El sector minero: una mirada desde las representaciones de la gestión sostenible, la estructura social y el “capital social”

El análisis de la gestión sostenible, particularmente de la gestión de los recursos no renovables, implica el cuestionamiento de la integralidad y el grado de interdisciplinariedad desarrollada por los dirigentes de los tres niveles (gubernamental, público y privado) implicados en la construcción de políticas para el manejo de los recursos no renovables, en el proceso de toma de decisiones y en la gestión.

Con respecto a la estructura social identificada alrededor de la gestión del sector minero, ésta ha sido caracterizada por ser una estructura de poder y de intereses privados favorecida por un contexto normativo y a la vez flexible que se adapta a las condiciones económicas coyunturales (situación paradójica). Por ejemplo, en la competencia por atraer los capitales extranjeros, el régimen legal en numerosos países de América Latina debilita la posición del Estado y activa los intereses públicos y privados al servicio de las leyes del mercado dando paso a criterios ambientales laxos y a políticas económicas que no tienen en cuenta instrumentos de mercado justos que orienten las inversiones necesarias a fin de proteger y construir estrategias de sustentabilidad de los recursos mineros y sociales.

En efecto, las políticas y los intereses privados y públicos en la gestión sostenible de los recursos mineros, determinados directamente por su dimensión social y económica, se han articulado en función de las leyes del mercado generando problemas específicos en la administración ambiental del sector minero en Colombia.

En este sentido, se reconoce que los estímulos externos al mercado para reinvertir en actividades sustentables que compensen el agotamiento de los recursos, son poco probables y no aseguran que la mayor ventaja competitiva redundará en beneficio de la sustentabilidad regional y la calidad de vida de sus habitantes².

Teniendo en cuenta que la gestión sostenible se logra a partir de las acciones conjuntas e individuales de los seres humanos en busca del equilibrio de las fuerzas contradictorias y de la eliminación de toda clase de desigualdades del sistema, es necesario pensar en los principios que gobiernan estas acciones colectivas. Es decir, por un lado, los asuntos de las acciones colectivas llevan a la pregunta de ¿cuál es la estructura social y las representaciones simbólicas que caracterizan un modelo de gestión sostenible concreto y real que trasciende todo tipo de análisis puramente teórico desde la racionalidad económica³ y ecológica?⁴.

Por otro lado, a partir del estudio de las acciones colectivas e individuales surge la pregunta por la operacionalización de la gestión y del desarrollo sostenible. La estrategia política y de mercado del desarrollo sostenible, divulgada ampliamente en la literatura a través del “discurso de la gestión sostenible y del capital social”, presenta un modelo de acción individual y colectiva que puede interpretarse como en “contradicción”⁵ con respecto a la racionalidad económica, la cual exige a los dirigentes de las organizaciones a eficiencia y resultados positivos en relación a la rentabilidad de los negocios a un corto plazo.

Esto implica un paradigma que consiste en una “relación equívoca entre la economía y el ambiente” (Boiral, 2004), el cual trasciende todos los niveles organizacionales y por supuesto es generador de paradojas en la gestión del sector minero, tal como se ve en la legislación minera en Colombia. Este sector es uno de los más involucrados en esta dinámica social, dadas las condiciones intrínsecas de insostenibilidad por la explotación de los recursos naturales no renovables y por sus características riesgosas para la seguridad ambiental y social.

Es decir, la pregunta se dirige a comprender cómo hacer posible la administración sostenible de los recursos naturales no renovables y los recursos sociales teniendo en cuenta las condiciones estructurales contradictorias del sistema (racionalidad económica vs. racionalidad ecológica) y la dinámica social (compleja y cambiante) de la sociedad contemporánea.

En cuanto a la estructura social, según L. Vallée (como se cita en ^{Chanlat, A. & Dufour, 1985}), ésta consiste en un conjunto de principios de una organización que unifican las partes componentes del sistema. Además, en toda sociedad hay cambios que son compatibles con la continuidad del orden formal existente. Sin embargo, al reflexionar sobre este asunto de la continuidad del orden formal, se observa que en Colombia el orden formal existente es sombrío y en síntesis consiste en una estructura social atravesada por un contexto social, económico y político complejo (conflicto interno, baja tecnología y limitaciones económicas en la inversión del capital). Sin embargo, específicamente, la estructura minera nacional se basa en una política de atracción de capital extranjero para la inversión en proyectos de explotación minera nacional (conferencia de la Secretaria de productividad y competitividad) con el fin de buscar una salida a la crisis económica del país.

