Desde hace varias décadas el derecho y la tecnología se han venido cruzando, compartiendo escenarios, intercambiando saberes y participando en diferentes actividades de la vida cotidiana; sin embargo, muchos profesionales de estas dos áreas han preferido ignorar, rechazar o desconocer esta realidad, señalando que son profesiones distantes y sin coincidencias.

A pesar de ello con el pasar de los años se evidencia la necesidad no solo de legislar los asuntos informáticos y tecnológicos, sino también una alta incidencia de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- en los escenarios jurídicos, por tanto, se advirtió que tarde o temprano iba a llegar el momento de enfrentar conjuntamente el tema y diseñar un proceso de transformación digital que involucrara el derecho y las TIC.

Hoy en día, y ayudados en gran forma por el aislamiento a que nos vimos enfrentados por la pandemia COVID 19, el tema de usar la tecnología para apoyar procesos judiciales a todo nivel se masificó. Muchos profesionales se encontraron con la sorpresa que ya había legislación base para llevar a cabo esta transformación. Incluso el tema legislativo ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos dos años, acompañado de leyes recientes, como por ejemplo la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que avalan y reglamentan la implementación de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales.

Pero esto no es una situación reciente, pues ya en el país existían normas de gran apertura como la ley 527 de 1999 que regulaba los mensajes de datos y las firmas digitales y electrónicas, dándoles el equivalente funcional de los documentos y también regulaba las firmas “tradicionales”.

Las leyes sobre Habeas Data y tratamiento de datos, protegen actualmente el manejo que se les da a la información de las personas en los bancos de datos públicos y privados; la ley de teletrabajo permite regular este tipo de trabajo o y más adelante, podemos nombrar diferentes normas sobre trabajo remoto, sin desconocer los grandes avances que lograron el Código general del proceso y el Código Procesal y Contencioso Administrativo - CPACA.

El camino está trazado, el siguiente paso es luchar contra la resistencia al cambio de las personas que intervienen en el sistema judicial y en las diferentes áreas de tecnología de las empresas, y para ello, desde la academia, se debe empezar a generar el cambio de paradigma. Cambio que propicia la especialización en Derecho Informático y de las Tecnologías de la Facultad de Derecho de la universidad CES, la cual con una perspectiva interdisciplinaria combina los conocimientos jurídicos y los de las TIC formando profesionales, no solamente jurídicos, sino de diferentes profesiones que les permite tener una mirada global de los problemas sociales y empresariales en escenarios de transformación digital.