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Introducción
En diciembre 7 de 2011 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior (SJPTS) de Bogotá emitió sentencia contra Edgar Ignacio Fierro Flórez, conocido con el alias de Don Antonio, quien había pertenecido al Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en calidad de comandante del Frente José Pablo Díaz (FJPD). Se le asignaba responsabilidad directa y se le "condenaba por las acciones realizadas por los combatientes bajo su mando, así como por los delitos de homicidio contra 134 personas y la desaparición forzada de seis hombres, además de tortura, expulsión y desplazamiento forzado", según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017, 11).
Una de las conclusiones a las que llegaba la Sentencia, era que el FJPD tenía "tres distintas políticas del accionar" en los departamentos del Atlántico y el Magdalena. La primera respondía a la formación de un discurso anti-subversivo que buscó darle sustento ideológico al hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Al ser declarados objetivos militares sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, bajo la asignación de "ser auxiliadores de la subversión", se generó un estigma, además incorporó en el imaginario colectivo la idea de: guerrilla-organizaciones sociales.1
El otro accionar se concretó en una política denominada por el FJPD como "limpieza social". Con esto se establecían varios registros que tenían que ver con los modos en que este tipo de organizaciones construyen ideales o patrones sociales basados en sus lógicas de lo homogéneo, la normalidad y la anormalidad social, desdibujando la dignidad humana. Aquí, el homicidio inscribe sus sentidos en la sanción y en la idea de poner suspensión a aquel o aquellos sujetos sociales que, en una escala de valores guerreros, ensucia la sociedad con sus prácticas. La tercera práctica criminal, la Sentencia la denominaba "política de homicidios retributivos". El asesinato de civiles como una sanción por negarse a pagar las "contribuciones arbitrarias e injustas contribuciones que el grupo paramilitar exige para asegurar su funcionamiento".2 Con esto, las lógicas de la guerra equiparan el valor económico al valor de la vida.
El presente artículo rastrea como esa dinámica reciente del conflicto armado ocasionó una serie de hechos violentos hacia estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad del Atlántico, en el periodo de arribo y consolidación del paramilitarismo entre 1998 y 2006. Se analiza la manera en que ésta institución de educación pública fue afectada por el accionar y las dinámicas del Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y del Frente José Pablo Díaz (FJPD), quienes intentaron configurar nuevos órdenes sociales, políticos y morales. Para ello, realizamos la reconstrucción del contexto y los hechos, a partir de fuentes documentales oficiales, de archivos de organizaciones sociales y de la prensa del periodo de estudio.3
El texto se divide en tres partes y una conclusión. En la primera se discute la noción de pasado reciente: un campo en construcción que traza horizontes para investigar los giros y nuevos desenlaces del conflicto armado colombiano. En la segunda parte se establece una genealogía de la inserción de las guerrillas y el paramilitarismo en el departamento del Atlántico, con el objetivo de comprender las estructuras del conflicto en este territorio. La tercera analiza cómo el arribo del paramilitarismo hacia finales de la década de los noventa y desencadenó una estela de hechos violentos en contra de docentes, estudiantes y trabajadores que pertenecían a movimientos estudiantiles y organizaciones sindicales de la Universidad del Atlántico, en un escenario de crisis financiera e institucional.
Abordar el pasado reciente: recorridos y desafíos
En el ámbito internacional desde la Historia se han abierto discusiones en torno a si el pasado reciente debe ser un espacio a conquistar por las investigaciones del gremio, o si, por el contrario, debe mediar una distancia temporal para que el análisis histórico pueda desplegarse (Brienza 2008; Rubio 2012; Toro 2008). En América Latina, sobre todo, este debate ha tenido un interés creciente, debido a los procesos de desmonte de las dictaduras, el impulso de las organizaciones de los derechos humanos por conocer las tramas de lo ocurrido y necesidades políticas de fortalecimientos de identidades, a partir de impulsar nuevas narrativas sobre los pasados más cercanos (Franco y Levin 2007).
En Colombia, el estudio de ese pasado reciente apenas se encuentra en una fase de incubación. Los procesos de desmovilización de las AUC y el sistema de justicia transicional de Justicia y Paz, abrieron los primeros escenarios de discusión, que se centraron en revisar la degradación de la guerra, y en visibilizar cómo el conflicto armado había llegado a ejercer una violencia casi generalizada que alcanzó todo tipo de grupos y zonas geográficas; con la intención de crear nuevos órdenes sociales, políticos y morales.
Esas discusiones son retomadas y ampliadas por algunos actores del campo científico, dentro los que se cuenta el CNMH (2013), cuyos trabajos han puesto a dialogar la coyunturas de los hechos violentos con las dinámicas más estructurales del conflicto armado. En algunas de sus investigaciones se advierten perspectivas de análisis que entienden que el pasado reciente no es un fenómeno cerrado, sino todo lo contrario, las demandas de memoria de las víctimas, procesos judiciales abiertos, así como la persistencia de escenarios de riesgo, o de reciclajes de violencia en los territorios, evidencian que el pasado reciente se liga con las incertidumbres del presente (CNMH 2008, 2011, 2014).4
De otro lado, uno de los desafíos a lo que se enfrenta la investigación de este pasado reciente está en definir sus características y construir unas temporalidades que permitan otorgar un sentido o un espacio de inteligibilidad a los hechos que se estudian. Otro desafío está en reconocer que las investigaciones se hacen en escenarios donde los sujetos aún viven en espacios en los que los actores armados aún tienen presencia. Así mismo, las fuentes sobre las que se apoyan las investigaciones, por su variedad y profusión, complejizan las metodologías de su abordaje y exigen un trabajo de síntesis, y de definición de líneas argumentativas, para no caer en los riesgos de una descripción exhaustiva sin horizonte. Estas variables se tuvieron en cuenta en el desarrollo del texto, y se asumen como tensiones propias de una investigación en la que el pasado sigue latiendo en las esferas del presente.
