Un movimiento social surgido de un problema migratorio

El caso ex bracero, también llamado como problema bracero, se ha erigido como una problemática de origen migratorio que ha traspasado las décadas sin ser resuelta, y ha estado presente durante seis sexenios de gobierno en México. Apenas el 26 de febrero de 2021 en la conferencia mananera del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el mandatario mexicano aseveró que, con el fin de brindarle una solución a la problemática migratoria de mexicanos y centroamericanos, podría explorarse la posibilidad de proponerle a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden (2021-2024), un acuerdo similar al Programa Bracero para que estos migrantes laboren de manera legal en ese país. No se desestima tal propuesta y sus posibles implicaciones, no obstante, creemos que para debatirse, planearse y llevarse a la práctica un nuevo acuerdo, primero hay que saldar la deuda histórica con los ex braceros que trabajaron durante el Programa Bracero (1942-1964).

El surgimiento de la lucha social de los ex braceros se remonta al 15 de mayo de 1998, cuando Ventura Gutiérrez Méndez -chicano avecindado en Coachella, California- reunió en el salón arcoíris de su natal Puruándiro, Michoacán, a cuatro ex migrantes que habían participado en la bracereada. Se trataba de Eliseo Magana de la población de Rincón de Don Pedro, Manuel Magana de La Barranca, Pedro Magana de La Quemadita y Ramón Méndez de La Barranca; todas poblaciones del mismo municipio.² La reunión fue con el fin de darles a conocer que existia una irregularidad con los ahorros que les descontaron durante el Programa Bracero, por lo que los instaba a iniciar una lucha social con objeto de recuperar los ahorros perdidos. Ventura, que durante anos había tenido presencia en el activismo estadounidense -en el movimiento estudiantil chicano, el sindicalismo y las luchas cercanas a César Chávez-, tenia la suficiente experiencia para organizar colectivos, protestas y movilizaciones, además lo motivaba un aspecto familiar ligado a la memoria: su abuelo paterno Joaquín Méndez Méndez (fallecido en 1972) trabajó como bracero en el ferrocarril para la Union Pacific Railroad Company con sede en Dallas, Texas. A sus manos llegó una "mica" -la credencial que cada bracero recibía al concluir su contrato en Estados Unidos- con la que su abuela Lucía Méndez Méndez le solicitó que investigara "si calificaba para algún beneficio" en Estados Unidos (^{Astorga-Morales 2019}, 52).

Para buscar respuestas, Ventura viajó en abril de 1998 al Sindicato del Ferrocarril en Texas, donde no pudo encontrar nada. Pero fue en El Paso, Texas, donde se encontró con el activista Carlos Marentes director del Centro de Trabajadores Agricolas Fronterizos (Acetaf), quien le brindó las pistas que necesitaba para saber que se estaba ante el posible despojo del Fondo de Ahorro Campesino del Programa Bracero. Marentes le mostró un contrato original, en el que podían leerse dos cláusulas del convenio binacional de 1942, concerniente al Fondo de Ahorro:

Con esto Ventura y los líderes que se sumaron a la lucha pudieron respaldar sus argumentos en torno a un despojo de los ahorros. Además, posteriormente continuarían con su trabajo de documentación del despojo, encontrando valiosa documentación que les daba la razón. Pero, vale la pena detenernos en la explicación del Programa Bracero y el problema del despojo. Como se da cuenta hasta ahora, el Programa Bracero fue un acuerdo para regular la migración, por la que esta tomó un carácter de legal, temporal y esencialmente varonil. La firma del acuerdo bilateral originalmente llamado Mexican Farm Labor Program, se dio en un contexto complejo y tras diversas conversaciones entre los gobiernos de ambos países. La necesidad de un acuerdo de este tipo, surge en Estados Unidos debido a la escasez de brazos para levantar las cosechas. Se llegó a tal contexto luego de que el 7 de diciembre de 1941 declararan la guerra a Japón, tras ser bombardeada su base naval en Pearl Harbor. Es así como en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos movilizó a millones de personas a los frentes de batalla y las fábricas encargadas de la producción de armamentos y demás pertrechos bélicos, para conformar un ejército capaz en el frente de guerra recurrió al reclutamiento de doce millones de estadounidenses,⁴ y varios sectores como el agrícola, se vieron severamente afectados.

