El ostracismo de los jóvenes del sector rural en Caldas corolario del modelo de modernización y su injerencia en el desplazamiento forzado en el marco de la crisis cafetera

La implementación en los años 80 en Colombia de una modernidad urbana ha implementado algunas técnicas de modernización y desarrollo económico, las cuales resultaron en un aumento de las desigualdades sociales ya existentes tanto nacional como a nivel local. La implementación de estos modelos, concibieron la urbanización como principal paradigma de modernización y al reducir gradualmente la propiedad sobre las pequeñas parcelas de los campesinos, dicha acumulación de predios asentó a los grandes terratenientes en el sector rural y a los campesinos en los centros poblados y/o las barriadas de las ciudades.

Paradójicamente la acumulación de tierras en Colombia terminó por hacerla percibir en urbana más que rural, así, por más de cuatro décadas, este modelo invisibiliza la imagen más representativa del país, haciendo referencia como lo mencionado por el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011) para el cual la planeación del proceso de urbanización puesta como la idea central para una sociedad moderna y de desarrollo se convirtió en un mecanismo económico que abrió paso para que la violencia en Colombia se moviera en las esferas del mercado como lo presume (^{Georg Elwert 2003}) (como se citó en ^{Vásquez, 2008}. p. 289) a consecuencia de ello, durante las décadas de los años 50’s y 60’s, Colombia experimentó altas tasas de desplazamiento de la población del campo a las ciudades, que incrementó significativamente el proceso de conurbación, convirtiéndose la urbanización del proyecto de modernidad y desarrollo de una Nación en el referente histórico más relevante que tiene el desplazamiento forzado y, que para el caso objeto de estudio sería Estado colombiano el responsable del cambio de modelo.

Ahora ¿qué es la modernización, y por qué tanto interés del capitalismo en la urbanización? para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde un análisis económico, la modernización significa:

El proceso mediante el cual se utiliza la ciencia y la tecnología para el manejo y uso de los recursos naturales, se intensifica el uso del capital (maquinaria y crédito), un país se urbaniza y avanza en procesos de industrialización y creación de valor agregado, la agricultura se diversifica y se intensifican las relaciones con los mercados y el uso del trabajo asalariado. (^{Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011}, p. 55).

A su turno, el Banco Mundial a través de la misión CURRIE, liderada por el economista canadiense (^{Lauchilin Currie 1974}), contribuyó al fortalecimiento del modelo capitalista proyectado en el país, con el cual se daría la disminución de la pequeña propiedad rural y el afianzamiento de la llamada modernización nacional. Lo anterior desencadenó como lo menciona (^{Ruiz 2006}) una “inusitada acumulación de la propiedad privada en Colombia y una correlativa migración forzada que tuvo presencia en los años 80” (p.13), como consecuencia de la violencia generada por la deficiencia del modelo de modernización y desarrollo denominado urbanización y que como estrategia de avanzada y de cambio positivo, permeada por ideas capitalistas.

En este orden de ideas es importante precisar que, el impacto de dicho proceso de urbanización logró su mayor pico en la acumulación de la población en las ciudades, como efecto del masivo desplazamiento en el interregno de tiempo de la década de los 50’s a los 70’s, especialmente en el año 1964. No obstante, Alfredo (^{Lattes 1995}) (como se citó en ^{Ruiz 2006}) precisa que:

Sin embargo, cabe recordar que la urbanización, el crecimiento urbano y la concentración territorial de la población no siempre implican desarrollo, por ejemplo, las tendencias recientes de nuestra región indican, justamente, que la pobreza urbana es la que más se ha incrementado. (^{Ruiz, 2006}, p.14).

Es conveniente aclarar, que el proceso de urbanización, si bien ha implicado la movilidad de las personas del campo a la ciudad, la misma no se dio en prima facie forzada, pero tampoco se puede negar la situación planteada por (^{Ruiz 2006}) en el sentido que uno de los referentes históricos más importantes que tiene el fenómeno de la migración forzada interna en el Estado colombiano, es la acumulación de la tierra estas cifras también han sido resaltadas por el ^{Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -CORPOICA-(2002)} sendas investigaciones registran que para el año de 1984 el 32,7% del total de la tierra estaba en manos del 0,5 de los propietarios, y ya para el año 2001 el 61,2% de la tierra lo poseía una ínfima minoría de propietarios. (^{Ruiz, 2006}, p. 17).

Se puede afirmar en consecuencia a las cifras mencionadas por (Ruiz, 2006) que la urbanización favorece directamente los intereses de los grandes terratenientes que son los que realmente se han beneficiado con la implementación del modelo de desarrollo. Fue esta situación la que instó a la formación y propagación de los grupos armados al margen de la ley, los cuales, afanados por recuperar la tierra, se sumaron a acrecentar la situación de desplazamiento, sustentando con el desplazamiento forzado interno, la violencia que agudizó la guerra.

Con respecto al proceso de concentración en y dominio sobre la tierra, como derecho real que pocos ejercen, se da una relación simultánea e inversamente proporcional en la que la migración forzada, aumenta con la disminución de la pequeña propiedad, así como la correlativa reducción de quienes ejercían el derecho real de dominio de la tierra rural, es generada como consecuencia del desplazamiento forzado. Lo anterior se sustenta en la caracterización de la población desplazada, realizada por (^{Codhes, 2003}) (como se citó en ^{Ruiz, 2006}).

En suma, se manifiesta que el hecho generador de la migración forzada no se produce, o por lo menos no se evidencia de manera directa y única por acción de los grupos al margen de la ley, sino, más bien este fenómeno se puede asociar al proceso de acumulación de la tierra; al respecto (^{Molano 2016}), ha precisado que “no se puede analizar el desplazamiento como una consecuencia o efecto colateral de las acciones de los actores armados. Por tanto, no es un “efecto” del conflicto sino un arma de guerra y una estrategia de acumulación económica”. (^{Molano 2016}, como se citó en ^{Ruiz, 2011}).

Por otra, las causas de los conflictos se transforman y por tanto, no hay una relación necesaria entre aquello que desató conflicto y aquello que lo mantiene y contribuye a su perpetuación como lo manifiesta (^{Rettberg 2018}) es posible afirmar que hay otro elemento que incide en el desplazamiento forzado, y es el modelo de modernización y desarrollo implementado en Colombia, el cual está permeado por ideologías neoliberales que generan una significativa acumulación de capital y territorio en unos pocos.

Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que, el conflicto agrario y el conflicto armado interno están inmersos dentro del conflicto rural, y habitar el campo ha conllevado inmensas desigualdades y falta de oportunidades que, junto a la acumulación de la tierra, acentúan el conflicto en lo rural, gestando la migración forzada de las personas del sector rural al urbano, como efecto de la urbanización impuesta por el modelo de modernización y desarrollo, estos actores del conflicto agrario dirigen sus acciones sobre la propiedad de la tierra, por medio de una realización simbólica, pero también violenta, que concluye en conflicto agrario y que se conjugó con el conflicto armado interno.

El desplazamiento indefectiblemente afecta derechos, y en el caso de los campesinos los obligó a abandonar de manera intempestiva sus tierras y pertenencias, para movilizarse a los centros urbanos más cercanos, y así poder proteger sus vidas y la de sus familias, su integridad personal, algunos animales domésticos para su sustento y sus escasos enseres.

En la siguiente tabla se expresa la afectación de derechos constitucionales fundamentales, los principios (^{Francis Deng 1998}) y los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, amenazados o vulnerados por el desplazamiento forzado interno.

