Evolución de los textos constitucionales sobre estados de excepción en Colombia, entre 1886 Y 1991^*

Evolution of constitutional texts on states of emergency in Colombia, between 1886 and 1991

María Cristina Duque Correa^**

Finalmente, se agregó una disposición del siguiente tenor:

Artículo 91.- El Derecho de gentes hace parte de la Legislación nacional. Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de Tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas. (Restrepo 2004, p.91)

Los historiadores están de acuerdo en que fueron los derechos sin control en cuanto al porte de armas y a la libertad de expresión los que ocasionaron que se desataran guerras civiles permanentes en los estados y entre ellos, situación que sirvió de justificación al poder federal para intervenir en sus asuntos y que frente al caos creciente el movimiento regenerador de Núñez y Caro sepultara la "constitución para un país de ángeles²¹ "en cuyo texto se advierte el afán de debilitar los poderes del ejecutivo tal como se trasluce en la atribución de "velar por la conservación del orden general" que se dejó transcrita.

La constitución de 1886 y sus reformas

• El artículo 28²² que permitió la retención de personas por orden del gobierno cuando contra ellas existieran "graves indicios de que atentan contra la paz pública.

• El artículo 121²³ que instituyó el estado de sitio para los casos de guerra exterior o de conmoción interior, cuya declaración investía al presidente de las facultades "que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento."

• El transitorio Artículo K, mordaza para la libertad de opinión: "Mientras no se expida la ley de imprenta, el Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa".

Los actos del presidente en ejercicio de estos poderes carecían de control jurídico. No existía el contencioso administrativo, y la revisión por inexequibilidad confiada a la Corte Suprema de Justicia se activaba por el gobierno contra los actos reformatorios de la constitución que fueran objetados como inconstitucionales, o contra los proyectos de ley devueltos por el ejecutivo con objeciones por inconstitucionalidad si las cámaras insisten.

De allí en adelante, las reformas constitucionales que se sucedieron durante nueve décadas del siglo XX marcaron una génesis interesante de estos poderes de excepción.

En 1904 el General Rafael Reyes asumió la presidencia de una Colombia en ruinas: La guerra de los mil días había terminado en noviembre de 1902 y un año después ocurrió la separación de Panamá²⁴. Fue una presidencia con visos de dictadura, que la historia recuerda como el Quinquenio de Reyes, en la cual, a través de una Asamblea Nacional Constituyente prácticamente se abrogó la carta de 1886.

Por el Acto legislativo N° 3 de 1910 se recobró el espíritu y vigencia de la Constitución de 1886. Este acto, en su artículo 33, dio nueva vida al estado de sitio, modificando ligeramente el 121 del texto original²⁵: No se requiere el concepto previo del Consejo de Estado; el derecho de gentes se incorpora de manera acumulativa y no supletiva; los decretos de estado de sitio solamente pueden suspender las leyes que con ellos sean incompatibles y dejan de regir una vez él se levante; la convocatoria del Congreso es necesaria pero solamente será inmediata en el caso de la guerra exterior, al paso que para el caso de una mera perturbación interna esa convocatoria ocurre cuando el orden se restablezca.( Pombo & Guerra,1986. T IV. P.324)

Ese mismo acto legislativo consagró, además, el control constitucional en el artículo 41:

"A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confiere ésta y las leyes tendrá la siguiente:
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación".

En 1914, el acto reformatorio de 10 de septiembre, por el cual se restablece el Consejo de Estado y, además de su tradicional función consultiva se le instituye como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, se dijo:
"Artículo 7°. En los casos de que trata el artículo 28 de la Constitución y el 33 del Acto Legislativo N° 3 de1910, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado para dictar las providencias de que tratan dichos artículos.(Restrepo, 2004, p. 472)

Este texto, así como el del artículo 33 del Acto Legislativo N° 3 de 1910, y el de los artículos 28 que no había sido reformado por la Asamblea Nacional Constituyente del Quinquenio, se mantuvieron, hasta 1968 con dos variantes introducidas en la reforma de 1945:

Artículo 53: El artículo 147 de la Constitución quedará así:… A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas las leyes o decretos dictados por el gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del art.69 y el artículo 177 de la Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionales por cualquier ciudadano… (Restrepo, 2004, p. 511)

Y como norma nueva, en la regulación del Consejo de Estado el artículo 40 de ese acto legislativo se agregó

"… Los dictámenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno, salvo el caso del artículo 207" (Restrepo, 2004, p. 507)

Debe anotarse que en ese momento el artículo 177 correspondía al que posteriormente se denominó estado de sitio y se incorporó al texto constitucional bajo el número 121, seguido del artículo 7° del acto legislativo de 1914 con la adición dispuesta en esta reforma como artículo 122²⁶.

En 1960 el Acto Legislativo N° 1 introdujo el control político por parte del congreso y un control jurisdiccional por parte de la Corte Suprema de Justicia, previa solicitud del legislativo, sin perjuicio de la acción ciudadana de inexequibilidad, así:

Por el cual se modifica el Artículo 121 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 1°. El Presidente de la República no podrá ejercer las facultades de que trata el Artículo 121 sino previa convocatoria del Congreso en el mismo decreto en que declare turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella, ya sea por causa de guerra exterior o de conmoción interna. Esta convocación se hará para dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de tal decreto. Si el Presidente no lo convocare, el Congreso se reunirá por derecho propio. En todo caso permanecerá reunido mientras dure el estado de sitio. El Congreso, por medio de proposición aprobada por Mayoría absoluta de una y otra Cámara, podrá decidir que cualquiera de los decretos que dicte el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte fallará dentro del término de seis (6) días, y si así no lo hiciere, el Decreto quedará suspendido. La demora de los Magistrados en pronunciar el fallo es causal de mala conducta 549. (Restrepo 2004, pág. 549)

En 1968, por Acto Legislativo N°1, del 11 de diciembre, se produjo una reforma de fondo en tres frentes: El primero, respecto del artículo 28; el segundo en cuanto a la delimitación de las circunstancias que dan lugar a la declaratoria de estado de sitio (políticas), separándolas de causas que puedan perturbar el orden económico y creando para que el presidente pueda afrontarlo el estado de emergencia y, en tercer lugar el establecimiento de límites a los poderes presidenciales, y la creación de la Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia para facilitar el control. Los nuevos textos son los siguientes:

ARTÍCULO 5o. El Artículo 28 de la Constitución Nacional quedará así: Aún en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex-post facto, sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente.
Esta disposición no impide que aún en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas mediante orden del Gobierno, y previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. Transcurridos diez días desde el momento de la aprehensión sin que las personas retenidas hayan sido puestas en libertad, el Gobierno procederá a ordenarla o las pondrá a disposición de los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que decidan conforme a la ley. (Restrepo, 2004, pp. 553)

ARTÍCULO 42. El Artículo 121de la Constitución Nacional quedará así: En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones. Los decretos que dentro de esos precisos límites dicte el Presidente tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio. La existencia del estado de sitio en ningún caso impide el funcionamiento normal del Congreso. Por consiguiente, éste se reunirá por derecho propio durante las sesiones ordinarias y en extraordinarias cuando el Gobierno lo convoque. Si al declararse la turbación del orden público y el estado de sitio estuviere reunido el Congreso, el Presidente le pasará inmediatamente una exposición motivada de las razones que determinaron la declaración. Si no estuviere reunido, la exposición le será presentada el primer día de las sesiones ordinarias o extraordinarias inmediatamente posteriores a la declaración. En el caso de guerra exterior, el Gobierno convocará al Congreso en el decreto que declare turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los diez días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o terminado la conmoción interior y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado. Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente Artículo.

PARÁGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este Artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Los términos señalados en el Artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por el Tribunal Disciplinario. (Subrayas fuera de texto corresponden a textos nuevos que en esta reforma se agregan a la norma de 1910 con la adición hecha en 1960)

ARTíCULO 43. El Artículo122 de la Constitución Nacional quedará así: Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el Artículo121, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que constituyan también grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el estado de emergencia por períodos que sumados no podrán exceder de noventa días al año. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente con la firma de todos los Ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia. El Gobierno en el Decreto en que declare el estado de emergencia señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este Artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogables por acuerdo de las dos Cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas. El Congreso podrá en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las materias específicas de los decretos a que se refiere este Artículo. En las condiciones y para los efectos previstos en este Artículo, el Congreso se reunirá por derecho propio, si no fuere convocado. Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren el estado de emergencia sin haber ocurrido los hechos a que se refiere el inciso 1o; lo serán también por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente Artículo. Durante el estado de emergencia económica el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores. PARáGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este Artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Los términos señalados en el Artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por el Tribunal Disciplinario. (Restrepo, 2004, pp. 571-572)

ARTíCULO 71. El Artículo 214 de la Constitución Nacional quedará así: A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las siguientes: 1a. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación; 2a. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y los decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los Artículos 76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el Procurador General de la Nación. En los casos de los Artículos 121 y 122, cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se refieren.
La Corte Suprema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de Magistrados especialistas en Derecho Público. El Procurador General de la Nación y la Sala Constitucional dispondrán, cada uno, de un término de treinta días para rendir concepto y ponencia, y la Corte Suprema de Justicia de sesenta días para decidir. El incumplimiento de los términos es causal de mala conducta que será sancionada conforme a la ley. (Negrilla fuera de texto) (Restrepo, p.584)

De las normas anteriores se destacaEl límite temporal impuesto al gobierno para que entregue a los jueces a las personas retenidas según el artículo 28.

• El nacimiento de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fortalecimiento del control de constitucionalidad.

• En el estado de sitio se admite la existencia de poderes otorgados por la constitución especialmente para tiempos de guerra y perturbación del orden público. La citación del congreso a sesiones extras se hace obligatoria y en término perentorio para los casos de guerra exterior, para el estado de sitio se mantiene la orden de pasarle informe inmediatamente, si está reunido, o de no estarlo, el primer día de las sesiones ordinarias, advirtiendo que la declaración de estado de sitio no interfiere con las reuniones del cuerpo legislativo y, tal vez lo más importante para nuestro estudio, desaparece el control constitucional solicitado por el congreso y, en cambio, se establece el control automático de constitucionalidad de oficio, en términos que representan un máximo de 60 días para que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decida definitivamente, previo concepto de la Sala Constitucional .

• El Estado de Emergencia Económica: En sentencia n° 8 de 23 de febrero de 1983, la Corte Suprema de Justicia explica de manera magistral las razones por las cuales el Gobierno Lleras Restrepo introdujo la reforma contenida en el artículo 122: … A partir de la expedición del Decreto Legislativo de Estado de sitio número 2350 de 1944, que regulaba aspectos relativos al régimen laboral y al intervencionismo del estado en la economía, con vocación de permanencia, y que fue el que sirvió de inspiración al Congreso para expedir la Ley 6ª de 1945, comenzó a formalizarse en la práctica la tesis ambivalente de que el orden público podía verse alterado no sólo por razones de carácter político sino también de índole económica.

Desde entonces se abrió la brecha hacia la práctica perniciosa y desmedida, ajena a la finalidad específica prevista en el artículo 121, de legislar en materia económica por medio de Decretos Legislativos de Estado de sitio, lo cual generó una desviación de la institución en cuanto a sus fines, que esencialmente apuntan al restablecimiento del orden público político o a la atenuación de los efectos del desorden, y en cuanto a su duración, pues las medidas excepcionales sólo rigen mientras se halle perturbado el orden público y no para después de levantarse el estado de sitio. Como quiera que mientras el Congreso no se prestara a aprobar mediante ley los decretos así expedidos no se levantaba el estado de sitio por el gobierno ya que el país no podía quedarse sin legislación económica, se fue gestando paulatinamente hasta volverse crónica la normalización de la anormalidad institucional engendrada por la distorsión del artículo 121 de la Constitución.

