Ajuste estructural y democracia liberal

La administración colectiva del riesgo social¹ en la gran industria fordista implicó históricamente la articulación de tres instituciones: el Estado de bienestar -en adelante, EB-, la familia y el mercado. En torno suyo se desarrollaron modelos específicos de gestión del riesgo acordes a las diferentes tradiciones filosóficas de la modernidad. Para los países industrializados, destaca la tipología de regímenes de bienestar elaborada por ^{Esping-Andersen (1990)} para el periodo de posguerra de la segunda Guerra Mundial, que expresa un acoplamiento diferenciado entre mercado, familia y Estado, a la par que perfila variados niveles de intervención y tutela estatal, de mercantilización y de familiarismo; con formas particulares de protección social y esquemas diferenciados de solidaridad social². Indistintamente de su modalidad, incluso como sistemas impuros, institucionalizaron un contrato social incluyente por el que los individuos hacían de su bienestar una empresa colectiva (Isuani y Nieto 2002).

Alrededor de los problemas de la gestión de la fuerza de trabajo, de la integración y de la igualdad, dichos regímenes formularon ciertas "promesas" de inclusión basadas en el concepto de ciudadanía y se acompañaron de estrategias diferenciadas de intervención del Estado. Destacó la visión contractual de relaciones sociales, fincada en el modelo corporativo de aseguramiento frente al riesgo social de los trabajadores organizados por categorías ocupacionales³. La asignación de derechos se estableció con base en la participación en la relación laboral y en la organización del núcleo familiar. Vía un financiamiento compartido entre trabajadores y patrones, el trabajador (masculino) era acreedor de derechos y protección, que se extendían a su núcleo familiar (la mujer realizaba las tareas domésticas). El seguro contributivo financiado por impuestos sobre la nómina salarial implicaba solidaridad estratificada según las relaciones laborales y familiares⁴. Así, el EB era el gran regulador y compensador de los sistemas corporativos de gestión del riesgo social, acotaba al mercado y, junto con las familias, ocupaba el papel central en la producción del bienestar. Además, la integración social se conseguía con la pertenencia a las distintas corporaciones profesionales y al núcleo familiar (Isuani y Nieto 2002).

La participación del Estado radicaba fundamentalmente en la provisión de servicios sectorizados de salud y educación, además de enfrentar la marginación en que vivía la mayor parte de la población mediante la construcción de infraestructura social y productiva. Se asumió que, vía el trabajo y por intermedio del principio de solidaridad, el propio Estado se encargaría de garantizar y asegurar la protección suficiente a toda la población de los riesgos sociales identificados. La mejora de la calidad de vida para la mayor parte de las personas bajo estos regímenes, propios a los países industrializados, fue intrínseca al sistema democrático y a la cohesión social; los derechos sociales -trabajo, educación, bienestar social, protección pública, entre otros- eran paralelos a los civiles y políticos, y estaban soportados en normas legislativas y jurídicas de los Estados; se trataba de una ciudadanía social con derecho de inserción social a la comunidad (Marshall 1998, citado por ^{Freijeiro 2005}). La gestión del riesgo social en América latina fue muy distinta. Los regímenes de bienestar estuvieron asociados a los niveles de desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, diferenciados por país, según el proceso histórico, estructural y político de cada uno (^{Altimir 1996}, 48; ^{Ganuza et al. 1998}, 23-24). El mercado de trabajo formal nunca se concretó como espacio privilegiado de la inclusión social. Siempre existieron masas poblacionales al margen, dedicadas a actividades por cuenta propia y a micronegocios, lejos de la regulación social, con escaso capital y baja tecnología. Razón por la que se ha reconocido que en la región ha habido presencia de un EB restringido, o régimen de bienestar conservador-informal (^{Barrientos 2004}).

Esta realidad propició sistemas diferenciados de protección de los riesgos sociales o sistemas estratificados de seguridad social, que dejaron desprotegidos a amplios sectores sociales⁵. Grandes grupos de población han sobrevivido con ingresos insuficientes, excluidos de la protección social contractual, siendo dependientes de sus familias y de las redes sociales de apoyo para enfrentar los riesgos más inminentes; lo que ha favorecido la reproducción estructural de la pobreza y la desigualdad, por falta de acceso a recursos materiales cuantificables y por carencia de condiciones de integración social.

Estas desventajas se agravaron en extensión y son producto del ajuste estructural, así como de la incorporación asimétrica de las economías latinoamericanas a la economía de libre mercado⁶. Según la teoría neoliberal clásica, la estabilización de las variables macroeconómicas como motor de crecimiento, por efecto de derrame, provocaría el bienestar de los más empobrecidos. Los resultados fueron otros; en la década de 1980 la pobreza aumentó del 27 % al 31 %, diferenciándose por país, y empeoró la distribución del ingreso (Banco Mundial 1996). Se produjo la modificación de los mecanismos de redistribución de la renta nacional y, con ella, la alteración de las relaciones sociales, de su regulación y de la forma de garantizar una organización social, igualitaria, incluyente y democrática (Structural Adjustment Participatory Review International Network-Saprin 2005). Derivado del ajuste estructural, se desestructuró la sociedad salarial (^{Castel 1997}) y con ella se flexibilizó, precarizó y desprotegió al mercado de trabajo eliminando fuentes de empleo y alimentando la informalidad. Este proceso sirvió de acicate a una mayor descomposición del ingreso y de los mecanismos de inserción social de amplios sectores; el mercado de trabajo es la principal arena de determinación de la capacidad de autosuficiencia, integración e igualdad social (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 2013). La privatización de la infraestructura, la reducción del gasto social y la mercantilización de los servicios público-estatales mermaron la deteriorada calidad de vida (Cepal 2015a) y distorsionaron la estructura de satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, sanidad y enseñanza. Así, el Estado y las instituciones públicas dejaron de ser los ejes de satisfacción de las necesidades sociales. Se abandonó la aspiración de un esquema de relaciones sociales industriales y de organización familiar propio de los EB (^{Barba 2004}).

