Introducción

En Colombia, la violencia opera como un oráculo.¹ A partir de esta se formulan las grandes preguntas de la sociedad, se ganan o se pierden elecciones y se construyen políticas públicas. La díada violencia y paz se ha erigido como el tema más emblemático de la historiografía y la sociología urbana y rural contemporánea nacional.

Hasta hace poco, no se distinguía entre un historiador del crimen, un sociólogo de la justicia criminal o un criminólogo. El tema era inevitable y todos sus estudiosos eran conocidos como violentólogos. En la década de los ochenta mi tema fue la historia de las negociaciones colectivas y del sindicalismo en este país. Muchos me advirtieron que poco importaba el tema que pretendiese estudiar, que la violencia estaba en el centro de todos los procesos históricos y que convertirme en violentólogo sería inevitable. Y así sucedió.

No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Ningún otro país en el subcontinente conoce una producción tan impresionante, sofisticada y diversa de estudios sobre las violencias que Colombia. En Río de Janeiro o Fortaleza, en cualquier librería, es una búsqueda en vano. No hay más de dos o tres libros serios sobre sus violencias urbanas. No es que el problema no exista, de hecho en los últimos cuatro años hubo 250 000 víctimas de homicidio en aquel país, y desde 1980 1.5 millones de brasileños han sido asesinados, más que el doble de Colombia durante el mismo período. Pero allá, el binomio de violencia y paz no toma el lugar de oráculo como aquí en Colombia. En la librería Lerner en Bogotá o en la Librería Nacional en Medellín, la búsqueda de textos es diferente. Hay libros sobre violencia y paz por todos lados. Es una sociedad que toma su oráculo con toda seriedad.

Además, desde hace una década los estudios sobre violencia y paz han sufrido una revolución paradigmática. Para describir el cambio de manera esquemática y un tanto simple, pero sucinta, se puede decir que pasamos de la violentología a la victimología, haciendo de las experiencias de las víctimas, de sus relatos y memorias, y de la memoria histórica más en general, el eje central de los estudios en la materia. Si antes dominaban las historias de los diversos actores armados -o sea de los victimarios- y de sus acciones violentas o negociaciones de paz, hoy priman las experiencias de las víctimas y de qué manera fueron victimizados por estos.

Como suele suceder cuando hay un cambio paradigmático, estamos en una especie de frenesí de producción de aquella memoria histórica, con innovadores métodos de investigación-acción y una apología cuasi religiosa a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que fue una exigencia social -la necesidad de incluir a las víctimas en los relatos de las violencias-, hoy no solo ha sido elevada a rango de política de Estado, sino al paradigma dominante entre los estudiosos de los problemas de violencia.

Para esto ha sido fundamental la creación de una institución especializada, el Grupo de Memoria Histórica, posteriormente transformado en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Sus estudios han tenido resultados impresionantes y son el fruto del trabajo de equipos interdisciplinarios de investigadores nacionales y equipos locales, a lo largo y ancho del país. Sin duda, el CNMH ha contribuido a consolidar este nuevo paradigma en la historiografía de violencias y paz en el país.

Vale recordar lo que escribió Gonzalo Sánchez, el carismático líder académico y director de dicho Centro (hasta 2018) en su libro Guerra, memoria e historia, publicado en 2003. Aquel libro es una especie de texto guía del cambio paradigmático hacia la memoria histórica, escrito por Sánchez en la coyuntura de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en El Caguán (1998-2002), justo cuando el conflicto armado pasaba por su período más cruel y cuando la polarización real y retórica de la sociedad colombiana invocaba la imagen de una guerra civil. En aquel texto, ^{Sánchez (2003)} afirma que "la memoria reclama una vez más su lugar en la política" como "un recurso de civilidad" (128); invoca la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la búsqueda de soluciones al conflicto armado y atribuye una responsabilidad particular para la academia, en cuanto a "la construcción de una memoria [histórica]" como un compromiso ético e intelectual. Un compromiso no solo para superar la ignorancia colectiva y desmitificar lo ocurrido, sino para asumir un deber ético intelectual con la construcción de un relato nacional ceñido a los principios de verdad, justicia y reparación, para quitarle terreno a la polarización y a la opción armada.

Hoy, quince años más tarde, podemos constatar, con admiración y satisfacción, que aquel llamado fue atendido de manera extraordinaria. No es exagerado afirmar que hemos asistido a una revolución paradigmática de los estudios sobre las violencias en Colombia. Lo que prima en el nuevo enfoque son las víctimas, sus tragedias sufridas y sus memorias, todo bajo el respeto de su heterogeneidad. Es a partir de sus relatos -y ya no de los discursos autojustificadores de las guerrillas, milicias, narcotraficantes, paramilitares, funcionarios corruptos y otros criminales- y a partir de los insumos de la justicia transicional que las investigaciones de Memoria Histórica intentan construir nuevas narrativas interpretativas sobre los orígenes, las causas, las dinámicas y los impactos de lo que nos ha sucedido.

