El libro analiza los impactos ocasionados por la violencia política en sectores de la población rural, la cual se vio obligada a trasladarse a Bogotá entre el 2002 y el 2005, en una dinámica de movilidad que el autor define como trashumancia, por el hecho de haber tenido que reconstruir sus vidas y reinventado sus espacios y redes sociales en varias oportunidades. No se trata, sin embargo, de una mirada que, siguiendo ciertas interpretaciones convencionales elaboradas sobre los desplazados, termine revictimizándolos. Todo lo contrario. La apuesta del libro es centrar la atención en las acciones desplegadas por esos hombres y mujeres en la capital del país, para tratar de sobrevivir y hacerse escuchar, destacando su papel de forjadoras y forjadores, porque, como lo señala el autor, a pesar de sobrellevar todo el peso de la desigualdad y la inequidad, estas personas tejieron nuevas relaciones sociales y "fueron protagonistas de procesos cruciales de urbanización y recomposición en las periferias de pequeñas y grandes ciudades tales como Bogotá" (13).

En esos términos, el desplazamiento forzado contiene pistas que sirven para identificar y comprender los itinerarios vitales y las estrategias de reconstrucción emprendidas por las víctimas de la violencia política, ya que, si bien aquel impuso una movilidad destructiva que desarticuló organizaciones sociales y familiares, también forjó en las personas una experiencia valiosa al tener que tejer nuevas redes sociales y políticas a nivel municipal, regional y nacional. De ahí que el argumento central del libro indique que el desplazamiento forzoso no debe analizarse únicamente como crisis humanitaria o solamente en términos de un proceso traumático.

Para demostrar ese planteamiento el autor acudió a diversas estrategias investigativas -lectura crítica de literatura especializada, entrevistas, talleres grupales, etnografía, visitas a barrios en Bogotá y otras ciudades-, las cuales pudo articular desde su experiencia en el Centro de Atención al Migrante, programa de la Arquidiócesis de Bogotá orientado a atender a la población desplazada en la ciudad. De especial valor fueron las entrevistas realizadas a los desplazados, a delegados de la Coordinación Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado de la Defensoría del Pueblo y a defensores de Derechos Humanos relacionados con el tema. También fueron fundamentales los ciclos de talleres que organizó con líderes pertenecientes a la ONIC, a la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y al proceso de Comunidades Negras (PCN), así como con quince líderes pertenecientes a los grupos étnicos kankuamo, pijao, inga, nasa y uitoto. Estos talleres, como lo indica el autor, le permitieron informarse de la biografía de las personas desplazadas, antes y después del desplazamiento, y de las circunstancias que debieron afrontar en Bogotá, identificando las estrategias de supervivencia y relacionamiento social que ellos desplegaron.

El libro consta de cinco capítulos que se acompañan de una introducción y unas conclusiones. En el primer capítulo, "Cartografías históricas de guerra", se argumenta que el desplazamiento forzoso -entendido como una tecnología de poder- fue empleado por actores armados para crear dominios móviles y temporales, así como para convertir a los jóvenes en combatientes y colaboradores. Si bien el autor reconoce que el desplazamiento forzoso es un hecho de vieja data en la historia del país, especial atención le merece el periodo comprendido entre el 2002 y el 2005, al considerar que durante esos años el desplazamiento se convirtió en una efectiva tecnología de sometimiento y expulsión empleada particularmente por elites políticas y económicas, motivadas, en parte, por la posesión de tierras y sus recursos.

Desde 2002, según el autor, las proporciones del conflicto armado modificaron radicalmente la geografía y la demografía del país, acompañado de tres procesos políticos: el Plan Colombia -que comenzó en el 2004-, la desmovilización y reintegración de los grupos paramilitares como un capítulo de impunidad, y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos -firmado en 2006-. Estos tres procesos "alimentaron la guerra por la explotación de los recursos y aceleraron las transformaciones radicales que el paisaje y la demografía tuvieron lugar en Colombia en la última década" (62).