En México por otra parte, el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) en gran medida daba continuidad a las políticas implementadas por el anterior gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que habia permitido el despegue económico, y la proyección de "una etapa nacionalista, popular, independiente y moderna" (^{Durand 1994}, 122). Sin embargo, solo algunas ciudades veían los frutos de esta incipiente industrialización y en general la zona rural se mantenía en el olvido. El reparto de tierras con base en la Reforma Agraria era insuficiente si los campesinos carecian de incentivos económicos e implementos para trabajar la tierra. De modo que, un acuerdo de migración legal y temporal se presentaba como una "válvula de escape" (^{Morales 1989}, 203) para estos campesinos, e incluso para sectores empobrecidos de la zona urbana. A lo anterior habremos de sumar que el 22 de mayo del mismo ano, México declaró la guerra a las Potencias del Eje -Alemania, Italia, Japón- (^{Torres 2005}, 81-89), luego de que submarinos alemanes hundieron el barco mexicano "Potrero de llano" en el Golfo de México. En este sentido, la firma del Programa Bracero fue planteada por los representantes estadounidenses en "nombre del esfuerzo de la guerra", y vista en México como una de sus contribuciones a los Aliados (^{Cohen 2011}, 22; ^{Craig 1971}, 145). Finalmente, después de diversas conversaciones en la Ciudad de México, el acuerdo se firmó el 4 de agosto de 1942 durante los mandatos de Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt. Este acuerdo bilateral, con varias enmiendas y extensiones se prolongó por 22 anos. También, el 29 de abril de 1943 se firmó el Programa Bracero Ferroviario, con el que los mexicanos laboraron en el mantenimiento de las vías férreas en el vecino país del norte. Este programa solo se mantuvo activo hasta 1946.

Una de las consecuencias negativas del Programa Bracero fue la del despojo del Fondo de Ahorro. Se sabe que a su regreso de Estados Unidos, decenas de braceros protestaron en el Banco Nacional de Crédito Agrícola -que guardaba el ahorro de los braceros agrícolas- y el Banco del Ahorro Nacional -que guardaba el ahorro de los braceros de vía-; desde diversos estados fueron enviadas cartas dirigidas al presidente de la república o a los bancos, solicitando ayuda para recuperar sus ahorros, e incluso se tiene la constancia de las irregularidades suscitadas con los mecanismos de ahorro en las décadas del cuarenta y cincuenta. Por ejemplo, entre 1943 y 1945 se depositaron desde Estados Unidos 72 millones de pesos en los bancos mexicanos. También, hasta mayo de 1946 el Banco Agrícola recibió 80 155 288.05 de dólares por concepto de ahorros de los braceros agricolas. Mientras que el Banco del Ahorro Nacional recibió hasta ese ano 88 098 852.66 de dólares (^{Astorga-Morales 2017}, 101-152; STPS 1946, 86-89; Vélez 2002), sin embargo, solo una parte del dinero retornó a sus duenos, los braceros.

En 1998, como consecuencia del despojo y de los abusos durante el proceso migratorio, surgió una movilización de ex braceros reivindicando todo lo anterior. Al ser la consecuencia del Programa Bracero, el movimiento social rápidamente pudo extenderse por la mayoria de los estados de la república mexicana, pues también de todas las entidades habian emigrado braceros en su momento. Asi, a finales de 1998 y en 1999 el movimiento pasó de Puaruándiro a Moroleón, Yuriria y Salvatierra en el estado de Guanajuato, a Querétaro posteriormente, para posteriormente conformar grupos en Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Culiacán, y otras ciudades mexicanas. Además, tomemos en cuenta que, al término de su contrato como braceros, muchos mexicanos decidieron permanecer en Estados Unidos, o en anos posteriores regresaron como "indocumentados", por lo que el movimiento nació con el carácter de binacional. Es decir, existían adultos mayores ex braceros en diversos estados de Estados Unidos, y tempranamente -desde 1999- fue posible conformar grupos en Los Ángeles, San José, Stockton, Fresno, Salinas, Los Ángeles, San Bernardino, Coachella, Valle Imperial, Delano y Bakersfield California; en Yuma, Tucson y Phoenix Arizona; Seattle, Yakima, Toppenish Washington, en Chicago Illinois y en Las Vegas Nevada. Para que la extensión de la protesta fuera posible, se constituyó la organización Alianza Braceroproa en una clara alusión al fraude financiero del Fobaproa, retomado por los ex braceros para sostener que el "el primer robaproa había sido el Braceroproa". Tras este crecimiento vertiginoso, hacia el 2004 Braceroproa agrupaba a 100 000 ex braceros en México y Estados Unidos -según sus propias declaraciones-, y en 2006 la cantidad de 212 000.

Es de destacar que el repertorio de acciones del movimiento social siempre fue amplio y variado, aún y teniendo en cuenta que quienes se movilizaban eran adultos mayores entre 60 y 95 anos. Durante los primeros anos llevaron a cabo juntas, asambleas, manifestaciones y marchas en las calles, utilizaron pancartas y eslóganes. Un importante recurso simbólico fueron las imágenes del pasado. Las imágenes no solamente se encontraban en fotografías, sino en las memorias de los braceros, que desde el presente las rememoraban con el fin de reivindicar su lucha. Es asi que fueron individualmente y luego colectivizadas las memorias sobre las revisiones médicas, largas esperas, enfermedades y muertes durante las contracciones; los trabajos extenuantes, discriminación, racismo y accidentes laborales ya en Estados Unidos; así como las malas condiciones de alojamiento, de alimentación y sanitarias. Es decir, la lucha de los ex braceros no era solo por el ahorro, sino por la dignidad y la reivindicación histórica.

