmente promovía la explotación económica de nuevos recursos, diferentes al oro.

A partir de la Real Pragmática de 1767, se experimentó cierto "vacío de poder" en el extenso territorio que controlaban los Jesuitas, se levantó el estricto control sobre sus pueblos y misiones, y se abrió un frente de colonización; en ocasiones dirigido y controlado por las autoridades, en otras totalmente espontáneo y sin mucho control, que fue la mayoría, ejercido por gentes libres, que no le debían tributos al Estado ni prestaciones sociales a sus élites (McFarlane 1997). Los indígenas reducidos fueron perdiendo sus territorios, en muchas ocasiones sus hatos ganaderos fueron saqueados y usurpados, las relaciones interétnicas cambiaron, y los conflictos territoriales fueron en aumento. Las autoridades virreinales se vieron abocadas a solucionar problemas urgentes de control territorial, primero entre la Provincia de Casanare y la Comandancia de Barinas,⁴ y luego en el Casanare mismo, para poder así cumplir con sus intereses económicos.

La erección y consolidación de la Parroquia de Nunchía y el establecimiento de un estanco de tabaco, permiten visualizar los esfuerzos y dificultades de las autoridades virreinales de la Nueva Granada por cumplir con las directrices emanadas de la metrópoli. Ejemplifica también la colonización espontánea y la manera como se la trató de controlar y canalizar el creciente poblamiento disperso que ella generó.

Figura 1.

Los Jesuitas en su complejo económico y social de los Llanos fueron muy estrictos en hacer cumplir las leyes de separación residencial,⁵ impidiendo así la acción de los seglares y el "mal ejemplo" de blancos y mestizos.⁶ Así, mantuvieron un control territorial sobre sus misiones establecidas en Güícan, Pauto o Manare, Patute, Tame, San Salvador del Puerto de Casanare, Macaguane, Betoyes, en el Casanare y Arauca, y Casimena, Jiramena, Macuco y Surimena, en el Meta; lo cual completaron con las extensas haciendas de Caribabare, Tocaría y Cravo en Casanare y Arauca, y la de Apiay en el Meta. Era un complejo político-administrativo en el que, para el momento de la expulsión en 1767, tenían reducidos un total de 7620 indígenas.⁷

A partir de la expatriación, el territorio que dominaban se convirtió en una zona de frontera, en la que los pueblos, hasta 1767, de misión, fueron entregados a otras comunidades religiosas. Los del Casanare a los Recoletos, mientras que los del Meta a los franciscanos (Jiramena) y a los Recoletos (Casimena, Surimena y Macuco). Éstos pasaron a depender de la jurisdicción civil de las principales ciudades llaneras: Casimena y Surimena a Santiago de las Atalayas; Macuco a Pore; el grueso de las antiguas reducciones jesuíticas: Macaguane, Tame, Patute, Betoyes, Pauto o Manare y San Salvador del Puerto a la Chire; mientras que Jiramena fue fusionada con la naciente misión de Guanapalo. Sin embargo, todavía no es muy claro si hubo presión colonizadora sobre sus tierras. Las haciendas fueron inventariadas y rematadas por la Junta de Temporalidades a postores vinculados de alguna manera a la región (Rueda 1988, 233-246).

El proceso de desmembramiento del poderoso complejo económico y administrativo de los Jesuitas en la zona llanera implicó cambios en la administración civil y religiosa, pero en especial grandes transformaciones demográficas. El número de indígenas sometidos a pueblos, tanto los antiguos de los Jesuitas, como los de los Franciscanos, Dominicos, y Agustinos Recoletos, mantuvieron cierta estabilidad. En 1760 sumaban 14838, cifra que aumentó levemente para 1780 a 15088 y en 1800 a 15679 (Rueda 1988, 233-246). Los estamentos de blancos, afrodescendientes y libres (blancos pobres y mestizos de toda gama) aumentaron significativamente por efecto de una importante corriente migratoria. Según el censo de 1778 (Ver Tabla 1),⁸ la provincia de los Llanos tenía las tres ciudades mencionadas, más una parroquia, la de Nunchía, dependiente de la ciudad de Pore, y 20 pueblos de misión o de indios que sumaban 21053 habitantes (15259 indígenas y 5794 el resto, religiosos, blancos, esclavos, siendo notoriamente grande el de los mestizos con 4026).⁹

Un año después, en 1779, el censo arrojó un nuevo crecimiento: 21947 (14677 indígenas y 7270 el resto) (Ver Tabla 2).¹⁰ En 1780,¹¹ la tendencia continuó pues dio como resultado 24500 habitantes (15088 indígenas y 9412 el resto, siendo el de los libres el más notorio 6942) (Ver Tabla 3). Para la década siguiente no poseemos datos demográficos, pero en 1790 se planteó la posibilidad de erigir en la provincia llanera un estanco de tabaco; para sustentar la petición el fiscal Berrío y el gobernador Manuel Villavicencio argumentaron que:

El poblamiento masivo de los Llanos se extendió hasta 1812, cuando la provincia llegó a contar 48862 habitantes, a partir de entonces, por efecto de epidemias (fiebres y viruelas) y en 1816 con la Guerra de Independencia, que tuvo como epicentro los llanos de Casanare y Arauca, hubo una rápida disminución demográfica, ya que en 1821 sólo contaba con 19064 habitantes, y en 1822 la cifra bajó a 17451;¹³ subrayamos que con la guerra los hatos ganaderos y las sementeras quedaron prácticamente desolados.

Con el crecimiento demográfico de la Provincia de los Llanos hubo problemas de subsistencia para los migrantes, el ejercicio sacerdotal se hizo inmanejable y desmejoró; por lo que el virrey don Pedro Mendinueta y Muzquis, a fines del siglo XVIII, planteó la creación de un obispado auxiliar dependiente del arzobispado de Santafé de Bogotá, con rentas propias, tazadas en 11000 pesos al año, provenientes del ingreso de los diezmos (Rueda 1987).

