En los virreinatos americanos

Aunque una de las políticas privilegiadas en la agenda de reformas de la monarquía española era la restauración del poder naval, los cambios en el cuerpo del Ejército en Indias se dieron primero que en la marina y en la Real Armada (^{Mühlmann 1975}, 202; ^{Valdés-Bubnov 2012}). En lo que respecta a la Matrícula, las primeras propuestas aparecieron durante la administración del Infante Almirante Felipe por medio de un informe del año 1738 presentado por el comisario ordenador y ministro de la escuadra de la flota de La Habana Andrés Jiménez Carrega por solicitud del mismo Almirante, quien pidió un examen de la población para encontrar una forma de aprovechar el factor humano de la isla de Cuba. Para desgracia de los administradores del ramo de Marina este primer acercamiento no tuvo ningún efecto.¹⁰ A este le siguió el proyecto del ministro del astillero de la Habana, Lorenzo de Montalvo y Ruiz de Alarcón (fundador de la familia Montalvo en Cuba)¹¹ del año 1748, que pretendió recoger la información de los pobladores que tuviesen exclusivamente conocimientos de carpintería y calafatería en una Matrícula de Maestranza para el apoyo en las obras de construcción y reparación en el próspero astillero y arsenal de la isla. Según los registros de la Secretaría de Marina el intento fue vano y sin ningún resultado, porque no se conoce ningún listado numérico de los matriculados. El interés de reforzar el personal de arsenal se debió a la inconstancia de los carpinteros y calafates¹² que solo participaban de su oficio por jornales y no de manera permanente; en otras palabras, la Matrícula buscó su concentración permanente en las labores del astillero.¹³

El deseo de aprovechar el talento que irradiaban los habitantes de costas en carpintería, construcción y navegación no fue exclusivo de los administradores de turno en la isla cubana; Jorge Juan y Antonio de Ulloa observaron algunos años antes del informe de Montalvo que también en Lima se podría sacar provecho; anotaban los dos científicos que:

La marinería abunda mucho en toda aquella costa, porque asi los Indios vecinos de los puertos principales que hemos referido antes como los que habitan en los pequeños puertos y lugares de ella, se emplean todos en el exercicio de la mar, y si se hiciera matricula y numeracion de ellos seria muy quantiosa, y si al presente no parece muy considerable, es porque están repartidos y porque quando concluyen su viage, ó acaban de hacer la pesca se aplican á la labranza de los campos, al exercicio de arrieros y á otras ocupaciones (Juan y Ulloa 1826, 101-102).

La expectativa para la época era, por lo que se ve, muy alta y se esperaba sacar lo máximo del talento humano en todos los virreinatos americanos, incluso en los que tenían jurisdicciones costeras en el océano Pacífico, donde la navegación, exceptuando las escuadras de Filipinas, era de menor intensidad en comparación con las operaciones de cabotaje y de altura en el mar Caribe y océano Atlántico. Pero observaciones positivas no solo se redujeron al Pacífico, el teniente general de navío Juan Bautista Bonet, comunicó a la Secretaría de marina que los individuos de las costas "tienen comunmente una viveza, agilidad, y comprehension particular, que a poca costa consiguen los no instruidos la competente a este destino".¹⁴ Había entonces que hacer del modus vivendi de los habitantes un modus laborandi al servicio de la Corona.

