Relaciones sociales capitalistas

En el modo de producción capitalista la creación de relaciones sociales se reconoce fundada en un proceso de separación de las esferas económica, política y social, que permite mostrar las relaciones de producción despolitizadas y desprovistas de sus verdaderos intereses y contradicciones, dejando de ser entendidas como producto de la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital o de la lucha de clases, sino más bien como relaciones naturales.

Esta naturalización o despolitización de las relaciones sociales es una de las grandes ganancias del capitalismo y, según ^{Wood (2011)}, la economía política burguesa atiende su objetivo ideológico cuando trata a la sociedad como algo abstracto y la producción como parte de leyes naturales eternas e independientes de la historia introduciendo las relaciones burguesas también como naturales e inviolables. Desconocer la historia de las relaciones sociales en el capitalismo sería ignorar el papel ideológico que ha creado un tipo de relación entre las personas, entre las clases sociales y entre estas con los medios de producción. Se acepta la dependencia del mercado, la disponibilidad para la venta de la fuerza de trabajo, la flexibilidad laboral y la expropiación de derechos.

Al contrario de lo anterior, en este texto se entiende la estrecha asociación entre el modo de producción económico con el tipo de relaciones sociales y la disposición del poder en una sociedad. ^{Wood (2011)} señala, comentando a Marx, que el modo de producción no es un fenómeno económico sino también uno social que crea las relaciones necesarias para mantener el control sobre la producción y la apropiación; específicamente, la autora señala que "la base productiva en sí misma existe sobre el aspecto de formas políticas, sociales y jurídicas, en particular, formas de propiedad y dominación" (29).

La producción como actividad social permite subordinar las relaciones sociales al modo de producción econó-mic0, por tanto, la disposición del poder y las formas jurídicas son mecanismos que mantienen una cierta relación social funcional, es decir, apropiada para la explotación y la acumulación capitalistas. De ahí que se entiendan también las políticas sociales dentro del capitalismo como parte de una formalidad jurídica que regula las relaciones capital-trabajo y luego las relaciones capital-no trabajo para mantener el orden social dentro de este modo de producción. Que las políticas sociales en el capitalismo respondan a los intereses de lucro del capital permite entender esa gran contradicción entre los objetivos formales de la protección social y la necesidad de mantener la acumulación de capital y la propiedad privada.

Específicamente, las relaciones sociales en el modo capitalista de producción se sustentan en la creación de lo que se ha venido a llamar bienes extraeconómicos (^{Mandel 1985}), que por estar relacionados con aspectos políticos, sociales o jurídicos y desligados de los asuntos económicos, cumplen el papel de ocultar las verdaderas desigualdades y contradicciones entre clases, para constituir relaciones sociales que concretan la existencia del capital, es decir, el lucro. Los bienes extraeconómicos que históricamente cumplen esta función son relacionados con la obtención de los derechos de libertad e igualdad que permitieron dar el paso del modo de producción feudal al capitalista y mantener después las relaciones sociales sin confrontar la propiedad sobre los medios de producción. Así, la libertad e igualdad fueron vistas como ganancias del individuo en su camino por mantener los derechos ciudadanos en la sociedad, sin embargo, pasaron a ser bienes jurídicos extraeconómicos que disociaban la identidad y el estatus social, facilitando la coexistencia de las desigualdades de clase. Para Mandel (1985) estos bienes extraeconómicos dan una apariencia de libertad e igualdad a las verdaderas relaciones de dependencia y sujeción económica:

El gobierno del capital se distingue de todas las formas pre-capitalistas de gobierno por el hecho de no basarse en relaciones extraeconómicas de coerción y dependencia, sino en relaciones libres de intercambio que disimulan la dependencia y la sujeción económica del proletariado (separación entre medios de producción y subsistencia) y le dan una apariencia de libertad e igualdad. (33)

