Territorio, mercado de trabajo y policías

Durante los gobiernos radicales, la situación socioeconómica de los Territorios Nacionales se iría modificando con su fusión al mercado nacional a través de la explotación agrícola, forestal y petrolífera, al mismo tiempo que impactaría el crecimiento demográfico de algunos de ellos. Quienes buscaban empleo, ya sea para incorporarse al mercado de trabajo o para mejorar su situación dentro de él, así como también quienes buscaban personal para alistar a las filas policiales, contaron con varias opciones durante estos años. La economía expansiva, los movimientos migratorios y el auge de mano de obra fueron elementos de un proceso de urbanización.

En el caso de La Pampa, entre el Censo Territorial de 1920 y el de 1935, la población experimentó un crecimiento de 126 928 a 175 077 habitantes.⁹ En la capital y un par de municipios comenzaron a percibirse indicios de una transformación en la planta urbana. Los centros con mayor desarrollo aumentaron casi al doble su población. El resultado fue una sociedad que crecía con ritmos desiguales y dependía en cada poblado del impulso de sus habitantes.

Las cosas iban cambiando en la década del veinte. Como respuesta a la inviabilidad del monocultivo del trigo, un proceso de diversificación impulsó al avance de otros cereales en un contexto de disminución del área sembrada en general. De acuerdo a lo expresado por Lluch, en esta etapa se inició una diversificación cerealera operada en torno a un conjunto de nuevas estrategias productivas. Las zonas más favorecidas lograron combinar la ganadería y la agricultura, mientras otras sembraban en forma simultánea cereales alternativos al trigo (Lluch 2008, 151). Con ciertos vaivenes, la demanda de trabajadores del agro se caracterizaría por una inestabilidad estacional que provocaría un exceso de brazos y, en consecuencia, un aumento de desocupados acompañado por una tendencia al paulatino despoblamiento rural, en parte por la mecanización de los campos y la introducción de la maquinaria en el ámbito productivo (^{Di Liscia y Lluch 2008}, 121; ^{Ledesma y Folco 2008}, 246). La continua y acelerada mecanización profundizó la expulsión de mano de obra, a la vez que intensificó la demanda de empleo bajo diferentes modalidades. El cambio tecnológico modificó los volúmenes y segmentos demandados de trabajadores asalariados, las calificaciones requeridas y la dinámica del mercado de trabajo, rasgos que se verán agudizados en la década de los treinta con el denominado "proceso de modernización agrícola" (^{Benencia y Quaranta 2007}, 96-97). De esta forma, con el devenir de estos años, cesaría la incorporación masiva de brazos al campo para dar inicio a una lenta sustitución de estos por tecnologías que implicaban un conocimiento más integral -la cosechadora, el camión, el tractor, el elevador-, el cual se manifestaría en la organización productiva.¹⁰

En 1930, al manejo deficiente de los suelos, la sequía y la deforestación excesiva que afectaron la producción y la demografía regional, se sumó las repercusiones de la crisis económica. En ese contexto, el aumento de planteles ganaderos cobró peso por sobre la agricultura. Respecto al comercio, el despoblamiento rural trajo aparejado la lenta desaparición de los "almacenes de ramos generales" a la par del surgimiento de instituciones específicas para la financiación, por un lado, y de nuevos minoristas con perfiles más especializados, por el otro, como almacenes, agencias de autos, estaciones de servicio, ferreterías, entre otros ejemplos. Como advierten Lluch y Comerci, en relación a la actividad industrial, en la etapa territoriana se componía de una multiplicidad de pequeñas unidades, representadas principalmente por los talleres de manufacturas -hornos de ladrillos, herrerías, carpinterías, talabarterías, etcétera-. De este conjunto se distinguía la industria harinera y, en menor medida, los aserraderos y las empresas de extracción de sal (Lluch y Comerci 2011, 20).

Para ponderar los cambios y continuidades en el mercado laboral durante el lapso temporal estudiado, se podría considerar, con fines comparativos, que la categoría de jornaleros ocupaba al mayor número de trabajadores -23 987-, a los que les seguían pequeños y medianos productores agrícolas -13 517-, mientras que nuevas categorías de actividades irrumpían en el mercado de trabajo: comerciantes e industriales sumaban 3812 empleados y los profesionales liberales o funcionarios ascendían a 1779 (^{Ledesma y Folco 2008}, 246-257).

Como consecuencia de estas alteraciones en la dinámica económica y productiva, en el mercado de trabajo, ciertas labores, como las vinculadas a las actividades secundarias y terciarias se consolidaron, mientras que otras, como la policial, lo hicieron en menor medida. 723 era el total de policías del territorio para la década de 1920. En la tabla 1 se evidencia como La Pampa se veía favorecida en la cantidad de efectivos en relación a los restantes Territorios Nacionales.

La correlación entre crecimiento demográfico y crecimiento económico, un lugar destacado en el presupuesto nacional y, posiblemente, la mayor cercanía geográfica con Buenos Aires, tendió a situar a La Pampa en un nivel diferente al resto de los territorios. De acuerdo a las memorias del gobernador Duval, se sabe que desde abril de 1932 hasta 1939, la dotación de efectivos de vigilancia estuvo integrada por 40 sargentos, 80 cabos y 465 agentes.¹¹

Avanzadas las dos primeras décadas del siglo XX, el número de efectivos había crecido pero no lo suficiente para acompañar el salto demográfico de estos años. La muestra de legajos de personal analizada evidencia que el perfil sociolaboral de los policías en el Territorio Nacional de La Pampa no experimentó marcadas variaciones en comparación con los primeros años de organización institucional (^{Fernández-Marrón 2018a}).