Pero los intentos no terminaron ahí. En Cartagena de Indias en 1757 se buscó también la organización de un padrón y matrícula de los marineros. De los documentos y relaciones se puede observar la poca coordinación que había entre las instituciones locales y las autoridades de la Secretaría de Marina: otro punto flaco alrededor de este sistema, como también ocurrió durante la instauración de la Matrícula de 1726 en la península ibérica (Vásquez ^{Lijó 2005}, 260-261). En efecto, la propuesta que había realizado el gobernador Diego Tabares fue rechazada por el secretario de Marina e Indias Julián de Arriaga a causa de un informe negativo del capitán de navío Luis de Córdoba, en el que aseguró que no "es nada probable, ni evidente, el que pueda lograrse porción algo considerable de gente útil"¹⁵ (Martínez ^{Shaw 2005}, 273), lo que descalificó el informe del gobernador; algo similar a lo que ocurrió algunos años antes entre el entonces gobernador de Cuba Francisco Cagigal de la Vega y el ya mencionado Andrés Jiménez Carrega.¹⁶ Y al igual que en los Departamentos ibéricos, las autoridades ordinarias no respetaron el fuero de los matriculados, por lo que los experimentos iniciales tuvieron bastantes tropiezos también a causa de la discordia con la jurisdicción ordinaria de las gobernaciones.¹⁷ La época de su implantación llegó, con todo, algunas décadas después. Durante la década de 1770, cuando la Marina vivía una época de bastante actividad¹⁸, se logró su introducción total en los virreinatos y gobernaciones de Indias, la cual fue ratificada por Real Orden del ministro José de Gálvez en 1776.¹⁹ A partir de ese momento se dividió el territorio portuario de los virreinatos en provincias que pudieran facilitar la empresa de hacer las revistas. A cada provincia con apostadero se le entregaron sendas subdelegaciones. Las jurisdicciones de cada una quedaron de la siguiente forma:

Tabla 1 Provincias creadas para la Matrícula en América 

Fuente: AGN, MM, t. 33, doc. 5, f. 463v; AGS, SM 295; ^{O'Dogherty (1952}, 364); ^{Moreno Guillón (2004)}; Martínez ^{Shaw y Alonso Mola (2005)}.²⁰

De la tabla 1 se infiere que mientras los virreinatos de Nueva España y Perú fueron dotados con sendas bases para sus dos provincias marítimas, el virreinato neogranadino solo tenía competencia de este tipo en Cartagena de Indias, por lo que la posibilidad de un desarrollo naval en el Pacífico quedaba fuera del alcance de la administración virreinal; en Cuba, al igual que los virreinatos de Nueva España y Perú, se encontraban dos provincias marítimas, amén de una poderosa base humana de gran tradición en la construcción y la navegación de altura; por su parte, en la capitanía general de Venezuela solo se encontraba la provincia de Trinidad que, habiendo sido reducido a unas dos terceras partes el dominio español sobre ella (^{Williams 1984}, 85), tenía, de acuerdo a un informe enviado a la Secretaría de Marina, cerca de un cuarto de su población ocupada en el ejercicio de la pesca y la navegación en agua salada.²¹

No era esta, sin embargo, una organización administrativa ordenada como la de los tres departamentos ibéricos²², más aun cuando la misma organización creaba confusión dentro de las autoridades de cada uno de los apostaderos, como se llegó a ver en un caso en el que el apostadero de La Habana fue manejado como un departamento marítimo (Fernández de Navarrete 19: 410-412). Pero al igual que en el caso ibérico, cada provincia tuvo dificultades en su ejercicio administrativo y con las particularidades de los habitantes de cada subdelegación y partido. Por un lado, se le consideró como un costo administrativo alto con proyecciones en sus resultados que no justificaban la inversión en su funcionamiento²³; por otro lado, al igual que en las provincias vascas²⁴, hubo problemas con legislaciones particulares, tal como la contradicción con las leyes de Indias que permitían el libre ejercicio de la pesca y la navegación a los pueblos indígenas, o con las Reales Órdenes y Cédulas en general que promovían la industria marítima en los virreinatos.²⁵ Es por esto que tuvieron que ser expedidos algunos ordenamientos particulares desde el fuero de las autoridades virreinales y algunas prohibiciones fueron derogadas para lograr la matriculación de la gente de mar y de maestranza. De ahí que tanto en Lima como en Cartagena de Indias se expidiesen reglamentos con particular atención a los problemas locales específicos de cada una de estas provincias, con especial atención al régimen especial de pesca para la población indígena, que quedaba con libertad para esta industria.²⁶