No se trata de una revisión total de las interpretaciones históricas con las cuales ya se contaba. Muchas de aquellas interpretaciones grosso modo se mantienen. Pero la posición central que asumen hoy los testimonios, experiencias y narrativas de víctimas en las investigaciones está produciendo una historia más inclusiva. Más importante aún, permite evitar la lógica de borrón y cuenta nueva, de los silencios y de la invisibilidad de las víctimas, que históricamente han subyacido a las amnistías y los procesos de paz en este país. No obsta recordar que, en las negociaciones de paz con las FARC en El Caguán, el tema de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas no fue exigido por casi nadie, y que jamás fue un tema importante de aquellas negociaciones, ni un requerimiento de las mismas organizaciones de la sociedad civil o del mundo académico que poco después cambiaron de opinión.

Esto no quiere decir que haya consenso alrededor del nuevo paradigma. Como suele suceder, hay creyentes y no creyentes. Entre los no creyentes encontramos, por ejemplo, las interpretaciones ahistóricas que siguen alimentando la vulgata según la cual todo es por causa del Frente Nacional, o del problema agrario, o producto de una cultura de violencia, o de la intolerancia en cuanto que rasgo permanente de la historia de este país. Entre los creyentes tampoco faltan las opiniones divididas; por ejemplo, mientras para algunos el narcotráfico es apenas un contexto para otros es el corazón de la tragedia.

Bienvenidas las opiniones divergentes en la academia, y de hecho en la democracia: debates y no sacralización. Aunque no todas las posturas críticas han sido constructivas. En Medellín, por ejemplo, no es un secreto que el Museo Casa de la Memoria, bajo esta nueva alcaldía (2016-2019), retiró su apoyo al proyecto de investigación Medellín ¡Basta ya! -que acaba de publicar su informe final bajo el título Medellín. Memorias de una guerra urbana (^{CNMH 2017})- porque prefería otro tipo de enfoques interpretativos, distintos de los favorecidos por los prestigiosos investigadores, universidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) encargados de aquella investigación.

¿Memoria histórica de las otras víctimas?

Es desde una postura crítica, pero constructiva, que quiero dedicar esta presentación a interrogar un aspecto central de los estudios de Memoria Histórica, y en concreto del informe Medellín. Memorias de una guerra urbana; a saber, que por razones, en principio jurídicas, aquellos estudios se concentran en esencia únicamente en las víctimas del conflicto armado, y que dejan por fuera de sus análisis las otras víctimas, las de las otras violencias que no se reconocen como conflicto armado.

Como todos sabemos, por mandato legal los estudios de Memoria Histórica se concentran únicamente en las víctimas del conflicto armado. En la coyuntura política de la desmovilización paramilitar (2002-2006) y del proceso actual de paz con las FARC tal prioridad puede ser legítima, por lo menos desde una perspectiva política y de recursos. En este sentido, se justifica también perfectamente la creación de una Justicia Especial para la Paz y una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad dedicada exclusivamente a las causas y expresiones del conflicto armado y no de las otras violencias.

Sin embargo, desde una perspectiva histórica esto es problemático, ya que implica que las otras violencias y sus víctimas queden excluidas no solo de las investigaciones, sino también de las nuevas interpretaciones sobre la tragedia vivida y a cuya construcción pretende contribuir el nuevo paradigma de memoria histórica. Es de hecho la principal contradicción interna del proceso de construcción de memoria histórica con el cual nos hemos comprometido; y las consecuencias para el esclarecimiento histórico de lo que ha sucedido en este país no son menores.

La exclusión de las otras violencias y sus víctimas no solo genera una nueva amnesia histórica sino problemas de interpretación, en particular en casos como el de Medellín, donde según los datos del CNMH las víctimas de las otras violencias superan por mucho las del conflicto armado. ¿Es posible construir la memoria histórica de las violencias urbanas en una ciudad como Medellín, tomando en cuenta solo una parte minoritaria de las víctimas? ¿Es posible construir una interpretación de conjunto de la crisis vivida como ciudad, o como país, dejando por fuera las víctimas de las violencias que no están ligadas, al menos no expresamente, al conflicto armado?

El informe final de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, redactado por reputados académicos en el marco de las negociaciones en La Habana, ilustra el desafío a nivel nacional. Las hondas diferencias de enfoque e interpretación entre los doce ensayos de aquel informe son bien conocidas. En general, son atribuidas a la heterogeneidad de los expertos, con seis sugeridos por el gobierno y seis por las FARC. Sin duda, también son producto de la participación minoritaria de historiadores en los escritores del informe, como ya lo ha observado Malcolm Deas en una intervención en este congreso de historia. Pero a su vez son producto, me parece, del hecho de haber separado, de antemano, del análisis del conflicto armado las demás violencias. Es casi una invitación a producir interpretaciones descontextualizadas y ahistóricas. En otras palabras, como Malcolm Deas y Daniel Pécaut han observado: hay que volver a insertar la historia a la memoria histórica.