Individuos procedentes de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, San Luis y el litoral argentino se sumaban a las fuerzas; algunos pocos eran españoles e italianos. Hubo un claro aumento de argentinos -81 %- con respecto a la población transoceánica -16.1 %- y latinoamericana -2.9 %-. Pero fueron los nativos jóvenes y solteros entre veinte y treinta años quienes constituyeron el núcleo de la composición del plantel policial. Aunque se advierte una ampliación de reclutas mayores de cuarenta años, hecho que la normativa vigente prohibía.¹²

En una labor inequívocamente masculina, la distribución por ocupación previa de los policías se había modificado sustancialmente: empleados 53.4 %, jornaleros 26.5 %, estudiantes y músicos alrededor de un 3 %, tipógrafos, mecánicos y comerciantes 1.5 %, a los que los secundaban, en menor proporción, albañiles, carpinteros, herreros, electricistas y telegrafistas, entre otros.

Una cantidad de los que ingresaban seguían siendo jornaleros jóvenes que trabajaban como gendarmes, cabos o sargentos no más de tres años, sin gran estabilidad en los puestos y en los destinos asignados. Al igual que en la fase temprana de formación institucional, del conjunto de brazos que se unían a la policía, el promedio de agentes abandonaba el servicio después de un corto período para regresar a trabajar la tierra, en los incipientes talleres artesanales o para emplearse en algún comercio. Conservando patrones similares a los últimos años del siglo XIX y la primera década de la siguiente centuria, la media de ingresos a la institución se estableció entre una y tres veces.

Por tanto, una alta rotación por los pueblos del far west pampeano y una movilidad ascendente o descendente en los cargos seguían perjudicando los proyectos de profesionalización. Cabe mencionar que la tendencia se mantuvo constante en relación a la cantidad de traslados experimentados por la tropa. Los niveles variaron entre tres y cuatro movimientos a diferentes poblados, siendo quince la cantidad más elevada. En cuanto a la movilidad de cargos de la tropa, la mayoría de los hombres fueron eternos gendarmes, y solo un mínimo porcentaje del plantel logró obtener un ascenso -7.2 % y 0.2 % pasaron a ser cabos y sargentos, respectivamente-.¹³ Mientras, como veremos más adelante, se constata entre 1920 y 1930 el inicio de carreras policiales entre oficiales, subcomisarios y comisarios. En este contexto, la institución buscó y se propuso implementar medidas tendientes a transformar a su personal, aun cuando la falta de presupuesto desalentara los objetivos y limitara su duración. Las reformas nacían de la necesidad de normalizar ciertas prácticas, entre ellas las que estaban vinculadas con la conformación del plantel policial.¹⁴ La decisión de llevar adelante modificaciones en la formación del personal suponía, seguramente, un menor número de agentes que el requerido por la población y la institución. Optimizar su perfil por medio de mayores requisitos y capacitación planteó -y sigue planteando- un gran desafío; de modo que el territorio no quedaba exento del clima de época en el que se pretendía una reorganización de las fuerzas policiales.

Reformar el reclutamiento y la instrucción

La intención de crear una carrera policial confluyó con las propuestas de cambios entre 1920 y 1933. En primer lugar, durante la jefatura de Manuel Videla (19201924), se realizaron reformas en el reclutamiento por mérito, por entrenamiento y por el avance estructurado a lo largo del desempeño profesional. Estos aspectos involucraban no solo una regularización en la selección del personal, sino también la necesidad de eliminar viejos mecanismos de captación y mantenimiento de los policías. Más tarde, para hacer atractivo el trabajo policial, llevó adelante una reforma en la escala salarial y un aceitado funcionamiento del acceso a la jubilación, beneficios que serían ampliados en la jefatura de Rodrigo Sansinenea (1925-1927) y de Pedro Basualdo (1927-1930). En los convulsionados años treinta, circularon por el Departamento Central cuatro jefes policiales: Antonietti (1930-1931), Roberto Roca (1931-1932), Pedro Basualdo (mayo a septiembre de 1932) y Ventura Cardoso (octubre de 1932-1933). La inestabilidad en el cargo, posiblemente, refleja las intervenciones en las agencias del Estado a nivel territorial de las presidencias de Uriburu y de Justo. Para entonces, a estas preocupaciones más "clásicas" se adicionaron otras más urgentes. En un contexto de lógicas políticas cambiantes, al igual que en otros Territorios Nacionales (^{Bohoslavsky 2010}; ^{Carrizo 2010}; ^{Rafart 2008}), la cúpula policial procuró una reorganización, burocratización y profesionalización de sus filas en medio de apercibimientos y purgas de empleados; a la par que se creaban nuevas oficinas de vigilancia -como la Sección Orden Social y Político-.

Así fue como estos años se configuraron en una etapa de replanteamiento y redefinición institucional cuyas transformaciones habrían de afianzarse a partir de la llegada de Virasoro y Duval al gobierno local. Tales iniciativas se inscribían en necesidades y problemáticas tradicionales que cada jefe supo traducir de una manera particular.