Reforma estructural del Estado y nueva gerencia pública

La reforma social del Estado que acompañó al ajuste estructural jugó un papel preponderante en la alteración de las relaciones sociales, su regulación y la forma de garantizar el bienestar; asimismo, se convirtió en el fundamento ideológico de una novedosa y generalizada forma de gestión del riesgo social en América Latina: la asistencialista. Esta reforma conocida como silenciosa (^{Lora 2007}), corresponde al nuevo arreglo institucional entre Estado, mercado y sociedad, provocado en América Latina desde el Estado para sustituir al EB restringido por el Estado neoliberal. Se gestó en dos momentos. El primero, entre las décadas de 1980 y 1990, que condujo al "Estado mínimo" neoliberal y supuso la quiebra del contrato social preexistente; se conculcaron los derechos laborales y sociales conquistados históricamente e, incluso, hasta el propio estatus de ciudadanía (^{Tezanos 1999}). El segundo periodo se inauguró en este siglo y pretende, desde una lógica gerencial de mercado, "modernizar" al "Estado mínimo": hacerlo eficiente y eficaz económicamente y competitivo en el mercado, a partir de relacionarse corresponsablemente con la sociedad en la decisión pública (^{Aguilar 2007}; Borón 2003; Klisberg 1994; Kuczinsky y Williamson 2004; ^{Navarro 1996}; ^{Pereira y Bresser 1998}).

Grosso modo, puede decirse que la primera reforma promovió la producción y administración privada de los bienes y servicios estatales, transfirió la realización del bienestar al individuo (familia) a través del mercado y redujo la intervención del Estado a un esquema focalizado de combate a la pobreza⁷. A partir suyo, se constituyó un novedoso consenso sobre la regulación y la administración del riesgo: la intervención estatal de carácter asistencial o caritativa, circunscrita exclusivamente a la atención de los riesgos sociales de las personas en pobreza, como paliativo a la desesperanza social que padecen y como recurso de contención social (Banco Mundial 1993).

Esta nueva forma de entender la protección del riesgo, administrándolo, desplazó definitivamente el propósito de garantía de los derechos sociales vía políticas estructurales de protección social universal, por medio de instituciones sectorizadas. Y redefinió al ente obligado de garantizar la protección; se conculcó al Estado la responsabilidad frente al bienestar de la sociedad, individualizando el bienestar y abriendo lo público estatal a la coparticipación y corresponsabilidad de instancias sociales con fines de lucro y no lucrativas, el llamado "tercer sector".

La aplicación en América Latina de las reformas de libre mercado continuó por más de tres lustros. Derivado de la desaceleración del crecimiento, de mayores restricciones fiscales y por la dificultad en el acceso al financiamiento externo o la cooperación internacional; junto al proceso de crisis normativa del contractualismo, de la deslegitimación de las acciones y prácticas institucionales, creció la pobreza, al mismo tiempo que se profundizó y se complejizó la desigualdad social. Se acentuaron las disparidades de ingresos entre las personas ricas y pobres, además de intensificarse significativamente la falta de expectativas de inclusión social: se ampliaron las brechas de acceso a la vivienda, la salud, la educación, el uso del espacio público, la representación política, el conocimiento y las tecnologías, entre otras; lo que constituye un obstáculo de integración social, de progreso económico y democratización liberal (^{Barba 2013}; PNUD 2013). Esta realidad justificó instrumentar la segunda reforma social del Estado, o modernización estatal, operada desde las premisas de la nueva gestión pública -en adelante, NGP ⁸-.

La degradación social fue atribuida a la incapacidad e ineficacia directiva de los gobiernos en la implementación de las medidas del ajuste recomendadas por los organismos multilaterales y se identificó como factor de desgobierno. Se afirmó que la organización administrativa de los Estados nacionales fue la principal amenaza al orden democrático liberal y a la cohesión social, debido a su carácter burocrático, altamente politizado, opaco en sus funciones y manejo de los recursos, además de poco, o nulo, costo eficiente en la provisión de servicios (^{Aguilar 2007}).

Derivado de este diagnóstico, y apoyado con financiamiento de los organismos multilaterales, tuvo lugar el rediseño profundo del "Estado mínimo", reinventándolo, a partir de las premisas de la excelencia gerencial de eficiencia económica, competitividad y una nueva vinculación con la sociedad civil. Esta última se ha pretendido como más plural, informada, demandante y participativa, capaz de construir las bases para una ciudadanía social y una gobernabilidad democrática. Este proceso justificó definitivamente el traslado de las ya escasas responsabilidades del Estado sobre el bienestar, tanto al individuo, como a la familia, los amigos, las redes de patronazgo, los grupos voluntarios y los de autoayuda⁹ (^{Oszlak 1994}).

La reforma modernizadora del Estado enfatizó dos aspectos medulares para legitimarse, garantizar cohesión social y combatir la corrupción estatal. En primer lugar, la "gobernabilidad" como capacidad de los gobiernos de 28 formular e implementar decisiones públicas desde perspectivas técnicas y no políticas: formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas (^{Aguilar 2007}). Esta sería la base del nuevo fundamento de legitimación del sistema político para gobernarse (^{Von Haldenwage 2005}). Y la "gobernanza", o edificación de una interacción pretendidamente horizontal -por consenso y diálogo social- entre los actores estratégicos -empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades, entre otras- y el Estado; siendo corresponsables del diseño de las políticas públicas y de su implementación eficiente y legítima, así como de la provisión de servicios en áreas prioritarias: mercado de trabajo, empleo, y asistencia social a los pobres. La gobernanza es constituyente de la gobernabilidad (^{Oszlak 1994}; Von Haldenwage 2005).

Con base en estos preceptos se sustentó la idea de un desarrollo participativo de libre mercado como recurso para contender en la económica internacional, justificado en que las personas deben invertir, individualmente, en el desarrollo de sus capacidades¹⁰. A los individuos se les concibe como actores sociales y políticos relevantes, con capacidad de organizarse en torno a sus intereses y preferencias, y de poder realizar su bienestar a través del mercado. Se juzga que fortalecer su participación en organizaciones democráticas les facultará a ejercer poder -en su calidad de clientes y consumidores- e incidir en la decisión pública. La democracia liberal representativa conforma el fundamento de la modernización del Estado y de la reconstrucción de una sociedad civil con acceso a la toma de decisiones, orientada por el mercado¹¹.

Esta visión predispuso un nuevo cambio en la definición de los riesgos sociales, en la forma de atenderlos y en la definición de quiénes debían ser objeto de la intervención del Estado. Se desplazó el foco de la intervención de las personas en pobreza a la población identificada técnicamente como vulnerable; la más carenciada y con mayores desventajas: mujeres jefas de hogar, población indígena, niñas y niños, entre otras¹². Desde el 2001, el 29 Banco Mundial -en adelante, BM-, había acreditado la intervención social del Estado en los sectores incapaces de reducir o de mitigar el riesgo, o de hacer frente a las crisis por su precariedad, por ser origen y, al mismo tiempo, factor y resultado de las otras causas que explican las demás dimensiones de la pobreza.