La tabla 1 contiene un catálogo axiológico constitucional de los derechos fundamentales, así como los principios (^{Francis Deng 1998}) y los derechos humanos, a partir de ella se puede afirmar que las personas que intentan escapar del flagelo de violencia, como también del consecuente desplazamiento forzado, amenazados o vulnerados y quienes perpetran el conflicto armado interno, a causa de la violación de sus derechos humanos, se encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta en consecuencia con la información presentada por (^{Organización de Naciones Unidas -ONU- 1998}), que trae consigo una vulneración grave, masiva y sistemática de sus derechos constitucionales fundamentales y los principios rectores del desplazamiento forzado, por tanto que para este grupo poblacional deba “darse por parte de las autoridades una atención de naturaleza especial” (^{ONU 1998}, p.51), al cual recurrir para atender las circunstancias que tienen que padecer al ser desplazadas por la violencia, las lleva a un estado de debilidad que impone al Estado la obligación de tratarlos de manera especial.

Por consiguiente, que gran parte de derechos constitucionales fundamentales, de principios rectores y de derechos humanos se vean vulnerados flagrantemente por el desplazamiento, además de las circunstancias particulares de debilidad, indefensión y vulnerabilidad en que viven y se encuentran los desplazados.

Asimismo, el del informe Basta ya del (^{Centro Nacional de Memoria Histórica 2003}), menciona que el período más crítico del conflicto armado en Colombia se dio entre los años 1996 y 2005, pues:

La guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local -negrilla del autor-. Se trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro”. (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2003}, p.157).

A partir del análisis local de la situación de conflicto y violencia, el informe basta ya, (^{Centro Nacional de Memoria Histórica 2003}) y los datos aportados por la (^{Unidad para las Víctimas 2013}), entre 1985 y 2012, la suma de 2`520.512 menores de edad habían sido desplazados, este grupo poblacional trata de huir como lo describe el informe basta ya del

(…) asesinato y la tortura de sus padres, madres, familiares y vecinos, o la quema y destrucción de sus hogares, enseres, animales queridos y objetos personales. Muchos de ellos y ellas tienen marcas permanentes en sus cuerpos debido a la amputación de miembros por efecto de las minas antipersona, o han sufrido abuso sexual, tortura, reclutamiento ilícito, y entrenamiento para la guerra por parte de los grupos armados. (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2003}, p.314).

En particular la Corte Constitucional en mediante diferentes providencias, y especialmente en la sentencia T-025 de 2004, ha expresado, en lo que ella misma reconoce como tragedia nacional, pero también en lo que respecta al desplazamiento de menores, la Corte Constitucional enuncia por medio del Auto 251 de 2008 al desarraigo al que estos se ven enfrentados:

Los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado sufren la superposición de diversos traumas graves -derivados de la violencia, el desplazamiento forzado y su contexto, el miedo, el despojo, el hambre, la enfermedad, la discriminación, la estigmatización en los lugares de recepción, la desadaptación, el desarraigo y el choque cultural-, que deben sobrellevar por sí mismos sin apoyo real de parte del Estado. (^{Corte Constitucional 2018}, p.212).

La referencia referida por la (^{Corte Constitucional 2018}) dimensiona la gravedad y el impacto negativo que tiene el fenómeno del desplazamiento forzado interno sobre la familia, la cual se ha visto obligada de manera inesperada a ausentarse de su lugar de residencia y apartarse de la ejecución de las actividades económicas acostumbradas.

Al analizar el fenómeno del desplazamiento forzado en el departamento de Caldas se encontró que, en el periodo de 1985 hasta la segunda década de los años 2000, se han registrado un total de 101.449 casos, lo cual corresponde al 1.3% del total de casos a nivel nacional. El mayor pico de desplazamiento en el Departamento se dio en el año 2002, donde se presentaron el 20,1% del total de casos, el cual fue coincidente con el año de mayor porcentaje de desplazamientos a nivel nacional. También es importante destacar que el período entre el 2001 a 2006, se agrupa el 68,1% del total de casos de desplazamiento en el territorio caldense.

Observando los registros anuales del 2011 - 2018, tanto a nivel nacional como las cifras que inherentes al departamento de Caldas frente al fenómeno de desplazamiento forzado en jóvenes, se encontró que a nivel nacional hubo un total de 481.789 casos y en el territorio caldense un total de 2.129 casos de jóvenes desplazados, los cuales equivalen al 0.4% del total de casos nacionales. En la gráfica 1. Se presenta una comparación por años de la distribución del porcentaje de casos nacionales y de Caldas.

Como se presenta en la gráfica 1, durante el período entre 2012 y 2014, el porcentaje de casos a nivel departamental fue superior al porcentaje de casos Nacionales. También es importante resaltar que, durante los últimos dos años el porcentaje de casos ha reflejado una reducción a más de la mitad de los casos en comparación con los años previos a estos.

En suma, hay una contraposición entre los aspectos sociales y económicos inmersos en las bases de la migración forzada y en consecuencia con la (^{Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- 2018}) se Menciona, que a diferencia de lo sucedido en algunas regiones del país, en el Eje cafetero y particularmente en el departamento de Caldas, sobresale un hallazgo relevante manifestado por (^{López 2013}) ante los planteamientos del Consenso de Washington, con el cual se relaciona el efecto de desplazamiento con la crisis cafetera, secuela de la implementación de las políticas internacionales para el desarrollo económico, social y político, impuestas a Colombia.

La suspensión en julio de 1989 del pacto mundial de cuotas pactado en el Acuerdo Internacional del Café en Washington en 1940 y con él, la liberalización de los procesos del mercado mundial trajo consigo innumerables impactos sociales, ambientales, económicos, culturales, políticos e institucionales. Por ello como lo refleja (^{López 2013}, p.27,28), la economía cafetera sufrió una transformación en clave de transición del modelo de desarrollo en Colombia, pasando de un modelo proteccionista a un modelo fundamentado en la apertura económica, por medio del cual se liberalizó los mercados y privatizó aquellas empresas de corte público.

En definitiva, el nuevo modelo económico, generó profundos cambios en el ciclo productivo del Eje cafetero, las dinámicas de los acontecimientos ya expuestos y los nuevos patrones, entre ellos la reconfiguración del territorio y el surgimiento de situaciones que fomentaron una nueva conflictividad con consecuencias negativas para la búsqueda de la paz que permitiría un escenario de violencia hegemónico en palabras de (^{López 2013}).

La crisis tiene que ver con un conjunto de transformaciones en el territorio impulsadas por los cambios en el modelo económico puesto en operación por los organismos multilaterales y los gobiernos nacionales, lo cual se ha denominado en los escenarios políticos, sociales y académicos como un modelo hegemónico del desarrollo. (^{López, 2013}, p.30).

El proceso de transición causada por el auge del neoliberalismo, presente en el contexto nacional pero especialmente estudiando el Eje cafetero, generó acciones de movilización por parte de los campesinos y pequeños productores del país, como muestra del rechazo a las precarias condiciones a las que se vieron sometidos por esta transición, que se resume con la interpretación de (^{López 2013}) en pobreza, desplazamiento, endeudamiento y desaparición de las relaciones sociales y las valiosas tradiciones conservadas por varias generaciones y gestadas alrededor del cultivo del café (^{López, 2013}, p.34).

De igual procedencia, el (^{Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2004}) manifiesta que la crisis fundada en las nuevas políticas internacionales causó un profundo cambio en el modelo económico y social del Eje cafetero, con grandes consecuencias sobre el desarrollo humano en los municipios de esta región del país. Seguidamente resaltar la crisis cafetera registrada en el Informe Regional de Desarrollo Humano presentado por el ^{Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004)}, en el cual se puso a consideración de las autoridades, y que fue denominado pacto por la región, con el propósito de demostrar la relación que tiene la crisis cafetera con el conflicto armado y el consecuente desplazamiento forzado, en ello que:

La caída de los precios del café sumada al retroceso en otras actividades por cuenta de la crisis de demanda interna, ocasionó la contracción del PIB de los municipios y departamentos de la región a finales de los años noventa. Esa situación generó la eliminación de fuentes de trabajo y el deterioro de los ingresos familiares, ante lo cual algunos miembros de los hogares -en particular, mujeres, amas de casa- presionaron el mercado laboral. (…) Ante la caída del ingreso, los hogares debieron reducir, entre otros, sus gastos en educación y alimentación, lo que ha comprometido su capital humano. Al panorama se suma la acentuación de la violencia en la región que, parcialmente, puede asociarse a la propia crisis económica y social del Eje. (^{PNUD, 2004}, p.12 subrayado y negrillas del autor).