La migración hacía los Llanos fue motivada, inicialmente, por la ilusión de la apertura de nuevas tierras para colonizar, en donde no fuera tan pesado el peso de una sociedad altamente estratificada en castas, y dominada por sectores o grupos de poder endogámicos y cerrados, cuya "pertenencia era decidida por el nacimiento, y la supervivencia era garantizada por las leyes y las costumbres, como por sus diferentes relaciones hereditarias con la tierra" (Mörner 1969), migración que se confirma con las cifras anteriormente presentadas. Pero, a partir de 1781, intervinieron, decisivamente, motivaciones políticas, pues un sector importante de la población de la región andina neogranadina, especialmente de la provincia del Socorro, que se había visto involucrada en el movimiento comunero, consideró que en la extensa región llanera no iba a ser objeto de persecución o represión, lo que confirmó el fiscal Berrio al argumentar, en 1790, que una vez que los Jesuitas fueron expatriados los llanos de Casanare se habían despoblado [...] y en breve se hubieran visto desiertos, si el acaso no les hubiera introducido nuevos pobladores que comprometidos en los sucesos del año 81 o temerosos que los complicasen, acudieron a aquel resinto, como a un lugar de refugio y abrigo de sus temores.¹⁴

Tal parece que la migración de socorranos fue masiva ya que en 1786 el gobernador del Casanare, Don Joaquín Fernández, solicitó a las autoridades de Santafé que

Los nuevos pobladores llaneros, especialmente los socorranos, llegaron a los Llanos con una "cultura" tabacalera que trataron de establecer, aunque por su condición jurídica se les consideraba como malhechores, desarreglados y forajidos. Debido a sus resquemores trataron de hacerlo en lugares poco habitados, como las riberas y vegas de los ríos Macuco, Pauto, etcétera, o poblaciones de reciente fundación. En lo posible se mantenían alejados de cualquier tipo de control social, retraídos, sin meterse en conflictos, ni colaborar en nada, actitud que asumió la mayoría, aunque también hubo varios vagabundos que para subsistir robaban y asaltaban haciendas; una minoría, sobre todo la que se estableció en las ciudades y pueblos, ocupó cargos burocráticos en cuyo ejercicio entraron en conflicto y confrontación con los vecinos y funcionarios de más trayectoria y tradición en la región.

Sin embargo, el patrón dominante de poblamiento fue el disperso, muy difícil de controlar por las autoridades, lo que fue identificado por don Antonio de la Torre, entre 1782-1783, y mereció el siguiente comentario:

Con el fin de contrarrestar el creciente poblamiento disperso y los problemas de control social de ellos derivados, de La Torre planteó la necesidad de promover y estimular en la extensa provincia llanera una colonización por parte de las autoridades virreinales. Política que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se trató de llevar a cabo en todos los territorios del Virreinato de la Nueva Granada donde el crecimiento de la población era notorio y se presentaron continuas presiones sobre las tierras cultivadas como sobre las incultas o realengas, se vio entonces la "necesidad de desarrollar políticas de asentamiento de gentes pobres [...] y de proponer políticas más equitativas de redistribución de tierras" (Tovar 1980).

La parroquia de Nunchía es un buen ejemplo para observar y analizar algunos de los fenómenos que vivió la provincia de los Llanos post expulsión de los Jesuitas, que hemos tratado de esbozar en los apartes anteriores. El primer intento de erigir la parroquia, antes de la expatriación, con el nombre de Tocaría fue

Proyecto que fracasó porque la Iglesia y la casa cural se quemaron, y porque como los vecinos no tenían recursos para reconstruirlas, el sitio fue abandonado. Los pobladores, en su mayoría, se trasladaron a Morcote y mantuvieron las sementeras en su antiguo lugar de residencia. Esa reubicación contravenía las leyes de separación residencial y segregación, que databan de 1578, pues los nuevos pobladores, considerados como "indeseables", se establecieron o pernoctaban en terrenos del resguardo indígena allí existente, que era el más numeroso de las poblaciones llaneras,¹⁸ convirtiéndose en un "mal ejemplo", promoviendo el mestizaje, y el consumo de aguardiente pues,

Rápidamente, el párroco de Morcote, don Juan Laureano de Rojas, en 1771, urgió para que los forasteros fueran ubicados en un lugar apropiado, pues existía la posibilidad que los indígenas dejaran de tributar, restándole entradas económicas al sacerdote. A su vez, el gobernador Domínguez sugirió que:

Después de la expulsión, las autoridades se preocuparon por repoblar el fracasado sitio, esta vez con éxito, teniendo en cuenta que allí había "buenas tierras de labor y cría".²¹ Por lo general, la obtención de la tierra en Nunchía tuvo dos formas predominantes: la primera por compra, la cual según su tamaño era tasada por estancias medianas y pequeñas. Esta forma fue variada, dependía de la capacidad del comprador y las transacciones solo lograron legalizarse durante la República. La segunda, por colonización,²² predominó en los Llanos e implicó para los colonos la legalización de la pertenencia, basados en el derecho de posesión.²³ También se hizo en la República, cuando algunos militares de caballería (blancos, mestizos, indígenas) reclamaron, mediante apoderados ante la Comisión de Repartimiento de Bienes Nacionales, sus haberes militares por los servicios prestados a la patria, retribuyéndoselos con la legalización de sus tierras.²⁴

La creciente población migrante se estableció, sin ningún tipo de control y de forma dispersa, en las riberas del río Nunchía. Previendo eventuales conflictos y futuras migraciones, el 10 de septiembre de 1770, el gobernador Francisco Domínguez de Tejada urgió la refundación de la parroquia de Tocaría, con el nombre de San Carlos de Nunchía, pues "había más de cien vecinos [...] distantes unos y otros cuasi un día de esta ciudad de Morcote [...] sin ningún tipo de servicio religioso",²⁵ y, lo más preocupante, sin autoridad alguna, por lo que

Para dotar la urgente iglesia, se debía recurrir a "los ornamentos, vasos sagrados y alhajas de las Iglesias y Capillas que fueron de los extrañados Regulares de la Compañía",²⁷ de modo específico, los que pertenecían a la hacienda de Caribabare. El altar debio ser el de la hacienda de Tocaría, a lo que se agregó la imagen de Nuestra Señora, patrona de la extinguida parroquia, y una campana que había pertenecido a la incendiada iglesia, y que se hallaban en la iglesia de Morcote. El pago al visitador eclesiástico y cura párroco se reconfirmó en el hato de cofradías, y la construcción de los lugares dedicados al culto religioso corrió por cuenta de los vecinos.

El fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien tuvo a su cargo la ejecución de la Real Pragmática de expulsión de los Jesuitas, la fiscalización de la Junta de Temporalidades, encargada de verificar el censo, la administración y el remate de las propiedades ignacianas, acogió la propuesta de Domínguez (Melo 1986, 39). El 30 de octubre ordenó un interrogatorio probatorio a los vecinos para determinar "si el terreno donde se premedita la parroquia es sano, fértil, de aguas buenas y apacibles circunstancias para la población".²⁸ Diligencia que cumplió, el 3 de diciembre, el nuevo gobernador Francisco Manuel Quiroz. Fue así como se levantó un listado o censo de los vecinos y se contó el ganado existente en el hato de cofradías.

