Acercamientos al conflicto armado en el Valle del Cauca

Compartimos con Bert ^{Ruiz (2003)} que la violencia en el país "no comenzó con la llegada de los primeros insurgentes en la década de los sesenta", sino que se remonta a la Guerra de los Mil Días en 1899, cuando se enfrentaban los representantes de los partidos Liberal y Conservador, sumado a las disputas de tierras en las zonas cafeteras, las huelgas de los trabajadores de las industrias bananera y petrolera y las luchas de los arrendatarios con el pago de alquileres, terrajes o renta, situaciones que "hacían del campo colombiano un lugar peligroso para vivir" (Ruiz 2003, 74-75). El autor evidenciaba la ausencia de una reforma agraria y condiciones de trabajo que generaron múltiples éxodos de pobladores a territorios colonizados, lo cual permitió la diversificación de cultivos y que la toma de tierras se convirtiera en una práctica generalizada.

A partir de ello, se marca la época de la Violencia¹ que, según Gonzalo Sánchez, adquiere una dimensión conflictual en términos de persecución y de diáspora, cuya huida toma múltiples direcciones: "del campo a la ciudad, del poblado a la metrópoli, de la zona central del país a las lejanas tierras de colonización, de Colombia a las naciones vecinas" (1990, 17). En síntesis, se "modificó la estructura agraria a partir de la expropiación y compra de pequeñas y medianas propiedades por parte de terratenientes y empresarios agroindustriales" (Sánchez 1990, 17). De esta manera, el departamento del Valle del Cauca fue uno de los principales receptores de población migrante del campo a la ciudad y, paralelamente, logró altos índices de desarrollo por el auge de la industria azucarera que se favoreció de la mano de obra barata de la población migrante (Betancourt et al. 2011, 36-37).

Posteriormente, el departamento vivió la aparición de grupos insurgentes como las FARC-EP, que en los años sesenta se ubicó en la cordillera central y a finales de los ochenta consolidó el Frente 30. Este grupo tuvo presencia en la cordillera occidental en la zona rural de Buenaventura, Dagua y Calima (PNUD 2008) y durante 1997 logró avanzar desde Jamundí hasta Dagua y Buenaventura, con apoyo de la columna móvil Arturo Ruíz (SAT 2004). Por su parte, el M-19 se estableció en la década del ochenta y el ELN en 1984 con el frente Luis Carlos Cárdenas en los municipios de Riofrío, El Dovio y Trujillo. En la década del noventa el ELN se ubicó en la cordillera occidental en Cali y su zona periférica: Jamundí, Dagua y Suárez (Cauca) con los frentes Omaira Montoya y José María Becerra (Arias et al. s.f.; Castillo et al. 2010; SAT 2004; OBSERYDH 2008; PNUD 2008).

No obstante, por el accionar violento de grupos armados legales e ilegales entre 1963 y 1982 se registraron diversas manifestaciones de organización social en el Valle del Cauca. Se lideraron tomas de tierras por parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y la Federación Agraria Nacional (Fanal); por su parte, los ingenios azucareros vivieron huelgas, tomas y marchas significativas. Estas movilizaciones nos muestran un periodo de constantes luchas por la tierra. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1981, cuando se anunció la creación del grupo "Muerte a Secuestradores" (MAS), patrocinado por narcotraficantes en retaliación por las acciones del M-19, marca el despliegue de grupos de justicia privada por todo el país (Betancourt et al. 2011).

De esta forma, el fenómeno del narcotráfico se considera como otro de los aspectos que incide en el panorama del conflicto en el Valle del Cauca y logra consolidarse en la región a partir de "obras de beneficencia, provisión de empleos, prestación de favores, construcción de obras veredales e instalación de servicios públicos, lo que les permitió garantizar la ampliación de sus bases sociales" (Betancourt et al. 2011, 43). Su estrategia fue la posesión de grandes extensiones de tierras donde pudieran controlar y dominar el cultivo, la producción y la comercialización de cocaína. Las acciones de los grupos de seguridad de narcotraficantes se dieron en alianza con organismos de seguridad del Estado, debido a móviles contrainsurgentes y de "limpieza social". Su ubicación en la cordillera occidental contribuyó al control del corredor estratégico de comunicación con el centro, norte, pacífico y áreas metropolitanas (Betancourt et al. 2011).

