Aproximación conceptual a la corrupción

La corrupción ha sido definida de varias formas y cada uno de estos conceptos presenta fortalezas y carencias, dependiendo del aspecto en el que se centre la atención (^{Tanzi, 1998}, p. 8); por consiguiente, no existe una única y universal definición de este fenómeno. No obstante, existen algunas definiciones a las que comúnmente se acude. Por un lado, Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos” (^{Transparencia por Colombia, 2019a}). Por otro lado, el ^{Banco Mundial (2020)} define la corrupción como “el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados”. Los elementos destacados por las definiciones anteriores giran en la órbita de la función pública, es decir, están apuntando principalmente a la definición de la corrupción pública; sin embargo, la corrupción no solo ocurre en el ámbito de la administración pública (^{Terradillos, 2019}, p. 12)², sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida social.

Empero, también se produce corrupción entre particulares, o lo que es lo mismo, corrupción privada. Este tipo de corrupción es entendida como el conjunto de comportamientos desviados o abusivos de las facultades o poderes en las empresas, dirigidos a la obtención de un beneficio o ventaja indebido para los administradores, los empleados, u otras personas cercanas a ellos, afectando intereses privados de la empresa, intereses económicos y de mercado, así como las reglas de libre competencia (^{Sánchez, J., 2017}, p. 78; ^{Jiménez, García, 2015}, p. 164).

En términos generales, sea pública o privada, es acertado señalar que la corrupción es formalmente abuso de un poder de decisión y es sinónimo de agresión, engaño, amenaza o violencia (^{Kindhäuser, 2007}, p. 15; ^{Hernández y Anzola, 2021}, p. 109). En efecto, la corrupción ha sido calificada como un fenómeno heterogéneo, sistemático y complejo (^{Demetrio, 2002}, pp. 174-176). Es un fenómeno heterogéneo porque su definición depende del marco normativo en el cual se esté enmarcando e implementando; de igual forma, la corrupción es un fenómeno sistemático porque propende consolidarse a lo largo del tiempo a través de diferentes conductas; y finalmente, la corrupción es un fenómeno complejo porque en la gestación y ejecución de los hechos delictivos considerados como corruptos confluyen diversos elementos, actores o instituciones.

Causas y efectos de la corrupción

Por una parte, las causas de la corrupción pueden ser de diferente índole, según el enfoque de aproximación a este fenómeno, o puede ser la unión de varios factores. Por ejemplo, pueden ser causas sociales, culturales, jurídicas, políticas, o económicas, entre otras. Específicamente, dentro de las causas de la corrupción que podrían identificarse en Colombia y que son comunes a varios países del mundo, se destacan los siguientes aspectos (^{Transparencia por Colombia, 2019b}):

Por otra parte, es bien sabido que los efectos de la corrupción abarcan a todos los ámbitos de la vida en sociedad, la vida política, económica, cultural y/o social de un país (^{Valencia, 2020}, p. 185). En este sentido, Kofi Annan, en su momento Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, afirmó que la corrupción, sin distinguir entre países grandes o pequeños, ricos o pobres, “socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana” (^{UNODC, 2004}, p. 3).

Concretamente, dentro de los efectos de la corrupción que se pueden identificar en Colombia y que son comunes a varios países del mundo, se destacan los siguientes:

Obstáculo para los derechos humanos: los actos de corrupción generan condiciones adversas y suponen un obstáculo estructural para la vigencia de los derechos humanos (^{Burneo, 2009}, p. 344), pues la corrupción disminuye la capacidad del Estado para hacerse cargo y tomar medidas frente a las violaciones de los derechos civiles y políticos. En este sentido se pronunció el Consejo de Europa (Convenio 173 de 1999), afirmando que “la corrupción constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos”.

Instrumentos jurídicos de lucha contra la corrupción

Atendiendo a la preocupación internacional frente al fenómeno de la corrupción, varios son los instrumentos que en la historia reciente se han adoptado con miras a combatir este flagelo. Así, con el objetivo de condenar prácticas de corrupción de empresas multinacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) profirió la Resolución 3514 del 14 de diciembre de 1975. Al año siguiente (1976), la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) hizo recomendaciones en procura de desincentivar la corrupción de funcionarios públicos por parte de las empresas multinacionales. En 1996 se adoptó la Convención interamericana contra la Corrupción por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el cual profundizaremos más adelante. En 1997 se adoptaron las Convenciones (i) para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones económicas internacionales y (ii) para combatir la corrupción de funcionarios de las comunidades europeas y funcionarios públicos de Estados miembros. En 1999 el Consejo de Europa expidió las Convenciones (i) Penal contra la Corrupción y (ii) Civil contra la Corrupción. Finalmente, para el año 2000 se adoptó la Convención de Palermo sobre criminalidad organizada trasnacional (ONU).

