Reformas policiales de Sabattini en el marco de disputas políticas en la Universidad y en Legislatura de Córdoba (1936-1940)

La metáfora de la isla que sitúa a Córdoba como una provincia que, en distintos momentos históricos, adoptó trayectorias disimiles respecto al resto del país, adquiere pertinencia cuando se refiere a la modernización institucional y política realizada por el gobernador Amadeo Sabattini en la segunda mitad de la década de 1930, con implicancias también en la policía.⁵ En un contexto marcado por el fraude electoral y la represión, así como la presencia considerable de sectores opositores en la Universidad y en la Legislatura provincial, el nuevo gobernador radical, encabezó una serie de iniciativas tendientes a expandir la burocracia policial modificando el accionar de determinadas secciones.

Luego del Golpe de Estado de 1930, la intervención en la policía que pretendía reformar Sabattini estuvo encabezada por jefes de policía de formación militar. El primero en asumir el cargo fue el teniente coronel Ingeniero Aníbal Montes, quien a su vez debía responder a las disposiciones del interventor en Córdoba, Carlos Ibargúren. En ese marco la sección Orden Social y Político de la División de Investigaciones (DI) de la policía concentraba sus principales funciones en combatir una posible revolución radical, controlando las actividades de los medios de prensa y de los ciudadanos en general.⁶ En este sentido, en 1933 el diario local El Día, fue censurado debido a una publicación en donde se habrían exaltado las posibilidades de una revuelta "próxima a producirse, para deponer las autoridades del país y sustituir el régimen constituido" señalando, según el relato policial, que "se proferían frases injuriosas para el primer magistrado de la Nación, tales como calificarle de mercachifle de las charreteras enlodadas en todas las rastrerías de la traición, y otras semejantes".⁷

Además de la censura a medios de prensa, las tareas de inteligencia policial en Argentina, a comienzos del siglo XX, comprendían la infiltración de asambleas, el arresto de activistas y el secuestro de panfletos mediante un despliegue técnico basado en la formación de empleados con conocimientos en taquigrafía, y el acceso a las comunicaciones telefónicas por parte de los agentes (^{Caimari 2012}, 93-96). En Córdoba, la sección Orden Social y Político de la DI compilaba actividades efectuadas por estudiantes universitarios, el radicalismo personalista⁸ y por organizaciones de izquierda, como se observa en el siguiente fragmento:

[...] esta sección ha tenido diversas intervenciones, practicando allanamientos de domicilios de esta clase de personas, algunos de ellos con éxito por cuanto se secuestraron elementos de prueba, como ser, panfletos y pasquines subversivos, en número no menor de dos mil; además se efectuaron detenciones de sujetos comunistas a los cuales se les formuló el sumario de practica por sus reconocidos antecedentes los cuales quedaron a disposición de la superioridad, siendo alguno de ellos, posteriormente puestos en libertad, no así otros que aún permanecen detenidos. Con ese motivo esta sección tuvo que poner numerosas vigilancias en los domicilios, locales e imprentas en donde se suponía eran puntos de reunión y se efectuaba activa propaganda comunista. El total de las personas deportadas por profesar ideas avanzadas, fue de trece, entre ellas dos estudiantes los cuales fueron detenidos durante la huelga universitaria; tres comunistas y ocho anarquistas.⁹

Otras medidas orientadas a un mayor control del espacio urbano fueron adoptadas durante la jefatura de policía del teniente coronel Julio Vertíz, con el proyecto de "registro de vecindad" presentado por el comisario Jorge Güell Ruiz en 1932, para "proveer a la entidad policial de una nueva y moderna fuente de información e investigación que sea en sus resultados, útil y eficaz, que simplifique el trabajo, que prevenga el delito (y cuando la comisión exista) haga más exacta la aplicación del castigo".¹⁰ Los datos que debían consignarse comprendían desde la calle de la vivienda en donde habitaban los ciudadanos, delitos o infracciones cometidas por cada vecino, penalidades dispuestas, los medios de vida con los que contaba y actividades que realizara.¹¹

Desde 1936, la reorganización de las fuerzas policiales ordenada por Sabattini adoptó un carácter descentralizado, posicionando a los jefes políticos -en el interior- y al jefe de policía y ministro de gobierno -en la Policía de la Capital- como autoridades superiores a las que debían subordinarse los comisarios y jerarquías inferiores. Como explica ^{Barreneche (2007}, 16-17)) se trató de un modelo similar al empleado por el ejército -en términos de organización y disciplina- pero a cargo de funcionarios civiles.