No obstante, al considerar la sociedad como unidad política que forma un todo (Nadel, 1951)⁶ y teniendo en cuenta que el sistema está en equilibrio cuando sus diferentes partes forman un todo coherente (Vallée, como se cita en ^{Chanlat, A. & Dufour, 1985}, 30), podemos establecer que el sistema y la estructura social del país no presentan una continuidad y unidad coherente (de acuerdo con la información sobre la problemática social, económica y ambiental de Colombia).

Por ejemplo, en el contexto de la industria minera y especialmente en la pequeña minería se observa en primer lugar, que el sistema se caracteriza por algunas limitaciones jurídicas que constituyen un impedimento para acceder al crédito minero por parte de los inversionistas nacionales, máxime si se tiene en cuenta que ni las remesas del oro al Banco de la República, ni los depósitos, ni los instrumentos de trabajo representan prenda de garantía.

En segundo lugar, debido a dificultades de tipo institucional y de capacidad de autogestión de los mineros para organizarse en forma asociativa, la pequeña minería ha tenido que soportar no sólo su limitación en el acceso a créditos de fomento, sino también la carencia casi absoluta de asistencia técnica, lo que se manifiesta en el desaprovechamiento de minerales que vienen asociados al oro.

Comparado con otros procesos de países del contexto latinoamericano como Chile, Brasil y Perú, Colombia posee una baja competitividad y sólo hasta la expedición de la Ley 685/2001 (Código de Minas), el Estado colombiano promueve de manera abierta la entrada de inversión extranjera ante el bajo financiamiento nacional para la explotación regional de minerales y facilita la ejecución de proyectos de explotación minera y la promoción de otros nuevos.

Cuando se habla de cambios estructurales no solamente se deben tener en cuenta los cambios de posición de los individuos sino los cambios de la estructura de poder. (Vallée, como se cita en ^{Chanlat, A. & Dufour, 1985}, 32). Es necesario reconocer por lo tanto que la minería es “una actividad compleja y riesgosa” que requiere de una gran capacidad financiera para enfrentar la aleatoriedad de los depósitos (riesgo técnico), las fluctuaciones del mercado y los negocios internos (^{Ministerio de Minas y Energía, 2002}, 3).

En consecuencia, un cambio en la legislación es una forma de avanzar en la superación de la situación problemática financiera de la minería. Sin embargo, es importante comprender que no es suficiente y que se requiere identificar hasta qué punto este tipo de cambio repercute en el cambio de las estructuras de poder tales como el poder del mercado mundial (TLC, restricciones para la inversión extranjera, etc.) y nacional (burocracia, debilidades en la inversión interna, etc.) y determinar cuál podría ser el aprovechamiento real de los recursos naturales no renovables en el marco de un desarrollo sostenible. Finalmente, sería importante identificar a qué precio, tanto social como ambiental, se va a implantar en el país una nueva legislación que busque estimular la inversión extranjera.

Es evidente que el cambio estructural requiere del fortalecimiento económico y social del sector en el país, el cual va más allá de la simple imposición de una nueva legislación. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Colombia la pequeña y mediana minería aportan más del 90% de la producción de minerales utilizados en la industria nacional (^{INER, 2003}) y, además, sabiendo que esta industria es generadora de trabajo en sectores socialmente marginados. Por lo tanto, estos cambios estructurales requerirán de un análisis socio-cultural que involucre las regiones y poblaciones que dependen de esta actividad y estudiar los efectos reales de los términos en que se plantea la política de atracción de la inversión extranjera.

Surge entonces la pregunta de ¿cuáles son los intereses que permiten la movilización de la acción en el sector minero y que podrían incidir en la gestión sostenible de los recursos naturales? De acuerdo con Vallée, los deseos conscientes e inconscientes son también los móviles de la acción general que incide en la gestión. En este sentido, es necesario estudiar el desarrollo histórico de la estructura socio-económica y del sistema de representaciones de nuestra sociedad, el cual se expresa en las políticas, decisiones y acciones de las instituciones del Estado y de las organizaciones públicas y privadas que favorecen o no la gestión sostenible en términos ambientales, sociales y económicos⁷.