Ahora bien, debe destacarse la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003. Este documento, a pesar de no definir la corrupción, tiene por objeto el abordaje de este fenómeno en todos sus trazos; tanto la corrupción en sentido estricto, como los delitos relativos a la corrupción, y hasta la corrupción en el sector privado (^{De La Cuesta, 2003}, p. 22). Esta convención fue suscrita con los fines de fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, facilitar la cooperación jurídica internacional en torno a este fenómenoy promover la obligación de rendir cuentas.

Este instrumento jurídico reconoce que la corrupción es un fenómeno transnacional que tiene vínculos con otros tipos de criminalidad, principalmente la criminalidad organizada, y que su prevención y combate son responsabilidad de todos los Estados, a través de un enfoque amplio y multidisciplinario. Los elementos destacados en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción habían sido resaltados de un modo similar por la Convención Interamericana contra la Corrupción, como se observará a continuación.

En el ámbito regional, el instrumento jurídico por excelencia en relación con la corrupción es la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 (^{OEA, 1997}). Este documento, aunque tampoco otorga una definición concreta de corrupción, sí recoge un listado de cinco hechos considerados como actos de corrupción en su art. VI, centrados exclusivamente en la corrupción que tiene lugar en la Administración Pública (^{De La Cuesta, 2003}, p. 13). Esta convención fue adoptada con los propósitos de promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción, así como para facilitar y regular la cooperación entre Estados en la lucha contra este fenómeno, según su art. II. El preámbulo de este instrumento jurídico contempla que la corrupción es un fenómeno con trascendencia internacional, que se convierte en uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada para cumplir sus propósitosy que su prevención y combate es responsabilidad de los Estados.

En el plano nacional, la vigencia de estos instrumentos internacionales y la implementación de los compromisos derivados de su suscripción han motivado reformas legales significativas en el ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido, se destaca la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto anticorrupción, la cual estableció medidas administrativas, penales y disciplinarias para luchar contra la corrupción, así como disposiciones para prevenir este fenómeno⁴. Además del Estatuto anticorrupción, se destaca la regulación de los delitos contra la Administración Pública, regulados en el Título XV del Libro Segundo del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). Así, en este título de nuestro Código Penal se pueden encontrar figuras tradicionalmente asociadas a la corrupción como el cohecho o el peculado, pero también se incluyen delitos como el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito (UNODC, 2015).

Radiografía de la corrupción en Colombia

Para finalizar esta mirada general a la corrupción, enfocada desde el ámbito local, se expondrá un panorama general de este fenómeno en Colombia con base en dos documentos producidos por Transparencia Internacional y por Transparencia por Colombia. Por un lado, se presentarán los resultados de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 y, por otro, se presentarán los principales hallazgos del informe “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020”.

Transparencia Internacional establece el Índice de Percepción de la Corrupción, que mide la percepción que tienen especialistas y empresarios de la corrupción en el ámbito público en 180 países del mundo. Para calificar a los países emplea una escala de 0 a 100, donde 0 es el nivel más alto de corrupción y 100 es un nivel de corrupción prácticamente inexistente. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de este índice en el año 2021 indican que, los países mejores calificados fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada uno. Por otro lado, los países peores calificados fueron Somalia y Siria con 13 puntos, y en el último lugar Sudán del Sur con 11 puntos. Al centrar la atención en la región latinoamericana, los resultados de este índice en el año 2021 indican que, los países que obtuvieron los mejores resultados fueron Uruguay con 73 puntos y Chile con 67 puntos. En contraste, los países que obtuvieron los peores resultados fueron Nicaragua y Haití con 20 puntos, y en el último lugar Venezuela con 14 puntos. Ahora, el resultado de este índice en el año 2021 para Colombia es de 39 puntos sobre 100, ocupando el puesto 88 entre los 180 países. Este resultado es muy similar al obtenido en los últimos años, es decir, no es un resultado bueno, pues cualquier calificación por debajo de 50 puntos indica niveles altos de corrupción en el sector público (^{Transparencia Internacional, 2021}, pp. 2,6,12).