Estas reformas se sustentaron en un diagnóstico de crisis policial (^{Barreneche 2019}) a partir del cual se incorporaron cambios para mejorar el accionar de los agentes y las condiciones materiales en las que tenían lugar su labores. De esta manera, bajo la jefatura de José Tristán Paz Casas (1936-1938) se sancionó el Reglamento de la Policía de Córdoba de 1936, que contemplaba la siguiente estructura burocrática y jerárquica (ver tabla 1).

Tabla 1 Escala jerárquica ordinaria de la Policía de Córdoba (1936) 

Fuente: "Reglamento General de Policía", Córdoba, 1936, en Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Córdoba-Argentina, Serie Gobierno, Sección Policía de la Capital, t. 23.

La división con mayor antigüedad en la repartición era Investigaciones, compuesta por diferentes secciones permanentes: Informaciones Generales; Robos y Hurtos; Defraudaciones y Estafas; Seguridad Personal; Archivos y Libros. Asimismo, se estructuró en otros tres departamentos: la División Central, con competencia sobre movimientos de personal, legajos y servicios de la policía uniformada; la División Judicial a cargo de los sumarios policiales y del control de expedientes para la aplicación de castigos y la División Administrativa abocada a la gestión de gastos e inversiones.¹² La nueva estructura organizativa no contempló Orden Social y Político como uno de los gabinetes pertenecientes a la DI. En esta dirección, el último informe presentado por la sección en los años treinta, correspondió al mes de abril de 1936, días antes de la asunción de Sabattini como gobernador.¹³

Los cambios también contemplaron innovaciones técnicas mediante la creación del servicio de radiocomunicaciones en 1937, que comprendió la instalación de equipos transmisores-receptores en la capital y en las distintas jefaturas políticas. La emisora principal se encontraba en la Jefatura de Policía de la Capital y en la Casa de Gobierno, las cuales contaban con receptores con capacidad de captar las frecuencias de las transmisoras departamentales.¹⁴ Este proceso también aconteció décadas antes en la policía de la provincia de Buenos Aires, mediante la conexión telegráfica y telefónica de la dependencia central en ciudad de La Plata con el resto de instalaciones policiales (^{Berardi 2015}, 151).

La tecnología de radiocomunicación además habría propiciado una mayor vigilancia del espacio urbano, permitiendo el intercambio de información con otros Estados sobre sujetos con orden de captura. En ese esquema, las empresas de comunicaciones -mediante la autorización previa de un juez- debían cooperar con la policía y facilitar la intervención de teléfonos de usuarios considerados sospechosos de alguna ilegalidad (^{Caimari 2012}, 143-145).

Junto con los cambios tecnológicos, en Córdoba se efectuó una ampliación de la jurisdicción de la DI, ubicando bajo la autoridad de la repartición central a las oficinas diseminadas en las distintas localidades del interior provincial. El objetivo era evitar que las mismas siguieran funcionando con personal carente de conocimientos básicos y de los medios necesarios para un "buen desempeño" y conexión con el resto de las reparticiones.¹⁵

Como se señala al comienzo de este apartado, las transformaciones que se analizan se produjeron en un escenario político que revistió particularidades. Una de ellas fue a ausencia de disposiciones tendientes a reprimir actividades partidarias, específicamente de las organizaciones de izquierda.¹⁶ En ese mismo orden, el Partido Comunista de Córdoba apoyó la candidatura de Sabattini en las elecciones de 1935 que lo llevaron a la gobernación. Sin embargo, el clima político estaba signado por marcadas divisiones -entre demócratas y radicales, reformistas y nacionalistas- que atravesaban diferentes espacios institucionales.

La neutralización de organizaciones como Acción Nacionalista Argentina, Milicia Azul, Acción Universitaria Nacionalista, Unión Nacional Fascista y la Legión Cívica, formaron parte de una promesa de campaña que Sabattini intentó materializar a lo largo de su mandato (^{Tcach 2007}, 7). En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, parte de las luchas políticas se dirimieron en las elecciones estudiantiles de 1938, en las cuales las listas reformistas, compuestas por un lado por radicales, socialistas y comunistas; y por el otro, únicamente por radicales; perdieron la contienda frente la Unión Argentina de Estudiantes, identificada por su apoyo al fascismo. Después de una serie de manifestaciones impulsadas por los reformistas en contra de la flamante conducción del centro de estudiantes, la Federación Universitaria de Córdoba convocó a un plebiscito para determinar la permanencia o no de las nuevas autoridades estudiantiles, en donde tras nuevos enfrentamientos, fue asesinado Benito de Santiago -militante nacionalista- mientras que Francisco García Montaño y Antenor Carreras Allende resultaron heridos (^{Tcach 2012a}, 151-152).¹⁷

Por otra parte, en la Legislatura de Córdoba, tuvieron lugar disputas partidarias, en el marco del tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto presentado por Matías Sánchez Sorondo de Represión del Comunismo. En el parlamento provincial, el demócrata Eudoro Cuestas denunció al Ministro de Gobierno Santiago del Castillo, instándolo a tomar medidas debido al crecimiento de locales pertenecientes al Partido Comunista. Como respuesta, sus representantes presentaron una nota manifestando los principios democráticos, liberales y republicanos que guiaban su accionar en respeto de las libertades públicas y de la Constitución Nacional (^{Tcach 2012b}, 28).