El censo se llevó a cabo a comienzos de 1771 y arrojó un total de 474 personas,²⁹ cifra que se incrementó en un 43,24%, cuando se efectuó el censo general del virreinato en 1778, pues registró 679 personas (el cura, 16 blancos, 33 indígenas, 606 mestizos y 23 esclavos). Al año siguiente, se encontraban residenciados en la parroquia un total de 870 individuos (el cura, 62 blancos, 36 indígenas, 733 libres, y 38 esclavos). Cifra que en 1780, cuando se efectuó un nuevo censo general, mostró un crecimiento de más del 100% respecto al de 1778, con 1403 vecinos, entre el párroco, 52 indígenas, 1007 libres, y 31 esclavos. El sector prioritario de pobladores fue el de los personas libres, que como hemos dicho comprendió a los mestizos y a los blancos pobres, y que ratificó el gobernador Quiroz, al mencionar que el carácter de los pobladores iníciales era "ningún acaudalado, y todos se mantienen de su sudor en el trabajo de la tierra".³⁰ Buena parte de los nuevos pobladores fueron de la provincia del Socorro, como de localidades de la provincia de Tunja, en especial de la cercana Sogamoso.

La nueva parroquia se fue consolidando, primero con la construcción de viviendas en bahareque y palma por parte de los vecinos, luego con la obligatoria iglesia, casa cural y el Cabildo. Esa estabilidad y fortalecimiento continuaron en aumento durante los años siguientes, lo que permitió la construcción de una nueva iglesia, en cal y canto y teja de barro signo evidente de progreso en la época, como también el de un arraigo y pertenencia de los vecinos por su "patria chica" en 1788.

La construcción emprendida, mediante el trabajo voluntario de los vecinos de la parroquia, generó ciertos problemas de jurisdicción con la ciudad de Pore, cuyo Cabildo pretendió que los de Nunchía debían trabajar de modo voluntario en la construcción de la cárcel de esa ciudad, alegando que debía haber un repartimiento entre Pore y Nunchía para costear las Cajas del Cabildo, el cual, sino era cubierto materialmente debía pagarse mediante trabajo. Los de Nunchía solicitaron, por intermedio de su apoderado, que, dada su "pobreza" el Cabildo de Pore los dejará "seguir la fabrica de su iglesia a que están prontos en justicia ella mediante".³¹

La petición de los vecinos de Nunchía llegó al fiscal Joaquín Mosquera y Figueroa, quien pidió mayores informes sobre el particular. El Cabildo de Pore contestó, el 22 de julio de 1788, que la razón para construir la nueva cárcel radicaba en que la existente, en bahareque y paja, "solo puede servir para mantener los reos puramente sobre su palabra, causa de que sea impune la justicia".³² Consideró el mismo ente que el argumento de "pobreza" esgrimido por los de Nunchía no era aceptable pues, en su concepto,

Basado en esos argumentos esgrimidos por los ediles de Pore, el fiscal Mosquera ordenó, el 23 de octubre de 1788, que los habitantes de Nunchía debían colaborar en la construcción de la cárcel de Pore, pero advirtió que el Cabildo de esa ciudad no debía exagerar la repartición de gastos, dándole cierta razón al argumento de pobreza expuesto por los pobladores de la parroquia (Rueda 1989).

Los problemas de orden público y contravenciones (homicidios, robos, etcétera.) crecieron de modo simultaneo con las mejoras en las obras civiles y eclesiásticas, al punto que el 28 de noviembre de 1777, el apoderado de los pobladores, don Francisco Javier Suescún, solicitó ante el Cabildo de Pore que se nombrara un alcalde pedáneo, residente en Nunchía, para que estuviera "en la mira y celo cualesquier desorden que pueden ocurrir entre los vecinos".³⁴ Desordenes que eran difíciles de controlar y castigar por los alcaldes ordinarios residentes en Pore, dada la distancia que mediaba entre Pore y Nunchía, y sobre todo en tiempos de invierno, pues se "embarasa el tránsito del río Pauto con sus crecientes".³⁵ Lo frecuente era que cuando la autoridad lograba llegar a la parroquia, el implicado o implicados en los delitos se habían fugado.³⁶

Los vecinos postularon al cargo en primer término a don Serafín de España, y en segundo y tercero a don Javier Neira y don Juan Martínez. La propuesta llegó hasta el despacho del fiscal Moreno y Escandón que ordenó al gobernador, doctor Joseph Caycedo, una investigación probatoria sobre la efectiva necesidad del cargo que se solicitaba. Una vez cumplida ésta, el fiscal y oidor Daza ordenó, el 20 de junio de 1778, el nombramiento de España. La provincia tuvo sacerdote y los vecinos iniciaron el pago por los servicios religiosos,³⁷ los gastos obligatorios,³⁸ y los derechos de cofradía.

En 1802, la parroquia contaba con construcciones civiles y eclesiásticas estables, un vecindario muy identificado con su pueblo y unas autoridades comprometidas con el bienestar de los pobladores. Para solucionar el creciente problema de los contraventores a la Ley, se emprendió la construcción de una cárcel en calicanto, la cual fue encargada al maestro don Antonio Carlos Lineros,

Ahora bien, ¿Tenían razón los pobladores de Nunchía en solicitar, ante las autoridades regionales, sus propias autoridades civiles y de justicia? Indudablemente que sí, pues a medida que la parroquia creció, los problemas sociales fueron en aumento, dado lo amalgamado de los pobladores que llegaron, y por lo cual algunos de esos problemas se esbozan en el aparte siguiente.

Los delitos que se presentaban en Nunchía eran de muy variada magnitud. Hubo crímenes considerados como "horrendos", como el cometido por el pesquero y maestro de escuela don Pedro Fermín de la Borda el 30 de septiembre de 1778, cuando violó y asesinó a golpes a su hijastra de doce años. Según se pudo determinar el hecho ocurrió estando el sindicado en alto estado de embriaguez. Borda se había fugado, pero una vez que se le apresó y encarceló en la cárcel de Morcote, reconoció su falta y fue sentenciado a la pena de último suplicio, consistente en ser

con lo que además de castigar se quería escarmentar al reo y a los vecinos, con el fin de dar un buen ejemplo.

Los enfrentamientos entre las autoridades y los vecinos de la parroquia fueron frecuentes. Un caso fue el que emprendió el vecino Miguel de Ayala contra el Alcalde Ordinario de Pore, don Juan Antonio de la Zerda, por haberlo despojado de

Lo que era un abuso de autoridad por parte del mencionado alcalde y que no pudo sustentar el demandante. Según nuestra pesquisa, en el fondo de la demanda había un caso de adulterio, por lo que se veía comprometido el honor y la honra personal, pues, según se pudo evidenciar, Ayala había seducido y vivido en concubinato, en agosto de 1781, a Gertrudis Chacón, esposa de Eulalio Álvarez, con la que había escapado. Asunto de público conocimiento.

