Alternativas para garantizar la seguridad económica en la vejez: desafíos para Colombia*

Alternatives to ensure economic security in old age: challenges for Colombia

María Isabel Zuluaga Callejas^**, Carlos Arturo Robledo Marín^***

^** Psicóloga, especialista en Gerencia de Servicios Sociales y Magister en Salud Pública. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. mariaisabelzuluaga@yahoo.es

^*** Licenciado en Educación, especialista en Gerencia de la Protección Social y Magister en Desarrollo. Director Ejecutivo de FUNDACOL, Medellín, Colombia. fundacionopcioncolombia@hotmail.com

Recepción: 10 de abril de 2016. Revisión: 1 de mayo de 2016. Aprobación: 3 de mayo de 2016

Forma de citar: Zuluaga, M. & Robledo, C. (2016). Alternativas para garantizar la seguridad económica en la vejez: desafíos para Colombia. Revista CES Derecho, 7(1), 39-50.

El envejecimiento en Colombia, se ha venido dando en medio de un contexto de pobreza aguda, desigualdad del ingreso y persistente inequidad social. Los ancianos que viven en pobreza se ven a sí mismos excluidos socialmente y aislados de los procesos de toma de decisiones. Esto no solo afecta sus ingresos, sino que también contribuye a precarias condiciones de vida, mala salud e inseguridad personal.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014 - 2024 expresa el compromiso del Estado con una población que por sus condiciones y características merece especial atención. Esta incluye medidas normativas, institucionales, administrativas y programáticas a desarrollarse, que puede incluir la sociedad civil y las organizaciones sociales (Huenchuan, 2003).

Se calcula que el envejecimiento tendrá distintos niveles de impacto de acuerdo al nivel de desarrollo y comportamiento demográfico de los países. Las principales consecuencias a nivel económico se reflejarán sobre el crecimiento económico de los Estados, la disponibilidad y destinación de los ahorros a nivel familiar. Afectará el tema de la deuda externa, así como la inversión de los países. Las conductas de consumo, la necesidad de servicios. Generará impacto en los mercados de trabajo y por ende, en los sistemas de seguridad social (sistemas de salud y pensiones).

El Sistema General de Pensiones en Colombia, tomó forma con la Ley 100 de 1993, a partir de las recomendaciones que hizo el Banco Mundial. Vale la pena resaltar que Colombia mantuvo un sistema tradicional de reparto simple con beneficios definidos, que compite con otro de capitalización individual para las personas que se encuentran ocupadas en el sector formal de la economía. Colombia, al igual que Perú, optó por un esquema mixto en el que el régimen público de reparto simple compite con el régimen privado de capitalización individual y por ende los usuarios escogen afiliarse a alguno de los dos regímenes. En parte por esta razón, el sistema pensional resultado de la reforma implementada mediante la Ley 100 de 1993, sigue presentando importantes falencias en cobertura y problemas de regresividad1 (Villar et al 2014 citado por Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015).

Uno de los grandes problemas de Colombia en el tema de las pensiones contributivas, es que la forma en la que está diseñado el sistema genera situaciones graves especialmente para los niveles socioeconómicos más bajos, por el mayor porcentaje de informalidad que presentan. Según el estudio de Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha en 2015, el 60% de los trabajadores de altos ingresos cotiza a pensiones, un 40% de la clase media así lo hace y tan solo un 15% de la población de bajos ingresos.

Por otra parte, en materia de cobertura pensional en Colombia, las estimaciones de los expertos, demuestra que bajo los parámetros vigentes, la proporción de afiliados actuales del sistema que serán capaces de contribuir lo suficiente para recibir una pensión en el futuro, en el caso de los hombres, solo los que aparecen desde el séptimo decil y las mujeres del décimo decil de ingresos cumplen los requisitos para pensionarse, principalmente el requisito de semanas cotizadas (Nuñez y Castañeda, 2012, citado por Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015). Por su parte el 1.4% de la población sin educación superior que cotiza al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) obtendrían su pensión, mientras que el 47.9% de la población con educación superior tendría acceso a ella (López y Lasso, 2012 citados por Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015, p. 705 p). En el caso de quienes aportan al Régimen de Prima Media (RPM) lo lograrán en un 1.6% y 35.7% respectivamente.