Entre el repertorio de acciones tenemos que, tempranamente por ejemplo, en noviembre de 1999, fue enviada una carta al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), donde se le hacia saber de la situación del ahorro bracero, le explicaban de manera breve los antecedentes, y le trascribían la información sobre el ahorro estipulado en el convenio de 1942. En la carta se expresaban que esperaban que "este asunto no se convirtiera en un Braceroproa".⁵ Sin embargo, los ex braceros pronto advirtieron que el envío de cartas y el manejo de documentación histórica serian insuficientes para lograr la atención de las autoridades y que era necesario el desarrollo de acciones más contundentes. Fue asi como durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) que realizaron las protestas más eficaces. Una de ellas fue el plantón ante el Banco de Crédito Rural (Banrural), institución financiera heredera del Banco Nacional de Crédito Agricola, que fue a donde se transfirieron los ahorros de los braceros desde Estados Unidos. El 23 de julio de 1999 se manifestaron alrededor de 2000 ex braceros en las oficinas regionales de Banrural en Querétaro; mientras que entre 8 y 10 de abril del ano 2000 realizaron un plantón en la matriz del banco en la Ciudad de México.

Pero la principal manifestación -la que les valió ser escuchados y que la movilización se mediatizara- fue la toma del rancho de Fox. Ventura Gutiérrez rememoró que hacia el 2004 la lucha habia tenido sus altas y sus bajas, "cuando empezamos fue de cuesta arriba, del 98 al 99; y la gente se cansa de reuniones, quieren que las cosas se resuelvan en caliente, que de un dia para otro". Fue por ello que se recorrió constantemente ambos países "para reanimar y motivar a la gente, y luego se viene el cierre de las oficinas nacionales de Banrural el 10 de abril del 2000 y eso nos dio bastante cobertura". Sin embargo, para el 2003 "mucha gente se empieza a desanimar... y es cuando se invade el rancho de Fox el 7 de febrero de 2004". Con la protesta en el rancho de la madre del presidente Fox, se puso en práctica un repertorio de acción pocas veces visto en los movimientos sociales: la manifestación ante una propiedad privada de un mandatario. Es decir, se partía de que las protestas ante los palacios municipales y de gobierno, las marchas en las calles, los plantones en los bancos y demás formas de expresión, habían resultado infructuosas, y los adultos mayores, sus esposas, viudas, hijos, nietos y demás personas que los acompanaban, necesitaban de resultados concretos.

De este modo, el 7 de febrero alrededor de 50 autobuses con ex braceros de diversos estados de la república arribaron a las inmediaciones del rancho de San Cristóbal, y al percatarse de que en el rancho los trabajadores se formaban el sábado para ir a "cobrar su raya", se decidió: "vamos nosotros al rancho de Fox y formamos una sola fila, entre 1,500 a 2 mil personas, y les vamos a decir que venimos a que nos paguen a nosotros también".⁶ Y asi sucedió, alrededor de 2600 ex braceros se plantaron frente al portón de la casa, en una serie de forcejeos con los elementos del estado mayor presidencial que custodiaban el inmueble -alrededor de 30 elementos- el candado del portón se rompió, así los ex braceros entraron en desbandada al patio del recinto. Para calmar los ánimos, Mercedes Fox Quesada -hermana del presidente- salió a dialogar con los manifestantes, mientras que el subsecretario de Gobierno Ramón Martín Huerta tuvo que venir desde León, Guanajuato, a mediar, llegando al acuerdo de que una comisión de ex braceros seria recibida el 12 de febrero de 2004 en la SEGOB en la Ciudad de México.

Definitivamente, las conversaciones con las autoridades federales, el programa de apoyo social que enseguida se detallará, y en general el ímpetu que alcanzó el movimiento, no se habrían logrado sin la rememoración del pasado migratorio y el papel fundamental de la memoria. Los ex braceros realizaron un uso público del pasado en el presente desde los primeros anos. Recordemos que desde la primera reunión e inicio simbólico de esta protesta social en el salón Arcoíris, las remembranzas del pasado migratorio se hicieron presentes. Lo comentado por Ventura Gutiérrez en torno a la bracereada y el despojo en cuestión, propiciaron que iniciara -primeramente en estos cuatro ex braceros y posteriormente en miles de personas en México y Estados Unidos- un proceso de recuperación de la memoria y de activación de las emociones (Aróstegui 2004, 17; ^{Astorga-Morales 2019}). Es así que tempranamente se advierte el acercamiento ineludible entre esta problemática y la memoria, pues fueron las rememoraciones del pasado migratorio las que incentivaron en Ventura la nostalgia y sentimentalismo propios del recuerdo familiar; es decir, al tratarse de su abuelo fallecido, hizo propias las historias de la bracereada. En definitiva, a las esposas, viudas, hijos y nietos integrantes del movimiento, les fueron transferidos el conocimiento, los valores, las vivencias del Programa Bracero, transformándose así en una memoria heredada. Es decir, se trataba de la transmisión de acontecimientos que son reconocidos como su pasado, aun cuando no todos lo hayan experimentado directamente (^{Iuorno 2010}, 42).

