Respecto al suicidio como riesgo asegurable

Respecto al suicidio como riesgo asegurable, la CSJ realiza una análisis de los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio Colombiano, en cuanto a los conceptos de exclusiva voluntad y actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario.

La CSJ, inicialmente parte de una interpretación exegética, mediante la cual considera que, según las normas mencionadas, la muerte es un riesgo asegurable siempre que no depende de la “exclusiva voluntad” o “mera potestad” del tomador, asegurado o del beneficiario. Con base en esta premisa el problema jurídico que plantea se refiere a si el suicidio es o no un riesgo asegurable. Para abordar esto, la CSJ, en primer lugar, entra a definir el suicidio a partir de los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud y considera que la noción jurídica del suicidio adoptada por la jurisprudencia coincide con la concepción científica; en tal sentido, define al suicidio como la muerte causada voluntariamente por el propio asegurado. Para la CSJ, el suicidio siempre es un acto voluntario, desconociendo así los planteamientos referentes a la diferenciación entre suicidio voluntario e involuntario, acogido por parte de la doctrina y la jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia ³².

A partir de este planteamiento, la CSJ realiza una distinción entre la voluntad de la conducta del suicida y conceptos como la “ voluntad exclusiva”, la “ mera potestad”, la “libre elección” y la “ voluntad de defraudar” del asegurado, tomador o beneficiario; concluyendo que el acto suicida, a pesar de ser voluntario, no implica la libertad de elección e intención de defraudar, aspecto al que se refieren las expresiones contenidas en los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio Colombiano. En tal sentido, se considera que el suicidio es siempre un riesgo asegurable a menos que el suicida haya tenido la intención premeditada de defraudar a la aseguradora, lo cual si implicaría un acto potestativo. Por lo anterior, para la CSJ, el no considerar el suicidio como riesgo asegurable restringe la libertad contractual de las empresas aseguradoras, pues el ordenamiento jurídico colombiano como tal no lo prohíbe y la realidad económica del sector indica que éste tipo de riesgo si se suele asegurar.

Una vez plantada la anterior tesis, referente a que el suicidio es siempre voluntario y que es un riesgo asegurable, la Corte entra a exponer los argumentos que fundamentan dicha postura. Para ello aborda la evolución que ha tenido la concepción del suicidio, en primer lugar desde un punto de vista filosófico ³³ sobre el cual se le considera a este como un acto propio del libre albedrío. Posteriormente, hace referencia al acto suicida desde la sociología, en donde luego de analizar diferentes teorías se plantea que a pesar que las acciones individuales tengan un componente volitivo, el sujeto se ve influido por fuerzas externas o presiones sociales que influyen en sus actos. Finalmente, la Corte aborda la concepción del suicidio, desde el punto de vista neurocientífico, indicando que además de los factores externos, también existen condiciones subjetivas del individuo, es decir, aspectos químicos, neurológicos, genéticos, emocionales, entre otros; es decir una multiplicidad de factores condicionantes, los cuales han sido planteadas por las teorías científicas del último siglo a las que no puede ser ajena la jurisprudencia. Empero, la Corte considera que no puede abordarse un tema como el suicidio desde la teoría causal, pues es un acto complejo dados los aspectos condicionantes que influyen en dicho acto.

En síntesis, la Corte se decanta por la perspectiva neurobiopsicológica que considera al suicidio como un problema de salud pública y un fenómeno biopsicosocial, en él intervienen sucesos sociales, la psicología de la persona y la actividad biológica del cerebro³⁴. (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2018}). Con base en lo anterior, plantea la Corte que el suicida no tiene plena capacidad o libertad de elección, dado que desde el punto de vista científico la libre elección no puede equipararse a la concepción filosófica del libre albedrío; pues la libertad de elección siempre está condicionada por procesos mentales y, en tal sentido, no existe una plena libertad o libertad máxima ³⁵.

De lo anterior se concluye, que para la Corte no hay razón científica para diferenciar entre suicidio voluntario e involuntario, sin embargo, las disquisiciones de la Corte resultan complejas al acoger un punto de vista científico y al tratar de integrarlo con la concepción jurídica de la libertad de elección, sin dejar de lado el tema de la responsabilidad.

Al respecto, se logra identificar los siguientes argumentos relevantes planteados por la Corte:

Una persona no es libre de actuar cuando toma una decisión (aunque esté consciente de ella) en un estado de alteración grave de su funcionamiento neurobiológico (predisposición o diátesis) y, además, carece de la capacidad psicológica de adaptarse positivamente a las situaciones adversas provenientes del entorno social y ambiental (estrés) que se le presentan como condiciones detonantes (aunque sean irrelevantes o insignificantes) de un comportamiento auto destructivo. (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2018}).