Por ejemplo, la política de atracción de inversión en el sector minero en Colombia busca divulgar las siguientes características y acciones del sector con el fin de incentivar la inversión: 1) grandes yacimientos de alta calidad; 2) un marco legal promotor de la inversión minera; 3) la obtención de algunos beneficios tributarios (exoneraciones); 4) la búsqueda de menor “riesgo país”; 5) la flexibilidad laboral; 6) la flexibilidad en el costo ambiental; 7) el bajo costo de la mano de obra; 8) la existencia de una infraestructura adecuada (Secretaría de Productividad y Competitividad, 2003)⁸.

Con respecto a las representaciones simbólicas y el capital social⁹ es interesante ver cómo, según L. Vallée, los mitos son una forma de describir ciertos tipos de comportamientos humanos, donde los actos y las creencias rituales son formas de expresión simbólicas que procesan el orden social. En la dimensión socio-ambiental y económica del sector industrial en general podemos observar que los instrumentos de representación relacionados con la sostenibilidad se expresan en diferentes niveles (ambiental, social y económico) desde la práctica.

En este sentido, vale la pena afirmar que los hechos son representados, por una parte, desde los conceptos, las creencias, las ideas de la existencia y de poderes sobrenaturales y, por la otra, desde los actos o acciones propios de los seres humanos y que están en “armonía” con esta conceptualización. Por lo tanto, el mundo es concebido en dos partes: lo material y lo inmaterial, ambas “reales”. La forma y el contenido que tomará el sistema de representación dependerán de factores históricos propios a cada sociedad.

De acuerdo con ^{Leff (1998)}, el discurso del desarrollo sostenible se inscribe así en una “política de representación”, que constituye identidades para asimilarlas a una lógica, a una razón, a una estrategia de poder para la apropiación de la naturaleza como medio de producción. En este sentido, las estrategias de seducción y simulación del discurso de la sostenibilidad constituyen el mecanismo extraeconómico por excelencia de la posmodernidad para la explotación del hombre y de la naturaleza, sustituyendo a la violencia directa como medio para la explotación y apropiación de los recursos¹⁰. Específicamente en el sector minero, los instrumentos de representación se fundamentan en este discurso del desarrollo sostenible, pero la realidad muestra otras evidencias que van en contraposición de la sostenibilidad y, más aún, constituyen la prueba de la explotación del ser humano y de la naturaleza.

En consecuencia, en primer lugar el nivel ambiental de este sector se caracteriza por el uso histórico de prácticas y técnicas inapropiadas que ha deteriorado suelos y ha generado graves impactos ambientales representados en 1) una explotación desordenada y sin control durante varias décadas, 2) una importante demanda de recursos naturales renovables; 3) un alto impacto negativo sobre los recursos naturales y el medio ambiente; 4) la insostenibilidad de las operaciones y la no internalización de los costos ambientales (Corantioquia, 2005).

Una de las representaciones a nivel ambiental del desarrollo sostenible es “la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico y también la sostenibilidad o perdurabilidad del proceso económico mismo” (^{Leff, 2001}), cuyo fin es garantizar el crecimiento económico sostenible a través de los mecanismos del mercado (representaciones simbólicas frente a las reglas y normas de conducta).

Algunos de estos mecanismos de mercado que buscan moldear en cierta forma la conducta de los empresarios son, diríamos, “simbólicos”. Por ejemplo, tanto “el futuro común” como “el que contamina paga” son eslóganes que guían algunas de las acciones de los empresarios pero que no proponen ¿cómo es posible llegar realmente a un futuro común entre nuestros países¹¹? y ¿hasta qué punto es real que a través de las reglamentaciones de emisiones, normas como las ISO 14000 y los instrumentos económicos tales como la sobretasa ambiental etc., se pueda llegar a un desarrollo sostenible y a controlar la contaminación¹²? Además, estas normas que hicieron y aún hacen parte del orden ambiental establecido por las entidades gubernamentales y con el cual se orientan algunas de las acciones de las empresas mineras, sirven fundamentalmente para garantizar un estado de perdurabilidad de los procesos económicos. Sin embargo, se sabe que el desarrollo sostenible está muy lejos de alcanzarse con este tipo de medidas.

Los modelos conceptuales de la sociedad son los modelos del sistema en equilibrio, pero las sociedades reales no pueden estar en equilibrio nunca. Las estructuras sociales consisten en un conjunto de ideas contradictorias e inconsecuentes (Vallée, como se cita en ^{Chanlat, A. & Dufour, 1985}).