Aun así, la policía continuó registrando y disponiendo de autorizaciones para reuniones públicas. Al tiempo que se le otorgó a los empleados pertenecientes a la DI la atribución de trasladarse por determinación propia hacia cualquier punto de la provincia:

[...] para prevenir y reprimir los hechos delictuosos que comúnmente se organizan además en un medio ambiente de la importante densidad demográfica como la nuestra. Se hace pues indispensable [...] dotarla no solo de todos los elementos que se requieran, sino también de facultades excepcionales para que se cumpla mejor su cometido.¹⁸

Otros conflictos entre demócratas y radicales en el recinto legislativo se debieron al accionar de la policía, bajo la gestión del nuevo jefe Argentino Auchter.¹⁹ A finales de 1938, la repartición atravesó una profunda crisis debido a la negligencia de los agentes de la DI frente al secuestro de una menor. El hecho fundamental que desencadenó el conflicto fue la muerte de uno de los acusados, luego de un violento interrogatorio. Frente a esto, debió renunciar el Jefe de Policía de la Capital, siendo posteriormente interpelado por la legislatura el Ministro de Gobierno Del Castillo (^{Luciano 2019}, 10). En la Cámara de Senadores, se leyó un comunicado del Bloque Demócrata con relación al fallecimiento del interrogado, acusando a la policía local de asesinar ciudadanos "por los medios más inauditos de torturas", emulando las prácticas realizadas por la "mazorca radical" en los sucesos ocurridos en Plaza Mercedes, en 1935, en donde se enfrentaron militantes conservadores y radicales, por un supuesto fraude cometido por los primeros en las elecciones municipales.²⁰ Los conflictos dejaron como saldo bajas en la policía así como también las muertes de Pedro Vivas y Agobar Anglada, militantes radicales (^{Tcach 2012a}).

En tanto Pizarro, diputado del Partido Demócrata denunció otro caso similar de violencia policial, en donde también se produjo el deceso de un detenido en un interrogatorio:

[...] en el caso del mafioso Ceara, que quedó muerto en la misma policía, a raíz de interrogatorios hábiles, que no era esa la forma de descubrir un hecho delictuoso; diría que el cadáver todavía caliente de Humerto Vidoni, es un hecho que por sí solo justifica los términos, y sobre todo los conceptos del comunicado del block[sic] de la minoría [...] Humberto Vidoni, sometido a hábiles interrogatorios es internado en el Hospital San Roque, con 20 costillas fracturadas y el esternón destrozado. ¿Y esto que final ha tenido para la policía? [...] ¿Cómo es posible que un hombre, que tienen en esas condiciones en la policía, desarmado, con esposas puestas o quizás engrillado, ante el numeroso personal de que dispone, se desacatara y fuera tal la reacción policial para prevenir el hecho o reducirlo, que haya habido necesidad de mandarlo al sepulcro?²¹

La respuesta del ministro de gobierno fue la separación de los agentes pertenecientes a la DI que registraron antecedentes procesales, junto con la renuncia del inspector a cargo de la sección, Luis Romero (^{Luciano 2019}, 11).

Tras los cuestionamientos realizados a la agencia penal, tuvieron lugar nuevas reformas enfáticamente centradas en la etapa de instrucción del procedimiento, haciéndose eco de las innovaciones producidas, primero en el ámbito académico nacional y provincial -producto de los intercambios con expertos internacionales especializados en derecho penal y administrativo- y segundo, muy relacionado con lo anterior, con reformas acontecidas en el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba (^{Luciano 2019}, 3-4). En consecuencia, gracias a las gestiones del académico Sebastián Soler y de Amadeo Sabattini, se efectuó la incorporación de Marcelo Finzi, especialista en investigación criminal aplicada a la institución policial. El penalista italiano, comenzó su labor académica en el Instituto de Derecho Comparado de Córdoba (^{Cesano 2008}, 16) cumpliendo un rol fundamental en la nueva escuela de policía creada en 1939.²²

Los cursos dictados por Finzi (desde junio hasta diciembre de 1940) fueron de perfeccionamiento en materia de policía científica y confección de sumarios policiales. Además hizo entrega a la institución de los siguientes ensayos: "Plan para una enseñanza global del derecho penal, del derecho procesal penal y la criminología en la escuela de policía"; "La detención en flagrancia de parte de los oficiales y auxiliares de la policía judicial. Otros casos de detención sin orden especial que debe ser practicada por los funcionarios antedichos" y "Cuando, en el sumario policial, se debe usar el término damnificado y cuando el término ofendido".²³