A partir de lo anterior, la Corte establece una presunción- otro aspecto polémico de las consideraciones de la sentencia- en los siguientes términos:

A partir de los avances de las ciencias cognitivas y de la complejidad contemporáneas, puede inferirse con un alto grado de probabilidad lógica, que la persona que cometió suicidio se encontraba en un estado limitado de libertad de elección (vulnerable), por desequilibrios neurobiopsicológicos y por la influencia de estresores provenientes del entorno que se le impusieron como una fuerza irresistible y condicionaron el resultado nefasto. (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2018}).

La anterior se constituye como una presunción judicial ³⁶ y por ende iuris tantium, por lo que esta puede ser desvirtuada por la entidad aseguradora mediante cualquier medio de prueba que permita demostrar que la persona actuó con libertad de decisión, con pleno uso de sus facultades mentales y con la intención de defraudar a la aseguradora.

Finalmente, la Corte establece una categorización de los niveles de sentido del concepto de voluntad y las consecuencias de esa diferenciación. Establece de esa manera una distinción entre tres grados de voluntad:

(i) voluntad mínima o volición, como el actuar queriendo un fin pero sin libertad de elección (ausencia de posibilidades alternativas), (ii) voluntad media como aquella en donde existe una decisión libre y responsable, (iii) la voluntad máxima y sin restricciones o voluntariedad, que implica obrar con “libertad de decisión, por meros deseos y aún a sabiendas de que la conducta excede los límites que imponen los deberes jurídicos (con consciencia de la antijuridicidad) (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2018})

Según la CSJ, para la definición científica y jurídica del suicidio, es irrelevante la idea de la voluntad máxima o conciencia para obrar. Simplemente considera que todo suicidio es un acto volitivo, donde la víctima carece de capacidad neurobiológica para elegir o tomar decisiones. De esa manera establece que no debe hacerse diferencia entre suicidio voluntario e involuntario.

Ahora bien, respecto a los actos inasegurables, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio, indica la Corte que el concepto de voluntad al que se refieren las expresiones “meramente potestativos” o de “exclusiva voluntad” se refieren a una voluntad cualificada, es decir aquella con plena consciencia o intención de defraudar, donde el sujeto tuvo posibilidades alternativas y obró con conciencia del resultado, a diferencia del suicidio donde según la Corte, el suicida no tiene alternativas de elección debido a su estado mental. Por tal razón, se concluye, por parte de la Corte, que el concepto de libertad de elección está ausente en la conducta del suicida, el cual actúa con voluntad mínima o volición, por ende este es un acto asegurable, dado que no se actúa con “exclusiva voluntad” o “ mera potestad”. Con lo anterior, aparentemente, se establece una regla o precedente, sin embargo, como se expondrá más adelante se hace es necesario realizar la distinción entre la ratio decidendi y la obiter dicta en la sentencia, para determinar los argumentos que influyeron realmente en la decisión.

Sobre el tema del suicidio como riesgo asegurable, cabe traer a colación algunas consideraciones doctrinales con el fin de contrastarlas con los considerandos de la CSJ. Inicialmente, puede considerarse que el problema que plantea el suicidio como fenómeno y como riesgo asegurable radica un aspecto básico que consiste en la dificultad para determinar el límite entre la conciencia y la inconciencia en el comportamiento humano. Sobre este acto no hay una concepción jurídica clara, de ahí que deba acudirse a otras áreas del conocimiento. La doctrina y jurisprudencia de otros Estados han planteado una serie de consideraciones sobre este fenómeno, precisamente en relación con el contrato de seguro, respecto a las distinciones sobre las clases de suicidio y la descripción de los factores que pueden influir en dicho acto.

Una primera distinción, como lo expuso la CSJ, es aquella referente al suicidio voluntario e involuntario. Sin embargo, dicha distinción ha sido denominada de otras maneras, tal como lo plantea ^{Bado (2014}), que hace una distinción entre suicidio consciente e inconsciente. Esto en razón a que un acto inconsciente no implica la perdida absoluta de la capacidad, en tal sentido se considera que hay varios grados de inconciencia generados por causas internas o externas, que van desde la perdida de la serenidad hasta la afectación absoluta. Conforme a lo anterior se considera que el suicidio es por naturaleza voluntario, por lo que la distinción debe realizarse entre suicidio «consciente», como aquel donde el asegurado realiza el acto en pleno uso de sus facultades y que configura una causal de nulidad del contrato, mientras que el «inconsciente» es producto de un proceso de enajenación de sus facultades; para este último caso el asegurador debe cumplir con su obligación, dado que no hay voluntad jurídicamente válida en el acto del asegurado. (pág. 113) ³⁷.

