Con una superficie que cubre 1,14 millones de kilómetros cuadrados, Colombia es el cuarto país más grande de América del Sur. Con alrededor del 14% de la biodiversidad del mundo, es una de las naciones con mayor diversidad ecológica. Numerosos recursos de agua dulce, la sexta área de bosque primario más grande del mundo, principalmente en la cuenca del Amazonas, y una amplia gama de recursos minerales se encuentran entre los abundantes recursos naturales de Colombia. Es el tercer mayor productor de café del mundo y sus secciones costeras albergan un número cada vez mayor de palma africana. La población de Colombia es 68% urbana y 32% rural. Cerca de cincuenta millones de personas viven en Colombia; en 2021, casi el 20% de la población colombiana vivía en el sector rural (^{World Bank, 2021}). La concentración de la propiedad de la tierra en Colombia se encuentra entre las más altas del mundo y solo es superada por Paraguay, en América Latina, en términos de desigualdad en la distribución de la tierra. El conflicto armado interno que atraviesa la nación desde hace más de setenta años ha causado y resultado en la desigualdad en el acceso a la tierra, íntimamente ligada a la pobreza rural (^{OXFAM International, 2013}).

En cuanto a la propiedad de la tierra en Colombia, el 14% de los terratenientes controlan el 80%. La propiedad de la tierra se está concentrando cada vez más; el índice de Gini, que mide la distribución de la tierra, pasó de 0,841 en 1960 a 0,885 en 2009. Colombia ocupa el puesto 11 a nivel mundial entre las naciones con peor asignación de tierras según esta estadística. El acceso a la tierra es considerablemente más difícil para las mujeres. Asimismo, se dice que la producción de biocombustibles, así como la agricultura, la silvicultura y la minería, conforman el 40% de los contratos con empresas multinacionales que se encuentran en territorio colombiano. Entre las 17 naciones de América Latina y el Caribe donde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha descubierto una importante inversión extranjera en cultivos, Colombia ocupa el quinto lugar. En un nuevo análisis, la FAO advierte sobre las tendencias que favorecen la tenencia de tierras extranjeras, las cuales son alentadas por la laxitud de la legislación interna y la falta de restricciones a la adquisición de tierras (^{PBI International, 2018}).

Muchas disputas en Colombia se centran en la tierra, y este tema afecta directamente a los campesinos e indígenas que aún viven en el sector rural. Debido a años de conflicto armado y despojos generalizados, la población urbana del país ha crecido, pero el 21% de su población todavía reside en áreas rurales y depende completamente de la agricultura para su sustento. Los alimentos son producidos por pequeños agricultores para las poblaciones urbanas en expansión, así como para los mercados de exportación en expansión, que Colombia ha construido como resultado de los 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados durante las últimas dos décadas (^{Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2022}).

Los TLC han tenido un impacto significativo en las zonas rurales, fomentando modificaciones en los procesos productivos y aumentando las importaciones de varios productos. Colombia tiene una fuerte capacidad para la producción de alimentos debido a su suelo fértil y clima diverso, pero el 28% de los alimentos que come su gente son importados. Existe gran dificultad para alcanzar los objetivos económicos y sociales descritos en los acuerdos, lo cual afecta la soberanía del Estado colombiano en lo relacionado con el uso de la tierra; además, la administración de los mercados agrícolas locales está restringida por las cláusulas de protección a la inversión extranjera que se encuentran en los TLC (^{García Sierra, 2015}).

Es pertinente mencionar que el modelo económico impulsado por el Gobierno colombiano durante las últimas décadas se ha centrado principalmente en la extracción de recursos naturales y la agroindustria a gran escala; la disputa territorial entre diferentes sectores por la distribución y uso de la tierra ha sido un problema no resuelto durante más de doscientos años de independencia. Para ilustrar cómo el modelo impulsado por el Estado durante los últimos veinte años choca con frecuencia con la perspectiva regional de lo que las propias comunidades quieren para su territorio, recientes consultas populares han sido realizadas en varias regiones del país donde las comunidades rechazan las operaciones de minería a gran escala instaladas en sus territorios.

Con una votación histórica de 11,3 millones de electores y una participación del 58,09%, Colombia eligió a Gustavo Petro como su nuevo presidente y a Francia Márquez como su vicepresidenta el 19 de junio de 2022. Esta fue una victoria sin precedentes que le dio a Colombia la oportunidad de ser gobernada por un movimiento progresista por primera vez después de más de doscientos años de gobiernos de derecha. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: "Colombia, potencia mundial de la vida", del gobierno del presidente Petro, sugiere un cambio lento y gradual de la explotación de recursos naturales como el petróleo, el carbón, el agua y la madera a favor de energías limpias y no contaminantes. Para proteger el medio ambiente y la dignidad humana, el Gobierno también tiene sugerencias para usar nuevas tecnologías, mejorar la educación y hacer avanzar la investigación y el conocimiento. El presidente Petro igualmente incluye en su Plan de Desarrollo la "Paz Total" como uno de sus principales objetivos, a fin de poner sobre la mesa a todos los actores del conflicto, con el ánimo tanto de poner fin al prolongado conflicto interno como de lograr el desarrollo humano y económico en el territorio colombiano (^{Progressive International, 2022}). El presidente Petro cree que Colombia tiene ventajas competitivas muy importantes en el sector primario y por eso es necesario impulsar tanto un modelo de exportaciones como la industrialización del sector agropecuario.

Además del problema de la distribución desigual de la tierra y el prolongado conflicto interno, los principales desafíos que enfrenta la actual administración para los próximos tres años y medio son: la ausencia de una reforma agraria equitativa, la falta de programas agrícolas efectivos y eficientes y la legislación ambiental, el mal aprovechamiento del potencial natural colombiano, la deforestación, la erosión y destrucción de los recursos forestales e hídricos. Entendiendo este problema de una manera muy integral, la actual administración podrá alcanzar las metas de promover el desarrollo humano y la capacidad agropecuaria en Colombia al llevar estabilidad social, asistencia técnica y financiamiento a casi el 20% de la población colombiana que hoy depende del sector rural; ciudadanos que podrán obtener las ganancias y beneficios del comercio internacional.

Por último, pero no menos importante, me siento honrado de presentar el actual número de la Revista Finanzas y Política Económica, que está compuesto por los hallazgos de investigación de autores de diferentes institutos y universidades de América Latina, Europa y Asia, centrados principalmente en campos relacionados con los efectos del COVID-19 en los precios y el empleo, efectos de los salarios en las inversiones de capital humano, análisis de estructura de capital, herramientas para la toma de decisiones, estudios varios sobre pobreza, empleo, desempleo e innovación en contextos particulares.