Despliegue de las fuerzas represivas en el ámbito urbano

La presencia de las FFAA y FFSS en la vía pública se registró en la Subzona 51 desde antes del inicio del "Proceso de Reorganización Nacional".¹² En los días previos al golpe y luego de un procedimiento conjunto realizado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires; desde el V Cuerpo se informaba (a través del diario local) que los operativos de "control de rutas, control de población, patrullaje y actividades conexas" se harían de forma imprevista y en cualquier sitio de la jurisdicción. Además, se "insta[ba]" a la población a respetar las indicaciones de las fuerzas que realizaban los operativos para evitar "consecuencias dolorosas".¹³

La misma noche del 24, las calles de Bahía Blanca se poblaron de uniformados que buscaban "asegurar el orden interno". Veredas, accesos e interiores del edificio municipal fueron ocupados por personal del Ejército, miembros de esta misma fuerza junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, "se apostaron" en la plaza principal y en varias calles del centro de la ciudad para "prevenir cualquier alteración del orden". Dentro de ese despliegue "tropas del Ejército ingresaron en la sede de la CGT, Mitre y Rodríguez para lo cual debieron violentar la entrada. También se clausuraron los locales del resto de las entidades gremiales, en los que se mantuvieron consignas permanentes".¹⁴

El primer comunicado dado por el V Cuerpo de Ejército daba noticia de la realización de "una serie operativos tendientes a asegurar el orden interno" y señalaba que "se desarrollaron sin ningún tipo de inconvenientes debido fundamentalmente a la comprensión demostrada por la población".¹⁵ Para quienes observaban la escena, ese despliegue fue un claro indicio de lo que se avecinaba. Así lo recordaba un docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS)¹⁶:

"[...] tuvimos noción de la gravedad de lo que iba a ocurrir, la gravedad social de lo que iba a ocurrir, la tuvimos la misma noche del golpe: hubo un procedimiento con personal de Ejército, a media cuadra de mi casa, en un edificio que se llama Summa, en la calle Mitre, entre 11 de Abril y 19 de Mayo, más cerca de 11 de Abril, allí hubo un procedimiento muy grande, esa misma noche. Y a los 15 días empezaron los rastrillajes de manzana: mesa en una esquina, todo el mundo a pasar por la mesa y mostrar documentos. En el viaje a La Pampa uno salía de la ciudad y en la ruta 35, patrulla, un retén de control, documentos de todo el mundo. Lo hacían muy claro: le pedían el documento y lo cotejaban con una lista de personas buscadas ordenadas alfabéticamente. Entonces no había las tecnologías que hoy les hubieran facilitado el trabajo. Si el nombre no figuraba, devolvían el documento: sírvase, ¡siga! Pero si uno llegaba a aparecer en la lista lo detenían allí nomás, o sea que había un clima muy grave, con estado de sitio incluido. Todo el mundo supo lo que iba a pasar [...].¹⁷

Pero las calles de Bahía Blanca y las inmediaciones de la ciudad no sólo fueron escenario del despliegue de las fuerzas represivas en operativos de "control", también constituyeron el ámbito en el que se concretaron secuestros y homicidios de jóvenes bahienses que habían sido previamente identificados como "subversivos".

Los asesinatos de militantes no eran una novedad¹⁸, pero a partir del 24 de marzo de 1976 se registró un cambio en esta modalidad represiva en relación con el período inmediatamente anterior: si antes del golpe (fundamentalmente en 1974 y 1975) primaron los secuestros de personas cuyos cadáveres eran luego abandonados en los alrededores de la ciudad, los asesinatos en falsos enfrentamientos constituyeron la modalidad más frecuente a partir del inicio del PRN.

Como plantea Belén Zapata, en el período anterior al golpe se sucedieron una serie de episodios ligados a la violencia parapolicial que hicieron foco en "militantes de izquierda o del peronismo de izquierda, de obreros, y -en su mayoría- de estudiantes de la UNS con algún tipo de participación en la política estudiantil". Los hechos compartieron un mismo "modus operandi": "algunos fueron secuestrados de sus casas y luego encontrados con numerosos impactos de bala en sus cuerpos tirados mayormente en lugares comunes, todos en las afueras de Bahía Blanca como la zona de empalme de rutas, el paraje 'Landa', el paraje 'La Cueva de los leones' o el 'Pibe de Oro'" (Zapata 2012, 119-120).