… Con el propósito de hacer comprender mejor la dimensión del desbordamiento del estado de sitio hasta cuando tuvo lugar la Reforma Constitucional de 1968 y de hacer ver que el alcance que desde ese año se le dio al artículo 122 sobre estado de emergencia fue muy restringido, se destaca que, aparte de los hechos de orden social, doctrinario y político que hubieran podido contribuir a la hipertrofia del estado de sitio, cuya evaluación no atañe a la Corte, desde 1936 se había impuesto una férrea limitación en el artículo 32 de la Carta al intervencionismo del ejecutivo por medio de decretos-ley, la cual en gran medida repercutió en el abuso del artículo 121.

Mediante el artículo 11 del Acto Legislativo número 1 de 1936, el Constituyente instituyó el intervencionismo del Estado en el proceso económico (para la época artículo 28 de la Carta), pero desde ese mismo momento advirtió que sólo podría llevarse a cabo "por medio de leyes". Con ocasión de aquella norma se suscitó ardua polémica doctrinaria y jurisprudencial sobre el alcance de la competencia asignada a la ley para intervenir la economía: unos consideraban que el Estado no podía hacerlo sino por previsión directa, indelegable y exclusiva de la ley como expresión formal del Congreso, y que por tanto le estaba vedada esa atribución al ejecutivo aún por el mecanismo de los decretos-ley originados en normas de facultades extraordinarias, a las que se refiere … el artículo 76-12 de la Carta; otros, por el contrario, sostenían que el Constituyente del 36 había exigido apenas que la competencia interventora tuviera origen en la ley, pero que podía ser ejercida no sólo en forma directa y completa por el Congreso, sino también de manera derivada o indirecta por el ejecutivo por la vía de la investidura legal de facultades extraordinarias a fin de que éste profiriera decretos-ley que las desarrollaran.

Se expidió luego el artículo 4° del Acto Legislativo número 1 de 1945 que modificó el 11 del Acto Legislativo número 1 de 1936, por el cual se dispuso que la intervención podía efectuarse ya no sólo "por medio de ley", sino "por mandato de la ley", o sea, con fundamento u origen en ésta pero sin necesidad de que ella se ocupara íntegramente de su regulación. No obstante el Constituyente de 1945 sentó paradójicamente la siguiente cláusula constitucional en el inciso segundo del mentado artículo, la cual perduró hasta 1968: "Esta función no podrá ejercerse en uso de las facultades del artículo 69, ordinal 12 (hoy 76-12), de la Constitución" (Facultades extraordinarias).

Desde 1945 hasta la Reforma Constitucional de 1968 quedó en claro que el gobierno no podía intervenir el proceso económico por medio de decretos derivados de leyes de facultades extraordinarias del Congreso, previstas en el artículo 76-12 de la Carta, sino apenas, para ciertos efectos restringidos, mediante decretos especiales o de autorizaciones que expidiera con fundamento en las leyes que lo permitieran según lo prescrito en el artículo 76-11 de la misma.

El hecho es que durante todo aquel tiempo el Congreso, que era el competente para legislar en materia de intervención económica y social, por lo general no lo hacía, y que el ejecutivo, que buscaba hacerlo, no podía lograrlo sino por medio del mecanismo irregular de los Decretos Legislativos de Estado de sitio amparado en la cada vez más consolidada teoría de la etiología económica y política de la perturbación del orden público. … Al entrar en vigencia el Acto Legislativo número 1 de 1968 se logró atenuar el uso desmedido del artículo 121 fortaleciendo su control de constitucionalidad (artículos 121 y 214 C. N.), restringiéndolo a sus finalidades institucionales originarias (artículo 121), aboliendo la prohibición de intervenir la economía por medio de decretos-ley (artículo 32), otorgándole al ejecutivo mayor injerencia en la elaboración y aprobación de las leyes mediante el mecanismo de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley sobre estructuración administrativa, gasto público, tributación, y organización del régimen fiscal, presupuestal y de planeación (artículo 79); permitiéndole al Presidente de la República intervenir en forma autónoma por vía reglamentaria constitucional en el Banco de Emisión y en el ahorro privado (artículo 120-14), y, finalmente, reservando para casos excepcionales o de emergencia económica y social distintos de los previstos en el artículo 121, la facultad restricta del ejecutivo para expedir decretos con vocación de vigencia permanente en materia económica y social (artículo 122), pero obviamente sin llegar a pensar que esta vía circunstancial se convirtiera en otra desbordante institución similar o mayor a la que precisamente con su creación se buscaba delimitar.