Tal proceso aconteció en miles de casos y permitió que esta memoria viva se volviera intergeneracional, que se consolidara una memoria colectiva, y se fortaleciera la identidad. Es por ello que, visualizada desde el presente, la memoria como el soporte de la percepción de la temporalidad, de la continuidad de la identidad personal y colectiva, y por consiguiente, donde se acumulan las vivencias donde se analizan pasado y presente (Aróstegui 2004, 156). En suma, el movimiento social de los ex braceros se amparó en el despojo y los abusos durante el proceso migratorio y se fortaleció por la memoria (^{Astorga-Morales 2015}).

El programa de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos (2005-2018): un balance crítico

El llamado "problema bracero" se relaciona con un asunto de peculado, ya que durante el programa laboral, los braceros cotizaron para un fondo de retiro campesino que se gestionó primero en Estados Unidos, a través de la institución bancaria Wells Fargo y después, mediante una transferencia financiera, mediante el otrora Banco Nacional de Crédito Agrícola -después Banrural- y el desaparecido Banco de Ahorro Nacional (^{Durand 2007}, 211-212). Durante los acuerdos braceros, se calcula que se firmaron 4 646 199 contratos, cantidad que corresponde a 3 233 755 trabajadores ferroviarios y agrícolas,⁷ ya que varios miles de ellos tuvieron dos o hasta más contratos a lo largo del programa (^{Schaffhauser 2019a}, 56-58). Hoy nadie puede decir con certeza qué pasó con este dinero, cómo se gastó o cómo se desvió de su finalidad inicial, y de qué cantidad se trata con exactitud, toda vez que se incluyen los intereses generados -anatocismo- desde 1964, cuando culminó "oficialmente" el Programa Bracero.⁸

Todo lo anterior corresponde a una suerte de etnografía sobre lo que resultó ser una amplia estafa social y financiera. Conforme fue creciendo la inconformidad de los ex braceros en el ámbito nacional en la década de los anos de 1990 del siglo pasado, se suscitó la creación local de organizaciones de braceros que pugnaron por sus derechos sociales. Esta acumulación de protestas y el descontento general entre el público bracero propiciaron el surgimiento de un movimiento binacional de braceros que incrementó su presión hacia las autoridades, durante el sexenio de Vicente Fox. En diciembre de 2005, se creó el fideicomiso 2106 -rebautizado 10230 en 2012- "Fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos", dependiente de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), encargado de su-pervisar y tramitar la indemnización y realizar el pago a los beneficiarios. En el sexenio siguiente del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se implementó este programa de apoyo social federal negociado entre las distintas partes involucradas y disenado en la administración anterior.

Sin embargo, este panorama institucional no ha sido tan idílico, pues hubo numerosas cortapisas para atrasar el pago de la indemnización: falta de preparación del personal administrativo, cambio repentino de las reglas de operación en 2009 -que implicaron fraccionar el pago acordado inicialmente de 38 000 pesos en un sola exhibición en anualidades por un monto de 4000 pesos- falta de coordinación entre los tres niveles del poder ejecutivo de la nación -municipal, estatal y federal- y las instituciones involucradas: el fideicomiso, las secretarias locales y el servicio de correos y telégrafos de México, encargado del pago. Por último, la vulnerabilidad del público bracero que se constituye de adultos mayores, la mayoria son campesinos, analfabetas muchos, viviendo al día casi todos, ha dado lugar a la fabricación de una ignorancia institucional configurada para timar y privar de sus derechos sociales a los ex braceros y sus familias. Es lo que ^{Proctor (2008)} llama agnotología que es un método para la gobernanza contemporánea consistiendo en la producción deliberada politico y cientificamente de la ignorancia que se infunde y difunde a un público socialmente vulnerable (^{Schaffhauser 2019b}).

Además, con la creación de este mecanismo de indemnización se avaló una serie de omisiones en la atención institucional del problema bracero:

Con todo, a finales de 2012 se indemnizó con un pago de 38 000 pesos a poco más de 220 000 braceros y sus derechohabientes -viudas o hijos-, lo que corresponde a menos del 10 % del total de braceros que hubo en la historia de ese acuerdo laboral bilateral.

