ENTRE VOCES FEMENINAS DE NEGRAS E INDÍGENAS: APORTES DESDE LA MEMORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO PARA MINORIAS EN ANTIOQUIA^*

Female between black and indigenous voices: contributions from memory for the construction of a public policy of protection of land for minorities in antioch

Jorge Eduardo Vásquez Santamaría^**

Forma de citar: Vásquez Santamaría, J. (2015). Entre voces femeninas de negras e indígenas: aportes desde la memoria para la construcción de un política pública de protección del territorio para minorias en Antioquia. Rev. CES Derecho, 6(1), 31-47.

Resumen

A partir del trabajo de campo emprendido en dos proyectos de investigación, el artículo explica por qué la memoria es un instrumento necesario no solo para la construcción de la paz y la reconciliación, sino también un referencial de políticas públicas, en este caso, para minorías poblacionales del departamento de Antioquia, lo cual se devela desde las problemáticas expuestas por algunas comunidades indígenas, y desde narrativas de mujeres negras desplazadas por la violencia.

Palabras claves: conflicto, memoria, mujer, indígenas.

Abstract

From fieldwork undertaken in two research projects, the article explains why the memory is not only necessary for building peace and reconciliation instrument, but also a benchmark of public policy, in this case, minority population of the department of Antioquia, which is revealed from the issues raised by some indigenous communities, and from narratives of black women displaced by violence.

Keywords: conflict, memory, women, indigenous.

Introducción

Muchos grupos poblacionales en Colombia se constituyen en minorías gracias a las especificidades de su origen histórico, sus creencias, costumbres, raza y/o cosmovisión, no obstante, eso no los ha excluido del conflicto armado interno que hoy demanda construcción de memoria histórica como un aporte necesario para la paz de la Nación. El conflicto armado interno vivido a lo largo de poco más de medio siglo, arroja un panorama que adquiere mayor relevancia cuando ese proceso desgarrador se encuentra en un momento determinante, al ver cifrado su punto final en avances significativos de un diálogo por la paz adelantado en un escenario periférico como es La Habana, Cuba.

Los puntos que concentran las conversaciones para llegar a un acuerdo son una política de desarrollo agrario integral, garantizar la participación política de los grupos que surjan a partir de la firma del acuerdo, la solución al problema de las drogas ilícitas, y las víctimas (Gobierno Nacional de la Republica de Colombia & FARC, 2012), sobre las cuales los cometidos son el reconocimiento y garantía de sus derechos humanos, y las garantías y finalidades que a través de los procesos judiciales se presentan para efectivizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Ante los avances en las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las preocupaciones y anhelos de gran cantidad de sectores del país se concentran en la situación de las víctimas, en la medida que ellas son fruto no solo de las acciones terroristas de los grupos al margen de la ley, sino también de acciones y omisiones en las cuales incurrió el Estado, e incluso, promovidas o avaladas por multinacionales, que en medio de la evolución del conflicto y el auge de la economía colombiana, no impidieron la comisión de los delitos que victimizaron a un alto sector de la población.

El reconocimiento, la protección y el tratamiento a la situación de las víctimas del conflicto en Colombia implica dirigir todos los esfuerzos a los derechos humanos que sobre ellas recaen como sujetos pasivos de las acciones y omisiones cometidas. Es desde ese escenario, y ante la llegada de las víctimas a la mesa de diálogo de La Habana, que el trabajo por ellas viene siendo una de las áreas a profundizar por parte de múltiples actores sociales, públicos y privados, en la medida que conforme lo ha dispuesto la normativa nacional, solo por medio de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, será posible alcanzar una reconciliación nacional que proporcione la paz.

Pero el trabajo por y con las víctimas del conflicto armado interno exige una identificación, reconocimiento y comprensión de sus realidades, las cuales, plasmadas en el cuerpo y la memoria, se constituyen en un triste pero irrenunciable patrimonio colectivo que debe ser encauzado a la no repetición, por medio del mantenimiento vivo de esas experiencias dentro de la sociedad colombiana.

Para ello Colombia viene emprendiendo una serie de trabajos por la recuperación y mantenimiento de la memoria histórica del conflicto¹, y en este contexto, el artículo procura contribuir con las pretensiones de hacer de la memoria histórica de algunas de las víctimas del departamento de Antioquia, un escenario de construcción de paz y reconciliación a partir de los resultados obtenidos en los trabajos de campo con minorías poblacionales indígenas para la construcción del referencial de una política pública encaminada a la protección del territorio, a las cuales fueron sumadas las realizadas con afrodescendientes.

La construcción de un referencial de política pública promueve la constitución de la plataforma para el conocimiento y comprensión de la verdad, la construcción de la justicia, la base y efectivización de la reparación, y el pacto por la no repetición. La recuperación de la memoria histórica de víctimas que han sido vulneradas en sus derechos humanos más esenciales, se centra para este caso en dos grupos poblacionales: De una parte se presentan los resultados desde las experiencias con mujeres negras desplazadas de sus territorios por las presiones del conflicto armado, a partir de los resultados de la investigación "Mujer, Negra, Desplazada: Memorias de un pueblo negro"², el cual indagó una población femenina caracterizada por una triple victimización: ser mujer, ser desplazada y ser negra.

De manera puntual, los avances de los que se exponen resultados con los pueblos indígenas parten de información recolectada mediante la realización de seis grupos focales³ con la comunidad de La Playa, de la etnia emberá katio, y la comunidad de La Palma de la etnia emberá chamí, ambas asentadas en el Municipio de Apartadó, y con la comunidad El Volao, de la etnia Senu, en el Municipio de Necoclí, todos en el departamento de Antioquia. También se realizaron varias entrevistas semiestructuradas con líderes indígenas, peroninguno de ellos era mujer, por lo que se descartan para este caso para privilegiar la voz indígena femenina resultado de los grupos focales, con la finalidad de mantener la homogenización poblacional desde la cual se construyen estos resultados.

En ambos grupos es similar la tragedia. Muchos de ellos aun están teniendo que soportar con todo su pueblo en sus territorios ancestrales la sistemática violación de sus derechos, provocando en oportunidades el desplazamiento forzado que fue masivo hasta hace pocos años, viéndose obligados a llegar a ciudades en las cuales también encuentran otras manifestaciones de violencia.