De igual manera, se evidencia en los indicadores de cobertura la relación de los afiliados como la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) pasó del 25.7% en 1994 al 76.7% en 2013. Si bien es un indicador que viene en incremento, realmente no refleja la realidad de quienes efectivamente contribuyen. Con relación al indicador que muestra la relación entre los individuos que son cotizantes efectivos y la PEA, se observa un avance significativo entre el 2012 y el 2013, ya que pasó del 27.5% al 30.5%. Finalmente el indicador de cobertura del sistema pensional sobre la población adulta mayor en el 2013 estaba en el 31% (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015).

El sistema de Protección Social Colombiano se cimenta en dos pilares fundamentales que son: el aseguramiento y la asistencia social, que a su vez están estrechamente relacionadas con el mercado laboral, teniendo en cuenta que el Sistema General de Seguridad Social de Colombia es un sistema fuertemente contributivo (Zuluaga, 2013). Bajo esta mirada, se puede decir que la trayectoria vital laboral de los colombianos determina en gran medida la seguridad en el ingreso en la vejez, uno de los determinantes de la calidad de vida en la vejez, que debe abordarse con una mirada integral bajo el enfoque de curso de vida. Ahora bien, en teoría, quienes no logran alcanzar esta seguridad económica al superar los 60 años, estarán amparados por el Artículo 46 de la Constitución Colombiana que indica: "el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia."

Otro de los desafíos sociales para las personas mayores de nuestro país y sus familias, son las implicaciones que impone el conflicto armado violento, con sus consecuencias en los ámbitos sociales, institucionales y familiares. En este sentido el informe del MinSalud del 2011, indicaba que la proporción de personas mayores víctimas del desplazamiento forzado es un poco menos del 10% de la población desplazada. La proporción de niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado es considerable, un poco más de las dos cuartas partes de la población desplazada². En este sentido, es imperante explorar cuál es la visión de las personas mayores frente al conflicto, comprender su papel al interior de las familias, para hacerle frente a las nefastas consecuencias de la guerra, pero además, dimensionar conductas resilientes que favorecen la transformación individual y colectiva frente al mismo. Es sabido que pese a las distintas situaciones adversas que puedan enfrentar las personas mayores, existen quienes son capaces de desarrollar procesos que les permiten afrontar, adaptarse y prosperar de cara a situaciones tan estresantes y adversas como pueden ser el envejecimiento en sus aspectos individuales, sociales y simbólico-culturales (Hardy, 2004; Suárez, 2004) y su papel de soporte y apoyo intergeneracional ante la desestructuración social y familiar que produce el conflicto, teniendo en cuenta, que ser resiliente significa proyectarse sin negar el pasado.

Para hacer frente a los desafíos que presenta el envejecimiento poblacional, el Fondo Monetario Internacional - FMI (Ronald y Manson, 2011) plantea como alternativa, integrar el envejecimiento en todos los aspectos del desarrollo, por ende todas las políticas tendrán que tenerlo en cuenta, entendiendo el envejecimiento como un proceso transversal a la vida, que ocurre desde el momento en que se nace y no centrarse solamente en crear políticas para la vejez, como última etapa del ciclo vital. En esta misma vía, la Organización Mundial de la Salud - OMS, plantea la integración del envejecimiento activo como un marco político de acción. Esta sostiene que los países podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, promulgan políticas y programas de «envejecimiento activo» que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad (OMS, 2002). Entendiendo la participación como un acto voluntario, se hace necesario que la persona mayor se involucre más en aquellos temas de su incumbencia para que se asuma como sujeto comunitario (Robledo, 2015), donde las bases de desarrollo futuro pudieran orientarse no sólo a satisfacer necesidades, sino también a fortalecer el empoderamiento de los adultos mayores a través de estrategias de participación, dejando atrás la idea de trabajar por la persona mayor sin la persona mayor, desconociéndolo como protagonista de su propio desarrollo (Robledo, 2010).