Entre neutralistas y rupturistas (19401943): el rol de las policías provinciales en la Comisión de Actividades Antiargentinas

La expansión de la DI durante la gestión de Sabattini tuvo continuidad con la llegada de Santiago del Castillo a la gobernación provincial. Este aspecto puede observarse en un conflicto que tuvo lugar en la repartición, a finales de 1940, en el cual se pusieron de manifiesto diferencias en la designación de presupuesto destinado a dicho departamento respecto a otras divisiones. Puntualmente el jefe de la DI denunció a un inspector por haber viajado a la ciudad de Villa María (Córdoba), en compañía de dos legisladores radicales -Pedro Sorrentino y Javier Yañez Álvarez- para visitar a Sabattini, llevando consigo planillas del estado de cuentas de la repartición. En esa reunión el agente de policía le habría comunicado al ex gobernador la existencia de irregularidades en la DI con relación al empleo de la partida presupuestaria asignada. Por los hechos el Inspector fue suspendido por el plazo de cinco días.²⁴

En tanto la estructura organizativa de la policía se vio afectada por un aumento de la injerencia del poder político mediante un decreto del gobierno provincial (n.° 45.957, Serie A) que modificó el sistema de jerarquías contemplado en el reglamento de 1936. La disposición del ejecutivo autorizó el otorgamiento de jerarquías superiores, a las correspondientes a sus cargos, a determinados agentes por "razones de servicio". Para ello, los jefes de policía de las distintas reparticiones de la provincia debían enviar al Ministerio de Gobierno "una exposición fundada de las causas que se invocan para el nombramiento del funcionario en comisión, con transcripción de la foja de servicios, y tiempo de permanencia en sus funciones, para resolución pertinente del Poder Ejecutivo".²⁵

A su vez, la gestión de Santiago del Castillo, tuvo como escenario internacional el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el posterior ingreso de Estados Unidos, que generó divisiones al interior de la política nacional entre neutralistas y rupturistas, con incidencia también en las orientaciones del accionar policial a través de la CAA.

A comienzos del conflicto bélico existió en la diplomacia argentina cierto acercamiento al bando aliado, aunque nunca definitivo, alternado con una clara política anti rupturista respecto a las potencias del Eje.²⁶ Por esos años, agrupaciones antifascistas como Acción Argentina (1940), manifestaban sus posicionamientos a favor de los Aliados, estableciendo ciertos paralelismos entre la situación argentina, afectada por el fraude y la ausencia de libertades civiles y lo acontecido en el conflicto, resaltando la idea de una "patria amenazada" por los totalitarismos europeos (^{Bisso 2001}, 89-94).

La renuncia del presidente Roberto Ortiz (1938-1941) tuvo lugar en el marco de una crisis política motivada por el negociado de las tierras de "El Palomar", que involucraba principalmente a su ministro de guerra Carlos Márquez, quien habría ordenado la compra de un lote de tierras en cercanías del colegio militar en el Palomar -provincia de Buenos Aires- a un valor mucho mayor del precio tasado por la Dirección General de Ingenieros. La transacción fue realizada entre el gobierno y un especulador de tierras que había comprado la propiedad para luego venderla nuevamente al doble de su valor. La aprobación de la compra por parte del Congreso de la Nación encubría acuerdos previos entre senadores y diputados con el vendedor, a cambio del reparto de futuras ganancias del negociado. La situación fue advertida por el senador nacional por Jujuy, Benjamín Villafañe, solicitando la conformación de una comisión investigadora de los hechos, para que luego sea elevada a los tribunales federales con posibilidades de iniciar un juicio político al ministro Márquez (^{Potash 1981}, 193-195).

Durante el mandato de Ramón Castillo, reemplazante de Ortiz, se creó por decreto -junio de 1941- la CAA presidida por el Diputado Nacional Raúl Damonte Taborda (^{Corigliano 2009}, 62-64). Para su funcionamiento se convocó, por un lado, al Ministro de Guerra Carlos Márquez al mando de las operaciones realizadas por el ejército, y por el otro, al Ministro del Interior Miguel Culaciati a cargo de las tareas que debían desempeñar la policía provincial.²⁷ Los actos realizados por la misma debían ser informados por medio de la prensa, exponiéndose los procedimientos empleados y los hechos comprobados.