La erección de la parroquia de Nunchía implicó que hacía su territorio migraran individuos, muchas veces con familia, de otras parcialidades llaneras, en búsqueda de mejores oportunidades, lo que con alguna frecuencia significó que se presentaran problemas entre los vecinos de la parroquia, especialmente porque la mayoría no toleraban que se alteraran "la moral y las buenas costumbres". El vecindario se mantenía atento a vigilar cualquier tipo de contravención en ese sentido, y presionaba para que el contraventor fuese sacado de la jurisdicción de la parroquia. Es el caso de Juan Gutiérrez que había llegado a Nunchía procedente del pueblo de Tame, y con anterioridad había estado residenciado en la decadente ciudad de Santiago de las Atalayas, de ambos sitios había sido desterrado por continuos desacatos para con la autoridad, y sobre todo para con sus vecinos. Al establecerse en Nunchía, como cultivador de maíz, yuca y plátano, Gutiérrez continuó mostrando mal comportamiento, por lo que en 1781 los vecinos de Gutiérrez, Juan Antonio Córdoba, Luis González, y Manuel Ortiz lo acusaron de haber

La agresión cometida por Gutiérrez, que no había sido la primera, hizo que el alcalde Belile, previa consulta con el vecindario, que unánimemente y colectivamente se había manifestado a favor, le levantara auto y lo desterrara de la parroquia, y en criterio de Gutiérrez

Gutiérrez se estableció en Pore, pero su "destierro" se conoció allí y en otras poblaciones llaneras, lo que motivo cierto rechazo hacía él y su familia, y por lo cual el 1° de septiembre de 1783 se presentó ante don Joseph Joaquín Gutiérrez Hidalgo, denunciando al alcalde Belile por abuso de autoridad, sin negar sus culpas pero buscando "limpiar" su nombre y el de su familia. Era muy difícil un resultado favorable pues el agredido (don Agustín de Umaña) era uno de los "notables" de la parroquia de Nunchía, donde tenía una incipiente clientela, basada en la amistad y el paisanaje, lo cual hacía complicado cualquier testimonio en su contra. Aunque se pudo establecer que la agresión de Gutiérrez contra Umaña respondió a previas injurias, éste lo había llamado "pícaro", "atrevido", y "perro", y ambos se habían ido a las manos.⁴⁴ Poco logró Gutiérrez, pues el alcalde Belile, al responder el juicio de residencia al entregar su cargo, el 23 de septiembre de 1783, ante el mencionado González Hidalgo, dejó establecido que su aparente abuso de justicia, había respondido a que

Las mencionadas órdenes superiores respondían a un mandato secreto del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, consistente en perseguir y castigar a las personas que habían participado en la Revolución de los Comuneros. Es así como, el 17 de octubre de 1781 el alcalde de Pore, don Francisco Joseph Becerra, que a su vez era Juez comisionado de la Real Audiencia, le había comunicado al alcalde de Nunchía, Pedro Ignacio Belile, que

y le había ordenado que

Gutiérrez había participado activamente en la Revolución Comunera en su versión llanera, cuyo centro de operaciones fue el pueblo indígena de Morcote, encargado a los Agustinos Calzados, centro de producción y manufactura del algodón donde, el 23 de mayo de 1781, 2000 indígenas armados comandados por Javier Mendoza, quien se proclamó gobernador de la provincia, declararon a Tupac Amaru como Rey de América. El levantamiento tuvo el apoyo, entre otros de los indígenas establecidos en la ciudad de Pore y los pueblos indígenas de Támara, Ten o Manare, y Tame, poblado este último donde residía Gutiérrez, quien sirvió de enlace entre el levantado Mendoza y los indígenas allí reducidos. Una vez que la Revolución se disolvió, Gutiérrez salió de Tame para evitar cualquier tipo de represalia, estableciéndose en la parroquia de Nunchía. Pero, pese a la amnistía decretada por el gobierno virreinal, su intervención y las de los demás cabecillas debía ser castigada; como se había expedido un armisticio, que supuestamente no podía ser violado, se debían buscar otras causas para penarlo. Gutiérrez había mostrado un buen comportamiento, había mantenido respeto por la "moral y las buenas costumbres", pero el alcalde Belile, secundado por los vecinos y, en especial, por uno de los más sobresalientes, lograron exasperar a Gutiérrez y hacerlo caer en faltas y así poderlo judicializar y castigar.

Primeros tiempos de la República

Durante la campaña libertadora, Nunchía fue quemada por las tropas españolas pero la parroquia volvió a ser reconstruida. Fray Joaquín Araque fue ratificado cura párroco el 19 de abril de 1820.⁴⁸ La importancia fue mayor a la obtenida durante la Colonia pues, desde septiembre de 1822, se convirtió en la capital de la provincia del Casanare, en reemplazo de Pore, que por esa época se encontraba desolada por los continuos ataques de indígenas y bandas de delincuentes, y demasiado azotada por las fiebres y la insalubridad.⁴⁹ Nunchía fue su capital hasta la disolución de la Gran Colombia en 1831, pero fue un factor esencial para que, a diferencia de otros pueblos llaneros, se recuperara social, demográfica, y económicamente. El gran artífice de la promoción de Nunchía como capital del Casanare fue el gobernador Salvador Camacho, padre de Salvador Camacho Roldán, quien nació allí en 1825.

El crecimiento de Nunchía estuvo vinculado al cultivo y producción de tabaco, lo cual permitía ciertos ingresos, si bien en la parroquia existía una importante producción diversificada de maíz y arroz destinada al consumo local.

El tabaco era cultivado por los indígenas llaneros, desde antes de llegada de los españoles, como por la mayoría de las comunidades del territorio nacional. El uso principal era medicinal y mágico-religioso, también era objeto o prenda de intercambio permanente (Patiño 1986; Rivero 1956). A partir del siglo XVII, cuando se le conoció en Europa, se inició el cultivo de modo sistemático, inicialmente para cubrir las necesidades internas y en menor proporción para exportar en pequeñas parcelas de las provincias del Socorro, Vélez, Cúcuta, Cauca y el Alto Magdalena. En la segunda mitad del siglo XVIIII se extendió la producción a los Llanos de Casanare y San Martín, como a la mayoría de las provincias del virreinato. Influyó en esa ampliación, el permanente movimiento migratorio y colonizador, producto del progresivo aumento de la población, que experimentó el virreinato por esa época.

Los sectores sociales que más se movilizaron y colonizaron, en busca de mejores oportunidades y nuevos horizontes, fueron los mestizos y los blancos pobres. Los que migraron a los territorios de frontera, normalmente ubicados en tierras templadas y calientes, encontraron en el cultivo y beneficio del tabaco una opción de supervivencia y, con el tiempo, de un mejor vivir. El producto no requería grandes extensiones de tierra. En una pequeña parcela, ubicada en la vega de un río, se podía obtener una buena cosecha, destinada por lo general al intercambio. En el proceso no se requería contratar mano de obra, con los brazos de la familia bastaba (Bejarano y Pulido 1986). Así mismo, para un hacendado resultaba una apropiada forma de explotar sus haciendas, mediante el arrendamiento y el colonato, encargándose él de su comercialización (Colmenares 1986, 137-180).