En este mismo contexto, el informe del (^{PNUD 2004}), pone de manifiesto que la situación de mayor relevancia social y política, tiene que ver con la caída de la esperanza de vida durante ese lapso de tiempo, la cual tiene íntima relación como lo asemeja (^{López 2013}, p,37) con la intensificación de la violencia perpetrada por los grupos al margen de la ley que operaban en esta región.

Al analizar las consecuencias generadas por la crisis cafetera y el posterior recrudecimiento del conflicto armado en la región, se evidencian otras implicaciones territoriales, reflejadas en los cambios de la tenencia de la tierra y la destinación de parte del territorio de esta región a las inversiones que tenían una relación directa con las economías del narcotráfico con efecto sobre los cultivos de café, los cuales se fueron sustituyendo progresivamente por cultivos ilícitos.

A toda la problemática del cambio en la propiedad y usos del suelo, se sumaron el fenómeno de la migración, los cambios abruptos en las estructuras familiares, el desplazamiento forzado y la vulneración de los derechos humanos de las personas, por resaltar algunos de los factores analizados por (^{López 2013}) como resultado de la presencia en el Eje cafetero de algunos grupos ilegales del conflicto armado.

En el mismo sentido, ^{López (2013)}, con fundamento en lo expuesto por (^{Rincón 2002}) al definir la crisis cafetera como un “conjunto de problemas y manifestaciones que evidencian la ruptura y transición del modelo productivo [y que] logra alterar la dinámica económica, social, política y cultural de las regiones (…)” (^{Rincón, 2002}), (como se citó en ^{López 2013}, p.42) en tanto que parte del conflicto armado y el consecuente desplazamiento forzado que se ha vivido en el Eje cafetero y particularmente en el departamento de Caldas, tuvieron surgimiento en

las causas, dinámicas e impactos de la cuestión cafetera, que se ubica en el terreno de las transformaciones promovidas por las ideologías imperantes del desarrollo: un conjunto de políticas que han hecho mutar las sociedades a la manera de diadas que van del proteccionismo al librecambismo, de lo nacional a lo global, y del Estado providencia, proteccionista y desarrollista al neoliberalismo. (^{Rincón 2002}), (como se citó en ^{López 2013}, p. 42).

Ahora bien, después del análisis general precedente, al centrar la atención en ostracismo del grupo etario de los jóvenes, para quienes la (^{Corte Constitucional 2018}) a través de los Autos de Seguimiento 237 y 251 de 2008, a la sentencia T-025 de 2004, en lo atinente a la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

Bajo esta lógica, se presenta este grupo poblacional víctima del desplazamiento forzado interno, como lo menciona la (^{Corte Constitucional 2018}) se encuentra en una situación de mayor debilidad e indefensión que el resto de ciudadanos desplazados por el conflicto armado, los cuales además de ello, son fuertemente golpeados por los crímenes y condiciones estructurales de existencia, frente a las cuales poco pueden hacer para su control y responsabilidad dada su poca capacidad para resistir o responder frente a ello, produciendo para el resto de sus vidas marcas que influirán de manera negativa en sus procesos de desarrollo particular. De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de implementar un enfoque diferencial y particular, en el que se visibiliza el desplazamiento y los subproductos en las minorías etarias y de género en el campo.

Como en todo conflicto, los jóvenes se encuentran expuestos a un estado de victimización protuberante e inerme como consecuencia de las múltiples injusticias de este fenómeno que se reflejan a través de las más extremas manifestaciones de vulneraciones graves, profundas, sistemáticas y concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes según lo preceptuado por el artículo 4 de nuestro Texto Fundamental (^{Corte Constitucional, 2018}, p.1).

Dado que la Corte Constitucional ha sostenido que “el carácter constitucionalmente inadmisible y apremiante de las situaciones que padecen de los jóvenes como sujetos de protección constitucional especial, desplazados por el conflicto armado” (^{Corte Constitucional, 2018}, p.2), se requieren medidas inmediatas de prevención y protección, para que se logre salir de la condición generalizada de violación abierta y directa contra la los principios constitucionales, que tiene inmersos al país en el denominado estado de inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, decretado por la (^{Corte Constitucional 2004}) en la sentencia T-025 de 2004.

La (^{Corte Constitucional 2018}) con fundamento en estudios realizados por la Comisión de Seguimiento a la (^{Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 2020}), (^{UNICEF 2000}), el (^{Comité Internacional de la Cruz Roja 2008}) y la (^{Fundación Dos Mundos 2009}), ha sostenido que

los niños, niñas y adolescentes conforman un segmento mayoritario de la población desplazada por el conflicto armado, constituyendo así uno los grupos poblacionales que han sido victimizados con mayor fuerza por este fenómeno. En otras palabras, existe consenso entre las diversas fuentes de medición respecto del hecho de que más de la mitad de las personas que han sido desplazadas forzadamente en el país son niños, niñas y adolescentes (^{Corte Constitucional, 2018}, p.11).

Según las cifras de la (^{Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Victimas 2018}) los jóvenes son el grupo de la población desplazada que mayor impacto ha tenido en Colombia. Desde 1985 y hasta el presente año -2018-, se han presentado un total de 9’227.749 de víctimas afectadas por diferentes hechos victimizantes, de los cuales el desplazamiento forzado encabeza la lista con el 79,7% de los casos, seguido por el homicidio en un 10.8% y la amenaza en un 4.1%.

Se advierte que, al analizar el fenómeno del desplazamiento forzoso, desde la variable de segmentación la edad de la población víctima de este hecho, como se presenta en la gráfica 2 se obtiene una distribución porcentual por rangos de edad con una tendencia en incremento.

En la gráfica 2 el grupo etario más afectado por el hecho victimizante ha sido el de adultos, entre 29 y 63 años. Sin embargo, se destaca que los grupos, de 12 a 17 años, y 18 a 28 años, suman un total equivalente al 37% del total de casos. Esto es relevante teniendo en cuenta que las personas en dichos rangos de edad se consideran población joven, e indicaría que son el principal grupo de víctimas.

Las circunstancias que padecen los desplazados al tener que abandonar sus lugares de origen generan una cantidad de consecuencias negativas, en especial hacia los jóvenes. Dichas consecuencias se pueden resumir según la Corte Constitucional, en el Auto de seguimiento número 251 de 2008 a la Sentencia T-025 de 2004, en lo que se conoce como los ocho problemas transversales diferenciados, que son: (i) aquellos atinentes a la delicada desprotección frente a múltiples riesgos y peligros que vulneran sus derechos de manera directa, atinentes a la violencia, el maltrato, la trata, la explotación, la vida en la calle y la mendicidad, el control social por parte de los actores armados ilegales, así como la presencia de pandillas y grupos delincuenciales en sus lugares de asentamiento, y la utilización en comercios ilícitos; (ii) problemas graves de hambre y desnutrición; (iii) los delicados problemas y altamente prevenibles relacionados con la salud, consecuencia de su poca o inexistente alimentación, como de las condiciones insalubres de existencia y de la precariedad por la poca o nula presencia del Estado; (iv) los de suma importancia y relacionados con la educación, particularmente aquellos relacionados con la cobertura y acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad al sistema; (v) aquellos atinentes al componente psicosocial; (vi) los relacionados con los aspectos de la recreación; (vii) los delicados problemas que tienen que ver con la capacidad de participación y de organización; y (viii) los graves problemas relacionados con la puesta en marcha de los derechos como victimas especialmente indefensas del conflicto armado y del delito (^{Corte Constitucional, 2008}, p.13).