Ahora bien, planteado el escenario, queda senalar los elementos que apuntan hacia la transformación del movimiento de los braceros en un programa gubernamental, esto es, la creación del "Fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos", en 2005.

Para integrar la lista de beneficiarios del programa, cada bracero o familiar tuvo que cubrir una serie de requisitos para acreditarse como tal, lo que dejó fuera a cientos de miles de braceros que siguen siendo beneficiarios potenciales. El programa construye, entonces, una frontera identitaria en torno al derecho o no de haber sido bracero. El testimonio directo no vale porque solo cuentan ciertos documentos determinados por la SEGOB para acreditar la identidad del bracero.¹⁰

Para las autoridades actuales, ser bracero consiste en haber recibido el apoyo social que brinda el fideicomiso. Los demás no tienen existencia legal y, por lo tanto, no son beneficiarios. Se les niega la autenticidad de su identidad social como braceros. En este sentido, cada politica pública social da un rostro, es decir, una legitimidad politica y moral, a quien es considerado beneficiario de ella. De ahi que exista una relación estrecha entre politicas públicas e identidades sociales. Cada politica pública tiende a construir un público cautivo y lo encierra en fronteras morales e institucionales, es decir, en una solidaridad instituida.

Asi pues, bajo la presión de organizaciones de braceros el gobierno federal y las instituciones del Estado terminaron por poner atención al problema de los ex braceros. Primero se decidió la instalación de una comisión parlamentaria especial para dar seguimiento a los fondos aportados por trabajadores mexicanos braceros. Esta integró a representantes de los principales institutos políticos representados en la Cámara de Diputados. En 2003, se llevó a cabo una reunión entre los miembros de esa comisión y representantes de la SEGOB, de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SEE), Banco de Crédito Rural (Banrural) y organizaciones de braceros. Acordaron levantar un padrón de los braceros que laboraron entre 1942 y 1946, brindar asistencia médica a los braceros y sus cónyuges, y fincar las bases para la creación de un programa de atención especial. El 25 de mayo de 2005 se aprobó la ley para crear el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo social para extrabajadores Migratorios Mexicanos. En noviembre de ese ano, se publicaron las reglas de operación del programa y se planteó el levantamiento de otro padrón de braceros en mesas receptoras en cada estado de la federación con el objetivo de integrar a todos los braceros que habian participado en el programa. El gobierno de Felipe Calderón continuó con la implementación de este programa de apoyo social. Tras una serie de vicisitudes sobre el pago a los braceros -en una sola exhibición de 38 000 pesos o con anualidades de 4000 pesos- y vericuetos legales,¹¹ el programa indemnizó en 2012 a 222 521 braceros o derechohabientes, con poco más de 7500 millones de pesos (figura 1).107

Cabe senalar, además, que por iniciativas de varios gobiernos estatales como los de Zacatecas y Michoacán, se implementaron a la par del programa federal, programas de apoyo social locales para ex braceros. El caso es sumamente interesante, ya que el objetivo de dicha iniciativa consistía en incluir a los braceros que no habían cumplido con los requisitos por no contar con la documentación probatoria exigida por la SEGOB (^{Schaffhauser 2019a}, 120-123).

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2005-2012. Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Elaborado por la Dra. Leticia Díaz y el Mtro. Marco A. Hernández.

Figura 1 Cartografía de los apoyos sociales para ex braceros México-Estados Unidos, 2005-2015 

Entre 2013 y 2018, el gobierno de Enrique Pena Nieto decidió de manera unilateral no prolongar el programa de apoyo social. Así, no cumplió con los acuerdos tomados por su antecesor y negó el pago a más de 40 000 beneficiarios que habian cumplido con los requisitos del programa de apoyo social¹² y no alcanzaron a recibir su pago antes del término del sexenio de Felipe Calderón. Las principales organizaciones de braceros se agruparon en la Confederación de Organizaciones Binacionales de Ex Braceros (COBIEB) en diciembre de 2012 y emprendieron varias acciones sociales y legales¹³ para que el gobierno federal reconsiderara su posición al respecto. En este sentido, el 7 de diciembre de 2015, después de un largo pleito juridico, 7033 braceros o derechohabientes recibieron la cantidad de 38 000 pesos para resarcir su situación.