Por efecto del generalizado crecimiento del cultivo del tabaco en el Virreinato de la Nueva Granada, como también en los del Perú y Nueva España, y por las necesidades fiscales de la Corona, el 25 de enero de 1776 se decidió, por Real Cédula, monopolizar en ellos, mediante estancos, las rentas de tabaco. En principio, se establecieron estancos en los distritos tabacaleros de Honda y Girón, y se exploró la posibilidad de establecer otros en centros de producción de cierta magnitud. Subrayamos que, para las autoridades, el tabaco significaba no solo una fuente económica, desde entonces su consumo era considerado un vicio que debía ser controlado.

En los Llanos, el gobernador Joseph Caycedo rindió, el 30 de julio de 1777, un informe al respecto, en el que conceptuó no conveniente establecer un estanco, sino adjuntar la provincia a la administración de tabacos de Girón, encargándosela a un Guarda Mayor —quien debía establecerse en una de las tres ciudades llaneras—, y dos Guardas Menores residentes en las dos ciudades restantes. Los funcionarios debían clasificar el tabaco en las categorías primera, segunda o ínfima, recoger los tabacos del partido, y llevar las respectivas cuentas y contabilidad. Basó su exposición en que la producción tabacalera era pequeña pues anualmente llegaba a las 6250 libras, y que en total se vendían en 12550 pesos, por lo cual el establecimiento de un estanco implicaba costos administrativos y de instalación altos.⁵¹

La propuesta del gobernador Caycedo levantó comentarios en su contra. Se procedió a una nueva pesquisa en donde se enfatizó en el consumo de tabaco en la provincia, y en los costos de conducción del género desde Santa Fe de Bogotá o el Socorro hasta los Llanos para establecer las condiciones de abastecimiento:

El fiscal, Francisco Antonio Moreno y Escandón, ratificó el concepto del gobernador Caycedo, y determinó que la sede de la Administración de Tabacos debía ser Santiago de las Atalayas, la cual debía rematarse al mejor postor. Como medidas complementarias ordenó la erección de una administración de aguardiente y la reorganización de los correos.⁵³

Solo se presentó un postor, cuya propuesta no satisfizo a las autoridades, por lo que la producción y consumo continuó sin control, permitiendo un contrabando permanente de tabaco hacía otras provincias. Para solucionar el problema, el 6 de julio de 1779, el gobernador Caycedo planteó la necesidad de crear un estanco en los Llanos, con sede en la ciudad de Pore, teniendo en cuenta su estratégica posición para el transporte y distribución desde y hasta el resto de las poblaciones llaneras. El nuevo ente debía funcionar bajo ciertas condiciones, para lo que argumentó que se debía restringir la labor de

El estanco en Pore debía ser dotado de una casa en tapia pisada y techo de teja de barro, Caycedo ratificó la necesidad de crear sub-administraciones en Santiago de las Atalayas, Chire, Tocaría o Nunchía y Labranza Grande, con las mismas condiciones de infraestructura para garantizar la seguridad del tabaco acopiado y de los dineros recaudados. Si tenemos en cuenta que la parroquia de Nunchía era de reciente fundación,⁵⁵ podemos inferir la importancia geo-política de la misma, y las inmensas posibilidades económicas que de ella se esperaba, especialmente en materia tabacalera. En principio, los funcionarios (administradores, sub-administradores, oficiales, etcétera.) no debían depender de la Real Hacienda "sino que adelantándosele la asignación de renta al Administrador, éste ponga los que le parescan, pagándolos de su cuenta y corriendo por ella y riesgo de sus funciones".⁵⁶

El tabaco llanero era de buena calidad. Existían algunas variaciones en cuanto al beneficio que le daba el cosechero de una u otra zona. En San Juan y San Martín lo sacaban en longaniza, el de Pore era el mejor beneficiado, pues los cosecheros de allí lo desvenaban totalmente, por lo que sin duda influyó en la "cultura tabacalera" de los pobladores, y por lo que el pretendido estanco si debía unificar criterios al respecto.

Para evitar posibles fraudes el tabaco comprado debía ser pesado en romana y en peso de marco con balanzas. Las zonas donde se podía cultivar tabaco, y las prohibidas las estableció así:

La erección del estanco significaba una dificultad: la producción de tabaco no era grande, y se dificultaba el surtido de toda la provincia; se requería aumentarla mediante la promoción del cultivo. La zona más propicia para ese objetivo debía ser la del vecindario de Nunchía, por ser la más fácil de controlar. Con la promoción del cultivo se debía estimular el consumo y la venta al menudeo. Sin recibir ninguna señal de aprobación del estanco, Caycedo inició una campaña para incrementar el cultivo, persuadiendo a los eventuales cultivadores,

A principios de 1780, el Visitador General del Reino, don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, revisó el informe del gobernador Caycedo, pues previamente había llegado a su despacho una recomendación, promovida por los vecinos de Girón, en la que se aceptaba reducir el cultivo a los territorios sugeridos por Caycedo, no promocionar el cultivo, y que

Gutiérrez se abstuvo de emitir concepto alguno y remitió el expediente a don Joseph Diego Pey, quien el 18 de diciembre negó la creación del estanco en los Llanos, por no existir en la provincia moneda circulante, pues lo dominante en las transacciones era el trueque, circunstancia que significaba un riesgo para los intereses de la Corona.⁶⁰ La sugerencia fue ratificada por el fiscal Moreno y Escandón.

Como el cultivo del tabaco había aumentado en la provincia, se dictaron algunas medidas preventivas para evitar el contrabando de los Llanos hacía Santa Fe de Bogotá y otras provincias neogranadinas: se restringieron las áreas de cultivo, se prohibió el cultivo en Labranza Grande, se determinaron que los sitios de compra a los cosecheros llaneros, que tuvieran su respectiva licencia (en la que debía aparecer el número permitido de plantas a cultivar), fueran Sogamoso y Cáqueza, en donde debían cancelar 8 reales por libra vendida, más los derechos de Alcabala.⁶¹ En esencia, se creó una Renta especial de tabacos en el Casanare, formalmente establecida el 22 de enero de 1781.