Adicionalmente, la (^{Corte Constitucional 2008}) expresa que los anteriores problemas que denominó transversales se convierten en problemas mucho más preocupantes, en los siguientes ámbitos críticos, dado su severo impacto negativo sobre los derechos fundamentales de este importante grupo de la población que goza de una protección reforzada desde el punto de vista constitucional. Dichos problemas transversales se ven mayormente afectados en los siguientes ámbitos críticos, según la (^{Corte Constitucional 2008}): “(a) el ámbito de la etapa emergencia del desplazamiento forzado; (…) (d) el ámbito de las niñas y las adolescentes desplazadas” (^{Corte Constitucional, 2008}, p.14).

De lo discurrido hasta el momento sobre las circunstancias y necesidades que en la actualidad presentan los jóvenes, después de haber sido víctimas del nefasto fenómeno del desplazamiento forzado interno, se puede deducir que el compromiso del Estado ha sido inferior a la gravedad de la situación. Lo anterior no desconoce las dificultades que atraviesan los familiares y cuidadores de los jóvenes, pues en muchos casos no existe unidad familiar, a causa de la dispersión, las facilidades para la reunificación son escazas, y la poca capacidad afectiva y de protección en sus entornos familiares y de parte de los cuidadores.

De otro modo, la Fundación Plan por la niñez, la (^{Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- 2009}) y la Universidad Nacional de Colombia a través del Observatorio sobre Infancia del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, en la investigación denominada “Estudio de la situación de derechos de la niñez y adolescencia en comunidades desplazadas habitantes de los municipios de Medellín, San Onofre, Montería, Florencia, Cúcuta, Pereira, Buenaventura, El Charco y Samaniego”, revisando específicamente las circunstancias y necesidades del grupo de los jóvenes, en los ámbitos del entorno familiar, la salud, el entorno escolar, la alimentación en las instituciones educativas, la calidad de la educación y el entorno comunitario, llegaron a la conclusión de que para los jóvenes “el desplazamiento significó abandonar las propiedades y pertenencias, la expulsión de las personas de sus territorios, quedarse sin derechos y abandonar a sus familias y paisanos (…)” (^{Plan por la niñez, 2009}, p.96).

Además, con relación a las causas para que se produjera el desplazamiento indican que “(...) los y las jóvenes expresaron que es derivado de la violencia y la guerra, producto de las fuerzas armadas (…)” (^{Plan por la niñez, 2009}, p.96).

En suma, los jóvenes son el grupo etario más afectado por el desplazamiento forzado. Los jóvenes son fuertemente vulnerados por los crímenes y condiciones estructurales de existencia, frente a las cuales ellos mismos poco pueden hacer dada su poca capacidad para resistir o responder frente a ello, produciendo marcas que influyen de manera negativa en sus procesos de desarrollo particular.

La oferta institucional para el retorno de los jóvenes desplazados en Caldas

El Programa Familias en su Tierra, ejecutado por la dirección regional de Caldas, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en cumplimiento de su objetivo de contribuir a la estabilización socioeconómica, y a fin de fortalecer el arraigo y el goce efectivo de derechos de la población víctima del conflicto armado, ha establecido acompañamiento y asistencia técnica integral desde los componentes: social comunitario, seguridad alimentaria, hábitat e idea productiva (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social, 2017}), en el cual los componentes relacionados con (i) la reducción de las carencias básicas habitacionales por el valor de COP$1.300.000; (ii) la seguridad alimentaria por el valor de COP$408.000; (iii) proyectos productivos por el valor de COP$2.600.000; y (iv) el acompañamiento social comunitario por el valor de COP$1.200.000. Las sumas de dinero anotadas por cada componente fueron entregadas por una sola vez a las familias beneficiarias del programa, asistencia que implica restauración del tejido y resignificación en el departamento como oferta institucional.

Pero a la vez el programa se desarrolló sobre ejes estratégicos dirigidos a (i) la reconstrucción del tejido social; (ii) la participación y organización comunitaria; (iii) la reparación simbólica; y la (iv) estabilización socioeconómica.

En el eje estratégico de reconstrucción del tejido social se desplegaron actividades tendientes al fortalecimiento de la autoestima, resiliencia, comunicación, relaciones comunitarias, manejo y resolución de conflictos, reconocimiento y generación de espacios comunitarios. Los logros fueron los siguientes:

Se aportó a la integración familiar, reforzando este aspecto con el establecimiento de las huertas de autoconsumo; logrando proyectar a las familias hacia sus comunidades, promoviendo el trabajo en equipo y los valores de solidaridad, respeto, tolerancia, para resolver o gestionar la solución colectiva a los problemas comunes de las comunidades.

El establecimiento de las huertas de autoconsumo ha aportado a la integración familiar en la medida en que han facilitado la redistribución de roles y responsabilidades para el mantenimiento y sostenibilidad de las huertas, en el que la mujer ha tomado protagonismo que ha llevado a ejercer liderazgo en el desarrollo social de la familia. (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social, 2017}, p.3).

Para el eje estratégico participación y organización comunitaria, la participación efectiva de las víctimas en el desarrollo y materialización de la política pública, como principio rector de la misma, se establecido el programa de incentivo a la participación de las víctimas por intermedio de las Comisiones de Veeduría Comunitaria (CVC), las Asambleas Locales de Acompañamiento y Verificación (ALAV), y la escuela de liderazgo; todas ellas con miras a estimular el desarrollo y la estabilización de las comunidades. Los logros de este eje estratégico fueron los siguientes:

Se analizaron situaciones sobre necesidades sentidas que afectan a la comunidad, facilitando la proyección de las familias hacia la comunidad, promoviendo el trabajo en equipo y la participación ciudadana en la solución de los problemas priorizados por las comunidades. Para esto los CVC se convirtieron en espacios de concertación, participación y reflexión de la realidad de la comunidad. Fortalecimiento de liderazgos, generación de espacios de participación y organización comunitaria. (^{Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2017}, p.3).

En el eje reparación simbólica, las acciones dirigidas a la construcción y recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social a través de un proceso comunitario participativo y consensuado, consiguieron que

Los participantes identificaron y definieron una actividad como acto colectivo de reparación simbólica de manera concertada, fundamentándose en el diálogo y la recuperación de relatos de lo vivido, no sólo desde la importancia de lo ocurrido en torno a los hechos victimizantes sino con la resignificación de este proceso. En el municipio de Samaná el acto de reparación simbólica se realizó a través de un recorrido por estaciones, un museo de la memoria, un desprendimiento de sentimientos del pasado y el encendido de velas. (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social, 2017}, p.4).

En lo que atañe al último eje estratégico, la estabilización socioeconómica, depende para el departamento de Caldas en para el fortalecimiento de la autoconfianza y la autonomía, el afianzamiento de habilidades de comunicación, toma de decisiones, manejo del tiempo y planeación; del mismo modo la generación de ahorro en la canasta familiar, la autonomía alimentaria y adopción de tecnologías de agricultura limpia para productos sanos emprendidos por (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social 2017}) favorecieron la construcción, espacios y condiciones para el desarrollo productivo. En consecuencia, estos ejes para el mejoramiento de espacios y estructura social, condiciones espaciales para vivienda saludable, fortalecimiento de capacidades.

Se logró que las familias identificaran sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de su idea productiva. Lo que ha favorecido el proceso de comercialización en la medida en que reflexionan sobre formas asociativas posibles con el fin de apuntar a la articulación institucional. Se realizó acompañamiento en los componentes de Seguridad Alimentaria e Idea Productiva… Se fortalecieron y emprendieron Unidades de Negocio. (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social, 2017}, pp.4-5)

En Caldas los municipios priorizados en la ejecución del programa Familias en su Tierra, fueron: Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Viterbo, dentro de los cuales, y como lo registra el (^{Departamento Administrativo para la prosperidad social, 2017}, p.1,2) y en el mismo orden se beneficiaron 285, 190, 407, 956 y 63 familias respectivamente. En total se favorecieron a 1.901 familias logrando impactar un total de 4.385 personas aproximadamente, con un promedio de cuatro integrantes por hogar de los cinco municipios de Caldas.