Una vez producido el golpe del 24 de marzo de 1976, los asesinatos que se dieron a conocer a la opinión pública fueron fundamentalmente aquellos cometidos en el marco de enfrentamientos fraguados.¹⁹ En la mayor parte de los casos se trataba de personas que habían estado previamente encerradas en el CCDyE La Escuelita. Así fue en los casos de Mónica Morán (24/06/1976); Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Mario Manuel Tartchitzky (05/09/1976); Cristina Coussement, Roberto Lorenzo (17/09/1976); José Luis Peralta y Alberto Ricardo Garralda (18/09/1976); Ricardo Del Río y Carlos Rivera (7/12/1976); Fernando Jara (16/12/1976); Darío Rossi (02/02/1977); César Antonio Giordano, Zulma Izurieta, María Elena Romero y Gustavo Marcelo Yotti (13/04/1977). En otras situaciones, los asesinados habían permanecido previamente en Centros Clandestinos dependientes de la Armada, como ocurrió en el caso de Laura Martinelli (31/12/1976).

En otra variante de los enfrentamientos, hubo homicidios que no se produjeron luego de una detención ilegal, sino que las personas fueron perseguidas y ultimadas en sus lugares de residencia. De ese modo se consumaron los asesinatos de los militantes de Montoneros: Pedro Benigno Gutiérrez (20/07/1976), Daniel Hidalgo y Olga Souto de Castillo (14/11/1976) y Patricia Acevedo (26/02/1977).

En las dos modalidades (con o sin detención previa en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio), las fuerzas represivas seleccionaron los blancos²⁰ con una lógica precisa: casi todos los jóvenes asesinados en falsos enfrentamientos eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y/o Montoneros.²¹ La elección de este grupo de personas no fue casual sino que formó parte de una estrategia más amplia que estuvo orientada a mostrar que los "grupos subversivos del peronismo"²² estaban siendo perseguidos y eliminados.

Si la selección de los "blancos" respondió a una lógica, lo mismo puede decirse de la participación de las fuerzas represivas involucradas en los procedimientos. Todos los hechos mencionados fueron llevados adelante por el Ejército, fuerza que incluso tuvo participación en el operativo en el que fue asesinada Laura Martinelli (previamente detenida en el CCDyE de la Armada Baterías). Además, una parte significativa de los procedimientos contó con la participación de la Agrupación Tropa. Este grupo conocido también como Equipo antiguerrillero o Equipo de combate o lucha contra la subversión, dependía del Departamento III "Operaciones" del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército y en los años de mayor represión tuvo como jefe al Mayor Emilio Ibarra.

Por otra parte, y como muestra de la centralización de las FFAA y de Seguridad a nivel nacional, hubo personas que habiendo estado cautivas en La Escuelita luego fueron asesinadas en "enfrentamientos" ocurridos en otras localidades: Angélica Ferrari y Elizabeth Frers (La Plata, 21/04/1977), Carlos Mario Ilacqua (La Plata, 16/07/1977), Estela Maris Iannarelli (La Plata, 16/07/1977), Andrés Oscar Lofvall (Avellaneda, 23/04/1977) y Nancy Griselda Cereijo (Avellaneda, 23/04/1977). Como contrapartida, secuestrados fuera de la ciudad fueron asesinados en Bahía Blanca o sus inmediaciones en un supuesto combate con personal militar (v.gr. Mario Waldino Herrera detenido ilegalmente el 19/04/1976 en Capital Federal fue "abatido"²³ el 03/05/1976 junto al bahiense Néstor Farías en la ruta 51, a unos veinte kilómetros del V Cuerpo).

Este segmento de la represión constituido por los asesinatos que las FFAA y FFSS locales decidieron mostrar públicamente, se articuló con las prácticas desenvueltas al interior de los lugares de encierro que funcionaron en la Subzona 51.