Sumado a esto, fue necesario dar amnistía general a los desertores que se encontraban en Indias, número que correspondían a un porcentaje cercano al 46 % del total de los matriculados en el Departamento de Cádiz (Vásquez ^{Lijó 2005}, 1141).²⁷ De esta manera, algunos capitanes de navío pudieron recuperar la tripulación de sus naves, aunque no lograron, en todo caso, evitar que llegara "el caso de que sus Escuadras en la América naveguen con solos negros y mulatos", como anotaba con alta preocupación el capitán de navío Fernando de Lortia.²⁸ Era inevitable, entonces, que la Secretaría de Marina tuviese que contar con el apoyo de ellos en los años siguientes de la historia del dominio español en el continente americano, a pesar de que los oficiales ibéricos activasen las alarmas frente a la dependencia que tenían ahora de la población negra y mestiza, a la cual consideraban como "inútiles" para navegar y únicamente "buenos para comer el pan blanco", lo cual conllevaba también una extensión del fuero militar a estos grupos sociales indeseados.²⁹ Es llamativo, sin embargo, que, como se logra entrever en los ordenamientos de Lima y Cartagena de Indias, la población de algunas provincias marítimas de Indias era considerada de "reserva", pues no se tuvo bajo consideración, a pesar del entusiasmo de algunos oficiales de la Real Armada, que tuviesen los debidos conocimientos de la navegación de altura ni de la navegación a vela. La idea de hacer de ellos una reserva opcional no era un planteamiento definitivo, ya que se veía a un largo plazo la posibilidad de convertir sus conocimientos tradicionales en el "semillero de la Armada", como lo llamaba José Ignacio de ^{Pombo (1965}, 150).

En Cartagena de Indias y América "unas condiciones diferentes"

Después del intento infructuoso del gobernador Tabares la provincia marítima del virreinato neogranadino entró en el mapa de la administración marítima con un reglamento solicitado por el teniente general de la Real Armada y virrey Manuel Guirior consistente en 28 artículos. En él se trató de adaptar los artículos del título sexto, tratado cuarto de las Ordenanzas Generales de la Armada de 1748, los cuales fueron "el fundamento del reclutamiento marítimo y de la organización de esta durante más de medio siglo", tal como lo fueron en el contexto del caribe neogra-nadino.³⁰ Por mandato del virrey se pidió la instauración de este reglamento en la provincia de Cartagena, la cual fue obedecida por el gobernador de entonces, Juan de Torrezal Díaz Pimienta³¹, y que fue anterior a la emanada de la Real Orden de 23 de agosto de 1776 del ministro de Indias José de Gálvez, lo cual muestra que la fuente principal de la existencia de esta institución en América no es dicho documento -como Martínez ^{Shaw y Alonso Mola (2005)} lo afirman-, sino el apartado ya señalado de las Ordenanzas de 1748, el cual fue usado por virrey para crearlo, debido a la competencia que tenía en esta materia (^{Konetzke 1986}, 132).

Con todo, la Matrícula sí fue ratificada para todo el continente americano por el ya mencionado ministro quien solicitó, por medio de dicha orden, la matrícula de "los pescadores y hombres de mar, que estubiesen avezindados en poblaciones a las orillas de esta Bahia"; adicionalmente se hizo una ordenanza particular del año 1777 para los habitantes de las costas del virreinato neogranadino, compuesta por tres tratados: el primero sobre las subdelegaciones del ministerio de marina cartagenero, las funciones y cargos que debían existir en dicha institución, y el tiempo de servicio de los matriculados; el segundo sobre las funciones de los subdelegados y los cabos de matrícula; y el tercero sobre los privilegios y casos en que hay "desfuero" para los matriculados.³²

Durante el primer año de funcionamiento se presentaron confusiones sobre los límites de las subdelegaciones, y el virrey Manuel Antonio Flórez encontró inaceptable que no se incluyese (aunque en las ordenanzas se había estipulado así) a Panamá, Guayaquil y otros puertos de la costa del océano pacífico dentro de la jurisdicción marítima del virreinato.³³ A pesar de su insistencia la única base naval del virreinato fue la de Cartagena de Indias, que tuvo como función principal el perseguir el contrabando y alejar a las embarcaciones extranjeras en la costa de Tierra Firme, es decir "desde las bocas del río de la Magdalena hasta la puerta de la Calera y [...] desde las yslas del Rosario hasta las bocas del Sinú".³⁴