Desde las voces indígenas y negras, voces de cuerpos y subjetividades femeninas, pero también de un cuerpo que se lee como colectividad, el artículo busca hacer una aproximación a la memoria explicando por qué la construcción del referencial de política pública para la protección del territorio es un instrumento de construcción de paz. Para ello procura hacer una reconstrucción de las problemáticas que han expuesto a algunas comunidades indígenas desde las vivencias de mujeres que hoy en día están de nuevo asentadas en sus territorios. Lo mismo procede con las mujeres negras desplazadas por la violencia, quienes en su caso, hablaron desde los lugares de recepción por el fenómeno del desplazamiento forzado.

Estos testimonios develan algunas realidades que excluyen y victimizan las voces de esta población en los esfuerzos por la defensa de su territorio y de sus derechos humanos, y construyen un patrimonio colectivo que define la historia de un país que busca formalizar la paz en medio del conflicto. El referencial de una política pública: punto de partida para la memoria El referencial de política pública se adscribe a la figura de las políticas públicas, de manera que entre ellas es posible una relación de especie y género, que desde la especie, como componente o parte del género, fortalece y viabiliza la elaboración, adopción, ejecución, pero sobretodo la legitimación de una política pública en un sistema político determinado.

En la doctrina de nuestros días las Políticas Públicas sigue implicando una dificultad semántica que desdibuja su concreción terminológica, aspecto que puede determinar las formas y procedimientos que acoge una autoridad pública para la elaboración, formalización e implementación de una política, y de ello, su éxito o fracaso. La claridad teórica sobre la figura de las Políticas Públicas determine las razones que justifican y acreditan la construcción de un referencial a partir de las voces de grupos poblacionales minoritarios como los indígenas y afrodescendientes.

La dificultad semántica existente sobre las Políticas Públicas es un elemento en el que coinciden, por ejemplo, Isabel Cristina Uribe Martínez (2004: p.5), Gustavo Hernández (1999: p.81) y Guillermo Ejea Mendoza (2006), pues como sostiene Uribe Martínez, la política puede ser el gobierno de las sociedades humanas, término que se asocia a polity, al cual Ejea relaciona con la noción de Estado como configuración jurídico - política en un territorio determinado, y que Hernández define como la esfera política decisional ciudadana. Uribe Martínez explica que por política también es posible entender la lucha organizada por el control de poder, que en inglés es politics, término que en Ejea define los procesos de negociación y ejercicios de poder, y que en Hernández representa la actividad política, ejercicio del poder. Finalmente se identifica política como propósito y programa de autoridades públicas, término que hace referencia a Política Pública, y que en inglés es policy.

Definida como el medio empleado por el Estado para dar respuesta a las demandas sociales, las Políticas Públicas son la plataforma donde la sociedad ha tenido la oportunidad potencial de hacer participación activa para formular las demandas y promover las respuestas a sus necesidades. Por ello cuando se habla de Políticas Públicas se hace mención a las "decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes" (Aguilar, 1996: p.36).

Meny y Thoenig (1992) destacan que una Política Pública "es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental" (p.89), autores que en Jorge Iván Cuervo Restrepo (Meny y Thoenig, 2007: p. 74) definen la figura como "un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico". Vargas por su parte (1999: p. 57) describe la Política Pública como la serie de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas buscando la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. Pero para nuestro caso, será la conceptualización de Muller (2007: p.78) la que cobre mayor importancia, en la medida que define las Políticas Públicas como "(...) un proceso de mediación social, en la medida que el objeto de cada Política Pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o aun, entre un sector y la sociedad global". Muller (2007: p.78) profundiza señalando que el enfoque de las mismas es una construcción de representaciones sociales de la acción pública y de las relaciones entre el Estado y la sociedad, para agregar el concepto de referencial de una política, que alude al conjunto de normas, imágenes y expectativas que posibilitan o restringen el funcionamiento del sistema político y del régimen político para solucionar los problemas sociales.

En este orden se hace posible reiterar que la Política Pública no es igual a su referencial, y que este último se constituye en un componente determinante de las primeras, esto es, una especie del género. Mientras las Políticas Públicas son un medio empleado por las autoridades, principalmente administrativas, del Estado, para la realización de la perspectiva funcional o material que debe ser ejercida desde la Administración Pública, transversalizadas por la participación activa de la sociedad como actora política, que debe reflejar la construcción de consensos que conducen tanto a la resolución de problemas de naturaleza pública, como a su adecuada previsión y evaluación, el referencial es la plataforma desde la cual se acredita que el ejercicio de gobernabilidad en torno a un problema social se deriva de un escenario de participación activa en el cual se agotan los esfuerzos necesarios para sustentar tanto la calidad pública del problema como las alternativas para su solución.

El referencial de Política Pública es un componente esencial desde el cual se construye y fundamenta la naturaleza pública de la realidad que se delimita y define como problema, y que por tanto, debe ser acogida por una Política Pública. Por resultar imprescindible la participación activa de la comunidad para definir la tipología pública del problema, el referencial no se limita a ser una compilación normativa o de dispositivos jurídicos relacionados con la materia a tratar, como la tradición política aun lo refleja. El referencial se amplía a construcciones colectivas de representaciones sociales por medio de las cuales la democratización conduce a concertaciones sobre realidades comunes que redefinen las relaciones entre el Estado y la sociedad, y de la sociedad a través de los múltiples grupos que la conforman.

De ello que hay un indicio de Política Pública cuando se construye un referencial para esa política, y ello es así, cuando la autoridad pública, sea gubernamental o estatal, realiza la identificación de un problema por medio de un ejercicio de interacción con otros actores no gubernamentales o estatales para definirlo y delimitarlo -momento desde el cual se hace presente el flujo de decisión como materialización de la democracia –en donde la construcción de consenso permite categorizar como público el problema para el cual se destina una política específica, el cual estará determinado por su influencia en las pautas de comportamiento, en el reconocimiento y distribución de los valores sociales, y en la forma en cómo operan las decisiones frente a las demandas sociales para la protección de dichos valores.