En segundo lugar, con respecto al nivel social, el sector minero se ha destacado por ser una industria pesada de trabajo fuerte, caracterizada por una “cultura profesional de los mineros cada vez más dura e individualista” (Dupuis, 2002) donde existe un alto grado de explotación de la mano de obra, de desigualdades sociales y de riesgos para la salud y la seguridad del trabajo (no sólo para los trabajadores sino para las comunidades que se encuentran en su área de influencia). En Colombia, específicamente en la región del Chocó se emplea un gran porcentaje de mano de obra infantil¹³. Además, el 68% del desplazamiento forzado de la población del país proviene de las zonas mineras.

En cuanto al aspecto práctico de las representaciones simbólicas en el ámbito social, se identifica la existencia de situaciones complejas donde se mezclan múltiples aspectos culturales, económicos y ambientales. Particularmente con respecto a los riesgos de salud y de seguridad del trabajo que tienen que ver con la exposición cotidiana a riesgos reales, donde los trabajadores enfrentan el miedo en el cumplimiento de su trabajo, se identifican dos tipos de mediaciones: 1) no simbólicas como las bebidas alcohólicas, la droga, etc. y 2) mediaciones simbólicas de sobrevivencia para combatir el estrés, por ejemplo, crear la figura del trabajador denominado el “Shaftman”, capaz de abrir galerías subterráneas en la mina, respetado y admirado en este medio por los demás trabajadores (^{Dupuis, 2002}) o la política de “cero accidentes”, que implica, en muchos casos, que los trabajadores oculten los accidentes para cumplir con unos estándares impuestos por la empresa o para no recibir ningún tipo de sanciones.

En tercer lugar, a nivel económico se conoce que el país pasa por una crisis económica fuerte donde “el 60% de la población rural vive en condiciones de pobreza y el 43% en condiciones de miseria; el desempleo rural alcanzó el 11,5% y el subempleo el 36% para el 2002, con tendencia al aumento; y específicamente el sector minería se ha mantenido históricamente por debajo del 4% en sus aportes al PIB, lo que deja al país en un segundo grupo de importancia después de Chile y Perú” (IDRC-CRDI, 2003, 37)¹⁴. Teniendo en cuenta la dimensión económica de los problemas de la gestión minera y a pesar de los bajos niveles históricos de crecimiento económico de la minería, los ingresos que genera este sector son vitales dentro de la actual crisis del Estado, que alcanza dimensiones críticas en cuanto a la deuda externa y al déficit fiscal¹⁵.

En este aspecto económico, las representaciones de las empresas en general¹⁶ se fundamentan en un esmero “aparente” por alcanzar la “equidad y la responsabilidad social”¹⁷ y al mismo tiempo es necesario cumplir con los más altos niveles de producción, teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo imperante es la rentabilidad; donde han primado los intereses privados por encima de los intereses comunes, del bienestar social, de la calidad de vida, así como de la sostenibilidad ambiental.

En este sentido, en la industria minera también se proclama un discurso de responsabilidad social, basado en acciones ambientales y económicas tales como los programas de reciclaje de muchas empresas por todo el mundo¹⁸. Así mismo, se buscan estrategias que representan o simbolizan la oportunidad de las comunidades de participación social en las decisiones de la industria a través de las llamadas “consultas previas” y la forma como se hace corresponsables a las comunidades y a los empleados de la problemática ambiental generada en la producción, etc.

Es decir, esta política de responsabilidad social y equidad, tan divulgada en el medio industrial, resulta ser poco coherente con la realidad y se vuelve un mito; por ejemplo, en el caso de muchas de las empresas mineras y de la reglamentación minera en Colombia, la “responsabilidad social y la participación”, conceptos tratados en la teoría del capital social, dan cuenta de una realidad muy reducida, lo cual se puede constatar a través de dos importantes hechos: 1) la existencia de un gran porcentaje de niños que trabajan en este sector minero y 2) la evidencia de una muy baja o mínima participación de las comunidades en las decisiones de las empresas, hecho analizado por ^{Correa (2004)} donde muestra que el código minero en Colombia no fue un instrumento de participación sino todo lo contrario: éste sirvió como escenario político de la “ineficacia simbólica del derecho” minero y como fuente de ilegitimidades¹⁹.

La mitología juega entonces el rol de un instrumento poderoso e importante de la representación. La mitologia no es una ilusión y lo importante es buscar la explicación de las condiciones de aparición y funcionamiento interno de esta forma de representación. (L. Valle en ^{Chanlat & Dufort, 1985}, 213).

