Convergencias políticas en la formación de un peronismo local

El peronismo tuvo sus orígenes durante el régimen militar de la Revolución de Junio, instalado en el poder entre 1943 y 1946. Desde 1944, distintos grupos políticos y sociales comenzaron a atender con simpatía la actividad de uno de los más visibles hombres del régimen militar, Juan Domingo Perón, quien había conseguido para entonces hacerse de varios altos cargos de gobierno -como ministro de guerra, vicepresidente y secretario de trabajo-. Aquellos simpatizantes eran diversos y numerosos. Al estar implantado el estado de sitio y disueltos por decreto los partidos políticos, los grupos se formaban con mucha rapidez a partir de una declaración o en función de algún evento, a partir de agrupaciones o facciones políticas preexistentes, de un núcleo sindical o de una línea interna de alguna asociación. No solo surgieron de manera desordenada e intensa en todo el país, sino que además se reorganizaban permanentemente al calor de agitados contextos y eventos públicos que hacían parecer inminente el final de la experiencia militar y aumentar las ansiedades por disputar una eventual salida electoral.

En Mendoza, provincia del oeste argentino, esa efervescencia comenzó a decantar en tendencias más claras cuando un dirigente radical del sur, Faustino Picallo, aceptó la oferta del gobierno militar para hacerse cargo del municipio de capital en febrero de 1945. Este gesto fue reforzado con una larga nómina de adhesiones de dirigentes y militantes del radicalismo que se publicó en la prensa local ante los cuestionamientos de otro sector de la misma extracción política que se mostraba reacio a colaborar con el gobierno. En sus declaraciones públicas, los radicales que veían con optimismo la aceptación de puestos en el régimen, afirmaban que lo hacían para acelerar la normalización institucional, en un contexto en el que ya se había declarado la guerra a los países del Eje y se había intentado remediar la situación de caos y legitimidad política vivido durante los años del derrocado conservadurismo. Los grupos iban entonces, a través de sus definiciones, precisando sus propios contornos y edificando sus adhesiones. Pronto esta postura fue avalada más acabadamente a través de una escisión partidaria que se autodenominó Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Esta agrupación comenzó a aceptar cargos de primera línea en todos los municipios de la provincia y a colaborar en distintas agencias estatales de la jurisdicción.

En un matizado y activo espectro de las asociaciones locales, entonces, poco a poco se fue delineando un área de apoyos y otra de rechazos al régimen militar. Los enfrentamientos que ese proceso de diferenciación producía se hicieron cada vez más intensos. En el área de apoyos fue despuntando esta nueva agrupación coordinada por el médico Lorenzo Soler e identificada por aquel primer gesto político de Faustino Picallo. También se incorporaron otros núcleos que simpatizaban con el gobierno militar y especialmente con el perfil de Perón como los radicales lencinistas o ciertos perfiles radicales más nacionalistas. Este fenómeno de la formación de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora en 1945 se produjo también, como se indicó en la introducción, en otras provincias argentinas (^{Aelo 2010}, 2016; ^{Macor y Tcach 2013}).

Esta importancia de las adhesiones radicales en la formación del peronismo no fue advertida en los estudios clásicos sobre los orígenes del peronismo, enfocados en poner de relieve el apoyo de los trabajadores. Las claves interpretativas más firmes fueron las migraciones internas y los efectos de la industrialización por sustitución de importaciones. Esa mirada de raíz más estructuralista para enfocar los orígenes tuvo también el efecto de identificar la existencia de dos peronismos, uno perteneciente a la Argentina moderna y urbana en el que el soporte básico habrían sido los obreros nuevos o viejos de las grandes ciudades y otro perteneciente a una Argentina "atrasada" del interior del país en el que el pilar fundamental habrían sido actores "tradicionales" y conservadores ante la "debilidad" de la organización obrera.

También entre los sindicatos de la provincia cuyana se había despertado, sin embargo, una fuerte simpatía por la actividad de Perón en el gobierno central. Con motivo de una visita oficial en septiembre de 1944, varios gremios y dirigentes obreros habían manifestado apoyo a sus proyectos e iniciativas de mejora de las relaciones laborales. La cautela ante los posibles escenarios políticos resultantes, sin embargo, demoró una decidida adhesión hasta bien pasada la primera mitad de 1945. Convivían en Mendoza cuatro centrales obreras que disputaban la representación de los trabajadores locales. En primer lugar, la Federación Obrera Provincial (FOPM) que albergaba a algunos de los gremios más antiguos que, con un pasado anarquista en común, ahora se reunían tras las banderas del sindicalismo revolucionario. A pesar de mantener una posición prescindente durante 1945 y también más tarde, arraigada en una opción ideológica del sindicalismo, algunos de sus dirigentes más notables, como el maderero Juan Curto o el gráfico Juan de la Torre, expresaron tempranamente su entusiasmo frente a las políticas que Perón impulsaba desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Un apoyo de este tipo no era nuevo para los trabajadores nucleados en esta federación, quienes habían sostenido poco tiempo antes las iniciativas de un funcionario conservador como Rodolfo Corominas Segura (^{Garzón 2015}).

