Una de las poblaciones que más ha sufrido los efectos de la violación de sus derechos humanos, en medio de la pandemia por COVID 19 son las personas mayores. No obstante, esta situación de conculcación de derechos no es nueva, ni puede atribuirse única y exclusivamente a la expansión de un virus cuyos efectos a nivel mundial han demostrado ser nefastos.

Las personas mayores, ha sufrido, durante años, violaciones a derechos humanos, producto no solo de la pobreza y la falta de educación sino también del abandono familiar, discapacidad, enfermedades, la cobertura pensional y en general, la no atención de sus necesidades básicas.

De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Saldarriaga Concha en el año 2015, más del 50% de las personas mayores en Colombia eran pobres y esta cifra coincide con las estadísticas presentadas en América Latina. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha indicado que respecto a la pobreza, las personas mayores han sido un grupo poblacional que ha contado con un menor posicionamiento en las políticas, los sistemas e instrumentos necesarios para garantizar progresivamente sus derechos y, de esta manera, recibir el mismo trato legal, económico, social y de protección, que reciben otras poblaciones. (Fundación Saldarriaga Concha, 2015); (Defensoría del Pueblo, 2020).

Durante este mismo año, se presenta un informe de la Fundación Sabe Colombia, en el cual se destaca, a partir del estudio de los ingresos económicos de las personas mayores colombianos, que sólo el 30,8% de los mismos provienen de actividades laborales y que muchos de ellos deben recurrir a la ayuda de familiares para poder subsistir. De manera alarmante, señala este mismo estudio, que el sistema pensional en Colombia cubre apenas un porcentaje de apenas un 30% de las personas mayores en Colombia (Sabe Colombia, 2015).

Pese a un sinnúmero de leyes expedidas en Colombia para la protección de la vejez, entre ellas, la que reconoce un día especial para las personas mayores, la que dispone de centros especiales para la protección del a vejez en Colombia, aquellas que ordenan el pago ágil y oportuno de mesadas pensionales, las que reconocen tratamiento de rehabilitación y otras que ordenan el pago de auxilios para ancianos en situación de calle, en el país, las personas mayores aumentan cada vez más, para el año 2020, el Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE) indicó que correspondían a hay 6.808.641 de habitantes y que ,7% de las personas mayores son personas con discapacidad y el 14.5% no sabe leer ni escribir, 10,2% solamente lograron acceder a la educación superior y el 34.2% se dedicaron a los oficios del hogar y solamente el 23,3% accedieron a una pensión. (Congreso de la República, Ley 1251 de 2008); (DANE, 2021).

Debido a la importancia de tener en cuenta esas situaciones en que viven las personas mayores, en Colombia desde ámbito legislativo se ha dado prioridad a normativas que permitan garantizar sus derechos y disminuir las brechas generadas por la vulnerabilidad social a la que han sido expuestos. Si bien en Colombia se han dado discusiones del ámbito normativo alrededor del tema pensional, beneficios económicos periódicos (BEP) y actividad laboral ¹, es importante minimizar la violación de derechos humanos que presenta este sector de la población en el país (Fundación Saldarriaga Concha, 2020).

Al respecto debe ser importante el seguimiento a la Política de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024, especialmente en su lineamiento de promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores como la seguridad de ingresos, los servicios de salud adecuados, los servicios sociales, la educación y género, entre otros y articular las acciones de los Departamentos y el nivel nacional para la protección integral, establecer herramientas que permitan el seguimiento de la violación de derechos humanos de las personas mayores y evidenciar los avances en su protección que permitan una sociedad que garantice en esta etapa de la vida justicia social para quienes han aportado en el crecimiento social, económico y político del país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).

Lo anterior teniendo en cuenta que la promulgación de normas no garantiza la protección de los derechos humanos de las personas mayores, se requieren que sean eficaces desde una perspectiva de política pública y esto solamente es posible si se materializa en planes y programas que permitan verificar las acciones ejecutadas dentro de un Estado Social de Derecho.