Para hacer explicita la interpretación, el autor refiere la configuración de una geografía de la guerra, conformada por regiones que se vieron afectadas por el reordenamiento laboral, demográfico y económico a gran escala. Detrás de esta geopolítica de la guerra, hubo un relevo de poder que condujo a los paramilitares a dominar territorios previamente controlados por grupos guerrilleros. Justamente, de algunas de esas zonas provenían las personas desplazadas a quienes el autor conoció y entrevistó: Magdalena Medio y sur de Bolívar; Sierra Nevada de Santa Marta; región de la costa pacífica; Urabá y Bajo Atrato; el sur de la costa del Pacifico; el corredor entre Tolima-Huila y Meta-Caquetá; el corredor del Catatumbo; la región del Cauca; y el oriente antioqueño. En estas regiones el desplazamiento fue usado por grupos insurgentes, así como por fuerzas paramilitares aliadas a las elites regionales, como verdaderas geopolíticas bélicas que buscaban el enriquecimiento derivado de la producción, el procesamiento y comercialización de la coca, el tráfico de armas, la economía extractiva y las agroindustrias a gran escala (81).

En el segundo capítulo, "Victimas y movilidad", el autor analiza el desplazamiento forzado como una de las técnicas de disciplinamiento y sometimiento que más han impactado las trayectorias y biografías de la población joven rural colombiana. Allí se argumenta que el desplazamiento no solo fue un evento violento, sino además un proceso brusco de incorporación de las poblaciones a la Nación, que implicaba la articulación de quienes estaban migrando con aquellas personas que quedaban atrás, al igual que la creación de una nueva y densa red de lazos sociales y políticos que se establecían con sus trasegares.

En este punto el autor se apoya en las entrevistas para identificar las técnicas de represión, persecución, vigilancia, amenaza y terror a las que fueron sometidas las personas desplazadas, encontrando, paradójicamente, que los hombres y mujeres víctimas del desplazamiento "expresaban y concebían su dolor no como un trauma inscrito en sus vidas de forma indeleble, sino como una prueba que los fortalecía y los vinculaba, bruscamente, con organizaciones políticas, agencias estatales y con nuevos desafíos" (83). Este comportamiento le permite a Salcedo establecer que el trauma ocasionado por el desplazamiento forzado no era interpretado por sus víctimas como patología, sino como una reestructuración en sus vidas.

Enseguida efectúa una lectura crítica de los programas de asistencia del Estado colombiano entre el 2002 y el 2004, señalando que con dichos programas se

creó una política del dolor que apelaba a preceptos cristianos como la conmiseración y la solidaridad, y veían a los desplazados internos como personas necesitadas y no como sujetos a quienes se les debía indemnizaciones y reparaciones, tal como se indicaba en la Ley 387 de 1997. (84)

En la misma dirección, el autor somete a critica los enfoques psicosociales que estuvieron en boga entre el 2000 y el 2005, los que, a su juicio, despolitizaba los efectos del desplazamiento forzado y definían los sentimientos de tristeza y depresión como condiciones permanentes de las personas desplazadas (107). Sin embargo, Salcedo observó que los trasegares de las personas desplazadas no estaban marcados por la desorientación, como lo afirmaban los reportes humanitarios, y que además aquellas personas no solo se oponían a la victimización, buscando deshacerse de la estigmatización de la cual eran objeto, sino que emprendían procesos sociales y económicos para recomponer sus vidas. Como ejemplo, el autor demuestra que los

grupos de afrochocoanos contactaron organizaciones transnacionales 259 y nacionales, y reactivaron redes con parientes cercanos que vivían o trabajaban en Bogotá, con el fin de hacerle frente a las sangrientas masacres y acciones militares y paramilitares que habían afectado la costa del Pacifico desde 1996. (114)

En el tercer capítulo, "El lugar de antes", el autor reflexiona sobre la forma como los desplazados referían las nuevas temporalidades y espacialidades que debieron asumir, para hacer frente a las condiciones en que se encontraban. Aquí somete a critica la noción de lugar de origen, empleada recurrentemente por la bibliografía especializada que aborda el tema del desarraigo y el desplazamiento, y propone emplear el término lugar de antes, "para aludir a las narrativas que recogen los recuerdos afectivos y sensoriales, y los sentimientos de estabilidad y unidad de estas personas" (125). De igual manera, propone usar el término lugares de memoria para referirse a las descripciones que, desde el presente, realizaban las personas en situación de desplazamiento "sobre los lugares que en el pasado constituían recursos importantes de riqueza, trabajo, progreso y elementos de identidad" (126).