La adecuada construcción o definición del problema de interés público soportado en un referencial conduce a una respaldada inclusión del mismo en la agenda de dicha autoridad, quien desde el mismo referencial de política y con los consensos construidos, analiza en un mismo ejercicio abierto y participativo las posibilidades de su solución, los escenarios para su realización, evaluando el desempeño de las medidas adoptadas y estimando la variación del problema inicialmente identificado. El departamento de Antioquia, por su naturaleza de entidad descentralizada territorial, fue seleccionado como la manifestación del sistema político inmerso en un ambiente social más amplio. En dicho ambiente confluyen multiplicidad de grupos e individuos en relaciones e interacciones permanentes para la distribución de valores o bienes jurídicamente tutelables, siendo en este caso el territorio uno sobresaliente entre las mujeres indígenas y los grupos de mujeres afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado interno.

Dichos conjuntos poblacionales han resistido los ataques y vulneraciones de los otros grupos inmersos en el amplio ambiente social, que desde su actuar violento e ilegal, determinan el sentir y pensar de las minorías poblacionales frente a la forma de distribución y protección de los valores sociales, entre los cuales esta el territorio. La presencia y relevancia del actuar violento no define la totalidad del referencial sobre el territorio, pero si se hace componente determinante del sentido que tendrá la Política Pública para la protección del mismo, pues el territorio cumple desde la función de deposito y almacenamiento de cargas valóricas y emotivas que archivan la vivencia de los grupos minoritarios en medio del conflicto, hasta las características y componentes mas esenciales de su proyecto y formas de vida.

De allí que con las indígenas y afrodescendientes se procede a la construcción del referencial para elaborar una Política Pública centrada en la protección del territorio, como derecho y sustrato material de otros derechos individuales, sociales, económicos, culturales y colectivos de esas poblaciones minoritarias en Antioquia, recalcando que la construcción de este referencial se enmarca en un contexto de conflicto histórico que ha definido el ambiente social no solo del departamento sino de la Nación en las últimas décadas.

La construcción del referencial de la Política Pública territorial acude al flujo decisional como manifestación de la participación activa propia del Estado Social y Democrático de Derecho que se referencia desde las normas jurídicas superiores. La materialización de los flujos decisionales de los cuerpos femeninos de las indígenas y negras que hacen parte inseparable de cuerpos colectivos minoritarios de la Nación colombiana, encontraron en la oralidad el medio para develar sus pretensiones, expectativas, anhelos, convicciones, pero también, la necesidad de la construcción de memoria.

Acudir a la memoria para la protección de los derechos humanos

Emprender la explicación de por qué la memoria es un instrumento que contribuye a la construcción del referencial de una Política Pública, y al tiempo de la paz y protección de los derechos humanos, implica exponer los alcances de lo que la memoria facilita en un proceso de conflicto como el colombiano cuando son las poblaciones que han padecido las mas profundas violaciones e invisibilizaciones, las que adquieren el poder de determinar el sentido de un referencial que se traducirá en las alternativas de acción de una autoridad pública.

María José Marco Macarro y José Antonio Sánchez Medina (2007: p. 54 - 65), sobre la memoria histórica exaltan la amplitud de posibilidades para nominar el término, así como la interdisciplinariedad que puede concurrir en su construcción, aspecto en el que coincide Erice Sebares (2007: p. 77 - 96). Acudiendo a Ruiz Vargas explican como la comprensión de la memoria ha estado cifrada a partir de falacias como asimilarla a un almacén de recuerdos, y asumir el recuerdo como un proceso individual.

De la primera falacia rescatan como la memoria solo trabaja a partir de recuerdos significativos para el individuo, pero no sucede con todas las vivencias, solo con aquellas que tienen una significación lógica y son relevantes para el despliegue de las actividades de un sujeto. En ese orden de ideas, Marco Macarro y Sánchez Medina (2007: p. 54 –65) atribuyen a la memoria histórica la significatividad como propiedad que se produce por la posibilidad de encajar la información en esquemas de conocimiento de los individuos.

Para nuestro caso, se hace imprescindible una de las funciones de los esquemas de conocimiento, en la medida que tiene especial protagonismo en procesos de memoria histórica en el marco de un conflicto: "Una segunda función de los esquemas de conocimiento es el de permitirnos hacer predicciones y deducciones sobre el mundo físico y social. Esperamos que las cosas sean de un determinado modo y aprendemos a anticipar sucesos y eventos basándonos en nuestros esquemas de conocimiento."

Ello puede traducir que la acumulación de vivencias significativas de individuos inmersos en el conflicto definen o influyen en adelante la manera como se desenvuelve la vida de una persona, lo que encuentra razón de ser en la modalidad de víctima, quien en medio de la evolución de los actos de violencia, y ante la zozobra de sentido lógico de esos actos cargados de significancia, desencadena predicciones y deducciones que afectan su modelo de vida individual y colectivo por la ausencia de contenidos que eliminen el miedo, la angustia, la desconfianza y el dolor.

En ello jugará un papel importante la carga de la segunda falacia, pues Marco Macarro y Sánchez Medina (2007: p. 54 - 65) aseguran que la reconstrucción de la experiencia responde a variables culturales con amplio contenido cultural, llevando a que las experiencias significativas sean rememoradas culturalmente. Ello permite compartir el pasado, recordarlo, reconstruirlo, compartirlo, y en ultimas, aliviarlo, lo que hace común la forma en como se conoce y se recuerda una realidad, por lo que revivir y reconstruir la memoria exige de un proceso social en el que no deja de existir un componente significativo de la vida del individuo, convirtiéndose en la plataforma para emprender procesos de racionalización en los que se dote de contenidos lógicos a las vivencias significativas marcadas por la violencia del conflicto.

Lo anterior no quiere decir que los procesos de memoria sean exclusivamente individuales, pero tampoco son eminentemente sociales o colectivos por estar dotados de variables culturales. Como explica Colmeiro (2005) la memoria colectiva no debe ser entendida de manera literal al no existir por su imposibilidad fáctica, pues no puede una sociedad ejecutar una misma acción al mismo tiempo; la memoria colectiva debe asumirse como una entidad simbólica que tiene representatividad en la comunidad. Como lo explica Ricoeur (1998) "es el relato que los miembros de un grupo comparten sobre su propio pasado y que constituye su identidad".

Por ello que para el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto se vincula de manera necesaria con la memoria de sus territorios, y ello puede ser "una forma de mirar la realidad que nos rodea, y especialmente, es una demanda social en contextos que han sido marcados por la represión y la violencia política." (Acosta, Del Río & Valcuende, 2007: p. 12).