¿Cuáles fueron las modificaciones en relación con la selección de personal? Las primeras normativas no precisaban condiciones para el reclutamiento. En el Reglamento de policía urbana y rural de 1886, no se pronunciaba en relación a las características que debían reunir esos dos o tres agentes que acompañarían al comisario. A comienzos de 1900, las órdenes del día incluyen las primeras medidas que indicaban a quién no se deseaba como aspirante. Se subrayaban dimensiones legales y morales y se introducía el límite de cincuenta años de edad. Comprobar la buena o mala conducta ante testigos era imprescindible, tanto como no tener el hábito de la bebida o causas criminales.¹⁵

Sin reglamentos internos que explicitaran las condiciones apropiadas de los uniformados, en 1913, los gobernadores territorianos discutieron sobre la contratación y la forma de realizarla. Las vacantes producidas por el personal de tropa serían cubiertas por personas contratadas por la gobernación o por la Dirección General de Territorios Nacionales en la capital o en las provincias. Pero, visto que muchos de los aspirantes provenían de otros países, se decidió finalmente ampliar la convocatoria de los contratos.¹⁶ La preocupación, en este momento, era la continuidad del trabajador en la institución. Por ello, más que establecer la idoneidad para el cargo, se dedicaron a debatir qué instrumentos podían emplear para contratarlos y retenerlos.¹⁷

Diez años después de esos debates, cuando Manuel Videla se encontraba al mando del Departamento Central, se llevó adelante un primer intento de sistematizar la elección del personal. A la vuelta de siglo, los comisarios departamentales o los encargados de las dependencias proponían a la jefatura los candidatos locales, para luego ser nombrados por disposición gubernamental.¹⁸ Lo mismo sucedía cuando un comisario abandonaba su puesto en una localidad para asumir en otra. El comisario saliente le sugería al alcalde del municipio quién lo reemplazaría y éste sería, luego, aprobado por el gobernador. El resultado fue un puesto electivo que el compañero que dejaba el cargo o era trasladado insinuaba de una corta lista de nombres. En muchos casos, los hombres de la lista eran locales; a veces, eran ex-militares; a veces, hombres de otras provincias que buscaban una posición en el gobierno para una nueva etapa de su carrera en la burocracia estatal emergente. Dicha forma de contratación no fue particular de La Pampa. La policía porteña facultaba, en 1904, a los propios comisarios a proponer y seleccionar candidatos. La urgencia facilitó que muchas veces el ingreso se decidiera en el espacio de las propias comisarías (^{Barry 2009}, 46).

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, estas formas continuaron en uso, aunque las vacantes ahora eran propuestas por el jefe de policía, el gobernador o el ministerio del interior. Posiblemente, el aumento de la desocupación en las tareas campestres y, en consecuencia, un mayor número de candidatos, colaboró para que la institución se apegara a las normativas de reclutamiento.

A partir de 1923, para acceder a un puesto como agente se debía haber cumplido el rol de ciudadano en las elecciones y en el ejército. También presentar ciertos rasgos físicos. No poseer defectos corporales era un requisito que implicaba estar apto para cabalgar días y días en un servicio continuado en la campaña.

Ser argentino nativo o naturalizado, no menor de 19 años ni mayor de 40, de talla mínima de un metro sesenta centímetros (1,60), poseer convenientemente el idioma nacional, saber leer y escribir, tener por lo menos seis meses de residencia en el territorio; b) Ser de buenos antecedentes y costumbres, no haber sido dado de baja del Ejército por inútil para el servicio o con mala nota; c) gozar de salud suficiente según comprobación de la Asistencia Pública o médicos de policía locales, que le permitan desempeñar la debida tarea del cargo.¹⁹

Los candidatos que no podrían alistarse eran aquellos que hubiesen obtenido la baja con prohibición de reingresar y los que demostraran falta de constancia en el servicio por sus constantes pedidos de licencia, altas o bajas. Cuando se tratase de algún reincidente, era necesario que exhibiera el certificado de buena conducta. Dichas precisiones forzaron a que toda una gama de antecedentes quedaran registrados en el legajo individual de cada miembro. Un historial que contendría idoneidades, competencias y méritos. Dado el carácter de esta fuente de información, allí figurarían los detalles de la fecha de ingreso, de los ascensos y de los apercibimientos o de las licencias concedidas.

Merecían ser señaladas en el legajo las costumbres de vida, el grado de honestidad y los modos de ser. Al compilar todo lo que se relacionara con cada uno de los agentes, los legajos se convirtieron, para los superiores, en una pieza fundamental para evaluarlos. Sin embargo, como podrá observarse más adelante, conocerlos no suponía que estuvieran más preparados y cualificados para el trabajo policial.

En su breve paso por el Departamento Central, Tomás Black reforzaría dicha propuesta.²⁰ En el interregno de 1924-1925, Black estableció que la Comisaría de Investigaciones e Identificación expediría una "cédula de aptitud" luego de haber pasado satisfactoriamente los exámenes de antecedentes realizados por esa sección. Con ese documento en mano, los aspirantes podían presentarse ante cualquier comisario departamental para solicitarle el alta por escrito.²¹

Una vez seleccionados, ¿cómo se preparaba a los uniformados para el metier? En el plano del entrenamiento formal, saber leer y escribir eran requisitos para poder capacitarse en los saberes específicos que demandaban las siguientes tareas: la administración de correspondencia, la teneduría de libros de guardia de las comisarías, la correcta redacción de un sumario o hasta la toma de impresiones digitales en la oficina de investigaciones. En términos cuantitativos, para este periodo, el 94.9 % poseía algún tipo de conocimientos de lectoescritura. No obstante, esta cifra puede confundirnos, pues la experiencia educativa era desigual. Mientras algunos llegarían a poseer la primaria completa, otros solo los primeros años del ciclo. Como resultado, el personal que ingresaba tenía serias deficiencias de instrucción general y aun profesional. Por entonces, la institución también apoyaba el proceso de escolarización al convocar a empleados que no supieran leer ni escribir a asistir a escuelas nocturnas en los pueblos donde residieran. Pero dejaba de ser una sugerencia cuando los comisarios, subcomisarios y encargados forzaban a que se acudiera a los sitios educativos a cambio de no ser penados mediante la separación de la institución.