Al mismo tiempo, la Matrícula, que había sido acompañada por una amnistía general, tuvo también como objetivo la reagrupación de la gente de mar del Departamento de Cádiz que había desertado desde el año 1753 (cuando los viajes de la Real Armada desde la isla de León se hicieron frecuentes), con el propósito de buscar oportunidades en Indias.³⁵

Pero el verdadero reto que se presentó en la provincia de Cartagena de Indias no se dio con los marinos peninsulares, se dio con los habitantes de las riberas y costas de su jurisdicción. Felipe Vergara, notable abogado santafereño, educado en el derecho canónico y autor de diferentes tratados sobre la moral, la obediencia filial y sobre matemática (Vergara 1962), destacó un punto esencial en una petición al ya saliente gobernador José Carrión y Andrade en el que daba cuenta de su comprensión cabal de la difícil implantación de las normas de reclutamiento naval españolas en el territorio caribeño del virreinato, lo que latu sensu, también incluía a todas las provincias marítimas en América. Dice Vergara:

Las circunstancias locales de estas costas de America son absolutamte diversas, y son algunas de ellas contrarias a las de las costas de la Peninsula. Otra Poblacion, otro cultivo, otros frutos, otros ramos de industria, otras costumbres, otras leyes municipales, otra unidad de nación o casta, y otra uniformidad en la condizon civil de los hombres.³⁶

Su apunte es bastante llamativo, pues en una época donde el estudio del derecho público era considerado peligroso y había sido proscrito³⁷, Vergara no dudó en afirmar, desde una exploración en tal materia, que el verdadero problema versaba en la falta de compatibilidad de las normas ibéricas con el espíritu social y jurídico del territorio.³⁸ En efecto, Vergara, quien luego recaudó una indemnización para Antonio Nariño y quien fue designado en varios cargos del gobierno dictatorial de este³⁹, no dudaba en apuntar directo al punto flaco de las instituciones españolas y en avizorar los peligros que una adaptación insensata de ellas podía tener. El jurisconsulto fue incluso más lejos al señalar que la Real Orden del ministro Gálvez estaba destinada a la "reducción a matrícula" única y exclusivamente de la gente de mar de los Departamentos ibéricos que habían desertado, por lo que se trataba de una Matrícula de desertores y no una Matrícula General que incluyese a los habitantes de Cartagena de Indias, en la que había esclavos, que, para Vergara, era algo indecoroso que se les concediera privilegios de fuero y pensiones (tal como está establecido en la Matrícula); por esto, expresó que "el establecimiento primitivo de la Matricula de Cartagena ha sido un error y abuso manifiesto".⁴⁰

A pesar de su elocuente disertación esta resulta, como se ha visto, parcialmente falsa dado el sumo interés que había en la instauración de la Matrícula en los virreinatos de Indias, lo cual puede servir como ratio dicendi para encontrar como errónea su justificación, la cual ignoraba los antecedentes mencionados. Bien respondía Antonio Vicente Yáñez a la crítica de Vergara, que "este falso supuesto es el que dió motibo al acessor del Govierno [es decir a Vergara] a fundar tantas reflexiónes, y sacar consequencias tan equivocadas".⁴¹ El mismo Vergara, aunque férreo en su posición, no descartó la posibilidad de instaurarla, pero solo si se incluía en ella a los "marineros, pero de ningun modo los labradores, ni los artesanos", pues, como se le había informado, hasta se había matriculado a "un pintor".⁴² De manera que, cuando se le comunicó de la existencia de las ordenanzas de 1774, únicamente respondió que estas "confirma[n] lo que tengo dicho en mi antecedente dictamen, sobre que si en Cartagena se huviera de levantar matricula de marina sería sobre un pie y regla diferentisimas de las que para la matrícula de España prescriben las ordenanzas generales de la Armada"⁴³; afirmación que defiende su posición e insistencia de un reglamento particular, que él creía era el de 1777, pero que no omite su desconocimiento sobre el reglamento del año 1774.

