JOAN MIGUEL TEJEDOR ESTUPIÑÁN^a

^a Magíster en Derechos Humanos y economista. Editor de la Revista Finanzas y Política Económica de la Universidad Católica de Colombia. Dirección de correspondencia: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, Carrera 13 N. 47-49 (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: jmtejedor@ucatolica.edu.co

Una de las preguntas que se plantean algunos académicos e investigadores economistas y los decisores de políticas económicas de los diferentes gobiernos en la actualidad es la siguiente: ¿con qué criterios distribuir los beneficios obtenidos del crecimiento económico, impulsado por los incrementos en la productividad de los factores de producción? Esto ha llevado a que los gobiernos en diferentes regiones establezcan agendas de integración y adopten políticas económicas que han afectado, tanto a la economía, como a la población en términos de equidad y justicia. Clavijo (2003) diferencia tres momentos importantes del tema de la productividad en Colombia.

El primero, en junio de 1988 y a cargo de la administración de Virgilio Barco, fundó las bases para la apertura económica. Un segundo momento se dio en la administración de César Gaviria, a mediados de 1990, donde se aceleró el proceso de apertura comercial, el cual se caracterizó por el aumento del régimen de libre importación y por ende una disminución de las políticas proteccionistas, hecho que se evidenció en el desmonte a la sobretasa de importaciones. La tercera etapa se dio en la administración de Ernesto Samper, en la cual se pasó del tema de la apertura comercial al Pacto Social, inspirado en las políticas de ingresos y salarios, aplicadas en Estados Unidos en los años setenta, y en México en los ochenta. Allí se creó una consejería presidencial con el fin de conciliar los temas salariales en relación con la productividad.

En relación con el crecimiento económico, la producción en Colombia creció a una tasa promedio de 2,6 % en el periodo 1990-2002; entre 2004 y 2011 ha crecido a un ritmo de 4,8 % (Cepal, 2012), lo cual, según Clavijo (2003), representa un desempeño pobre de la economía nacional, frente al crecimiento promedio de 5,1 % registrado entre 1950-1980. Esto nos muestra la etapa de desaceleración que sufrió la economía colombiana hasta el año 2002 y la aparente recuperación desde entonces, hasta el año 2011. Dicha recuperación se ha dado en el marco del aumento de los tratados comerciales con diferentes países y regiones como Estados Unidos y la Unión Europea, y a nivel regional con los países pertenecientes a la CAN, Mercosur y Aladi, los cuales han incrementado las importaciones de manufacturas y tecnología, y han aumentado las exportaciones de recursos minero-energéticos hacia estos mismos países.

La productividad laboral y multifactorial en Colombia entre 1950-1966 ha sido del orden de 1,6 %, entre 1967-1974 se incrementó hasta 3,2 %, luego comenzó a desacelerarse llegando entre 1975-1980 a un 0,3 %, hasta caer a -3,0 % durante los ochenta. En el periodo de 1990-2002, la productividad laboral apenas fue de 0,4 % anual, siendo una de las más bajas en América Latina. Mientras tanto, entre 1950-1980 la productividad multifactorial en Colombia fue de 0,8 % anual, y cayó a un promedio de -1,5 % entre los años 1981-2002. Según Clavijo (2003), esto es evidencia de un desempeño mediocre de la productividad nacional, comparado con los desempeños de 1,3 % de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong y el 1,2 % de Indonesia, Malasia y Taiwán, donde las políticas educativas juegan un papel fundamental.

Con relación al salario en Colombia, los estudios de Arango et al. (2004) han mostrado que el salario relativo en Colombia ha tenido incrementos significativos para los trabajadores con mayor capacitación y experiencia, y ha evidenciado detrimentos en el salario de los trabajadores con menor nivel de educación. Asimismo, la realidad en Colombia muestra cómo el sector industrial no ha generado mejoras en las condiciones laborales, mientras la flexibilización laboral, cuyo antecedente principal es la Ley 50 de 1990, ha incrementado es el número de trabajadores independientes y temporales, los cuales ven disminuido su salario al tener que asumir personalmente el pago de seguridad social. Con la aplicación de la Ley 789 de 2002, trabajadores y trabajadoras redujeron sus ingresos, debido al recorte de pagos de horas extras, festivos, dominicales y recorte de la jornada nocturna. Con la Ley 797 de 2003 se aumentaron las semanas de cotización al sistema de pensiones², hecho que prorrogó la jubilación de muchos trabajadores.

La cotización individual, además de reducir los ingresos reales de la población, aleja su posibilidad de acceder a una jubilación, mientras estos montos benefician a los fondos de pensiones privados y al sector financiero, quienes a pesar de la crisis mundial acumulan ganancias multimillonarias. Por otro lado, la reducción de contratos de trabajo y el aumento de formas precarias de vinculación laboral, como las cooperativas de trabajo asociado, han deteriorado la calidad del empleo en Colombia; desde 2002 se han creado 1.923 nuevas cooperativas con cerca de 350.000 empleados. En 14 años, entre 1992 y 2006, se redujo en un 40 % el número de trabajos permanentes en el sector industrial; en contraste, los contratos temporales aumentaron un 192 % en el mismo periodo. En el sector manufacturero, la reducción del trabajo permanente es de 10 % en apenas seis años, entre 2001 y 2007 (Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo y secretaría técnica corporación cactus, 2010).