El concepto de pobreza se diversificó, dejó de concebirse asociado coyunturalmente a la falta de ingresos y se le relacionó con la ausencia de acceso a otros mecanismos de desarrollo humano: capacidades, redes sociales, autoestima y libertades fundamentales para tomar decisiones y actuar en sociedad. La intervención se pensó como una inversión en capital humano que actúa en tres dimensiones: 1) condiciones para mejorar la salud, la nutrición y la educación (para incrementar la productividad); 2) redes de protección (protección en periodos de recesión económica); y 3) equidad de género, impulso al crecimiento económico (PNUD 2013)¹³.

Estas reformas se han expresado diversamente en cada Estado de la región, según la especificidad del régimen político y de la arquitectura normativa relativa al reconocimiento de los derechos fundamentales en el marco constitucional¹⁴. No obstante, en todos, se ha tendido al desmantelamiento de las prestaciones sociales, apoyado, del proceso de individualización de las estrategias de inclusión y de sobrevivencia. Su consecuencia ha sido desdibujar al Estado como garante de los derechos sociales, como forma de inclusión ciudadana. Se le sustituyó con políticas de intervención de corte compensatorio asistencial, concretadas en la atención de preocupaciones específicas referidas a la alteración del curso de vida cotidiana de quienes no pueden realizar 30 el bienestar social a través del mercado: los vulnerables sociales. Atenciones que se han ido particularizando a partir de reconocer la desigualdad de género (interacción hogar-mercado-instituciones); las condiciones de pobreza en la infancia y la vejez; y las limitaciones, por estigma, de amplios sectores para participar en la toma decisiones que les afectan directamente, entre otras (PNUD 2014).

Las reformas sociales de individualización, desregulación y achicamiento de las funciones del Estado han dejado atrás, de manera casi definitiva, la orientación política de igualdad e inclusión social, terminando un ciclo de administración del riesgo a través de universalizar la "protección social". Y se ha transitado a un estadio de "gerencia del riesgo social", desde perspectivas técnicas despolitizadas, con intervenciones compensatorias y asistenciales dirigidas exclusivamente a los sectores en pobreza y en vulnerabilidad a efecto de ayudarles a generar las capacidades individuales necesarias para que se realicen productivamente en el mercado y como recurso de contención a las amenazas de la cohesión social.

El modelo de intervención social dirigida o asistencial-cientificista

El nuevo tipo de intervención de gestión del riesgo social se fundamenta teóricamente en el modelo de libre mercado neoliberal, de individualismo y de razón instrumental; este se ha legitimado ideológicamente, como un modelo soportado científicamente¹⁵ (Fair 2010; ^{Gómez 2003}). El recurso de cientificidad le ha servido para contraponerse lícitamente al paradigma de política social universalista, entendido como la acción y omisión mediante la cual el Estado interviene deliberadamente con el propósito de alcanzar el objetivo de bienestar de toda la ciudadanía , a partir de su obligación de cumplir con los compromisos pactados socialmente en materia de promoción, respeto y garantía de los derechos sociales; de redistribución de la riqueza y del ingreso por vía del gasto social; y de propiciar, frente 31 a las restricciones de la democracia, las condiciones de participación e inclusión de sectores de la población históricamente excluidos de la política o del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Romper con este paradigma supone poner en cuestionamiento los vínculos sociales centrados en la solidaridad, la concepción de los derechos sociales y la constitución de las identidades individuales y colectivas (^{Barba 2013}, citado por ^{Cecchini et al. 2015}; Cepal 2015b).

El modelo de intervención asistencial, derivado de la racionalidad de libre mercado, se denominará en adelante como asistencial-cientificista y corresponde a la perspectiva de las intervenciones sociales dirigidas, concebidas y diseñadas desde una perspectiva técnico-cientificista -en su versión asistencialista de libre mercado-. Busca adecuar los espacios sociales problemáticos, haciendo uso de los conocimientos y técnicas desarrollados en los ámbitos científicos y la experiencia profesional (^{Rose 1996}), desde una perspectiva productivista al servicio de la política económica neoliberal. Busca propiciar el desarrollo de las capacidades individuales de quien se beneficia de los apoyos para insertarle en el mercado, además de estar dirigido a mantener la cohesión social (^{Carballeda 2002}; Le ^{Strat 1996}; ^{Martínez 2007}; Olavarría 2007; Montero 2012; Rodríguez 2003). Su formulación, es producto de las exigencias de la nueva ingeniería social centrada en la planificación, administración y evaluación de los programas sociales (^{Lamas 1997}).

En apego al pensamiento positivista neoliberal, de explicación objetiva de la realidad, en el que se sustenta, este modelo presupone entender los problemas sociales, conocer las leyes y las circunstancias (lineales) que los condicionan; a partir de ello, los explica, los pronostica y los interviene, atendiéndolos desde la visión hegemónica. Esta premisa permite plantear la construcción general de certezas estáticas sobre las cuales intervenir de manera estandarizada, en virtud de la capacidad de predicción y de control de las acciones. Este principio, ideológico, ahistórico y descontextualizado, comparte la creencia de un orden natural de las cosas donde es impensada la movilidad social, además de convertir a las personas en responsables, en términos individuales, de sus condiciones de vida y de las problemáticas que enfrentan (Fair 2010; ^{Gómez 2003}).

El modelo de referencia construyó una visión de la realidad social de forma simplificada y estática, soportada en la teoría de libre mercado -libertad individual y racionalidad del actor-, que continuamente busca ser 32 contrastada empíricamente en la práctica (De la Red, citado por Góngora 2015). Además de aportar conocimiento teórico sobre la realidad social, este arquetipo de intervención presupone orientar sobre lo que hay que hacer (aspecto normativo) y, lo que es más importante, sobre cómo debe realizarse (componente metodológico). La consecuencia ha sido la construcción política de intervenciones sociales centradas en acciones "universalizables", por niveles de intervención o servicio, en tanto que pueden ser utilizadas en la solución de un mismo tipo de caso o problema social, para varias de las personas que los padecen, en términos individuales, independientemente de sus particularidades histórico-contextuales. Para su implementación, se requieren métodos y profesionales técnicamente sólidos capaces de diseñar una práctica dirigida. Esta intervención se justifica en una concepción inmutable tanto de la necesidad como del sujeto social y está orientada a intervenir sus "estados", mediante la provisión de atenciones y servicios (Carballeda 2004; Corvalán 1997; Le ^{Strat 1996}).