Una vez que el gobernador Caycedo recibió el edicto de reglamentar el cultivo del tabaco, procedió a publicarlo en las ciudades y pueblos llaneros y concedió un plazo de 15 días para que, en los que existía restricción, se destruyeran las sementeras y socas, y, para donde no la había, se matricularan los interesados en continuar con el cultivo. En general, el edicto se cumplió, sólo en San Martín, San Juan y Labranza Grande se evitó cumplirla, subrayando que en la última población pesaron mucho "los pasados alborotos [revolución de los Comuneros] que fueron trascendentales a todas partes del Reino y trastornaron todas las cosas".⁶²

La Revolución de los Comuneros tuvo manifestaciones en los Llanos. La magnitud del movimiento marcó muchas de las decisiones que sobre la materia se quisieron tomar para los Llanos. Atrasó el funcionamiento general de la Renta especial pues, luego de la firma de las capitulaciones, el entonces gobernador Joaquín Fernández poco se preocupó por echarla a andar correctamente, solo en 1783 se inició la promoción del cultivo en las jurisdicciones de Pore, Santiago de las Atalayas y San Martín con irregulares resultados ya que en los años siguientes, hasta 1790,

Además, el género fue acaparado por "cuatro o cinco sujetos de caudal, quienes lo compran a trueque". El público "queda desabastecido, y precisado a comprarlo a estos regatones por los precios, y la usura que se les antoja".⁶⁴

Con el cambio de gobernador, su sucesor Miguel Villavicencio, se preocupó porque a partir del 26 de julio de 1789 la Renta especial funcionara de la mejor forma posible: comenzó a formar la lista de cosecheros o matriculados, restringir las áreas de cultivo, normalizar los precios de compra y venta, y efectuar los respectivos cobros de impuestos, etcétera. La lista inicial fue de 77 individuos, quienes se comprometieron a producir 278 arrobas y media (6962,50 libras) en total, variando la cantidad producida por cada uno de ellos entre catorce y una arroba. Si tenemos en cuenta la producción reportada en 1790, en el primer año existió un déficit de producción de 62 arrobas.⁶⁵

A partir de enero de 1790, algunas autoridades y habitantes de la provincia volvieron a insistir en la erección de un Estanco de Tabaco en los Llanos, su principal promotor fue Joaquín González Hidalgo, Teniente Corregidor del partido de Chita, que escribió un informe sobre el funcionamiento del ramo de tabacos en los Llanos y planteó enmiendas. Encontró que la principal dificultad radicaba en la extensa geografía llanera y en la costumbre del trueque, que impedían el efectivo control del cultivo, el normal abastecimiento, y sobre todo el correcto cobro de los respectivos impuestos.⁶⁶ Como subsistía el problema de la escasez del cultivo, insistió en la promoción mediante la liberación de "dos mil quinientos pesos para fomentar la cosechería, dándoles unos cortos empréstitos, bajo las correspondientes fianzas para las labores",⁶⁷ ratificó que la zona de cultivo debía estar comprendido "entre los ríos Pauto y Ariporo, y desde el pie de las lomas de la ciudad de Pore hasta las vertientes de dichos ríos en el Meta, y el Puerto de Guanapalo".⁶⁸ Para evitar cualquier tipo de perturbación social planteó que

En posterior informe, del 26 de marzo, González Hidalgo ratificó sus conceptos y los amplió con recomendaciones administrativas: la sede del Estanco debía ser Pore, con subsedes en Chire y Santiago de las Atalayas, y estanquillos en la parroquias de Nunchía, Nueva de Arauca, y Tabuana, y los pueblos de Morcote, Támara, Ten o Manare, Paya, Pisba, Cravo, Macuco, Surimena y Labranza Grande, La Guativa, Salinas de Recetor, vecindario de Chartes, donde se debían cumplir cobros de entre dos pesos y cuatro reales, según la distancia existente entre estos y la sede y subsedes. Se aspiraba a comprar y vender un total de mil arrobas (25000 libras), que debían dejar como ganancia neta a la Real Hacienda 5564 pesos anuales. Una característica especial del pretendido estanco era que el tabaco cosechado debía destinárselo al abastecimiento de los pueblos llaneros, mientras que en los estancos restantes del virreinato el principal objetivo era el tabaco destinado a la exportación. Los precios de compra se los tazó de acuerdo a la calidad del tabaco y a la de los pobladores, previendo siempre cualquier tipo de perturbación social

Al llegar a manos del fiscal Berrío los conceptos de González, el funcionario ordenó al gobernador Villavicencio detallar el crecimiento del cultivo del tabaco, profundizar en las factibilidades del estanco, y en los sitios más propicios para el cultivo. El mandatario contestó, bajo declaración ante Estanislao Zambrano, Corregidor del Meta, y ratificación de testigos, que el estanco era

Tanto el gobernador como los tres testigos ratificaron el crecimiento poblacional de la provincia y confirmaron la "cultura tabacalera" de los nuevos pobladores, al responder que

Información que no satisfizo al fiscal, por lo que 23 de junio de junio de 1790 solicitó un informe más detallado. En los sucesivos del gobernador Villavicencio se consideró no apta la erección del Estanco en la provincia llanera, aunque debía funcionar una Administración encargada a un funcionario designado por la Real Hacienda, descartó que la renta fuera arrendada a particulares. Siempre manifestó que la gran dificultad para un normal funcionamiento del ramo de tabacos en la provincia radicaba en la carencia de moneda circulante, y en el consiguiente cobro y recaudación del impuesto de un peso por arroba a los cosecheros, que era cada vez más dramática, al punto que para el 29 de junio el gobernador tenía "enjuiciados a diferentes cosecheros, que no teniendo dinero han querido presentar los mismos tabacos, franqueándolos a menos precio y otros se han sacado a Almoneda".⁷³ Muchos de esos cosecheros al no poder cumplir con la obligación tributaria preferían huir, dejando los cultivos abandonados.

El fiscal Berrío, pese a los conceptos del gobernador y de otros peritos, insistió en el sistema de arriendo, esencialmente porque era la mejor manera de evitar cualquier tipo de desorden social:

Existían entonces dos posiciones, la de González Hidalgo y los miembros de la Real Administración de Tabacos que bogaban por el sistema de administración, y la de los "burócratas ilustrados", como Villavicencio y el fiscal Berrío, que sugerían la posibilidad del arrendamiento. Hasta diciembre de 1790 se siguieron dando conceptos en uno y otro sentido, finalmente, el escribano real, Caycedo, definió la situación al conceptuar que se debía establecer una Administración pues producía mayores ingresos a la Real Hacienda, y nombró como Administrador y Factor de Tabacos para los Llanos a González Hidalgo, quien debía establecerla y organizarla, de acuerdo a las normas establecidas.

Desde un comienzo, el establecimiento de la Administración tuvo problemas. González no poseía los 2000 pesos de fianza, se le aceptaron 1200. Se aprobaron 2700 pesos, 2000 aportados por la Gobernación y 700 por administración principal de rentas estancadas, para que el nuevo ente comprara tabaco, totalmente destinado al abastecimiento de la provincia. Se ratificó a Pore como sede principal de la Administración, y en esencia el funcionamiento debía ser el propuesto a comienzos de año por González. Los precios de compra y venta, en pesos, por ningún motivo se aceptaba el trueque, se establecieron así "de primer suerte a seis pesos arroba, dándose al público en la Administración a cuatro reales la libra, el de segunda a cinco pesos, y a dos reales al público la libra. El de tercera a tres pesos y su renta a real y medio".⁷⁵

La erección del estanco en Pore, a partir de enero de 1791, significó que esa ciudad y su zona de influencia, incluyendo la parroquia de Nunchía, adquirió gran importancia, al punto que durante el proceso de la Independencia fue esa ciudad la sede de los ejércitos patriotas. El efectivo empoderamiento de Pore, significó el decaimiento demográfico y económico, que se experimentaba desde antes de 1791, y posterior desaparición de las tradicionales ciudades llaneras de Santiago de las Atalayas, San Martín y San Juan de los Llanos. Es así como, por ejemplo, San Juan de los Llanos en "1790 contaba con 151 habitantes, y en 1799 tenía 162 habitantes".⁷⁶

En parte, la venida a menos de San Martín y San Juan de los Llanos radicó en que desde 1792 se dejó de comprar allí tabaco destinado a la fábrica de rape de Santa Fe de Bogotá, y se prohibió su cultivo, considerando en adelante a los cosecheros que lo hicieran como "defraudadores". La medida suscitó la inmediata protesta de los pobladores, y para evitarla se recomendó, por parte del Fiscal Berrío, que se permitiera el cultivo del género, que no era de buena calidad, ni su producción y rendimiento siquiera comparable al logrado en Pore.