A finales de la década del noventa se gesta el paramilitarismo en el departamento con la aparición del Bloque Calima, apoyado por las nuevas élites del narcotráfico, antiguos militares y empresarios rurales. Este grupo irrumpe en el Valle del Cauca no solo -como algunos señalan- desde una labor contrainsurgente, sino como respuesta a una estrategia de posicionamiento de dichas élites en razón de garantizar fuentes de financiación legales e ilegales (Betancourt et al. 2011; Castillo et al. 2010; SAT 2004; Ob-servdh 2008; Salazar, Castillo y Pinzón s.f.). El accionar paramilitar en la región se dirigió de manera generalizada hacia la población civil. La etapa más intensa de guerra se dio entre el 2000 y el 2001, sobre todo en el sur del Valle y alrededor del municipio de Buenaventura (SAT 2004; Salazar et al. s.f.), fechas en las cuales se dio el desplazamiento forzado y posterior retorno de las comunidades de Dagua y Jamundí.

Alonso Tobón citando a Kalyvas y Arjona define el paramilitarismo como: "grupos armados que están directa o indirectamente relacionados con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal" (2012, 3). Por tanto, su origen obedece a dinámicas de construcción del Estado y la creación de órdenes sociales particulares, en tanto que cuentan con dos variables: "nivel de amenaza y nivel de recursos a disposición del Estado para hacerle frente" (Tobón 2012, 3), cuya combinación hace posible la naturaleza irregular de la guerra y, en consecuencia, más difícil de combatirla por vías formales del Estado.

En particular, los municipios de Dagua y Jamundí se vieron afectados por ser lugares geoestratégicos para los diferentes actores armados. Según datos suministrados durante el trabajo de campo, la primera guerrilla que entró al corregimiento La Meseta (Jamundí) fue la de las FARC-EP, aunque también estuvieron presentes grupos como el M-19 y el ELN. Según sus relatos, aprendieron a convivir y a sobrellevar episodios de violencia, unos más fuertes que otros. Por su parte, en las veredas Sendo y Machado (Dagua), los pobladores también manifestaron que la guerrilla -sin mencionar un grupo en especial- permanecía en la zona, pero no se metían con ellos: "Sí, normal todo, y cuando ellos estaban, andaban por ahí, ellos no hacían nada", "Uno siempre se los encontraba por ahí" (población de Machado 2012).

Durante los años 1998 y 2006, Dagua y Jamundí se ubicaron entre los municipios con cifras más altas de homicidios y de desplazamiento forzado en el departamento; además, fueron categorizados como zonas con prioridad de atención por considerarse de alto riesgo (OGPC 2007a). Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -en adelante, CODHES- , entre los años 1999 y 2010, ambos municipios tenían el mayor número de personas desplazadas en el departamento, ocupando el cuarto y séptimo lugar, respectivamente (CODHES 2009, 2010).

Desde el Sistema de Información de Violencia Política en Línea (SIVEL) del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular -en adelante, CINEP- entre los años 2001 y 2005 se registraron en Dagua 17 eventos violentos: amenazas, detenciones arbitrarias, tortura, secuestro y asesinato por persecución política, desplazamiento masivo colectivo campesino y ataque a la base de comunicaciones Cerro Tokio de la Infantería de Marina. Las zonas más afectadas fueron El Queremal, así como las veredas El Placer, Machado y Juntas. Por su parte, en Jamundí se registraron 7 eventos -amenaza, secuestro, desaparición, detenciones arbitrarias, tortura, asesinato, desplazamiento masivo y combates entre Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), FARC-EP y ELN- en el 2002, que afectaron directamente a la población civil de los corregimientos Villa Colombia, Paso de la Bolsa, Liberia y San Antonio (CINEP 2019).

Ahora bien, entre los años 2012 y 2018, las cifras sobre desplazamiento 147 forzado que se registran en la base de datos del SIVEL del CINEP (2019) para el Valle del Cauca, con corte a junio 30 de 2018, dan cuenta de que persiste el fenómeno en el departamento, pero enfocado en los municipios de Buenaventura (25 casos), Pradera (2 casos) y Cartago (1 caso). De acuerdo con lo anterior, puede verse cómo se ha configurado el conflicto armado de manera histórica en el territorio y cómo ha sido transversalizado por una serie de hechos violentos que han afectado, sobre todo, a las familias asentadas en el área rural, tal como también lo registra la Unidad de Victimas en razón del desplazamiento forzado y el abandono o despojo forzado de tierras, entre otros hechos victimizantes (figura 1).

Fuente: Unidad de Victimas 2018.

Figura 1 Personas afectadas por año. Víctimas reconocidas por Sentencia c280 y Auto 119 de 2013. 