El reto en el abordaje de ese pasado reciente, que para los objetivos de este artículo combinó la reflexión y la reconstrucción de las dinámicas del conflicto armado en la Universidad del Atlántico, tuvo que ver con el problema de las fuentes. Cierto es que la falta de distancia temporal puede dificultar el acceso a fuentes que "se suponen o escasas, o excesivamente abundantes, o no confiables" (Franco y Levin 2007, 16), por lo que suele considerarse el uso de fuentes orales como la herramienta central o única en los trabajos sobre historia reciente. A diferencia de quien se ocupa de temas de la historia más lejanos, las fuentes de la historia reciente (debido a su cercanía temporal) no reposan aún en los archivos históricos. Debido a la naturaleza sensible de los temas que se investigan, les corresponde a los historiadores del tiempo reciente gestionar y/o construir sus propias fuentes. Por ejemplo, acceder a información de entidades del Estado puede implicar la formulación de oficios y/o derechos de petición. Y acceder a los archivos de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, tales como el de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), requirió de un ejercicio de búsqueda, acercamiento y dialogo previo.
Sin embargo, también por la temporalidad de estudio, se cuenta con información oficial -producida en los años analizados- colgada en las páginas de entidades como la Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas; reportes del DANE y el Instituto de Medicina Legal, este último de acceso abierto y de fácil consulta para los investigadores. Lo mismo ocurre con la prensa como fuente de información, para este caso se revisaron diarios locales como El Heraldo y La Libertad; y de circulación nacional como El Tiempo y El Espectador; revista Semana y portales como Verdad Abierta.
Esta conjugación y diversidad de fuentes primarias, al ser producidas en el período estudiado y constituirse en huellas de su época, nos permitió reconstruir los hechos de violencia al interior de la universidad; sus representaciones, modalidades y efectos, a la vez que analizar las trayectorias de la comunidad universitaria y su inmersión en el contexto de esos años.
Por otro lado, en el país se viene construyendo bases de datos cuantitativas oficiales, privadas y de organizaciones sociales, que se ocupan del procesamiento estadístico y cartográfico del conflicto armado y que bien podrían considerarse secundarias (Espinoza 2011). Teniendo en cuenta las diversas fuentes con las que cada una alimenta su base de datos, se consultó la del Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Noche y Niebla del CINEP; la Red Nacional de Información (Unidad de Víctimas) y datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, referenciados en distintos informes de dicha entidad.
Estas bases de datos permitieron aproximarnos a la intensidad y modalidades del conflicto armado en el periodo de estudio, así como contrastar y cotejar con el resto de fuentes consultadas. De esta manera, y a pesar de la particularidad de las fuentes en las que se sostiene la historia reciente, la operación del método histórico sobre ellas, es la misma. Se les entiende de manera crítica, producidas y organizadas de acuerdo a su lugar de enunciación y atendiendo a las variables de la temporalidad y el espacio socio-histórico en que se situó la investigación (Arostegui 2001).
Invisible, pero de alta intensidad: apuntes sobre el conflicto reciente en el departamento del Atlántico y Barranquilla
La inserción de los actores armados ilegales en el Atlántico, tales como guerrillas y paramilitares, fue distinta a la ocurrida en departamentos vecinos como Magdalena y Bolívar; esa inserción diferenciada marcaría las relaciones con la población civil y el territorio, e incidiría en la manera en que se desarrollaría el conflicto armado y sus impactos en la Universidad del Atlántico entre 1998 y 2006.
En el caso de las guerrillas, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comienzan a tener presencia, a través del desdoblamiento de frentes y de su estrategia de expansión nacional en enclaves de la región Caribe tales como la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta (González 2014). Por ejemplo, ya en 1975 las autoridades del Sur de Bolívar denunciaban la presencia de "pandillas de facinerosos y guerrilleros alzados en armas".5
El CNMH propone dos momentos de la presencia guerrillera en la región: la primera que tiene que ver con sus inserciones iniciales, trabajo político local e implementación de extorsiones, de manera marginal, a lo largo de la década del ochenta; la segunda tiene que ver con los desarrollos en la década de los noventa, caracterizada por su consolidación militar y territorial, que va hasta mediados de la década del dos mil en el que sufren fuertes golpes militares y comienza su repliegue (CNMH 2017).
Las guerrillas se asentaron en las zonas altas de la región, de allí desplegaron su accionar militar y político con enlaces y milicias en las capitales. En el periodo de mayor intensificación del conflicto reciente (1998-2003) se registró, según datos del CNMH, un aumento sostenido de los enfrentamientos entre ejército y guerrillas, siendo los departamentos de Cesar y Magdalena los de mayores acciones militares. A diferencia de estos accionares, la presencia de guerrillas en el departamento del Atlántico se concentró en el trabajo de las milicias, tareas logísticas y sobre todo en hacer las veces de zona de retaguardia y tránsito para el Bloque Caribe de las FARC y el Frente de Guerra Norte del ELN.6
A pesar de su presencia marginal, el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto Armado del CNMH (Citado por CNMH 2017, p.40) registró alrededor de dos masacres en el departamento del Atlántico perpetradas por el ELN y las FARC entre 1980 y 1997, así como el aumento de secuestros entre 1997 y 2001. En este periodo, las FARC secuestraron a 21 personas, mientras que entre 1991 y 1996 habían secuestrado a cuatro. El ELN por su parte, secuestró a 7 entre 1997 y 2001, y a 9 entre 1991 y 1996 (CNMH 2017). Dentro de este accionar se da el secuestro masivo ocurrido en la Ciénaga del Torno el 6 de junio de 1999. Todos los secuestrados residían en Barranquilla, entre ellos se encontraba un concejal y su hijo.7
El accionar de las guerrillas en Barranquilla se acompañó de ataques a la infraestructura comercial en el corazón de la ciudad. En el 2003 se presentaron explosiones a los almacenes Sao y Vivero. El hecho dejó una persona muerta y 65 heridas. En ese entonces, el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que "los ataques contra los almacenes SAO fueron una retaliación contra los propietarios, pues estos se negaron a pagar vacuna a la guerrilla de las Farc".8
De esta manera, el factor subversivo -aunque marginal en comparación con el accionar en departamentos vecinos- cobró importancia en Barranquilla y sus alrededores. Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH:
Se debe resaltar que el factor subversivo adquiere importancia cuando se evidencia el interés de algunos sectores de Barranquilla, e incluso de los narcotraficantes, de buscar grupos de autodefensas para evitar que el fenómeno secuestro se generalice, sobre todo a raíz del plagio masivo registrado en la Ciénaga del Torno en 1999 [...] o para evitar el incremento de atentados contra la infraestructura.9
En el marco de estos hechos, las AUC alegaron la necesidad de su presencia en el Atlántico. La masacre perpetrada en Ciénaga Grande (Magdalena) el 22 de noviembre del 2000 que dejó 60 pescadores muertos, fue justificada por Jorge 40 como "un acto de retaliación por el secuestro de la ciénaga de El Torno, y como un interés particular de Carlos Castaño de penetrar el Atlántico".10 Sin embargo, la lucha antisubversiva no es la única explicación del ingreso de las AUC a Barranquilla y su departamento, como tampoco lo es por sí solo el control de las rutas del narcotráfico y las posibilidades de lavado de dinero. Para las AUC, en el departamento del Atlántico confluían diversos intereses políticos, económicos y militares, aunque para lograrlos usaran estrategias más sutiles que en los departamentos vecinos.