Lugares de encierro: entre la clandestinidad y la visibilidad

Tal como explica Pilar ^{Calveiro (1995}, 13) también en Bahía Blanca los Centros Clandestinos de Detención fueron un elemento medular y a la vez periférico del aparato represivo. Eran "el núcleo del accionar represivo", "un microcosmos social, cuyas reglas y pautas se ubicaban en las antípodas de las que rigen en otros ámbitos sociales y por este mismo carácter, su estudio comporta la necesidad de analizarlos como situaciones extremas, anormales (en el sentido que contrastaban con la 'normalidad' de la vida social) o excepcionales" (^{Águila 2008}, 81-83).

Al igual que en otras jurisdicciones, en el caso bahiense existieron varios CCDyE que dependían de las distintas FFAA y FFSS. En los primeros años de la dictadura, habitantes de Bahía Blanca e individuos capturados en otras regiones, fueron encerrados en estos lugares con múltiples propósitos. Uno de los objetivos de los captores (aunque indudablemente no el único) era arrancarles la mayor cantidad de información posible mediante el empleo de diversas prácticas de tortura.

Los principales Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la ciudad y aledaños fueron La Escuelita, Baterías y el Buque ARA 9 de Julio. El primero de ellos bajo la órbita del Ejército y los dos siguientes en dependencias de la Armada. La centralidad de estos espacios clandestinos estuvo dada por la cantidad de cautivos, el nivel de violencia desplegada por los perpetradores en cada uno de ellos, los tiempos de encierro y la identidad de los represaliados.

Lejos de funcionar de forma aislada, los Centros Clandestinos constituyeron los puntos nodales de una estructura de mayores dimensiones que incluyó lugares transitorios de encierro y tortura (entre ellos instalaciones de la Delegación Cuatrerismo y la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal; la Policía de Establecimientos Navales, la Prefectura Bahía Blanca, la Prefectura de Zona Atlántico Norte, y los terrenos ubicados en cercanías de la Estación de ferrocarril, entre otros.), sitios semi-legales que funcionaron alternativamente como espacios de blanqueamiento y Centros Clandestinos de Detención (las dependencias del Batallón de Comunicaciones 181) e instituciones utilizadas con el objetivo prioritario de legalizar las detenciones (la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta).

No todos estos centros de detención funcionaron en lugares ocultos. Lo clandestino e ilegal eran las prácticas desenvueltas al interior de esos espacios y no los lugares donde permanecían recluidos los hombres y mujeres que habían sido previamente secuestrados por las fuerzas represivas. Un claro ejemplo de ello es la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal. El sitio era público, en muchos casos los familiares de los detenidos tomaron conocimiento de las detenciones pero las prácticas desenvueltas al interior de los calabozos estuvieron caracterizadas por la violencia y el amedrentamiento. Con la actuación del Juez Federal y del personal policial se pretendió legalizar un conjunto de detenciones (claramente ilegales) que afectaron puntualmente a miembros de la comunidad universitaria local.

En otros casos, en la Subzona 51 se registró una situación análoga a la descripta por Pablo Scatizza para algunos sitios de reclusión de la Subzona 52²⁴: "podríamos cambiar de lugar el adjetivo y decir que fueron en realidad centros de detención clandestina, colocando la condición de clandestinidad en la forma en que se mantenían allí a los detenidos, más que propiamente al lugar que sirvió como tal. Y en este sentido, su principal característica frente los campos de concentración es que se trató de lugares públicos" (Scatizza 2014, 5).²⁵

Ello se cumplió en algunos lugares de encierro transitorios como las instalaciones de Prefectura Bahía Blanca en Ingeniero White. Las personas llevadas a este sitio, luego fueron trasladadas en su mayoría al Buque 9 de Julio. La función de este espacio dentro del dispositivo desaparecedor resultó evidente en los sucesos vividos durante las primeras semanas del PRN por un conjunto de gremialistas ligados a la actividad portuaria. Se trataba de personas que conocían perfectamente las instalaciones porque habían concurrido allí para solicitar la credencial que les permitía ingresar al puerto. Capuchas, golpes, simulacros de fusilamiento²⁶ hicieron de este lugar un centro de detención y torturas que estaba en el difuso límite entre lo clandestino y lo visible.