En el mismo sentido, ^{Veiga (2020}) menciona que: “la doctrina y la jurisprudencia trazaron un grueso trazo entre lo consciente y lo inconsciente, o lo que es lo mismo, la voluntariedad o, precisamente la privación de la misma a la hora de quitarse la vida” (pág. 14). Coincide este autor en que el suicidio siempre debe entenderse como un acto voluntario, tal como lo ha señalado una línea de la jurisprudencia española y francesa que considera que no existe un suicidio involuntario esto en razón a que “tan sólo hay suicidio cuando la muerte está causada u ocasionada por actos conscientes del agente. Cuando hay carencia de voluntad, por facultades mentales perturbadas, no se da el suicidio” (^{Veiga, 2020}, pág. 22) ³⁸.

Sin embargo, ^{Veiga (2020}) hace referencia a las complejidades del fenómeno psicológico planteando que no es tan solo una mera cuestión volitiva, puesto que existen diversos factores sociales y biológicos. Es más, plantea diferentes clases de suicidio- entre estos el egoísta, el altruista, el anómico, el suicidios colectivo- y muchos otros interrogantes respecto a las predisposiciones genéticas y sociales que influyen en el individuo, cuestión que deja evidenciar la complejidad del fenómeno (págs. 12-13).

Ahora bien, respecto al concepto de riesgo asegurable, que tal, como lo define ^{Zornosa (2009}) este corresponden a una categoría “cuyo aseguramiento se encuentra prohibido por el legislador en normas imperativas que restringen el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad” (pág. 149), tal como lo establecen los artículos 1054 y 1055, bajo la denominación de los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario. Cabe indicar que existe una diferencia con el concepto de exclusión legal, que se refiere a la existencia de riesgos extraordinarios que, ante el silencio de las partes, se entienden excluidos de los amparos; sin embargo estos pueden ampararse, bajo el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad, mediante la inserción de una clausula accidental que deroga la normativa natural prevista por el Código de Comercio (pág. 150).

De lo anterior se puede considerar que la CSJ ha acogido la tesis doctrinal referente a que el suicidio es siempre en un acto voluntario y, en tal sentido, en el régimen normativo del contrato de seguro en Colombia, el suicidio un riesgo asegurable, excepto aquel que se ejecuta con la intención de defraudar. Sin embargo, dadas las distinciones ya mencionadas entre suicidio voluntario (consiente) e involuntario (inconsciente), el tema sigue presentando problemas de interpretación, por tal razón hay opiniones que requieren que para el caso colombiano, se es necesaria una norma que establezca si el suicidio es o no un riesgo asegurable y, de igual manera, que defina cuales serían las reglas de aplicación dentro del contrato de seguro (^{Moreno, 2019}, pág. 67).

Y es que para el caso de Colombia, el problema no es ajeno, tal como lo indican las cifras dadas a conocer por las entidades que hacen seguimiento de este tema. Según el ^{Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2012}), hay un incremento constante de casos desde el año 2006 (pág. 327). Para el año 2019, el número de casos reportados fue de 2.236, mientras que en el año 2018 se reportaron 2.247, con lo que se establece este tipo de acto como la cuarta causa de muerte en Colombia con lo que se establece este tipo de acto como la cuarta causa de muerte en Colombia (^{Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019}, pág. 2). En cuanto a los intentos de suicidio, para el año 2018 fueron notificados 28.615 casos, con un incremento de 10,9% de casos con respecto al año 2017 (^{Instituto Nacional de Salud, 2018}, pág. 5).

Sobre la regulación del tema, algunos ordenamientos han establecido normas que serían útiles en Colombia, al respecto ^{Ordóñez (2014}) señala varios ejemplos:

En Chile existe regulación expresa del riesgo de suicidio conforme a la cual el código presume, salvo pacto en contrario, el cubrimiento del suicidio (aparentemente cualquiera que sea su calificación) después de 2 años de vigencia del contrato (art. 598). En el caso de Perú, el artículo 125 dispone de manera imperativa el cubrimiento del suicidio después de 2 años de vigencia del contrato, refiriéndose de manera expresa al “suicidio consciente y voluntario de la persona cuya vida se asegura”. Por otra parte, como ya se mencionó antes, en ambas legislaciones se consagra la incontestabilidad o indisputabilidad del seguro de vida después de 2 años de vigencia, en vez de la irreductibilidad, salvo el caso de dolo (Perú, art. 122, Chile, art. 592) (pág. 337).