Otro tema que vale la pena continuar estudiando y que, precisamente es necesario desarrollar en el sector minero, es el de los derechos humanos, la responsabilidad social y el capital social, en especial los derechos relacionados con los principios del trabajo. En el siguiente cuadro se presentan los principales principios planteados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (ver figura 1).

Fuente: OIT.

Figura 1 Principios del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 

“La vía de tratamiento del conflicto no es pues su negación, sino la creación de las condiciones ambientales y sociales para que sea expresado, comprendido y negociado”.

En este sentido, el conflicto se da en diferentes aspectos, algunos de los cuales ya se han mencionado a lo largo de este documento. Sin embargo, uno de los temas que puede ser más controversial y que tiene que ver con los problemas de la gestión sostenible y de la gestión en general es el tema del trabajo infantil. Por ejemplo, se estima que un millón de niños trabajan en la minería a pequeña escala y en las canteras en todo el mundo. Estos niños trabajan en las peores condiciones y deben enfrentar riesgos de accidente, enfermedad o muerte.

La OIT estima que cerca de 50 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, mientras que en Colombia las cifras del gobierno indican que alrededor de 400 mil laboran en la explotación de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes regiones del país. En Bolivia, más de 13 mil niños y niñas participan en la extracción de estaño, zinc y plata, y en Ecuador el número de trabajadores infantiles mineros se estima en mil quinientos.

Esta es una problemática que moviliza dos aspectos importantes de la gestión: por un lado, las condiciones de vida de los trabajadores y, por otro, los compromisos y la responsabilidad social de las empresas frente a los derechos humanos y especialmente los derechos de los niños. ¿Cómo es posible discutir de responsabilidad social de las empresas y de capital social en un medio que abusa de los derechos de los trabajadores, de los niños y de las condiciones humanas? En una investigación posterior trataremos de dar respuesta a esta pregunta.

Dada la complejidad del tema sería importante tratar de integrar diferentes perspectivas y teorías de análisis, tales como la perspectiva humanista de la gestión y la teoría del capital social, teniendo en cuenta la problemática de la responsabilidad social y la participación.

En primer lugar, la sostenibilidad del desarrollo incluye la sostenibilidad social, ambiental y económica. Con respecto a la sostenibilidad social ésta implica la conservación de las redes sociales y de la calidad de vida del ser humano en cada contexto social de las generaciones presentes y futuras. En segundo lugar, el desarrollo del capital social se refiere al asunto de la responsabilidad social y de la participación²⁰.

El concepto de desarrollo sostenible implica, en primer lugar, la participación integral de las comunidades y de las entidades locales, que deben considerarse como las principales aliadas para lograr una mejor y más efectiva administración de los ecosistemas y así mismo lograr su uso sostenible. En segundo lugar, los gobiernos y empresas multinacionales, así como las organizaciones internacionales cumplen un rol fundamental en los procesos de gestión, por lo cual su participación es altamente relevante (^{Leff, 1986}). La gestión sostenible se logra entonces a partir de las acciones conjuntas e individuales de los seres humanos en busca del equilibrio de las fuerzas contradictorias y de la eliminación de toda clase de desigualdades del sistema.

Estas problemáticas de la responsabilidad social y de la participación han sido analizadas desde la teoría del capital social en diferentes sectores económicos incluyendo el sector minero.

La gestión sostenible también refleja el grado de articulación entre la acción individual y acción colectiva en un contexto organizativo de cooperación opuesto a un sistema competitivo capitalista impuesto por el mercado. En general, se entiende por capital social el grupo de recursos estructurales-sociales como normas de confianza, relaciones recíprocas y redes de interacción, inherentes en las relaciones familiares y en las organizaciones comunitarias (Coleman, 1990) que pueden facilitar acciones coordinadas y una cooperación espontánea, mejorando la eficiencia de la sociedad (Putnam, 1993). Según James Coleman (1990), el concepto es inherente a los niveles más bajos (de base) de formas de organización social, tales como la familia y la comunidad, y no a un macro-nivel social formal. Los ejemplos de Coleman son las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de padres y representantes, relaciones entre comerciantes, etc. y argumenta que el capital social es parte del individuo como entidad social²¹.