Como pudo comprobar el autor a través de las entrevistas y los talleres con desplazados, estos consideraban que la ausencia de sus propiedades -las cuales estaban conectadas a las prácticas del pasado- era un tema crucial. El mundo material y la memoria, en esos términos, hacían parte de una cosmología imaginada que le permitía a las personas observarse a sí mismas, en relación con su experiencia de desplazamiento, al igual que con sus anteriores y actuales lugares de residencia. Así, la manera de recordar implicaba un proceso de idealización del pasado con un evidente propósito integral de reconfiguración identitaria (127).

En el cuarto capítulo, "Estado, tierra y reconocimiento", se reflexiona sobre el discurso empleado por las organizaciones indígenas y afrodescendientes desplazadas para hacer validos los derechos contenidos en la Constitución de 1991. Para tal fin, Salcedo echa mano nuevamente del material recogido en los talleres realizados con indígenas kankuamo, pijao y nasa, así como con mujeres afrocolombianas. Aquí el autor busca demostrar que la adopción de nuevos discursos redefinió la agenda política de los movimientos étnicos en Colombia. En efecto, y teniendo presente una mirada histórica de los movimientos campesinos y étnicos, es posible establecer que hubo un cambio discursivo en estas expresiones sociales. De un antiguo reclamo por las tierras, donde las relaciones de clase eran cruciales, se pasó a un discurso de defensa de la cultura y el territorio, que rechazaba la guerra interna alimentada por el capital transnacional, que estaba ligado al extractivismo y a los monocultivos (163). Estos nuevos discursos, se concluye en el capítulo, redefinieron las agendas políticas de los movimientos étnicos en el país.

Finalmente, en el quinto capítulo, "Ciudad y Reconstrucción", el autor analiza las diversas "prácticas de reinserción" de los desplazados en la ciudad, como su incorporación a la economía informal, a los negocios domésticos unipersonales y las actividades microempresariales, derivadas de programas estatales de asistencia. Al respecto, se demuestra que los desplazados no solo adoptaron una combinación de formas de subsistencia, sino que eso les permitió, en muchos casos, tender puentes sociales entre comunidades rurales y urbanas en el marco de un vasto y estratificado mundo de contactos; lo anterior, demandó activar y ampliar sus redes de paisanaje y parentesco, así como sus esferas de actuación política.

Por otro lado, los reasentamientos originados como producto del desplazamiento forzado, en vez de entenderse como procesos de transición entre dos mundos -uno rural y el otro urbano-, hacían parte de una "interfaz urbano-rural en la cual los migrantes pasaban de la marginalidad rural a ser participantes o agentes políticos de nuevos espacios de actuación" (206). No obstante, el autor prefiere emplear el término reconstrucción en lugar de reasentamiento, para enfatizar en "la capacidad renovada para recomponerse socialmente después del desplazamiento y de organizarse políticamente contra los efectos devastadores de la guerra" (208). Este término permitiría, en efecto, enfatizar en los compromisos prácticos y en la producción de espacios por parte de la población desplazada, en donde se incluyen los esfuerzos por recomponer lazos y obligaciones de parentesco, a la vez que se mostraría el deseo de imaginar alternativas a las situaciones de escasez, negociar las identidades y crear nuevas formas de filiación.

Aquí aparece el tema de la autenticidad cultural, presente en grupos indígenas y afrocolombianos, vista como un recurso favorable para hacer valer sus derechos étnicos en la ciudad. Si bien Salcedo destaca que, en este caso, la tradición cultural fue un elemento clave en los grupos mencionados para obtener mayor atención y tramitar recursos institucionales, no duda en reconocer que, en algunos casos, esto se dio no sin tensiones, modificaciones o readaptaciones, registrándose así una especie de "negociación identitaria" (238).