Por su parte, Transparencia por Colombia realiza un estudio de prensa y reúne los resultados en el informe titulado “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020”, en el cual se identifican y analizan 967 hechos de corrupción en 2.026 notas de prensa. Los resultados principales permiten afirmar que, por un lado, en los 32 departamentos del país se identificaron hechos de corrupción entre 2016-2020. Sin embargo, el 53% de los hechos identificados se concentraron en Bogotá (200), Atlántico (88), Antioquia (76), Santander (75) y Valle del Cauca (74) (^{Transparencia por Colombia, 2021c}, pp. 36-41).

Por otro lado, se puede afirmar que, de los tipos de corrupción identificados en las notas de prensa, la corrupción administrativa es la que presenta mayor número de casos en el país. En primer lugar, de los 967 hechos de corrupción, el 44% (426 hechos) corresponde a corrupción administrativa, es decir, aquella entendida como el abuso de poder por parte de un funcionario público, con el fin de obtener beneficio particular o a favor de un tercero (ejemplo: el soborno); en segundo lugar, de los 967 hechos de corrupción, el 27% (258 hechos) corresponde a corrupción política, es decir, aquella relacionada con la manipulación de políticas, instituciones o reglas en torno a la asignación de recursos y/o financiamiento (ejemplo: el tráfico de influencias); en tercer lugar, de los 967 hechos de corrupción, el 19% (188 hechos) corresponde a corrupción privada, es decir, aquella definida como el abuso de poder o de confianza por parte de actores del sector privado, generando una afectación al interés general (ejemplo: el lavado de activos); y finalmente, en cuarto lugar, de los 967 hechos de corrupción, el 10% (95 hechos) corresponde a corrupción judicial, es decir, aquella interpretada como el abuso de poder o de confianza desde la Rama Judicial del Poder Público, con el fin de obtener beneficio particular o a favor de un tercero (ejemplo: el abuso de autoridad) (^{Transparencia por Colombia, 2021c}, pp. 13-35).

Aproximación conceptual al género

Para otorgar un concepto de género se partirá de lo estipulado en el Glosario del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. De acuerdo con esta herramienta, el género corresponde a los roles, los comportamientos, las actividades, las oportunidades, las capacidades, las responsabilidades o los atributos que la sociedad se encarga de asignar a los hombres y a las mujeres. Estas asignaciones las construyen, las aprenden y las transmiten los ciudadanos, en una determinada época o contexto; por tanto, estos roles no son fijos, son cambiantes, pues los ciudadanos y los contextos cambian. En otras palabras, el género señala qué esperar y qué no, qué permitir y qué no, qué valorar y qué no, en un hombre o en una mujer, en un contexto determinado⁵.

Lo anterior permite resaltar las diferentes connotaciones que tienen el género y el sexo, ya que el sexo se refiere a las características biológicas que distinguen a los hombres y a las mujeres, mientras que el género se refiere a los rasgos que se construyen o se moldean, por tanto, también se transforman, a lo largo de la historia, para los hombres y las mujeres (^{Vitery, 2011}, p. 30).

El concepto de género, el cual se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de las personas⁶, permite la introducción de la “perspectiva de género”. Esta perspectiva ha sido definida como una forma de ver y analizar la realidad, la cual permite identificar y validar el impacto del género en la vida en sociedad⁷; en otras palabras, “es como ponerse unas gafas y ver la realidad a través de un prisma específico” (^{Céspedes, 2011}, p. 19).

La perspectiva de género implica repensar y cuestionar las construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre los hombres y las mujeres, por tanto, la visión del mundo en clave masculina, con el fin de actuar sobre ella y transformarla mediante prácticas igualitarias y de no discriminación (IIDH, 2008, p. 12). Esta perspectiva aplicada a las Ciencias Jurídicas y al Derecho (Mantilla, 2013, p. 134), implica identificar en qué ocasiones las diferencias entre las personas, por el hecho de ser hombres o mujeres o por el hecho de asumir roles masculinos o femeninos, tienen como consecuencia el hecho de ser o no ser titulares de derechos, o incluso, facilita o entorpece la posibilidad de ejercerlos.