Panorama normativo del retorno

A partir de la Ley 387 de 1997 se reconoce en Colombia a la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia. Asimismo, se establecen los principios y derechos de esta población, los deberes del Estado y se desarrollan los contenidos de la política pública en materia de atención, protección y prevención. Luego de esta normativa se han desplegado una serie de cambios normativos y bases jurisprudenciales desde el orden nacional tales como los Decretos 1165 de 1997 (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 1997), 173 de 1998 (Ministerio del Interior 1998), 2569 de 2000 (Presidencia de la República 2000), 951 y 2007 de 2001 (Presidencia de la República 2001), 250 de 2005 (Presidencia de la República 2005), 1997 de 2009 (Ministro del Interior y de Justicia 2009); y las Sentencias su-1150 de 2000, τ-327 de 2001², c-372 de 2002³ y τ-602 de 2003⁴ (Corte Constitucional 2000, 2001, 2002, 2003). Dicha jurisprudencia sustenta la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos, en tanto la prevención, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de las personas en situación de desplazamiento, en términos de integralidad y con enfoque diferencial (^{Caicedo et al. 2006}).

Para el 2004, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia t-025, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la violación masiva de múltiples derechos de la población desplazada. De igual forma, estableció que las autoridades están obligadas en el tema de retornos y reubicaciones a no aplicar medidas de coerción y no impedir que la población retorne o se reubique; abstenerse de promover retornos que impliquen riesgo para las personas desplazadas; proveer información sobre condiciones de seguridad, apoyo y asistencia socioeconómica necesaria para el retorno de tal modo que quienes regresen o se reubiquen puedan generar ingresos y garantizar su subsistencia.

Por su parte, con la Ley 1448 de 2011 (Congreso de la República 2011), los procesos de retorno, reubicación y la restitución de bienes inmuebles se contemplan como medidas de reparación. En su artículo 28, numeral 8, se establece el retorno como uno de los derechos de las víctimas y su carácter reparador en el artículo 66 y 70. Con esta Ley se recogen postulados de la Ley 387 de 1997 y se otorga un reconocimiento más amplio a las personas víctimas del conflicto armado, desde donde se formulan nuevas disposiciones para su atención con miras a la reparación integral (rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición).

Pese a dicho contexto normativo que contempla nuestro país, persiste un gran vacío entre la realidad fáctica y el ámbito del derecho. Tal como lo expresa el Auto 383 de 2010 (Corte Constitucional 2010)⁵, los procesos de retorno y reubicación aún no cumplen con las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. Dicho documento, recoge lo estipulado en los Autos 176 de 2005⁶, 177 de 2005⁷, 218 de 2006⁸, 266 de 2006⁹, 334 de 2006¹⁰, 233 de 2007¹¹ y 116 de 2008¹² (Corte Constitucional 2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2006c, 2007, 2008), los cuales promulgan las falencias que desde los entes gubernamentales se presentan en cuanto al incumplimiento en las 149 tareas de coordinación y creación de estrategias interinstitucionales, falta de compromiso en términos presupuestales, insuficiencia de indicadores e instrumentos de control y seguimiento en materia de política pública para la atención a la población desplazada.

Escenarios gubernamentales y procesos de retorno

En cuanto a las consideraciones que desde instancias gubernamentales se señalan para la atención y acompañamiento de un retorno o reubicación están: a) la construcción de un Plan de Retorno con las comunidades y las entidades adscritas al Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada -en adelante, SNAIPD-, en el marco de los Comités Municipales y Departamentales de Atención Integral a Población Desplazada, así como de las mesas territoriales de estabilización socioeconómica (Defensoría 2012; Acción Social 2009); b) el compromiso de entidades competentes; c) cronograma de cumplimiento; y d) presupuesto (Defensoría 2012, 3). Las respectivas intervenciones deben contemplar los siguientes elementos:

Habitabilidad, tierras, salud, educación y uso del tiempo libre; vías y comunicaciones, acceso de la población al aparato judicial, servicios públicos básicos, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo, acompañamiento humanitario, programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, mujeres y población discapacitada, Organización social y atención psicosocial. (Acción Social 2009, 30)

Desde el orden nacional, el retorno se contempló como una política de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya meta comprendía que, a finales del 2006, por lo menos 150 000 colombianos desplazados regresaran a sus lugares de origen. En el período 2000-2002, un total de 71 056 personas retornaron, evidenciando una tendencia dramática de descenso en el retorno, que baja de un 37 % en el 2000 al 11 % en el 2002 y al 2 % en el primer semestre del 2003 (Arias et al. s.f.). En el 2010 el retorno hizo parte de uno de los seis megaproyectos de Acción Social bajo la iniciativa "Retornar es vivir", contemplada a partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática y al Plan Nacional de Consolidación (Acción Social 2009). En lo que refiere al Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, también se incluía el tema del retorno en su plan de desarrollo, con el ánimo de superar el desplazamiento forzado, consolidar los retornos ya existentes y lograr al menos un millón de personas retornadas o doscientos mil hogares retornados o reubicados (Garzón 2011a).