Las otras víctimas: algunas precisiones

Una de las maneras de asumir este reto es explorar la oportunidad de un programa de investigación de las memorias de aquellas otras víctimas, las que no son atribuidas al conflicto armado. El asunto no es si tal programa incluyente es legítimo o no, porque sin duda lo es, sino si es posible construir tal memoria e integrarla, de una u otra manera, a la memoria de las víctimas del conflicto armado, para avanzar hacia una interpretación más integral de la tragedia. Queda claro que investigar las memorias de las otras víctimas no hace parte del mandato del CNMH, y no tiene entonces mucho sentido criticar a dicho Centro por no hacer lo que no le corresponde. Pero esto no quiere decir que no les deba interesar a los demás centros de investigación, y en particular a sus historiadores, sociólogos, criminólogos y demás profesionales del área.

Sin incluir también la memoria de las otras víctimas no hay historia de las violencias recientes en el país (desde 1975). Adelanto cinco argumentos para defender esta idea. Primero, hago una precisión del universo de aquellas otras víctimas para aclarar su importancia relativa. Segundo, formulo dudas sobre si el marco interpretativo general de memoria histórica del conflicto armado, y desarrollado ante todo a partir de estudios de acontecimientos emblemáticos del conflicto armado en zonas rurales, puede ser aplicado sin más para interpretar las dinámicas de violencia vividas en una ciudad como Medellín. Tercero, aclaro la particularidad de las violencias en Medellín, y las implicaciones para la construcción de sus memorias. Cuarto, explico por qué considero posible la construcción de una memoria histórica de las otras víctimas. Y quinto, presento algunas pistas de investigación para trabajar el tema de la memoria histórica de las víctimas de aquellas otras violencias, que representen, por lo menos en Medellín, la mayoría de las víctimas.

Unas precisiones. Hago únicamente referencia al período 1975-2012 y ante todo al caso de Medellín, ya que lo conozco mejor. Sé que Medellín representa un caso excepcional, por la intensidad e imbricación de sus violencias y por la longitud de su crisis. No obstante, creo que mis argumentos pueden tener relevancia para estudios locales de otras ciudades y aquellas zonas rurales donde las conexiones entre conflicto armado y otras violencias fueron también fuertes. Finalmente, voy a referirme al informe Medellín, memorias de una guerra urbana como el Basta ya Medellín y al informe nacional del CNMH como el Basta ya nacional.

El universo de las otras víctimas

Miremos, aunque de manera superficial, el asunto de las estadísticas de las violencias. Es interesante que las estadísticas sobre las violencias figuran de manera prominente en el Basta ya nacional (^{CNMH 2013}) y en el Basta ya Medellín. También en los resúmenes que los medios de comunicación presentan de aquellas obras. Como se sabe, en efecto, que de este tipo de informes largos y densos lo que suele ser retomado y destacado de inmediato por los medios de comunicación son las cifras; es decir, los totales de muertos, de desaparecidos forzados, de desterrados, etcétera.

Introducir cifras -el número de víctimas, la cantidad de muertos- refleja por lo menos una forma de demostrar la realidad, pues alrededor de los números se suelen generar debates históricos de interpretación. Es por esta razón que los números terminan siendo objeto de polémicas, aquí y en todas partes. Por ejemplo, perdura el debate sobre el número de víctimas que hubo en la Comuna de París. Más cercano a nosotros, todavía se discute sobre el número de asesinados durante la represión de la huelga bananera de 1928 en Ciénaga, y también sobre el número de víctimas del exterminio de la Unión Patriótica (UP), del exterminio de A Luchar, del exterminio de los Esperanzados, de los desaparecidos forzados de la Operación Orión y de tantos horrores más.

El Basta ya nacional estima, a partir de sus bancos de datos, que de los 700 000 asesinatos registrados en el país durante el período 1964-2012, unos 220 000, o sea el 30%, correspondería al conflicto armado. Una vez precisado este número, el resto del Basta ya nacional jamás vuelve a hablar de las otras 480 000 víctimas de asesinato en el país, ya que no son víctimas del conflicto armado y no son entonces víctimas que corresponden al mandato del CNMH.

Hoy en día se puede observar que muchas de las publicaciones, tanto nacionales como internacionales, ulteriores al Basta ya nacional acerca de lo que ha pasado en Colombia, retoman la cifra de los 220 000 asesinatos. Las otras 480 000 personas asesinadas durante el mismo período en este país, o sea el 70% del total de las personas asesinadas, poco figuran, y menos se analizan. A veces es como si fuesen de segunda categoría. Sabemos que no tienen derecho a la reparación, pero es como si tampoco la tuvieran en la memoria histórica.