En este orden de ideas, el término activo hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra (OMS, 2002). La OMS promueve el envejecimiento activo desde el marco político de acción de los determinantes, considerando seis: sanidad y servicios sociales; determinantes conductuales; determinantes personales; entorno físico; determinantes sociales; determinantes económicos. Teniendo en cuenta el eje central de este documento, es necesario dar una mirada de cerca a los determinantes económicos, lo que permite comprender cómo la seguridad en el ingreso en la vejez, es uno de los temas más sensibles y definitivos para la calidad de vida. La OMS plantea que son tres los aspectos, que en el ámbito económico tienen un especial efecto en el envejecimiento activo: los ingresos, la protección social y el trabajo.

Bajo este enfoque, se pretende analizar desde la mirada de los actores - personas mayores e instituciones en Colombia, comprometidos en la implementación de la política nacional de envejecimiento humano y vejez, las perspectivas de salud, empleo, pensiones y resiliencia en el proceso de envejecimiento y vejez, teniendo dentro de los horizontes de trabajo, explorar las posibilidades de impulsar tres estrategias: la preparación para el retiro, el acompañamiento a los procesos de prejubilación y el emprendimiento en mayores, como alternativas innovadoras socialmente, que creen valor a través del diseño de un programa novedoso que satisfaga la necesidad de las personas mayores de seguir activos en la sociedad, de garantizar ingresos que les permita alternativas de seguridad económica ante las barreras que impone el Sistema General de Pensiones.

Distintos estudios han demostrado que llegar a los 60 años o más con calidad de vida es posible. Los avances en materia de salud pública, de control de enfermedades infecciosas y la mejora en las condiciones de vida de la población Colombiana, han posibilitado que cada vez más personas en esta etapa del ciclo vital estén en buenas condiciones de salud, con capacidad para seguir activos en la sociedad, con deseos de iniciar un segundo nuevo proyecto de vida e incluso, de permanecer activos en la vida laboral.

Cada sociedad logra, de manera individual y colectiva, construir la noción de vejez que cada sujeto perteneciente a esa cultura trasegará. Lo que indica, que la forma como el individuo asuma este proceso, responde también a la cultura y las condiciones político - sociales que lo determinan. Arrubla afirma que la vejez no es un proceso aislado o terminal de la trayectoria de vida de las personas, por el contrario, es una construcción social, económica, política y cultural (Arrubla, 2010).

El envejecimiento no adviene de un momento para otro, muy por el contrario, se sabe que es un proceso que se inicia desde que se nace, pero que ingresar a las cohortes de 60 años, en un país como Colombia, indica una serie de condiciones físicas, sociales, laborales, económicas y familiares que marcan un horizonte cronológico, definido por múltiples cambios y afectado por múltiples variables. Se han ubicado cinco razones por las cuales el envejecimiento en Colombia viene en incremento (Cardona et al, 2013): la disminución de la mortalidad, el control de las enfermedades infecciosas y parasitarias, el descenso de las tasas de fecundidad, la disminución del ritmo de incremento de la población y los procesos de migración (de los más jóvenes).

Estas razones vienen indicando que en Colombia el porcentaje de personas mayores viene creciendo rápidamente (en 2014 el 9.9% de la población tenía más de 60 años, es decir 4.8 millones de personas), pero en especialmente en ciudades como Bogotá o Medellín, este crecimiento vertiginoso, implica mayores retos, pues se está acompañando de una reducción del porcentaje de menores de 15 años, lo que indica que, en el caso de Medellín a 2020, según las proyecciones del DANE, por cada persona mayor de 60 años, habrá un menor de 15 años (DANE, proyecciones de población 2006 - 2015). Suceso demográfico sin precedentes en la ciudad, que traza nuevos retos. Sin embargo, ante variables como las decisiones políticas, los factores demográficos pasan a un segundo plano. (Arrubla, 2010)

Colombia, al igual que la mayoría de países de la región, no se ha preparado para asumir el envejecimiento de su población, de hecho el país tiene un acumulado del que no se ha desatrasado, relacionado con las formas históricas que adoptó el proceso de salarización, las modalidades de construcción de Estado, el proceso de aseguramiento en salud y pensiones y la configuración de los intereses sociales (Rodríguez, 2011). Así las cosas, nos encontramos con que muchos adultos mayores sufren su vejez por motivos que tienen más que ver con el entorno social, que con el desgaste corporal y la fatiga que suponen su crecimiento en experiencia y conocimiento (Rodríguez y Vejarano, 2015).