Las estrategias de política pública en materia de retorno aplicadas por el Estado colombiano, únicamente se han enfocado desde el Programa Familias en su Tierra, debido a la dificultad para centralizar y recolectar información de las otras estrategias a implementar en el territorio nacional, pero también por la poca colaboración y obstáculos generados por parte de las entidades competentes en el nivel local.

El drama de los jóvenes desplazados originarios del departamento de Caldas y sus obstáculos para el retorno

En primer lugar, la noción de retorno es empleado para describir la movilidad de las personas hacia su lugar de natal, no implica cruce de fronteras entre países, de modo que conforme a los principios rectores del desplazamiento forzado interno, la ^{Ley 1448 de 2011} y la sentencia de T-025 de 2004, es imperativo que el retorno sea voluntario, y que las autoridades garanticen la seguridad del lugar de origen, además de una reinserción de los jóvenes en su territorio en términos dignos.

El retorno es visto por la institucionalidad como una de las herramientas de reparación, donde las víctimas lograrían superar su estatus de desplazados, entendiendo equivocadamente que por el solo hecho de regresar a sus lugares de origen o siendo reubicados, ya implica la superación del estado de vulnerabilidad, por ende que sus derechos simultáneamente estarían restablecidos.

(^{Van Houte 2014}) manifiesta que “la migración de retorno es una fase más dentro de un proceso transnacional” (^{Van Houte, 2014}, p.96), así como también “la compleja realidad del retorno como un proceso continuo más allá de la simple reinserción o “ir a casa” descrito por (^{Van Houte 2015}, p 96) permite inferir que, el retorno desde la perspectiva del desplazamiento forzado interno no puede ser visto como el final o superación de este grave fenómeno, sino como una fase más dentro de este proceso de movilidad forzada interna. Materializar el retorno de los jóvenes, implica una transición hacia la forma en que Van Houte ²⁰¹⁴, ²⁰¹⁵) desarrolla el retorno, para que tenga condiciones de ser estable y duradero.

Una vez terminado el conflicto, las personas desplazadas al retornar a sus lugares de origen, tienen la pretensión de restaurar el orden social; pues para organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el retorno se ha concebido como la solución más deseable para los refugiados (^{Van Houte, 2015}, p. 53).

Por consiguiente, el seguimiento a los procesos retorno se hace necesario para analizar las experiencias post-retorno de aquellas personas que se movilizan de sus lugares de origen a otros territorios, esto con el propósito de desentrañar los factores que influyen en el acople post-retorno. Además, la asistencia del retorno, las experiencias vividas en el proceso de migración o desplazamiento y sus características pretenden incursionar de cerca en el proceso e identificación y participación de una persona o de un grupo, en los lugares a los cuales pertenecen, esto es lo que en la doctrina se conoce como inmersión multidimensional (^{Van Houte, 2015}, p.96).

En segundo lugar, El concepto de inmersión o integración multidimensional no solo es usado para analizar y estudiar la migración de retorno, sino también, para tener en cuenta los factores que influyen en que el retorno sea sostenible y promueva el desarrollo, dando lugar a la pregunta ¿qué se entiende por migración de retorno?, según (^{George Gmelch 1980}), desde la modernidad, el retorno es un movimiento de los emigrantes cuando se reintegran a sus patrias para reasentarse (como se citó en ^{Van Houte, 2015}, p 54).

No obstante, estas decisiones se tornan muy elementales al momento de describir el itinerario de quienes son desplazados y requieren retornar, para lo cual se hace necesario agregar algunos elementos descritos por Gmelch, 1980 (como se citó en ^{Van Houte, 2015}, p 54):: (i) es importante tener en cuenta si el movimiento es voluntario o involuntario, a fin de conocer las consecuencias de las relaciones derivadas del retorno; (ii) hay que tener en cuenta que por circunstancias económicas, sociales, culturales y políticas, la sociedad que dejaron es muy diferente a la que encuentran, además de los cambios en las identidades, los sentimientos y las nociones de hogar más que de patria; (iii) las intenciones o no de regresar, generan resultados muy relativos, pues muchas veces los que regresan involuntariamente, terminan quedándose, y los que regresan voluntariamente terminan dejando de nuevo su lugar de origen; y (iv) el reasentamiento implica que una vez se dé el proceso de retorno a su lugar de origen, las personas se queden en un punto fijo, no obstante lo importante es tener en cuenta, que el retorno es un proceso más, dentro de los múltiples movimientos de este fenómeno,

Como consecuencia de una movilidad involuntaria gestada por un conflicto armado, el acompañamiento psicosocial juega un papel bastante relevante, y por ello no se puede entender que el retorno únicamente se circunscribe a procurar porque las personas desplazadas regresen a sus territorios de origen, por cuanto estos sujetos durante este fuerte episodio de sus vidas se ven “afectados por experiencias traumáticas (…) tristeza, ira, estrés, falta de sueño, inquietud, pesadillas y problemas físicos, síntomas tales como condiciones del corazón” (Gmelch, (año) (como se citó en ^{Van Houte, 2015}, p. 54).

Se precisa que el retorno y el reasentamiento voluntario componen uno de los instrumentos a los que se ve obligado el Estado para propender por la superación de la situación de víctima de una persona, núcleo familiar o grupo de personas, en el marco de soluciones duraderas conforme a las pautas jurídicas del derecho internacional, en lo que concierne a este derecho de las víctimas, dado que contempla unos mecanismos para lograr poner fin al fenómeno del desplazamiento (^{Gmelch, 1980}, como se citó en ^{Van Houte, 2015}, p 54).

Ahora bien, la incorporación a las estructuras sociales se hace uno de los mayores desafíos para las personas que deciden regresar a sus lugares de origen, tiene que ver con la necesidad de formar una vida independiente y sostenible, crear confianza y respeto en las redes de apoyo familiares y sociales; pero también el poder generar sentimientos de pertenencia es importante para que un proceso de retorno se torne estable y duradero, para (^{Van Houte 2015}) esto lleva a que se propenda por las relación de confianza entre el Estado y quien pretende retornar, sean lo más fuerte posible, algo que solamente se logra si hay cumplimiento por parte de Estado, así que la reparación de víctimas por medio de la oferta institucional es parte del proceso de reconstrucción del tejido y retorno.

De hecho, el retorno impacta todas las dimensiones de la vida de la persona, incluido el acople o ajuste de sí mismo, en las redes de apoyo del territorio de origen, además del propósito de lograr un sentido de pertenencia por el lugar de donde fue desplazado. En este orden de ideas, para lograr que el retorno pueda contribuir al desarrollo y la consolidación de la paz, se requiere que se piense en un enfoque del retorno integral y multidimensional de ajuste o acople de los desplazados a sus lugares de origen (^{Gmelch, 1980}, como se citó en Van ^{Houte, 2015}, p. 56); en estricto sentido el concepto retorno es diferente a reubicación, precisión relevante toda vez que la normatividad interna y las estrategias de política pública en materia de retorno, tratan el retorno y la reubicación de forma indistinta, cuando realmente son acepciones diferentes.

El retorno es el mecanismo por medio del cual se puede llegar al restablecimiento y superación del fenómeno del desplazamiento, en la Agenda para la protección, la ONU (2004) complementa que debe ser bajo el enfoque de soluciones duraderas, y bajo condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, lo que precede guarda coherencia jurídica, con el reconocimiento del principio de no retroceso en los progresos de salvaguarda surgidos del conjunto de normatividad internacional sobre el refugio y el desplazamiento forzado interno como parámetro para las decisiones de los Estados en el tema relacionado con las soluciones duraderas planteadas de manera previa por (^{ONU 1998}).