Los captores no tomaron allí los resguardos (presentes en otros lugares de encierro) para no ser vistos²⁷ o para ocultar a las personas detenidas. Incluso dejaron registrados distintos datos de estos sujetos en "libros de detenidos": nombre y apellido, motivo de la detención (actividades subversivas, pedido Comando de la Fuerza de Tareas 2 (Cofuertar 2), tenencia de arma de guerra, etcétera), situación (comunicado o incomunicado), fecha de salida y destino (V Cuerpo de Ejército, Cofuertar 2, libertad, etcétera).

Las particulares condiciones de detención hicieron que los represaliados tuvieran la posibilidad de dejar huellas para que sus familias pudieran ubicarlos. Eso fue conseguido por un miembro del Sindicato Unidos Petroleros del Estado (Supe) que gritó su nombre en los pasillos de las instalaciones:

[...] las oficinas están a la entrada del puerto, a mano izquierda. Allí mismo están las oficinas administrativas, laboratorio de documentación donde había obtenido una credencial por mi actividad gremial para entrar al puerto, y también los calabozos [...]. Eran instalaciones pobres. Lo que yo conocí era de techo bajo, paredes de chapa. El calabozo era de material [...] dejé el cinturón y los cordones y fui llevado a una celda donde estaban los [...] gremialistas del Somu, y [...] de la Junta de Granos. Allí permanecimos hasta la noche. Alrededor de las diez de la noche trascendió que nos iban a trasladar a la Base Naval Puerto Belgrano. Nos sacaron de la celda, nos pusieron en fila, cuando me iban a poner la capucha me saqué los anteojos y los puse en el bolsillo de la camisa, nos esposaron con las manos atrás, y nos pasaron una cadena alrededor del cuello para acollararnos unos a otros. En eso una persona me grita preguntando: -Al primero de la fila, sabe su familia donde esta Ud.? Yo le contesté en voz alta: -Si, me llamo [...]. Me gritaron que me callara, pero yo había dejado testimonio de mi presencia en ese lugar. Después mi esposa me contó que esa noche hubo tres llamados en que uno decía: -Su marido está vivo, lo llevan a la base. El otro decía: - [...] está bien, se va para Puerto Belgrano; y a las dos horas un tercer llamado que decía: - [...] está vivo. Lo llevaron a la Base Naval de Puerto Belgrano. Ninguno se identificó. Según mi esposa, eran todas voces masculinas. Ella me contó que al día siguiente junto con un montón de gente estaban en el Puesto 1 de la Base donde lo único que escuchaban era "si está aquí está bien, pero no se pueden ver, porque están incomunicados" [...].²⁸

Frente a este tipo de lugares de encierro caracterizados por la transitoriedad y la semi-clandestinidad; el buque 9 de Julio, Baterías o La Escuelita asumieron dinámicas de funcionamiento distintas. En el primer caso se trató de una embarcación amarrada en la Base Naval Puerto Belgrano que estaba fuera de servicio y fue aconodicionada para ser utilizada como Centro Clandestino de Detención.²⁹ El lugar de encierro elegido eran los camarotes, espacios recordados por un sobreviviente como:

[...] una habitación de unos dos metros y medio por tres metros, en la que había una cama cucheta con colchones de color azul y blanco con franjas, tenía dos ojos de buey cerrados y un lavatorio, encontrándose todas las instalaciones en un estado notable de abandono. Que en el camarote había agua acumulada contra el lado en que estaban los ojos de buey. Que la puerta de ingreso al camarote era metálica, no era un panel entero sino que estaba constituido por piezas de metal inclinadas, que permitían mirar hacia abajo, similar a una persiana. Que el dicente permanecía constantemente con los brazos encadenados con unas cadenas finitas, agregándole más adelante también cadenas en los pies [...].³⁰

Los miembros de las fuerzas represivas que operaron en el buque no siempre tomaron resguardos para no ser vistos por los represaliados. De hecho, hubo detenidos que recibieron atención médica y visitas de militares que ingresaron a los camarotes a cara descubierta³¹ mientras ellos permanecían sin capuchas.