En su afán por revertir la poca preparación del plantel, Videla dictó la circular n.° 1508 -cuyos antecedentes eran las circulares n.° 42 y n. ° 546 de 1910 y 1915, respectivamente- que involucraba la instrucción militar del personal, el dictado de academia y la revisación general del armamento y vestuario. Cotidianamente, en las primeras horas de la mañana, los agentes, cabos y sargentos debían recibir academia por una hora bajo la dirección de subcomisarios o comisarios. Como se ha expresado para otros espacios territorianos (^{Bohoslavsky 2010}; ^{Fernández-Marrón 2017}), entre los conocimientos impartidos se fusionaban experiencias personales en la función junto con "la preparación física, las reglas de urbanidad, el comportamiento ante el público, las buenas costumbres, la higiene y aseo individual". Podía incluirse en la instrucción todo aquello que se relacionara con "lo culto, serio y enérgico que tenía que caracterizarlos, sin que esto deviniese en procedimientos autoritarios".²²

Esta tentativa de profesionalización se veía obstaculizada por la escasa disponibilidad de recursos para que todos accedieran a la divulgación de saberes. Desde hacía un tiempo, comenzaban a marcarse dos realidades que convivían en simultáneo entre el agente que habitaba la capital y aquel que formaba parte del paisaje campestre. Por un lado, los empleados de campaña aislados en el terreno se encontraban solos con su experiencia, su intuición, su saber profano. Tal vez, muchos de ellos se quedaran durante años en un mismo puesto por falta de capacitación o por plazas que no alcanzaban para promoverlos. Por otro lado, unos pocos comenzaron a poseer un saber formal proveniente de la especialización de tareas en divisiones especiales dentro de la jefatura, que los pusieron en intercambio con otras policías provinciales -Córdoba, Buenos Aires-. La presencia de agentes asociados más a tareas administrativas -escribanos, oficiales o meritorios- que a rondar por los campos a caballo permite corroborar un ordenamiento y distribución del servicio, que comenzó a adquirir ciertas especificidades en sus funciones en un espacio con una configuración poblacional y productiva desigual (^{Fernández-Marrón 2018b}, 164-165).

En el marco de las reformas anunciadas, se conformó en la comisaría capitalina una biblioteca con libros "de academia y de instrucción" para aquellos socios que abonaran la módica suma de veinte centavos mensuales. Además, se planteó la confección de un manual de instrucciones para que cada empleado conociera sus deberes y formas de actuar. El diario La Autonomía decía al respecto: "El manual de instrucciones lo creemos siempre necesario [...] a la anarquía reinante en la repartición policial, hay que agregar incultura y falta de conocimientos. Y bien podría encararse una acción de educación y de instrucción, asesorado el jefe, por funcionarios antiguos y de escuela, que saben cuál es la misión del policía".²³ Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

A pesar de la importancia que cobraba la capacitación, cada uno de los jefes de policía, en su momento, expuso que la mayoría del personal subalterno carecía de las nociones elementales sobre sus deberes y atribuciones, por lo que suponían que estos no recibían habitualmente sus clases o no eran dictadas correctamente por los superiores.²⁴ Tales reclamos intentaban contrarrestar la falta de "circunspección y tino en los procedimientos" que, en la mayoría de los casos, reportaban solo quejas y cargos negativos.²⁵ Habría que esperar hasta 1937 para que comenzaran a organizarse los primeros cursos de academia para la formación de los cargos superiores.²⁶

Por último, un aspecto clave que condensaba parte de los motivos de abandono del trabajo policial eran las condiciones materiales y laborales de los uniformados. De modo que, en estos años a la par de las modificaciones en el reclutamiento y la profesionalización a través de la instrucción, se apuntó a incrementar los salarios en dos oportunidades. Salvo los de jefe y comisario inspector, que se mantuvieron sin alteraciones hasta 1940. Un primer aumento se registró en 1920, con una suba de un 50 %, que beneficiaba a comisarios y subcomisarios, mientras se equiparaba la retribución para todo el plantel de base en $ 100 (tabla 2).

Tabla 2 Planilla demostrativa de los movimientos salariales entre 1920 y 1940²⁹  

Fuente:^{Lluch (2005}; 2006); Miguel Duval, Memoria presentada al Superior Gobierno de la Nación, Período: 1939, Talleres Gráficos de la Gobernación de la Pampa, Santa Rosa, 1940, en AHPLP, Sala Biblioteca.

Cinco años después, durante la jefatura de Sansinenea se revertiría la tendencia al otorgar un aumento salarial de 100 % para oficiales, sargentos, cabos y gendarmes -$ 180, $ 165 y $ 160, respectivamente-.²⁷ Este cambio en la composición salarial, probablemente, acompañaba la intención de la anterior reforma en la selección del personal. A la par que se esperaba una mayor permanencia voluntaria en las filas, se buscaba estimular a los rangos que comenzaban a ascender en la carrera policial -como los oficiales-. Sin embargo, la prensa gráfica señalaba que el aumento salarial evidente en los puestos rasos no se condecía con el estacionario sueldo de un comisario y las responsabilidades que este tenía bajo su mando, lo que derivaba en el recurso de viejas prácticas de coimas.²⁸

Los registros oficiales permiten corroborar que los aumentos salariales del personal policial eran decisiones tomadas por el gobierno nacional. Como se ha expresado, los gobernadores territorianos estaban limitados a desplegar un repertorio de medidas políticas, económicas y sociales sin la autorización del Poder Ejecutivo. Más aún, en la práctica, los presupuestos para cada una de las gobernaciones eran instrumentados por el Ministerio del Interior. Dentro de esa distinción, los salarios de la reforma de 1925 fueron homogéneos para las policías de los territorios nacionales.