En otros términos, es una propuesta de intervención en cuyo fundamento subyace la premisa de la razón instrumental de libre mercado: solo las personas que no triunfan dentro de la lógica mercantilista y que están en condición de exclusión requieren de la asistencia estatal, orientada a la formación de capital humano. Por su condición de precariedad económica y social dichas personas no pueden por sí mismas insertarse en el mercado en condiciones de competencia y las ayudas asistenciales les proporcionan los modos para adquirir las capacidades necesarias que les permitirán triunfar en él. La intervención se distingue por estar dirigida a promover el uso productivo del trabajo de la población en pobreza, siendo este, según el BM (1993), el bien que esta posee en mayor abundancia y por el que la intervención social incentiva su inclusión al mercado, incidiendo también en el recambio de las instituciones políticas y sociales, la infraestructura y la tecnología. Este modelo actúa sobre los síntomas, en torno a las carencias de las personas, colocando a estas en un lugar pasivo; considera a los técnicos y profesionales -hacedores de las políticas- como los principales reparadores; genera en la población atendida una imagen de necesitados, incluso de clientelas políticas; e interviene poco sobre las capacidades y procesos de autonomía de las personas.

El modelo de intervención social asistencial/cientificista también se adjetiva como asistencial-clientelista y se caracteriza por buscar compensar, con paliativos, los desajustes sociales y económicos generados por la inserción a la economía abierta de libre mercado. Se significa por no tomar en 33 cuenta el parecer de las personas a quienes van dirigidas las intervenciones, y por ser muy sensible a los ciclos electorales (^{Bustelo y Minujin 1997}). Se centra en la atención focalizada individual, no comunitaria, de población en pobreza o situación de vulnerabilidad, seleccionados técnicamente con base en la información oficial sobre sus ingresos y niveles de vida. Incluye normalmente atenciones básicas solo en tres rubros del bienestar: alimentación, salud y educación; para garantizar un mínimo de subsistencia, con el objetivo de desarrollar las capacidades de las personas favorecidas, a partir de ofrecerles, en términos asistencialistas, las oportunidades que proveen los servicios públicos en un intercambio de asistencia por favores políticos. Este modelo se ha identificado por su carácter clientelar, generador de dependencia y subordinación, así como por propiciar el abandono en la calidad de los servicios sociales prestados por el sector público, a través de su desfinanciamiento y mercantilización (^{Franco 1996}; ^{Vilas 1995}).

De manera general, puede decirse que las prácticas asistencialistas de política pública para el combate a la pobreza son predominantes, aunque no exclusivas, en el tratamiento de lo social en la región de América Latina y derivan de un modelo hegemónico impuesto por los regímenes políticos de orientación neoliberal. Están soportados en la idea de la nueva gestión pública y en la atención preferencial por los pobres como recurso de garantía de la cohesión social. Estas intervenciones han sido mayoritariamente planificadas y dirigidas desde los centros de decisión y conocimiento (ámbitos políticos y técnicos dominantes). Sus objetivos son intervenir situaciones imperfectas o marginales, conformadas por colectivos de necesitados, carenciados y demandantes, cuyo carácter de perdedores en la libre competencia de mercado ha sido atribuida y reconocida legalmente por políticos y técnicos -identificación formal de su calidad de pobres- (Atkinson 1998; ^{Berry 2003}; ^{Castel 1997}; ^{Nun 2000}).

Desde una perspectiva paternalista, estas intervenciones ofrecen abanicos de acciones de asistencia con las que ayudan de manera focalizada a las colectividades necesitadas a través de acciones puntuales y básicas, como paliativos a los desequilibrios sociales que padecen. Las intervenciones se otorgan por medio de mecanismos e instituciones sociales preparadas y legitimadas políticamente para ello, lo que se realiza según una lógica social gregaria y sectorizada por tipo de intervención y grupo de atención. Con ellas se aspira a generar las condiciones que permitan a los sectores atendidos poderse reintegrar socialmente según su situación de exclusión, económica, 34 social o cultural, o por el riesgo de serlo (^{Carballeda 2002}).

En este modelo, las intervenciones se estructuran a partir de diagnósticos técnicos sobre las demandas de las personas usuarias de los servicios y de las organizaciones que funcionan como interlocutoras de los grupos, a las que se ofrecen soluciones para el corto plazo. Normalmente estas se proveen con el soporte de agentes financiadores, por medio de profesionales con conocimiento teórico-práctico y por medio de políticas e instituciones prestadoras de servicios. En la provisión, también participa el sector privado, propiciando una importante concentración de intereses de mercado dentro del Estado, al ocupar el lugar dejado por este como responsable del financiamiento¹⁶.

En concreto, la intervención social dirigida está pensada como una tecnología social destinada a proveer servicios focalizados de carácter asistencial a las personas carenciadas -identificadas técnicamente como pobres-; su tipo y alcance deriva de su vinculación con las diversas teorías del bienestar para potenciar el desarrollo del mercado y los prestadores se forjan como profesionales con capacidades técnico-científicas para implementar programas y proyectos sociales. Las intervenciones son de índole individual-familiar y los problemas o necesidades sociales son concebidos como condiciones individuales por desajustes en la personalidad o, fundamentalmente, por condiciones de precariedad, marginación y exclusión social.

Desde la década de 1990, los procesos de implantación e instrumentación de este tipo de intervenciones se han basado fundamentalmente, en los principios de prevención, normalización, integración social, igualdad de oportunidades, desinstitucionalización, reinserción social y atención a la comunidad. Si bien a través suyo se ha responsabilizado de su propio bienestar a las personas, familias y comunidades, en términos individuales, no han permitido atenuar o resolver las condiciones de vulnerabilidad y de exclusión sociales. Desde las mismas premisas del modelo, se ha contestado su carácter asistencialista -la condición disgregada impide el despliegue de las potencialidades que podrían desarrollarse por parte de las personas con carencias-, por lo que recientemente propugnan porque dejen de tener un lugar pasivo en el empeño por combatir la creciente diferenciación y desigualdad social que les afecta.