Respecto a lo anterior, es importante considerar la función social del contrato de seguro y si con el hecho de la cobertura del suicidio se está garantizando dicha función. Tal como lo plantea ^{Zarante (2016}), la actividad aseguradora tienen la calidad de servicio público al ser una actividad financiera relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público; por lo que guarda relación con el artículo 365 de la Constitución política que establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (pág. 240). Sobre el tema específico del seguro de vida, ^{Signorino (2009}) hace referencia a la función social de este al indicar que con esta modalidad se otorga protección tanto al asegurado como a sus familiares, que logran un sostén económico paliativo con la pérdida sufrida (pág. 16).

En consecuencia con lo anterior, como se ha expuesto el suicidio es un problema de salud pública que afecta a todos los niveles sociales, por lo que bajo la perspectiva de la función social de las aseguradoras, puede considerarse que el amparo de este tipo de eventos es acorde al mandato constitucional y, en tal sentido, las interpretaciones referentes a su inclusión o cobertura no resultan en absoluto descabelladas. Sin embargo, las disquisiciones sobre la concepción del suicidio en el contexto jurídico, su indemnización y la determinación del grado de voluntad o de la intención de defraudar, dejan espacio para muchas discusiones por lo que sí es importante que haya una regulación al respecto.

Argumentos expuestos sobre los periodos de carencia en el contrato de seguro de vida y la carga de la prueba

Una vez la Corte determinó que todo suicidio es un riesgo asegurable, entró a analizar el tema de los periodos de carencia en los contratos de seguro. Al respecto, se identificaron dos modalidades: una a favor del asegurador como períodos de gracia en donde se suspende la cobertura respecto a riesgos que taxativamente predisponga el asegurador, y otra a favor del asegurado como periodos de inconstestabilidad en donde la aseguradora no puede objetar el pago del seguro por reticencias o inexactitudes del tomador sobre el estado del riesgo.

Con base en la doctrina española sobre el tema, para la Corte, en los seguros individuales de vida y la muerte por suicidio, los periodos de carencia se deben entender como periodos de incontestabilidad, es decir a favor del asegurado. En tal caso, concluye que en este tipo de cláusulas deben interpretarse a favor del asegurado en cuanto a que después de cumplirse el periodo fijado por el asegurador, el suicidio queda cubierto de manera automática, sin hacer distinción a si es o no voluntario, y en caso de que el suicidio se cometa dentro del plazo establecido como periodo de carencia, la aseguradora tiene la posibilidad de exonerarse del pago solo si logra demostrar que el asegurado, tomador o beneficiario generó el suicidio con libertad de elección y con la intención de defraudar al asegurador.

Según la Corte, dichas cláusulas tienen la función de hacer inexpugnable el seguro de vida después del plazo fijado como período de carencia, por lo que no pueden interpretarse a favor del asegurador por las siguientes razones: el contrato de seguro es un contrato de uberrima bona fides, es decir que se presume la buena fe del asegurado quien tiene el deber de informar sobre el estado del riesgo a la aseguradora, según lo establece el art. 1058 del Código de Comercio ( en adelante C.Co), por tal razón, la posibilidad de establecer la cláusula a favor del aseguradora implicaría presumir la mala fe del asegurado, cuestión que como se sabe debe ser probada por quien la alega.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico no permite la presunción de la mala fe, por lo que al interpretarse de esa manera este tipo de cláusulas se constituirían en cláusulas abusivas que romperían el equilibrio contractual. Concluye la Corte que, en tal sentido, la carga probatoria recae en la aseguradora que puede, mediante cualquier medio de prueba, demostrar la intención fraudulenta del asegurado y dicha carga no puede ser desplazada al usuario dentro del contrato, pues ello también implicaría un abuso del derecho.

A pesar de lo anterior, la Corte también indica que la aseguradora tiene la libertad y autonomía para excluir totalmente el suicidio como riesgo asegurable o de someterlo a periodos de no cubrimiento o estipular primas extra, siempre que existan razones de peso basadas en exámenes médicos previos a la celebración del contrato o cuando se infiera la conducta suicida a partir de la declaración del tomador. Esto también es una manifestación del equilibrio contractual dando la potestad al asegurador de rechazar un riesgo que exceda sus previsiones técnicas o de tomar las previsiones que considere.