En segundo lugar, existía en Mendoza una central obrera creada en 1944 y nutrida por gremios de servicios y estatales que brevemente se denominó Federación de Sindicatos Obreros Católicos y que a principios de 1945 decidió cambiar su sello por el de Federación de Sindicatos Unidos Obreros (FSUO), abandonando la impronta católica que había marcado su formación. Esta central, a pesar de obtener la mayor cantidad de convenios colectivos de trabajo y reconocimiento gubernamental, fue la que lideró la huelga obrera más resonante contra los despidos injustificados y las faltas de cumplimiento de la legislación laboral en junio de 1945, obteniendo de ese modo un prestigio singular en el mundo de los trabajadores locales (^{Blanco 2016}; ^{Garzón 2010b}).

En tercer lugar, Mendoza contaba con una central que reunía a los sindicatos nuevos, muchos de ellos creados a partir de facciones de los viejos gremios que aprovecharon la política represiva de los primeros meses del régimen militar y su receptividad. Esta central recibía el nombre de Agrupación Gremial Argentina (AGA) y, por lo explicado, no gozaba de mayor prestigio entre los trabajadores, aunque su rápida llegada a las oficinas gubernamentales le hacía ganar adherentes. En cuarto lugar, existía la Central de Trabajadores Mendocinos (CTM), liderada por dirigentes de la izquierda sindical, comunistas, socialistas obreros, pero también algunos radicales. Su participación en el mundo político fue clandestina hasta mediados de 1945. Los grupos reunidos en esta central se habían desprendido de la Federación Obrera Provincial Mendocina en 1940, justamente por disentir en torno al rol político que debía tener la lucha obrera y la posición a adoptar frente a una posible colaboración con el Estado. Debilitada por haber sido blanco preciado del régimen militar en sus primeros meses, la CTM reactivó sus tareas propagandísticas y organizativas cuando la disputa entre peronistas y antiperonistas ya estaba instalada en el espacio público y, por eso mismo, el carácter obrero de sus banderas quedó camuflado en el conjunto de la oposición al gobierno de facto. La CTM, con una llegada fuerte al gremio de la construcción y a algunos núcleos vitivinícolas, quedó relegada a ser la base obrera de la Unión Democrática mendocina. Por último, nutrían el cuadro las organizaciones obreras algunos gremios que se manejaban de modo independiente, algunos de ellos poderosos como la Unión Ferroviaria o los trabajadores del magisterio (^{Garzón 2010a}).

Durante 1945 las cuatro centrales obreras intentaron colaborar en vistas al nuevo contexto que intuían próximo, pero las tensiones no pudieron resolverse porque a medida que avanzaban los meses se acentuaba más la certeza de que las definiciones políticas ya no podían evadirse y sus acuerdos eran menudos. Muchos gremios se movilizaron durante las jornadas del 18 y 19 de octubre de 1945 en apoyo a la liberación de Perón, que había sido obligado a renunciar y encarcelado. Días más tarde se formó el Partido Laborista de Mendoza, con el aporte de la FSUO, la FOPM y la AGA, que propulsaría la candidatura de Perón para las futuras elecciones nacionales. Las identidades gremiales fueron disimuladas en esa instancia, para no hacer entrar en conflicto el principio sindical de la prescindencia política. Sin embargo, es posible observar en las nóminas de autoridades partidarias una prolija distribución de cargos y jerarquías entre las centrales mencionadas.

Los orígenes del peronismo mendocino entonces se remontan a una convergencia de dos fuerzas políticas heterogéneas forjadas durante 1945. Tanto la Unión Cívica Radical Junta Renovadora como el Partido Laborista comenzaron a existir como tales solo en ese momento. Sin embargo, ambas fuerzas estaban constituidas por actores que participaban de la vida política con anterioridad, aún si una de ellas lo hacía desde la política partidaria y la otra desde el ámbito sindical. Los conflictos entre ambos sectores se plantearon desde el comienzo y nunca cesaron, aunque fueron mutando con el tiempo, como podrá constatarse a lo largo de este artículo.