Durante el primer año de funcionamiento, la factoría llanera logró comprar 583 arrobas, 4 libras (14579 libras) de tabaco de primera clase; 31 arrobas 16 libras (791 libras) de tabaco de segunda clase; y 70 arrobas, 2 libras (1752 libras) de tabaco de tercera clase. Se decomisaron 10 arrobas y 24 libras (274 libras) de tabaco de primera clase en la ciudad de Santiago de las Atalayas. El resultado financiero no fue el esperado. Tuvo un alcance de 866 pesos, 4 reales, sin incluir las cantidades adeudadas a los cosecheros; pero se había logrado incrementar el cultivo ya que la lista de cosecheros aumentó a más de cien, y de alguna manera el circulante. El déficit financiero suscitó el retiro de González Hidalgo, quien durante el año de ejercicio logró formar una "clientela" compuesta por los cosecheros, los empleados de la Administración, y algunos curas, quienes lamentaron el retiro del Administrador.

Conclusiones

Con la expulsión de los Jesuitas en 1767, los Llanos orientales se convirtieron en un nuevo y atrayente frente de colonización, lo que implicó un notorio crecimiento demográfico. La Revolución de los Comuneros de 1781 fue un motor importante para incrementar la colonización, con un patrón de poblamiento disperso, e implicó la consolidación de una economía y cultura tabacalera, promovida por los migrantes socorranos, orientada principalmente al consumo interno de los Llanos.

La parroquia de Nunchía fue, quizás, el sitio donde estas condiciones se hicieron superlativas. Influyó su ubicación geográfica, unas buenas condiciones de salubridad, excelentes posibilidades para el comercio, pues era un lugar intermedio entre el Llano y la cordillera, la cría de ganado y la agricultura, y las facilidades para recibir futuras migraciones. En veinte años, la parroquia de San Carlos de Nunchía se consolidó y logró construir una sólida iglesia, una casa cural, una casa de gobierno, y unos años más tarde una cárcel, con un arraigado vecindario, conformado prioritariamente por sectores libres, dedicados a la agricultura y la ganadería, con especial atención en el cultivo del tabaco.

El caso de Nunchía nos permite controvertir cierta tendencia de la historiografía norteamericana, según la cual las zonas de frontera y colonización fueron propicias para desarreglos sociales. En fin, la idea del oeste norteamericano lleno de tiros, cawboys, etcétera, en Nunchía no se cumple totalmente pues sus colonos se preocuparon por mantener cierto orden, cierto interés por conservar la "moral y las buenas costumbres", pues aunque se cometieron delitos, la comunidad se prestó a denunciarlos y se interesó porque los culpables fueran castigados.

A partir de 1980 la historia regional llanera crece de modo significativo, sin lugar a dudas un hito importante es la obra de Jean Rausch (1984), a la que siguieron dos tomos más (Rausch 1999 y 2003). Los tres tomos dan una útil visión panorámica, desde 1541 hasta 1946, de la historia llanera, cuyo eje de reflexión es el comportamiento de la frontera móvil, basada en el rebatido el trabajo, en la historiografía norteamericana, de Frederick Jackson (1893), pero que ha resultado funcional para el caso llanero. En los libros se aprecia una cuidosa revisión bibliográfica, y una regular consulta de fuentes primarias, sin embargo, por lo menos en el primer tomo, y como ella misma lo reconoció, le falto muchísimo trabajo de archivo.

El problema de las obras panorámicas, un tanto enciclopédicas, como la de Rausch, radica en que corren el riesgo de convertirse en "verdades rebeladas", supuestamente "no controvertibles", lo que dado el carácter serio, científico, de la obra de Rausch puede llegar a suceder. Surge entonces un reto para los investigadores de la historia regional: tratar de superar esos trabajos, desde mi punto de vista la única forma de lograrlo es adelantar investigaciones de microhistoria, locales, fundamentadas en rigurosas pesquisas de archivo, historia oral, etcétera; y reflexionar la región, basada esta en las monografías locales, comparativamente. Lo presentado en el artículo es una muestra, un esbozo, de lo que se puede llegar a hacer en esa materia.

1. Fue la población de Chita, fundada en 1551 por Gonzalo Jiménez de Quesada, la que cumplió con esa función, pues a partir de ella se crearon algunos pueblos de Indios y ciudades en el piedemonte y el Llano mismo, como Támara (1628), Pauto, Ten (1670), Morcote, Paya, Pisba, todos ellos pueblos, y Santiago de Las Atalayas (1588), San José de Pore (1644) y Santa Rosa de Chire, que se convirtieron en ciudades.

2. A partir de las inmensas haciendas de Caribabare, Tocaría y Cravo, lograron dominar gran parte de los actuales departamentos de Arauca y Casanare. Con San Salvador del Puerto garantizaron la conquista del río Orinoco, como la navegación de los ríos Meta y Casanare; con Pauto, Tame y Betoyes consolidaron la navegación sobre el río Casanare; con Macaguane la navegación del río Ele; con Manare la del río Ariporo; con Macuco la del río Cravo, con la hacienda de Caribabare la del río Guachiría; con la de Cravo la navegación del Cravo Sur. El control del río Meta lo consolaron con las misiones de Surimena, Jiramena, Macuco, y Casimena. Finalmente, con la hacienda de Apiay garantizaron la fácil comunicación con Santafé de Bogotá.

3. Sobre el doblamiento de los Llanos durante la conquista y colonia ver: Domínguez (1982) y Rueda (2000). Sobre el complejo jesuítico en los Llanos ver: Rueda (1988, 184-196)

4. Al respecto ver Rueda 1988, 233-246.

5. Según Magnus Mörner (1970), el origen de las Leyes de Separación Residencial fue el experimentó adelantado por el padre Las Casas en Vera Paz en la primera mitad del siglo XVI. Desde 1558, la Corona española adelantó una primera legislación tendiente a separar a los indígenas de otros sectores raciales, en 1570 las medidas comenzaron a aplicárselas con mayor rigidez. En 1580 se prohibió la convivencia entre indígenas y afros; en 1600 quedó prohibido a los españoles que se radicaran en tierras de indios. Con respecto a los mestizos y a los zambos, la Ley fue menos rígida, al punto que en 1680 se dispensó la cohabitación de estos sectores con los indígenas.