Un posible antecedente de la CAA se registra en Estados Unidos en 1938, con la creación del Comité de Actividades Antiamericanas -perteneciente a la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos-. Las tareas de control y recopilación de información se realizaron al interior del país del norte, mediante la colaboración de las policías locales y sus secciones destinadas a tareas de inteligencia (^{Huggins 1998}, 67-69). En el plano nacional, la conformación de la CAA, de acuerdo a lo planteado por ^{Bisso (2001}, 91), fue promovida desde el ámbito legislativo por sectores antifascistas y democráticos, quienes advirtieron una supuesta amenaza de infiltración nazi en el territorio argentino. Las investigaciones apuntaron principalmente a controlar el accionar de las embajadas italianas y alemanas y a las sociedades de socorros mutuos, debido a los contactos regulares que mantenían con las potencias en conflicto, brindando colaboración y asistencia para los soldados.

Se convocaron reuniones por parte de la comisión para coordinar acciones policiales, a las que asistieron el Jefe de Policía de la Capital, José de la Peña, junto con agentes de otras dependencias policiales provinciales, ministros de gobierno y en algunos casos gobernadores.²⁸ En marzo de 1942, se llevó a cabo la II Conferencia de las Autoridades Federales y Provinciales para la vigilancia y represión de las actividades antiargentinas, en Mendoza, aprobándose meses después "Las Bases de Tucumán", un tratado de cooperación policial entre las provincias para implementar "un sistema orgánico y permanente de coordinación policial para la defensa común y la seguridad de las instituciones constitucionales", que contempló la participación de la nación en los procedimientos.²⁹

La cooperación policial en Argentina se sitúa en las primeras décadas del siglo XX, en el marco de la aplicación de leyes de expulsión de extranjeros.³⁰ Desde un comienzo se orientó a la identificación de los "delincuentes viajeros" en coordinación con la policía de Brasil mediante una serie de conferencias que luego se fueron extendiendo hacia otros países sudamericanos. Para la década de 1920 los lineamientos profundizaron los aspectos vinculados con la represión política, en detrimento de otras discusiones referidas a la policía científica, como lo había sido originalmente (^{Galeano 2012}, 28-30).

Los registros correspondientes a actividades antiargentinas, debían contener información sobre ciudadanos que manifestaban algún posicionamiento respecto al conflicto bélico internacional, ya sea a favor de las fuerzas del Eje o de los Aliados. Según el informe enviado por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Juan Pierrestegui, al Ministro de Guerra, las actividades antiargentinas eran "todas aquellas ideologías o formas de acción, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que conspiren contra el orden y estabilidad de las autoridades constituidas y desarrollen actividades atentatorias contra nuestro sistema institucional".³¹ A su vez, el General de Brigada remarcaba que las informaciones reunidas provenían del examen de la prensa -local y nacional- y del "estudio de la situación ambiente", sin disponer de "pruebas documentales para probar en forma fehaciente la naturaleza de las actividades que se expresan".³²

En este contexto las actividades del gabinete de Orden Social y Político comenzaron a registrarse nuevamente en la documentación de la policía cordobesa, consignando datos similares a los recopilados en los treinta: número de reuniones en locales cerrados y al aire libre que se encontraban autorizados por la policía para partidos políticos y asambleas de asociaciones obreras, versiones de las conferencias, huelgas o "conflictos del trabajo en forma de huelgas", nómina de publicaciones sobre las que se había dispuesto censura y "razones que la justificaron".³³

En el marco de los operativos ordenados por la CAA, en junio de 1941, la policía de la capital procedió a la detención de dos dirigentes pertenecientes a la Unión Nacionalista que se encontraban repartiendo volantes en la vía pública, entre ellos, Antenor Carreras Allende, quien había sido herido durante los sucesos ocurridos en la Facultad de Derecho en 1938, desarrollados en el apartado anterior. En uno de los panfletos secuestrados, expresaban su descontento respecto al gobierno nacional en torno al negocio de las tierras de El Palomar. Titulado "Cómplices y Encubridores" el folleto expresaba lo siguiente: "Todos saben cómo se trafica en el parlamento desde el día en que se alborotaron las palomas de El palomar todos saben cómo se amasan fortunas en los salones de la Casa Rosada".³⁴ En otro de los impresos -El escándalo de Villa Mercedes- se hacía referencia a las actividades de la comisión recientemente creada:

[...] las agencias inglesas nos tienen destinado un lugar destacado en su informaciones, y además tienen a su cargo la vigilancia de los verdaderos argentinos para registrar sus minúsculas sospechas, por medio del Intelligence Service que llena de espías las Universidades, los colegios, las fábricas, los negocios y las oficinas [...] El Intelligence Service sabe bien que el Nacionalismo, como auténtica reacción del pueblo que anhela una forma de vida más honrada, es la fuerza moral que sigilosamente se prepara para luchar en todos los terrenos por la desaparición de la tiranía que ha impuesto a los pueblos el capitalismo internacional anglo-yanqui-judío [...] cuando el tirano Roosevelt quiera que la América del Sud [sic] le sirva a sus intereses, declarando la guerra a Alemania.³⁵

Frente a esto, miembros de la organización presentaron un oficio librado por el Juez de Instrucción de Primera Nominación Doctor Wenceslado Achával, en contra del Jefe de Investigaciones de la Capital Ángel Brizuela, por abuso de autoridad. En el mismo se solicitó la remisión de los antecedentes para dar cumplimiento a la disposición judicial.³⁶ Desde la sección Orden Social y Político se presentó un informe en donde se registraron los motivos de la detención preventiva, señalando que al poco tiempo fueron liberados.