Primer momento: los renovadores al poder

Un hecho que inauguró públicamente la larga saga de conflictos internos en el peronismo mendocino tuvo lugar en la legislatura provincial a fines de abril de 1946, varias semanas antes de que Perón, ya elegido presidente de Argentina, asumiera su cargo. A la hora de decidir cómo se integrarían las listas de candidatos de cara a las elecciones, los radicales renovadores apelaron a su más temprana adhesión a la obra de Perón como funcionarios de la Revolución de Junio y a sus mayores experiencias en gestión para legitimar sus intenciones. Se quedaron con los dos nombres para la gobernación, Faustino Picallo y Rafael César Tabanera, aunque prometieron compartir las bancas de senadores y diputados nacionales de manera igualitaria con los laboristas. Sin embargo, a través de una maniobra en la que cuestionaron la idoneidad del dirigente gremial y presidente del laborismo Albino Sánchez, los renovadores arrebataron a sus compañeros de lista la posibilidad de colocar al senador nacional que inicialmente habían negociado. En el momento, el partido de los trabajadores llegó a poner en duda su continuidad como integrante de la coalición que estaba por asumir el poder acompañando al nuevo gobierno.

En todos los rincones del país la diversidad de actores que había nutrido la coalición peronista recrudecía sus conflictos (^{Mackinnon 2002}). En ese marco, Perón decretó la disolución de todos los agrupamientos que lo apoyaban y creó el Partido Único de la Revolución Nacional que, meses más tarde, se convertiría en el Partido Peronista. Ambas modificaciones del nombre partidario tuvieron la intención de moderar los enconos de las fuerzas que integraban el gobierno. Todos los núcleos encararon estas medidas con expectativa de prevalecer sobre los demás, sin cuestionar la decisión superior, en ánimos de verse beneficiados por ella. Durante aquellos primeros meses, los renovadores no permitieron participar a los representantes laboristas de los organismos partidarios que controlaban y los laboristas no dejaron de reivindicar un lugar en él apelando a las autoridades partidarias nacionales. En ese complejo proceso se fueron creando formas de una nueva identificación política que, si bien era heterogénea en su composición y siempre lo sería, se basaba en modos comunes de hacer y de enunciar la política que pronto se irían afirmando como convenientes, como acuerdos no formalizados de comportamiento en el interior del peronismo.

Los laboristas, a través de sus representantes en la legislatura provincial, comenzaron entonces a denunciar la exclusión que vivían y a solicitar intervención de parte de los organismos partidarios nacionales. Para atajar estas denuncias, los renovadores mendocinos también apelaron al mismo procedimiento. La práctica de viajar a Buenos Aires o los pedidos de intervención partidaria que se impulsaron desde ambos sectores tuvieron como corolario que los problemas se resolvieran fuera de las fronteras provinciales pero no por ello al margen de complejos y persistentes conflictos vernáculos. En búsqueda de mayor libertad de movimiento, los actores constituían una autoridad partidaria cada vez más centralizada.

Los conflictos del peronismo mendocino comenzaron a migrar hacia zonas que no eran propiamente partidarias pero sí políticas. El análisis de estas nuevas formas no puede, sin embargo, desprenderse de la lucha por el partido. La oposición peronista al gobierno de Faustino Picallo, al no poder canalizarse institucionalmente, dado que los renovadores cortaban a cada paso cualquier intento de participación, pasó a jugarse en un territorio poroso entre lo partidario y lo no partidario. Merece, por lo mismo, un enfoque que escape de una concepción de la política como dominio autónomo de la vida social y que permita captar la riqueza de las prácticas ordinarias que configuraron la política (^{Berger y Gayet-Viaud 2011}; ^{Gayet-Viaud, Bidet y Méner 2019}).

Hacia fines de 1946, los problemas internos del peronismo local se habían filtrado más allá de la vida partidaria. En agosto de ese año una gran huelga vitivinícola que suscitó la adhesión de la mayor parte de los gremios peronistas y no peronistas y que el gobierno local había intentado sofocar tuvo como efecto secundario la aparición de un nuevo liderazgo para la galaxia laborista, el del Delegado de Trabajo y Previsión Social Félix Moreno. Este funcionario nacional quedó, durante aquel conflicto, enfrentado de manera explícita a las autoridades ejecutivas de la provincia. Un hecho que ilustra esa discordia es que, en septiembre de 1947, una Confederación General de Trabajadores que en el plano local no contaba aún con mayores adhesiones obreras, organizó un evento denominado Primer Congreso Obrero de Mendoza. El mitín contó con la presencia del secretario general de la CGT nacional y de funcionarios del gobierno local como el ministro de gobierno y asistencia social, el de economía, el de finanzas y el intendente municipal de la capital, todos ellos del grupo renovador. Al delegado de trabajo y previsión Félix Moreno no se le permitió el ingreso, aduciendo que había llegado acompañado por Carlos Pérez, el presidente de la Federación de Sindicatos Unidos Obreros y recientemente electo diputado por un pequeño partido peronista disidente. Ese rechazo provenía de los renovadores. Tanto esto es así que, cuando dos semanas más tarde el gobierno nacional anunció la remoción de Moreno de su cargo como delegado regional, la CGT y la FSUO reaccionaron declarando la huelga general en principio (^{Los Andes 1947}).