Los niveles de violencia a los que fueron sometidos los cautivos fueron variables e incluyeron desde la aplicación de picana eléctrica hasta los simulacros de fusilamiento, golpes y otras formas de maltrato. Era habitual que las personas allí detenidas fueran llevadas a las dependencias de la Policía de Establecimientos Navales para ser interrogadas en un contexto caracterizado por el sometimiento a distintos tipos de torturas.

Las prácticas represivas desatadas al interior del buque incluyeron diversas formas de violencia sexual. Ello se evidenció en los episodios vividos por una militante de la Juventud Universitaria Peronista originaria de Punta Alta:

[...] Que recuerda que a los dos días de estar en el buque la declarante se indispuso, y al no tener los elementos de higiene necesarios, los guardias disfrutaban llevando a la declarante al baño y observándola. Que también recuerda la declarante que durante la noche los guardias no dejaban dormir a la declarante, disparando ráfagas de ametralladoras en las cercanías del barco. Que recuerda que el camarote tenía aproximadamente dos metros por dos, a la izquierda de la puerta de entrada había una pequeña cama, a la derecha una especie de mesada, hecha del mismo material del camarote. Que la dicente, al momento de ser requisada en el camarote, era habitualmente manoseada por los guardias. Que la comida que le servían era una especie de sustancia líquida, asquerosa, por lo que la declarante prácticamente no comía, pesando al salir liberada sólo 38 kilos. Que la declarante fue llevada en algunas oportunidades a otra parte del barco donde había varias duchas, y donde la dicente era también manoseada por los guardias. Que los guardias en ningún momento hablaban, y de a tres o cuatro ingresaban en el camarote a hacer requisa ocasión en que aprovechaban para manosear a la dicente y patear los tobillos con los borceguíes. Que en tres o cuatro oportunidades, mientras se encontraba en el buque, fue sacada del mismo para ser interrogada […].³²

Entre las personas que permanecieron ilegalmente encerradas en el buque 9 de Julio se encontraban reconocidos militantes políticos que desempeñaban cargos en el partido de Coronel Rosales durante el período inmediatamente anterior al golpe de Estado, entre ellos Aedo Juárez (concejal por el Partido Justicialista), Rodolfo Canini (concejal por el Partido Justicialista, presidente del Consejo Deliberante e intendente interino durante unas semanas) y Rodolfo Pazos de Aldekoa (Secretario de Bienestar Social de la Municipalidad). Además, dentro de los cautivos había sindicalistas que luego del PRN fueron intendentes de Coronel Rosales también por el Partido Justicialista: Néstor Alberto Giorno³³ (militante de la Juventud Peronista y miembro del Sindicato de Luz y Fuerza), su hermano Hugo Mario Giorno³⁴ (militante de la JP y Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Punta Alta desde 1975) y Jorge Osvaldo Izarra³⁵ (personal civil de la Base Naval Puerto Belgrano y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado). A ellos se sumaron otros sindicalistas, abogados y militantes de la ciudad de Punta Alta.

Si el buque comenzó a operar desde antes del golpe³⁶, el CCDyE Baterías en cambio, fue puesto en funcionamiento en la segunda mitad del año 1976. Se trató de una Batería de la zona de defensa de costa que fue usada como lugar de encierro, la edificación era de piedra, tenía pisos de cemento y constaba de espacios diferenciados para la tortura, el aislamiento de los represaliados, la enfermería, etcétera.

Los detenidos permanecían tabicados, con vendas y ataduras. Los perpetradores tuvieron aquí especial cuidado para evitar ser vistos, controlaban permanentemente que las vendas no se aflojaran y castigaban a los cautivos por ese motivo. Las prácticas represivas desenvueltas al interior de este Centro Clandestino de Detención y Exterminio incluyeron colgamientos, submarinos, simulacros de fusilamiento, aplicación de picana eléctrica y otras formas de tortura. Los recuerdos de una sobreviviente dan cuenta del clima de violencia extrema reinante en el CCDyE:

[...] La bajaron y le echaron un balde de agua fría como para reanimarla. Es conducida a un recinto cercano donde la desnudan y la revisan enteramente, inclusive la vagina, para que no oculte, según dicen drogas o pastillas. La hacen vestir y la dejan colgada de las muñecas, sin tocar el piso, por medio de un aparejo ubicado muy cerca de donde fuera revisada. Ignora el tiempo transcurrido en esa situación, pero cree que en el momento de ser descolgada estaba al límite de su resistencia [...] fue interrogada en varias oportunidades y torturada tres veces con picana eléctrica y golpeada salvajemente en todo su cuerpo y sobre todo en el estómago a golpes de puño, quedando completamente amoratonada. Al día siguiente fue revisada por un supuesto médico que le hizo proporcionar unas pastillas anti inflamatorias [...].³⁷

Muchos de los represaliados encerrados aquí formaban parte de los distintos claustros de la Universidad Nacional del Sur. Entre los miembros de la comunidad universitaria se encontraban los no docentes Silvia Haydée Larrea y Héctor Néstor Larrea, la graduada en letras Cora María Pioli, el estudiante de Economía Norberto Eduardo Eraldo, el alumno de Letras Daniel Osvaldo Carrá, el estudiante de Servicio Social Jorge Eleodoro del Río, entre otros. Dentro de este grupo la mayoría tenía militancia en la Juventud Universitaria Peronista.

De este modo los dos Centros Clandestinos de Detención más importantes de la Armada tuvieron lógicas de funcionamiento distintas, los captores tuvieron precauciones precisas para evitar ser vistos en Baterías, mientras que en el buque muchos se dejaron ver e interactuaron con los cautivos. También existieron diferencias fundamentales en relación a la identidad de los represaliados, en la embarcación primaron los sindicalistas y militantes políticos de extracción peronista con cargos en la gestión del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) de Coronel Rosales; al tiempo que en Baterías hubo un mayor número de militantes de la Juventud Universitaria Peronista. Por último, existió una diferencia fundamental en relación al destino final de los represaliados: en el caso del buque primaron las liberaciones al tiempo que en Baterías hubo un mayor número de desapariciones.³⁸

En el caso del Ejército, La Escuelita³⁹ fue el principal CCDyE que funcionó dentro de la jurisdicción del V Cuerpo. Estaba compuesto por varias edificaciones complementarias, un lugar que había funcionado como tambo, dos viviendas unifamiliares, una "casa de peones", una zona de molinos y bebederos, y un tanque cisterna.⁴⁰

Las habitaciones en las que pasaban sus días los cautivos tenían pisos de madera y de baldosas; desde allí se oía el ruido de un tren que pasaba con frecuencia diaria, los sonidos de un helicóptero y era posible inferir la existencia de un molino y la presencia de vacas, perros y pájaros. Desde las piezas podía escucharse el sonido del televisor que utilizaban los guardias; una radio que sintonizaba emisoras de Bahía Blanca y un equipo de radio.⁴¹

Las prácticas represivas desenvueltas el interior del CCDyE fueron múltiples y variadas. Los detenidos llegaban inermes con vendas en sus ojos y ataduras en sus manos, en esa situación se los obligaba a vivir dentro de La Escuelita por el lapso de tiempo que los represores consideraran necesario y con una incertidumbre absoluta sobre el destino que les esperaba. El ejercicio de la violencia física era práctica frecuente y llevada adelante por sujetos especializados en la tortura que actuaban en forma conjunta con interrogadores del Destacamento de Inteligencia 181.

El destino final de las personas encerradas en el CCDyE sufrió modificaciones al consolidarse la trama represiva local. A partir de junio de 1976 se registró un cambio en la operatoria represiva, las personas encerradas hasta ese mes fueron casi en su totalidad posteriormente liberadas o trasladadas a la cárcel de Villa Floresta pero a partir de junio de 1976 esa situación se modificó y la mayor parte de las personas encerradas fueron asesinadas en operativos fraguados o pasaron a integrar el universo de desaparecidos en manos de las fuerzas represivas durante la última dictadura militar.