Lo anterior permite concluir a la Corte que el demandante solo soporta la carga de probar la celebración del contrato de seguro, la ocurrencia del siniestro, que para estos casos es la muerte del asegurado, y la cuantía según lo previsto en el art. 1077 del C. Co. Por tal razón, la aseguradora para exonerarse del pago tiene la carga de probar los hechos que soportan sus excepciones.

El tema de la prueba es otro aspecto que ha sido objeto de críticas. Parte de la doctrina ha mencionado que pruebas e indicios pueden ser contundentes o con cierto grado de importancia, para determinar si un suicidio se realizó con intención de defraudar (^{Bado, 2014}). Entre estas se encuentra la historia clínica, la reincidencia o intentos de suicidio y el tiempo entre la celebración del contrato y la muerte del asegurado, las cuales permitirían probar la buena o mala fe del asegurado o del tomador.⁴⁰

Sobre este tema es importante relatar lo mencionado por ^{Ordoñez (2005}) en cuanto la realización de cuestionarios o exámenes médicos previos al perfeccionamiento del contrato. De conformidad con el art. 1158 del Código de Comercio, el no sometimiento al cuestionario y a la realización a los asegurados a exámenes médicos en el caso del seguro de vida, no exoneran a la parte asegurada de cumplir con su carga de declarar veraz y certeramente al asegurador las circunstancias que permiten determinar el riesgo. Lo anterior, a diferencia de otras legislaciones, verbigracia la española, en donde se establece que si las aseguradoras no proponen un cuestionario a sus asegurados, se les castiga no admitiendo impugnación del contrato por inexactitud o reticencia en la declaración del estado del riesgo (pág. 6).

Sobre este punto, según lo considerado por la CSJ, en sentencia del 10 de Mayo de 1.999, si bien el asegurador no tiene la obligación realizar el cuestionario u ordenar el examen médico, tal situación tiene consecuencias en cuanto a que esto debe entenderse como una manifestación tácita de la asegurador en cuanto a asumir el riesgo y, en tal caso, no podría predicarse la nulidad del contrato por reticencia ni exactitud, por lo que el asegurador debe asumir la totalidad de la prestación (^{Ordoñez, 2005}, pág. 6).

Finalmente, respecto a la prueba de la existencia de la mala fe o la intención de defraudar, ^{Ordoñez (2005}) indica que sus implicaciones se acomoda en líneas generales a los principios generales que rigen el contrato de seguro, para ello se identifican varios momentos en donde el actuar de mala fe tiene consecuencias. Si la mala fe influye al momento del intercambio de manifestaciones de voluntad que da origen al contrato, se generaría la nulidad relativa del seguro, dado que esto constituye un vicio de la voluntad; mientras que si la mala fe del asegurado se manifiesta posterior a la celebración del contrato o con motivo de la reclamación de la indemnización, hay una pérdida del derecho a la indemnización o la terminación del contrato, verbigracia, en el caso donde se omite lo dispuesto en el art. 1060 del C.Co., es decir se omite la carga de notificar al asegurador sobre la agravación del estado del riesgo (pág. 3).

Consideraciones generales sobre el precedente y el análisis jurisprudencial estático

En el siguiente apartado se busca realizar una reflexión y crítica a lo planteado por la sentencia, a partir de la teoría del precedente judicial con el fin de identificar aquellos argumentos que constituyen la ratio decidendi y la obiter dicta en el caso analizado, esto con el objetivo de determinar los alcances de la sentencia y hasta qué punto se puede considerar que se ha constituido un nuevo precedente judicial con efectos vinculantes para casos semejantes.

En primer lugar, cabe exponer, brevemente, la figura del precedente judicial como figura aplicable en la jurisprudencia colombiana. Sea primero indicar que el sistema jurídico colombiano se caracteriza por ser de tradición neo-romanista y positivista, que contempla legalmente figuras jurídicas propias como la doctrina probable, la cual se encuentra contenida en el artículo 4 de la Ley 169 de la 1896 y el artículo 7 del Código General del Proceso41. Sin embargo, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al papel del juez y la seguridad jurídica, como aspecto esencial del derecho fundamental del acceso a la justicia, se posibilitó el acogimiento del precedente judicial, figura propia del common law angloamericano, el cual resulta más acorde al carácter activo que la Carta Política de 1991 confiere a la judicatura (^{López, El derecho de los jueces. Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial, 2009})⁴²⁴².