Hacia mediados de 1948 los laboristas, bien dispuestos a torcer el rumbo del peronismo provincial, entablaron conversaciones en las esferas nacionales del Partido Peronista para que el próximo candidato a la gobernación provincial no fuera Lorenzo Soler, senador nacional y natural sucesor del ala renovadora. Allí empezaron a barajar posibilidades. Meses antes de que se iniciara la campaña electoral que en diciembre de 1948 consagraría a un nuevo gobernador, llegaba a la provincia para poner la piedra fundamental del Hospital Ferroviario el teniente coronel Blas Brisoli, director de asistencia y previsión social para Ferroviarios y jefe del despacho de la presidencia. Muchos actos sindicales certificaron que se trataba de un hombre ampliamente avalado por los trabajadores peronistas. Félix Moreno, de hecho, se convirtió en el presidente del "Comando Pro Candidatura Brisoli". Los renovadores no lograron imponer a su candidato y tampoco a un candidato alternativo, aunque no desistieron hasta último momento (^{Garzón 2013}). El Consejo Superior anunció que el candidato de la tendencia laborista sería el próximo gobernador peronista de Mendoza.

Segundo momento: los laboristas al poder

En junio de 1949, un grupo de siete senadores provinciales conformó en la legislatura un nuevo bloque peronista "24 de febrero". Casi todos los firmantes se habían adherido al proyecto de Perón desde sus comienzos y varios de ellos habían sido de los dirigentes radicales expulsados por la Unión Cívica Radical en el fragor de 1945. Los integrantes de este sector fueron Salvador Pujol, Marcial Ortiz, Alberto Meli, Antonio Camardella, José Báez, Salvador Catapano Carbone y Emilio Marchena. Camardella había sido el segundo de Lorenzo Soler en la Junta Provincial del PP en los primeros años, asumiendo el ejercicio de la presidencia en su ausencia. Báez había sido reelecto en 1948 y en el momento de la formación del bloque "24 de febrero" era, de hecho, el presidente del bloque. La declaración pública era explícita en sus motivos. Denunciaba que habían sido desplazados con la llegada del nuevo gobierno "hombres peronistas sinceros, capaces y honestos, que rindieron el tributo de su esfuerzo al movimiento en los momentos más difíciles, por quienes nunca han estado ni están identificados con la causa de Perón, siendo por el contrario sus detractores" (Los Andes 1949a, 6). Afirmaban que había desconcierto y descontento en las filas del partido y que propugnando "la más amplia unidad de la familia peronista" debía evitarse "el alejamiento de auténticos valores que han estado en todas las horas y en todos los momentos permanentemente ligados a las vicisitudes del movimiento revolucionario" (^{Los Andes 1949a}, 6). Decían finalmente comprometer su "colaboración con el señor interventor partidario en la tarea de reorganización, estructuración y encauzamiento del partido" (^{Los Andes 1949a}, 6).

Los reproches afloraron cuando el peronismo ya había logrado sancionar una nueva Constitución, cuando se consumieron las expectativas de poder definir el nuevo escenario y de reacomodarse en este. Como contrapunto se dio a conocer una declaración de un conjunto de diputados provinciales que condenaba la formación del nuevo bloque de senadores que constituía un "absoluto desconocimiento de los deberes partidarios, pues aún en el caso de que les asistiera alguna razón, su problema debió ser llevado a conocimiento del Consejo Superior", es decir, no ser ventilado públicamente (^{Los Andes 1949b}, 6).

El problema avivó una vez más las disputas internas del peronismo mendocino, exponiéndolas en el espacio público. Agrupaciones peronistas se acercaron al despacho del gobernador Brisoli para exteriorizarle su apoyo marchando por las calles céntricas detrás de una gran bandera argentina y vivando su nombre y el de su esposa a la vez que los de Perón y Evita. El gobernador había pedido a las organizaciones sindicales que no realizaran ningún acto que pudiera agravar los ánimos, aunque aprovechó discursivamente la desobediencia de los manifestantes para criticar a sus opositores y para poner en escena la popularidad de su representación (^{Los Andes 1949c}). Durante una de sus salidas para hablar con los convocados, Brisoli declaró que "nosotros estamos dispuestos a que de una vez por todas sean olvidados los antecedentes ideológicos de casi todos los hombres que componen el Partido Peronista" (^{Los Andes 1949d, 6}).