En concordancia con dichas políticas gubernamentales, se promueve una serie de procesos de retorno de población víctima de desplazamiento en diferentes zonas del territorio colombiano, los cuales comprenden enormes retos tanto para las entidades gubernamentales como para las familias que retornan. Estos retornos se pueden presentar de manera individual, familiar y masiva, cuando quienes retornan a su lugar de origen son 10 familias o más de 50 personas; intradepartamental, cuando ocurren dentro de un mismo departamento; interdepartamental, cuando ocurren de un departamento a otro; sin acompañamiento institucional o espontáneo, cuando el individuo, la familia o el grupo toman la decisión libre y unilateral frente al regreso, sin dar cuenta de ello a ninguna institución; y con acompañamiento institucional o concertado, cuando el Comité Municipal o Departamental conoce o identifica alguna iniciativa o proceso de retorno y procede (Becerra 2004).

El retorno a nivel del Valle del Cauca es concebido como "un proceso en el cual las personas, familias y/o grupos Desplazados, regresan voluntariamente al lugar del que han sido obligados a salir por causa del conflicto armado" (Becerra 2004, 6). De acuerdo con lo expuesto por la autora, cualquier iniciativa de retorno debe contener: a) condiciones de seguridad para concretar el proceso, para ello, las Fuerzas Militares dan un parte sin novedad con relación al orden público en la zona de retorno; b) una plataforma humanitaria con la concreción de voluntades desde las diferentes partes involucradas en el conflicto; y c) disponer de todas las articulaciones necesarias para el restablecimiento de la comunidad a retornar: Firma del Acta de Voluntariedad [firmada por quien retorna], firma del Acta de Retorno [las Instituciones y Comunidad firman los compromisos en torno al cumplimiento del Plan de Acompañamiento], construcción del Plan de Acompañamiento, convocar y sumar al Proceso todas las Instituciones Gubernamentales y Organismos de Cooperación Nacional e Internacional para que a partir del Plan de Acompañamiento construido inviertan en la zona. (Becerra 2004, 14)

En ese sentido, los protocolos contemplados identifican e instan a compromisos básicos en relación con la garantía de derechos de la población afectada por el conflicto. Sin embargo, como se enunciaba anteriormente, distan de las realidades de las comunidades que retornan. Se habla, entonces, de un volver al lugar de origen que implica no solo el regreso sino una reconstrucción y resignificación del territorio (Lippman y Rogge 2005): "volver al territorio significa por lo menos tres cosas: enfrentarse con los fantasmas de la violencia; reconstruir el tejido social y la vida cotidiana e inscribirse en circuitos económicos e instituciones que determinan, producen, el territorio" (Garzón 2011b, 89).

Según el informe del coordinador de la Unidad de Protección de Acnur en Colombia, "a finales del 2008, el Gobierno calculó que cerca de 176 000 personas [unos 40 000 hogares] habían regresado a sus lugares de origen escoltadas por las fuerzas del orden" (Celis 2009), lo cual evidencia el cumplimiento frente a una política de retorno en el país. Sin embargo, faltan evidencias frente al impacto de esta en las respectivas comunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con reparación y garantía de sus derechos fundamentales. Al respecto, el autor señala la pertinencia de la respuesta institucional al dar prioridad a la consolidación de 25 procesos de retorno (35 000 personas aproximadamente), puesto que se basa en la evaluación de los procesos de retorno ya efectuados.

Entre los procesos más destacados por su registro documental encontramos los retornos llevados a cabo en la región de los Montes de María en los departamentos de Bolívar y Sucre de las comunidades de Macayepo, El Salado y Chengue (2004); los retornos voluntarios de los territorios colectivos en la Finca La Europa del municipio de Ovejas (Sucre) en el 2010; los retornos de las familias de Mampuján, María la Baja, Bolívar (2012-2013); el retorno de la comunidad de la vereda Pitalito en el departamento del Cesar en mayo de 2013, quienes se habían desplazado desde el 24 de junio de 2010; la intención de retorno de la comunidad indígena wayúu de Bahía Portete (La Guajira), que luego de la masacre del 18 de abril de 2004 fue desplazada a Maracaibo (Venezuela), de la comunidad de San Cayetano (Cundinamarca) y Brisas (Bolívar).

De otro lado, los retornos en el oriente antioqueño, principalmente en los municipios de San Carlos (2007-2013) y Granada (2010), corresponden a las zonas de embalse, aunque también habían sido afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado los municipios: El Peñol, Concepción, Alejandría, Cocorná, San Rafael, Santuario, San Francisco, San Luis y Sonsón (Comisión Internacional de Verificación 2012).

Asimismo, el retorno de 11 familias en mayo de 2013 al sector del Cañón, del barrio La Loma, corregimiento San Cristóbal del municipio de Medellín; el retorno de las familias de Bojayá en septiembre de 2002, luego de la explosión del cilindro bomba en la iglesia católica del lugar; los retornos de las comunidades de las cuencas de Curvaradó, Jiguamiandó, Cacarica, Peguita y Mancilla, entre marzo y octubre de 2012, zonas del Bajo Atrato del municipio de Carmen del Darién (Chocó), que fueron ordenados por la Corte Constitucional el 18 de mayo de 2010.