Estos desafíos que representan el contar cada vez más - y de manera irreversible- con un número mayor de población que supera los 60 años, significa que como sociedad debemos prepararnos para dar respuesta efectiva para lo que implica este hecho en todos los ámbitos: social, económico, laboral, político, de salud y familiar. Distintos investigadores y colectivos vienen trabajando desde el enfoque de capacidades, para asumir este reto de manera individual y colectiva. El enfoque de capacidades, propende porque cada vez las personas mayores en Colombia elijan la vida que quieren y valoran y no la que les viene impuesta por el contexto en el que se envejece (Zuluaga et al. 2014). Esta apuesta que viene gestándose, busca que envejecer en Colombia, sea un proceso digno, que cuente con marcos políticos de acción y estrategias de intervención que conciban a los mayores como sujetos de derechos, que merecen un lugar en la sociedad, ajustado a sus necesidades, pero también ampliando las posibilidades de su participación en la vida de la sociedad, porque tanto en la cultura, como en la economía, pero sobre todo en la política, se detecta sin excepción, violaciones graves e inaceptables de los derechos humanos, inferidas a las personas mayores (Rodríguez y Vejarano, 2015). Si el envejecimiento de las poblaciones se está convirtiendo en un problema, no es por razones demográficas ni médicas, sino por carencias políticas (Arrubla, 2015).

La seguridad económica en la vejez, generalmente está asociada al ingreso devenido por las pensiones, para quienes lo lograron (según cifras del Ministerio de Trabajo, en Colombia solo el 30% de las personas mayores llegan a pensionarse); para quienes no llegan a la edad del júbilo con ingresos garantizados, las expectativas de mejorar sus ingresos y de garantizar seguridad en este ámbito son muy pocas. En estos casos, el sistema de protección social integral, entra a dar respuesta, pero el alcance del Estado para cubrir a la población mayor más vulnerable trasciende lo que se logra con el Sistema General de Pensiones, lo que deja en manos del individuo y sus redes de apoyo, un determinante fundamental para garantizar la vida. Los esquemas de apoyo a la población mayor (programa Colombia Mayor), en particular, cubren parte de la población que no recibe una pensión propiamente dicha. Sin embargo, estimativos de la OCDE (2015) muestran que incluso sumando los beneficiarios del sistema general de pensiones con los de apoyos no contributivos (Colombia Mayor), la cobertura es considerablemente más baja en Colombia que en el promedio latinoamericano. Hay que tener en cuenta, además, que el monto de los beneficios otorgados por el programa Colombia Mayor es extremadamente pequeño, alrededor de la décima parte de un salario mínimo, aunque ayuda, no alcanza para sacar a sus beneficiarios de la indigencia. (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015)

Respecto a los ingresos y la seguridad económica en la vejez, es importante mencionar que las personas mayores son particularmente vulnerables en este tema, principalmente las mujeres que viven solas o en zonas rurales y que no tienen suficientes ingresos garantizados. Las más vulnerables son las personas mayores que no tienen bienes, cuentan con ahorros escasos o inexistentes, carecen de pensiones o subsidios de la seguridad social o forman parte de familias con ingresos bajos o no garantizados. En especial, los que no tienen hijos, ni familiares se enfrentan a menudo con un futuro incierto y tienen un riesgo elevado de quedarse sin hogar y conocer la indigencia. (OMS, 2002)

En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población adulta mayor no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributiva que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja fuera a un importante segmento de la población - compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes - que, pese a la contribución social que haya realizado durante su vida, no cuenta con una garantía suficiente de recursos económicos en la edad avanzada (DNP, 2011). Colombia ha estructurado su Sistema de Protección Social - SPS bajo el enfoque del Manejo Social del Riesgo. Este sistema se crea a partir del CONPES 3127 de 2001, con el objetivo de "articular y flexibilizar la oferta de programas sociales del Estado y fortalecer su capacidad para prevenir, mitigar y contribuir a superar los riesgos resultantes de las recesiones económicas". La Ley 789 de 2002 crea el Sistema de Protección Social Colombiano, encargado de ejecutar la Política Social, el cual se definió como el conjunto de políticas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.