Por otra parte cuando se trata de un desplazamiento prolongado, es imperativo para el Estado identificar y materializar mecanismos que faciliten mayor rango solución, y otras medidas disposiciones para el retorno voluntario, respecto a ello la (^{ONU 1998}) precisa que los Estados tienen la responsabilidad de “garantizar un marco de seguridad física, jurídica y material para las personas, que puede lograrse mediante la prevención de violaciones a derechos humanos y la restitución de derechos patrimoniales” (^{ONU, 1998}, p.512), así como en el marco del retorno, los Principios internacionales y directrices de las normas del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario observados por la (^{ONU 1998}) se resuelve que el retorno hace parte del derecho a la restitución en los siguientes términos:

La restitución comprende, según corresponda, el establecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la integración a su empleo y la devolución de sus bienes. (^{ONU, 1998}, p.513).

Por ello debe entenderse que el retorno tiene un lugar importante en la reparación y pretende generar “condiciones para el restablecimiento de los derechos a la libertad de circulación y residencia, así como de otros derechos vulnerados por el hecho del desplazamiento forzado” (^{ONU, 1998}, p.513) con esto que al desplazamiento forzado le sobreviene el desarraigo, la salida de imprevisto y por la fuerza fractura la memoria histórica de sus territorios de origen, de sus costumbres colectivas, como de su ancestralidad y con mayor énfasis sobre su propio ser, como se muestra en la tabla 2. El flagelo del desarraigo está marcado por las siguientes situaciones:

La persona desarraigada tiene que ausentarse, moverse, abandonar o transitar fuera de todo lo que conoce (esta transición se da en los confines del mismo país o cruzando fronteras en otras naciones, en ocasiones ese escape es provisto de forma imaginaria a modo de inxiliación) esta situación se puede tardar un día, meses, años, décadas, o incluso darse la suerte de no retorno, para (^{Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017}). Esta cuestión implica un sufrimiento que se ve reflejado en el sentirse extraño, sin lugar, sin nombre, sin profesión u oficio, donde se opacan las potencialidades de un sujeto aislado, impedido de sentir el territorio, para (^{Louidor, 2016}):

El desarraigo se relaciona principalmente con la experiencia interna de un individuo, una familia, una comunidad e incluso un pueblo que fue forzado a dejar su territorio por una causa generalmente involuntaria o al que le arrebataron su territorio y se encontró de un día para otro en un espacio ajeno y lleno de ajenidades en términos de cultura, formas de vida, etc. (^{Louidor, 2016}, como se citó en ^{Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017, p.32}).

También ^{Bauman (2005)}, como lo refiere ^{Louidor (2016)}, ha manifestado que el desarraigo tiene dos tendencias, “Por un lado, la ruptura de los lazos comunitarios (…) y por otro la tendencia a innovar formas comunitarias” Louidor, 2016 (como se citó en Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017. p33).

Las personas desarraigadas sufren una desarticulación en sus redes de apoyo familiar y social, quedan expuestos a múltiples situaciones que le son extrañas, el ausentarse de su territorio trae consigo graves problemas sociales, sensación de sin sentido de ubicación en el espacio, tiempo e individuos que empiezan hacer parte de su nueva vida. Aunado a lo precedente, el desarraigo trae implícitamente el re-arraigo y la consecuente alternativa de nuevas significaciones en el lugar de acogida, lo cual implica un acople con experiencias de vida, laboral, relacionarse, convivir, ajustarse a las costumbres, conocimientos nuevos, memorias históricas, de conocer sus nuevos conciudadanos y de construir una identidad ^{Louidor, 2016} (como se citó en ^{Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017}. p34).

Respecto de las consecuencias y las dinámicas del desarraigo, ^{Louidor (2016)} se refiere a ellas como: “El desarraigo no tiene sentido, es deshumanizante, animaliza la vida humana, es decir, le quita su dignidad, el desarraigo es un destino que frustra los sueños y deseos” (Louidor, como se citó en Hoyos, ^{Montoya, Gallego y Garcés, 2017}, p.33).

Así las cosas, el desarraigo causa un efecto que deja deshabitado al sujeto, lo devasta con relación a sus proyecciones, pero por otro lado lo lleva a experimentar nuevas oportunidades, al desarraigar (arrancar de raíz, por su etimología), en el campo de lo social, se sobreentiende arrancar a la persona del lugar de origen, donde ha construido su historia desde lo social, simbólicamente se le transforma su realidad; para (^{Louidor, 2016}) (como se citó en ^{Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017}) el arrancar de base es una acción que respecto de la persona implica necesariamente una fractura de su proyecto de vida, que solo le deja como alternativa, recurrir a nuevos arraigos y resignificaciones en su nuevo lugar de acogida.

(^{Pérez 2013}) (Como se citó en ^Louidor,2016) precisa que “El desarraigo tiene, también, dos significados: uno objetivo, físico (desplazar, arrancar) y otro más subjetivo (psíquico: apartar, alejar de una opción, vicio o pasión)”(^{Pérez, 2013}) como se citó en (^{Lauidor, 2016}) esto se traduce en que la acción de arrancar implícitamente genera en la persona, un aislamiento de forma intempestiva de su lugar de origen, comprendido este hecho como la manera de crear y relacionarse por intermedio del día a día, circunstancias que se fracturan y al tiempo generan en la subjetividad del sujeto la necesidad de realizar un proceso de acople e identidad con el nuevo entorno (^{Louidor, 2016} como se citó en ^{Hoyos, Montoya, Gallego y Garcés, 2017}. p32).

Lo descrito sobre el fenómeno del desarraigo, es consecuente con el derecho al retorno, particularmente de los jóvenes, quienes experimentan en su corta edad la búsqueda de su identidad, proyección y formación de su proyecto de vida, es imperativo de indicar que los jóvenes desplazados en sus procesos de resignificación y transformación en los territorios de acogida, se convierten en jóvenes citadinos a través del re-arraigo, implicación que particularmente este grupo etario no tenga interés en retornar a sus lugares de origen, porque ya no se sienten identificados con el mismo, generando como consecuencia, que como en la mayoría de las veces, quienes toman la decisión de que deben retornar son sus padres, estos jóvenes experimentarían nuevamente un proceso de desarraigo dado el acople obligado a su nuevo entorno o lugar de acogida, que fue el sitio de donde por primera vez fueron víctimas del desplazamiento forzado interno.

El derecho al retorno podría equipararse como un derecho humano, dada su íntima relación con el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al derecho de circulación y residencia. En Colombia, el primer acercamiento al tema se produjo a través de la Ley 387 de 1997, luego el Decreto 2569 de 2000, el Decreto 250 de 2005, la Ley 1190 de 2008, el Decreto 1997 de 2009 y finalmente ^{Ley 1448 de 2011} y su Decreto reglamentario 4800 de 2011. En lo que respecta con el retorno de los pueblos y comunidades indígenas, pueblo ROM o gitano, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, existen los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011.

Los jóvenes retornados y reubicados entrevistados en esta investigación en el departamento de Caldas, plantean como necesidades actuales, la falta de empleo, la carencia de oportunidades para educarse y hacer emprendimiento, y el improbable acceso a la vivienda. (^{Velázquez, 2021}).

Los cuatro jóvenes rurales entrevistados permiten conocer la naturaleza del fenómeno de desplazamiento bajo las siguientes condiciones (i) la primer joven fue desplazada del corregimiento de Florencia, Samaná en el año 2000, se reubica en la ciudad capital y retorno a su lugar de origen en el año 2004, tiene 29 años de edad y va ser reconocida como Entrevistada 1 (E1); (ii) la segunda joven fue desplazada en el año 2005 del municipio de Marquetalia, Caldas y desde ese entonces está ubicada en la ciudad de Manizales Caldas, tiene 27 años de edad y identifica como la Entrevistada 2 (E2)-; (iii) el tercer joven fue desplazado en el año 2001 del corregimiento de San Diego, Samaná y desde esa época está ubicado en la ciudad de Manizales, Caldas, tiene 29 años de edad y va ser reconocido como el Entrevistado 3 (E3)-; y (iv) el cuarto joven fue desplazado del municipio de Murillo, Tolima en el año 2005 y desde ese entonces se encuentra reubicado en la ciudad de Manizales, tiene 23 años de edad y va ser identificado como el Entrevistado 4 (E4).