6. Según Magnus Mörner (1970), el "mal ejemplo" se lo atribuían las autoridades españolas a los "vagabundos", ora españoles, ora mestizos en general, ora afros, que, conviviendo con los indígenas, podían ser elementos disociadores, incitadores de delitos, borracheras, amancebamientos, perjurios, y hurtos, que dificultaban la acción evangelizadora y aculturadora de los curas y las autoridades. Otro factor de "mal ejemplo" fueron los encomenderos.

7. Esta cifra la trae Jane M. Rausch (1984, 62) en su libro A Tropical Plains Frontier. The Llanos of Colombia, 1531-1831 basada en el Informe reservado (1767) de Eugenio de Alvarado. En mi informe inédito (1983) Campos de Dios y Campos del Hombre. Actividades económicas y políticas de los jesuitas en el Casanare, se ratifica esa cifra, teniendo en cuenta las presentadas por Rausch, como las suministradas por Juan Manuel Pacheco (1983) en su libro Los Jesuitas en Colombia, (1696-1767). Tomo 3.

8. Cf. Rausch. 1984. El Censo o padrón general fue ordenado en noviembre de 1776, los datos generales de todo el virreinato fueron presentados en 1778. Las cifras de los Llanos fueron recopiladas por el entonces gobernador Joseph Caicedo. Una copia del original en véase en Colmenares (1989).

9. Cf. McFarlane (1997). En el apéndice A, "La población de la Nueva Granada", pág. 521, hace un cálculo de los tres años, 1778 a 1780, y presenta una población para los Llanos de 20912 habitantes, muy cercana a la de 1778, discriminada así: 1558 blancos, 15189 indios, 4046 libres de todas las razas y 119 esclavos, donde el número de indígenas es el mismo a las reseñadas. La variación más notoria está en el sector de libres que aumenta en 20. McFarlane utiliza como fuente básica el Padrón General del Virrey del Nuevo Reino de Granada, reproducido por Pérez de Ayala (1951) en su libro Antonio Caballero y Góngora.

10. El sector de mestizos cambió por el de libres, y continuaba en expansión: 5849 habitantes. Cf. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Colección Ortega.

11. Cf. AGN, Colección Ortega. Además Rausch (1984), solo trae las cifras del censo de 1778, sin embargo presenta en la Tabla 6, pág. 122, una aproximación del número de indígenas reducidos a pueblo en 1800.

12. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 321 r. y 355 v.

13. Cifras que suministró, incluida la de 1812, el gobernador Salvador Camacho en un informe de 1822. Cf. AGN, Sección República, Fondo Congreso, t. 24, f. 59.

14. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 365 v.

15. Joaquín Fernández, Citado por Aguilera (1982).

16. (De la Torre y Miranda 1890)

17. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 841 v.

18. En 1760, según el cálculo hecho por Rausch (1984, 62), en Morcote habitaban 2165 indígenas, encargados a los Agustinos. En 1778, según los datos que arrojó el padrón de ese año, el número se mantenía igual. Cifra que aumentó ligeramente, a 2220 en 1779, y que continuó en crecimiento hacia 1780 con 2346. No sobra agregar que la segunda reducción en indígenas sometidos fue Tamara: 2079 en 1760, igual en 1778, 2128 en 1779, y 2192 en 1780. La causa de tal concentración de indígenas en esas dos poblaciones radicó en que en ellas había cultivos de algodón y una importante fabrica de lienzo de la tierra, destinado este a la confección de las prendas de vestir. Según parece, las cifras aportadas por Rausch para 1760 fueron las mismas que arrojó el censo de 1776.

19. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 878 r.

20. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 878 r.

21. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 841 r.

22. AGN, Archivo Richmond, t. 521, pp. 8 y 9.

23. AGN, Sección Colonia, Fondo Colegios, t. 6.

24. AGN, Archivo Richmond, t. 521, pp. 9 y ss.

25. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 842 v.

26. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 842 r.

27. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 839 v.

28. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 839 v.

29. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2.

30. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 890 r.

31. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 890 v.

32. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 890 v.

33. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2, f. 892 r.

34. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos de Boyacá, t. 14, f. 396 r.

35. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos de Boyacá, t. 14, f. 400 v.

36. AGN, Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 14.

37. Tales servicios consistían en bautismos, entierros, honras, vigilias, casamientos, fiestas, vísperas, procesiones, ordinarias, misas, estipendios del cura, primicias y novenarios.

38. La oblata de vino era lo esencial.

39. AGN, Sección Colonia, Fondo Mejoras Materiales, t. 16, f. 357 v.

40. AGN, Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 127, f. 143 v.

41. AGN, Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 2, f. 84 r.

42. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, f. 661 r.

43. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, f. 657 v.

44. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, ff. 669 y 670.

45. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, f. 672 r.

46. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, f. 673 r.

47. AGN, Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos Boyacá, t. 9, f. 673 r.

48. AGN, Sección Colonia, Fondo Curas y Obispos, t. 24.

49. AGN, Sección República, Fondo Congreso, t. 28, ff. 242-247.

50. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 404 v.

51. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 278v y 281.

52. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 278 v.

53. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 279 r.

54. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 290 r.

55. La fundación de las ciudades de Santiago de las Atalayas es de 1588, la de Santa Rosa de Chire data de 1650.

56. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 290r y v.

57. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 289r.

58. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 292r y v.

59. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 296 r.

60. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 297 y 298.

61. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 302v y 303r.

62. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 313r.

63. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 352r.

64. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 316r y v.

65. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 313v y 499r.

66. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 316r.

67. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 316r.

68. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 316r.

69. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 317r.

70. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 358 r.

71. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 325 r.

72. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, ff. 331 y ss.

73. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 352v.

74. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, t. 18, f. 366 r.

75. AGN, Sección Colonia, Fondo Tabacos, f. 379 v.

76. AGN, Sección Colonia, Fondo Curas y Obispos, t. 36, f. 864.

AGN, Archivo Richmond, t. 521; Sección Colonia, Fondo Curas y Obispos, t. 2; Sección Colonia, Fondo Empleados Públicos de Boyacá, tt. 9 y 14; Sección Colonia, Fondo Juicios Civiles (Boyacá), t. 2; Sección Colonia, Fondo Juicios Criminales, t. 177; Sección Colonia, Fondo Mejoras Materiales, t. 16; Sección Colonia, Fondo Poblaciones de Boyacá, t. 2; Sección Colonia, Fondo Tabacos, tt. 18 y 28; Sección República, Fondo Congreso, t. 28.         [ Links ]

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