Los derechos de libertad e igualdad apropiados por la clase social dominante, la burguesía, facilitan el rompimiento con las condiciones del modo de producción feudal que no favorecía la propiedad privada ni la acumulación capitalista. Hay que tener en cuenta que, al contrario del capitalismo, en el modo feudal de producción el trabajo era impuesto sobre formas de deuda, esclavitud, relaciones tributarias, impuestos, entre otros. Más que un vínculo jurídico, entre el señor y el vasallo existía una relación de dependencia personal dada por la aceptación de un señor como protector, al cual se debía una cierta fidelidad personal pero también una contraprestación económica (^{Rodríguez 2008}). Se distingue que durante el feudalismo no existía una relación de esclavitud entre el señor y el vasallo, pero sí una relación de dependencia de la cual se busca liberar la nueva clase burguesa. Esta independencia garantizaba que la producción no fuera a parar a manos del señor feudal sino que pudiera ser mercantilizada libremente, esa libertad permitía quitar el carácter comunitario de la producción y darle uno privado. De ahí la importancia ideológica que representó para el capitalismo la separación entre la tenencia de la tierra y la condición política, lo cual dejaba sin legitimidad la propiedad de la tierra por parte del señor feudal. La proclama más visible fue entonces el trabajo libre, principio del modo de producción capitalista y soporte sobre el cual se construirían las relaciones sociales dentro de este modo de producción. Así, siendo su precursor, el feudalismo como modo de producción económico y social explica la coyuntura de la proclamación de los nuevos derechos a la libertad e igualdad. La primera de las cuales se refería tanto a la fuerza de trabajo como a la relación social predominante de esa época, el vasallaje.

La libertad y la igualdad se constituyeron como bienes extraeconómicos asociados por la ideología liberal como cualidades propias e innatas de cada individuo y, por lo tanto, universales. Sin embargo, también se reconoce que guardan una estrecha relación con el fortalecimiento de la sociedad burguesa y las condiciones sociales de reproducción del capital, particularmente, la protección de la propiedad privada. Esta última relación es evidente en el texto Sobre la cuestión judía, donde Marx contesta a la pregunta sobre lo que es la libertad, la igualdad y, agrega otro bien extraeconómico de la sociedad burguesa, la seguridad. En resumen, dice el autor, la libertad es un derecho a la propiedad privada, la igualdad es igualdad de la libertad y la seguridad es la garantía de protección de la propiedad, de la persona y de sus derechos. Estos tres como principios de la emancipación política tienen en común promulgar la individualidad de la sociedad burguesa, y, por esto, Marx los reconoce exclusivamente como derechos de esta sociedad. Para él, "la emancipación política es la reducción del hombre, por un lado, a miembro de la sociedad burguesa, a individuo egoísta independiente, y por otro, a ciudadano, a persona moral" (2010, 49).

Por otra parte, ^{Wood (2011)} señala que el verdadero objetivo de la igualdad política formal es conseguir la coexistencia entre la explotación económica y la libertad e igualdad cívica. La preocupación del ciudadano será entonces conseguir estos bienes extraeconómicos al margen de su posición en el control y propiedad sobre los medios de producción. La posición que un ciudadano ocupa en el modo de producción capitalista ya no es preocupante y mucho menos contradictoria, es una relación básicamente anulada.

Este bien extraeconómico, la igualdad política formal, representa una tarea sin precedentes para la clase burguesa que debe preservar la división entre la élite y un cuerpo de ciudadanos cada vez más activo. Esta tarea se completa con la formulación de la democracia liberal que viene a contener las potencialidades del poder popular y a ordenar la forma de representación de los ciudadanos, que sin perder sus derechos pudieran ser limitados en ellos, asegurando las condiciones de privilegio de la clase burguesa. Así, la democracia representativa es una configuración del nuevo poder de la clase burguesa que requiere del poder político para mantener su posición como propietaria sobre los medios de producción, contando ahora con el apoyo electoral de la multitud. Además de esto, se reconoce en la democracia representativa una renuncia al poder político y, por tanto, una alienación por parte de los trabajadores libres asalariados (^{Wood 2011}). En resumen, el liberalismo y la democracia liberal tienen en esencia el mismo fin: mantener los bienes extraeconómicos que anulan la contradicción del capital y conservar el poder económico con sus propias relaciones de poder que no son afectadas por condiciones políticas, jurídicas o militares de cada individuo. Como señala Wood:

La idea de "democracia liberal" solo se tornó pensable -y quiero decir literalmente pensable- con el surgimiento de las relaciones sociales capitalistas de propiedad. El capitalismo hizo posible la redefinición de la democracia y su reducción al liberalismo. De un lado pasó a existir una esfera política separada en la cual la condición "extraeconómica" -política, jurídica o militar- no tenía implicaciones directas para el poder económico, el poder de apropiación, de exploración y distribución. De otro lado, pasó a existir una esfera económica con sus propias relaciones de poder que no dependían de privilegio político ni jurídico. (2011, 201)

La autora identifica la coexistencia entre la igualdad política y la desigualdad económica y cómo las relaciones de clase entre capital y trabajo pueden sobrevivir con la consecución de derechos políticos, incluido el sufragio universal.