Para comprender la inserción de las AUC en el Atlántico hay que tener en cuenta que las agrupaciones armadas y redes que lograron fusionar y controlar vienen de una larga tradición en el departamento. El CNMH (2017) y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH11 coinciden en que el Atlántico funcionó como eje de contactos para el tráfico de ilícitos y lavado de activos durante la bonanza marimbera. Así mismo, señalan la temprana presencia en la década de los ochenta de organizaciones de sicarios y organizaciones de protección de hacendados y narcotraficantes.
Por eso, lo que ocurre con el ingreso de las AUC comandadas por Castaño tiene que ver con su estrategia de consolidación como organización en la región Caribe y sus intenciones de enlazar diversos grupos paramilitares -de larga tradición- en el país, en una sola estructura militar. De esta manera la creación de las AUC se formalizó en 1997, luego, se creó el BN como "la estrategia de cooptación de la costa Caribe, especialmente de los departamentos de Bolívar y Atlántico". Del BN se desprende el Frente o Comisión Atlántico a cargo de alias Jair. Luego, en el 2002 se nombra a Édgar Ignacio Fierro Flórez alias Don Antonio, comandante del FJPD, el nuevo Frente que estaría a cargo de las operaciones en el departamento del Atlántico (CNMH 2017).
Con esto, el BN sometió y fusionó a organizaciones de autodefensas rurales que existían previamente y que estaban ligadas a redes de narcotráfico y demás economías ilegales. El accionar del paramilitarismo en Barranquilla correspondió a una forma de crimen organizado al haber creado "mercados de la violencia", basados en el cobro de extorsiones por protección, y en general, en el uso de la violencia "como medio eficaz para maximizar ganancias" (Trejos y Posada 2014). En el mismo sentido apunta Gustavo Duncan (2006) sobre el accionar de las AUC, cuando señala el interés de ésta estructura por disputar y controlar territorios que pudieran servir como espacios sociales de financiamiento y consolidación; que a su vez le permitieran la cooptación de las instituciones del Estado. Todo esto bajo unas estructuras de coerción con capacidad suficiente para lograr el monopolio de la violencia y de la justicia, y una forma alterna y feroz de nueva tributación.
El Frente José Pablo Díaz en Barranquilla: el homicidio selectivo y la urbanización de la guerra
Esa dinámica, sumada a la marginal presencia de guerrillas, marcó los derroteros de las AUC en el Atlántico. En el departamento la incursión paramilitar no operó bajo la lógica de tierra arrasada12, sino que fue el asesinato selectivo la estrategia principal para lograr el dominio territorial. Esta es la modalidad de violencia que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto, y a su vez, es la más invisible; debido a que su carácter de acción individual y a la prevalencia de grupos armados diversos, dificulta la identificación de los perpetradores, lo cual incide en la impunidad (CNMH 2013, 43).