…En rigor, por imperio de la historia, conclúyese que lo que con mayor fuerza condujo a la distorsión institucional del artículo 121 antes de 1968, no fue la falta del artículo 122 que sólo se utilizó por primera vez seis años después de su creación²⁷, lo cual denota la excepcionalidad de su implatamiento, sino esencialmente la prohibición del Constituyente al Congreso de investir al ejecutivo de facultades extraordinarias y a éste de utilizarlas en materia de intervención económica. Fue así como una vez abolida la prohibición, el Estado de Derecho se encauzó por los derroteros institucionales ordinarios del intervencionismo económico. (Jurisprudencia y Doctrina, 1983, p. 348-350)

Además, la figura nace rodeada de una serie de precisiones de causa, tiempo y objeto que van a permitir de manera más clara el control sobre los actos del ejecutivo en uso de las facultades que le otorga el artículo 122, y, de paso, refuerza la tendencia de la Corte a dejar de lado la teoría del control formal que era dominante frente a los mismos actos producidos dentro del estado de sitio.

Conclusiones

Un repaso comparativo de las instituciones que establecieron para Francia sus cuerpos constituyentes desde los albores de la revolución, para dotar al ejecutivo de poderes que le permitieran preservar el orden público interno y enfrentar las amenazas del exterior, sirvió de guía, sin duda alguna, para la redacción de las normas constitucionales colombianas que regularon los que llamaríamos hoy "estados de guerra exterior y de conmoción interior (antes estado de sitio) desde los albores del la vida independiente.

No puede, en cambio, extenderse la misma afirmación al estado de emergencia económica, nacido de la necesidad de mantener al presidente facultades extraordinarias para afrontar las crisis derivadas de acontecimientos de carácter económico o social, mientras, de otra parte, se atendía al imperativo de reformar el estado de sitio estableciéndole límites temporales y materiales e incrementando el control.

Hay un hecho notorio: El artículo 28, traducción casi exacta del artículo 145 de la constitución francesa de 22 de agosto de 1795 y el 46 de la Constitución de 13 de diciembre de 1799, se mantuvo como un poder extraordinario del Ejecutivo para limitar la libertad de las personas por simples sospechas hasta 1991. Solo que en 1968 se obligó a la autoridad de policía a poner al supuesto "perturbador del orden público" a disposición del juez competente.

Notas

¹Mounier (Jean-Joseph) abogado y juez real en Grenoble, diputado elegido por el Delfinado, propuso a sus colegas, el 20 de junio de 1789, el célebre juramento de no separarse sin haber dado una constitución a Francia. Ver Cahiers Français en: http://cahiers.francais.over-blog.com/article-25733222.html recuperado el 12 de junio de 2013.

²1789 fue, en Francia, un año marcado por la escasez de alimentos a causa de las malas cosechas del año anterior. La falta de abastecimiento provocó motines e hizo crisis en Paris el 21 de octubre, cuando una multitud enardecida detuvo, arrebató de manos de la guardia nacional y ahorcó en la plaza de Grève al panadero Denis François. Su cabeza fue cortada y paseada en una pica por toda la ciudad en medio de actos crueles y bárbaros, todo bajo la sospecha de que miembros de la nobleza (según algunos) o del Clero (según otros) le habían pagado para que acaparara el pan. La Asamblea constituyente creyó ver en esos motines la mano de instigadores, enemigos del pueblo, y decidió enfrentar, en adelante, los motines populares con medidas militares. Ver: Hayakawa Riho. L'assassinat du boulanger Denis François le 21 octobre 1789.