La "patrulla perdida", como denominaron burlonamente los partidos de la oposición al Bloque 24 de febrero, tuvo una vida fugaz. Dos días después del anuncio de su creación, uno de sus miembros aseguró haber "rectificado" su "pensamiento al respecto" y solicitó al presidente de la cámara que se diera "como no presentado mi nombre" (^{Los Andes 1949e}, 6). Los otros senadores pidieron licencia para no asistir a las reuniones aduciendo que estarían fuera de la provincia durante algunos días, convocados por las autoridades partidarias en Buenos Aires para conversar sobre el asunto. La iniciativa disidente parece haberse disuelto sin mayores consecuencias demostrando, una vez más, cuán lejos estaban los códigos de disciplina partidaria de los duros métodos que frecuentemente se le atribuye al peronismo en la historiografía: los siete separatistas fueron, veinte días después del escándalo, nominados como congresales por Mendoza para asistir a la Asamblea Nacional del Partido Peronista que se realizaría en la Capital Federal (^{Los Andes 1949f}).

La resolución de las coyunturas no domesticaba a los peronistas, no les enseñaba que el poder central partidario era un todopoderoso vértice capaz de doblegar sus voluntades. Las resoluciones, por el contrario, iban instalando saberes acerca de cómo proceder en el peronismo y modos en definitiva compartidos de reacomodarse ante nuevas situaciones. El conflicto interno entre renovadores y laboristas era intrapartidario pero también sobrepasaba al partido y se extendía socialmente. Los extraordinarios resultados electorales que conquistaban, además, colaboraban para que tuvieran mayor interés en la vida interna del movimiento que en las posibilidades de abrirse nuevos e independientes horizontes. Una mirada más detenida en ese mundo de la política íntimamente atravesado por la vida social será útil a este argumento.

En marzo de 1950, los trabajadores de la municipalidad de Guaymallén ganaron una huelga declarada legal por el Ministerio de Trabajo. El intendente peronista Jaime Obredor, sin embargo, desconoció ese reconocimiento oficial de la medida obrera. Además, tomó represalias contra varios involucrados, entre los cuales se hallaban el presidente, secretarios y delegados de la comisión directiva del sindicato. Frente a esta situación, los trabajadores declararon la huelga nuevamente, por tiempo indefinido. Condenaban en su resolución al intendente por las medidas tomadas y, sin embargo, salvaban al gobernador Brisoli, a quien consideraban ajeno al conflicto teniendo "que soportar el lastre que significa una administración municipal como la de Guaymallén, resto de un gobierno que hizo todo lo posible por acallar la voz de los gremios mendocinos", esto último en relación al gobierno de los radicales renovadores (^{La Libertad 1950a}, 5).

Obredor, de origen radical renovador, aparecía alineado con los legisladores "contreras", como se llamaba en la interna a los peronistas que se enfrentaban al gobernador Brisoli. El comité de huelga de los empleados municipales señalaba, de hecho, que ante la falta de personal para realizar las tareas de riego y recolección de basura el intendente se había valido de personas ajenas a la repartición que condujeron camiones custodiados por "varios legisladores provinciales que seguían en sus automóviles detrás" (^{La Libertad 1950b}, 7). Las adhesiones se iban intensificando día a día, los grupos peronistas tomaban partido por uno u otro bando. Tres días después de iniciada la huelga, la CGT emitió un comunicado invitando a las entidades gremiales a solidarizarse con los trabajadores del municipio (^{La Libertad 1950c}). Un conjunto de declaraciones de distintos gremios comenzó a apostarse en la prensa de la provincia. Las iniciales condenaban la actitud del intendente y exigían el cumplimiento de los reclamos obreros, las que siguieron solicitaban lisa y llanamente la intervención provincial de la comuna. Todos invocaban a Perón, eximían a Brisoli y condenaban a Obredor.¹

Diez días después de iniciada la huelga, el intendente aseguró que pagaría los haberes adeudados, aunque no se refirió a las cesantías (^{La Libertad 1950d}). Entonces, una delegación de unos 300 trabajadores de Guaymallén se movilizó hasta la casa de gobierno y expresó que había resuelto mantener una actitud inflexible hasta que el gobierno interviniese el municipio (^{La Libertad 1950e}). Llegada esta instancia, seis concejales del Partido Peronista del distrito renunciaron a sus bancas, definiendo que el gobierno de la provincia tuviera los argumentos necesarios para efectivizar una intervención dada la existencia de un "estado de subversión institucional" (^{Los Andes 1950}, 6). La política de los peronistas tenía como interlocutores y oponentes a peronistas a distintas escalas. Entramados como este no fueron errores de una experiencia histórica en su camino hacia otro destino, si no formas constitutivas de la identificación peronista y materia viva en la forja de acuerdos blandos para la acción.