En ese sentido, acudir a la memoria es una dignificación a la historia de las comunidades indígenas y afrodescendientes, a su calidad de víctimas y a la vivencia permanente que construye a la sociedad y marca su devenir. Acudir a la memoria debe ser acudir al "pasado que no puede pasar" (Espinosa Maestre, 2007: p. 46). En ese orden, los ejercicios de oralidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes del departamento de Antioquia confluye como referencial de política pública, y al tiempo, construcción de memoria histórica, que no es contraria al referecial, pero exige ser diferenciada por su carga axiológica en un ambiente social marcado por el conflicto interno que las identifica.

Los testimonios y narrativas de las mujeres indígenas y negras las legitiman como actores políticos, al asumir la potestad de demandar y proponer frente a los problemas que han padecido, sin que sea un intermediario el que resignifique sus vivencias y cuente sus apreciaciones de lo que aquellas vivieron. Con ello se constituye parte del flujo decisional del referencial de política pública, y se verifica de forma fidedigna la carga emotiva valorable que debe determinar la dirección asumida por la política pública

Primeras voces indígenas de Antioquia

La construcción del referencial a partir de las mujeres de las comunidades indígenas tomó como escenario una realidad enmarcada en la conmemoración de los 20 años de la Constitución Política de 1991, toda vez que dicho acontecimiento reavivó el debate sobre la situación de gran cantidad de materias cuyo análisis, evaluación y perspectivas arrojaron algunos balances negativos que recordaron una realidad histórica caracterizada por el conflicto y la vulneración de derechos positivados dentro y fuera de esta Constitución.

Entre esos balances se identifica la actualidad de los indígenas, con los cuales se tiene una deuda histórica, toda vez que no son ajenos a las consecuencias del conflicto, armado y no armado, puesto que han sido violentados y desplazados de sus territorios tanto por grupos al margen de la ley, como por fuerzas del Estado y multinacionales. Las demandas indígenas se mantienen con significancia frente a la pérdida del territorio, lo que viene desencadenando problemas que han sido reiterados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (2012):

(...) el 2012, se ha constituido para los pueblos indígenas en un año de lucha por la autodeterminación y defensa del territorio, visible, en las movilizaciones ocurridas en el Cauca, Putumayo, Huila, La Guajira, Arauca, Chocó y Valle del Cauca donde indígenas solicitan: 1). A los grupos armados legales e ilegales abandonar sus territorios; 2). A las empresas transnacionales no más explotación de sus recursos naturales; y 3). Al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes para el respeto, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La importancia del territorio para los indígenas puede ser explicada desde dos perspectivas: Una inmaterial y otra material. La postura de corte inmaterial es ejemplificada por Agredo Cardona cuando explica (2006: p. 28 - 32): "Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, (...)". El territorio es sustrato y reserva de sus ritos, creencias, tradiciones, seguridad, cosmovisión, autodeterminación, además del hilo que teje su cultura, bienes que siguen siendo abandonados por la imposición implícita de asimilarse a los proyectos de Estado y de la sociedad civil: "Para los pueblos indígenas de Antioquia, el territorio es centro de desarrollo cultural y cosmogónico y no debe convertirse en escenario de guerra o conflicto" (Organización Indígena de Antioquia, 2013).

La postura de tipo material puede verse reflejada en una de las modalidades explicativas que tiene la tierra en el campo jurídico, expuesta por Herreño Hernández (2004) cuando diferencia tierra, territorio, territorialidad y derecho al territorio. Explica el autor que "existe un interés de toda sociedad sobre la tierra como un bien productivo, ambiental y jurídico, pues de él depende en gran parte el sustento de los seres humanos". En ese sentido la tierra representa el potencial de recursos y materia prima necesaria para la supervivencia del individuo y de la comunidad, por lo que Herreño Hernández sostiene que "debe concedérsele al derecho a la tierra un necesario carácter de universalidad que no se agota en la facultad reconocida a ciertos grupos humanos para poseerla, trabajarla o usufructuarla sino que debe ser un derecho potencialmente asegurado a cualquier persona que desee organizar su existencia alrededor de las labores del campo" (p. 251).

Sin dejar de desconocer el valor que el territorio tiene desde el carácter patrimonial que ha predominado a partir de la visión privatista, el cual sin duda se mantiene para los grupos poblacionales minoritarios en Colombia, los avances jurídicos en el reconocimiento y garantía de este derecho trascienden dicho carácter para potenciar la tipología inmaterial que se constituye como perspectiva diferencial del territorio en indígenas y afrodescendientes.

Para proporcionar un ejemplo de los avances jurídicos sobre el territorio para los grupos étnicos se selecciona la sentencia T - 379 de 2014, providencia derivada de la revisión de una tutela instaurada por José Alfonso López Calibán, Gobernador del Cabildo de Marimba Tuparro del municipio de Cumaribo, Vichada, contra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, por la presunta violación a los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, identidad étnica y cultural, consulta previa, propiedad, salud, educación, vivienda digna y alimentación, a raíz de un aparente retardo injustificado en el trámite de constitución del resguardo indígena.

En dicha sentencia la Corte Constitucional no solo acude al amplio precedente reunido en su producción jurisprudencial sobre derechos de grupos étnicos, sino que permite proponer la existencia de una postura mixta frente al alcance e importancia del territorio, sobresaliendo el amparo de la postura inmaterial, toda vez que somete el carácter de propiedad a un amplio sentido territorial. Ello se sustenta en las razones de decisión que la Corte Constitucional acoge para la tutela de los derechos invocados por el Gobernador del Cabildo de Marimba Tuparro:

Es preciso advertir primero que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales emana del derecho al territorio, el cual tiene un contenido mucho más amplio. Los pueblos indígenas y tribales guardan una relación especial con la tierra, pues con frecuencia sus tradiciones y ritos se relacionan con el territorio por tener un carácter sagrado o un significado espiritual, además de él depende en gran parte su existencia física y como grupo diferenciado culturalmente. Al respecto, el Manual de aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales señala que el concepto de tierra "suele abarcar todo el territorio que utilizan, comprendidos bosques ríos montañas y mares, y tanto su superficie como el subsuelo. La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de estos pueblos. Es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tales motivos, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su supervivencia misma en cuanto comunidad y como pueblo".(Cursivas propias del texto original).