Sendos jóvenes rurales desplazados manifestaron que los factores que más influyeron para que sus vidas en los lugares de acogida no fueran fáciles, están relacionados con: la ausencia de redes de apoyo familiares, sociales y estatales por las pocas personas que conocían al momento de llegar al lugar de recepción; el no recibir más que ayuda humanitaria pero sin oportunidades de estudio y sin atención psicosocial diferenciada, la ausencia de seguimiento institucional y supervisión permanente de sus procesos en el territorio receptor; y la excesiva tramitología cuando tuvieron que acudir a las entidades competentes para adelantar algún trámite y en ocasiones, obligados a iniciar nuevamente los procesos, consecuencia de la desorganización de las entidades que traspapelaron sus documentos.

Los jóvenes manifiestan (^{comunicación personal, 2021}) que se vieron enfrentados también a la pérdida de vínculos familiares y sociales cuando fueron forzados a desplazarse sin estos seres queridos; falta de libertad asociada a la tranquilidad; y el vacío del campo y la agricultura (con el tema del campo y la agricultura sucede algo especial, y es que algunos jóvenes manifiestan identidad por este, mientras que otros claramente ya sienten arraigo por el lugar de acogida, es decir, se transformaron a jóvenes citadinos) ya que crecieron y trabajaban en la finca.

La ausencia de un trabajo digno, que les permita generar unos ingresos para subsistir y colaborar con las obligaciones del hogar donde viven, va muy ligado a la falta de educación, pues si las políticas públicas fueran estrictas en este sentido, todos los jóvenes que están en estas condiciones deberían tener una formación, siquiera técnica, que les permitiera tener facilidades para ingresar al sector productivo, razón por la cual se considera que estas dos necesidades van de la mano.

La falta de oportunidades laborales tanto en los lugares de origen, como en los de recepción, es una necesidad sentida conforme a la voz de los jóvenes entrevistados. E1, quien fue la única de los cuatro jóvenes entrevistados que retorno, se refiere a su regreso y al de sus hermanos a futuro “ellos dejan el trabajo y se vienen para acá” -lugar de origen Florencia Samaná- “en mi casa ellos se pueden quedar cierto, pero de igual manera nosotros somos un hogar y ellos también ya tienen su hogar y quieren su independencia, entonces yo me imagino que querrían eso y uno como donde trabajar”. (Comunicación personal, E1, 2021).

E2 quien está reubicada en la ciudad de Manizales, declaró frente a esta misma problemática su situación actual “(…) yo mande hojas de vida, pero no, yo mande esas hojas de vida disque a esas que trabajan por allá en guardianes de la ladera (…) y no (…) pero ni me llaman ni nada, ya uno que va a hacer ahí”. (Comunicación personal, E2, 2021).

De ambas narrativas tanto por la joven retornada (E1) como por la joven reubicada (E2), claramente se evidencia que una de las preocupaciones o necesidades, es la falta de oportunidades laborales en los lugares de origen y en sitios de recepción, al parecer no son diferentes, cuando lo que se podría pensar, es que en las ciudades capitales hay más oportunidades de empleo.

Por otro lado, se hace evidente la necesidad de la formación académica, el joven (E4) manifiesto “a mi gustaría como tener como un estudio, me gustaría pues como meterme a estudiar algo (…). A mí me gustaba mucho la mecánica”, también (E3) volviendo sobre la misma situación expresa “la verdad no tuve nunca, al principio, pero fue por parte de mi mamá, le estuvieron ayudando con mercado, pues como comida básicamente como un tiempo y ya después de eso no recibimos de nada, en educación menos, nada. (…) con planes de seguir estudiando (…) me llama mucho la atención la parte de los negocios internacionales (…) nunca nos quisieron dar estudió” (Comunicación personal, E4, 2021).

Se percibe que estos jóvenes en medio de todo lo que implica el fenómeno del desplazamiento, además de tener la intención y los deseos de seguir estudiando, piensan o tienen aspiraciones de emprender, con la perspectiva de ser independientes y empresarios. En sentido el joven E3 expresa el deseo de “ser como independiente, como de pronto tener mi propio negocio, como una droguería” (Comunicación personal, E3, 2021); de esta narrativa se infiere que hay desinterés para retornar, de trasfondo la política pública de retorno, en este sentido está poco fortalecida y que no depende de la falta de ganas y deseos de los jóvenes desplazados, sino de la poca oferta institucional en este sentido.

En lo que atañe con la necesidad relacionada con la vivienda digna, a la que tienen derecho no sólo todos los habitantes del territorio nacional, sino especialmente aquellos que han sido forzados a salir de sus viviendas a través de fuerza impuesta por el conflicto armado, y sin desconocer los grandes avances que ha realizado en este sentido el Ministerio de Vivienda y la Agencia de Restitución de Tierras, lo cierto es que aún hace falta mucho en este sentido.

A propósito de esta carencia la joven E1 expresó que “(…) de igual manera yo digo que ellos regresando acá tendrían que tener uno como donde vivir (…) uno como donde trabajar, y donde vivir (…) nosotros nunca tuvimos ayuda del gobierno ni nada (…) sufrimos mucho de comida, hambre, frío, de todo” (Comunicación personal, E4, 2021) la ausencia de una vivienda digna claramente es una necesidad sentida, que se infiere de esta dura narrativa; la vivienda y el trabajo son exigencias que los jóvenes colocan de presente, para contemplar la posibilidad de regresar de donde fueron desplazados forzadamente.

Aunque se supone que la seguridad es uno de los factores exigidos dentro de los procesos de retorno, tanto por los principios rectores del desplazamiento forzado interno “principios Francis Deng”, la sentencia T-025 de 2004, la ^{Ley 1448 de 2011} y la oferta institucional en materia de retorno, hoy los jóvenes siguen percibiendo que sus lugares de origen son inseguros, y sumado a ello aún sienten temor por lo vivido allí.

Sobre este punto la joven (E4) indicó “(…) también uno como pensando en eso que, pues la violencia otra vez el conflicto como era antes, siempre los nervios de volver a vivirlo”. (Comunicación personal, E4, 2021).

En el mismo sentido el joven (E3) alude lo siguiente “Mire por ejemplo mi hermano, quería venir y ya que no y que no, les da miedo tanta cosa” (Comunicación personal, E3, 2021) Sin duda la falta de seguridad en los territorios de origen ha sido un factor desmotivador para que los jóvenes desplazados sientan deseos de retornar.

En este punto, es de relevancia que cada territorio tiene sus propias necesidades, razón por la cual las políticas públicas y por ende la oferta institucional debe procurar por el reconocimiento y solución de las verdaderas necesidades de cada comunidad, realizando un enfoque diferencial, pero de cara a los territorios afectados por el conflicto armado.

Los jóvenes que han tenido como lugar de recepción los sectores urbanos, a través del fenómeno del re-arraigo producto del desarraigo que han sufrido por su territorio, hoy son jóvenes citadinos, que no tienen interés en regresar a sus lugares de origen, así se les ofrezca cualquier cosa “la satisfacción de todas sus necesidades y el apoyo para el cumplimiento de sus proyectos de vida” por intermedio de la oferta institucional.

Al preguntarle a (E4) sobre si ¿alguna vez ha pensado en retornar al campo?, afirmó “La verdad yo se la digo, uno se acostumbra tanto a la ciudad que yo, ya no sería capaz como de volver al campo” (Comunicación personal, E4, 2021), y frente al interrogante ¿cree que, si le ofrecieran algo particular, para que retornara, lo haría, o no hay nada que le pudieran ofrecer para retornar? “No, la verdad yo no creo que haya algo que me ofrezcan para volver al campo”. (Comunicación personal, E4, 2021).