También, deben señalarse las experiencias de personas desplazadas que regresaron a sus lugares de origen sin condiciones de seguridad ni materiales y bajo su propia cuenta, es decir, el acompañamiento institucional fue insuficiente o nulo. Es el caso de los retornos de La Esperanza, Caño Claro e Iguanitos en Arauca; Santa Cruz, Sánchez, Córdoba, Policarpa, Olaya Herrera, Ipiales, El Charco, Puerres y Tumaco en Nariño; y Puerto Saldaña, Río Blanco, Santiago Pérez, Canoas-Ataco y Monte Frío-Natagaima en el departamento del Tolima. Por otro lado, en los retornos a Saravena (Arauca) y a la vereda Chimbicito (Nariño) se dieron casos de personas asesinadas por grupos al margen de la ley.

Ahora bien, otros procesos de retorno realizados fueron por las reclamaciones de restitución de tierras de las comunidades desplazadas entre el 2001 y 2002 de la vereda La Castellana del municipio de Villagarzón, la vereda La Esmeralda del municipio Valle del Guamuez y el resguardo Inga y Kamentsá de Condagua, en el Putumayo, así como en el departamento del Tolima. Situación que también vivieron las comunidades La Piña y La Frontera de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del corregimiento Perla Amazónica, desplazadas en abril del 2013; sin embargo, el retorno que estaba proyectado para el 25 de junio del mismo año no se pudo realizar por falta de garantías de seguridad en la zona.

Cabe mencionar, que la dificultad en materia de seguridad para llevar a cabo los retornos es compleja y también se replica en otros lugares, tales como el Alto Andágueda en el municipio de Bagadó (Chocó), donde se esperaba el retorno de 900 indígenas emberas chamí y katios en el 2012, y los bombardeos en la zona no lo permitieron. Otro grupo de estos indígenas -entre 362 y 600, según diversas fuentes- que se encontraban en situación de desplazamiento en Bogotá sí lograron retornar a los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda) en el 2012. Por su parte, un grupo de 42 hogares emberas katíos que se encontraban desplazados en Cali desde el 2012 retornaron a Pueblo Rico (Risaralda) el 5 de mayo de 2015.

Los procesos de retorno realizados entre el 2011 y el 2013 correspondieron a la estrategia gubernamental de formalización de títulos de tierras proyectada en las regiones del Magdalena, Bolívar, Córdoba, Urabá, en el bajo Cauca Antioqueño, en Nariño y en Putumayo, al igual que en el departamento del Meta (Valero 2013).

En lo que respecta al suroccidente colombiano, los retornos más representativos se llevaron a cabo en el corregimiento La Meseta el 22 de mayo de 2001¹³; veredas Sendo y Machado el 28 septiembre de 2001¹⁴; veredas El Pital y El Tigre en el 2002; Bajo Calima, Sabaletas, Anchicayá y las comunidades del río Raposo del municipio de Buenaventura en el 2003; el retorno de 27 familias del corregimiento San Isidro del municipio de Pradera el 26 de mayo de 2011; 52 familias campesinas del municipio de Tuluá el 13 de junio de 2001; y familias campesinas de la zona de Tenerife de los municipios de Palmira y Cerrito en el Valle del Cauca entre el 13 y 28 de junio de 2001, respectivamente. En la región del Naya que cobija los municipios de López de Micay, Suárez y Buenos Aires en el departamento del Cauca, se presentó, en julio 18 de 2001, el retorno de 100 de los 402 desplazados de los ríos Naya y Yurumanguí; así mismo, se han dado varios intentos desde esa fecha hasta la actualidad. Posteriormente, se logró por iniciativa propia el asentamiento de la comunidad indígena en la finca La Laguna del municipio de Timbío, en 2006; luego, mediante tutela, se consiguió la adjudicación de dicho territorio para la reubicación de 300 familias en el resguardo que denominaron Kitek Kiwe que significa "Tierra Floreciente", en el 2009; y en febrero de 2012 se llevó a cabo el retorno de las familias del corregí-miento El Palo en Caloto (Cauca).