Ahora bien, el precedente judicial y la doctrina probable son dos figuras aplicables por la judicatura colombiana, sin embargo estas tienen diferente alcance. A rasgos generales, el precedente se define como “la decisión de una controversia anterior que contiene puntos de hecho y de derecho similares y, por lo tanto, “controla” la controversia actual” (^{Lozada Pimiento, 2018}), es decir, que el precedente se aplica de manera específica en casos análogos concretos, mientras que la doctrina probable, que se encuentra contenida en las sentencias de las altas cortes, es aquella mediante la cual se establece, de manera general, el alcance interpretativo de una norma ⁴³.

Respecto a la concepción del precedente, Quinche lo define como un enunciado que de manera concreta se encuentra contenido en una anterior sentencia y pertinente que permite definir un caso mediante la formulación de una ratio o regla a partir de unos hechos y un problema jurídico semejante. La Regla se considera como un “enunciado normativo especial que manda, permite o prohíbe algo, cuya aplicación genera la decisión o el resuelve del caso concreto” (pág. 37).

Ahora bien, es usual utilizar indiscriminadamente los términos de precedente y jurisprudencia, sin embargo cabe hacer la aclaración en cuanto a que el precedente se conforma por “una decisión que, posteriormente, se establece como una norma que también se aplica en casos subsiguientes” (^{Taruffo, 2018}, pág. 9), mientras que la jurisprudencia se define como un conjunto de decisiones, es decir cientos o miles de sentencias sobre una misma cuestión, y se caracteriza por ser “redundante, variable, ambigua y contradictoria, de modo que se pueden encontrar orientaciones interpretativas diferentes y variadas sobre el mismo problema legal” (^{Taruffo, 2018}, pág. 9).

Respecto a las clases de precedente judicial, indica Quinche, que según lo considerado por la Corte Constitucional, se pueden distinguir tres clases de precedentes. Un precedente horizontal como “aquel que obliga a un juez, tribunal o alta corte a seguir su propia línea decisional” (pág. 43). Por otra parte, el precedente vertical implica un límite para el ejercicio de la autonomía judicial, y el sometimiento de jueces y tribunales a la interpretación vinculante de tribunales y órganos de cierre⁴⁴. Finalmente, el precedente uniforme es una garantía en cuanto a la aplicación o trato igualitario a casos similares, por parte de las autoridades públicas, entre estas las de la Rama Judicial (^{Quinche, 2014}, pág. 44) ⁴⁵.

La adopción del precedente judicial en Colombia, tal como lo expone ^{López Medina (2009}), responde al acogimiento de la doctrina contemporánea del precedente, expuesta por la Corte Constitucional Colombiana, que es aplicable tanto a la jurisdicción ordinaria como a la constitucional, y que se caracteriza por ser un sistema relativo, el cual consiste en que una decisión ya adoptada tiene un “peso jurídico específico, esto es, cuenta como argumento (aunque no decisivo) para decidir en el mismo sentido y con los mismos argumentos el nuevo caso análogo que se le presenta al juez” (pág. 84). También cabe señalar que se ha acogido un sistema relativo en el cual el precedente es vinculante, es decir que los jueces tienen el deber prima facie de respetarlo, sin embargo pueden separarse de éste, en virtud del principio de autonomía judicial, si exponen los motivos suficientes y razonables. Para ello se imponen la carga de transparencia, es decir que el juez que se separe debe conocer los precedentes vigentes y, por otra parte, la carga de argumentación, que implica exponer claramente porque el cambio de posición jurisprudencial. (^{López, 2009}, pág. 85).

Una de las características de la teoría del precedente judicial es la distinción entre la ratio decidendi y la obiter dicta, de manera individual. En tal sentido, el precedente solo es obligatorio en aquellos argumentos que sean ratio y no los que sean obiter dicta (^{López, 2009}, pág. 230)⁴⁶. En tal sentido, la ratio decidendi depende de: (i) de los hechos que se consideren materiales en el fallo, es decir los realmente relevantes o claves⁴⁷, y (ii) por del sentido del fallo. Por tal razón, la ratio decidendi es el argumento jurídico, ya sea explícito o reconstruido, que une a estos dos elementos. Por otra parte, hay obiter dicta cuando el fallo tiene argumentos que están fundamentados en hechos hipotéticos que el juez no ha verificado o que ha introducido a manera de ejemplo o ilustración y que no corresponden al problema jurídico real que se ha resuelto (^{López, 2009}, pág. 258) ⁴⁸.