Instrumentos jurídicos a favor del género femenino

En el plano internacional (^{Hernández, 2014}, p. 104), existen dos instrumentos jurídicos de Naciones Unidas que han sido importantes en la lucha por la igualdad de género. Así, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas (^{ONU, 1979}). Este documento invita a los Estados parte a adoptar medidas apropiadas y oportunas para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre. Por otro lado, encontramos la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (^{ONU, 1993}). Este documento convoca a los Estados a aplicar una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer, garantizando sus derechos fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, según sus arts. 3 y 4.

De igual manera, un punto de quiebre para el abordaje de la igualdad de género fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. Allí se adoptó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (ONU,1995), la cual busca establecer una agenda mundial para fortalecer a las mujeres, lograr la igualdad, y asegurar su participación activa en todas las esferas de la vida, en los espacios públicos y privados (^{Vega, 2012}, pp. 281-289).

En el ámbito regional, el instrumento jurídico destacable en la lucha por la igualdad de género es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada en 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1994). Este documento, desde su preámbulo, congrega a los Estados parte a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas y situaciones de violencia que pueden afectar a las mujeres.

En el plano nacional, se destacan varios instrumentos jurídicos que han significado un avance importante en pro de las mujeres y de la igualdad de género en el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar, encontramos el Decreto 164 de 2021 mediante el cual se crea la Mesa Interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres. En el ámbito legislativo, la Ley 1257 de 2008 tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial), así como el ejercicio de los derechos fundamentales. La Ley 1009 de 2006 crea con carácter permanente el observatorio de asuntos de género. Posteriormente encontramos la Ley 1719 de 2014, la cual tiene por objeto garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, especialmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Finalmente encontramos la Ley 1761 de 2015, la cual tiene por objeto tipificar el feminicidio como delito autónomo, así como prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación.

Primera ola de estudios

Los investigadores ^{David Dollar, Raymond Fisman y Roberta Gatti (1999)}, pertenecientes al Banco Mundial, presentaron en 1999 el primer estudio que relacionaba la corrupción y el género, sugiriendo que a mayor número de mujeres en el gobierno, el nivel de corrupción tendería a disminuir. Lo anterior tenía como base la premisa de que las mujeres tienen un mayor arraigo de valores como la honestidad y la generosidad y, por tanto, si hacen parte del gobierno también tendrán este comportamiento ético.

Este estudio ha sido importante ya que, a pesar de que ha sido objeto de varias críticas y que hoy en día se muestra claramente limitado, abrió la puerta al estudio de la conexión entre la corrupción y el género. En efecto, las principales críticas han estado dirigidas a la metodología, a la falta de contexto y a la reproducción de estereotipos.

En primer lugar, se ha indicado que el estudio presenta problemas metodológicos, pues el hecho de que en las instituciones públicas con un mayor número de mujeres exista una baja incidencia de la corrupción, no implica causalidad, ya que pueden influir un sinnúmero de otros factores (^{Gruenberg 2021}, p. 4). En segundo lugar, se ha señalado que el hecho de que un mayor número de mujeres en un gobierno disminuye los índices de corrupción, es una conclusión que no se puede aplicar de manera universal, pues depende del contexto. En este sentido, no es que las mujeres sean menos tolerantes a la corrupción, sino que los resultados del estudio se pueden deber a que las mujeres han participado menos o han estado excluidas del sector público, por tanto, han tenido menos exposición a eventos de corrupción, o han tenido menos oportunidades de participar en actos corruptos (^{Bernhardt, Dugardin y Forest, 2021}, p. 5) (^{Goetz, 2003}). Finalmente, se ha destacado que el estudio reproduce un estereotipo alrededor de la mujer, el de ser menos corrupta, y esto le genera mayor responsabilidad. De hecho, genera una nueva carga para la mujer como “agente purificadora” y responsable de combatir la corrupción, sabiendo que este fenómeno es una práctica que se ha dado a lo largo de la historia de manera continua (^{Poder ciudadano, 2021}, p. 10).

Al respecto y desde el ámbito de la criminología feminista, Adler y Simón plantean el concepto de la emancipación social y política, el cual trae consigo oportunidades formales para las mujeres, pero a su vez abre el camino para que ellas tengan la posibilidad de delinquir más, dado que la exigencia de derechos funciona como una liberación del confinamiento de roles de casa a los que habían estado sometidas durante tantos años en la sociedad patriarcal (^{Britton, 2020}, p. 61), es decir, que mientras más participación tengan las mujeres en los roles que otrora estaban reservados para los hombres, más posibilidad de concretar comportamientos reprochables. De esta dinámica no se escapa el fenómeno de la corrupción y la participación de las mujeres en este, no solo por convicción sino también por la presión del sistema patriarcal.