En el interior de la provincia, en algunas instituciones educativas se exoneraron de sus cargos a docentes y directivos que habrían manifestado su adhesión y apoyo a los totalitarismos europeos.³⁷ No obstante, muchas denuncias realizadas por vecinos sobre presuntos "elementos nazis" en determinadas localidades cordobesas, no pudieron comprobarse por falta de pruebas, como se señala a continuación (ver tabla 2).

Tabla 2 Denuncias sobre presuntos elementos nazis en el interior de Córdoba (1941) 

Fuente: "Nota al Señor Presidente de la Comisión Especial investigadora de Actividades Antiargentinas, Diputado Nacional Doctor Raúl Damonte Taborda", Buenos Aires, 30 de julio de 1941, en AHPC, Serie Gobierno, Sección Policía Cárceles Consejo de Higiene Judiciales Legislativas, t. 38, ff. 359-360.

En cuanto a las actividades desarrolladas por organizaciones de izquierda, en los informes de la policía se consignaba que "El Partido Comunista argentino, en las reuniones que realiza en esta provincia, propugna el respeto de los principios democráticos", sin embargo, la institución mantenía un seguimiento constante, tomando nota de las expresiones de los distintos oradores, velando por el respeto de las disposiciones vigentes en los permisos concedidos para realizar sus reuniones.³⁸ Mientras que en los registros provenientes al Comando de la Cuarta. División del Ejército con asiento en Córdoba, se consignaba:

Con motivo de haber entrado recientemente en guerra la Unión Soviética, las actividades comunistas han recrudecido en la ciudad de Córdoba, con el fin de pedir al pueblo trabajador su solidaridad moral y material. Están procediendo en idéntica forma que lo hicieron en la pasada guerra civil de España [...] el partido comunista de esa ciudad ha realizado un acto público en homenaje a Rodolfo Ghioldi [...] la afluencia de público ha sido motivada por el interés exclusivo de escuchar al líder del comunismo argentino y miembro de la Tercera Internacional [...] Los panfletos fueron distribuidos [...] especialmente a la salida de los obreros de los talleres de los Ferrocarriles del Estado, situados en el Barrio Inglés.³⁹

Más allá de los verdaderos alcances de la amenaza externa, esta situación habría posibilitado que el presidente Ramón Castillo adoptase medidas que, amparadas en la defensa nacional, afectaban las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos, como habría ocurrido en la década de 1910 frente al anarquismo. En gran medida, la disposición del estado de sitio decretado luego del ataque japonés a Pearl Harbour -diciembre de 1941-⁴⁰ apeló a la idea de "patria amenazada", al igual que lo hacían los sectores antifascistas (^{Bisso 2001}, 92).

Durante el estado de sitio la autoridad civil queda subordinada, provisoriamente, a la autoridad militar debido a un estado de guerra, quedando suspendidas también las garantías constitucionales (^{Agamben 2003}, 29).⁴¹ Entre sus principales causas se encuentran el ataque externo -como en el caso que se analiza- o la alteración del orden interno. Estas medidas de emergencia revisten un carácter temporal, durante el cual se faculta al poder ejecutivo para ordenar allanamientos en cualquier momento -sin orden judicial-, controlar y censurar medios de comunicación, someter a solicitud previa todo tipo de manifestación pública, prohibiendo el derecho de reunión de los ciudadanos. Restricciones que se sustentan en la necesidad de resguardar la seguridad estatal ante potenciales amenazas, prohibiendo la difusión de ideas "antigubernamentales" (^{Díaz 1988}, 174).

Sobre la aplicación de medidas de excepción en Argentina, ^{Franco (2019}, 48) señala su utilización regular por parte de las elites políticas, que si bien tuvo sus inicios en la década de 1910, persistió a lo largo del siglo XX, con sus particularidades,⁴² como mecanismo de disciplinamiento frente a situaciones de tensión social en donde la policía cumplió un rol importante en la persecución y control de ciertos sectores. Dichas políticas de excepción, al mismo tiempo, fueron acompañadas por construcciones simbólicas de una "alteridad peligrosa" que permitiese su legitimación social y efectividad.