Frente a estas mismas dos preguntas (E2) preciso “pues yo no (…) pues de pronto sí, pero yo no sé, ya como que no, no sé ya no me dan como esos arranques de ir por allá (…) no pues es que yo no sé, a mí no me da ganas de volver por allá” (Comunicación personal, E2, 2021), también a estos dos interrogantes el joven (E3) expresó:

Mmm no (…) por la parte educativa (…) aquí se da la oportunidad mientras que allá uno se estanca un poco, entonces se enfoca uno en trabajar, trabajar y como quedarse ahí (…) por ese punto no me gustaría quedarme allá, por la situación en la que está (…) De pronto estaría allá si no fuera de lleno allá, ósea, digamos por ejemplo, si fuera de estar allá sería de estar viajando constantemente. (Comunicación personal, E3, 2021).

De estas narrativas claramente no queda más alternativa, que reafirmar la tesis que se ha sostenido del re-arraigo producto del desarraigo que han sufrido por su territorio, dado que hoy son jóvenes citadinos, que no tienen interés en regresar a sus lugares de origen, así se les ofrezca “la satisfacción de todas sus necesidades y el apoyo para el cumplimiento de sus proyectos de vida”, por intermedio de los planes, programas o proyectos derivados de la política pública en materia de retorno, y esta es la razón, por la que el fenómeno del desarraigo y el consecuente re-arraigo que sufren los jóvenes “citadinos”, se convierte en el mayor desafío que tiene el Estado colombiano para que los jóvenes decidan regresar voluntariamente a sus territorios de origen.

Consecuentemente aunque los jóvenes claramente indican no desear regresar, también expresan gustarles trabajar el campo, como es el caso (E2) que al preguntársele qué ¿Qué extraña de donde fue desplazada o si definitivamente no extraña nada?, respondió “No pues como le digo, la finca (…) trabajar la finca (…) eso es lo que me gusta a mi hacer” (Comunicación personal, E2, 2021).

Se considera que lo anterior es un insumo importante para trabajar en la creación de una política pública, que busque por intermedio de estrategias en educación -programas técnicos relacionados con la agricultura-, impactar los fenómenos del desarraigo y re-arraigo de los que sufren los jóvenes desplazados, para así hacer viable un retorno estable, duradero y con visión de desarrollo.

De las narrativas recogidas de los jóvenes se evidencia que el móvil del retorno fue netamente los vínculos familiares y relacionales en general, no el incentivo estatal, así se infiere de la voz de la joven (E1), quien se desplazó a la ciudad de Bogotá. y luego decidió regresar a su territorio de origen, esto es al corregimiento de Florencia, Samaná:

como yo era la mayor de mis hermanos, siempre estuve con ellos pequeñitos, quise pues siempre estar con ellos y por eso me devolví, de igual manera allá no teníamos pues el respaldo de nadie entonces me volví para acá (…) cuando a mí me tocó despegarme de mi hermanito el pequeño fue lo más me dolió porque él era muy apegado a mí (...) nosotros acá teníamos todo, las amistades, la casa (…) yo la verdad regrese por eso, por los niños y porque allá yo no veía dónde ni con quién ni nada. (Comunicación personal, E1, 2021).

En su narrativa los motivos de (E1) para regresar, fueron netamente los vínculos familiares y las redes de apoyo familiar y social, al preguntarle sobre el acompañamiento institucional, se le preguntó (E1), quien de los cuatro jóvenes fue la única que decidió retornar ¿Quién la acompañó, como fue ese proceso, usted decidió y quien la acompañó, quien la ayudó? A lo que contestó:

Acá en Florencia vive un tío (…) yo la iba muy bien con la mujer de él (…) le dije que yo mantenía muy aburrida allá porque yo igual no tenía con nadie nada (…) hable con mi hermano y le dije que me iba a regresar ya para acá a estar pendiente de los dos pequeños y ya, así fue como me quedé allí unos días y después ya me salí a vivir sola. (Comunicación personal, E1, 2021).

Al volver sobre la pregunta ¿o sea, todo el apoyo que tuvo fue de la familia, pero no tuvo ningún apoyo institucional? A lo cual (E1) respondió enfáticamente “No” de esta narrativa claramente se puede deducir que, en este proceso de retorno, no existió presencia de la institucionalidad de ninguna índole, lo cual pudo haber sucedió por falta de conocimiento de la joven, respecto de la política pública en materia de retorno, o porque definitivamente se hace necesario fortalecer en este sentido la oferta institucional.

Producto de las narrativas de jóvenes desplazados en el departamento de Caldas, se observa que la crisis cafetera y su nexo con el desplazamiento forzado interno, son causas de las implementación de ideas neoliberales implementadas como consecuencia de la puesta en marcha del modelo de modernización y desarrollo; este efecto que solo fue visible para el Eje cafetero y particularmente en departamento de Caldas, que generó una profunda crisis a nivel social y económico, que produjo la agudización de la pobreza y las desigualdades, hecho que transformó negativamente los usos del suelo e implicó la reconfiguración del territorio.

Con relación a la ejecución de la política pública en materia de retorno en el Departamento de Caldas, se brindó atención a más 4.385 personas, con un promedio de cuatro integrantes por hogar, pertenecientes a los municipios de Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Viterbo, que fueron priorizados por el programa Familias en su Tierra.

Los desafíos para el departamento de Caldas, en cabeza del Estado, podrían contribuir al fortalecimiento de la política pública en materia de retorno, para jóvenes: (i) revisando las dificultades y problemas que padecen los jóvenes en los lugares de acogida, se identificaron, la falta de redes de apoyo familiares, sociales y estatales; recibir por parte del Estado únicamente ayuda humanitaria; la falta de oportunidades para educarse, la nula atención psicosocial, la poca presencia de Estado; la falta de seguimiento institucional y la excesiva tramitología para poder acceder a la oferta institucional. (ii) respecto de lo que los jóvenes extrañan de sus lugares de origen tenemos, la falta que les hace sus redes de apoyo familiares, sociales y estatales; la libertad asociada a la tranquilidad; el campo y la agricultura, pero no como factor de arraigo. (iii) en lo que tiene que ver con sus necesidades actuales -tanto para los que retornaron como para los que no-, se refiere a la falta de oportunidades educativas y para hacer emprendimiento; la ausencia de ofertas laborales y de vivienda. (iv) en lo que atañe a las potenciales motivaciones para que los jóvenes que están inmersos en el fenómeno del desarraigo “jóvenes citadinos” contemplan así sea de manera remota, la idea regresar a sus territorios de origen, tenemos que las más sentidas son, la seguridad; la vivienda; y el trabajo.

Con relación al tema de los jóvenes desplazados y el fenómeno del re-arraigo, se puede inferir, que estos en sus procesos de resignificación y transformación en los territorios de acogida, se convierten en jóvenes citadinos a través del re-arraigo, lo cual implica que particularmente este grupo etario no tenga interés en retornar a sus lugares de origen, porque ya no se sienten identificados con el mismo. Hallazgo que se convierte, en uno de los desafíos más poderosos que debe enfrentar la política pública de retorno a nivel nacional, desde el enfoque diferencial, y particularmente enfocado a los jóvenes.

No obstante aunque uno de los jóvenes entrevistados decidió regresar a su lugar de origen, sus móviles no faltan el argumento de garantías de retorno, toda vez que su regreso fue generado por los vínculos familiares y relacionales, y no por el arraigo al territorio de origen; también se deduce que la política pública en materia de retorno, para ese caso en particular no tuvo ningún impacto, por cuanto la joven retornada no tuvo acompañamiento por parte de la institucionalidad, es decir, la oferta institucional en nada contribuyó para el restablecimiento de los derechos de esta joven desplazada por el conflicto armado en el departamento de Caldas. En suma, la posición sentida de estos jóvenes es que no están interesados en retornar; el re-arraigo producto del desarraigo que han sufrido por su territorio, los ha transformado en jóvenes citadinos, y por ello no tienen interés en regresar a sus lugares de origen.