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Revista CES Derecho

On-line version ISSN 2145-7719

rev.ces derecho vol.8 no.2 Medellín July/Dec. 2017

 

Editorial

Discapacidad, empleo y pobreza

Natalia Eugenia Gómez Rúa - Gino Montenegro Martínez

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue ratificada por Colombia en el año 2011, lo que implica el desarrollo políticas nacionales para lograr su cumplimiento. Una de las primeras tareas de los Estados, que ratificaron dicha convención, tiene que ver con la comprensión que se hace de la discapacidad. De acuerdo con la CDPD (2006) la discapacidad hace referencia a la interacción entre las deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales y las barreras que le impone la sociedad a las personas para la igualdad de condiciones y participación, debido principalmente a la actitud de los demás seres humanos en el entorno (Organización de Naciones Unidas, 2006).

Una esfera específica de protección de la población con discapacidad, han sido los ambientes de trabajo por considerarse que se constituyen "escenarios donde se resuelven las contradicciones principales que dinamizan la sociedad" (Parga, 1992) concretamente respecto al acceso, permanencia y condiciones de empleo. En Colombia, existen disposiciones relevantes como la Ley 1618 de 2013 (Congreso de la República de Colombia, 2013) que establece disposiciones para el ejercicio pleno de las personas con discapacidad. Por su parte el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) indica que debe protegerse a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad. En esta línea, en el ámbito de empleo, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (Congreso de la República de Colombia, 2015), pretende lograr la protección laboral de esta población y, a nivel regional, el Plan de Desarrollo de Medellín (Concejo de Medellín, 2016), materializa está propuesta en programas y políticas públicas.

Una medida importante ha sido el denominado Pacto de Productividad a través del cual se ha logrado la vinculación de varios sectores a la contratación inclusiva, pero de acuerdo con los resultados de esta propuesta publicados en el año 2015, solamente se reflejan los datos estadísticos de acceso y contratación («Pacto de Productividad Promoviendo la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad», 2015). Adicionalmente se observa que son contratados en un alto porcentaje para actividades misionales no calificadas y se desconoce la información sobre permanencia en los empleos y sus condiciones de trabajo, especialmente porque no es suficiente que se hable de inclusión si no hay garantías respecto a contratos formales, capacitaciones, duración y condiciones laborales justas y dignas.

En el agosto de 2016, basados en los informes de la Comisión Colombiana de las personas con discapacidad, la ONU presentó los resultados de los avances del país para garantizar sus derechos, tarea fundamental de seguimiento sobre el cumplimiento de la citada Convención, los cuales no fueron favorables para el país. En materia de empleo, las observaciones del citado organismo multilateral evidenciaron falencias en cuanto a regulación normativa y estrategias para la inclusión laboral, instando a los diferentes actores a implementar medidas que lo garanticen(Organización de Naciones Unidas, 2016).

Si bien los elementos normativos y de medidas son importantes no se puede desconocer que existe una condición adicional a la que son sometidas las personas con discapacidad ante las tasas bajas de participación en el mercado laboral ya que se afirma constituye una de las razones importantes por las cuales la discapacidad puede conducir a la pobreza.(Organización Mundial de la Salud & Banco Mundial, 2011) De manera general, la pobreza es un fenómeno que agrava la situación de las personas con discapacidad. Establecer las trayectorias que siguen estas personas para llegar a ser pobres, es una tarea compleja. Sin embargo, lo que debe ser visible al tiempo que preocupante, es como estas dos entidades, discapacidad y pobreza, se convierten en un entramado que promueve y potencia el riesgo de desafiliación del individuo de la sociedad (Castel, 1997).

Uno de los mecanismos que tradicionalmente se han desarrollado para mitigar este riesgo, es el desarrollo de programas de asistencia social. Bajo esta lógica, las personas con discapacidad son vistas como beneficiarios de las políticas del Estado, que se operacionalizan mediante la entrega de subsidios ya sea en especie o con transferencias directas. La discusión sobre la pertinencia de este tipo de acciones de política está aún en duda, principalmente por dos cuestiones. La primera, es si la asistencia social es el mecanismo por excelencia para la inclusión plena de las personas con discapacidad. La segunda, tiene que ver con el mecanismo para paliar la situación, es decir, si se hace mediante subsidios en especie (educación, vivienda, salud, transporte, etc) o mediante transferencias directas.

Esta discusión se puede zanjar de distintas maneras, claramente, existirá un componente ideológico y pragmático que orientará la argumentación en uno u otro sentido. Sin embargo, tratar de resolver preguntas como ¿qué es lo justo? ¿qué es lo equitativo? ¿en qué deberíamos ser todos iguales? ¿cómo se logra una verdadera movilidad social?; deben ser un referente que oriente la discusión a fin se profundice un poco más, tal vez desde lo filosófico y lo sociológico, en la búsqueda de la solución más adecuada para las personas con discapacidad.

Lo que no está en duda es que el trabajo se convierte en un escenario importante para la inclusión del individuo a la sociedad (Castel, 1997). Pero ojo, lo relevante en esta materia es pensar en una oferta laboral digna y bien remunerada, orientada a lograr la participación e inclusión real de las personas con discapacidad a la sociedad.

Además, debe trasladarse la pobreza entendida como una mera brecha económica entre unos y otros, a una concepción multidimensional. Esto obliga a hacer la evaluación de las prácticas de inclusión en el ámbito educativo, en los sistemas de salud, en la vivienda, en el transporte y en la organización misma de la sociedad. La meta final es proveer escenarios/ capacidades que permitan la movilidad social de las personas con discapacidad.

Finalmente, desarrollar políticas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad no finaliza con el simple hecho de acercarlos a programas de asistencia. Los arreglos de política que han de hacerse son vastos y variados, uno de ellos se refiere al empleo. No obstante, aún quedan diversas cuestiones por discutir. Lo que se espera es que las acciones que se tomen, deben ser aquellas que se orienten a promover escenarios que le provean a las personas con discapacidad los mecanismos para que puedan ejercer sus derechos y deberes tal como lo hace el resto de los grupos sociales.


Referencias

Castel R. (1997), La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Argentina: Paidós.         [ Links ]

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