Paralelo a esta acción legal, otros braceros presentaron una queja, a través de una solicitud de amparo, el 1 de diciembre de 2016 ante el tribunal administrativo de la Ciudad de México. El litigio versaba sobre la confusión sembrada entre los ex braceros por las autoridades de la Secretaria de Gobernación entre el programa de apoyo social y la entrega del Fondo de Ahorro que son dos asuntos distintos. En numerosos discursos y pronunciamientos políticos se ha planteado la idea que, a través del pago del apoyo social, se saldaba la deuda histórica del Estado mexicano para con los braceros.¹⁴ La jueza Paula Maria Garcia Villegas Sánchez-Cordero que atendió el caso falló a favor de los braceros, el 29 de febrero de 2016, ordenó al Estado mexicano el pago a todos los braceros vivos o en su caso a sus viudas o hijos(as) de la cantidad de 1 092 000 pesos, esto es independientemente de los pagos realizados a través del programa de apoyo social. Asimismo, ordenó la constitución de una base de datos confiable para identificar a los derechohabientes, y poner fin de esta manera al alegato de las autoridades que argumentaban la desaparición de los archivos del Programa Bracero, después del sismo de 1985 que sacudió la Ciudad de México y ocasionó la destrucción de varios edificios administrativos.

Ante esta decisión de justicia, el Estado mexicano apeló e interpuso un recurso judicial arguyendo la imposibilidad de pagar esta cantidad astronómica -i.e. más 3531 billones de pesos-. Otro argumento que salió a relucir para incumplir, legalmente, el fallo procede de la academia y de investigaciones históricas según la cual, el Fondo de Ahorro, en realidad solo operó durante los primeros anos del Programa Bracero (1942-1946), lo cual daria pie a descartar a todos aquellos trabajadores agricolas que fueron contratados después de esa fecha (Vélez 2002). Asi pues, según esta perspectiva el movimiento social de los ex braceros careceria de legitimidad para llevar a cabo la recuperación del fondo de ahorro. El argumento académico ha permitido la elaboración de una justificación politica para no contemplar la totalidad del programa y de los braceros involucrados. Cabe senalar, incluso, que esta lectura del Programa Bracero y su Fondo de Ahorro divide a las organizaciones de ex braceros que bregan por los derechos sociales de estos trabajadores migratorios. Tal es asi que Braceroproa a través de su lider histórico, Ventura Gutiérrez Méndez, considera que muchas organizaciones¹⁵ han incurrido en un error por aferrarse a la recuperación del dinero de dicho fondo. Este embrollo sigue fracturando las filas diezmadas de la lucha de los ex braceros.

Sin embargo, existen dos elementos sociológicos relevantes que vale la pena enfatizar aqui: El primero tiene que ver con el carácter no solo económico de dicha protesta sino también moral, en el entendido que los ex braceros y sus familias se han movilizado en aras de recuperar su dignidad como personas en situación migratoria, la cual ha quedado en el olvido después de la conclusión del programa. El segundo remite a una interpretación marxista sobre lo que era el Programa Bracero: la organización internacional de la extorsión de la plusvalia producida por la mano de obra campesina y mexicana en beneficio de granjeros y empresas agroindustriales -como el consorcio Di Giorgio que operaba en los campos y cultivos de California-. Plantear una reintegración de dichas ganancias, aunque de manera parcial nunca ha sido tema a debatir o elemento adicional para el pliego petitorio de los ex braceros. Toda la atención se centra -o mejor dicho es el resultado de una desviación- en México y las autoridades que se sucedieron al mando del gobierno del Estado permitiendo eximir de cualquier responsabilidad politica y económica al vecino del Norte y pasar por alto la formidable acumulación que consiguió la agroindustria norteamericana a lo largo del Programa Bracero.

Los derroteros transnacionales de la protesta social

Puede considerarse que -estrictamente- el movimiento social de ex braceros nació como una protesta binacional: (1) por los ex braceros que vivian del lado estadounidense en 1998 y que tempranamente se sumaron; también, implicó un repertorio de acción transnacional; (2) la demanda juridica ante el Tribunal Superior de San Francisco, California, presentada en marzo de 2001 por integrantes de Braceroproa asesorados por un bufete jurídico de Chicago a cargo de Jonathan Rostein, cuya resolución en 2008 fue criticada por los lideres de ex braceros, al favorecer al gobierno mexicano y perjudicar a los demandantes. Pero lo que definitivamente consolidaria el carácter transnacional del movimiento social, fue (3) la búsqueda de justicia ante instituciones internacionales, ubicadas en la escala supranacional; es decir, por encima de las jurisdicciones del Estado mexicano. Se considera que cuando los actores locales no encuentran respuestas y atención en el contexto más inmediato, surge una frustración ante sus esfuerzos en el ámbito doméstico, es entonces que intentan aprovechar sus alianzas internacionales para lograr un cambio en su pais de origen (^{Burt, Fried y Lessa 2013}, 18). Es decir, este movimiento traspasó las fronteras, estableció redes y presencia real en el extranjero, y organizó protestas ante instituciones internacionales, luego de que los canales entre los grupos domésticos y el gobierno mexicano estuvieran prácticamente rotos y fueran inefectivos.