El Basta ya Medellín calcula, con base en los datos del CNMH, que de los 83 000 homicidios registrados en Medellín entre 1980 y 2014, unos 20 000 corresponderían al conflicto armado. Es decir, el 22% del total de los asesinatos. Las memorias del otro 78%, o sea de 61 000 víctimas de asesinatos, no son objeto del estudio Basta ya Medellín, ya que no entran en el mandato oficial que rige los trabajos de Memoria Histórica.

En cuanto a las otras modalidades de victimización -desaparición forzada, víctimas de masacres y atentados terroristas, desplazados forzados, etcétera-, los análisis, tanto del Basta ya nacional como del Basta ya Medellín, dan a veces la impresión de que todas sus víctimas fueron producto exclusivo del conflicto armado. De manera implícita, parece que las otras violencias no implican tales formas de victimización, cuando existen evidencias por montón que esto no es cierto. Por ejemplo, en Medellín, mucha gente se fue de los barrios Manrique y Aranjuez en los años ochenta y noventa del siglo pasado, aburridos por la zozobra que producían las bandas y la criminalidad en un contexto de impunidad y de otras fallas institucionales.

El Basta ya Medellín calcula, con base en los mismos bancos de datos, que un 6% de la población medellinense fue víctima directa del conflicto armado. Incluyendo las víctimas indirectas, un 15% de la población habría sido víctima del conflicto armado, según el estudio. El cálculo es errado y el numero inflado, ya que el estudio toma la población actual como base y no el total de personas que vivieron en Medellín sobre el período bajo consideración (1980-2014). No importa tanto, porque por razones de subregistro, por miedo de declararse víctima y por otras causas, el número real puede haber sido mayor, y más o menos neutralizar el error de cálculo ya mencionado. De hecho, unas 450 000 personas están registradas en Medellín como víctimas directas e indirectas del conflicto armado, o sea más o menos el 20% de la población actual.

Lo que importa constatar, sin embargo, es que estas 450 000 personas no dejan de ser una minoría respecto al número de víctimas directas e indirectas de las otras violencias en la ciudad. Y vuelvo a mi pregunta: ¿qué hacer con la memoria histórica de aquellos otros cientos de miles de víctimas en la ciudad, víctimas de aquellas otras violencias si ni en los números las reconocemos?

Lo que incrementa aún más su no visibilización es que carecemos de una noción para nombrar aquellas otras violencias; una noción que pueda ser yuxtapuesta a la del conflicto armado; una noción no tanto para diferenciar las víctimas de lo uno de las víctimas de lo otro -los del conflicto armado y los del resto de barbaridades- sino para que las memorias de las dos puedan entran en diálogo.

Lo que sabemos es que la noción de conflicto armado se refiere, en el caso de las violencias urbanas en la ciudad, según el Basta ya Medellín, a las víctimas de las milicias, las guerrillas, los paramilitares, las acciones políticas y del narcotráfico, y las de la fuerza pública contra los anteriores. El universo paralelo, pero no sin nexos, de las otras víctimas, corresponde a las víctimas de las bandas, de las lógicas de acción no políticas del narcotráfico y de las operaciones de la fuerza pública contra los anteriores, en los mismos contextos de impunidad y parálisis institucional que afectaron a los primeros.

Comparar memorias urbanas y rurales

Este punto se centra en la pregunta si desde una mirada comparativa tiene sentido aplicar el mismo marco interpretativo a las memorias de las víctimas urbanas y rurales. El Basta ya Medellín parece responder de manera afirmativa: el marco interpretativo utilizado es similar al aplicado a trabajos de memoria histórica del conflicto armado en zonas rurales, y que forman la base del Basta ya nacional. Sin embargo, algunos resultados del Basta ya Medellín reflejan al contrario hondas diferencias entre lo vivido en la ciudad y en el campo, y me parece que aquellas diferencias merecerían ser mejor conceptualizadas. Aquí no puedo hacer más que indicar algunas pautas al respecto.

Como sabemos, la gran mayoría de los estudios del CNMH tratan de casos emblemáticos del conflicto armado en zonas rurales. El Basta ya nacional y el relato que este formula se construye, en esencia, a partir de una serie de estudios rurales desarrollados por el mismo Centro. De manera que las violencias urbanas poco figuran en el informe nacional. Es precisamente la constatación de aquel vacío, hecho por numerosos analistas, lo que dio origen a la investigación sobre Medellín y al informe Basta ya Medellín. Pero como suele suceder con un nuevo paradigma, en nuestro caso el de la Memoria Histórica, los estudios de caso son con frecuencia realizados para validar el nuevo marco metodológico y conceptual, y no para corregir, mejorar o invalidarlo.