En este sentido, al analizar la obra de Mauss²² podemos observar cómo la vida social es un “mundo de relaciones simbólicas” y que hay una lógica integral en el comportamiento de los seres, es decir, es necesario analizar las características de los individuos en su totalidad y no por divisiones o sesiones. Este tipo de análisis se puede lograr a través de la antropología ya que ésta logra realizar la interpelación de los hechos en su totalidad, dando cuenta simultáneamente de aspectos físicos, psíquicos, fisiológicos y sociológicos de todas las conductas.

Reflexiones de la gestión humana y de algunos paradigmas gerenciales en el sector minero

Existen diversas escalas de análisis alrededor de la interdisciplinariedad. El interés en la gestión evoca particularmente la posibilidad de la interacción social y de la creación de sentido del diálogo entre las diferentes disciplinas en el ámbito organizacional.

No obstante, actualmente los paradigmas gerenciales están fundados en parámetros sociales impuestos por una racionalidad económica²³, los cuales han generado diversos efectos al interior de las organizaciones, entre los cuales se destaca el ambiente de trabajo en el sector minero.

El hombre se somete a constantes e intensas presiones que le crean impactos fisiológicos y trastornos del comportamiento, ya que se desborda su capacidad de asimilación o “resiliencia” y su capacidad de integración adecuada a su cotidianeidad. Las neurosis experimentales reveladas por los estudios de Pavlov y S. Milligram entre otros, nos ofrecen una visión en el laboratorio de la relación ser viviente-entorno que se aplican en este caso a los trabajadores mineros, cuyo medio social y organizacional se parece a los ambientes descritos en el experimento de S. ^Miligram: “la sobrecarga de los procesos de excitación e inhibición y la inestabilidad de tales procesos”.

Según Laing, en Chanlat & Bédard (¹⁹⁹⁰), es a través del diálogo como nos es conferida nuestra primera identidad social. El diálogo de los dirigentes de las empresas con los empleados tiene limitaciones. Existen dos razones fundamentales para explicar esto: 1) la estructura jerárquica y 2) las limitaciones de tiempo (explicado anteriormente).

Considerando además la dimensión ontológica de la “palabra”, es decir, la palabra y así mismo la comunicación, ésta tiene que ver con la construcción de nuestra personalidad y la elaboración de nuestra identidad, lo cual se logra a partir del intercambio con los demás. Sin embargo, esto no se beneficia en un espacio de trabajo donde proliferan las diferencias y desigualdades tal como se evidencia en el sector minero.

Además, el estrés, la presión y el riesgo son algunos de los factores del trabajo en la mina que afectan la salud y la seguridad de los empleados, pero sobre todo que inciden en el estado emocional y psicológico, así como también en la conducta de los empleados. Así, la fuente de peligro y estrés se debe a diferentes factores tales como: 1) instrumentos de trabajo, por ejemplo la maquinaria pesada que se desgasta por el trabajo intenso (24 horas sobre 24 horas²⁴ ); 2) manipulación de materiales muchas veces tóxicos, punzantes, residuos de maquinarias peligrosos, manejo de explosivos, etc.; 3) los riesgos físicos de quemaduras por manejo de líquidos a altas temperaturas; 4) la vibración y el ruido de la maquinaria; 5) los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas, etc.

Particularmente, el énfasis privilegiado en estos ambientes laborales jerárquicos donde se convive con el estrés, específicamente en el sector minero, es el ahorro y la eficacia del uso del tiempo. Es posible encontrar fácilmente que la perspectiva de la interdisciplinariedad, la cual implica el intercambio, se ha empleado de forma funcionalista, en el sentido de la productividad (es decir, el desarrollo rápido y efectivo de las tareas y funciones laborales como la suma de trabajos). Se crea entonces una lógica de trabajo enfocada en la competencia y la eficientización del tiempo, donde no hay espacio para el intercambio, la comunicación o el diálogo que se reproduce y enriquece el “tiempo libre”.

Por ejemplo, la posibilidad de tener “tiempo libre” en el trabajo ha sido despreciada por muchos líderes, dando paso a una racionalidad económica que promueve la obediencia a ciegas, poco beneficiosa para el desarrollo del pensamiento creativo y de la sociabilidad de los individuos (^{Gusdorf, 1952}).