En la indagación que realizó la Revista Semana sobre las acciones de Don Antonio, trascendió que este le contó a la Fiscalía que:
[...] mensualmente se reunía en Cartagena o Santa Marta con los comandantes militares de las AUC de diferentes zonas. En esos encuentros, narró, cada comandante entregaba una relación de las bajas de sus respectivas zonas. 'Don Antonio' dijo que la única "regla" que tenían que cumplir los paramilitares bajo su mando era la de no asesinar a más de tres personas a la vez, para evitar presión de los medios y las autoridades.13
Su testimonio, más la información hallada en su poder en el computador de Jorge 40, confirmaron la forma en que el asesinato selectivo operó como estrategia para hacerse al control de las ciudades, y en especial, de Barranquilla y su área metropolitana. Con el ingreso de las AUC en el Atlántico en 1999, a través del BN, se observó un incremento en la tasa de homicidios en la ciudad y su área metropolitana. A partir de 2000 el aumento es sostenido, y sus puntos más altos son en el 2003 con 484 y en 2004 con 423. El promedio de homicidios por semana llegó a ser de 9.21 en el 2003 y 7.98 en 2004.14 Las cifras de homicidio en el resto del departamento también evidencian crecimiento. Fuentes del Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF) y de la Policía Nacional, señalan en alrededor de 788 los homicidios en el 2002, y 793 en 2003.15 En Barranquilla, la mayoría de los homicidios ocurrieron en los sectores suroriental y suroccidental, lugares que limitan con el río Magdalena y en donde inició la irrupción del BN. Estos homicidios se presentaron como cobro de cuentas entre bandas, retaliaciones o posibles milicianos de las FARC. Inicialmente se señaló que el incremento de muertos se debía a las disputas entre paramilitares y guerrillas, lo que dejaba un manto de duda sobre la militancia de los muertos y su categoría como víctimas. No obstante, el Observatorio del Programa Presidencial señalaba que: "[...] en el caso del Atlántico la guerrilla ya estaba muy debilitada al empezar el nuevo milenio, por lo que los niveles de homicidio se explican más por el proceso de apropiación de las redes de narcotráfico y el crimen organizado (extorsiones, sicariato) por parte del Bloque Norte".16
El aumento de los homicidios corresponde al proceso de disputa territorial y de consolidación del poder del BN, que incluía el uso de la violencia para consolidarse ante viejas mafias y grupos delincuenciales, pero también sobre la población civil considerada objetivo militar y político: movimientos sindicales, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. En el informe de riesgo del 30 de abril del 2004, la Defensoría del Pueblo alertaba a la población en situación de riesgo ante la presencia de las AUC (Distrito de Barranquilla y zonas aledañas como Soledad, Malambo y Puerto Colombia), a dirigentes sindicales y comunales, líderes de desplazados y defensores de derechos humanos, entre otros.17
Entre los actores con mayor vulnerabilidad ante el accionar de las AUC se encontraban, por un lado, las autoridades locales por su rol en la toma de decisiones frente a los recursos públicos. La parapolítica reflejó los procesos de alianzas con políticos locales, sin embargo, estos procesos no fueron homogéneos. Hubo alianzas en clave de sociedades, pero también relaciones de subordinación a través de la amenaza, el amedrentamiento y el asesinato, como ocurrió con el alcalde de Campo de la Cruz en el año 2000 y el de Santo Tomás en 2004.18 Y por otro, líderes sociales y sindicales, bajo el discurso antisubversivo. Las amenazas a estos colectivos las justificaban al asociarlos como bases de las organizaciones guerrilleras o miembros de sus redes de apoyo. Por ello, previo al asesinato de 44 sindicalistas en el Atlántico entre 2000 y 2010 (5 % de los homicidios a nivel nacional), se les estigmatizaba y señalaba. Con esto, se impactaba "en el ejercicio político y democrático de toda una comunidad" (CNMH 2017, 70).
No obstante, contrario al discurso antisubversivo enarbolado por las AUC, la naturaleza de los sindicatos más afectados y el rol de las víctimas mortales revelan otras posibles motivaciones. Por ejemplo, los más afectados fueron los sindicatos del sector educativo y del sector salud. En el caso de Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) y Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), los docentes sindicalizados eran vistos por los actores armados, como personas con fuertes posibilidades de injerencia ante la comunidad y las instituciones educativas a las que pertenecían y con capacidad de denuncia en casos de corrupción. Miembros de Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (ANTHOC) afirmaban que "las presiones y las amenazas aumentan cuando denuncian casos de sobrecostos, nómicas paralelas, no compra de insumos y en general malo manejos".19
La incomodidad generada por los procesos de denuncia de sindicatos en Barranquilla se explica a raíz del interés de las AUC en los recursos públicos. El famoso computador de Jorge 40 contenía, además de los registros del negocio del narcotráfico, documentos de los nexos de políticos locales y miembros de la Policía, Fuerzas Militares y el DAS, con paramilitares. Las evidencias del computador, más las pruebas recabadas por la Fiscalía y los testimonios de alias Don Antonio, demostraron la manera en que las entidades públicas del departamento se convirtieron en piezas fundamentales para su financiamiento, esto lo lograban a través de las alianzas con miembros de la política local.20 Sin embargo, es muy poco lo que Don Antonio y otros miembros del Frente José Pablo Díaz profundizaron sobre su relación con políticos locales en Barranquilla y sus niveles de injerencia en instituciones como la Universidad del Atlántico.21 Siguen siendo temas pendientes en los que aún no hay del todo verdad judicial22; uno de los mayores retos para la historia reciente cuando su objeto de análisis sigue abierto.23
La suma de todos estos hechos, producto de la intensificación del conflicto armado en el país y la región, llevó al CERAC a caracterizar al departamento del Atlántico, entre el 2002 y 2012, como una zona afectada levemente por el conflicto, con episodios interrumpidos en los que se encuentran periodos sin presencia de grupos armados y en general, una zona de baja intensidad en cuanto a eventos del conflicto armado por municipios. Sin embargo, Barranquilla -en el mismo periodo- se presenta como una ciudad con conflicto permanente, de alta intensidad y fuertemente afectada (CERAC 2014). Como hemos anotado, los datos ofrecidos por el CERAC sobre Barranquilla se explican a partir de la intensificación generalizada del conflicto armado operada entre 1997 y 2005 por la presencia de las AUC, guerrillas y ejército en una clara disputa territorial que tuvo entre sus escenarios a la región Caribe. Este es el periodo que corresponde a las masacres operadas en Montes de María (Bolívar) y municipios de los departamentos de Magdalena y Córdoba; los desplazamientos masivos y en general, corresponde a uno de los periodos que más víctimas ha generado en la historia reciente del conflicto armado.24 Esta intensificación se materializó en Barranquilla y su área metropolitana a través del aumento de asesinatos selectivos, la captura de las economías legales e ilegales; alianzas con sectores de la clase política y gestión del control social hacia movimientos sociales, líderes sindicales y estudiantiles de la Universidad del Atlántico.
La violencia desde la perspectiva urbana y desde la disputa por los territorios, nos introduce en dinámicas armadas que afincan su interés no en una ganancia militar, o una confrontación directa con los fuerza pública del Estado, sino en un despliegue de otras estrategias que intentan asegurarse franjas o corredores de ese territorio para fortalecer y expandir actividades ilegales como el tráfico de droga y de armas, y el contrabando en general, máxime cuando las zonas que disputan son fronteras o colindantes con riberas o costas (Duncan 2006).