Las intervenciones sociales asistencial o cientifistas, ancladas en una lógica individualista e insolidaria, derivan de la planeación de política pública estructurada por expertos e implementada por profesionales del sector público. Su estrategia de acción nace de una relación asimétrica de poder y conocimiento, respecto de las poblaciones sobre las que se actúa. Las problemáticas, necesidades y carencias, son determinadas normativamente por el saber experto, desde el que se decide y planea la política pública. A partir de este conocimiento y de sus agentes, se conforman las agendas institucionales de acciones sistemáticas que se concretan en políticas y programas públicos gubernamentales; estos son ejecutados sectorialmente por funcionarios especializados, quienes establecen los objetivos a perseguir y a sus destinatarios (individuos o comunidades). La intervención se realiza en contextos y con sujetos sociales carenciados, a los que se califica como beneficiarios pasivos, en la intención de ofrecerles oportunidades para desarrollar su capital humano y convertirlos, individualmente, en productores de su propia vida (desarrollo humano). Esta perspectiva de intervención, legitima la novedosa estructura institucional del Estado y sus métodos de acción, a la vez que naturaliza la existencia de sectores en condiciones diferentes al resto de la sociedad.

La nueva cuestión social: complejidad de la desigualdad

Al fenómeno provocado por los devastadores efectos del ajuste estructural, consecuencia de las transformaciones del mercado del trabajo -flexibilización, precarización, desempleo e informalidad-, imbricado al debilitamiento de la estructura comunitaria, la desintegración del tejido social y la fragmentación de los lazos sociales, propios a la sociedad de la industrialización productiva, se le conoce como nueva cuestión social. Sus problemáticas aparecen entrecruzadas, sin que puedan aislarse entre sí, ni tampoco de las causas de su origen (^{Castel 1997}).

Con los cambios en el mercado de trabajo se ha generalizado la reducción o eliminación de las posibilidades de obtener bienestar social a través del mercado. Solo una escueta minoría de personas vinculada al empleo altamente calificado recibe substanciosos ingresos y participa de un trabajo digno con protección de derechos. El resto, la mayoría, enfrenta el desempleo y la ruptura de vínculos con el ingreso, o la informalidad y precariedad laboral y salarial, sin protección -trabajo por obra y tiempo determinado, eventual, por honorarios, out sourcing, autoempleo, entre otros-. Hallarse fuera del circuito del desempeño macroeconómico, cuando el mercado de trabajo está segmentado entre alta y baja calificación, conlleva efectos nocivos en cadena: reduce las opciones de inserción a la estructura sociocupacional; incapacita satisfacer las necesidades básicas; aísla del resto de los sectores sociales -enclaves territoriales con barreras simbólicas de pertenencia y prestigio-; limita o cancela el acceso a los servicios y al equipamiento urbano; despoja de los espacios públicos; obliga a vivir la desestructuración social de las comunidades -migración y polos productivos y de servicios diversos-; entre otras.

Las consecuencias de la extensión de la pobreza a importantes sectores sociales y el aumento del riesgo de caer en ella van aparejadas de la ampliación de la estratificación y diversificación social; se abren las brechas sociales de acceso al ejercicio de los derechos, a niveles de ingreso dignos, a recursos productivos, a educación y salud de calidad, al trabajo decente, a la protección social y a los espacios de participación social y política, entre otros; es decir, se coloca a vastos sectores sociales en situación de desigualdad y exclusión social. La desesperanza e incertidumbre social que les acompaña propicia la emergencia de guetos o subculturas, que interactúan endógenamente con códigos y valores particulares, y que subsisten con estrategias de violencia y delincuencia, amenazando permanentemente la seguridad individual y social.

La desigualdad está atravesada por una multiplicidad de factores que interactúan simultáneamente y se acumulan en el tiempo con efectos negativos y exponenciales, que se potencian entre sí y se empalman en el ciclo de vida (Cepal 2010; PNUD 2013). Su resultante es la generalización dramática de un nuevo abanico de riesgos sociales de orden cultural y subjetivo que se imbrican a los histórico-estructurales.

Se observa una realidad de desigualdad material o estructura¹⁷ propia del modelo de producción capitalista que produce y reproduce la división social, la fragmentación y el mantenimiento de grupos sociales con diferentes recursos, capacidades y medios para satisfacer las necesidades. Se intensificó con la alteración del mercado de trabajo, al anular los mecanismos tradicionales de protección social y generalizar un régimen de precariedad laboral y social¹⁸. Superpuesta a ella, ha cohabitado una desigualdad emergente, la desigualdad de oportunidades, culturalmente discriminatoria. Se manifiesta con intensidades diferenciadas entre grupos y sectores sociales por condición de género, étnico-racial, de ciclo de vida (infancia, jóvenes y adultos mayores), diversidad funcional, territorio, orientación sexual, preferencia política, migración, pertenencia a la comunidad LGBTI, entre otras; en un medio ambiente deteriorado¹⁹.

Estas múltiples expresiones de desigualdades y discriminaciones se reproducen así mismas e intergeneracionalmente haciendo muy difícil, casi imposible, poder escapar de ellas. Quienes las padecen, viven con una permanente sensación de insatisfacción, lo que genera la pérdida de su horizonte de sentido. Es un daño existencial extra que produce la desigualdad; no es visible, e incita al deterioro y menoscabo del bienestar subjetivo y relacional de quienes padecen la degradación social: les coloca en franca situación de exclusión social.

Las personas se sienten sin las capacidades de participar en la construcción de un futuro posible, el de la sociedad de libre mercado, único legitimado para vivirse. Perciben rechazo económico, por carecer de las facultades de mercado que la sociedad exige; su sentimiento es de inferioridad y de aislamiento de la comunidad. Se advierten excluidas por la profusión de estratos o guetos, basados en niveles de consumo, que limitan sus posibilidades de integración e interacción. Sienten y viven discriminación; son rechazadas socialmente por su condición de vulnerabilidad; se les trata como inferiores y se les estigmatiza con una nueva retórica y mecanismos disimulados de reinserción y aceptación social. Sienten y padecen desprotección jurídica y omiten participar social y políticamente, por inseguridad y miedo, entre otras razones (^{Aguitón 2002}; Fuentes 2011; Valdés y Espina 2011).

La nueva cuestión social deriva, entonces, del entrecruzamiento entre la histórica desigualdad económica, atravesada transversalmente por un trato culturalmente discriminador y el daño generalizado al bienestar subjetivo y relacional; converge con el debilitamiento de la estructura comunitaria, la desintegración del tejido social y la fragmentación de los lazos sociales; su intersección hace exponenciales los efectos negativos y los empalma a lo largo del ciclo de vida. Esta compleja y multidimensional realidad de desigualdades y rupturas favorece una sociedad que se desarrolla en dos pistas: unos pocos incluidos y muchos excluidos; amago franco al desarrollo y cohesión social (Cepal 2010, 2015a, 2016; PNUD 2013).