Expuesto lo anterior, se identificarán en cada uno de los temas principales abordados por la CSJ, en la sentencia analizada, aquellos argumentos que pueden ser considerados ratio decidendi y aquellos que serían obiter dicta, esto con el fin de determinar el alcance de la reciente jurisprudencia de la Corte respecto al suicidio como riesgo asegurable.

Análisis de los argumentos sobre el suicidio como riesgo asegurable

De los argumentos de la Corte se pueden identificar varios, de los cuales es pertinente identificar cual constituye en realidad la ratio decidendi que resuelve el caso concreto. Inicialmente, la Corte parte de la premisa referente a que el suicidio es un riesgo asegurable, para ello se fundamenta en la presunción acerca de que el suicidio siempre es un acto volitivo en donde la libertad de decisión se encuentra condicionada.

Puede pensarse que al considerarse que el suicidio es un riesgo asegurable se está manteniendo el precedente dictado en la sentencia de 2005 emitida por la misma Corte. Ahora bien, la concepción del suicidio como acto siempre voluntario puede tenerse como obiter dicta, dado que se plantea una presunción judicial que no resulta vinculante en todos los casos. Dicha presunción radica, en primer lugar, en que no existe el suicidio involuntario y que el riesgo asegurado es la muerte por cualquier motivo que sea ajeno a la “exclusiva voluntad” o “ mera potestad” del tomador, asegurado o beneficiario. Este argumento parte de la consideración referente a que el suicida es neuropsicologicamente incapaz de responder asertivamente a las condiciones del entorno, por lo que no es normal que una persona vaya contra su instinto de supervivencia, por lo que no puede considerarse como un acto de la “exclusiva voluntad” o “mera potestad” del usuario y, en tal sentido, aquellas cláusulas que excluyan la muerte por suicidio, presumen la mala fe o intención fraudulenta del asegurado.

La razón de considerar los anteriores argumentos como obiter dicta se debe a que estos se construyen a partir de razonamientos que solo se fundamentan en consideraciones científicas que pueden ser debatibles dada la complejidad del fenómeno. ⁴⁹

Así mismo, la consideración respecto a que las cláusulas que excluyen el suicidio presumen la mala fe del asegurado es cuestionable, dado que el ordenamiento otorga al asegurador la libertad para establecer sus exigencias, por lo que este aspecto queda a criterio de la interpretación que el juez haga de dichas cláusulas en cada caso en concreto ⁵⁰.

Sobre este argumento planteado por la Corte se considera que también resulta confuso, pues sería más claro partir de la distinción entre suicidio consciente e inconsciente y plantear que el asegurador puede eximirse de la obligación de pagar, si logra demostrar que el suicidio se cometió con la intención de defraudar a la aseguradora, en vez de hacer siempre referencia a un suicidio voluntario.

Ahora bien, se logra identificar que uno de los argumentos que hacen parte de la ratio decidendi es aquel referente a que la aseguradora debe probar que el usuario tuvo la intención de defraudar, mientras que el asegurado, beneficiario o tomador solo le compete demostrar la existencia del contrato y la ocurrencia del siniestro. Lo anterior, dado que desde la concepción del precedente que se ha planteado anteriormente, se tiene que esta es la ratio que resultaría aplicable a casos análogos. Este argumento a su vez es el precedente planteado en la sentencia del 25 de mayo de 2005, Exp. 7198, cuya regla formulada consiste en que la carga de la prueba sobre a la intención del suicida de defraudar se encuentra a cargo de la aseguradora y que en caso de probarse esto se podría exonerar del pago durante los periodos de gracia. Empero, dicha regla también resulta cuestionable, dado que tal como lo menciona el Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, en su salvamento de voto, esta es una prueba diabólica, pues es prácticamente intentar indagar en la psiquis de una persona fallecida.

Por otra parte, la Corte menciona que en los casos donde no esté excluido expresamente el suicidio en los seguros de vida individual y donde este se haya producido posterior a los periodos de carencia y en vigencia del contrato de seguro, este se tiene siempre por riesgo asegurable sin que haya lugar a demostrar si existió o no intención de defraudar. Esto último es lo realmente controversial, pues se considera que aún si el suicidio fue un acto potestativo, es decir que existía la intención de defraudar, debe ser reconocido si se realiza con posterioridad a los periodos de carencia y obviamente dentro de la vigencia o período de cobertura del seguro. Al respecto, cabe analizar entonces si esta última consideración puede hacer parte de la ratio decidendi.