Por otra parte, si se compara con otros empleos, los salarios ofrecidos por mes en el campo oscilaban entre $ 65 y $ 286. Dentro de esos trabajos, el mejor pago era el oficio de caballerizos seguidos por los maquinistas y, en menor grado, los vinculados a las tareas de los peones, boyeros, bolseros, estibadores -entre $ 65 y $ 95- (^{Ledesma y Folco 2008}, 272). A principios de la década de los veinte, los sueldos policiales se habían acrecentado en mayor proporción que los de algunos rubros agrícola-ganaderos. En 1921, se había establecido un aumento del salario mínimo a los empleados estatales, que pasaba de $ 100 a $ 160 (^{Persello 1991}, 140). Si bien el salario de un policía podía acercarse al de un empleado de comercio y hasta al de un jornalero e, incluso, igualarlos, las carreras laborales eran muy distintas.

Además de la mejora salarial, una serie de medidas sociales tuvieron como propósito optimizar la situación del policía una vez que culminaba su carrera o debía abandonarla por invalidez -indemnización/pensión-. De acuerdo con la Ley n.° 4349, sancionada en 1904, el personal de policía obtenía sus beneficios jubilatorios ordinarios con veinticinco años de servicios y cincuenta años de edad. La jubilación era del 90 % del sueldo básico cuando no excediera los $ 500 y de 80 % si superaba esta cantidad.³⁰ El trámite era gestionado de manera individual y personal, que podía demorarse meses o años.

Cuando el policía que consideraba haber acumulado la antigüedad y los años de servicio requeridos presentaba su solicitud ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; esperaba que su petición no fuera rechazada o archivada por no cumplir con los requisitos. Una vez acordada la jubilación, esta impedía la permanencia en el trabajo. El retiro era un haber que el Estado pagaba al empleado policial que ya no prestaba servicio ni formaba parte de la institución.³¹

En el nivel nacional, en 1923, el gobierno radical intentó aumentar drásticamente la nómina de trabajadores en condiciones de percibir jubilaciones.³² En ese marco, la policía pampeana transcribía, en sus órdenes del día, un futuro censo de empleados que realizaría la Caja Nacional de Jubilaciones y su posterior entrega en las reparticiones de los carnets a sus beneficiarios. Cada empleado recibiría un número que debía incorporarse a la planilla de sueldos, a partir del cual sería identificado durante toda su carrera administrativa.³³ Ese año, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles decidió crear un servicio de informes y reclamos para suministrar al público información e indicaciones para la correcta tramitación de la jubilación. A pesar de gozar con seguridad social desde hacía años, el radicalismo no buscó modificar los requisitos jubilatorios de los empleados policiales, aunque se propuso avanzar y dinamizar el acceso a la jubilación. A esas iniciativas, se sumaría un incipiente mutualismo que buscaría cubrir las necesidades de los vivos y honrar a los muertos de la institución.³⁴

Hacia una carrera policial

Es en ese contexto de cambios que hay que entender la configuración de una carrera policial. Dentro de las líneas directrices, se aspiró a reformar la vigencia de canales de acceso informales como las recomendaciones de aspirantes a policías hasta la intervención de algún intermediario local. Desde la cima representada por el jefe de policía hasta los comisarios, todos tenían un pasado de experiencias y contactos políticos.³⁵ Ambas jerarquías poseían casi la misma inestabilidad que el resto de los agentes rasos. En el intervalo de años estudiado se sucedieron en total ocho jefes de policía. Hasta 1891, el sector superior de la institución policial permaneció por menos de un año en el cumplimiento de su deber. Entre esta fecha y 1896, el promedio en el puesto fue de tres años con una duración mínima en el cargo. En los albores del nuevo siglo, la permanencia se extendió entre uno y cuatro años en general, aunque, si a estos datos se adicionan los períodos de jefaturas interinas, la situación de alta rotación se acrecienta.³⁶ En cuanto a su perfil socio-económico, los jefes de policías provenían de otras provincias, fundamentalmente de Buenos Aires y pertenecían a sectores medios de la sociedad. En algunos casos, tenían un pasado ligado al ejército. Estas autoridades, llegadas de afuera de la institución, eran retratadas por el diario local:

Ahí está de gobernador abajo hasta el cargo de vigilante, llenado en los territorios federales con todos los delincuentes y con toda la basura, que sale de los comités políticos desde Jujuy a la Capital Federal que nos los envía la casta gobernante de nuestro país. Eso desde los tiempos del régimen y ahora igual en la administración radical.³⁷

Desde la Dirección General de Territorios Nacionales, Ruiz Moreno, advertía en sus informes que la depuración de los cuerpos por elementos mejores escogidos también era necesaria en los cargos superiores. Pero era complicado suponer una mejor selección cuando el cargo del jefe de policía era sugerido o recomendado por el ministro del interior, lo que presumía una alta cuota de dependencia vincular con el sector político de turno. Como asevera Bohoslavsky, para el contexto neuquino, comisarios y jefes de policía viajaban de un territorio a otro. Para solucionar la corrupción y los abusos de autoridad, los apercibimientos o traslados de un punto a otro procuraban romper con las vinculaciones que se entretejían entre las altas jerarquías y los vecinos (2010, 230-237).