De otro lado, la violencia urbana infligida por ejércitos armados ilegales, en este caso el de las AUC, puede mimetizarse con otras violencias que se encuentran vigentes en las ciudades, como el pandillismo y las redes de delincuencia que, aunque no cuentan con la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza y las armas, por no centrar su accionar en estructuras complejas, despliegan una suerte de abanico de estrategias, ya sea para dejarse cooptar por los ejércitos armados ilegales que arriban a sus territorios, para enfrentarse a ellos, o para realizar alianzas criminales esporádicas (Duncan 2006; Perea 2013).
Por último, el conflicto armado desplegado en ciudades como Barranquilla tiene que ver con la utilización de repertorios de violencia que recurren al asesinato selectivo; pero también a otros instrumentos de terror: amedrentamiento bajo el uso de panfletos, emisión de listas negras, y puesta en circulación de rumores en zonas de la ciudad para instaurar ordenes sociales y culturales que coinciden con sus imaginarios guerreros. Este conjunto de acciones, aunque van dirigidas al territorio que se encuentra en disputa y sobre el que estos ejércitos armados ilegales quieren ejercer el monopolio de la fuerza, tienen un mayor despliegue de grados de violencia hacia los actores sociales que ellos consideran peligrosos en su escala de amigo-enemigo.
Todas estas circunstancias, modalidades de violencia y presencia del paramilitarismo en el departamento del Atlántico y Barranquilla contribuyen a comprender por qué la Universidad del Atlántico fue uno de sus lugares de interés. Se trataba de una de las entidades con mayores recursos del departamento y tradicionalmente disputada por grupos políticos. Por otro lado, el periodo de arribo de las AUC al Atlántico y Barranquilla, coincidió con la agudización de la crisis financiera de la Universidad, por lo tanto, eran frecuentes las denuncias de malos manejos administrativos y el uso de vías de hecho por parte de estudiantes, sindicatos y pensionados para expresar su descontento.
Estas circunstancias de visibilidad del movimiento social ubicaron en una posición de vulnerabilidad a los líderes sociales de la institución. Además, la Universidad del Atlántico, al igual que otras universidades públicas del país, daba espacio a una serie de organizaciones con diversas militancias de izquierda25, lo que permitía que el discurso antisubversivo y estigmatizador
Violencia y recrudecimiento de la crisis en la Universidad del Atlántico
Los años transcurridos entre 1998 y 2006 dan cuenta de un profundo problema económico y administrativo en la Universidad del Atlántico, ya que se registraron mayores egresos que ingresos de dinero, haciéndola inviable financieramente. Se registra para el periodo una serie de penurias financieras que se hicieron sostenibles en el tiempo; situación que inició en el año 1992 con un déficit de caja de $2700 millones26, para tres años después agudizarse, y finalmente volverse crítica a partir de 1998 (se evidencia por ejemplo un ingreso de alrededor de los sesenta mil millones pesos, mientras que los gastos de operación de la institución rebasan por casi diez veces más esa suma).27 Todo esto se acompañó de demandas e interpelaciones por parte de docentes, estudiantes y trabajadores, así de como una itinerancia en el liderazgo de la institución:
En los últimos tres meses la Universidad del Atlántico ha tenido tres rectores. Primero renunció Paola Amar, después Yolanda Martínez y posteriormente José Luis Ramos, el cual alega compromisos de índole académico. Igualmente dice que la universidad necesita el apoyo pleno del gobierno nacional [...].28
Esta situación se presentó en parte por lo complicado del cargo de dirección en una universidad sumida en el caos, pero, principalmente, según se pudo constatar en las fuentes, porque hombres y mujeres que ocuparon el cargo de rector de la Universidad del Atlántico fueron víctimas de amenazas, con la intención de amedrentarlos y hacerlos renunciar, en lo que pudo significar una estrategia por tratar de evitar o detener las medidas que buscaban frenar los actos de corrupción. Tal es el caso del ex rector Ubaldo Enrique Meza, quien recibió amenazas y fue víctima de un atentado en su hogar; el rector encargado Juan Romero Mendoza fue amenazado, y la rectora encargada Yolanda Martínez Manjarrez sólo estuvo al frente de la institución por un poco más de un día, debido a las amenazas hacia su hijo y a su persona.29
Como consecuencia de todo lo anterior, se produjo un clima tenso en la institución, haciendo coincidir a los distintos actores afectados (profesores, estudiantes, trabajadores administrativos) que, frente a las irregularidades e incertidumbres, respondieron con la movilización social. Acciones de hecho como paros, plantones y bloqueos, se hicieron recurrentes en el periodo que abarca este estudio (figura 1). Conllevando a la visibilización de los líderes de los movimientos estudiantiles y sindicales, con efectos perversos sobre sus personas y colectividades, ya que se estableció una estrecha relación entre actos de protesta y los hechos de violencia.30 Por cada protesta había una respuesta violenta de parte de los grupos paramilitares y, en ocasiones, de las fuerzas policivas.31
Fuente: La Libertad, Barranquilla, 1999-2009; El Heraldo, Barranquilla, 1999-2009
Figura 1 Protestas y movilizaciones en la Universidad del Atlántico (1998-2009)32
Hay que anotar que esta fuerte dinámica de movilización inició en 1999 como rechazo a la corrupción y al crecimiento de la crisis, así como a las pretensiones del gobierno de crear la Universidad del Caribe33, que desde la visión de estudiantes y sindicatos daría fin al proyecto Universidad del Atlántico. En esta protesta desapareció el estudiante Alexander Acuña, quien días más tarde fue encontrado sin vida en unas playas cercanas a la ciudad de Barranquilla.34
En enero de 2000, como se puede observar en la figura 1, en rechazo al asesinato del joven Alexander Acuña, y al acumulado inconformismo frente a los problemas de la Universidad, se realizó otra protesta que adquirió la forma de tropel35 y, debido a los enfrentamientos del estudiantado con la fuerza pública, dejó como resultado 8 policías heridos.36 Se arrestaron a los líderes más visibles del movimiento Alma Mater: Reynaldo Serna y Humberto Contreras, acusados supuestamene de terrorismo.37 Esta serie de señalamientos, así como las amenazas de los grupos paramilitares, se hicieron recurrentes en todo el periodo, especialmente entre los años 2001 y 2006 debido a la fuerte movilización social (tal y como se evidencia en la figura 1), haciendo que prácticamente todas las organizaciones estudiantiles fueran foco de violencia.