Análisis de los argumentos sobre las cláusulas de exclusión o periodos de carencia

El argumento al que se hizo referencia anteriormente lo expone la Corte de la siguiente manera:

(…) si el suicidio se comete después de que haya vencido el periodo de indisputabilidad o inconstestabilidad predispuesto en el contrato, quedará cubierto por el seguro de vida que haya incluido ese riesgo, sin que la aseguradora pueda negar el pago con sustento en la existencia de vicios, reticencias o in exactitudes en la declaración de asegurabilidad. Pero si se comete dentro del “periodo de carencia”, la aseguradora tiene la posibilidad de exonerarse de responsabilidad siempre que cumpla su carga probatoria (...). (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2018})

La anterior consideración no puede tenerse como parte de la ratio decidendi, dado que, por una parte el aspecto fundamental en la decisión fue que no se probó la intención de defraudar, mientras que no fue relevante si el suicidio se generó posterior al periodo de carencia. Al respecto, se identifica una estructura argumentativa que permite determinar que el argumento planteado es obiter dicta:

Elaboración propia

Figura 1 Línea argumentativa 

Sobre lo anterior cabe señalar que la Corte, expone tal argumento como una reiteración de la jurisprudencia, del 25 de mayo de 2005, exp. 7198, con ponencia del Magistrado Jaime Alberto Arrubla Paucar, empero, los argumentos expuestos por la Corte en dicha sentencia se refieren a la distinción entre suicidio consciente e inconsciente, en otras palabras voluntario e involuntario, en donde se determinó que el inconsciente es susceptible de ser asegurado aún posterior a los periodos de carencia en los siguientes términos: “los períodos de carencia se aplican al suicidio voluntario y no al inconsciente, porque como quedó explicado, el riesgo queda cubierto después de iniciado el seguro sin importar la época en que ocurra” (^{Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2005}),²⁶ lo que dista mucho de la consideración referente a que el suicidio voluntario, posterior a los periodos de carencia, debe ser siempre cubierto, pues esto llevaría a considerar que aún si existe la posibilidad de probar la intención de defraudar, debe reconocerse el pago por parte del asegurador. En tal caso, se puede concluir de lo anterior, no se interpreta de forma exacta el argumento de la sentencia del 2005, sino que se hace una reinterpretación del argumento para plantear una nueva tesis sobre las cláusulas de exclusión, argumento que como ya se mencionó no fue un aspecto relevante en la decisión. Ahora bien, cuando la Corte se refiere a acoger la jurisprudencia no queda claro si se está refiriendo a un precedente, dada la distinción entre los dos conceptos que ya ha sido expuesta. Lo cierto es que este tipo de reinterpretaciones puede llevar a una indebida aplicación del precedente pues al parecer la Corte no logró identificar la ratio de la sentencia anterior. Este es uno de los mayores problemas que plantea la aplicación del precedente judicial, la identificación e interpretación de la ratio decidendi y la coherencia de los jueces respecto al respeto de su propio precedente horizontal o el deber de acoger el precedente vertical, que aún se pueden evidenciar a pesar de que se han buscado corregir estos defectos en las decisiones judiciales, tal como lo plantea ^{López (2016}, pág. 75)

Sin embargo, lo anterior puede verse desde otro punto de vista. Si bien en la interpretación judicial no existe tanta flexibilidad como en la interpretación literaria, que ofrece una posibilidad de incertidumbre, en la que se puedan plantear diversas interpretaciones sin que haya una interpretación única y exclusivamente verdadera; para el caso de las altas cortes puede considerarse que con referencia a la argumentación en las decisiones de estas corporaciones, la corriente del Uso Alternativo del Derecho o los Estudios Críticos Legales o CLS (Critical Legal Studies) plantean la reorientación de la actividad judicial con el fin de que esta sea más favorable a los sectores excluidos y oprimidos, esto mediante el aprovechamiento del carácter indeterminado de las normas y el planteamiento de interpretaciones judiciales que beneficien a los grupos sociales dominados, (^{Uprimny & Rodríguez, 2006}, pág. 115)

Por tal razón, en lo que se refiere a la aplicación del precedente y la interpretación judicial, se seguirán teniendo decisiones que generen controversia dados la reinterpretaciones o cambios de líneas argumentativas. En tal sentido, para el caso analizado en el presente trabajo no sería descartable que la decisión busca equilibrar la relación entre usuarios y sector asegurador, dada la percepción que se tiene de este sector en cuanto a que tienen el poder de imponer todas las condiciones a sus usuarios, lo cual implica una ventaja a la hora de determinar los riesgos y los valores a indemnizar.