En concordancia con los retos actuales que contempla la respuesta institucional sobre el retorno en el país, la restitución de la propiedad y acceso a la tierra, la coordinación del equipo de reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) señala que se están construyendo protocolos para la aplicación de rutas de reparación y que se busca la formalización de los procesos de retorno adelantados en el departamento. De esta manera, se han priorizado en la actualidad los municipios de: Buenaventura, Dagua, Pradera y Florida. Los dos primeros debido a la magnitud del desplazamiento y el interés político de generar mayor impacto respecto al nivel de atención. Con respecto a los municipios de Pradera y Florida, la priorización se da porque hacen parte de los Centros de Coordinación y Atención Integral (CCAI) que responden al Plan Nacional de Consolidación Territorial. Las acciones de reparación se centran en el Corregimiento n.° 8 de Buenaventura y la antigua carretera al mar que cubre la zona del municipio de Dagua, donde se han realizado trabajos de campo en aras de verificar censos anteriores y actualizar el diagnóstico de necesidades con la participación de la comunidad; dicho diagnóstico ha encontrado que la cifra de 250 familias registradas como desplazadas en 2008 se incrementó a 450 familias.

Finalmente, como se mencionaba antes, las cifras y fechas sobre el retorno en el departamento no están unificadas. Desde el Observatorio para la Paz de la Oficina Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca -en adelante, OGPC-, se han elaborado al menos tres versiones del acompañamiento institucional entre 1999 y 2007¹⁵, y los datos revisados son distintos en uno y otro informe. Se evidencia así lo promulgado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, dada la incertidumbre sobre el número de personas retornadas y atendidas en los procesos de retorno con acompañamiento institucional, así como el cuestionamiento dado frente a las cifras oficiales presentadas en dichos informes.

Consideraciones temáticas y teóricas sobre el retorno

De acuerdo con este compendio de experiencias de retorno en nuestro país, y según lo planteado por Garay et al. (2008), se reflejan pocas intenciones de retorno o reubicación por parte de los grupos familiares inscritos en el Registro Único de Población Desplazada -en adelante, RUPD-. Su estudio se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Verificación de 2007. A continuación, se presentan algunas cifras que así lo sustentan: el 76.4 % prefiere permanecer en el sitio de asentamiento; el 11.2 % no tiene claridad sobre la decisión; el 6.7 % prefiere reubicación en otro municipio; el 3.1 % regresar al sitio de origen; y el 2.7 % decide salir del país (Garay et al. 2008).

Con relación a las motivaciones que impiden el retorno se encuentran: la persistencia de las causas del desplazamiento (69.2 %) y la estabilización económica en el lugar de refugio (16.4 %). Sin embargo, cuando se presenta inestabilidad económica, esta es la mayor motivación para abandonar el sitio de refugio con un 53.3 %, seguido de: inseguridad (15.6 %), preferencia por la ubicación anterior (6.9 %), ausencia de ayuda estatal (6.6 %), motivaciones de orden familiar (5.4 %), sentimiento de discriminación y otros (12.3 %) (Garay et al. 2008).

De acuerdo con los componentes de las medidas de reparación¹⁶, se estima que el 82.8 % de los grupos familiares incluidos en el RUPD no tiene conocimiento del derecho a la reparación. Un 1.2 % considera que las ayudas recibidas los ha reparado de manera integral, el 18.1 % que los ha reparado parcialmente y el restante 80 % en nada. Asimismo, frente a las reclamaciones judiciales de la reparación del daño sufrido por el desplazamiento, un 23.2 % han acudido a dichas instancias, mientras que el 76.8 % no han acudido. Un 73.4 % dejaron tierras abandonadas en su lugar de origen, aunque solo el 7.3 % de estos han solicitado protección para ellas. De estos últimos, el 74.6 % era propietario (incluida la propiedad colectiva), el 12.2 % era poseedor y el 2.1 % ocupante de baldío (Garay et al. 2008).

El retorno de familias en el corregimiento La Meseta se realizó el 22 de mayo de 2001, y en las veredas Sendo y Machado el 28 de septiembre del mismo año. Ambas experiencias tuvieron un tiempo relativamente corto de permanencia en los lugares de albergue -alrededor de un mes-, puesto que las familias no lograron adaptarse al lugar de recepción. Situación que Ana María ^{Ibáñez (2009)} retoma como uno de los factores para que los retornos puedan darse. A mayor relación de asimilación del lugar de recepción, menos son los deseos de retornar. Por el contrario, si hay menos asimilación al lugar de recepción, mayores son los deseos de retornar.

Otra motivación para el retorno de estas familias puede entreverse en los casos de quienes no se quedaron en el albergue ni denunciaron los hechos violentos por el temor a represalias de los actores armados, aunque también por el desconocimiento respecto a sus derechos y, en su defecto, por la falta de mecanismos y garantías por parte del Estado para que las personas los conozcan y exijan su restitución. No acceder a las rutas de atención del Estado y vivir en lugares donde no pueden resolver sus derechos fundamentales les llevan a pensar en el retorno como salida, por eso una vez se enteraron del regreso de sus vecinos volvieron a sus viviendas.