Como se advierte de la lectura de la tabla 1, el pico máximo de personas encerradas en La Escuelita fue alcanzado en el mes de diciembre de 1976, momento que coincidió con el reemplazo de Adel Edgardo Vilas por Abel Teodoro Catuzzi en el cargo de Comandante de la Subzona 51. La partida de Vilas se produjo antes de la llegada de su sucesor por lo que existió un período de vacancia en la comandancia de la Subzona que sintomáticamente coincidió con el período de mayor concentración de detenidos en el CCDyE.

Tabla 1: Cantidad de personas* que permanecieron encerradas por mes durante el período de funcionamiento del CCDyE La Escuelita (marzo 1976-julio 1977)** 

* Se contabilizó el número de personas que permanecieron en La Escuelita en cada uno de los meses en los que funcionó el CCDyE. Son muchos los casos de detenidos que estuvieron encerrados durante dos meses o más por lo que no resulta posible realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada mes para contabilizar la cantidad total de personas.

** Elaboración propia en base a datos presentes en entrevistas, declaraciones testimoniales prestadas causas por delitos de lesa humanidad, memorias de sobrevivientes y legajos de la Conadep, del Redefa y de la SDH. Por tratarse de un lugar de detención clandestino, para recabar información sobre las personas encerradas en La Escuelita fue necesario recurrir a las denuncias de los familiares/allegados de los detenidos-desaparecidos que están registradas en causas judiciales y legajos de organismos de Derechos Humanos y a los testimonios de los sobrevivientes. Por eso se debe tener en cuenta que todos los gráficos fueron elaborados a partir de la puesta en diálogo de la información disponible hasta el momento en fuentes de distinta naturaleza: entrevistas realizadas por la autora, declaraciones testimoniales en causas judiciales, legajos Conadep, Redefa y SDH, y memorias de sobrevivientes. Entre las últimas, destaca el caso de Alicia Partnoy, que además de prestar su testimonio en distintas instancias judiciales, publicó un libro en el que incluyó un anexo con los nombres de las personas detenidas ilegalmente en La Escuelita, según su conocimiento al momento de prestar testimonio ante organismos de Derechos Humanos (Partnoy 2006, 118-122).

La Escuelita funcionó en articulación con el Batallón de Comunicaciones 181. Este espacio de encierro operó como Centro Clandestino de Detención pero también como ámbito privilegiado de blanqueamiento de detenciones ilegales. Lejos de tratarse de un único edificio, dentro de las instalaciones utilizadas para esos fines había un galpón, un gimnasio, una zona de calabozos y hasta una oficina que pertenecía al capellán.

En algunos episodios, como en el caso Escuela Normal de Educación Técnica (ENET), se revelaron los nexos existentes entre este espacio de encierro y La Escuelita. Se trató de 12 alumnos y un profesor de la por entonces ENET N.° 1 Ingeniero César Cipolletti, que fueron secuestrados entre mediados de diciembre de 1976 y los primeros días de enero del año siguiente. Permanecieron encerrados en La Escuelita alrededor de un mes y fueron liberados por grupos en distintos operativos. Seis de ellos fueron sacados del CCDyE y dejados en las cercanías del cementerio local donde inmediatamente fueron recogidos por personal militar y policial que los trasladó al Batallón de Comunicaciones 181. Una vez allí los alumnos recibieron atención médica y posteriormente pudieron ser retirados de ese mismo lugar por algunos miembros de sus familias.⁴²

En este caso las instalaciones del Batallón fueron usadas como ámbito de blanqueamiento de una detención ilegal y clandestina previa. El calabozo al que llevaron a los alumnos estaba preparado para recibirlos, tenía exactamente el número necesario de camas, sábanas, frazadas y toallas. Allí hablaron con un oficial que se presentó con su apellido y ordenó que les suministraran elementos de higiene. Sus familiares tomaron conocimiento de este tramo del cautiverio y pudieron incluso acceder a las instalaciones para retirarlos.

El recorrido realizado por uno de los alumnos dio muestras de lo delgada que era la línea que separaba lo clandestino de lo visible y lo ilegal de lo semi-legal. Mientras en el resto de los casos los alumnos fueron trasladados de La Escuelita al Batallón, Renato Zoccali permaneció primero en el Batallón de forma clandestina, luego fue llevado a La Escuelita para luego volver al primer lugar de encierro desde donde finalmente se produjo su liberación.