De entre todas las organizaciones estudiantiles que se movilizaron, Alma Mater ganó protagonismo al denunciar los problemas de corrupción que aquejaban a la institución.38 Su líder, Reynaldo Serna, realizó juiciosamente el registro de los casos en los que la Universidad incurría en malversación de las finanzas, demostrando, por ejemplo, que se celebraron contratos con personas que no contaban con los requisitos o preparación mínima para desempeñar ciertos cargos, devengando sueldos superiores al mínimo legalmente aprobado para el año 1999 según el decreto 2560 de 1998 ($260 100).39 Este tipo de situaciones llevaron a Serna, y a otros líderes sociales (estudiantes y profesores) dentro de la Universidad, a considerar que la corrupción se había insertado en la institución y que orquestaba, bajo la dirección de personas no conocidas, la persecución a quienes realizaban veeduría, como estrategia para hacer prevalecer el silencio.
Del liderazgo estudiantil y el estigma de "guerrillero"
Tanto para Serna como para los profesores y el personal administrativo de la Universidad del Atlántico, denunciar era una práctica que combinaban con el ejercicio de la construcción de sus proyectos sociales y políticos, sin embargo, ambas terminaron convirtiéndose en riesgosas por aquellos años. Esto, debido a que la presencia del paramilitarismo y las transformaciones del contexto nacional (transición del gobierno Andrés Pastrana Arango al gobierno Álvaro Uribe Vélez) hicieron que las actividades relacionadas al sindicalismo y a la movilización social se relacionaran con las acciones de los grupos guerrilleros. Con el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán, el discurso antisubersivo caló fuertemente en algunos sectores de la clase política y al opinión pública colombiana, escenario que sirvió al gobierno de Uribe Vélez para proponer la política de Seguridad Democrática. Dicha política generó un clima de desconfianza hacia los movimientos asociados a la izquierda política.
Estudiantes y profesores cuyo activismo era energético fueron relacionados por parte de las fuerzas policivas del Estado como supuestos colaboradores de grupos guerrilleros, y señalados, a su vez, como objetivos militares por parte de los grupos paramilitares. En un informe que entregó la policía metropolitana en el marco del proceso que se abrió por rebelión a los estudiantes Reynaldo Serna, Humberto Contreras y Owen Daza por la protesta del mes de enero del 2000, se señaló que los movimientos estudiantiles que actuaban al interior de la Universidad Atlántico estaban adscritos a diversos grupos insurgentes:
Dice el informe que los grupos MER, ANDES y JRC, dependen o tienen nexos la FARC, mientras que los grupos A LUCHAR, AMERICA y ALMA MATER, se organizan (en) y actúan amparados o vinculados al ELN son grupos insurgentes que a través de las armas pretenden derrocar al gobierno legítimamente constituido [...].40
Al vincular a los estudiantes con los grupos guerrilleros, igual que se hizo más tarde con los profesores y demás empleados de la institución, se les estigmatizó. El estigma significó para muchos la muerte social y moral al diluirse su identidad de individuos críticos y pensantes (docentes y estudiantes) en las figuras de "guerrilleros" y "subversivos", haciendo que se legitimaran sobre ellos las acciones de represión. Este acto de señalar hay que entenderlo como el acto fundacional de la violencia en la Universidad del Atlántico, puesto que con el manto de duda sobre la identidad de las personas se naturalizaron y legitimaron los actos de victimización. Por un lado, bajo este discurso se entendía e incluso se hacía "comprensible" la presencia del paramilitarismo en la Alma Mater, puesto que como ellos lo expresaban, muy convenientemente, su misión era erradicar del espacio social a las guerrillas. Por otro lado, al fortalecer la idea de la presencia de grupos subversivos en el plantel educativo, se permitió que las fuerzas militares y la Policía desplegaran estrategias para suprimir las supuestas células guerrilleras, estimulando el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, al tiempo que violaron la autonomía universitaria y desdibujaron la imagen de la universidad como espacio educativo y de pensamiento.41
Así, por ejemplo, en octubre del 2006 en una visita a la ciudad de Barranquilla, el entonces presidente Álvaro Uribe autorizó el ingreso a la Universidad del Atlántico de la fuerza pública para sacar a los terroristas que, según el mandatario, sumían en el terror a la institución:
Para que esto no quede en privado, señor general (Rafael) Parra y señor Coronel (Álvaro) Caro, cuantas veces haya que entrar a la Universidad [del Atlántico] a sacar terroristas, entren, con toda la prudencia pero con toda la firmeza. Que la universidad viva en un ambiente de libertad, en un ambiente de ciencia, en un ambiente de crítica, pero no en un ambiente de terror.42
Estas declaraciones se hicieron unos días después que se presentó una explosión en las graderías del estadio de softball de la Universidad (24 de octubre), en la que fallecieron cuatro estudiantes pertenecientes a los movimientos estudiantiles. En este caso no hicieron falta los señalamientos y judicializaciones a priori por parte de la fuerza pública que, en versión oficial otorgada a los medios de comunicación, relacionaron directamente a los estudiantes fallecidos, y a los heridos, con milicias urbanas de la FARC; la argumentación fue que se encontraban manipulando pólvora negra para fabricar papas explosivas:
Autoridades de Barranquilla coinciden en que detrás de los hechos de esta semana podrían estar las milicias urbanas de las FARC, que reclutan jóvenes para hacer proselitismo político y militar. La guerrilla ha penetrado algunas de las principales universidades públicas de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Santa Marta, para entrenar a estudiantes en la fabricación de explosivos y planear actos terroristas [...].43