Políticas sociales: entre las necesidades humanas y los intereses del capital

Entendiendo que las relaciones sociales capitalistas parten de la constitución de bienes extraeconómicos que no confrontan la exploración del trabajo por parte del capital, sino por el contrario, se encuentran asociados a los intereses del capital, es posible interpretar los sistemas de protección social, incluidas sus políticas sociales, como parte de esos bienes extraeconómicos que regulan las relaciones capital-trabajo.

En general, los sistemas de protección social son interpretados como una concesión a la lucha de la clase trabajadora, sin embargo, aunque incluyeran acciones de este tipo, los sistemas de protección social no pueden dejar de entenderse como funcionales a la estabilidad del modo de producción capitalista. ^{Mandel (1985)} reconoce así un efecto contradictorio a la evolución del Estado burgués: en la medida en que aumentaban los monopolios, la sobreacumulación, la exportación de capitales, los dominios coloniales y la influencia de potencias imperialistas; surgió también una fuerte organización de la clase trabajadora, siendo, por tanto, necesario modificar el papel del Estado burgués, el cual debe configurar la nueva forma de relacionamiento social que surge dentro de este modo de producción.

Esta relación se configura por la legislación social como mediadora de la relación capital -trabajo y como contenedora de las contradicciones propias de las desigualdades de clase-. Para el autor, lo que se promueve en el Estado social no es una redistribución de la renta sino un reformismo funcional a la economía capitalista:

Todas las ilusiones subsecuentes relativas a un "Estado social" se basan en una extrapolación arbitraria de la tendencia en la falsa creencia de una redistribución creciente de la renta nacional, que tiraría del capital para dar al trabajo [...] las ilusiones en cuanto a la posibilidad de socialización a través de la redistribución no pasan, típicamente, de estadios preliminares de desarrollo de un reformismo cuyo fin lógico es un programa completo para la estabilización efectiva de la economía capitalista y de sus niveles de lucro. (^{Mandel 1985}, 339)

Este reformismo social no contempla el cambio en las estructuras de poder ni en el campo económico ni tampoco dentro de las relaciones sociales o políticas. Por el contrario, tal como se identificó dentro del proceso de legitimación de la categoría de trabajo libre, parte de la dominación capitalista consiste en mostrar esa disociación entre las esferas de la vida de las personas para facilitar la coexistencia de las desigualdades de clase y, en contraposición, la permanencia de los intereses de una clase dominante.

Para efectos de este texto, se entiende que las políticas sociales responden a la lógica capitalista y, en esa medida, sus objetivos están muy lejos de sus intencionalidades. Ian Gough plantea cómo los Estados de bienestar articulan las relaciones entre las necesidades humanas y las del capital, lo que hace de las políticas sociales una unidad contradictoria que se mueve entre mejorar el bienestar social, empoderar los individuos, ejercer control sobre las fuerzas del mercado o controlar y adaptar las personas a la forma de economía capitalista. El autor sostiene además que mientras se mantenga esta contradicción, existe la posibilidad que las necesidades del capital no ahoguen las necesidades humanas (2003, 52).

Las necesidades del capital y las humanas difieren en sus metas a alcanzar y por eso también la gran contradicción que se presenta entre la formulación, implementación y alcances de las políticas sociales. Según este mismo autor, las necesidades humanas tienen como meta la participación y liberalización, contrapuesto a las necesidades capitalistas cuya meta es la expansión de ganancias. De acuerdo con la matriz de las necesidades básicas que desarrolla Gough, las políticas estatales, económicas y sociales se identifican como un satisfactor específico del capital, es decir, el medio por el cual este satisface su necesidad básica de lucro.

