EDITORIAL

Cuestiones problemáticas de la reforma rural integral en los acuerdos de La Habana

Gino Montenegro Martínez¹ Natalia Eugenia Gómez Rúa ² Jorge Andrés Ramos Castañeda ³

¹ Doctorando en Salud Pública CES, Profesor Instructor Pontificia Universidad Javeriana
²Doctorando en Salud Pública. Profesor Asistente. Líder de la línea seguridad social, responsabilidad médica y derecho laboral Universidad CES
³Doctorando en Salud Pública Universidad CES

En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se ha indicado que las causas históricas del conflicto en Colombia son: a) la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración; b) la exclusión del campesinado; y c) el atraso de las comunidades rurales (Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, 2016).

En tal sentido, el primer punto del acuerdo - La Reforma Rural Integral (RRI) - se fija como propósito la trasformación de las zonas rurales, la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la búsqueda de la igualdad y el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía (Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, 2016).

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene para la comunidad académica participar activamente en la discusión de los arreglos que han suscrito el Gobierno Nacional y las FARC-EP y con el ánimo de identificar los posibles retos y limitaciones para su implementación, a continuación, se abordarán algunos aspectos de la RRI desde la mirada de la Salud Pública.

Para ello en la parte inicial se presentarán algunos datos que permiten contextualizar la realidad actual que vive el campo colombiano y posteriormente, a la luz de los contenidos del primer punto del acuerdo, hacer una reflexión orientada a visibilizar lo que podríamos denominar como las "cuestiones problemáticas" de los acuerdos de la Habana.

Datos de interés

Frente al tema de la propiedad de tierras y su concentración, actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero el 3,6% de éstos tiene el 30% de la tierra. Sumado a ello, un 18% de los propietarios de tierra no tienen formalizado sus títulos. La informalidad entre los pequeños productores supera el 40%. En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas corresponde a tierras baldías o títulos colectivos. Por reforma agraria, apenas se ha titulado el 5,6% de ellas (Departamento Nacional de Estadística, 2014).

En relación con el atraso de las comunidades rurales, el 18.2% de las viviendas ocupadas en el área rural dispersa no tienen conexión energía eléctrica, el 57.3% no tienen acueducto y el 94% no tienen alcantarillado. El 60% no tienen agua potable (Departamento Nacional de Estadística, 2014).

Sumado a ello, el mayor nivel educativo alcanzado por el 58.9% hombres y el 54.9% de las mujeres fue básica primaria, el 18% de los productores residentes no tienen ningún nivel educativo, el 12,6% de los productores residentes mayores de 15 años no saben leer y escribir, el 20% de los niños entre 5 y 16 años no van a la escuela y el 73,3% de la población entre 17 y 24 años no asiste a educación superior (Departamento Nacional de Estadística, 2014).

El 60% de las personas que trabajan en las áreas rurales lo hacen mediante trabajo informal, el 83% de las personas de las áreas rurales pertenecen al Régimen Subsidiado. (Departamento Nacional de Estadística, 2014).

En relación con la medición de pobreza, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, para el 2010 el 44.1% de los hogares en las zonas rurales se encuentran en situación de pobreza, cuestión que para el 2015 a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario es del 44.7% (esto en términos del Índice Multidimensional de Pobreza). Cuando se compara este dato con la zona urbana, para el 2014 el 15,4% están en pobreza y a nivel nacional el 21.9% (Departamento Nacional de Estadística, 2014).

Las cuestiones problemáticas de los acuerdos de la Habana

Los datos descritos anteriormente reflejan las desigualdades sociales que tiene Colombia respecto a la tenencia de la tierra, a la educación y al acceso a servicios básicos, especialmente de las personas que viven en el área rural. En este sentido es conveniente aunar esfuerzos para la trasformación de las zonas rurales, todos ellos orientados a la erradicación de la pobreza, la búsqueda de la igualdad y la garantía de disponibilidad y calidad de alimentos necesarios para una seguridad alimentaria.

A partir de los resultados del plebiscito, es importante que las organizaciones sociales, la academia y los grupos minoritarios, entre otros, realicen el seguimiento a los ajustes que se han sugerido por algunos sectores de la sociedad. Además, es fundamental que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones problemáticas en la reformulación de los acuerdos de la Habana.

Una primera cuestión problemática, tiene que ver con la justicia social, aunque se propone la formalización laboral y la protección social de la población rural como una de las acciones orientadas a la transformación de las zonas rurales, dentro de los programas planeados, como por ejemplo la entrega de beneficios económicos periódicos (BEP) no es la solución adecuada.

La entrega de BEP solamente reflejará el aumento de la pobreza en Colombia, ya que su valor está consagrado legalmente como una suma mensual inferior al salario mínimo que no garantiza la satisfacción de necesidades básicas de las familias involucradas (CONPES 156, 2012). Adicionalmente no puede considerarse como una prestación económica del Sistema de Pensiones, solamente es un mecanismo de protección social que no garantiza coberturas para las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

Adicionalmente si el número de personas que pueden recibir los BEP's aumenta considerablemente en los próximos años, también lo hará la cantidad de personas que estén en el régimen subsidiado y esto significará que la brecha entre cotizantes y afiliados a subsidios se ampliará aún más y los recursos del sistema se verán afectados.