³“El derecho, por contraste, para garantizar la libertad, debe regularla; en cuanto impida el abuso en su ejercicio y en la medida en que la encauce dentro de los derroteros del querer social, no la suprime ni la desconoce, sino que la protege, y en vez de debilitarla, la vigoriza, la hace posible. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, M.P Manuel Gaona Cruz. Exp. 893, 21 de abril de 1982.         [ Links ]

⁴Con referencia a la seguridad exterior se dictó la Ley 1791-07-10 de 10 de julio de 1791relativa a la conservación y la clasificación de los lugares de guerra y puestos militares y a la policía de fortificaciones. En cambio a la seguridad interior se refiere la ley de 10 fructidor del año V (27de agosto de 1797) que determina la manera como las comunas del interior de la república pueden ser puestas en estado de sitio

⁵El calendario republicano fue diseñado para eliminar referencias religiosas, por el matemático Gilbert Romme, presidente del Comité de Instrucción Pública, contando con la ayuda de los astrónomos Joseph-Jerôme de Lalande, Jean-Baptiste-Joseph Delambre y Pierre-Simon Laplace, y científicos matemáticos como Joseph-Louis Lagrange y Gaspard Monge. Se estableció por decreto de la Convención Nacional Francesa del 5 de octubre de 1793. Se comenzó a contar (Año I), en el equivalente al 22 de septiembre de 1792, fecha en que se proclamó la República. Estaba compuesto por doce meses de 30 días, cada uno de los cuales se dividía en tres décadas. Los nombres de los meses eran: Vendémiario, Brumario, Frimario, Nivoso, Pluvioso, Ventoso, Germinal, Floreal, Pradeal, Mesidor, Thermidor y Fructidor. Ver: IES Doctora Josefa De Los Departamento de Geografía e Historia ( https://doscenturiasymasalla.files.wordpress.com recuperado el 12 de Junio de 2013).

⁶Los cónsules eran tres, designados para un período de 10 años, pero Siegès y Ducos, nombrados al mismo tiempo que Napoleón, fueron convidados de piedra, si bien el primero, colaboró en la redacción de la Constitución de Diciembre. Más tarde a Napoleón se le entrega el consulado vitalicio, el 2 de agosto de 1802 .Ver www.historiacultural.com/

⁷Artículo 14. —El rey es el jefe supremo del Estado, el comanda las fuerzas de tierra y de mar, declara la guerra, celebra los tratados de paz, de alianza y de comercio, nombra a todos los empleados de la administración pública y dicta los reglamentos y ordenanzas necesarios para la ejecución de las leyes y las seguridad del Estado.
Artículo 15. —La potestad legislativa se ejerce colectivamente por el rey, la Camarada los pares y la Cámara de diputados de los departamentos. (http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire recuperado el 13 de junio de 2013 la traducción es propia).

⁸El estado de sitio no puede ser declarado sino en caso de peligro inminente para la seguridad interior o exterior, ( http://legifrance.gouv.fr. La traducción es propia)

⁹Artículo 106. —Una ley determinará los casos en los cuales es estado de sitio podrá ser declarado y regulará las formas y los efectos de esta medida. (, la traducción es propia)

¹⁰Artículo 12. —él (el emperador) tiene derecho a declarar el estado de sitio en uno o varios departamentos, pero debe dar noticia de ello al senado a la mayor brevedad. Las consecuencias del estado de sitio están reguladas por la ley. la traducción es propia.

¹²En cas d´ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l´état de siège, de l´avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.

