La ausencia de políticas penitenciarias con enfoque de género en materia de privación de la libertad quizás se deba a que en el imaginario social colombiano existe una creencia que sostiene que las mujeres no delinquen o delinquen menos.

Y aunque no es objeto de este editorial realizar discusiones relacionadas con la forma en la que se produce el delito, vale decir, solo por dejarlo escrito, que el delito surge del tipo penal y no de la violación a la norma que lo contraviene. Muchos de estos delitos en Colombia son económicos y, por ello, no extraña a la vista de los colombianos, que más de la mitad de las personas reclusas en nuestro país, son pobres y de escasa formación profesional, por supuesto producto de un sistema económico y social excluyente.

Pero volvamos a las mujeres… De acuerdo con el informe de investigación titulado “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género” publicado en el año 2018, en Colombia, en el período comprendido entre 1991 y 2018 el número de mujeres “aumentó en un 429%, mientras que el número de hombres internos aumentó en un 300%.” (Sánchez, Astrid, et. al, 2018, p. 9).

Y si bien es cierto que las estadísticas sobre la comisión de delitos en Colombia reflejan que durante siglos ha sido la población masculina quien más delinque, hoy las mujeres ocupan un lugar importante dentro de las cifras de los centros penales y muchas de ellas, quienes además cometen delitos menores, casi todos relacionados con el tráfico de estupefacientes, son pobres y han llegado a las cárceles producto de maltratos, de violencia sexual de sus parejas o familiares, de abandonos de sus familias, de maltratos sicológicos, entre otras formas de violencia que se presentan casi siempre en su edad adolescente.

El crecimiento de mujeres privadas de su libertad es preocupante en Colombia, lo mismo que las circunstancias que anteceden a la comisión de delitos: pero, lo que pareciera ser más más vergonzoso en un Estado Social de Derecho como el colombiano, son las violaciones de los derechos humanos que se producen a esta gran mayoría de la población en las cárceles del país.

Un panorama general, indica que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia no cuenta con agua disponible para su higiene, no tiene un suministro constante ni suficiente de toallas higiénicas que se corresponda con su período menstrual, muchas de ellas manifiestan que no les han sido practicados exámenes ginecológicos o mamografías preventivas para detectar enfermedades como cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, tampoco les son practicados procedimientos para la detección de VIH. Las madres señalan que no le son permitidos los períodos de lactancia para atender a sus bebés, a los menores no se les garantiza la atención pediátrica y podemos finalizar con que la atención a la enfermedad mental es nula o casi nula ¹.

Vale la pena también reseñar que las cárceles de mujeres en Colombia no cuentan con programas técnicos o profesionales de resocialización que les permitan un retorno a la sociedad para el desempeño de un oficio útil. La gran mayoría de talleres impartidos en los penales son de lectura y escritura, en este sentido, muy básicos; y otros, están dirigidos a la reproducción de las labores domésticas. A las mujeres les enseñan oficios como la costura, las manualidades, se les entrena en labores de aseo y cocina, que hacen que estas, al momento de salir de prisión para ejercer una vida laboral productiva, queden más capacitadas para la vida doméstica que para oficios técnicos o profesionales.

Para concluir con este breve análisis vale la pena referirse también a los siguientes problemas encontrados en las mujeres privadas de la libertad que por supuesto pone de manifiesto una violación sistemática de sus derechos humanos.

Con todo ello, señalan varios estudiosos del tema, en Colombia es fundamental poner en práctica un enfoque de género tanto en el código penal colombiano, que evite la imposición de penas desproporcionadas a las mujeres que son condenadas por la comisión de un delito, pero también, el implementar un derecho penal de género que por supuesto le apueste a la mayor garantía de la libertad más que a la represión y que rearticule el castigo de acuerdo con la garantía amplia y el respeto serio de los derechos de las mujeres en Colombia