De acuerdo a lo anterior, el gobierno debe preocuparse más por garantías laborales que por subsidios, ya que en esa medida todos los ciudadanos podemos contribuir a la construcción de un mejor país comprometido con la erradicación de la pobreza.

Una segunda cuestión problemática de lo acordado en la Habana, tiene que ver con el interés que se expresa en el acuerdo, referente a la promoción de la producción agrícola nacional. En este ítem, es fundamental observar que estamos en un contexto de Tratados de Libre Comercio (TLC). Actualmente Colombia, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Cancillería, tiene en vigencia 5 TLC (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016), los cuales principalmente giran en torno a la eliminación de aranceles para la exportación, así como a no mantener, introducir o reintroducir subsidios a la exportación de productos; cuestión que, bajo la opinión de diversos sectores, lo que ha producido es la importación de productos sustitutos a los nacionales a menores precios.

Claramente este punto debe ser explorado con mayor profundidad, pero sobre ello emerge la duda si en realidad es posible darle un nuevo impulso a la producción agrícola nacional sin deslegitimar lo ya acordado con otros países. Lo que sugeriría esta realidad, es la necesidad de renegociar lo suscrito con Estados Unidos, México, Canadá, Corea del Norte, entre otros, para hacer posible esta parte del acuerdo.

Finalmente, y dentro de algunos de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, relacionados con la RRI que quisimos abordar en este espacio, se propone la transformación de zonas rurales mediante la formulación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).Para ello se priorizarán las zonas rurales a partir de información sobre: a) Los niveles de pobreza, particularmente pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; b) El grado de afectación derivado del conflicto; c) La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; d) La presencia de cultivos ilícitos y de economías ilegales.

Una preocupación bajo esta línea, tiene que ver con proponer la priorización como un ejercicio que permite al Estado orientar la acción sobre algunos de los territorios. Esta mirada se relaciona más con la focalización de la acción, más que una real transformación de la mirada que hacen los tomadores de decisiones sobre el problema, por lo que no se espera, un real cambio estructural del Estado que permita lograr una Colombia en PAZ; ya que se piensa en unos "beneficiarios" y no en todos los ciudadanos.

Por otra parte, es comprensible pensar en una priorización en la medida en que las necesidades y urgencias de los diferentes territorios, a partir de sus características, requerirán con mayor apremio la implementación de los acuerdos. El riesgo que se corre es continuar con una eterna focalización, para lograr un ejercicio de los derechos del ciudadano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir priorizando?; ¿Cuándo vamos a lograr una Colombia en donde todos logremos unas condiciones dignas para vivir como seres humanos?

Para concluir

El éxito de los acuerdos y el logro de una Colombia en PAZ, será el resultado de la participación activa de todos los sectores en la vigilancia de las acciones del Estado, pero al mismo tiempo, en el reconocimiento de la importancia que tiene la generación de oportunidades de empleo y de trabajo digno, de unas condiciones adecuadas de vivienda y de acceso a servicios vitales como la salud.

La política de focalización, muy propia de la asistencia social y de su nueva versión "el manejo social del riesgo", pone en riesgo a la sociedad en su totalidad. Dentro de los acuerdos es muy frecuente encontrar palabras como "acompañamiento, priorización, cultura de manejo de todo tipo de riesgos"; las cuales hacen parte del lenguaje de este "nuevo paradigma" de la protección social.

A lo largo de la primera parte del acuerdo general (RRI) no se contemplan cuestiones tan sensibles como la flexibilización laboral en las áreas rurales y los efectos de la privatización de los servicios, la acción y concentración de las multinacionales en los espacios rurales, cuestiones que tienen serias repercusiones en la producción y reproducción de las inequidades.

Este acuerdo se caracteriza por dar continuidad a acciones de asistencia social en donde el abordaje individual y focalizado por medio de arreglos público-privados, no permitirá resolver muchos de los problemas del campo colombiano y las personas realmente afectadas por el conflicto armado en Colombia, por lo que se espera que la reforma rural integral tenga en cuenta algunos de los puntos discutidos en esta editorial.

Referencias

República de Colombia - FARC-EP. Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). (septiembre de 2016). Versión digital disponible en: https://www.mesadeconversaciones. com.co/sites/default/files/acuerdo-final-1473286288.pdf        [ Links ]

República de Colombia. DANE. Censo Nacional Agropecuario. (2014). (septiembre de 2016). Versión digital disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacionalagropecuario- 2014        [ Links ]

República de Colombia. CONPES 156. (2012). (septiembre de 2016). Versión digital disponible en: https:// normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/conpes_dnp_0156_2012.htm        [ Links ]

República de Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores. (2016). Cancillería. Tratados de Libre Comercio. (septiembre de 2016). Versión digital disponible en: http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacional/tratados/tlc        [ Links ]