El Basta ya Medellín elucida, de manera ejemplar, las lógicas y múltiples expresiones del conflicto armado en la ciudad, y demuestra muy bien cómo, en las ciudades, las violencias (1980-2014) se cruzaron con los actores y las acciones del narcotráfico y con otras violencias criminales y cotidianas. No obstante, el informe termina por construir una memoria histórica que, siguiendo el ejemplo de los informes relativos a las zonas rurales y del Basta ya nacional, esencialmente deja por fuera las víctimas de las otras violencias. Una lectura rápida del informe produce la impresión de que los daños, pérdidas e impactos sufridos mantuvieron gran similitud con lo vivido en las zonas rurales analizadas en otras publicaciones del CNMH.

Sin embargo, me parece que el Basta ya Medellín dimensiona las diferencias entre lo vivido en Medellín y en las zonas rurales; pero no en el material que aporta, sino en los análisis y conclusiones que saca de ello. Una comparación con los estudios de Memoria Histórica sobre lo que ha pasado en el Oriente antioqueño, en municipios netamente rurales como San Carlos y Granada, permite ilustrar mejor lo que quiero decir. Más aun, porque todos los estudios realizados por el CNMH sobre dicha zona han sido elaborados por el equipo de Corporación Región, o sea el mismo centro de investigación que lideró el Basta ya Medellín, en alianza con la Universidad EAFIT, la Universidad de Antioquia y el CNMH.

Una lectura comparativa de las investigaciones del CNMH sobre San Carlos (^{CNMH 2011}) y Granada (CNMH 2016) con el Basta ya Medellín, sugiere que los miedos no fueron los mismos miedos; que la experiencia del destierro en lo rural no fue la misma que la del desplazamiento forzado intraurbano, y que vivir el terror en el aislamiento y la extrema soledad de las veredas no es lo mismo que vivirla en un barrio de Medellín, aun cuando los victimarios fueron de algún modo los mismos -FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), narcos, bandas, etcétera-. En el mismo Basta ya Medellín (^{CNMH 2017}) se explica, de hecho, que mientras en Montería -una ciudad mucho más pequeña y mucho más rural que Medellín- el control de los actores armados del conflicto imponía un silencio total, en Medellín fue un silencio menos severo, que conducía al uso de eufemismos y de la autocensura, pero no al mismo silencio que en Montería.

Pero lo que vivían las víctimas en epicentros veredales del conflicto armado y del narcotráfico, como el Oriente antioqueño, fue de un orden muchísimo más grave a lo que se vivía en Montería, si de silencio bajo el terror se trata. Analizando la situación, en la segunda parte de los noventa, en zonas rurales fuertemente impactadas por los actores armados y el narcotráfico, Daniel Pécaut ya había mostrado hasta qué grado el terror producía fenómenos de destemporalización, desterritorialización y desubjetivación. En Medellín, en dicha época, aquellos fenómenos se dieron también, pero no tuvieron la misma intensidad que en las zonas veredales, entre otros por la mayor densidad demográfica y la mayor presencia institucional. Y lo que sucedió entre 1998 y 2003 en las extensas zonas veredales de Granada y San Carlos se acerca a lo que el historiador norteamericano, Timothy ^{Snyder (2010)}, ha descrito y analizado por los territorios de sangre (bloodlands) en los estados bálticos y otras zonas atravesadas por el terror nazi y estalinista a la vez: primero se borraron todas las instituciones sociales y oficiales, y después el terror sin freno acabó con el resto.

No es lo mismo, por cruel y sangriento que haya sido, experimentar el conflicto armado en un barrio de la Comuna 13 de Medellín que en una vereda a cuatro horas del casco urbano de un municipio rural, municipio que ha quedado sin estación de policía, cuyo alcalde ha sido asesinado y donde reina el terror por parte de los grupos armados ilegales y del crimen organizado. Recordamos que algunos municipios rurales, epicentro del terror de organizaciones armadas diversas, sufrieron tasas de homicidio mayores al de Medellín en su año más letal (1991). No es gratuito que en San Carlos y Granada el 70% de la población huyera a la ciudad, y que hoy el 80% está registrado como víctima; o sea un porcentaje cuatro veces mayor al de Medellín. Sociológicamente hablando, tampoco es lo mismo ser desterrado del campo a la ciudad y tener que dejarlo todo, o ser desplazado dentro de una ciudad como Medellín, donde las redes de sociabilidad e institucionalización nunca desaparecieron por completo.