La petición de Vergara resultó de la representación que hizo el cabo de justicia Juan Antonio Mella, con unas semanas de antelación, del caso del artillero miliciano Vicente González, quien además de encontrarse con una discapacidad motora, se le había prohibido pescar por no estar matriculado⁴⁴. Tras la conminación ante las autoridades ordinarias y civiles de la gobernación, el tema se redujo, principalmente, a una disputa de competencias entre la institución del Ejército y la de Marina, y, a su turno, en una revaluación de las normas prohibitivas en torno a las libertades de pesca y navegación.

Con el Ejército la disputa giró en torno al tema de atracción de personal. Como se había señalado en el caso de la península Ibérica, el giro hacia la prohibición de la pesca y la navegación se dio a causa de que todavía un importante número de habitantes de las costas hacían su servicio militar en las filas del Ejército y no en la Real Armada. En Cartagena de Indias, antes de que la Matrícula fuese instaurada, a la única actividad militar a la que estaban destinados los hombres de la provincia de Cartagena era el de miliciano. El cambio de recluta se dio a partir de 1774 cuando se expidió el reglamento del virrey Guirior y el número de la tropa de la milicia se redujo debido a la atracción del privilegio del monopolio de pesca y de navegación para los matriculados (^{Kuethe 1993}, 100). Entre las cifras dadas de este descalabro institucional se encuentra la de la ausencia de 300 plazas en las milicias de la gobernación para el año 1781 y la de 230 milicianos que habían salido de las filas del ejército para unirse a la lista de la Matrícula en el año 1786, todo lo cual giraba en contra de la Real Orden de 22 de septiembre de 1781, con la que se permitió las industrias marítimas a los milicianos.⁴⁵ Antonio Vicente Yáñez, en defensa de la Real Armada, esgrimió el siguiente argumento: que esos 230 milicianos eran blancos y no negros, ni zambos, ni mulatos, pues solo esos eran los que se dedicaban a la pesca y solo alguien con interés en ese oficio dejaría el Ejército para unirse al cuerpo de Marina.⁴⁶ El gobernador José de Carrión afirmó, por su parte y en representación del Ejército, que el hecho de que se considerara tal disposición legal era, sin más, "la decadencia del cuerpo de milicias", por lo que para él, como militar de gran recorrido en batallas en las costas del norte de África⁴⁷, "las reales órdenes son [...] tan veneradas como es justo, pero no [le era] facultativo intimarlas ni obedecerlas sino fuesen dirigidas por jefes que lo sean de [su] cuerpo".⁴⁸ De sus palabras se deriva, entonces, la demanda de una clara distinción en las competencias de la Matrícula, pues esta no podía gobernar sobre los milicianos del Ejército español. En palabras de Vergara, se tenía que respetar los "efectos pasivos" de las Reales Órdenes que autorizaban a los milicianos a hacer uso del derecho de la pesca y la navegación.⁴⁹