Entre la fecha del Decreto presidencial, 16 de diciembre de 1941, y la sanción de la Ley 12814, 13 de noviembre de 1942, transcurrieron once meses, a los que deben sumarse otros sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la normativa; por lo cual, el estado de sitio se habría prolongado por un año aproximadamente.

Las medidas adoptadas por Ramón Castillo, tuvieron consonancia con las resoluciones apoyadas por el mandatario en la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores -Río de Janeiro, enero de 1942-. Entre ellas se encontraban la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje, el mantenimiento de las economías internas de los países americanos a través del comercio interamericano, la mejora de los sistemas de comunicaciones que resultaren fundamentales para la defensa territorial, la continuidad de la Comisión Interamericana de Fomento de Washington -acordada en la Reunión de La Habana en 1940-, la creación de un Fondo Internacional de estabilización de los tipos de cambio y el control de las actividades subversivas en el continente.⁴³ Con relación al último apartado se anexaron una serie de procedimientos que debían seguir los países americanos ante la posible presencia de "extranjeros peligrosos". En el mismo se ordenaba el intercambio de información entre naciones vecinas sobre su presencia y actividades, restricciones en el otorgamiento de nuevas ciudadanías, el control de las fronteras nacionales y de los actos de agresión política, específicamente los vinculados con la diseminación de propaganda política de cualquier Estado del Eje tendiente a influenciar en la política de un país americano.⁴⁴

Conducción militar de la policía después del Golpe de 1943

Los momentos previos a una nueva interrupción del orden constitucional estuvieron signados por una constante inestabilidad institucional. A diferencia de Ortiz, Ramón Castillo intentó un mayor acercamiento hacia los sectores civiles demócratas, nacionalistas y militares, en detrimento de los vínculos con el radicalismo antipersonalista (^{López 2018}, 205). La injerencia en la esfera militar con fines políticos partidarios no era una novedad en las Fuerzas Armadas (FFAA). Durante su gestión, el primer mandatario radical Hipólito Yrigoyen, recurrió asiduamente al ejército para llevar a cabo las intervenciones federales, provocando importantes divisiones internas de las que emergieron sociedades secretas, contrarias a la politización del ejército, que impulsaron posteriormente el Golpe de Estado de 1930 (^{Potash 1981}, 25-27).

Las FFAA del período de entreguerras además estaban atravesadas por las divisiones en torno al posicionamiento neutral o rupturista de Argentina, con una fuerte presencia de Agustín Justo intentando cooptar adhesiones con miras a un nuevo mandato presidencial. Sin embargo, la repentina muerte de Justo, en enero de 1943, sumado a los intentos de Castillo de posicionar como su sucesor al candidato de la Concordancia, Robustiano Patrón Costas, involucrando la participación de las FFAA en actos políticos, profundizaron el faccionalismo existente en el ejército.

El Grupo de Oficiales Unidos (GOU), logia militar iniciadora del golpe de 1943, poseía una composición bastante heterogénea en cuanto a sus posicionamientos políticos, encontrándose integrada por nacionalistas, pro aliados y pro germanos (^{Potash 1981}, 282). Los objetivos de su conformación también eran diversos, apuntando a una supuesta restauración de la disciplina y moral del ejército, con la misión de "enderezar" a un país agobiado por la corrupción -social, política y económica- y fundamentalmente para evitar el advenimiento del comunismo. En consecuencia, las medidas adoptadas se basaron en un disciplinamiento político y autoritario de la sociedad, de tinte nacionalista y clerical, basadas en la censura y persecución sindical, el encarcelamiento de militantes de izquierda y la exoneración de profesores universitarios (^{Rouquié 2017}, 40-43).

En Córdoba el golpe marcó la conclusión del sabattinismo, proyecto al que Santiago del Castillo intentó otorgarle continuidad al asumir su mandato en 1940, contando con un equilibrio de fuerzas más favorable en el poder legislativo que el que había tenido su antecesor, puesto que tanto en senadores como en diputados el radicalismo era mayoría (^{Tcach 2015}, 4). Una vez depuesto del cargo, Del Castillo manifestó afinidad en cuanto a los supuestos fines que perseguían los iniciadores del golpe, destacando la defensa de las libertades y de la Constitución Nacional. En esa línea, los referentes del radicalismo cordobés, Sabattini y el presidente del partido, Mauricio Yadarola, apoyaron el movimiento pero con ciertos recaudos, subrayando que el caso de Córdoba, la corrupción y el fraude electoral al que se referían los militares fueron "males inexistentes" en las gestiones provinciales radicales (^{Tcach 2015}, 38-40).