Tercer momento: "faltan trompos para tantos chicos"²

Las elecciones provinciales de enero de 1951 no habían arrojado óptimos resultados para el peronismo gobernante que, si bien había ganado por mayoría, no había logrado el porcentaje de apoyos que sí había tenido en elecciones anteriores. Los vivos conflictos entre las líneas internas, en el marco de los problemas económicos que atravesaba el país, desanimaban aún más las posibilidades del peronismo de sostener una cada vez más arrasadora contundencia a la hora del voto. La lucha intrapartidaria, en ese marco, de cara a las elecciones de noviembre de 1951 fue pareja y sus resultados, plasmados en una cuidada y balanceada lista de candidatos, son muestra de un armado político que contemplaba las pujas internas.

La candidatura de Carlos H. Evans a la gobernación respondía a la conflictividad con la que el sector renovador había atravesado los años del gobierno de Blas Brisoli. Evans era un exponente de no muy pronunciadas credenciales renovadoras y con buen diálogo con muchos sectores del peronismo. Tenía 36 años y provenía de una familia lencinista. Había estudiado en Córdoba y había regresado a la provincia durante la Revolución de Junio. Desde su llegada, había trabajado como asesor letrado en municipios y sindicatos. Durante el gobierno de Picallo, había cumplido funciones en el Ministerio de Finanzas y en el Departamento de Irrigación. A partir de 1948, había sido interventor del PP en Luján de Cuyo y en Godoy Cruz. También había sido asesor letrado de la intervención partidaria. En 1949 fue electo convencional para la reforma del texto constitucional. Se trataba de un perfil moderado para encarar el nuevo período del peronismo provincial que intentaba aligerar los enconos que el gobierno de Brisoli no había suavizado si no solo invertido de signo. Sus labores en el marco de las intervenciones partidarias le otorgaban cierta credibilidad a su pretendida neutralidad. Su joven trayectoria política también servía como plataforma para defender su candidatura en tanto que dirigente puramente peronista. Las críticas llegaron de todas formas de parte de los laboristas y también de parte de los renovadores que se sentían con mayores derechos que Evans para acceder a la gobernación provincial. Aludieron a una escasa experiencia política del futuro mandatario. El periódico Crónica defendía la decisión del Consejo Superior diciendo que:

Mucho se ha comentado y hasta parece haberse tomado como arma de combate en el campo opositor al peronismo y dentro del grupo de derrotistas de ese partido, la falta de historial político del candidato a la gobernación [...], joven político cuyas actividades dentro del peronismo, en donde no se dejó conducir mansamente por aquel grupo de la masonería que quería convertir la gobernación mendocina en una especie de reinado hereditario, son toda una garantía de carácter, rectitud y hombría (^{Crónica 1951b}, 1 ).

Con ese comentario relativo a "la masonería", el vespertino diferenciaba a Evans del grupo del primer gobierno mendocino liderado por Faustino Picallo y Lorenzo Soler. Además, continuaba afirmando que tener una corta carrera política no era un defecto sino una virtud: "los comentaristas que pretenden rebajar la personalidad del joven político tienen razón, ya que el doctor Evans ha limitado sus actividades políticas y ha hecho la totalidad de su corta carrera dentro del partido justicialista, al que sirvió con verdadera lealtad". Esto "en lugar de ser un motivo que sirva para crítica, más bien lo prestigia y lo valora para la futura gobernación" (^{Crónica 1951b}, 1).

El compañero de fórmula de Evans fue el dirigente gráfico Juan de la Torre, hombre de la vieja guardia sindical local que se había sumado al laborismo en 1945 y había sido diputado nacional por Mendoza desde 1946. En 1947 De la Torre había sido el impulsor de una polémica Agrupación Gráfica Peronista que desplazó al viejo Sindicato de Artes Gráficas en el cual había militado durante muchos años y del cual se había separado por diferencias en torno al manejo de la prescindencia política y el peronismo. En 1948 había sido miembro de la Convención Constituyente de Mendoza y hacia mediados de 1951 había sido designado vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación. Las candidaturas a senadores nacionales se adjudicaron a Blas Brisoli y a José G. De Paolis. El primero era el nombre favorito de la tendencia laborista. De Paolis en cambio, de pasado radical renovador, era uno de los más cercanos hombres que en febrero de 1945 había acompañado a Faustino Picallo en su ingreso a la municipalidad de la capital. Durante el primer mandato peronista, De Paolis había actuado como ministro de economía y, más tarde, como ministro de gobierno. En 1948 había sido convencional constituyente. Era un baluarte de aquella primera generación de radicales que había conducido el primer gobierno peronista en Mendoza.³