Al respecto, Martha Nubia Bello (2005) manifiesta que los procesos de retorno son más el resultado del cansancio de las comunidades y no de una planeación bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad; por ende, la satisfacción de necesidades básicas queda en manos de entidades sociales. Esto implica que el retorno no se aborda en términos de desarrollo social, política agraria ni de Estado Social de Derecho, en la medida que reduce los procesos de restablecimiento a proyectos de generación de ingresos o productivos, dejando de lado necesidades que garanticen la estabilidad espacial y el arraigo, lo cual demuestra una respuesta institucional estandarizada que no se ocupa de las particularidades poblacionales y etarias que contempla un enfoque diferencial.

Si bien, los retornos dados en Dagua y Jamundí estuvieron en el marco de la aplicación de una política de gobierno, no se realizó un seguimiento a las familias con relación a su seguridad en la zona y a la reconstrucción de sus proyectos de vida. Contrario al caso que analiza Abilio Peña (2004) sobre la comunidad de Cacarica (Chocó), como ejemplo de proceso de resistencia a la lógica del desplazamiento y la expresión de propuestas de retorno o reubicaciones dignas, en tanto que la reconstrucción de proyectos de vida ha de alimentarse por una espiritualidad. En ese sentido, las intervenciones sociales en procesos de retorno han de considerarse más allá de la entrega de recursos económicos o en especie, sino en su restablecimiento social, político y económico.

A partir de lo promulgado por la Corte Constitucional (2010) y lo planteado por ^{Caicedo et al. (2006)} sobre las falencias que presentan los procesos de retorno en el país¹⁷, es preciso mencionar que las respuestas institucionales procuran la aplicación de programas asistenciales dirigidos a resolver la inmediatez, puesto que la estabilización socioeconómica queda relegada, incluso, de la política pública (^{Ibáñez 2009}; Jaramillo 2007; PNUD 2011). Además, desde el trabajo realizado en la colección Desplazamiento y retorno, balance de una política (Caicedo et al. 2006), se evidencia cómo las perspectivas étnicas y culturales permiten distintas miradas frente al retorno y, por ende, distintas maneras de abordarlo; de allí que se plantee emplear una perspectiva integral de los derechos humanos.

Otra de las consideraciones sobre el retorno se recoge del documento Más allá del desplazamiento. Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia, coordinado por César ^{Rodríguez Garavito (2010)} y que presenta la visión de varios expertos en el tema del desplazamiento forzado, el retorno, la legislación y normatividad existente en el país. Entre los principales hallazgos se encuentra: en primer lugar, la imprecisión en cuanto a la información de los censos de población desplazada y, por tanto, la dificultad tanto en la caracterización de esta y su totalización, situación que se hizo evidente en La Meseta, donde el registro de la población desplazada no da cuenta de la realidad de las familias que se movilizaron y retornaron en el 2001. En segundo lugar, el documento hace un llamado para tener en cuenta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contemplar las dinámicas que provocaron el desplazamiento inicial para realizar los retornos bajo el principio de seguridad; además, señala que debe realizarse acompañado de programas de restitución de tierras que garanticen a la población retornada el desarrollo de actividades productivas.

Igualmente, el artículo de María Angélica Garzón Martínez (2011a), que presenta la revisión de literatura dedicada al tema de retorno de población en situación de desplazamiento, resulta importante en cuanto al énfasis sobre el abordaje de perspectivas históricas, comparadas y culturales de los procesos de retorno puntuales, pues evidencia que es escasa la bibliografía sobre el tema y que se hace necesario realizar estudios e intervenciones que contemplen un acercamiento desde otras perspectivas, como la memoria colectiva y la ciudadanía. De este artículo se destaca, para nuestro estudio, el libro de Gardeazábal, Restrepo y Castro (2004), El repoblamiento de la montaña tulueña, que Garzón (2011a) menciona en sus hallazgos, por cuanto narra el constante proceso de desplazamiento-retorno que se da en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Tuluá.

Asimismo, resulta importante el rastreo de literatura¹⁸ que la autora realiza y clasifica en cuatro temáticas, según la diversidad de documentos y autores encontrados en su trabajo de tesis doctoral:

La primera son informes institucionales y documentos de trabajo que se interesan por ubicar obstáculos y posibilidades para que los procesos de retorno se materialicen. El retorno se evidencia como un proceso social y cultural que requiere no solo estabilización socioeconómica, sino un proceso de organización social y política que permita rehacer lazos de confianza y solidaridad entre la población que retorna. El principal obstáculo que la autora encontró en esta literatura es el contexto de conflicto armado en el que se dan los procesos de retorno cuando no se realizan en momentos de posconflicto. Concluye que la violencia, el terror y la amenaza de un nuevo desplazamiento se erigen en condiciones que imposibilitan la consolidación de los procesos de retorno e incluso su planificación y desarrollo (Beristain y Acnur s.f.; Álvarez, Restrepo y Castro 2004; Lima y Reed 2000; citados por Garzón 2011a).