La postura mixta desarrollada por la Corte Constitucional se devela en los avances jurisprudenciales que la misma ha elaborado, acudiendo incluso a la desarrollada por instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH. A partir de la sentencia del caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (2001: párrafos 143 a 155) la Corte Constitucional acoge la perspectiva inmaterial desarrollada por la CIDH cuando cita: "(...) el derecho a la propiedad comunal posee una dimensión cultural. En suma, el hábitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación", para mas adelante concluir: "Sin el uso y goce efectivos de estas últimas (tierras), ellos estarían privados de practicar, conservar y revitalizar sus costumbres culturales, que dan sentido a su propia existencia, tanto individual como comunitaria. El sentimiento que se desprende es en el sentido de que, así como la tierra que ocupan les pertenece, a su vez ellos pertenecen a su tierra. (...) (Cursivas propias del texto original).

Al territorio de los grupos étnicos la Corte Constitucional le concede un sentido dinámico al ser fuente de reproducción material y espiritual, lo que justifica la ampliación jurídica del concepto para fortalecer las relaciones que dichos grupos tienen material y espiritualmente con el territorio, reconociendo que la visión que estos tienen no se ajusta a la acogida por el resto de la Nación, para concluir: "los territorios donde se asientan las poblaciones indígenas y tribales, no se tratan de simples espacios de trabajo, o de dominación o de producción, sino de un verdadero espacio del ejercicio de sus tradiciones, ritos, costumbres y del ejercicio de su autodeterminación diferenciada con las demás poblaciones" (Corte Constitucional, 2014: T –379)

El derecho humano construido, reconocido y ejercido por los grupos étnicos sobre el territorio debe lamentablemente escenificarse en la mayoría de los casos dentro del conflicto armado interno vivido en Colombia. Allí, los atentados contra los indígenas materializan la amenaza frente a una riqueza irrecuperable en la que se encuentra el vínculo material y espiritual con sus territorios. Según la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009 & Auto 382 de 2010) al menos 35 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto armado y del desplazamiento.

El peligro de desaparición reconocido por el poder judicial contrasta con las garantías por él promulgadas con base en la ley fundamental⁴. Ello se aprecia en la revisión de la acción de tutela presentada por el resguardo indígena de San Lorenzo, comunidad Emberá Chamí, contra la Alcaldía Municipal de Riosucio, Caldas: "La jurisprudencia constitucional ha entendido que (i) las comunidades indígenas son sujetos de derechos fundamentales; (ii) esos derechos no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus miembros ni a la sumatoria de estos; y (iii) los derechos de las comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos." (Corte Constitucional, 2011: T - 601).

La construcción de la memoria de las comunidades indígenas comienza a partir de sus quejas sobre los problemas que los afectan como sujetos colectivos, realidad palpable desde las narrativas de las mujeres indígenas que no dista de las narrativas de afrodescendientes. Ambas han sido víctimas del conflicto, desplazadas de territorios cuya propiedad es colectiva y que representa el ancestro a partir del cual se sustenta su cultura. Así lo dejaron ver las mujeres de la comunidad El Volao, del grupo étnico Senú, que acompañadas por hombres líderes de la comunidad, mantuvieron su autonomía para contar sus vivencias sin que ellos intervinieran.

"¿Qué representa para ustedes como mujeres indígenas el territorio? Eloiza⁵ explica: Es muy importante, por que gracias al territorio tenemos como comunidad indígena una calidad de vida; nos da las cosechas, los productos, los elementos para hacer las viviendas... es nuestra fuente de trabajo". A ello Sara complementa: "la obra de Dios nos trajo aquí, a nuestra tierra. Puso el cielo y la tierra, y doy gracias, pero la cogemos para negocio, sin saber quién es quién, y lo hacemos negocio".

El valor del territorio es confirmado por las demás mujeres del grupo, quienes reconocen en él su medio de vida, la plataforma para la construcción de sus proyectos, de la subsistencia. El territorio es fuente de aprendizaje, es medio de educación para sus hijos, como lo explicó Alfonsina: "las relaciones con el territorio son para la educación, por ejemplo, para la caña flecha, así enseño a mis hijos a trenzar, y eso somos".

Pero sobre el territorio estas mujeres identifican y recuerdan las violaciones y atentados que tanto años atrás como hoy padecen sus pueblos; Eloiza explica: "Ahora tenemos problemas con los campesinos, se quieren aprovechar y adueñar del territorio, corren los cercados y los linderos, pero tenemos claro hasta donde esta nuestro territorio. Dicen que el indio no necesita, lo tiene todo y no necesita. (...) Tenemos proyectos incumplidos (a lo cual todas asienten con la cabeza)".

La narrativa en el grupo focal de estas mujeres develó que entre ellas mismas hay un reconocimiento y respeto por algunas, como Eloiza y Sara, que sin ser líderes, desempeñan el rol de narrar la vivencia colectiva que las identifica y vincula como un sujeto colectivo. Estas mujeres indígenas asumieron la mayor parte de la vocería solicitando reiteradamente la legitimación y el apoyo del resto del grupo en la medida que hablaban y avanzaban en sus testimonios, a lo cual nunca tuvieron negativa, especialmente cuando Sara afirmó: "aquí las cosas se complementan cuando aparecen quienes se preocupan por eso. (...) pedimos a la Biblia que Dios no nos mande engaño, porque vivimos engañados", a lo cual Eloiza adiciona: "el engaño trajo muerte, y entre el noventa y el noventa y siete tenemos una tumba que dio su sangre por la comunidad. Vivimos los efectos de los violentos, fueron pocos pero graves" a lo cual todas asienten con expresiones de tristeza.

Con las comunidades de La Playa y Las Palmas las mujeres no fueron autorizadas a realizar el grupo focal sin la presencia de los hombres, pero tampoco ellas querían estar solas, pues siempre han sido y se han asumido como un solo grupo, sin distinción de sexo pero si con reconocimiento de autoridad masculina. Las mujeres buscaron siempre el consentimiento de sus respuestas en uno de los hombres, lo que no impidió que dejaran ver las afectaciones por las cuales han pasado como comunidades. Así lo explicaron Luisa y María de la comunidad Las Playas.