En oposición a los "comisarios que se forjan de la noche a la mañana, personajes oscuros de comité", se diferenciaban aquellos que no habían necesitado el "cuño" político para lograr un cargo o un ascenso.³⁸ Amaro D. había nacido en Bolívar - provincia de Buenos Aires- en 1891 y se había incorporado como agente con solo veintiún años, en septiembre de 1911. En los registros consta que, luego de un año dentro de las fuerzas, había sido promovido a cabo y, dos años más tarde, en 1914, acreditaba ya el rango de oficial, en el que perseveró cinco años. Se podría pronosticar que Amaro se habría retirado para buscar mejor suerte en el mercado de trabajo. No obstante, en 1919, fue ascendido a subcomisario. Con esa distinción jerárquica, continuó su carrera policial hasta 1940, cuando finalmente se lo elevó a comisario. Así fue como acaeció su último período como policía, en octubre de 1943.

Felipe O. era natural de Zárate -provincia de Buenos Aires- e hijo de los argentinos Julio y Celina. Tenía 25 años cuando se sumó a la institución como oficial interino. A pesar de solo haber cumplido casi un año en sus funciones, solicitó la baja. Regresó a principios de 1917 como agente. Al igual que el caso anterior, su trayectoria en la institución revela veintitrés años continuados en el servicio como cabo, oficial, secretario de policía y comisario. En esta jerarquía, se desenvolvía desde 1923 cuando se le otorgaron los beneficios jubilatorios en 1941.³⁹ Del análisis de las trayectorias individuales, se desprende que algunos policías que ingresaron en la década de 1910 alcanzaron el grado de subcomisario o comisario a mediados de los años veinte, rango con los que se retirarían de la institución.

Se puede presumir que, entre 1920 y 1930, mientras comenzaban a visualizarse ciertas carreras en ascenso, las jerarquías superiores todavía eran ocupadas por postulantes al empleo y por las presiones de los comités. De manera sugerente, expresa Pulido para el caso mexicano, los rangos intermedios y principales observaron un dinamismo basado en combinar méritos, competencia y cualificación con redes de parentesco, amicales e injerencia de altos funcionarios (^{Pulido 2018}, 707).

La policía no escapaba a lo que sucedía en la administración estatal. En los gobiernos radicales, la militancia partidaria y las vinculaciones tradicionales por lazos de lealtad y la afiliación a un comité fueron mecanismos frecuentes a la hora de designar empleados del Estado (^{Persello 1991}, 125), y la policía de La Pampa no fue la excepción. A cambio de unos favores, muchos lograban un ascenso, la permanencia en una comisaría o hasta el ingreso en algún puesto.⁴⁰ Ante estas prácticas, se argumentaba que la idoneidad debía ser la base exigida para que los ciudadanos pudieran optar por un cargo público.⁴¹

Desde hacía años, se venía llamando la atención sobre el reconocimiento de la antigüedad y de la aptitud para la promoción de los empleados.⁴² Buenos servidores del Estado, capaces y celosos del cumplimiento de su deber, no eran quienes terminaban siendo promovidos. O, por lo menos, no era necesario serlo para avanzar en la carrera policial.

En la misma línea que las propuestas de racionalización de la administración a nivel nacional durante la presidencia de Alvear, las preocupaciones del gobernador Núñez lo llevaron, junto al jefe de policía Videla, a esbozar e implementar una "obra de saneamiento y de depuración" en ciertos rangos de la institución. Con un tono mesurado, la reorganización comenzaría desde arriba hacia abajo. Operando en distintos niveles, primero, se verían afectadas las altas jerarquías -comisario inspector, comisario- y luego, las intermedias -subcomisario, oficiales y escribientes-. ⁴³ Esta medida daría el puntapié inicial para la creación del escalafón que respetara la antigüedad y las pruebas de competencia.

Entre todos los textos producidos por la prensa al calor de la reforma policial, uno de ellos concedía especial atención al saneamiento por legajo.⁴⁴ Se apuntaba a profesionalizar a un núcleo de empleados a partir de un movimiento en los rangos que podía implicar ascensos, bajas o altas. Para avanzar en la carrera de las jerarquías, se prestaría atención a la conducta, la preparación, la honradez y la laboriosidad. Gracias a la documentación oficial, se sabe que la batalla de los ascensos se ganaría por antigüedad, por mérito y por arrojo.

Desde las páginas del diario La Autonomía, los redactores, a su modo instalaban el tema de regular la conformación y promoción del plantel a partir de su elección con criterios definidos "justicieramente pensando solo en los merecimientos".⁴⁵ No sería extraño que la cuestión del ascenso laboral tuviera algún peso en el plano social. Quizá, las condiciones laborales en relación con otros trabajos continuaran por debajo de los ideales, pero ocupar un nuevo escalafón lo situaría al policía en un estatus de redes y contactos diferente.⁴⁶

La compleja articulación de conductas morales privadas y públicas que la obra de saneamiento procuraba desplegar entre su fuerza no hizo más que profundizar la laxitud y discrecionalidad, en ciertos casos. No se pude exagerar el efecto generalizado que este intento de reforma tuvo en la institución. Un año después del inicio de la "depuración" policial, el partido socialista local acusaba al nuevo jefe de policía, Rodrigo Sansinenea, de crear puestos para ubicar a sus amigos, favoritismo en las designaciones de cargos y persecuciones a subalternos.⁴⁷ Sea como fuere, independientemente de la jerarquía, aun en esta etapa de transición la tolerancia institucional era considerable; y se podía permanecer o ascender de nivel con un historial objetable.⁴⁸ Expresado en otros términos: mantenerse en el escalafón o desplazarse de él no implicaba grandes esfuerzos.