Los partidos de la oposición adoptaron, en un comienzo, posturas similares. El Partido Demócrata de Córdoba a pesar de su apoyo al gobierno de Ortiz y de Castillo, manifestó su confianza en el rol de los militares como defensores de las instituciones, derechos y garantías. El Partido Comunista hizo lo propio motivado por ciertas esperanzas de continuidad del "clima de libertad" propiciado por el radicalismo cordobés, principalmente en lo referido a actividades sindicales y también por la aparente cercanía del gobierno nacional con el frente Aliado. Pero las constantes persecuciones al "enemigo comunista" y la inclinación de importantes sectores del ejército hacia las potencias del Eje, diluyeron al poco tiempo las expectativas de los partidos de izquierda (^{Tcach 2015}, 43-46).

Respecto a la conducción policial, esta se vio modificada con la llegada del coronel Walfrido Arce a la Jefatura, después de una serie de jefes civiles.⁴⁵ Interrumpido el funcionamiento de la CAA, las tareas de investigación de la sección Orden Social y Político continuaron pero enfocadas en las actividades de orientación comunista. En los mismos registros se manifestaba un cambio de orientación en las actividades del gabinete, señalándose un distanciamiento respecto de las prácticas policiales realizadas durante el gobierno de Santiago del Castillo en el cual "las actividades comunistas [...] gozaban de todas clases de libertades y garantías para sus prédicas".⁴⁶ Incluso, en algunos registros se consignó información previa a 1943, aparentemente no advertidas por la anterior conducción policial.

Sobre los municipios del interior -Marcos Juárez, Río Cuarto y Cosquín, por mencionar algunos ejemplos- se efectuaron detenciones a trabajadores acusados de "propaganda comunista", efectuando también secuestros de libros considerados "tendencia extremista" en bibliotecas populares.⁴⁷

La Cárcel de Encausados de la Capital habría sido el destino de muchos detenidos, que solían recuperar su libertad al poco tiempo. Dentro de los comportamientos pasibles de sanción se hallaban las expresiones contrarias al gobierno, aunque se tratase de reuniones cerradas o conversaciones cotidianas. En una ocasión en San Francisco del Chañar, se encontraban reunidos el comisario general, un médico de policía, el delegado municipal y el comisario de policía manifestando que el régimen de Ramírez se trataba de un "gobierno fascista de botas y sotanas y que no va a durar mucho tiempo, que traerá la democracia y el rompimiento de las relaciones con el Eje".⁴⁸ Esta denuncia, sin embargo, no pudo ser comprobada luego de la investigación.

Mientras que en la ciudad de Córdoba se dispusieron censuras a medios de prensa locales por difundir información sobre una supuesta ruptura del gobierno nacional con Estados Unidos. También, se vio afectado el ámbito universitario con la detención de estudiantes acusados de pintar "leyendas agraviantes" en distintos barrios de la ciudad, como lo evidencia el siguiente informe:

[...] han sido detenidos los estudiantes [...] quienes estaban implicados en el plan organizado para pintar leyendas agraviantes en distintos barrios de nuestra ciudad, contra el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Clero. Las leyendas [...] tienen el siguiente contenido: "obreros cuidado con el espejismo de los discursos"; "igualdad, igualdad, militares a los cuarteles", "frailes a los conventos; sueldo de un general 3.500, de un obrero 70"; "oíd mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad"; "Hagamos respetar nuestro himno" [énfasis del original].⁴⁹

En sintonía con los cambios políticos, la policía atravesó un nuevo período de reformas. En primer lugar, se impulsaron mejoras edilicias en las comisarías, tendientes a garantizar condiciones sanitarias aptas para el desempeño del personal. En materia de equipamiento el nuevo Jefe de Policía de la Capital, José Subrá, solicitó la ampliación de servicios de radiocomunicaciones apuntando a un mejoramiento de la transmisión de "novedades policiales" entre las comisarias seccionales, subcomisarias, postas y cuerpos para perfeccionar sus funciones como centro de las comunicaciones entre las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Capital Federal y Tucumán. En ese momento, dieciséis jefaturas políticas contaban con aparatos receptores, por lo cual para completar la red era necesario dotar de servicios telefónicos a nueve jefaturas más.⁵⁰

En segundo término, se propusieron modificaciones al reglamento de policía de la Capital y de la Campaña, en torno al régimen de designaciones, promociones, exámenes y cuadros de ascenso del personal. Se establecieron las características y condiciones en las cuales se deberían rendir los exámenes de competencia que tendrían como principales finalidades otorgar cierta estabilidad en los cargos a los empleados de policía, frecuentemente afectados por los "elementos de comité".⁵¹

Finalmente, se estableció la capacitación del personal en conocimientos de escritura a máquina para la correcta confección de sumarios, expedientes, informes y notas⁵² y sobre reglas de procedimiento en materia de contravenciones policiales, ante la carencia de un código de faltas.⁵³