Luisa: "llevábamos treinta y cinco años esperando y ahora por fin está construyendo (hace referencia al centro educativo), fue luchando, peleando, insistiendo", ¿A quién insistían? "al Ministerio de Educación, pero no se ha logrado casi nada, la exministra es muy difícil". María: "La lucha fue en la guerra. Desde 1997 hasta hora la guerra ha generado muchos problemas. Aquí estamos en mitad de la guerra" (Todos comienzan a reír). "Estamos resistiendo, con los niños, con los viejos". Luisa complementa diciendo: "Hubo un desplazamiento de campesinos, y nosotros también con ellos. Así ¿Quién va a recuperar las cosas, las camisas, los pantalones? Y ahora no hay pescado, no hay tierra para el cultivo".

Estas comunidades estuvieron alojadas en jurisdicciones de comunidades indígenas vecinas o próximas en la región de Urabá cuando fueron desplazados por los conflictos armados. Sus problemas de desplazamiento coinciden con los problemas de propiedad sobre el territorio, así como los conflictos con los campesinos vecinos de la comunidad Las Palmas, reasentados en un nuevo territorio después del desplazamiento. Así lo deja ver Milagros:

El conflicto se normalizó, no para decir que no se puede salir. Hubo masacres, mataron a cuatro líderes indígenas de los cabildos, y siguen las amenazas sobre los líderes... uno tiene que enfrentarlos, a todos, a los guerrilleros, a los paramilitares, a la policía. En este momento en el conflicto... no, es que uno queda nervioso. Hemos resistido, no vamos a parar, así nos asesinen, y somos desplazados de la zona, pero eso se arregló.

Los testimonios de las mujeres indígenas de las comunidades de Urabá coinciden en problemas que vienen siendo reseñados por agencias internacionales y nacionales desde hace varios años: desplazamiento forzado, asesinato y amenazas de líderes e integrantes de la comunidad, desarraigo y problemas de reconocimiento, titularidad y defensa de sus territorios, sin que estos últimos sean tan visibles en informes oficiales.

El valor de la narrativa de estos problemas comunitarios desde la voz de las mujeres radica en la construcción y mantenimiento de la memoria, que dolorosa, aun los define como comunidad, como sujetos de una minoría vulnerable, como sujetos cuyos perjuicios se materializan lentamente, y en ocasiones de manera imperceptible por las condiciones de pobreza. De esos problemas las mujeres son transmisoras de la herencia y de la vivencia, incluso ante la aprobación de los hombres de su grupo, lo que reafirma su rol educador, transmisor y formativo de una memoria que como colectivo sigue definiendo el devenir de los indígenas en esa zona de Antioquia, y que se constituye en referencial social para una política pública de protección del territorio que debe incluir los rezagos y secuelas del conflicto interno.

Memoria a partir de la narrativa de mujeres negras desplazadas.

El proyecto de investigación "Mujer, Negra, Desplazada: Memorias de un pueblo negro"⁶, trabajó con una muestra poblacional de mujeres de raza negra desplazadas por diversas dinámicas del conflicto armado en la región de Urabá. Fue un espacio desde el cual se escucharon sus voces, desde sus testimonios fue posible conocer cómo viven, perciben, sienten y entienden lo que están viviendo poblaciones afrodescendientes de la región.

Los resultados obtenidos a partir de las narrativas que serán develadas aquí han sido socializados principalmente en el contexto internacional⁷, teniendo poca y reciente acogida en Colombia⁸. Solo a inicios del 2012 fue publicado en España un aparte del producto final de la investigación, el cual fue denominado "Mujer, Negra, Desplazada: Memorias de las víctimas"⁹. A mediados del 2013, como segunda edición, se publicó la versión completa con algunas novedades, denominada "Mujer, Negra, Desplazada: Una triple victimización en Colombia"¹⁰, fenómeno irónico que refleja la reticencia al reconocimiento y comprensión de estas realidades humanas. La investigación se propuso explorar desde los testimonios de las mujeres negras las huellas y efectos dejados en ellas por el desplazamiento y la violencia. De allí que se adelantaran indagaciones sobre la violación de derechos y la victimización que implica el desplazamiento forzado por grupos armados e incluso por fuerzas del Estado, así como su interrelación con otras formas de discriminación histórica y estructural: la discriminación como mujeres y la discriminación racial.

Para el momento que hablo Josefina era una mujer de 39 años con 4 hijos a los que ha tratado de darles todas las oportunidades que nunca tuvo cuando era niña en el departamento del Chocó: "la vida en el Chocó es muy dura, siempre ha habido mucho trabajo desde muy niña. Toda la vida ha sido pasar trabajo". En Chocó trabajó la tierra y la minería:

Yo soy de Itsmina. De una vereda cerca de allí. Se llama Bazurú, son dos quebradas como una "Y" (...). Es pequeñito, con muy poquitos habitantes, más o menos, pongámosle, yo creo que no alcanza las cien casas. Ahora es más solo, porque la gente se ha desplazado mucho de allá, para Itsmina, para Cali, entonces la gente va disminuyendo porque ahora la violencia está más dura allá (Vásquez et. Alt., 2013: 85).

Josefina llegó a Medellín a los 14 años, empezó a trabajar en casas de familia, donde experimentó la humillación de otras mujeres, sus patronas, que exigían que todo quedara como a ellas les gustaba. Josefina, al igual que otras mujeres negras de su municipio, fue desplazada por la violencia.

La guerrilla perseguía mucho donde nosotros vivíamos, entonces ya uno (...) como allá se trabaja en el campo, en el monte, hay mucho miedo de ir al monte a trabajar porque uno no sabía qué le iba a salir, ya la guerrilla se mantenía en el monte, ya la gente mantenía en las casas y el que se queda en la casa se muere de hambre, entonces ya a uno le tocaba venirse de por allá (Vásquez et. Alt., 2013: 87).

La ciudad que la recibió rompe con las formas habituales de vida, desinstala, abruma. Además las oportunidades son excluyentes, desiguales, y en la victimización generalizada por el conflicto no todos los desplazados reciben atención:

Yo nunca he recibido nada. No hice la declaración de desplazamiento porque como dicen que eso si uno no tiene una carta o no está en el sistema, que no le paran bolas, pues eso me dicen a mí. (...) Una vez sí estuve en una fila en la UAO¹¹, pero hubo un señor me dijo que no, que a mí no me atendían ahí y que yo no sé qué más, entonces yo me salí de la fila (Vásquez et. Alt., 2013: 88).