Existen diversas luchas de tipo transnacional que los ex braceros han emprendido a lo largo de los 21 anos de su movimiento social, pero este repertorio de acción empezó a darse con más frecuencia durante la segunda década del siglo XXI. Una acción importante fue la Marcha Histórica por una Deuda Histórica en agosto de 2013 y las diversas manifestaciones que ahi sucedieron. En esta, dos grupos partieron simultáneamente desde Los Angeles y la Ciudad de México, para encontrarse en el Puente Internacional de Laredo -Estados Unidos/Nuevo Laredo, México-, y de ahi continuaron hasta el noreste estadounidense, arribando a Nueva York y Washington D.C. Esto con el fin de presentar las denuncias del caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); reunirse con congresistas de Estados Unidos para solicitar el apoyo para recuperar la documentación del caso bracero; y presentar las denuncias ante el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre esa Marcha, primeramente cabe destacar que la reunión en las Naciones Unidas efectivamente se concretó. El jueves 13 de septiembre a las 2 p.m. fueron recibidos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en la sede central de esta organización en Nueva York; y fueron atendidos en el Foro Permanente de las Cuestiones Indigenas -fundado en el ano 2000-, por el secretario particular del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Indigenas. En el Foro, fue el ex bracero poblano de habla náhuatl Nicolás Martinez López quien expuso diversas experiencias de su viaje a Estados Unidos como bracero y de su lucha como ex bracero, para dar a conocer la problemática a los presentes. Don Nico -como es conocido por sus companeros- nació el 9 de septiembre de 1926 en el pueblo de Nativitas Cuatempan, Coyotepec, Puebla. Él fue el encargado de contarles la experiencia migratoria: de por qué decidió emigrar a Estados Unidos, las peripecias durante el viaje, las fumigaciones y la discriminación durante el proceso de contratación, asi como los abusos laborales y trabajos extenuantes ya en territorio estadounidense.

Además de explicar ampliamente el problema en cuestión, se interpuso la queja y denuncia correspondientes, y se hizo entrega de todo un dossier que contenia un conjunto de pruebas documentales de las diversas afirmaciones con las que construian la denuncia. Por su parte, los representantes de la ONU afirmaron que ya conocian a grandes rasgos el caso puesto que, además de que ha sido difundido en la prensa, se vieron en la necesidad de investigar acerca del mismo para estar en condiciones de atenderlos de la mejor manera. Acto seguido, los representantes de la ONU les realizaron una serie preguntas para comprender a profundidad el caso y les aseguraron que informarian personalmente a la Alta Comisionada acerca de la denuncia. Asimismo, se dijo que, previa solicitud de los marchistas, podria ordenarse la realización de una investigación in situ a través del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, como parte de la cual se entrevistaria a ex braceros y sus familiares de diversas partes del pais, representantes de organizaciones de ex braceros, asi como a legisladores y representantes gubernamentales, con el objetivo de dilucidar la veracidad y coherencia de las versiones de la parte denunciante y del Estado mexicano, asi como endurecer la denuncia. Finalmente, los representantes de la ONU sugirieron que dieran seguimiento a la secuela procesal para ver qué denuncia se deriva, a través de la filial que la Oficina del Alto Comisionado tiene en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Sumado a esto, puede considerarse que, presentar ante esta instancia el caso ex bracero se presentaba como esperanzador si consideramos que en 2005 las Naciones Unidas publicaron los Principios y Directrices Básicos sobre los derechos que gozan las personas que han sido victimas de violación de derechos humano (ONU 2005); en donde se enfatiza en torno al derecho a la reparación adecuada, efectiva y rápida que incluiria la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción, y garantias de no repetición. Esto retoma mayor importancia al tener en cuenta que entre los grupos de ex braceros también se hablaba de la necesidad de una reparación integral.

Después de la queja ante la ONU la Marcha continúo su camino y el viernes 20 de septiembre los marchistas acudieron a la Sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington, con la finalidad de interponer formalmente la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como lo habian previsto, fueron atendidos personalmente por el Dr. Emilio Alvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión. La queja se impuso en contra de los dos estados nacionales.¹⁶

En el caso de la CIDH, el abogado José Antonio Fronda Farro, asesor legal de los ex braceros en México, contribuyó también a la elaboración de la denuncia formal. Se determinó además que fuera ante la CIDH ya que, estando en búsqueda de una justicia que incluyera una reparación material y un reconocimiento politico, en la Comisión se encontraria ese sistema de justicia, ya que como esta lo senala: la obligación estatal de reparación a la víctima constituye la piedra angular del sistema de protección internacional de los derechos humanos (López 2014, 134).