Es decir, en el esquema actual de gestión no se contempla que “la dimensión expresiva del ser se da por medio de “la individuación”, por oposición al individualismo” y básicamente la visión de la administración de negocios tiende a promover la expresión unilateral absoluta de la individualidad, mientras que la gestión con una visión humana tiende a suscitar la realización en la unidad de la comunicación (individuación), en la cual cada interlocutor reconoce sus propios límites y confiere identidad al otro”²⁵.

En consecuencia, debido a esta visión racionalista, la gestión otorga al lenguaje un papel meramente instrumental y lo somete también a la lógica de la simplificación y la reducción de costos con fines de rentabilidad, suprimiendo de paso su riqueza constructiva de la identidad de los sujetos involucrados en una relación laboral (^{Saussure F., 1973}).

Existe un sentido social en la palabra. La comunicación tiene una virtud creativa, ella provee a cada quien la revelación de sí mismo en la reciprocidad con el otro. (Gusdorf, 1952) Los indicadores de las empresas sobre los accidentes dan cuenta de una parte de las condiciones humanas y sociales de los empleados y de su seguridad y salud física y mental, es decir, son aspectos que no se deben analizar como eventos aislados de situaciones de estrés que se viven en los ambientes laborales de las minas.

Con respecto a los efectos de estos procesos organizativos que condicionan la forma de comunicación y que dirigen la conducta de los empleados, la afirmación realizada por Laplantine F. (¹⁹⁷³) es muy pertinente en la medida que nos convoca al análisis de las causas y las consecuencias de la imposición de modelos culturales “normales de cada sociedad”. En primer lugar, Laplantine afirma que toda cultura elimina sus desechos creando sus propias gamas patológicas y su propia definición de locura.

Este tema es crítico y sobre todo genera conflicto, en la medida que nos hace conscientes de la forma como la sociedad obliga a los individuos a adaptarse a sus imposiciones y a restricciones sociales; es decir, se trata del proceso de aculturación que representa la adaptación y nos muestra una paradoja en la construcción social: en primer lugar, la sociedad modela la conducta de los individuos y los obliga a la renuncia y al rechazo de sus deseos y pulsiones, generando un escenario violento en la experiencia de interacción entre los individuos y, en segundo lugar, en el individuo se genera un conflicto interno puesto que está obligado a repetir y reproducir estos esquemas. Pero la paradoja consiste en que la cultura hace esfuerzos por negar y reparar el daño que provoca²⁶.

Estos temas han sido muy estudiados por diferentes profesionales de la medicina del trabajo y de la psicología del trabajo en busca de soluciones a problemas administrativos de las empresas. A menudo, dichas soluciones planteadas por estos profesionales son de tipo conductista y funcionalista²⁷, las cuales están basadas en indicadores, pruebas de laboratorio, exámenes psicológicos, etc. Sin embargo, aunque existen algunos estudios que pretenden superar o enfrentar los grandes paradigmas científicos y de la teoría racional tradicional de la administración, es necesario plantear estudios que, en primer lugar, sean interdisciplinarios y cuyos objetivos vayan más allá de los intereses tecnocráticos y, en segundo lugar, que promuevan la administración de la gestión humana de las organizaciones²⁸ y la comprensión de la integridad tridimensional de la naturaleza (biológica, psíquica y social) del ser humano.

La diferencia entre las “previsiones” y los “resultados” obtenidos por Milligram indica que los mecanismos psicosociales de la obediencia se rigen por patrones que trascienden el ámbito estricto de la lógica convencional. Entre estos patrones normativos de la conducta obediente cabe destacar los siguientes: 1) cuanto más próximo, concreto y perceptible parece el dolor de la víctima, tanto mayor tiende a ser la resistencia a la autoridad que ordena incrementarlo; 2) cuanto más cercana y vigilante permanece la autoridad en relación al agente, mayor obediencia obtiene de él; 3) cuanto más solo se halla el individuo frente a la autoridad, menos probable resulta su resistencia a la misma. Por el contrario, si es posible conformar la coalición con otros, ésta puede aumentar; 4) la “moral”, la “razón”, la “conciencia”, la “responsabilidad”, etc., individuales, ofrecen relativamente poca resistencia a la autoridad establecida en un contexto de relaciones asumido, mediante un compromiso personal con la situación, por el propio individuo.

En el sector minero es posible reconocer diferentes formas de obediencia y por su puesto se pueden distinguir algunas consecuencias del sistema organizativo jerárquico y autoritario tales como la estimulación de relaciones anales y conductas sumisas poco favorables para un desarrollo sostenible y la creación de tejido social.