Cuando se preguntó a Josefina por las posibilidades de un retorno y recobrar su modelo de vida en Itsmina para recuperar lo suyo, ella manifestó:

Más de una vez pensé en devolverme, pero el Chocó ahora está peor que antes. Ahora hay más grupos armados allá, además en el pueblo abusan de las mujeres, y como ya tengo mis hijos y son jóvenes me da mucho miedo. Siempre ha existido eso, pero yo creo que ahora la gente es más como sin piedad (...) me tocaba ver abuso a las mujeres de los grupos armados, no alguien cercano, pero si gente conocida, entonces a uno lo obligan a huir, porque son cosas que al menos, a mi me da mucho miedo eso, ya habían hecho un poco de homicidios. Aunque volver pues bueno.

Antonia es una mujer que se desplazó del municipio de Apartadó. En su historia los acontecimientos son tan dolorosos y fecundos como un parto: ser perseguida por tener un hermano de la UP¹², encarcelada, experimentar la muerte de su esposo y un hijo, salir de 'lo suyo', sus tierras, su casa, su forma de vida. Sus padres vivieron su primer desplazamiento del Norte de Santander, momento desde el cual Antonia recuerda la violencia y el desplazamiento. Para ella comenzó cuando llegan a Urabá las multinacionales; se acaba la paz, el trabajo en las tierras, la alegría y se da paso al dolor y a la muerte. Al miedo a abrir la puerta y darle un vaso de agua a alguien porque se podría ser tildado de colaborador de algún partido o grupo armado:

Porque las personas no compartían lo que tenían, y las personas no se conforman con lo que tienen sino que quieren más y más (...) Su interés es de plata, volverse más ricos, así sea matando a sus hermanos colombianos, porque la gente ya no mira lo de adentro, sino cómo está vestido. A esa gente yo le digo los cuellos torcidos, porque sólo miran lo de afuera y no lo importante qué es lo de adentro. (Vásquez et. Alt., 2013: 93).

Antonia se constituyó en una voz que denunciaba lo que pasaba en su territorio, y en una ocasión al acudir a la policía, se burlan de ella porque estaba sin ropa y sucia después de que recibiera el lanzamiento de explosivos en su rancho. Antonia pierde a su esposo en un homicidio, y empieza a pasar las tierras a sus amigos, pero no sale de la zona: "creía que yo no tenía enemigos porque no pertenecía a ningún partido político ni a ninguna organización, pero como mi hermano era de la UP vinieron las represalias". Luego, su situación provoca que se desplazara a Medellín: "Una amiga me decía que Medellín era muy bueno, pero yo llegué perdida porque yo soy del monte y no sabía nada (...) me impresioné mucho, parecía el cielo, toda alumbrada, tan bonita la gente, tan aseada y toda bien vestida y uno del monte con botas y sucio." (Vásquez et. Alt., 2013: 93).

La realidad que vivió Antonia como resultado de las agresiones en Apartado, y luego en su llegada a Medellín la hicieron reconocer y reflexionar las condiciones a las cuales terminan sometidas las mujeres negras desplazadas que sobreviven. La mayoría de ellas se destinan a desempeñar oficios domésticos, en el rebusque, la mendicidad e incluso teniendo que recurrir a la prostitución:

Ahí se meten la mayoría de las niñas desplazadas, porque no hay para comer entonces les toca, para no dejar morir de hambre a sus hijos. Y cuando tienen un hijo o se les pega una enfermedad, es que pierden la dignidad, el valor de la mujer y que nos dejaron nuestros ancestros [...] Una prostituta para la sociedad es un escusado, porque usted va a ella para satisfacer su deseo y nada más, y digo escusado porque está con todos los hombres y ahí no hay amor. (Vásquez et. Alt., 2013: 97). De manera más palpable, los testimonios de las mujeres negras desplazadas en el departamento de Antioquia dejan ver afectaciones que se han profundizado con el paso del tiempo, donde a diferencia de las mujeres indígenas no se identifica la presencia de su comunidad como grupo de compañía o apoyo, sino el de otras mujeres víctimas que han padecido iguales o similares situaciones, generando un vínculo de identidad más estrecho, pero al tiempo mas cerrado y aislado de las posibilidades reales de superación.

Conclusiones

Los testimonios y narrativas recolectados en los grupos focales con mujeres indígenas y negras del departamento de Antioquia son un referencial social para la elaboración de una política pública para la protección de sus territorios. Esas narrativas no son sólo de eventos históricos que dan cuenta de los procesos que han vivido y siguen viviendo comunidades en Colombia, son vivencias que permiten organizar las experiencias en las conciencias de quienes narran y de quienes escuchan, permitiendo comprender de forma más profunda el fenómeno del conflicto, y abriendo un paralelo constructivo a las voces que comienzan a emerger en el territorio que tuvo que acoger la violencia de la guerra, haciendo memoria para la construcción de políticas, pero sobre todo, para la construcción de la paz.

El espacio para ejercer la oralidad fue más valioso al mantener a las mujeres en sus propios territorios. En el caso de las mujeres indígenas la carga sensible que se configura por la conexión permanente que tienen con el territorio les permite reconstruir los sentidos que depositan y alimentan en él: el cultivo de la tierra, la educación de sus hijos, la delimitación de su propiedad, la identificación del lugar, la pertenencia de la comunidad, la remembranza del desplazamiento y la identificación de los ataques por medio de los cuales tratan de despojarlos.

Proponer el territorio como objeto de protección para las mujeres de las comunidades indígenas del Urabá de Antioquia, es abrir la narrativa para la protección de uno de sus componentes de vida. El territorio es texto abierto, que se hace uno con el sujeto colectivo que se conforma por cada uno de los individuos de la comunidad. Al territorio asocian la lucha por la construcción de equipamentos para garantizar servicios esenciales como la educación y la salud, con el territorio relacionan la vecindad con las fronteras agrícolas amenazantes desde el silencio, al territorio vinculan la sangre de los muertos por la violencia del conflicto armado, los abandonos y despojos generados por el desplazamiento, y la merma de recursos para la subsistencia.