Cambio epistemológico: una mirada desde la complejidad

Para contextos marcados por una creciente diferenciación social y funcional, con novedosos y cambiantes mapas de riesgo y problemáticas complejas, debe pensarse una intervención social alternativa. En su construcción deben involucrarse indisociablemente el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la organización social, la economía y los aspectos subjetivos. Se propone que la confluencia de estos transcursos e interrelaciones se piensen como un sistema complejo. La complejidad, se entenderá como la condición del sistema, constituida por la heterogeneidad de los elementos o subsistemas que lo componen, siendo la característica determinante del sistema complejo la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumple la diversidad de elementos y procesos dentro del sistema total.

Esta premisa supone entender lo social desde un modelo relacional, que concibe la realidad como escenarios sociales dinámicos y complejos atravesados por múltiples lógicas -pudiendo suscitarse la preeminencia de unas u otras- y en planos que, por veces, son azarosos, donde tienen que resolverse de manera integral y, al mismo tiempo, al menos tres niveles de necesidades: las del bienestar material, las del bienestar humano relacional y las del bienestar subjetivo.

Esta mirada tiende a analizar un sistema complejo a través de la simple adición de estudios sectoriales, correspondientes a cada elemento, y llama a la interdisciplinariedad. La interdefinibilidad los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología (^{García 1994}). Este viraje supone reacomodar las significaciones de cómo entender, pensar y organizar el conocimiento de la realidad social y de cómo organizar la intervención de la práctica social. Deja de definirse la intervención desde el objeto sobre el que actúa, para hacerlo desde los sustratos epistemológicos que lo sustentan, explícita o implícitamente: los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y subjetivos en los que están inscritas las personas en su ciclo de vida, desde un enfoque holístico y en una visión dinámica.

Las condiciones sociales de riesgo e incertidumbre permiten una mirada inédita sobre los conflictos y problemas sociales a los que se debe hacer 39 frente; dejando de observarse como problemáticas simples de "única solución", a la que se llega después de un determinado procedimiento metodológico, de esta forma se conciben como asuntos y procesos derivados de la imbricación de múltiples situaciones, en espacio y tiempo; se hacen cada vez más complejos y de variadas caras y diversas soluciones (Habermas 1985). Este cambio epistemológico implica relegar la búsqueda de certidumbres y de leyes, colocando al proceso investigativo como una acción en busca de "posibilidades creativas" (González 2004). Así, se podrán analizar las relaciones establecidas entre cada persona como sujeto individual y la sociedad, al concebir que cada sujeto es una parte de la sociedad, la cual está inscrita en los individuos, por su lenguaje y cultura.

La visión relacional, en términos de complejidad, incorpora los componentes culturales y los subjetivo-relacionales, lo que implica cambiar la orientación de la intervención social y el objeto de sus prácticas, respecto de la atención a situaciones emergentes e imperfectas. Deja de centrar la mirada en la construcción de acciones frente al descontento con el orden social, en la idea de que existe algún desperfecto y que debe transformarse con estrategias de carácter compensatorio, paliativo y puntual; con ello, ya no se concibe más la intervención como posibilidad de cambio social, entendiéndolo como factibilidad para lograr modificaciones, con acciones puntuales de carácter sistemático, para lograr un nuevo arreglo en una continuidad más estable, sin afectar la estructura del funcionamiento que propicia la generalización de las necesidades sociales, culturales, políticas y subjetivas insatisfechas, así como su carácter riesgoso y de disrupción.

La propuesta relacional no omite estabilizar el curso de la vida cotidiana de los crecientes sectores afectados por la vulnerabilidad y la pobreza, pero reorienta a la intervención a posibilitar la transformación de las condiciones de existencia material, de capacidades y relacional-subjetivo, como garantía de su integración al desarrollo. Y emplaza a actuar en el logro de los diferentes objetivos de manera simultánea: mejorar el contexto de la población en un territorio dado, responder a sus necesidades sociales, incidir en la interacción relacional de las personas y, al mismo tiempo, garantizar las bases materiales de sustentación de los desarrollos democráticos con representación política de todas las fuerzas sociales.

La construcción dialógica y la interdisciplinariedad

Incidir e intervenir la realidad social en la que está en juego su funciona miento como totalidad sistémica supone sortear la construcción de marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos alternativos, además de lograr que sean compartidos (^{García 1994}), por lo que deben posibilitar forjar contactos cognitivos (^{Matus 1999}). Reto que, desde la complejidad y la posibilidad creativa, supone que se desarrolle una mirada múltiple e igualmente compleja sobre la realidad social, debiendo trascender la suma y multiplicación de estudios sectoriales y disciplinarios; también implica construir una mirada interdisciplinaria o contacto cognitivo entre las diversas disciplinas y perspectivas sociales en juego, para realizar una síntesis no unívoca (Matus 1999, 20).

Este propósito supone el reto de construir un diálogo interdisciplinario para comprender, nombrar y desplegar articulaciones discursivas tan complejas como los fenómenos a los que refieren y que no se circunscriban a un solo tratamiento. La pluralidad de la naturaleza de lo social y de su condicionamiento requiere trascender las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, sin ignorar lo particular de cada disciplina. Hoy prevalece un amplio trabajo multidisciplinar en el que se suman diversas áreas del conocimiento, sin alterar los métodos y suposiciones de cada una en el estudio de lo social, lo que se propone es avanzar hacia la interdisciplinariedad²⁰.

Esta aspiración requiere elaborar dispositivos interdisciplinarios teórico-metodológicos que aborden la pluralidad con el acuerdo explícito que la interdisciplina agrega valor a los procesos de observación de la realidad (^{Baroni 2008}). Lo anterior se puede conseguir explicitando y discutiendo los lugares epistemológicos desde los que es deseable y posible fundar la intervención social, e incluye ordenar contrapuntos y acuerdos procedimentales para conjuntar miradas diferentes que faciliten el desarrollo de una intervención social más efectiva (^{García 1994}).