Tal es el caso de Juan Santos, quien se había incorporado en junio de 1922 como gendarme. En los registros consta que, luego de varios meses dentro de la fuerza, había sido promovido a cabo y tres años más tarde, en 1925, acreditaba ya el rango de sargento, en el que perseveró nueve años. Se podría pronosticar que Juan Santos se habría retirado con la jubilación ordinaria de sargento después de trabajar casi doce años en la institución. No obstante, los constantes llamados de atención y suspensiones, permaneció como gendarme hasta 1934 cuando fue dado de baja.

Juan había nacido en Entre Ríos, en 1893, y lo más probable es que la decisión familiar de venir a la llanura se relacionara con las probabilidades de trabajo que, entonces, ofrecía el campo argentino. Con veintinueve años, pudo obtener una vacante como gendarme. Instalado en Macachín -localidad de la franja oriental- y, habiendo prestado funciones en nueve vecindarios diferentes, fue sumariado por irregularidades y faltas graves en sus actuaciones. Tantas mudanzas de destino, sin embargo, no pueden ocultar una constante: las máximas autoridades policiales tenían una visión negativa de la administración del orden que este sargento llevaba adelante en el destacamento de ese pueblo y ella se había acentuado notoriamente a mediados de 1927. Para entonces, las críticas a sus periódicos estados de ebriedad en la mayoría de los expendios de bebida derivaron en llamados de atención, suspensiones y advertencias. Con todo, las actitudes del sargento enfrentaban a la institución a un desafío nada desdeñable: transigir ante esos comportamientos.

No era la primera vez que esto sucedía. Ya en febrero de ese año, López, el oficial encargado de la comisaría, expresaba, en su informe, el accionar incorrecto de Juan Santos. Allí relataba que, a las 23 horas, halló, en el interior del lenocinio local, al sargento alcoholizado aún en servicio "sin gorra y echado sobre el mostrador". López lo convocó a dejar de contrariar las disposiciones expuestas en el reglamento de policía.⁴⁹ Tampoco tuvo éxito el oficial en lograr convencer al sargento de abandonar la casa de tolerancia. Porque, en ese estado, "las ideas erradas sobre la superioridad y su libertad de actuar malentendida" engendraban en Juan un sentimiento de "estar acostumbrado a hacer lo que se le diera la gana".⁵⁰ Al mismo tiempo, el oficial exponía la mala influencia que el sargento ejercía en sus subordinados. López insistió que era frecuente la experiencia de ser invitado a beber en su compañía, en cualquiera de las fondas de bebida, como aquel día en que Juan convidó al meritorio Segundo G. unas copas.

En el sumario instruido, cada uno de los involucrados fue convocado a comparecer a fin de testificar en el caso de Juan Santos. Desde los comerciantes españoles hasta las pupilas de la casa de tolerancia, todos manifestaron y atestiguaron la asiduidad del sargento ebrio, agresivo y pendenciero en estos sitios. Poco después de haber finalizado con los interrogatorios en la investigación que llevó adelante el comisario de la zona, quedó retratada la visión que los vecinos tenían de su colega: con una "aureola de hombre impulsivo, guapo y peligroso" hacía sentir el "influjo de su matonismo hasta con sus propios compañeros".⁵¹

¿Cómo terminó este episodio? En abril de 1927, el jefe de policía dispuso aplicar "por esta vez al referido sargento cuarenta y ocho horas de arresto sin perjuicio del servicio que cumplirá en el local de la comisaría de esta Capital, previniéndole que una reincidencia dará motivos a medidas más enérgicas. Cumplido el arresto trasládesele al departamento de Castex".⁵² Esta decisión indulgente significaba, por un lado, el abuso y la repetición de estas prácticas. Por otro lado, la creciente indiferencia para conservar o ascender de puesto a partir de actos correctos y esmeros individuales que merecieran reconocimiento.

Con todo, los recurrentes malos antecedentes que Juan acumuló en su historial no dejan de revelar las limitaciones institucionales para infundir mayor severidad, junto con la holgada benevolencia que caracterizaba la aplicación de las sanciones. El 1 de diciembre de 1933, el jefe de policía, Marcos Carioni, notificaba a Juan Santos que se lo rebajaba de categoría a gendarme y se lo trasladaba a Santa Isabel por negligencias en el ejercicio de sus funciones con el agravante de concurrir ebrio habitualmente. Pasado un año, fue dado de baja.⁵³

El efecto de la obra de saneamiento de los años veinte parece relativo en este caso. No todos recibían el correctivo acorde con los reglamentos. Mientras algunos eran exonerados, a otros se les aplicaban sanciones breves y leves. Posiblemente, estas circunstancias dependían de la influencia que cada policía tenía -dentro y fuera de la institución- para revertir su situación. Al alcance del lector quedaba expuesto "el éxodo de buenos empleados". Lo que los periódicos venían esbozando de forma fragmentaria, bajo este titular aparecía retratada la política gubernativa de trasladar a buenos empleados, "cuyas vacantes se llenan con empleados que tienen a sus espaldas negras fojas de servicios, cuando no acusaciones criminales y delitos no pagados".⁵⁴