En Medellín, como lo describe y analiza el capítulo 5 del Basta ya Medellín, que trata de las acciones colectivas de resistencia; el tejido social no fue tan debilitado como en aquellas zonas veredales y no se destruyó por completo. La precariedad del Estado y la debilidad de la regulación social fueron evidentes, pero en un grado distinto respecto del campo. Además, a partir de las políticas públicas de inclusión promovidas en Medellín, desde el inicio de los noventa, es probable que haya habido mayor claridad en esta ciudad, entre las ciudades en general y entre las víctimas en particular, sobre el acceso a los derechos, y que se haya abierto la posibilidad de pensar el futuro y otras formas de progreso individual y familiar. El Basta ya Medellín demuestra que cuando tuvieron la oportunidad, organizaciones de víctimas y otros grupos actuaron para producir nuevas condiciones sociales, dentro de los límites de lo posible. Pero en las zonas veredales, donde reinaba hasta hace poco el terror, aun hoy las víctimas, que se mantuvieron allá o han regresado recientemente, no alcanzan aún a inscribir su experiencia en una visión de futuro y resistencia, tal como ha sido el caso, hasta cierto grado, en Medellín.

¿Si los contextos son tan diferentes, en qué medida las modalidades de victimización, las pérdidas y los daños hechos a las víctimas -categorizados de la misma forma en el Basta ya Medellín que en el Basta ya nacional, y que sirvieron de paradigma interpretativo para el primero -, fueron efectivamente experimentados de manera similar, o se trataba de experiencias distintas? Las investigaciones sobre San Carlos, Granada y Medellín, que acabamos de mencionar, a lo mejor las entendemos como estudios de caso que ilustran y validan un marco interpretativo común, o sirven también para ahondar en las experiencias diferenciadas, en particular entre lo urbano y lo veredal. Los estudios locales, que se están multiplicando, parecen mostrar que las vivencias con la violencia y el terror en las zonas rurales -y en particular en las zonas veredales- fueron bastante distintas de las vividas en los barrios o comunas de Medellín.

Memorias de una imbricación

Vale una breve invocación a las particularidades de las violencias y sus víctimas en Medellín, entre 1975 y 2012, para medir las implicaciones sobre la construcción de una memoria histórica de ellas.

Los factores explicativos de aquellas violencias son ampliamente conocidos. Hay un consenso fuerte en lo que concierne a la precariedad de las agencias críticas del Estado para confrontar las nuevas violencias, y el hecho de que tradicionalmente estas se han acomodado a la privatización del recurso a la violencia para gestionar el desorden. También está la porosidad de las fronteras entre lo legal y lo ilegal, un tema nacional pero muy marcado en Medellín como eje de contrabando. Pero cuatro son los factores específicos locales (^{Martin 2014}). Primero, el gigantesco influjo de dineros ilegales, producto del tráfico de cocaína -a diferencia de otros tipos de narcotráfico o contrabando-, que generaba formas extra-ordinarias de corrupción institucional y de codicia en amplios sectores de la ciudad. Segundo, la organización criminal en una multiplicidad de redes inestables o luidas, que articularon eslabones del narcotráfico con bandas barriales, actores del conflicto armado, redes políticas y agencias estatales. Tercero, y no sin relación con lo anterior, las omisiones políticas e institucionales de actuar, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y local. Cuarto, la imbricación de las violencias políticas y no políticas, o sea de las dinámicas criminales y del conflicto armado y de sus actores. Es decir, lo que es específico a Medellín es precisamente aquel grado de compenetración que hace que con frecuencia sea imposible diferenciar entra narcos y paras, entra bandas y milicias, o entre estructuras legales o ilegales (como fue el caso con las organizaciones legales Convivir). Dando ejemplos concretos, el Basta ya Medellín es explícito en muchos de sus apartes: hasta qué punto esta imbricación se encuentra en el corazón de las violencias y victimizaciones en Medellín, y precisa con lujo de detalle los nexos entre narcos y paramilitares, entre guerrilla y narcotraficantes y entre narcotraficantes y eslabones legales.

Tres conclusiones del Basta ya Medellín (CNMH 2017) son de particular relevancia para lo que nos ocupa. Primero, que la violencia del conflicto armado en Medellín se juega entre prójimos. Como dice el informe: "los grupos armados han estado integrados fundamentalmente por jóvenes que crecieron en los distintos barrios" (279); "por lo general los asesinatos selectivos fueron por prójimos" (227), incluso entre personas del mismo barrio. Y también "habitar el mismo territorio que los sujetos armados ha sido inevitable" (310). Desde mi punto de vista, esto pone aún más en evidencia lo ya observado, o sea que las dinámicas del conflicto armado en la ciudad eran radicalmente diferentes de las vividas en las zonas veredales del Oriente antioqueño, Urabá o el Bajo Cauca -para nombrar apenas algunas-, y que el conflicto armado en Medellín asumió rasgos de las otras dinámicas violentas, que de algún modo predominaron; en particular el del narcotráfico y no al revés.

Segundo, que en la realidad cotidiana, y en las representaciones de las personas que vivieron aquella época, no es posible separar violencias del conflicto armado de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado (sección 3.2.3.). El informe describe la situación, la del conflicto armado en la ciudad, como una bola de nieve de retaliaciones, donde motivos iniciales, como estar involucrado con actores del conflicto armado, terminan por mezclarse con rencores y represalias. Una bola de nieve o círculo vicioso de intensidad de emociones, disponibilidad de armas y ausencia de un tercero para regular los conflictos. En Medellín, el conflicto armado se encuentra sumergido en una ola de otras violencias, que no derivan de él.