Las candidaturas mencionadas a gobernador, vicegobernador y senadores nacionales por Mendoza, no eran expresivas de una armonía interna firmemente gestionada desde las cúpulas del peronismo si no una muestra de que los conflictos intrapartidarios que muchas veces han sido pensados como aniquilados luego de 1949 estaban, en verdad, candentes. Que se tramitaran entre bambalinas y que no estallaran, no debería ser visto como una forma de domesticación desde arriba hacia abajo si no como el resultado de un conjunto de prácticas colectivas que fueron produciendo este modo de dirimir conflictos y mantener junto lo que de otra manera hubiera detonado. No se trataba de hombres nuevos ni desconocidos, no eran monigotes sin actuación previa, ni inventos electoralistas que hacían tabla rasa de las relaciones de fuerza locales del peronismo. Por el contrario, se trataba de figuras que tenían una trayectoria política visible y que representaban a núcleos diversos en el marco de una victoria prácticamente asegurada. Ningún peronista quería dejar de ser peronista y ello implicaba encontrar el propio lugar en el conjunto. La idea de que en el peronismo la disidencia era pagada con disciplina, tenía menos que ver con el cumplimiento de las temidas y publicitadas represalias partidarias que con usos blandos que servían y era validados en momentos específicos por los actores involucrados. Para poder observar estos modos de ser y hacer en el peronismo es necesario desprendernos de las cargas evaluativas que conllevan clasificaciones de sus actores en diversos subtipos (democráticos, carismáticos, políticos,sindicalistas, etcétera).

La lista de diputados nacionales se compuso también siguiendo equilibrios. Ventura González, tan joven como Evans, se había reinsertado en Mendoza luego de finalizar sus estudios en Córdoba. Ingresó a la política directamente con un encuadre peronista, llegando a ser presidente del bloque de diputados provinciales en 1948. Su reinserción en Mendoza como abogado, sin embargo, se había hecho a través del estudio de abogacía de Rafael César Tabanera y Alejandro Mathus Hoyos -primer vicegobernador peronista y primer senador nacional mendocino por la misma fuerza, respectivamente-, asunto que no dejaba ningún tipo de duda sobre su sociabilidad con personalidades de la línea renovadora. Humberto Moreschi, de pasado radical, había sido de los iniciales adherentes a Perón en 1945 que ocuparon de las comunas y también había sido convencional constituyente. Celfa Argumedo pertenecía al Partido Peronista Femenino y desde sus mismos orígenes en 1949 había sido delegada censista en distintas provincias del país en su representación.

Patrocinio Merlo y José Manuel Ulloa eran máximos dirigentes de la CGT mendo-cina, el primero del gremio de los estatales y el segundo, bancario. Los renovadores ahora integraban la rama masculina del partido, rama que convivía con las mujeres y los trabajadores agrupados en torno a la CGT.

En el acto de proclamación de candidatos, a cargo del interventor partidario, el gobernador Brisoli pidió la palabra para señalar que,

Es sabido que durante el proceso de las precandidaturas todos los peronistas tenemos el deber y el derecho de opinar conforme a nuestras propias convicciones y a nuestras conciencias. Pero ese deber y ese derecho de todo peronista tiene su limitación precisamente en el instante en que las autoridades superiores del partido han cerrado el debate y han determinado quiénes son los candidatos que nuestra agrupación debe sostener en los próximos comicios (^{Los Andes 1951a}, 4).

Brisoli, como si hubiera dudas al respecto, afirmó que comprometía "públicamente mi acción personal y todo lo que de mí pueda depender" (^{Los Andes 1951a}, 4) para que el triunfo en los comicios de noviembre de 1951. Con esa invitación a terminar con los resentimientos y con aquellos que "persiguen un beneficio personal, pura y exclusivamente", Brisoli sostenía que dejaba "aclarada pues mi posición espiritual: soy hombre de partido, a él me debo y en este instante he de jugarme íntegramente sin pensar en las consecuencias que esto pudiera traer para mí" (^{Los Andes 1951a}, 4). Lo que puede leerse en estas declaraciones públicas del gobernador no es tanto un acto de disciplina partidaria -que si existió en todo caso no podría ser verificado solo por su enunciación- como una aclaración aparentemente necesaria acerca de su postura frente a los resultados de la lucha interna del peronismo, tanto para quienes desconfiaban de ella como de quienes esperaban un abierto rechazo de su parte a las definiciones del Consejo Superior Peronista. Se trataba de un mensaje hacia las autoridades partidarias, hacia sus propios seguidores y también hacia "los contreras" -como durante su gobierno se había llamado a los renovadores-.