Se pueden reconocer las políticas sociales como una formalidad jurídica del capitalismo mediante la cual son cedidos ciertos derechos sociales sin que queden en evidencia las desigualdades de clase o la propiedad sobre los medios de producción. Todas las políticas sociales responden en esta lógica y, quizá por este motivo, los objetivos de las políticas sociales promulgan el acceso a derechos pero cada vez más responden solamente a los intereses del capital. Como señala Boschetti:

El reconocimiento de los derechos sociales y, sobre todo, su universalización en los sistemas de protección social capitalista, sea en forma de bienes o servicios, sea en forma de prestaciones sociales monetarias, posibilitarán la mejoría en las condiciones de vida, cierta reducción de las desigualdades sociales y cierta socialización del fondo público, sin embargo, no des-mercantilizan las relaciones sociales, que continúan regidas por las relaciones capitalistas fundadas en la socialización de la producción y la apropiación privada de resultados. (2012b, 758)

Es importante destacar que según ^{Offe (1985)} el Estado de bienestar ha servido como una fórmula de paz en las democracias capitalistas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según este autor, esta fórmula consiste, primero, en la obligación del Estado de proporcionar asistencia y apoyo a los ciudadanos con necesidades y riesgos específicos en la sociedad de mercado, siendo la asistencia reconocida como una cuestión legal; y consiste también en la consideración del papel formal de los sindicatos de trabajadores tanto en la negociación colectiva como en la que se da en la política pública. Ambos componentes del Estado de bienestar limitan y mitigan los conflictos de clase, balancean las relaciones de poder entre capital y trabajo y, por tanto, ayudan a superar la condición de lucha y las contradicciones perturbadoras del pre-Estado de bienestar o Estado liberal en el capitalismo (147).

Para este mismo autor, el Estado social no es solamente una fuente de reparación de auxilios y servicios sociales, sino también, simultáneamente, es un foco de ideas inversas sobre la realidad histórica, que perjudican la conciencia, la organización y las luchas de la clase operaria. Se produce una ruptura entre el mundo social y el político, y, en consecuencia, no se forma una comprensión de la sociedad total a ser transformada (^{Offe 1991}, 125).

Las estructuras del sistema capitalista no están dentro de las pretensiones de las políticas sociales y, más bien, estas son reproducidas aun en condiciones de desarrollo económico y social. ^{Boschetti (2012)} muestra cómo los índices de crecimiento económico en algunos países de América Latina presentan estadísticas de mejoría y cómo esas cifras de crecimiento económico no revelan mejores resultados en los niveles de pobreza. El asunto sigue siendo estructural y las desigualdades sociales se mantienen independientes de las cifras de medición que son aplicadas. Para Boschetti:

Los datos no revelan la barbarie cotidiana vivida por la clase trabajadora espoliada, sin embargo, muestran que la pequeña reducción de la pobreza, aunque importante, no significa reducción de la desigualdad ni mejoría en las condiciones de vida. Es decir, las políticas económicas y sociales que generan leve aumento de rendimientos no atacan las causas estructurales de la desigualdad económica y social. [...] La desigualdad estructural que impera en América Latina y el Caribe se alimenta y se reproduce de la fuerte concentración de renta y propiedad, bajos rendimientos, elevado índice de desempleo, informalidad y precarización de las relaciones de trabajo e insuficiente e inexistente acceso a los servicios públicos, como educación, salud y vivienda. (2012a, 47)

Aunque se identifica en la actualidad un aumento en la protección social no contributiva, este proceso no se relaciona con la implementación de un modelo de desarrollo sino más bien con una función puramente económica (^{Boschetti 2012}a). Pese al aumento en las inversiones de programas de asistencia social, la intencionalidad de las políticas sociales se mantiene al servicio del capital y se identifican en una dirección hacia la privatización, la condicionalidad, la focalización, la minimización de la prevención, la exclusión de los sistemas de seguridad social, entre otros. Conforme continúa la autora, los programas de asistencia social ayudan a regular los costos de mano de obra en el mercado y a reproducir las relaciones sociales capitalistas, lejos de constituirse en un nuevo modelo de desarrollo social:

La inversión en programas asistenciales mínimos, focalizados y condicionados, aliados a la manutención del desempleo estructural y a la no inversión en políticas universales, lejos de indicar un nuevo modelo de desarrollo social, es una estrategia útil al capitalismo para regular el mercado a bajo costo. La fuerte tendencia en América Latina y el Caribe de adoptar los programas de transferencia de renta nada más es una forma de minorar la pobreza y la indigencia, absolutamente necesaria para reproducir las relaciones capitalistas. Lejos está, por tanto, de constituir un nuevo modelo de desarrollo social. (54)