Tercero, que las violencias conexas al conflicto armado se jugaron en mayor medida en los barrios más pobres y periféricos, y no necesariamente en los barrios más violentos (CNMH 2017); lo que genera la pregunta: ¿hasta qué punto la experiencia y el impacto de las otras violencias puede haber sido más devastadora que el conflicto armado, y su memoria más traumática, o por lo menos diferente?

Esto nos puede llevar a la siguiente hipótesis: de la misma manera en que el conflicto armado aparece como el eje central de la memoria de las zonas veredales, como del Oriente antioqueño, en Medellín, el eje central en la experiencia de muchas víctimas, en particular en las comunas nororientales y noroccidentales, es la imbricación entre las diferentes violencias.

Tal hipótesis tiene también implicaciones para la periodización histórica. El Basta ya Medellín sugiere una periodización, pero se trata ante todo de una periodización de las experiencias del conflicto armado únicamente, y no de todas las violencias vividas en su conjunto. ¿Pero hasta qué punto las otras víctimas en la ciudad -que son la mayoría- se lograrán reconocer entonces en aquella narrativa? Por ejemplo, el Basta ya Medellín sugiere como cuarto y último período del conflicto armado en Medellín el 2005-2014. Este aparece en el informe como el que tuvo mayor número de víctimas por causa del conflicto armado. Pero para las otras víctimas puede ser un contrasentido, ya que aquello es para muchos en la ciudad más bien un período que la gente asocia al crimen organizado, a Don Berna, a la posdesmovilización de los paramilitares y los golpes y contragolpes entre bandas criminales, como el de Valenciano contra Sebastián. Y además con una progresiva reducción de las violencias asociadas al conflicto armado, en particular los atentados terroristas, los secuestros y los desplazamientos forzados masivos desde lo rural a la ciudad.

Esto me hace pensar que investigaciones de memoria histórica que focalicen ante todo sobre las víctimas de las otras violencias en la ciudad, podrían llevar tal vez a otra caracterización e interpretación de cada período o, incluso, a diferenciación según los subuniversos de las víctimas o según lo vivido en los diferentes territorios de la ciudad.

¿Qué hacer?

Medellín es única en Colombia, y tal vez en el mundo, por la cantidad y calidad de investigaciones para esclarecer la tragedia de sus violencias vividas. Si Medellín se ha convertido en un laboratorio de estudios urbanos interdisciplinarios -de manera semejante a lo que pasó en Chicago en los años treinta del siglo pasado- es, en gran medida, gracias a esfuerzos individuales y de centros de investigación, y no a políticas de Estado. En Medellín, como en algunas otras regiones del país, existe además una fuerte tradición de estudios sociohistóricos rurales, que han sido movilizados para analizar la problemática en el resto del departamento, y que se ha visto reflejada en los trabajos de memoria histórica ya citados acerca del conflicto armado en el Oriente antioqueño.

Para avanzar en estudios locales sobre las experiencias de las otras víctimas, varios tipos de estudios me parecen particularmente relevantes en este momento. Todos compartieron que el quid de la temática reside en las imbricaciones y los cruces entre los diferentes tipos de violencia. Primero, movilizar las mismas metodologías de investigación ya desarrolladas y probadas por el CNMH para rescatar las voces de las otras víctimas y poner en escena sus voces. Segundo, reconstruir trayectorias individuales de víctimas y victimarios en sus ámbitos personales y sociales. En este sentido, se pueden invocar los trabajos de Patricia Nieto, de la Universidad de Antioquia, o también de Alonso Salazar. Tales metodologías no requieren limitarse a biografías individuales y podrían extenderse a la reconstrucción de trayectorias familiares, en particular dentro de un barrio.⁴

Tercero, estudios integrales de comunas o de barrios. Así como existen estudios emblemáticos de casos como Granada o San Carlos necesitamos otros sobre comunas o barrios específicos, porque es en este nivel y escala que se puede, a lo mejor, trabajar todo el universo de víctimas y de violencias, y sus imbricaciones. Hacen falta trabajos microlocales, a nivel de comuna, sobre casi todas las que hay en la ciudad (a excepción de la Comuna 13, ya que la mayoría de los estudios sobre esta comuna focalizan, ante todo, sobre las víctimas del conflicto armado y sub-dimensionan, con frecuencia, las otras dinámicas). Otra opción es la aplicada por Oscar ^{Calvo (2013)} en su original libro Medellín Rojo. 1968, que, con su interés sobre un tiempo limitado, logra también desglosar yuxtaposiciones e imbricaciones.