Las fotografías del comicio mostraron a Evans formando fila detrás de varios votantes para emitir su sufragio. Se trataba de una performance en la que no solo se mostraba como si fuera "cualquier otro ciudadano", cumpliendo con su deber cívico en un "signo de sana democracia", como decía el epígrafe de la foto publicada en el diario Los Andes, sino también de un gesto hacia el interior del peronismo (^{Los Andes 1951c}). Se exponía a Evans como un "distinto" que, en su intento por "ser igual a todos", adquiría la virtud de quien no busca en la política el privilegio personal del caudillo. Pero ninguno de estos detalles cuidados -que no describen la realidad, si no que hablan de lo que el peronismo reivindicaba en esta situación- podía desarmar la dinámica del internismo que ya constituía un modo de ser de la vida partidaria y que solo la salida de Perón del poder en 1955 conseguiría desarticular. Como vienen mostrando trabajos sobre los años de la proscripción, la reticular y heterogénea organización peronista se sostuvo gracias a estas prácticas complejas de identificación y legitimación cruzada (^{Caruso 2019}; ^{Mathias 2017}).

El gobierno de Evans intentó cambiar el rumbo de muchas políticas sociales iniciadas por Brisoli bajo la consigna de que se había tratado de iniciativas imposibles de cumplir. Los impulsos de cambio mantuvieron encendidos los conflictos intrapartidarios del peronismo. El difícil equilibrio entre las tendencias renovadora y laborista, siempre amenazado en las coyunturas y suavizado por la emergencia de nuevos dirigentes que se pretendían más allá aquellos viejos clivajes, se rompió cuando estalló la crisis de 1955, dando lugar al derrocamiento por vía cívico-militar del gobierno peronista. Luego de los bombardeos a la Plaza de Mayo de parte de los sectores militares antiperonistas y la quema de las iglesias que ese hecho suscitó, Perón anunció una tregua que fracasó. La apertura propuesta por el gobierno en el plano local se reflejó en un mayor lugar en la prensa peronista a los partidos y noticias de la oposición. Sin embargo, el resultado no fue una descomprensión de la situación sino una mayor movilización opositora.

Una de las principales transformaciones en estos días fue cambiar la cúpula del Partido Peronista, en ánimo de aquietar las aguas internas. Con Alejandro Leloir en reemplazo de Alberto Teisaire en la nación, el perfil partidario se moderaba. Subió entonces a la primera línea de mando del Consejo Superior Faustino Picallo, el primer gobernador peronista de Mendoza (^{La Libertad 1955a}). Era un signo contundente para los peronistas mendocinos, una orden de apaciguamiento a la movilización popular y una promesa de calma para los sectores más moderados del peronismo y del antiperonismo que rechazaban la política de los "cabecitas negras". En el mismo movimiento el Partido Peronista cambió al interventor y la composición del Consejo Provincial (^{La Libertad 1955b}).

La nueva consigna partidaria, de acuerdo a los dichos de Picallo y el nuevo interventor Alberto C. Lezcano, fue: "menos afiliados y más peronistas". La intención era diferenciar a los "verdaderos peronistas" de aquellos que se habían afiliado por "conveniencia": "se trata de dar jerarquía a la agrupación erigiendo que solamente permanezcan en ella aquellas personas cuya voluntad haya sido reiteradamente expresada y eliminando las afiliaciones de compromiso, hechas casi siempre en procura de ventajas inmediatas" (La^{Libertad 1955c}, 6). Llamaban entonces a los afiliados a concurrir a ratificar su afiliación en los próximos días. Luego se realizarían elecciones internas y se daría representación a las minorías dentro de cada unidad básica, en los consejos departamentales, provinciales y hasta en el superior, "siguiendo así una línea coherente de abajo para arriba", concluía el comunicado (^{La Libertad 1955c}, 6). Todas estas iniciativas tendientes a cambiar los criterios organizativos nunca se llevaron a la práctica. El golpe de Estado en septiembre terminó con esa posibilidad y el peronismo se disgregó; sin embargo, para continuar mucho tiempo más intentando de diversos modos dirimir aquella conflictiva manera de representarse a sí mismo como el todo de una gran heterogeneidad.