Otro desafío para el establecimiento de una novedosa forma de concretar contactos cognitivos entre las perspectivas en juego es el diálogo de saberes. Ello entrevé reconocer que intervenir lo social no basta con realizarlo desde una visión técnico-cientificista, por el contrario, tiene que ser producto de una interacción discursiva inédita entre los técnicos y la sociedad, las comunidades, y sectores de intervención. El contacto debe producirse, explícitamente o no, en una nueva narrativa de multiplicidad de voces (Habermas 1990). Es decir, la intervención tiene que ser concebida y producida desde un diálogo de múltiples voces y saberes entre diferentes actores, cuyo relato trascienda la visión acotada de los profesionales y expertos de la intervención social²¹. Además, debe admitir una trama de relaciones entre componentes diversos, dando cuenta de la necesidad de articular y generar diálogos entre diferentes instancias, lógicas y actores institucionales. Precisamente, la ausencia del diálogo ha creado un vacío en la concepción de la intervención social de mercado, haciéndola ineficaz en la resolución de la complejidad de los problemas sociales; llenar dicho vacío es el gran desafío teórico y metodológico de una intervención social alternativa concebida desde la complejidad y posibilidad creativa.

En la interacción discursiva, el habla (diálogo) aparece no solo como deseable, sino como necesario, y su materialización tiene que concretarse a partir del propio análisis del contexto en que se produce y de las particularidades de quienes participan en él. Así, a partir de este, se pueden elaborar las reglas procedimentales que posibiliten el entendimiento comunicativo entre los diversos actores que concurren en el proceso de intervención social (Habermas 1990).

La posibilidad de discernimiento en una pluralidad de voces, en condiciones de desigualdad de información, poder e intereses, exige como requisito una ética discursiva. La observación de la complejidad depende de los códigos y de los postulados con los que se le trate, por lo que se requiere que se aseguren ambos procedimentalmente. Su refuerzo puede alcanzarse en dos momentos discursivos distintos pero relacionados: el dedicado a la fundamentación del habla y el referido a su aplicación práctica (Cortina y Martínez 2001).

El momento de la fundamentación presupone que todas las personas son interlocutoras válidas, y que el diálogo debe atenerse a los principios de universalización: "Una norma será válida cuando todos los afectados por ella puedan aceptar libremente las consecuencias y los efectos secundarios que se seguirán" reconociendo el carácter ético del discurso, "sólo pueden pretender validez las normas que encuentran (o podrían encontrar) aceptación por parte de todos los afectados, como participantes de un discurso práctico" (Habermas 1985, 116-117).

La construcción discursiva presupone, además, que el diálogo esté llamado a la reflexividad²² al menos en dos niveles: en la capacidad de incorporar en la práctica de las personas y comunidades la perspectiva y puntos de vista sobre su propia situación; y en la reflexión concerniente a los propios aprendizajes, actitudes, preferencias y valores y a su posible influencia en el proceso (^{Giddens 2006}). Los aspectos prácticos de esta reflexión en acción se traducen en la capacidad de promover una "dinámica conversacional" como contexto o soporte de interpretación, de producción consciente de sentido, de pensamiento en tiempo real de la naturaleza de las situaciones problemáticas, de redefinición de los problemas, de escucha e interpretación de los mensajes de quienes son apoyados con la intervención social y de observación de los problemas como oportunidades para nuevos enfoques y métodos en la intervención. El diálogo se convierte en una forma alternativa de representación de las fuerzas sociales.

En conclusión, el carácter complejo y multidimensional de la cuestión social apela a resignificar las prácticas de intervención social desde la interdefinibilidad (visión relacional) de las funciones que cumple la heterogeneidad de elementos y procesos que la condicionan (ambientales, sociales, culturales y subjetivos). La pluralidad de la naturaleza de lo social y de su condicionamiento debe construirse desde una mirada de complejidad e interdisciplinariedad, a partir de explicitar y discutir los lugares epistemológicos desde los cuales es deseable y posible fundar la intervención social. Su concreción se logra con contactos cognitivos a partir de una narrativa de multiplicidad de voces, que tome en cuenta el contexto en que se producen, una visión ética -todas las personas son interlocutoras válidas-, una perspectiva reflexiva -incorporación de los puntos de vista sobre su situación, sobre los aprendizajes y valores-.

Intervención social participativa

La orientación reflexiva ha servido en América Latina para pensar la construcción de intervenciones sociales desde paradigmas novedosos, denominándolos acciones participativas. En su definición han sido recuperados diversos planteamientos teórico-metodológicos, como los desarrollos de la educación popular (^{Freire 1970}), algunos postulados de la teología de la liberación (Martín 1990), las premisas de la investigación acción participativa (Fals 1968), nociones de psicología comunitaria (^{Montero 1994}; Serrano 1989; Wiesenfeld 1997) y la propuesta epistemológica de la investigación social fundada en la racionalidad de la complejidad (^{Wallerstein 1996}), entre otras.

La intervención social participativa se diferencia de la dirigida o técnico-asistencialista, al menos en cuatro aspectos: las interrogantes sobre la forma como se construyen los problemas sociales (diagnóstico de la sociedad), la manera como se deciden las soluciones (tipo de las intervenciones), los entes relevantes que intervienen en la solución (expertos y comunidad) y la definición de si el cambio social (como transformación) es posible y deseable. El conocimiento constituye la guía de acción (ruptura con el paradigma positivista) y su meta es la profesionalización creciente y conjunta entre expertos y comunidades (diálogo con el saber popular). Esta visión provoca un cambio epistemológico en la construcción del conocimiento y una modificación en su horizonte de sentido.

El conocimiento se dirige a la praxis con el objetivo de la transformación social. Ello produce un cambio en la forma de definir los problemas estudiados por las ciencias sociales, y genera un encuentro con otras formas de saber. El conocimiento se concreta a partir del diálogo entre profesionales intervinientes y las personas afectadas por los problemas concretos, adquiriendo la misma relevancia el conocimiento científico y el conocimiento popular. Se cambia el origen desde donde se toma la decisión y la orientación de la intervención social; se deja de pensar exclusivamente desde los centros de decisión y del conocimiento (el poder y el mercado) y se incorpora al diálogo a los grupos afectados en calidad de interlocutores y actores privilegiados.