Segunda ola de estudios

La corrupción afecta a todos los integrantes del conglomerado social, como lo veíamos en un apartado anterior, pues el hecho de que la corrupción disminuya el crecimiento económico de un país o se convierta en una amenaza para la primacía de los derechos humanos, afecta a toda la estructura de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado estudios que concluyen que las mujeres se ven impactadas de una manera diferenciada por los hechos de corrupción. Esta afirmación se basa en la identificación de algunas explicaciones o elementos de base para entender por qué la corrupción afecta especialmente a las mujeres, y en la identificación de algunas manifestaciones o escenarios donde se puede observar el impacto de la corrupción en las mujeres.

En este sentido, en Colombia, al igual que en varios países del mundo, los avances en materia de igualdad siguen siendo lentos e insuficientes. En muchos casos, las mujeres hacen parte del mercado laboral en condiciones más desfavorables que los hombres; a su vez, las mujeres pese a aumentar su escolaridad, no logran mejoría en sus empleos o salarios⁸, y las mujeres siguen enfrentándose a las interacciones complejas de elementos como la participación en la economía, la edad, la maternidad, las cargas domésticas y los cuidados, entre otros (DANE, 2020, p. 47).

Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el índice de feminización de la pobreza de 2018 para el caso colombiano, el cual otorgaba un valor de 117; es decir, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en Colombia, había 117 mujeres en la misma situación (DNP, 2021, p. 6). Otra evidencia en este sentido es la otorgada por la Encuesta Nacional de uso del tiempo de 2021 en Colombia. Según esta encuesta, el tiempo diario promedio, dedicado por hombres y mujeres, a actividades de cuidado directo no remunerado para el propio hogar es: actividades con menores de cinco años (1:31h hombres, 1:44h mujeres), cuidado físico a personas del hogar (0:57h hombres, 1:38h mujeres), apoyo a personas del hogar (1:10h hombres, 1:43h mujeres), traslados relacionados (1:04h hombres, 1:02h mujeres) y cuidado pasivo-estar pendiente (6:16h hombres, 10:16h mujeres) (^{DANE, 2021}, p. 24).

El primer escenario donde se pueden identificar los impactos diferenciados de la corrupción para las mujeres sugiere que este fenómeno impide que las mujeres ejerzan roles importantes y de liderazgo en el mundo político o en las empresas, dado que las prácticas clientelistas o las dinámicas para crear lazos de confianza estarían dominadas por los hombres. De igual manera, sería un obstáculo para acceder a oportunidades el imaginario de que las mujeres son menos corruptas. Aunque como se veía anteriormente esto también corresponde a un estereotipo de género (^{Transparencia por Colombia, 2021b}, p. 24).

En el panorama colombiano, esta situación se refleja, por ejemplo, en la participación de mujeres en el congreso o en la participación de mujeres en las altas cortes del país. Así, el pasado mes de marzo de 2022 se eligieron los representantes al Congreso de la República de Colombia para el período 2022-2026. De un total de 295 escaños, 85 serán ocupados por mujeres, es decir, el 28% aproximadamente. Esta cifra sigue siendo baja en comparación a otros países de la región, como Bolivia con un 55% de mujeres, México con un 49% de mujeres, o Argentina con un 43% de mujeres en el Congreso (^{Oquendo, 2022}). Por su parte, el porcentaje de mujeres magistradas en las altas cortes colombianas es inferior al 30% en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; solo la Corte Constitucional, en este momento, está conformada en su mayoría por mujeres (^{Sánchez, 2022}).

El segundo escenario donde se pueden identificar los impactos diferenciados de la corrupción para las mujeres plantea que la corrupción genera mayores obstáculos para las mujeres en el acceso a servicios de justicia, educación o salud, o incluso, la corrupción genera mayores obstáculos en el acceso a la tierra como recurso productivo. Esto es así debido a que en muchos casos las mujeres deben pagar sobornos para poder realizar trámites judiciales, trámites en relación con la educación de sus hijos, o trámites para recibir atención sanitaria (^{Transparencia por Colombia, 2021b}, pp. 28-31).