En Colombia el sistema de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales llega tarde si se le compara con el instaurado en los países del Cono Sur [...] en Colombia, la Ley 5a de 1945 y la Ley 90 de 1946 organizaron Cajanal y el Instituto de Seguros Sociales (ICSS). Otra peculiaridad del sistema, que a la postre se convirtió en una grave limitante, fue comenzar por el aseguramiento en salud, postergando hasta 1964 y 1967 los seguros económicos: riesgos profesionales y pensiones (Rodríguez, 2015).

Ahora bien, según estos antecedentes de país, el trabajo se ubica en el centro y eje para garantizar las condiciones de vida, se constituye como la actividad que marca las pautas de comportamiento, determina los ciclos vitales y en muchos casos, posibilita o limita las interacciones sociales de los individuos, e incluso su desarrollo como seres humanos (Díaz, 1998). La trama vital, ligada a la trama laboral, determina otra forma de envejecer, no solo porque garantiza ingresos en la vejez, sino porque marca unos ritmos y horizontes cronológicos cada vez más difusos; la entrada en la última etapa del recorrido de las edades se convierte en menos previsible; todo principio de transición regulada de la actividad, desaparece. Aparece una nueva flexibilidad de la organización del fin de ciclo de vida, que estaría más directamente gobernada por el mercado del trabajo y las políticas de mano de obra de las empresas. Ahora el horizonte temporal del paso a la inactividad definitiva no está claro. Nadie sabe hoy en día, entre los activos del sector privado, a qué edad y en qué condiciones se realizará su cese definitivo de actividad. El horizonte temporal de la jubilación tiende a retroceder teniendo en cuenta las reformas de los sistemas de jubilación adoptados o en estudio, pero el curso de la vida profesional se ha acelerado y se interrumpe prematuramente, dejando en la confusión más completa la nueva y larga transición que se ha creado entre el cese definitivo de actividad y la jubilación (Guillemard, 1998).

El trabajo como trama vital, ocupa la mayor parte del tiempo y energía de la vida, constituye el mecanismo de integración económica y cultural al grupo social, pero además, constituye un ethos, es decir, orienta la vida individual y colectiva (Fericgla, 2002). Sin embargo, a pesar de su valoración en una sociedad como la colombiana, choca de plano con su escasez y con las previsiones futuras (Giraldo y Cardona, 2010). Es claro que en el Sistema de Protección Social en Colombia, es a través del trabajo formal como los individuos pueden acceder a la pensión en la vejez, pero se debe tener en cuenta que esta situación no ha encontrado solución definitiva en el Nuevo Modelo de Protección Social para la Vejez (MinTrabajo, 2012)³ , por lo cual es necesario crear otros mecanismos socioeconómicos que garanticen el ingreso en la vejez, porque realmente hay una incoherencia entre lo que el adulto mayor puede aportar laboralmente y lo que el sistema socioeconómico le ofrece (Giraldo y Cardona, 2010). Esto incluso, pasa por acoger las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, respecto a la transición gradual y flexible de la vida activa a la jubilación. Este organismo promueve que se impida la discriminación en el empleo, pero además, plantea alternativas como reeducar profesionalmente a los trabajadores mayores, con el fin de favorecer la adaptación a las nuevas tecnologías (TIC's), con las posibilidades de empleo que estas pueden representar para los mayores. Por otra parte, la OIT ha sugerido que los países vayan adoptando sus políticas para que las personas mayores permanezcan más tiempo en sus trabajos, pero adecuando las condiciones del puesto de trabajo, favoreciendo la salud ocupacional, que incidan en adecuaciones ergonómicas, reducción de la jornada laboral o considerar las posibilidades cognitivas y funcionales en esta etapa de la vida, para favorecer el trabajo en las personas mayores.