El diálogo de saberes se entiende como un principio político que funciona como movilizador de las acciones de transformación. Incorpora la voz de aquellas personas que usualmente están al margen de las decisiones políticas y económicas de la sociedad, y por fuera de la solución de los problemas que les aquejan. Cuando las incorporan a la interlocución, estas voces se reconocen en la definición del horizonte de sentido y del desarrollo social. El diálogo constituye el fundamento de una nueva forma de representación directa que pasa por el "empoderamiento" de las personas inter-vinientes, quienes adquieren cada vez un grado mayor de reconocimiento, control y poder sobre sus vidas y sobre el medio ambiente que las rodea (De Sousa 2009; ^{Dussel 1998})²³. La intervención social participativa se fundamenta en la participación activa, consciente y comprometida de las personas en comunidad, conjuntamente con expertos en la definición de las situaciones problemáticas, en la determinación de la forma de acometerlas y en la evaluación de sus resultados. La intervención resulta de una relación horizontal de saberes, producto de un diálogo crítico y democrático entre los discernimientos científicos y el saber popular; no existe una definición a priori de los problemas a intervenir, pues se definen en el diálogo.

Las intervenciones deseables se orientan a transformar las condiciones sociales marcadas por relaciones de poder y una asimétrica distribución de recursos económicos, sociales y culturales, las cuales han naturalizado la desigualdad y la exclusión con procesos de dominación, siendo su cometido denunciarlos (^{Burton y Kagan 2009}; ^{Orford 2008}). La intervención social participativa se centra en el deseo de emancipación de los sectores excluidos a partir de denunciar y revertir los complejos procesos de desigualdad social y de opresión, desenmascarando los mecanismos de ocultación que naturalizan las relaciones sociales de la desigualdad y la dominación, y de aquellos que las reproducen; lo que se consigue a partir de crear conciencia de esta condición en los afectados^.

Plantea una alternativa a la intervención asistencialista-cientificista, fuera de los cauces tradicionales del diseño de las políticas públicas, que conciben a la intervención social como recurso último del Estado para detectar y solucionar los desperfectos creados en el sistema social por el modelo económico de libre mercado. Y rompe la idea de pensar la práctica social como acciones y estrategias emergentes, tendentes a cambiar alguna situación de la vida cotidiana de los sectores en pobreza, vulnerabilidad, o desigualdad a través de intervenir socialmente, aspectos puntuales, considerados como problemáticos, marginales o imperfectos para el mercado.

Espacio microsocial de acción y construcción de la representación política

Una intervención social alternativa debe estar pensada en una perspectiva de acción colectiva con prácticas sistemáticas y organizadas que propongan alterar los factores y procesos generadores de la desigualdad y la exclusión; y debe incidir en la construcción de nuevas formas de representación social y política garantes de la inclusión e integración sociales, alternativas a las liberales, para edificar las bases de un nuevo desarrollo sustentable. Un esfuerzo en este sentido puede avanzarse desde el Estado integrando la participación y la garantía, promoción y respeto de los Derechos Humanos en las políticas y programas de desarrollo (^{Sandoval et al. 2015}; Cepal 2007; PNUD 2016). Avanzar en este propósito requiere la construcción de enunciados sociales que resignifiquen la intervención social con una mirada sociocultural propia de los entornos microsociales: contextos e imaginarios sociales locales y experiencias subjetivas desde lo territorial, y que se constituyan en horizonte de construcción de procesos organizativos, simbólicos e identitarios de integración e inclusión sociales. Esta mirada permite concretar a nivel microsocial la construcción de modalidades discursivas novedosas, definidas por los sujetos sobre los que se interviene con su propia palabra, y orientadas a la deconstrucción de los discursos estigmatizadores de las problemáticas sociales que padecen, para hacer de la intervención social una acción cargada de sentido y con nuevos contenidos.

Esta forma de intervención social no puede entenderse si no está orientada desde criterios políticos; es decir, guiada por juicios y discernimientos dirigidos a revertir los preceptos y la normatividad que reproducen la desigualdad y la exclusión en sus diferentes y complejas dimensiones, a la par que se crea y refuerza la libertad de acción política de los grupos desfavorecidos, a través de su acción (^{Gudynas 2011}). Ello comporta centrar la atención en preguntas nuevas, cuya respuesta propicie una práctica con un nuevo horizonte de sentido: detener la violación de las garantías humanas; garantizar los derechos; promover la participación social autónoma y comprometida; fomentar la autonomía de las personas y contribuir a la construcción de una representación política de todas las fuerzas sociales.

Politizar la intervención social significa constituirla en estrategia colectiva con la que se avance a la inclusión e integración social, cimentadas en valores democráticos que incorporen a todas las comunidades y personas. Este empeño supone redefinir las relaciones entre Gobierno y sociedad, desde los colectivos involucrados en la construcción de las prácticas sociales.

Es un esfuerzo democrático por establecer nuevos equilibrios sociales, dinamismo económico e identidad nacional, para instaurar un sistema de equidad y contener los impulsos del crecimiento de mercado no controlados y evitar la fractura social (^{Cuéllar 2010}, 4).

Este anhelo debe realizarse democratizando la toma de decisiones y no solo el interés del mercado. Ello es factible al acceder a establecer un contrato de cohesión que selle el acuerdo y el compromiso político del Gobierno y la sociedad participante en torno del propósito de la inclusión social con equidad e igualdad. Para su concreción se requiere garantizar la disposición de los recursos económicos, políticos e institucionales que lo hagan viable. Y se necesitan generar canales y vínculos de diálogo entre actores sociales y gubernamentales desde una concepción participativa o deliberativa de democracia ante los poderes públicos; debe trascenderse la delegación y representación de la democracia, a favor de cauces de consulta, participación, diálogo y concertación (Cepal 2007).

En conclusión, investigar la intervención social desde una perspectiva política y relacional supone avanzar en la construcción de una orientación dialógica que implica tematizar multidisciplinariamente la realidad social desde un prisma de complejidad; politizar la intervención; mirar la realidad a partir de la dimensión sociocultural y microsocial; reconstruir nuevos lazos de significaciones sociales, que den sentido y revaloren a los colectivos; construir modalidades discursivas alternativas que incorporen a las personas con su propia palabra y que deconstruyan los discursos estigmatizadores de las problemáticas sociales que les aquejan; y constituir espacios de representación política incluyentes de todas las fuerzas sociales, con una participación autónoma. Esta vía deberá instituirse como horizonte para construir nuevos procesos organizativos, simbólicos e identitarios de integración e inclusión social. Implica erigir una intervención como práctica politizada llamada a construir una participación social, activa, comprometida y autónoma, capaz de cambiar las normas culturales y sociopolíticas que reproducen la desigualdad; ello reforzará la libertad de acción política de los grupos desfavorecidos, garantizando su inclusión e integración y desactivando las amenazas a la cohesión social.