¹³El sistema semipresidencial francés, plasmado en la Constitución de 1958, entrega al Presidente de la República (no al primer ministro que es el jefe del gobierno) los poderes contenidos en el artículo 16, vigente hoy: "Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integralidad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave e inminente y que el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente, de la republica tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, después de consultar oficialmente al Primer Ministro, a los Presidentes de las asambleas y al Consejo Constitucional. Informará de ello a la nación por un mensaje. Tales medidas deben estar inspiradas por la voluntad de asegurar a los poderes públicos constitucionales, en el menor tiempo, los medios para que cumplan su misión. El Consejo Constitucional será consultado al respecto. El Parlamento de se reunirá de pleno derecho La Asamblea nacional no puede ser disuelta durante el ejercicio de los poderes excepcionales Pasados 30 días de ejercicio de los poderes excepcionales. El Consejo Constitucional puede ser intimado por el Presidente de la Asamblea nacional, el Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores, a fin de que examine si las condiciones enunciadas en el primer inciso siguen reunidas. El Consejo se pronunciara en el más breve tiempo mediante aviso público. El Consejo procederá de pleno derecho a ese examen y se pronunciará en las mismas condiciones en el término de 60días de ejercicio de poderes excepcionales y en cualquier momento más allá de dicha duración.

¹⁴Artículo 113.- El Presidente es Jefe de la Administración General de la República. La conservación del orden y de la tranquilidad en lo interior y de la seguridad en lo exterior le está especialmente cometida.
Artículo 126.- No puede privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle pena alguna. En caso de que el bien y la seguridad de la República exijan el arresto de alguna persona, podrá el Presidente expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.
Artículo 128.- En los casos de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad de la República, y en los de una invasión exterior repentina, puede, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, dictar todas aquellas medidas extraordinarias que sean indispensables y que no esté comprendidas en la esfera natural de sus atribuciones. Si el Congreso no estuviere reunido, tendrá la facultad por sí solo; pero le convocará sin la menor demora, para proceder conforme a sus acuerdos. Esta extraordinaria autorización será limitada únicamente a los lugares y tiempo indispensablemente necesarios. ( Restrepo, 2004, pp. 106 y 108)

¹⁵Artículo 86.- No puede el Jefe del Ejecutivo:
“1…
2. Privar de su libertad a ningún colombiano ni imponerle pena alguna. Cuando el bien y seguridad públicos exijan el arresto de alguno, podrá decretarlo; pero dentro de cuarenta y ocho horas deberá poner el arrestado a disposición del juez competente…” ( Restrepo, 2004, p 143)

¹⁶Responsabilidad que, por demás, en un país donde el presidencialismo era tan evidente resultaba ser letra muerta.

¹⁷Artículo 4°: La República garantiza a todos los granadinos:
1. La libertad individual que no conoce otros límites que la libertad de otro individuo según las leyes. (Restrepo. 2004, p. 263).

¹⁸La Constitución de1853 clasificada como centro-federal porque superpone al estado unitario, provincias con una gran autonomía de sus poderes legislativos, inicialmente y que hacia 1856 comienza a transformar en Estados Federales.

¹⁹Artículo 10.- La República de la Nueva Granada establece para su régimen y administración general, un Gobierno popular, representativo, alternativo y responsable. Reserva a las provincias, o secciones territoriales, el poder municipal en toda su amplitud, quedando al Gobierno general las facultades y funciones siguientes:
1. La conservación del orden general; el derecho de resolver sobre la paz y la guerra, y la consiguiente facultad de tener ejército y marina, y estatuir lo conveniente a su organización y administración;
2. La organización y administración de la Hacienda Nacional; establecimiento de contribuciones y ordenamiento de gastos nacionales; arreglo y amortización de la deuda nacional;
3. Todo lo relativo al comercio extranjero, puertos de importación y exportación, canales o ríos navegables, que se extiendan a más de una provincia; y los canales y caminos que se construyan para poner en comunicación los Océanos Atlántico y Pacífico;
4. La legislación civil y penal, así en cuanto crea derechos y obligaciones entre los individuos, califica las acciones punibles y establece los castigos correspondientes; como también en cuanto a la organización de las autoridades y funcionarios públicos que han de hacer efectivos esos derechos y obligaciones, e imponer las penas, y al procedimiento uniforme que sobre la materia debe observarse en la República;
5. La demarcación territorial de primer orden, a saber: la relativa a límites del territorio nacional con los territorios extranjeros, y la división o deslinde de las provincias entre sí, y su creación o supresión;
6. Las relaciones exteriores, y consiguiente facultad de celebrar tratados y convenios;
7. La aclaración y reforma de la Constitución, y las demás facultades que expresamente, por disposición de la misma Constitución, se le confieran;
8. Determinar lo conveniente sobre la formación periódica del censo general de población;
9. La organización del sistema electoral, con respecto a todos los funcionarios nacionales electivos;
10. Todo lo relativo a la administración, adjudicación, aplicación y venta de las tierras baldías, y demás bienes nacionales;
11. La determinación de la ley, tipo, peso, forma y denominación de la moneda, y el arreglo de los pesos y medidas oficiales; 12. Todo lo relativo a inmigración y naturalización de extranjeros; 13. Conceder privilegios exclusivos, u otras ventajas o indemnizaciones, para objetos de utilidad pública, reconocida que no tengan carácter puramente provincial.