Cabe considerar dentro de esta situación, que la globalización ha traído consigo transformaciones en la vinculación al mundo del trabajo, cada vez son menos los empleos a término indefinido, pero también las nuevas generaciones traen consigo otra escala de valores, donde la satisfacción personal está por encima de la permanencia en un empleo de manera indefinida, si esto no representa la realización personal. Colombia no es ajena a este fenómeno socio - organizacional, dónde existen múltiples formas de vincularse al mundo del trabajo, pero además, se viene presentando con mayor fuerza en esta nueva década que ya recorremos, el fenómeno de las organizaciones multigeneracionales, quienes se ven abocadas a conciliar las diferentes generaciones que conforman la actual fuerza laboral, Baby Boomers (nacidos entre 1946-1964), Xers (nacidos entre1965-1981) y Millennials (nacidos entre1982-2000).

Las nuevas generaciones plantean otros retos, frente a la posibilidad de representarse una vejez mucho más activa, son un segmento que probablemente ya no ven el curso de la vida bajo la mirada del ciclo: 25 años de formación, 35 años de vida laboral productiva y aproximadamente 25 años de retiro. Esta nueva generación viene con otras miradas frente a la relación con el trabajo y la estabilidad que este representaba para los boomers. Colombia se caracteriza por ser una cultura del corto plazo, con poca cultura del ahorro y bastante conservadora para endeudarse. Estas características como país, tienen una gran incidencia en el imaginario respecto a que las pensiones es un tema de viejos y no necesariamente se trata de un tema que ocupe las preocupaciones de la juventud o la adultez. Posturas que significan un gran reto si se quiere pensar en una estrategia de país que considere el asunto de la seguridad económica en la vejez, como un asunto de trama vital laboral. Con la particularidad además, de que se trata de un país rico en cultura, diversidad étnica y regional, que también incide en las conductas y decisiones en torno a este tema, pues la relación que se establece con la trama vital laboral puede ser distinta para un ciudadano Bogotano que para uno que habita la región sur del país, o la costa colombiana. En ese sentido el país no cuenta con una estrategia de adaptación y apoyo para asumir este cambio de paradigma.

Algunas alternativas para garantizar la seguridad económica en la vejez

Teniendo en cuenta el planteamiento del estado de la cuestión respecto a la seguridad económica en la vejez, con una mirada de la vejez como posibilidad, no como limitación y fruto de análisis realizados se expone:

Acompañamiento a los procesos de prejubilación. La prejubilación, si bien no está aun claramente definida y regulada en el país, los países europeos han avanzado significativamente en este asunto. Se define como la situación, de hecho y derecho, en que queda un trabajador por razón de su edad, próxima a la jubilación, desde el momento en que se extingue su contrato de trabajo hasta que percibe una pensión de jubilación del sistema de Seguridad Social, ya sea anticipada u ordinaria (López, 1998). Una situación puente que une el cese definitivo de la actividad laboral de un trabajador, con el acceso a la jubilación. Esta situación denominada por López como "puente", es frágil debido a que si no se da un debido acompañamiento y asesoría al proceso, puede representarle al individuo un desajuste en su situación personal, que puede tener injerencia en su salud mental, pero además en su contexto socio - familiar. Isaksson definió 3 patrones de adaptación a la prejubilación: por un lado está el deseo de continuar vinculado al trabajo, o al mundo del trabajo, es decir, no necesariamente seguir trabajando en su puesto habitual, pero sí encontrar alternativas de trabajo en la sociedad. Un segundo patrón de adaptación positiva al retiro, donde el sujeto logra hacer ajustes y continuar esa situación puente, hacia una nueva condición de vida. Y un tercer patrón, caracterizado por un elevado estrés negativo, que conlleva reacciones psicológicas que pueden devenir en cuadros psicopatológicos agudos o agudización de enfermedades mentales crónicas con las que ha convivido el sujeto. Las reacciones psicológicas asociadas a este estrés negativo pueden ser: episodios depresivos, ansiedad, trastornos del estado de ánimo y suicidio en algunos casos (Isaksson, 1997).