Seis años antes se había presentado una situación similar en las instalaciones de la sede principal de la Universidad en la carrera 43, 2 jóvenes fallecieron y, al igual que como lo plantearon las autoridades en el caso del 2006, los estudiantes también fueron responsabilizados de actos que iban más allá de la intención de protesta.44 Manejar esta versión promovió la narrativa de que la culpabilidad de los hechos estaba en los estudiantes y en los movimientos estudiantiles a los que estaban adscritos. Al sembrarse la duda, la identidad de jóvenes estudiantes se difuminó para dibujar en su reemplazo a un grupo de guerrilleros infiltrados en la Universidad. Esta idea seguiría rondando en el imaginario colectivo durante mucho tiempo, a pesar de que los respectivos procesos judiciales demostraron que los estudiantes no eran integrantes de movimientos insurgentes.45
Todos estos hechos generaron el ambiente propicio para que el BN ingresara a reprimir a las guerrillas que supuestamente hacían presencia en la Universidad del Atlántico. En un panfleto que circuló en 1999, según lo recoge el informe de la Defensoría del Pueblo (2001), las presuntas autodefensas de la Universidad del Atlántico (AUDA) afirmaban que:
[...] cansados de los atropellos que cometen en el campus universitario los radicales izquierdistas [...] y mamertos, han decido conformar las autodefensas de la Universidad del Atlántico - AUDA. Siguiendo el ejemplo de la Universidad de Antioquia, donde las Autodefensas expulsaron a los extremistas de la guerrilla.46
El estigma impuesto desde la presunción de combatientes de las guerrillas, borró la línea entre el campo educativo y el campo en donde se llevaba a cabo la guerra. Quienes hacían parte de la Universidad pasaron a ser considerados actores dentro del conflicto armado, inmersos en sus dinámicas, incluidos los actos de ofensa por parte del bando contrario. De esta forma, entendemos que el acto de señalamiento y estigmatización dio pie para que se ejerciera la violencia sobre quienes se consideraban actores activos del conflicto, que en el caso de la Universidad del Atlántico fueron sus organizaciones sociales y sindicales.
Estigmatizar para matar: el ciclo de violencia en la Universidad del Atlántico
Una vez que se puso en duda la identidad académica y política de profesores y estudiantes, y con ellas a la misma Universidad, se desplegó una serie de hechos victimizantes que, ejercidos en su conjunto, (en distintos momentos, pero sobre un mismo individuo o grupo) buscaron desacreditar, advertir, aislar, judicializar y finalmente eliminar a la persona o colectivo.
Hemos identificado esta forma de actuar como ciclo victimizante, puesto que a la ejecución de un hecho le seguía otro, en una clara lógica de desmantelar a los movimientos sociales al anular a los líderes o al grupo como tal.
El ciclo se componía de seis hechos victimizantes: estigma, amenaza, desplazamiento, hostigamientos y detenciones arbitrarias, y finalmente el homicidio. En la Universidad, según lo registra el universo de víctimas construido en el proceso de investigación, se dieron 79 de estos hechos distribuidos entre amenazas (36), desplazamiento (18), homicidios (22) y muertes por artefacto explosivo (6) (tabla 1) relacionados con la presencia paramilitar en la institución.
Tabla 1 Víctimas mortales pertenecientes a la Universidad del Atlántico (1997- 2006)
Fuente: Defensoría del Pueblo. 2001. "Resolución Defensorial Regional N.° 001", julio 18; Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 2004. "Informe de riesgo N.° 028-04", abril 20; Centro Nacional de Memoria Histórica. 2017. Documento de trabajo. Evaluación de daño a sujetos colectivos afectados por la acción paramilitar: el caso de la Universidad del Atlántico. Bogotá: CNMH; El Heraldo, Barranquilla, 1999-2006; La Libertad, Barranquilla, 1999-2006; El Tiempo, Bogotá, 1999-2006; Archivo Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Denuncias y comunicados; Archivo Asojua, Denuncias y comunicados.
Entre finales de los noventa y mediados del 2000, como ya lo hemos anotado, los actos de violencia fueron más recurrentes puesto que ese periodo fue el más caótico para la institución. Entre estos años, las modalidades de violencia se expresaron especialmente en asesinatos (1997-2004). En cambio, la amenaza fue transversal a todo el periodo de la violencia. Por medio del panfleto, cuya función era individualizar a los individuos y a sus organizaciones, se hicieron visibles a quienes eran considerados, bajo esta lógica de confrontación, como presuntos guerrilleros.
A pesar de que la amenaza y el desplazamiento arrojan unos datos preliminares, no logran ser contundentes debido a que, frente a la posibilidad de resguardar sus vidas, muchas personas simplemente partieron sin hacer las respectivas denuncias y otras más, guardaron silencio. Esto ha generado un importante subregistro, ya que no se cuenta con el total real de individuos amenazados y/o desplazados, lo que dificulta cuantificar efectivamente los impactos de la violencia en la institución.
Finalmente, el homicidio contemplaba, después de un largo proceso de victimización, la eliminación física de la persona. La modalidad en la que operó el paramilitarismo, como lo mencionamos más arriba, fue el sicariato; como acto de eficacia en el ejercicio de la violencia logró, hasta cierto punto, que los hechos de la Universidad pasaran desapercibidos por algunos sectores de la opinión pública, puesto que a pesar de ser sistemáticos y recurrentes, se presentaban como hechos aislados.