Víctimas y trasegares reúne diversos aspectos -problema, enfoque, metodología- que le otorgan un especial valor. La crítica formulada a los discursos sobre victimización y desplazamiento entre el 2002 y el 2005, es, además de razonada, esclarecedora de lo ocurrido con dicha población -para el caso de Bogotá- y demostraría los límites de posibilidad de las políticas agenciadas desde el Estado y organismos humanitarios internacionales para atender el drama del desplazamiento forzado en el país. Salcedo resalta que, paradójicamente, los discursos oficiales sobre la población desplazada tendían a agudizar los niveles de estigmatización social de la población desplazada e iban en contra de lo que estaba ocurriendo en los lugares donde se había asentado esta población, en los cuales se promovían estrategias para salir adelante, por medio de la reconfiguración de identidades, el tejido de redes sociales y la promoción de proyectos económicos. Si por un lado los discursos de asistencia humanitaria creaban la dependencia por parte de los desplazados a un poder institucional, por otro lado, como lo constató el autor, los desplazados en Bogotá dieron origen a nuevas posibilidades de autogestión y acción en red, a la par que trabajaron en el fortalecimiento de la autoestima y la recuperación emocional.

Precisamente, otro aspecto que otorga importancia al estudio tiene que ver con la reivindicación de los desplazados internos como actores capaces de sobreponerse a las heridas ocasionadas por la guerra y de construir nuevos lazos laborales y sociales en las ciudades a las que arribaron. Contrariando una extensa literatura especializada que suele mostrar a los desplazados como grupos debilitados internamente, sin capacidad para diseñar estrategias que les permita salir adelante, este estudio demuestra que la situación fue distinta en los casos analizados, sobresaliendo la experiencia de personas desplazadas -por ejemplo, afrodescendientes o indígenas de varias etnias- que adoptaron papeles especiales en los procesos de adaptación y reconfiguración de sus relaciones con la ciudad, acudiendo en muchas ocasiones al uso de su cultura política.

Finalmente, este estudio da luces para entender el proceso de poblamiento que registró la ciudad de Bogotá en las últimas décadas, el cual estuvo ligado en gran parte a la dinámica del conflicto armado. El análisis sobre las estrategias de los grupos rurales para ubicarse en la ciudad -en donde se destaca el papel de las identidades culturales- permite entender la complejidad social y cultural que caracteriza hoy a la capital del país. Esto puede conectarse con el estudio del sociólogo Camilo Torres Restrepo¹ sobre los efectos socioculturales de la violencia política de los años cuarenta y cincuenta en las áreas rurales, y su correlato en los contextos urbanos. Esta lectura de Torres Restrepo, pionera en el área de la sociología rural, sirvió para que el también sociólogo Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez retomara la reflexión sobre los impactos de la violencia y planteara la existencia de un fenómeno que denominó ruralización sociológica de la ciudad, develando con ese concepto los impactos sociales y culturales -prácticas culinarias, lenguajes, festividades, etc.- registrados en ciudades como Bogotá, como producto de las permanentes oleadas de población rural². En cierto modo, la lectura de Andrés Salcedo recupera o se inscribe en esos análisis formulados desde la sociología, enriqueciéndolos con nuevas preguntas y reflexiones, demostrado que la población desplazada también contribuyó a hacer ciudad.

Por lo anterior, se puede afirmar que el libro de Andrés Salcedo viene a modificar, de manera sustancial, la percepción que se ha tenido de los desplazados en Bogotá -y seguramente de otros lugares del país-, producto, como ya se indicó, de la puesta en escena de discursos oficiales y de organismos humanitarios cargados de miradas lastimeras de esa población y de prácticas asistencialistas que, en ultimas, agudizan la condición crítica de aquellos. Para profesionales de áreas del conocimiento como Trabajo Social, el estudio se convierte en un referente investigativo ineludible, porque no solo ofrece miradas críticas a la realidad del desplazamiento forzado en Colombia, sino que, además, conjuga creativamente información disciplinar y procedimientos metodológicos -que incluyen la aplicación de diversas estrategias de conocimiento, algunas de ellas participativas-, acompañados de una permanente revisión crítica de enfoques teóricos, lo cual enriquece el análisis del problema formulado.