²⁰Artículo 8° Todos los objetos que no sean atribuidos por esta constitución a los poderes de la Confederación, son de competencia de los estados. (Restrepo 2004, pág. 309)

²¹Se dice que fue un elogio pronunciado por Victor Hugo cuando conoció su texto

^22/Artículo 28: Aún en tiempo de guerra nadie podrá ser penado es-post-facto sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinádose la pena correspondiente. Esta disposición no impide que aún en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública.(Pombo & Guerra T IV. 1986, p. 213)

²³Artículo 121: En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la nación. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo, que dentro de dichos límites dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los ministros. El Gobierno declarará restablecido el orden público luego (sic) que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que se hubieren cometido en el ejercicio de las facultades extraordinarias. (Pombo & Guerra, T.IV. 1986 p. 237)

²⁴El poder ejecutivo había estado desde 1898 en manos de dos ancianos apoyados por Miguel Antonio Caro y la fracción nacionalista, del partido conservador: el Presidente Manuel Antonio Sanclemente que contaba con 85 años a la fecha de su elección, fallecido en 1902 dos años después de haber sido depuesto por un golpe de estado, y como vicepresidente José Manuel Marroquín, de 70 años en la fecha de su elección, quien asumió la presidencia después del golpe, en 1900.

²⁵Reproduzco el texto del artículo 33 ya citado y en negrilla destaco los textos nuevos. Entre paréntesis conservo el texto anterior derogado. En caso de guerra exterior o de conmoción interior, podrá el Presidente, (previa audiencia del Consejo de Estado y) con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración el gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones (quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la nación.) Los (Las medidas extraordinarias o) decretos (de carácter provisional legislativo,) que dentro de estos (dichos) límites dicte el Presidente, tendrán carácter obligatorio (serán obligatorios) siempre que lleven la firma de todos los ministros. El gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos, sus facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio. El Gobierno declarará restablecido el orden público Tan pronto como (luego (sic) que) haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alzamiento (perturbación o el peligro exterior); y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado. Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente artículo. Restablecido el orden público, el Gobierno convocará el Congreso (al Congreso) y le pasará una exposición motivada de sus providencias. (Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que se hubieren cometido en el ejercicio de las facultades extraordinarias). En caso de Guerra exterior el Gobierno convocará al Congreso en el decreto en que declare turbado el orden público y en estado de sitio la República, para que se reúna dentro de los sesenta días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. (Restrepo, 2004)

²⁶El Acto legislativo N° 1 de 1936, en respuesta al desorden causado por sucesivas reformas constitucionales que habían incorporado artículos nuevos sin ninguna vinculación con la numeración de los artículos hecha en 1886, dispuso en un artículo transitorio: "Autorizase al gobierno para que, previo dictamen del Consejo de Estado, haga la codificación de las disposiciones constitucionales vigentes. La nueva numeración comenzará por la unidad y los títulos se ordenarán sujetándose a la distribución de materias."(Restrepo, 2004, p. 485) Igual previsión contiene la disposición transitoria e. del acto legislativo N°1 de 1945, (Restrepo, 2004, p. 521)

²⁷Correspondió al Gobierno López Michelsen declarar la primera emergencia económica, mediante Decreto Legislativo 1970 de septiembre 17 de 1974.

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