No en vano se identifica una tendencia de desigualdad en la redistribución de renta tanto en países desarrollados como en aquellos identificados como en proceso de desarrollo. Las estadísticas revelan que la percepción de ingreso del 1 % más rico en los Estados Unidos pasó de recibir el 9 % del total de la renta en el año 1979 para recibir el 24 % en el año 2007, y para el 2009-2010 el ingreso del 1 % de mayor ingreso creció un 31,4 % frente al 0,4 % del 99 % de las franjas de ingreso inferior. Para el caso europeo, en este último periodo, el crecimiento del ingreso fue de 10 % en la franja de los más ricos, en cuanto el 10 % de los más pobres perdió participación en la concentración de renta. Para el autor, en estas condiciones es difícil imaginar oportunidades reales para los menos favorecidos, una competitividad justa o por lo menos igual y capacidades que sean diferentes a la disputa en la venta de la fuerza de trabajo (^{Dubois 2014}).

El mismo autor señala que esta desigualdad en la acumulación de los ingresos "no es obra de la mano invisible del mercado", al contrario, es resultado de la adopción consciente de políticas que favorecen los sectores más ricos. Se identifican dos factores que permiten explicar la materialización de la desigualdad en la concentración de renta: primero, la reducción de la carga fiscal para rentas más altas y, segundo, los cambios en la estructura de las remuneraciones en el trabajo, evidente en el aumento de la productividad sin incremento de los salarios.

En el caso de América Latina la situación no deja de ser similar. Según datos de la CEPAL (2012), para el año 2011 los niveles más altos de concentración de renta se percibieron en países como Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, donde las proporciones de concentración del ingreso se aproximan al 40 % para los más ricos y entre el 11 % y 15 % para los más pobres. Este informe habla de una "persistencia de altos grados de desigualdad en el ingreso", sin dejar de mencionar que la región, a partir de inicios del año 2000, reporta una disminución en el índice de Gini en al menos el 1 % anual en 9 de los 17 países de la región. Esto también sin olvidar mencionar que otros países presentan un aumento en la concentración de ingresos en relación al año inmediatamente anterior.

Se reconoce también que cada vez más la expansión capitalista obliga al Estado en el cumplimiento de funciones para la extracción de más valor y mantener la producción de relaciones sociales. Así, el Estado cumple inicialmente unas funciones mínimas en la producción de relaciones capitalistas, tales como, igualdad y libertad de troca; protección del derecho de propiedad; cumplimiento de contratos; preservación de la movilidad; regulación de la competición capitalista y los conflictos de intereses entre estos mismos. Sin embargo, la devolución de derechos sociales, la privatización y la transferencia de mercancías son procesos incentivados ahora por el Estado, en lo que se conoce como acumulación por espoliación, de tal manera que se libera el mercado y se desvalorizan los activos (incluidos la fuerza de trabajo) para dar al capital las condiciones de apropiarse de ellos y darles uso lucrativo. Para el autor, esta transición acontece necesariamente con la adopción de una nueva forma de entender el poder del Estado, siendo la teoría neoliberal y la política de privatización asociada a esta las que permiten este cambio en el proceso de acumulación capitalista (^{Harvey 2004}).

En otra categorización, para Virginia ^{Fontes (2010)} esta expansión de las relaciones sociales capitalistas, el "suelo social" de este sistema de producción, se da por un proceso de expropiación primaria o secundaria. La primera corresponde con una expropiación "original de grandes masas campesinas o agrarias convertidas de buena bondad (atraídas por las ciudades) o no (expulsadas, por razones diversas de sus tierras, o incapacitadas de mantener su reproducción plena a través de procedimientos tradicionales, en general agrarios)" (44) y la segunda, animada por el capitalismo imperialista, en la cual se "dispone de los trabajadores para el mercado, imponiendo nuevas condiciones y abriendo nuevos sectores para la extracción de más valor" (54). La reciente privatización de empresas públicas es asociada por la autora con la expropiación secundaria por la incidencia que tienen sobre bienes de tipo colectivo y la extinción de derechos con las nuevas modalidades contractuales, como subcontrataciones, tercerizaciones o los voluntariados que promueven las grandes empresas.