Los testimonios de las mujeres indígenas constituyen un flujo de decisión de alto valor para el referencial de una política pública de protección del territorio, en la medida que a él se asocia su cosmovisión atada a problemas claramente identificados que adquieren su alcance a partir de las secuelas de un conflicto interno en el que todas coinciden que "ha mermado" o "ya pasó". Los problemas públicos sobre el territorio desde las voces femeninas indígenas son la amenaza del despojo, la repetición del desplazamiento, la debilidad de las comunicaciones con las autoridades públicas, la amenaza a sus líderes y el engaño de externos que pretenden contribuir con el respeto de la autonomía que tienen como comunidad.

La coincidencia con los testimonios de las mujeres, negras, desplazadas, es alta, pero las realidades han variado a profundidad, sin que ello haga más o menos víctima a uno u otro grupo. Mientras las mujeres indígenas de Urabá hablaron desde sus jurisdicciones, las mujeres negras lo hicieron desde los lugares que las recibieron después del desplazamiento. Mientras las mujeres indígenas narraron sus vivencias junto a familias integradas en las que faltaban pocos miembros, las mujeres negras lo hicieron como cabezas de familia, sin varios de sus hijos, acosadas o accedidas sexualmente por los actores violentos. Mientras las mujeres indígenas se mantuvieron o retornaron a sus territorios, o se desplazaron a zonas continuas para recuperar los sentidos con ese componente de la vida comunitaria, las mujeres negras no lo hicieron, pues no tuvieron otra oportunidad diferente a construir relaciones obligadas con los territorios urbanos a los cuales llegaron.

Sin embargo, la profundidad de las vulneraciones y atentados construye un hilo común entre ambas poblaciones minoritarias. Ambas, como conjunto, dentro o fuera de sus territorios ancestrales y de origen, han mantenido un almacén colectivo, no individual, de los recuerdos que constituyen su memoria. Gracias a ello el recuerdo no se concibe como un proceso individual, pues la significación lógica que este tiene ha construido variables culturales propias de esas poblaciones, lo cual las identifica como minorías dentro de la Nación colombiana.

Las variables que resultan de la elaboración del referencial de política pública para la protección de los territorios son la construcción de memoria histórica de comunidades que tienen la calidad de víctimas, y que con ello, develan como el territorio es sustrato material de esa victimización. Sus testimonios son el reflejo del recuerdo, un recuerdo que no es personal sino que obligatoriamente debe ser colectivo gracias a la cosmovisión que han tenido como minoría. Sus recuerdos sobre el valor del territorio son en gran medida los recuerdos sobre las vivencias en medio del conflicto armado, un recuerdo que sirve de credencial para un enfoque diferencial de política pública con enfoque donde el sujeto debe comprenderse como colectivo.

Notas

¹ Un ejemplo de ello es la labor que desempeña el Centro Nacional de Memoria Histórica, que en 2014 llevó a cabo la celebración de la VII Semana Nacional de la Memoria, celebrada en la segunda semana de octubre.

² En el proyecto de investigación intervino Bibiana Escobar García de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y Nora Isabel Saldarriaga, Beatriz Elena Villegas, Walter Raúl Mejía Cardona y Alexander Nizhelski álvarez de la Fundación Forjando Futuros, que cofinanció la investigación

³ La visita a las jurisdicciones de las comunidades indígenas citadas se dio en el mes de octubre de 2014. En dicha visita todos los instrumentos fueron aplicados por el equipo de investigación conformado por el autor de este artículo, y las auxiliares de investigación Diana Arias y Vanessa Villa, estudiantes del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.

⁴ Véase por ejemplo la Sentencia T - 001 de 2012, Sentencia T - 129 de 2011, Sentencia T - 282 de 2011, Sentencia C - 139 de 1996, Sentencia C - 694 de 2003, Sentencia T-769 de 2009, Sentencia C - 139 de 1996, Sentencia T 496 de 1996.

⁵ No se develan los nombres verdaderos de las mujeres que participaron en los grupos focales, toda vez que en el consentimiento informado aceptaron la realización del ejercicio prefiriendo el uso de nombres ficticios.

⁶ La investigación "Mujer, Negra, Desplazada: Memorias de un pueblo negro", fue financiada por el Ajuntament de Barcelona, y la Asamblea de Cooperación por la Paz, de España, la Fundación Forjando Futuros, y la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia. El autor participo como investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana en la línea de investigación "Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho". Participaron como coinvestigadores Nora Isabel Saldarriaga Flórez, Beatriz Villegas Sierra, Walter Raúl Mejía Cardona y Alexander Nizhelski álvarez de la Fundación Forjando Futuros, y como auxiliares de investigación de la Universidad Autónoma Latinoamericana, las estudiantes Olga Beatriz Vallejo Blandón y Nora Viviana Echavarría Cano.

⁷ Ver: Vásquez Santamaria, Jorge Eduardo & ESCOBAR GARCIA, Bibiana. Política pública para víctimas del conflicto armado en Colombia desde las experiencias con mujeres negras desplazadas. En: Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica. 2013. p. 57 - 76. Vásquez Santamaria,, Jorge Eduardo & ESCOBAR GARCIA, Bibiana. Mujeres negras desplazadas: narrativas de las víctimas para construir memoria del conflicto en Colombia. En: Revista Dignitas. México: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 2013. p. 12 - 34.

⁸ Ver: Vásquez Santamaria,, Jorge Eduardo & ESCOBAR GARCIA, Bibiana. Realidades de la política pública para las víctimas desde las narrativas de mujeres negras desplazadas por el conflicto armado interno en Colombia, En: Revista Remas Sociojuridicos. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 2014.

⁹ Libro en coautoría de Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, Bibiana Escobar García, Nora Isabel Saldarriaga Flórez, Beatriz Villegas Sierra, Walter Raúl Mejía Cardona y Alexander Nizhelski álvarez, Beatriz Vallejo Blandón y Nora Viviana Echavarría Cano. Publicado por el Ajuntament de Barcelona, la Asamblea de Cooperación por la Paz, de España, y la Fundación Forjando Futuros.

¹⁰ Libro en coautoría de los mismos integrantes anteriores, adicionando a Beatriz Vallejo Blandón y Nora Viviana Echavarría Cano. Publicado por la Universidad Autónoma Latinoamericana.

¹¹ Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, organismo dependiente de la Alcaldía de Medellín.

¹² Unión Patriótica. Partido Político colombiano, fundado en 1985 y cuyos miembros, casi en su totalidad, fueron sistemáticamente asesinados.

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