Desarrollo de emprendimiento en la vejez. Se entiende el emprendimiento como una iniciativa - generalmente de manera innovadora, que da respuesta a una oportunidad o necesidad identificada, llegándose a constituir en una idea de negocio que a futuro genera rentabilidad. Se ha identificado que el emprendimiento se canaliza partiendo de experiencias previas de la vida de los individuos, generalmente asociadas con la utilización de distintos medios de comunicación (TIC's), las experiencias en el entorno familiar y social, las inquietudes frente a la vida laboral o post - laboral y en el caso de los mayores, de la necesidad de seguir activos en la sociedad. El emprendimiento ha ganado gran terreno en el país, desde el CONPES 102 DE 2007 que define la Política de Innovación Social, entendiendo la innovación social como enfoque de gestión pública y, en el caso se Medellín, reflejado en el Acuerdo 55 de 2011 por el cual se establece la política Municipal de Desarrollo Empresarial en el marco del Plan Estratégico de emprendimiento regional.

El emprendimiento en nuestra sociedad, tradicionalmente ha estado ligado a las generaciones más jóvenes y con mejores niveles educativos, sin embargo, el emprendimiento en la vejez, puede constituirse en una estrategia que sirva de "puente" al proceso de transición, la redefinición de roles en la sociedad, la generación de nuevos ingresos y, en algunos casos, la formalización de la situación laboral, para quienes el emprendimiento se constituya en una vía para garantizar ingresos, tras no lograr los requisitos de la jubilación. Algunos estudios han comprobado que los emprendimientos más exitosos, están asociados con la edad, dadas las características psicológicas que una persona en la edad madura puede tener, y la forma como esto se ve reflejado en emprendimientos más maduros y aterrizados, en lo que se refiere a expectativas y alcances.

Se parte del hecho que hay distintas formas de emprendimiento y que en el caso del emprendimiento en mayores, se acude a las posibilidades de:

El emprendimiento de negocios con personas mayores con altos niveles educativos y de estratos altos. Parte de reconocer este tipo de emprendimiento como la corriente tradicional, enfocada a desarrollar una idea de negocio, que cuente con inversionistas y reporte gran crecimiento de su capital en un período esperado. Este tipo de emprendimientos generalmente cuentan con una base tecnológica, sean tecnologías intermedias o de altas tecnologías y logran altos rendimientos financieros. Se piensa en este tipo de emprendimiento, la posibilidad de abrir espacio a las personas mayores con altos niveles educativos, que pueden convertirse en Asesores Seniors o en Inversor Angel (Business Angel), con el fin de que sean ellos quienes apoyen las iniciativas de los más jóvenes a través de la transferencia de su conocimiento - en el primer caso, o a partir de convertirse en inversionistas de iniciativas emprendedoras exitosas, que coadyuven al avance del emprendimiento en el país.

El emprendimiento social de base comunitaria o familiar, por su parte busca el cambio de una situación socialmente problemática, con el fin de generar valor social sostenible, a través de consecución de recursos financieros. Este tipo de emprendimiento se piensa para personas mayores en una situación socieconómica vulnerable o no, el cual pueda apuntalarse en la solidaridad intergeneracional y en el apoyo comunitario. La importancia de este tipo de emprendimiento, está en el impacto en el desarrollo económico de un país en vía de desarrollo como Colombia, buscando la construcción social colectiva para dar solución creativa, complementando la acción del estado para hacer frente a los problemas de la sociedad. Cabe resaltar, que este tipo de emprendimiento también cuenta con los componentes de innovación y riesgo en la solución novedosa del problema identificado. El gran aporte de este tipo de emprendimiento es la autosostenibilidad, en la búsqueda de una solución que genera valor social

Para la población económicamente activa que se encuentra entre los 50 y 59 años y que se desempeña en compañías que promueven la estrategia investigación y desarrollo (I + D), pero además, pensado para los docentes universitarios que se acercan a su proceso de jubilación, se propone la creación de Spinn off, que son emprendimientos de base científica o Start up - iniciativas empresariales de base científica fase madura. Se constituye en una estrategia retadora y novedosa, pues Colombia se está enfrentando cada vez más, no solo al envejecimiento acelerado de su población, sino al envejecimiento de cohortes cada vez más preparadas, con mayor experiencia, con formación en altos niveles educativos y que por supuesto, a la hora de jubilarse, serán generaciones muy activas, que no estarán pensando en el cese definitivo de actividades, por lo menos en lo que a actividad intelectual se refiere.

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