En el documento entregado por los marchistas denunciaban ante la CIDH al Estado mexicano por su "conducta sistemática y estructural... violatoria de las garantias individuales y derechos humanos consagrados" en la Constitución, asi como de contravenir diversos tratados y convenciones internacionales, violentando con ello el Derecho Humanitario de las victimas en cuestión, entre otras cosas, al negarle el pago a personas "adultas mayores vulnerables, incapacitadas y enfermas gravemente" -muchos de ellos "enfermos terminales"-, que en consecuencia mueren sin haber recibido al menos el apoyo social y mucho menos el pago de la deuda histórica del Fondo de Ahorro.¹⁷ Mientras que a Estados Unidos se le acusaba de "responsable o cómplice de este fraude" y se le exigia que facilitaran los archivos del Programa Bracero y demás documentación que les permitiera adquirir pruebas para una eventual demanda juridica. Puede decirse que estas demandas y peticiones no distaban mucho de las que se habian hecho en los últimos anos en México, lo único que variaba esta vez, era el órgano al que se acudia. Lo que pone de manifiesto la falta de atención del problema en el àmbito doméstico y la necesidad de recurrir a otras instancias. De este modo, la queja fue recibida oficialmente, y siguió la secuela procesal prevista en el Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (OEA 2013).

Sin embargo, puede considerarse que la queja ante la CIDH quedó en stand-by; en modo de espera pues a los marchistas se les solicitó que, para que la queja cumpliera todos los requisitos para ser admitida a trámite, ellos tendrian que tener entre los denunciantes a personas de 80 o más anos de edad -para la aplicabilidad del principio de per saltum-, y además se les orientó para que a la brevedad solicitaran la realización de una Audiencia Pública, en la cual -como parte denunciante- los ex braceros y sus representantes legales tendrian la oportunidad de debatir y/o dialogar cara a cara con los representantes oficiales de los Estados denunciados. Una vez hecho lo anterior, y considerando que se lograra que el Estado tuviera que dar explicaciones a la CIDH y documentar cada una de sus afirmaciones, abriria grandes posibilidades de llegar a una solución por via conciliatoria a este conflicto, o bien, que para su solución el asunto tuviera que llevarse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, tal y como lo pretendian.¹⁸

Finalmente, cabe destacar que durante 2012 diversos grupos de ex braceros diseminados por México y Estados Unidos encabezados por la organización Alianza de ex braceros del Norte, decidieron llevar el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para darle continuidad a la valoración de su caso en las instancias internacionales.¹⁹ El TPP se constituyó en 1979, tiene sede en Italia, y es uno de los tribunales éticos de conciencia más importantes del mundo. Está inspirado en el trabajo del Tribunal Russell y en la Declaración de Argel de 1976 que atiende los derechos colectivos de los pueblos. Las sentencias de este tribunal, aun cuando no causan efectos juridicos, al ser una instancia internacional evidencia los crimenes y violaciones que se cometen por los estados en contra de los sectores vulnerables. Como senala el mismo TPP en su página web, se trata de un "tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, que, como tal, examina las causas de violación de derechos fundamentales de los pueblos", en consecuencia, valora las problemáticas y denuncia ante la opinión pública internacional a los infractores. Se trata pues, de un tribunal independiente, capaz de dar respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos, en diversos ámbitos de la sociedad.

Durante los casi tres anos que el TPP sesionó en México se llevaron a cabo diversas audiencias temáticas, entre las que destaca la "Audiencia de Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del Capitulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos", que se llevó a cabo entre los dias 29 de septiembre y 1° de Octubre, en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México). Ahi, el jurado internacional del TPP, integrado por personalidades mexicanas e internacionales reconocidas y respetadas por su calidad moral, su compromiso con la justicia y la defensa de los pueblos empobrecidos, después de valorar la problemática de los ex braceros, determinaron que el caso se llevara a la Audiencia Final. Esta se realizó a finales de noviembre y principios de diciembre de 2014 y en ella se dictó un veredicto contra quienes fueron culpables de los delitos cometidos contra los millones de mexicanos que trabajaron durante el Programa Bracero.

En general, el Tribunal demandó el establecimiento y mantenimiento de un marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos civiles y politicos y de los derechos económicos sociales y culturales, reconocidos en los convenios internacionales, entre otros en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y sus respectivos protocolos adicionales. Mientras que, especificamente sobre el caso ex bracero, se sentenció que en su momento estos migrantes fueron victimas de violación de derechos humanos, discriminación, delitos de lesa humanidad, etcétera. E incluso se destacó que las imágenes del Programa Bracero parecen "propias de campos de concentración de la Europa del este durante el Holocausto".²⁰

Finalmente, cabe destacar que en anos más recientes el caso ex bracero fue llevado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su sede internacional de Ginebra, Suiza; ante el tribunal de conciencia Tribunal Internacional de Conciencia Pueblos en Movimiento, y en 2019 se presentó una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asi que, la lucha internacional continuará, y lo logrado hasta ahora y alcances a corto y mediano plazo están por analizarse.