El Batallón no fue sólo el lugar de blanqueamiento de detenidos que provenían de La Escuelita, sino también de Centros Clandestinos dependientes de la Marina. Los nexos con el buque 9 de Julio fueron evidentes, hubo personas secuestradas por la Armada que pasaron por dependencias de la Policía de Establecimientos Navales, fueron encerradas en el mencionado buque, luego trasladadas al Batallón de Comunicaciones 181 y finalmente llevadas a la cárcel N.° 4 (Villa Floresta).⁴³

Una parte de las personas que permanecieron encerradas en los CCDyE que funcionaron en la ciudad luego fueron llevadas a la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta, cárcel ubicada en inmediaciones del predio del V Cuerpo de Ejército. Los traslados eran realizados por el personal del CCDyE y un oficial que hacía de enlace entre el centro clandestino y la cárcel. Esa función fue cumplida por Leonardo Nuñez, oficial adjutor de la Unidad Penitenciaria 4 conocido por los miembros de las FFAA y FFSS y por los propios represaliados como "mono" o "negro".

En algunos casos, los detenidos eran sacados de La Escuelita y llevados en un vehículo a una zona descampada. Una vez allí los recogían rápidamente para llevarlos a la prisión. En otras ocasiones, el traslado se hacía directamente desde el CCDyE a la cárcel en un viaje en el que los represores intentaban confundir a los detenidos haciendo un recorrido mucho más extenso que el que correspondía a la breve distancia que separaba el V Cuerpo de Ejército de la cárcel de Villa Floresta.

El traslado se hacía en un clima de violencia que se presentaba como continuación de las torturas previas⁴⁴, no sólo solían recibir golpes sino que estaban impedidos de ver y viajaban con un alto grado de incertidumbre al no saber realmente cuál sería su destino final. Ninguna etapa del circuito represivo concluía de forma definitiva en tanto hombres y mujeres encerrados en la cárcel podían volver a ser interrogados encapuchados por las mismas personas que los habían atormentado en La Escuelita.⁴⁵

Al llegar a la cárcel, encapuchados y golpeados, el personal penitenciario los recibía con más golpes y órdenes de distinta naturaleza. El "mono", por ejemplo, le sacó la capucha a Bermúdez y a algunos de sus compañeros de cautiverio y a continuación los increpó con la frase "subversivos levanten la cabeza".⁴⁶

Pero en la cárcel, los detenidos no sólo fueron objeto de la violencia del personal penitenciario y los militares que eventualmente pudieran ingresar a realizar interrogatorios, sino que también quedaron presos de una burocracia que comenzó a recoger información sobre ellos desde el momento mismo de ingreso al penal. El personal penitenciario estaba encargado de confeccionar los legajos en los que no sólo se incluían datos personales (fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, edad al momento de ingreso al sistema penitenciario, estado civil, apodo, domicilio, ocupación, nivel de instrucción alcanzado, cantidad de años en el país en caso de extranjeros, cumplimiento del servicio militar, permanencia en institutos o casas de corrección, religión, filiación política, filiación gremial, ideología, cicatrices y señas visibles, etcétera)⁴⁷, sino que también se consignaban referencias de índole familiar.

Además, la burocracia del Servicio Penitenciario Bonaerense recogió y consignó datos relativos a la identificación del detenido dentro de la institución; a su trayectoria en distintas unidades penitenciarias; a su vida cotidiana en la cárcel y a su situación legal pasada y presente.

Todos estos datos eran fruto de una actividad diaria dirigida a recolectar/producir información y agruparla poco a poco en una misma carpeta que entrelazaba fragmentos de la historia institucional y de la vida del detenido. Esa información era utilizada luego para censurar información que los presos intentaban sacar del penal para comunicarse con sus familias o sus grupos políticos de referencia; sancionar a los detenidos por supuestas infracciones cometidas en el transcurso de su vida carcelaria; hacer actividad de inteligencia que luego era difundida entre las distintas fuerzas, etcétera.⁴⁸