La alta tasa de informalidad en el empleo se evidenció en 2009 con un 57,7 %, lo cual causó precariedad en los ingresos y falta de acceso a derechos como la seguridad social. Preocupan algunas situaciones violatorias del derecho al trabajo denunciadas por la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que viola el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, y la discriminación en el acceso al empleo por condiciones de raza, color y origen social. El informe aclara que estos indicadores son más alarmantes en algunos departamentos.

A pesar de que el salario mínimo en Colombia en 1991 era de $51.720; en 2001, de $286.000, y en 2013 es de $589.500, pasó de tener un aumento del 26,07 % en 1991 a un 4,02 % en 2013. Si analizamos estas cifras de manera real, con relación a la inflación y a la devaluación del peso en las últimas dos décadas, el salario real se ha mantenido e incluso ha sido menor que en los periodos anteriores. Los anteriores datos muestran cómo la productividad de los factores en Colombia no ha sido significativa en comparación con otros países, y que además no ha generado las condiciones de igualdad social promulgadas en los acuerdos comerciales, dado que no se han distribuido los beneficios de la producción al total de la población. Este aspecto se evidencia en el aumento de las utilidades de las empresas que exportan productos a Colombia, obtenidas por los beneficios otorgados en los tratados de libre comercio. Mientras que la inversión extranjera no ha sido un factor importante en la innovación de las empresas (Echevarria et al., 2006), muchas empresas multinacionales se encuentran explotando gran cantidad de recursos minero-energéticos, los cuales son devueltos a Colombia en forma de productos con alto valor agregado, incrementando sus utilidades en grandes proporciones, en detrimento de los ingresos de los trabajadores.

Los anteriores datos muestran cómo la productividad de los factores en Colombia no ha sido significativa en comparación con otros países, y que además no ha generado las condiciones de igualdad social promulgadas en los acuerdos comerciales, dado que no se han distribuido los beneficios de la producción al total de la población. Este aspecto se evidencia en el aumento de las utilidades de las empresas que exportan productos a Colombia, obtenidas por los beneficios otorgados en los tratados de libre comercio. Mientras que la inversión extranjera no ha sido un factor importante en la innovación de las empresas (Echevarria et al., 2006), muchas empresas multinacionales se encuentran explotando gran cantidad de recursos minero-energéticos, los cuales son devueltos a Colombia en forma de productos con alto valor agregado, incrementando sus utilidades en grandes proporciones, en detrimento de los ingresos de los trabajadores.

Esta situación nos muestra de qué manera los niveles de productividad laboral y multifactorial en Colombia, junto con las políticas comerciales, laborales y salariales, no han sido suficientes para generar una igualdad social y por ende un respeto hacia los derechos humanos, en este caso de la mayoría de la población trabajadora del país. Desde 2008 con el diseño del Conpes 3527³, se aprobó para Colombia la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la cual está en pleno proceso de aplicación y de la que se espera obtener los mejores resultados. Dicha política se presenta como todo un reto para mejorar las condiciones, tanto laborales de los trabajadores, como del desarrollo de la economía nacional y su competitividad a nivel mundial, teniendo presente la sostenibilidad ambiental como factor fundamental.

En esta medida, lograr los aumentos de productividad que generen condiciones de igualdad para la sociedad colombiana es un trabajo que tiene que ser construido por los diferentes sectores y actores de la economía nacional, y en el cual se debe dar la importancia a la soberanía nacional, y en el marco de los tratados de libre comercio, replantear lo negociado de manera que se beneficie en mayor medida la economía colombiana y sobre todo su población.

² En Colombia, para tener derecho a la Pensión de Vejez, el ciudadano debe reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. Desde el 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre; 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 (Ver: Ley 797, 2003). Volver

³ Este documento elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica, plantea los siguientes 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad. Volver

REFERENCIAS

Arango, L., Posada, E. y Uribe, J. (2004, julio). Cambios en la estructura de los salarios urbanos en Colombia (1984 - 2000). Borradores de Economía, 297, 1-18. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra297.pdf

Clavijo, S. (2003, enero). Crecimiento productividad y la "nueva economía": implicaciones para Colombia. Borradores de Economía, 228, 1-37. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/borrador-228

Colombia, Congreso de Colombia (1990). Ley 50 de 1990, "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones". Bogotá.

Colombia, Congreso de Colombia (2002). Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo". Bogotá.

Colombia, Congreso de Colombia (2003). Ley 797 de 2003, "Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales". Bogotá.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2012). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2008). Documento CONPES 3527. Política nacional de competitividad y productividad. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Echevarría, J., Arbeláez, M. y Rosales, M. (2006, febrero). La productividad y sus determinantes: el caso de la industria colombiana. Borradores de Economía, 374, 1-36. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf

Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo y secretaría técnica corporación cactus. (2010). Informe Alterno al Quinto Informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bogotá: Gente Nueva Editorial.