Es importante anotar que la modalidad de sicariato, o asesinato por encargo (Carrión 2009) contempla la participación no sólo de quien ejecuta la acción, sino también de otros actores a los que normalmente no se les conoce el rostro. Se trata de una transacción económica en donde intervienen el contratante, el intermediario y el homicida; se le pone valor a la vida de una persona que, por motivos de quien contrata, pasar a ser objetivo de violencia de un tercero. Esta modalidad es muy recurrente en sociedades que, como la sociedad colombiana, han naturalizado la violencia como medio para la resolución de conflictos, especialmente de índole político. Se genera así un mercado de la muerte, en donde existe un ofertante y un comprador; en la transacción, este último tiene las garantías de permanecer en el anonimato.
En ese sentido, la versión libre que entregó Carlos Cuartas, alias Montería, a la sala de Justicia y Paz en la ciudad de Barranquilla en abril de 2012, se evidenciaron presuntos niveles de articulación del paramilitarismo con sectores de poder ligados a la Universidad del Atlántico, por medio de pagos para eliminar a los denunciantes de los malos manejos financieros:
[…] pero ahora es que yo digo que decía Moncho que había un manejo de mucho dinero, por ejemplo la muerte de este señor Meza, hacia parte de una oficina donde se manejaba mucho dinero, lo que yo le escuche a Moncho que la muerte fue por unas denuncias que iba a hacer ahí también [...] Carlos, decía que eran guerrilleros y cuando se hacían homicidios llegaban aportes a la organización, cuando paso lo de Meza llego un aporte a la organización, no se quien lo dio pero llego aporte por la muerte de ese señor.47
De esta manera, se construye la hipótesis de una posible inserción paramilitar a través de personas vinculadas directamente con la crisis financiera y administrativa de la Universidad, actuando principalmente como verdugos por contrato, en un acto de tercerización de la represión (Manfredo 2015). Es decir, presuntamente, el paramilitarismo sofisticó sus modos de ingreso valiéndose tanto del ejercicio de la fuerza, como de las construcciones de redes o alianzas que posibilitaran algunos beneficios económicos. Esto nos permite suponer que no existió una cooptación directa y total como sucedió en la Universidad de Córdoba, en donde todos sus estamentos universitarios se vieron sometidos directamente por Salvatore Mancuso y sus hombres.48 Sin embargo, le corresponde a los organismos judiciales aproximarse a la verdad judicial de estos hechos.
Se ha dicho, que más que combatir a la subversión, la inserción de las AUC en el Atlántico y Barranquilla tenía que ver con hacerse al control de las rutas de narcotráfico. Esta afirmación podría llevar a pensar erróneamente que todo su accionar estuvo ligado a combatir mafias preexistentes y que todas sus víctimas estaban ligadas al negocio o la llamada limpieza social. Incluso, podría llevar a algunos afirmar que en Barranquilla no operó un accionar antisubversivo, ni las lógicas amigo/enemigo que condujeron a la estigmatización y asesinatos de líderes sociales y políticos.
El ingreso de la AUC y su accionar hay que entenderlo en el cruce de intereses y en los ajustes de sus objetivos en la medida en que el territorio al que arribaron así lo iba indicando. De esta forma, existían unos lineamientos establecidos por la organización a nivel nacional desde 1997, que era ubicarse en zonas estratégicas urbanas, para desde allí poder establecer nuevas formas de tributación ilegales, acceder a disputas o alianzas con los poderes locales, y también desarrollar actividades de asedio, persecución y sicariato hacia individuos y colectivos construidos socialmente por ellos como enemigos. Los modos de actuar del paramilitarismo en la ciudad y el departamento correspondieron a una organización que pudo ser al tiempo, empresa criminal, mafiosa y sicarial; y que además pudo desdoblar sus estrategias hacia espacios políticos, a partir de la conquista de redes preexistentes de clientelas, sea mediante alianzas o bajo el sometimiento de las armas.
A modo de conclusión
La estela de violencia por la que atravesó la Universidad del Atlántico, demostró que el conflicto armado colombiano se desplegó hacia espacios en donde se gestaban proyectos sociales, políticos y académicos. El repertorio de estrategias violentas usada por el FJPD para asesinar, desplazar y amenazar a miembros de la comunidad universitaria marcó un punto de quiebre en el devenir tanto de las organizaciones sociales y sindicales, como en el mismo tejido institucional y académico. Del mismo modo, la fragilidad administrativa, que tomó expresión en los paros, despidos e incumplimientos de los compromisos y garantías laborales con los empleados, se tejió con un clima de miedo y violencia colectiva que hizo, en algún momento de los primeros años del 2000, que la institución estuviera a punto de convertirse en un proyecto académico inviable.
El análisis de este caso, que acude a mirar históricamente el pasado reciente desde seno de la disciplina Historia, intenta abrir nuevos escenarios de investigación que problematicen, además de la misma noción de pasado y de los hechos y discursos que lo conforman, la redefinición de las fuentes históricas y sus posibilidades de consulta en archivos oficiales y de organizaciones sociales. Así mismo, el análisis del pasado reciente resitúa el lugar social e intelectual del académico en el debate público y su capacidad de incidencia en procesos de esclarecimiento de la verdad y de discusión por los sentidos de las narrativas vigentes del conflicto armado colombiano.
Finalmente, la Universidad del Atlántico con el acompañamiento de actores institucionales, sigue tramitando este pasado. El 22 de julio de 2015 se reconoció a la institución como Sujeto de Reparación Colectiva y fue incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV). El 31 de marzo de 2016 se creó un comité de impulso conformado por trabajadores, profesores, estudiantes, egresados, pensionados, así como por las víctimas directas y familiares, con el objetivo de ser veedores y voceros de todo el proceso de reparación colectiva de la institución. Y el 28 de julio de 2017, el CNMH en acto oficial hizo entrega de su investigación: Evaluación de daño a sujetos colectivos afectados por la acción paramilitar: el caso de la Universidad del Atlántico, al tiempo que la Unidad de Víctimas presentó un avance de dicho proceso. Por su parte, las víctimas y sus familiares, siguen en disputa por acceder a una verdad judicial, y desde sus experiencias impulsan narrativas que rotulan de nuevos sentidos el pasado reciente del conflicto armado.
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