Estas respuestas para la expansión de capital también son evidentes en el papel asumido por el Estado en relación al funcionamiento del fondo público. Cabe aclarar que este último se forma por un proceso de punción compulsoria (impuestos, contribuciones e impuestos) resultante de la mayor-valía socialmente producida, es decir, es parte del trabajo excedente que se transforma en lucro, intereses o renta de tierra y que es apropiada por el Estado para múltiples funciones. Así, el fondo público favorece la reproducción del capital de dos maneras: volviendo a sus segmentos en los momentos de crisis y con la reproducción de la fuerza de trabajo en la implementación de las políticas sociales (^{Behring 2010}, 20).

Para ^{Oliveira (1998)} la formación del sistema capitalista es impensable sin la utilización de recursos públicos, siendo este una condición ex-ante para la reproducción del capital. El fondo público es considerado como estructural e insustituible en el proceso de acumulación. Este autor señala una serie de financiamientos para la acumulación capitalista a través del fondo público, esa vía de vuelta a sus segmentos, entre las que se destacan: recursos para ciencia y tecnología, subsidios para la producción, para sectores de punta, amplia militarización, sustento a la agricultura y al mercado financiero y de capitales a través de bancos y fondos estatales; siendo la deuda pública una de las formas que sustentan esta valorización del capital.

Discurso del social-liberalismo

Los alcances de las políticas sociales no pasan de una formalidad jurídica, como se ha venido señalando, y en esta tarea por ocultar la intencionalidad y magnificar los objetivos formales de las políticas sociales, entra en juego el papel ideológico del capitalismo para legitimar su forma de dominación a partir de los discursos que justifican ciertas ideas y prácticas. Ya fue señalado anteriormente, como ^{Harvey (2004)} relaciona la teoría neoliberal y su política de privatización como la nueva concepción que le permite al Estado mantener los cambios en el proceso de acumulación capitalista.

En particular, se refiere en este texto a los aportes de ^{Castelo (2012)} para entender cómo esta ideología neoliberal ha hecho uso del discurso del social-liberalismo para intentar resolver las tensiones intensificadas de la cuestión social y de la lucha de la clase trabajadora. Para el autor, las tesis contemporáneas sobre la cuestión social son una forma de intervención teórica y práctica de las clases dominantes aunque "a primera vista el social-liberalismo parecía una súbita tomada de conciencia social de las clases dominantes frente a la degradación del mundo del trabajo y del medio ambiente" (47).

El autor presenta la experiencia brasilera para mostrar la reproducción de la ideología social-liberal al servicio del capitalismo, siendo los círculos académicos un foco de propagación de esta ideología. Castelo identifica cómo los intelectuales asociados a la tradición del social-liberalismo fueron formados en escuelas de economía, con doctorados en universidades estadunidenses y luego ocuparon importantes cargos en sectores públicos y centros de investigación en Brasil. Esta situación privilegiada permitió legitimar esa ideología y encontrar un camino para direccionar una nueva forma de interpretar las políticas sociales y el desarrollo económico. En palabras de Castelo:

Las trayectorias académicas y profesionales de los principales intelectuales del social-liberalismo, marcadas por premios y distinciones universitarias y por la ocupación de altos puestos en el Estado brasilero en el ámbito federal, estadual y municipal, los acreditaron como interlocutores del debate respecto a la naturaleza de la "cuestión social" y del enfrentamiento a sus expresiones. Sus ideas conquistaron, con apoyo decisivo de los oligopolios de comunicación, espacio en los principales foros nacionales del debate sobre la "cuestión social", confiriéndoles más legitimidad y credibilidad frente a la opinión pública. Todo eso dentro de una estrategia mayor de transformar su sistema de ideas en una efectiva potencia práctica, esto es, en una ideología capaz de orientar los caminos de la política social y definir el norte del desarrollo económico. (2012, 48)

Las características más distintivas de esta nueva ideología de la "cuestión social" pregonan las falencias de las estructuras económicas y las debilidades en la distribución de la renta, pero hace parte solamente de la formalidad del sistema de protección social y sus prácticas no cambian esas condiciones de pobreza consideradas como fundamentales. Esta ideología social-liberal, considerada por el autor como "miseria ideológica" se destaca por algunos elementos discursivos que predominan en la formulación de las políticas sociales, entre los cuales se encuentra: asociar la desigualdad en la distribución de renta, a factores sociales y factores natural-genéticos; responsabilizar las instituciones educacionales por el desarrollo del capital humano, volcando la educación como una causa de la desigualdad y la pobreza; vincular las remuneraciones salariales como consecuencia de la formación y cualificación profesional; entender que la distribución de ingreso se da por la vía de las políticas sociales; y proponer medidas de mejoramiento de las políticas sociales orientadas en acciones puramente administrativas, tales como, focalización, evaluaciones de impacto y coordinación de programas.