Cuarto, estudios de microhistoria de cómo operaron y evolucionaron determinadas agencias del Estado -la policía, la justicia, la educación- en un territorio limitado -barrio, comuna-, y cómo los habitantes se relacionaron con ellas. El informe Basta ya Medellín precisa, en su introducción, los temas que quedaron por fuera de la investigación, y parte de ellos corresponde precisamente al operar de las instituciones: justicia, organismos de Estado, fuerza pública, medios de comunicación y el sector privado. No tenemos estudios, o al menos muy pocos, sobre cómo operaba en realidad una estación de policía en un barrio de Medellín a lo largo del tiempo; o sobre lo que hacía tal tribunal de la justicia o una inspección de policía. Permitiría captar mejor la realidad vivida y percibida de problemas como la impunidad, que es muchas veces mencionado en testimonios de víctimas, pero poco estudiado en su operar. Luis Miguel Camargo, por ejemplo, está realizando una tesis de doctorado en la que busca reconstruir la forma como respondieron los servicios de emergencia hospitalarios, de médico-forenses y de socorro y de asistencia paramédica en el momento de los grandes atentados terroristas de finales de los ochenta e inicios de los noventa, a partir de entrevistas con personal, víctimas y trabajo de archivos. Un estudio tal permite entender mejor el desborde de las instituciones en el territorio y el desamparo de las víctimas ante semejante precariedad, pero también los esfuerzos del personal para cumplir con su función, y una evidente profesionalización y mejora de los servicios en el tiempo, de manera que evoluciona también la relación entre los ciudadanos y lo institucional. Son formas de microhistoria que permiten entender mejor en qué consistía, de manera más precisa, la impunidad, la corrupción, la presencia relativa e incluso la ausencia del Estado, que con tanta frecuencia figuran en los testimonios de todas las víctimas.

Con la progresiva pacificación de la sociedad, la violencia sigue operando como el oráculo que fue, pero la memoria histórica se ha impuesto en su historiografía y los actores armados ya no son las únicas voces del oráculo. Con la memoria histórica se trata de realizar una toma de partido ética: construir un horizonte de sentido común, una contribución a la representación social de lo que somos o queremos ser como ciudad o nación. William James, el filósofo pragmatista norteamericano, consideraba esto como el problema clásico de la sociedad: cómo construir unidad política y moral en la ausencia de la guerra o de otro tipo de amenaza seria.

En este y otros sentidos, no hay duda sobre el compromiso ético-político de la producción en memoria histórica, ni sobre su valor académico. El enorme y fundamental trabajo liderado por el CNMH y sus equipos (regionales) de investigadores interdisciplinarios de gran calidad, ha contribuido a una revolución paradigmática en los estudios (locales) sobre el conflicto armado, y nos está mostrando nuevas metodologías de investigación. Muchos otros historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, escritores, profesionales de las artes y de otros sectores, también están trabajando en varios ejes de memoria, de manera más o menos independiente.

En cuanto a Medellín, la investigación extraordinaria que refleja el Basta ya Medellín nos invita a pensar lo que hemos logrado y lo que queda por hacer para elucidar la parte oscura de aquella tragedia reciente. El cambio paradigmático hacia la memoria histórica nos abre nuevas pistas metodológicas e interpretativas. Pero es importante evitar un nuevo tipo de meta-narrativa, según la cual la única violencia que importa estudiar es la violencia del conflicto armado, y por extensión, las únicas víctimas que importan son las del conflicto armado. Es urgente pensar e investigar su corolario: las otras víctimas, aquellas que en este momento no son reconocidas por el marco legal ni por los estudios de memoria histórica; y no lo son por algún mutacionismo histórico sino por una omisión selectiva temporal, que por la coyuntura de las desmovilizaciones -primero de las AUC y después las FARC- tenía sentido. Pero es tiempo de sobrepasar dicha omisión, y más aún en Medellín, donde la gran mayoría de víctimas, según los bancos de datos del CNMH, no fueron las del conflicto armado sino las de otras violencias, y entre ellas, en primera línea, las de las estructuras y redes mañosas del crimen organizado que surgieron gracias a los dineros de la cocaína y su relación con otros eslabones. Habrá memorias diversificadas-las de víctimas del conflicto armado, del crimen organizado, de agencias del Estado, etcétera-, pero sería un callejón sin salida avanzar en la dirección de memorias separadas de comunidades de víctimas incompatibles.

Incluir las otras víctimas en las investigaciones futuras de memoria histórica en la ciudad es coherente con la idea de construir una representación social más emancipada e inclusiva de la historia. He indicado varias maneras por medio de las cuales podríamos avanzar en hacerlo. Tomar en cuenta las víctimas del narcotráfico no implica subestimar el impacto de los actores del conflicto armado o las responsabilidades del Estado. Tampoco implica que es imposible reunir todos en un solo relato de memoria histórico. Pero de lo que no hay duda, es que estamos en mora con aquellas otras víctimas, con sus voces y su memoria histórica.