El cuadro que Juan Santos ofrece no es excepcional. Basta señalar, en este sentido, que las trayectorias inscriptas en los legajos para esta etapa, brindan una imagen de un plantel donde convivían dos orientaciones: aquellos que sin un claro objetivo de progreso continuaban entrando y saliendo de la institución; y aquellos otros que entre 1920 y la década de 1930 cimentaron una carrera policial de largo aliento. En el primer caso, lo cierto es que ninguno de los empleados desconocía las falencias de recursos humanos en la institución, por lo tanto, este inconveniente institucional fue usado por el agente a su favor. En la segunda opción se advierte un conjunto de comportamientos que connotan la preocupación del policía por llevar una vida privada ordenada, al tiempo que una vida pública acorde con el deber; que lo haría meritorio de un paso más arriba en la escalera de posiciones y jerarquías. Tal dicotomía no debe ocultar que los perfiles sociales como las lógicas, prácticas y estrategias personales con distintos contenidos de racionalidad, variarían según el tipo de trabajo que desempeñaban dentro de la institución. Esto es, si eran parte del personal destinado a la oficina o si se trataba de agentes de calle.

Conclusiones

Por lo menos durante gran parte de los años veinte y treinta del siglo XX, estuvieron caracterizados, a nivel nacional, por la exigencia de una moralidad y racionalidad en la administración estatal. En la policía pampeana, el común denominador fue la creación de normas y el espíritu de sujeción a ellas de un cuerpo de funcionarios estable y competente, la eliminación de la arbitrariedad y los "contactos" políticos.

Al reconstruir el perfil de los policías se optó por captar las bases de la institución. Empero, se ofrece una descripción sobre el origen socio-económico de las cúpulas policiales. Con un plantel de tropa e, incluso, con jerarquías superiores que mantenían similares niveles de ingresos en la institución, una antigüedad de tres a cuatro años en el puesto y una alta rotación por los pueblos de La Pampa o por los territorios nacionales, los jefes que se desempeñaron entre 1920 y 1933 llevaron adelante distintas reformas que apuntaron a la profesionalización de sus miembros. Parte de este proceso se planteaba desde la capacitación para la mejora en las condiciones laborales -aumento salarial y un acceso más fluido en el trámite de jubilación-. Sin embargo, solo se cumplieron parte de los objetivos de estabilidad y rigurosidad en la selección y mantenimiento del personal.

Las trayectorias laborales expuestas, como las evidencias que llegan desde la prensa y la documentación oficial, dan cuenta de que ni el plan de "saneamiento" y reorganización del escalafón policial ni la captación y el entrenamiento de los agentes alcanzaron a modificar radicalmente el plantel. La tentativa de seguir y conocer el quehacer policial a partir del legajo personal no aseguró perfiles más adecuados. Un repaso por algunas biografías institucionales muestra que a pesar de todo, los recontrataban igual, con lo cual, la tensión con el mercado volvía a aflorar. En forma paralela, el sistema de escalafón por mérito, a la vez que por años de servicio, significaría un estímulo a los buenos servidores en detrimento de "los intereses de familia y las influencias políticas", que habían prevalecido con peligro para la estabilidad y la amenaza constante de "postergaciones injustas".⁵⁵ No obstante, muchas de las nuevas vacantes continuaron cubriéndose "con individuos de comité, conocidos guardaespaldas de caudilloides que aprovechaban de la actual administración territorial".⁵⁶

Esto no quiere decir que en ese universo heterogéneo de trayectorias laborales, el trabajo policial no fuera dejando atrás paulatinamente las características de ocupación transitoria. En La Pampa, al igual que en otros espacios de Argentina y algunos países de la región, con el desarrollo de una carrera policial se establecieron los rudimentos esenciales para que dejara de ser concebido como un trabajo contingente y pasara a ser una profesión (^{Cardenas 2018}, 119). Es decir, las propuestas de "depuración" o reforma de la fuerza policial territoriana pueden ser equiparable al de otras ciudades que experimentaron crecimiento demográfico, cambios en la planta urbana, aumento de servicios públicos y transformaciones en el mercado de trabajo. Sin embargo, debe tenerse cuidado con esta comparación. En la medida que la peculiaridad del caso abreva en su condición territoriana y "periférica"; que comenzaba a abandonar para estas décadas su marcada ruralidad.

Con todo, señalar las líneas de continuidad con el período anterior no supone desconocer las dimensiones novedosas de las reformas practicadas entre 1920 y 1933. Islas de racionalidad, entendidas como formas particulares de organizar la administración pública (^{Persello 1991}, 123) -en términos por ejemplo meritocráticos-, convivían entre comisarías ineficientes y superpobladas o ineficientes por la ausencia de personal. Policías de largos trayectos laborales coexistían con funcionarios recomendados por el caudillo influyente del pueblo o antiguos servidores de administraciones pasadas. Ese contraste no sugiere que, estas otras formas basadas en el reclutamiento personalista o clientelar no tuvieran una racionalidad específica.

Este artículo apenas permite enunciar un recuento general sobre la peculiar experiencia de reformas del sistema policial pampeano. Así, el panorama ofrecido en este texto devela las heterogeneidades y limitaciones de la policía marcada por ritmos y modalidades específicas en torno a la profesionalización de sus agentes. Queda pendiente el análisis más detallado sobre la creciente burocratización de la institución que obedecía a la especialización de las labores de oficina, fundamentalmente, con gestionar información y la investigación.