Es cierto que, desafortunadamente, muchas personas, y más en países latinoamericanos, pagan algún tipo de soborno para acceder a servicios públicos. De hecho, “casi una de cada tres personas en América Latina pagó sobornos para acceder a los servicios públicos como educación, salud o justicia en 2016” (^{El País, 2017}). Sin embargo, existen varias razones que pueden explicar por qué la corrupción en la prestación de servicios públicos esenciales es más grave para las mujeres, entre ellas (^{Transparencia Internacional, 2010}, pp. 3-4): primero, las mujeres tienen más dificultad para acceder a los recursos, y ello tiene como consecuencia que las mujeres no tengan dinero para el pago de sobornos o que les represente una proporción mayor de sus ingresos; segunda, las mujeres son las principales usuarias de los servicios públicos, en gran parte porque son las principales responsables del cuidado de la familia y deben estar en contacto frecuente con centros de salud, escuelas, etc.; tercera, las mujeres suelen tener menos participación en funciones públicas y administración relacionadas con la prestación de servicios esenciales; cuarta, las mujeres tienen menos oportunidades para influir en los procesos de toma de decisiones y en la exigencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos; y quinta, las mujeres tienen menos poder y recursos para solicitar la protección legal de sus derechos en relación con la prestación de servicios.

En el panorama colombiano, vale la pena exponer, por ejemplo, un caso real destacado por el documento “Mujer y corrupción: estrategias para abordar los impactos diferenciados de la corrupción en América Latina”. En este documento se recoge (^{Solano, 2019}, p. 56):

“Para el año 2012, el doctor Óscar Enrique Aguirre Perdomo se desempeñó como juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, motivo por el cual,

le correspondió la vigilancia de la pena de 172 meses de prisión impuesta al señor José Benicio Lozada Parra por el delito de homicidio.

Valiéndose de su condición de juez, Óscar Enrique Aguirre Perdomo, supuestamente solicitó a Diana Lorena Jara Arcos, compañera sentimental de Lozada Parra, una suma de dinero y favores sexuales a cambio de concederle beneficios administrativos y judiciales al aludido condenado.

Fueron los anteriores hechos los que llevaron a la señora Diana Lorena Jara Arcos a denunciar al funcionario judicial por los punibles de concusión y acceso carnal violento, mientras que el juez encausado la denunció por el delito de cohecho”.

Finalmente, el tercer escenario donde se pueden identificar los impactos diferenciados de la corrupción para las mujeres propone que la corrupción es uno de los factores que habilita y facilita la existencia y la expansión de la trata de personas, estando presente en toda la cadena de valor de este delito: los actos, los medios y los fines (^{Transparencia Internacional, 2011}, p. 3). De igual manera, se considera que la corrupción y la extorsión sexual están relacionadas, pues muchas veces la extorsión sexual sucede cuando un favor sexual es la moneda de cambio para un acto de corrupción (^{Transparencia por Colombia, 2021b}, p. 32). Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta, por un lado, que la trata de personas y la extorsión sexual afecta especialmente a mujeres y niñas (^{OIT, 2017}, p. 10) (^{Transparencia por Colombia, 2021a}, p. 51), aprovechando y profundizando las vulnerabilidades existentes, reflejadas en factores como la desigualdad de género, las violencias basadas en género, las leyes que carecen de un enfoque de género y los escenarios de conflicto o crisis humanitaria (^{UNODC, 2019}, p. 12). Por otro lado, también es relevante porque muchas veces la trata de personas o la extorsión sexual no se denuncian, ya sea por miedo a la estigmatización, o porque no se perciben como corrupción, entre otras razones (^{Bernhardt, Dugardin y Forest, 2021}, p. 5).

En el panorama colombiano, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas en contextos humanitarios del Sur de la OIM, se estima que de conformidad con cifras del Ministerio del Interior, entre 2013 y 2018 se registraron 422 casos de trata de personas en Colombia. Además, siguiendo la tendencia internacional, del total de víctimas registradas por este delito, se señala que el 84% de ellas son mujeres. Finalmente, en relación con el tipo de explotación, se considera que la modalidad de explotación sexual es la de mayor preponderancia, con un 60% de los casos, seguida de la explotación por trabajos forzados, con un 25% de los casos (^{OIM, 2020}, p. 64).