Aunque en el reglamento de 1777 se contemplaba la pesca en agua dulce y desde costa para el agua salada (por medio de caña o atarraya), para Vergara la insistencia en la prohibición general era una tiranía enorme, que además no debía ser obedecida. En este mismo punto coincidía con José Ignacio de Pombo, quien durante su carrera en el sector público en Cartagena de Indias se ganó la enemistad de todos los regidores del cabildo y los oficiales del apostadero de marina al ser señalado de corrupción y cuando se le encontró culpable de contrabando.⁵⁰ Para el año 1810, Pombo consideraba que la existencia del monopolio y fuero de la matrícula constataba la inevitable extinción de esta institución, pues, además de ser desconocida en un país que para Pombo, al igual que lo sería para un Weltbürger como Tocqueville, era de enorme vocación libertaria como los Estados Unidos de Norteamérica, el "privar a los demás ciudadanos de ocuparse en el ejercicio de pezcar, o de navegar en los buques particulares, si no son matriculados, es tan bárbaro, como sí [sic] a solo los militares se les concediese el privilegio de cultivar la tierra, o que se obligase a todos los labradores a ser soldados" (Pombo 1965, 165). Su posición liberal, además de ser el origen de su enfrentamiento con las autoridades de la gobernación, también guiaba su opinión sobre este tema, pero principalmente desde la libertad económica. Es así, que en su crítica se ve que el efecto que tenía las instituciones navales y castrenses para la economía era netamente negativo e improductivo. Para Pombo (1965, 137) la Matrícula, al igual que el régimen de milicias del Ejército, eran "estancos destructores de la prosperidad pública" y factores "contra todos los principios del buen régimen económico". Pero no solo se detenía en este aspecto, pues también criticaba que el fuero funcionase incluso cuando los matriculados estaban fuera de campaña y que pudieran heredarlo a sus mujeres o gozarlo incluso durante su edad de retiro y pensión, tal como lo ratificaba el reglamento de 1777 para Cartagena de Indias.⁵¹ Para Pombo (1965), esto era contrario a cualquier principio de una nación moderna, como lo era los Estados Unidos.

El punto común de las críticas de Vergara y Pombo se encuentran en lo que se podría llamar, siguiendo a Edward Palmer ^{Thompson (1995a} y b) , "economía moral"⁵² de los pueblos costeros y rivereños del Caribe neogranadino, basada principalmente en una "cultura anfibia" de "hombres caimán" que subsistían de la caza, pesca y la agricultura (^{Fals Borda 2002}, 23b), y que veían en la prohibición emanada de dichas Ordenanzas una privación injusta de sus derechos esenciales para preservar su sustento diario. Pero en lugar de motines y tumultos (como en la Inglaterra que describe Thompson), los habitantes de los partidos cartageneros, aunque posiblemente no enterados, encontraron en la voz de Vergara, quien representaba a las autoridades ordinarias y castrenses, y en la de Pombo, quien era miembro del consulado, representantes de sus intereses, por lo que su lucha se dio desde el papel y las instituciones.

En efecto, la coexistencia de la Matrícula con el espíritu del libre comercio, y la existencia en el derecho indiano de la libertad de pesca, así como la disputa con los militares, fueron alicientes suficientes para que se llamara la atención sobre el problema de la debida aplicación de la prohibición en agua salada desde bote y la libertad de pesca en agua dulce. Si bien la diferencia ya se encontraba en la Ordenanza de Matrícula de 1777, fue importante llamar la atención para que se tomara en serio esta diferencia y evitar los problemas de competencia con el Ejército, pues los hechos evidenciaban la falta de aplicación de este principio. Como medida para asegurar el respeto del monopolio de la pesca en agua salada desde cualquier tipo de embarcación, se aplicó en el año 1787, para diferenciar a los matriculados de los no matriculados, la obligación de llevar el "escudo grana de paño fino, con un áncora bordado en estambre en el lado izquierdo", que había sido solicitado en los Departamentos ibéricos por Real Orden del 13 de mayo de 1786⁵³; por medio de esta distinción se buscaba diferenciar a los que sí tenían el privilegio de hacer dicha actividad y los que podían apelar a su fuero en caso de ser juzgados (^{Colón y Larriátegui 1788}, 138-139). Es muy posible, aunque falten documentos que lo atestigüen, que su efectividad, al igual que en la Península Ibérica, haya sido nula (Vázquez ^{Lijó 2005}, 605) (^{Hoces-García 2015}, 543).

Aunque en las Ordenanzas de 1802 se había entregado completamente las competencias de la Matrícula a la Real Armada⁵⁴ y había buscado otra vez la concentración absoluta de las industrias marítimas en ella, no incluía, al igual que los reglamentos anteriores, a los reinos de Indias como objeto de ella y no fue recibida ni demandada su instauración, según se ve en las correspondencias de los archivos y en el alegato tardío de Pombo.