En la práctica, estos discursos se reflejan en el impulso de la educación como medio de superación de la exclusión y el impulso de microcréditos, manteniéndose desde luego intactas las relaciones sociales del modo de producción capitalista. Como concluye Castelo:

El patrocinio de la igualdad de oportunidades vía educación y expansión de microcréditos en el Brasil sería la forma de intervención del Estado en la "cuestión social" divisada por el social-liberalismo, pues tales intervenciones no atentarían contra la libertad individual de los ciudadanos y los mecanismos básicos de regulación mercantil, ni mucho menos estimularía la lasitud de la clase trabajadora, preconcepto repetido desde las formulaciones conservadoras de las Poor Laws inglesas en la transición del feudalismo al capitalismo y que no cesa de reaparecer en versiones modernas. (2012, 62)

Se reconoce que la ideología social-liberal reorganiza una nueva forma de concepción de las políticas sociales, en consonancia con las globales del Banco Mundial, el cual desempeña un papel crucial en la legitimación de las concepciones de pobreza, desarrollo y, en general, de la cuestión social y sus formas de intervención por medio de las políticas sociales. De esta influencia se destaca la promoción de las agencias individuales como parte de la filosofía de las políticas sociales capitalistas, las cuales reviven la responsabilidad individual que cada uno tiene sobre sus condiciones de vida y el papel marginal que el Estado debería desempeñar frente a estas. Lo importante sería "el ofrecimiento de condiciones sociales básicas para que los agentes individuales conquisten su lugar en la competitividad del mercado libre" (^{Maranhão 2012}, 95). En este mismo sentido, se señala también que esta ideología, adoptada de los postulados del economista Amartya Sen, no contempla el combate a la desigualdad económica o la pobreza por medio de la redistribución de la renta o la intervención en la estructura de la propiedad.

Este raciocinio fundado en las capacidades individuales como responsables de la inclusión de los individuos en la sociedad se conoce como darwinismo social, y hace parte de la ideología dominante en la sociedad burguesa, lo que explica las motivaciones en negar la asistencia social y promover la ética del trabajo (^{Behring y Boschetti 2012}, 5).

Claramente, estas concepciones reflejan la expansión de la ideología liberal apropiada por los neoliberales, que se puede resumir en la primacía del mercado sobre el Estado y de lo individual sobre lo colectivo. Por consiguiente, se configura un Estado mínimo y el mercado como el mejor mecanismo para satisfacer necesidades (^{Draibe 1993}, 83). Lo anterior explica los sucesivos ataques estructurales a los sistemas de protección social que, según Boschetti, son el medio por el cual se refuerza la acumulación de capital. La autora señala una serie de reformas en el caso europeo dadas desde el año 2002 dentro de los sistemas de protección social y que son fácilmente perceptibles también en el caso de América Latina. Entre las reformas citadas se encuentran (Palier, citado por Boschetti 2012b, 781):

Como se observa, la privatización es uno de los componentes más importantes de estas reformas mencionadas, siendo una medida que le permite al Estado entregar las funciones dentro de la protección social que antes cumplía, pero también y, lo más importante, entregar rentabilidad de lo social a los intereses del capital.

Para concluir

Las políticas sociales en el modo de producción capitalista tienen una función para la manutención de las relaciones sociales de este modo de producción. El Estado es el defensor de dicho relacionamiento entre capital y trabajo al promover los sistemas de protección social más en la defensa de los intereses del capital y de su necesidad de lucro.

Aunque no se niega la cobertura estatal en las políticas sociales, su papel no cuestiona las estructuras económicas, la desigualdad en la distribución de la renta ni la acumulación capitalista, más bien las reproduce, al dar al capital la administración de lo social y mantener los intereses privados por encima de los colectivos. El Estado de bienestar es necesario para contener la insatisfacción respecto al funcionamiento del modo de producción y por eso para el capitalismo puede ser promovido en cuanto no afecte sus intereses.

Estas contradicciones entre las políticas sociales en la sociedad capitalista son el reflejo de las que se presentan en un modo de producción donde convive esa correlación de fuerzas. El predominio de una o de otra depende de la prevalencia de los intereses de clase.