La segunda corresponde a las descripciones de procesos de retorno en la que se exponen desde miradas cualitativas las diversas implicaciones que tiene el retornar para las víctimas del desplazamiento. Para la autora, estos estudios se dirigen directamente a la población retornada y evidencian condiciones materiales, jurídicas y simbólicas que deben afrontar estas poblaciones al volver. Para ella, son las narraciones de quienes viven el retorno lo que resulta relevante en esta literatura, y se ve no solo en términos de cifras o las políticas asociadas, sino desde su vivencia misma (Casasfranco 1999; De Waal 1984; Forced Migrations Review; Giammatteo 2010; Hernández 2010; Hovey 2000; Rojas y Sánchez 2000; Saiz Peñaranda 2001; Stein 1997; citados por Garzón 2011a).

La tercera son estudios diagnósticos o evaluativos que se preguntan por las condiciones en las que deben darse los retornos, las condiciones en la que se están dando y las condiciones que afrontan las víctimas de desplazamiento en la ciudad. Se centran en la viabilidad de los procesos de retorno en situaciones de conflicto armado. Allí la autora sitúa los estudios que contraponen las causas del desplazamiento interno a las posibilidades actuales para generar procesos de retorno (Bello 2005; Bjorn 2000; Bradley 2005; Cantor 2010; Pérez 2005; citados por Garzón 2011a).

La cuarta corresponde al estudio de la construcción, evaluación y ejecución de políticas públicas asociadas a la atención de la población retornada. Estas investigaciones coinciden en señalar la importancia del desarrollo de una agenda humanitaria que garantice la seguridad de la población y el acceso a una vida digna, lo que evidencia la necesidad de restablecer lazos de confianza entre el Estado y la ciudadanía en situación de desplazamiento interno o que ha tenido que migrar hacia otros países, pues con la situación de expulsión forzada el pacto social establecido entre ciudadanos-Estado se rompió. Otro punto de interés en estos estudios es el peso que se le otorga a la voluntad política de los gobernantes, por ser responsables de construir agendas políticas y normativas que viabilicen los procesos de retorno. Como último punto para resaltar está el llamado de atención constante de estos estudios hacia la identificación y modificación de las causas que produjeron la violencia y con ello los procesos migratorios o de desplazamiento interno (Acnur e International Crisis Group 1998 y 2002; ^{Caicedo et al. 2006}; Cantor 2010; Chávez y Falla 2005; Forced Migrations Review 2005; ^{Ibáñez 2009}; Zapater 2003; citados por Garzón 2011a).

De acuerdo con el informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH) ¡Basta Ya!: Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad (CNMH 2013), la necesidad del retorno es constante pese a las dificultades que representa el regreso. Algunas de ellas -también referenciadas por las comunidades de Sendo, Machado y La Meseta- son: la tensión dentro de los hogares por la decisión de partida y de retorno; la ausencia de acciones efectivas y consistentes de reparación que les lleva a un progresivo deterioro de la calidad de vida, tal es el caso de los proyectos productivos que se convierten en inversiones fracasadas y por el contrario generan frustración en las familias y comunidades, así como falta de credibilidad frente a lo institucional; la falta de justicia e ineficacia que se traduce en impunidad de los hechos victimizantes; las sospechas y estigmatizaciones; los sentimientos de ansiedad, desespero y aburrimiento que sobresalen en los testimonios de sobrevivientes por cuanto "el espacio habitado no solo funciona como lugar de desarrollo social, sino como lugar de desarrollo identitario" (CNMH 2013, 298).

Este panorama normativo, institucional y académico abarca gran parte de las disposiciones, dinámicas, morfologías y configuraciones del retorno en nuestro país. Sin embargo, para concluir este apartado, queremos llamar la atención sobre el lugar que ocupa el retorno como categoría conceptual en la literatura acá presentada.

En los textos consultados, los autores no problematizan la categoría de retorno, su origen disciplinar ni las realidades que se crean para dar cuenta de todos sus marcos y disposiciones. Estas se "dan por descontado". Efectivamente, es una categoría que moviliza todo un aparato retórico-operativo del Estado, funcional en términos prácticos para administrar una realidad social, para dotar de instrumentos de ejecución a la política pública. A partir de allí el Estado ha construido un modelo organizacional representado en un aparato administrativo encargado de operativizar la Ley y, desde el que, como se evidencia en este apartado, se alcanza a llegar a un número significativo de comunidades que vivieron el retorno.

Sin embargo, es tan complejo este campo jurídico que su aplicación e intervención se vuelve un tema de expertos y de burócratas que cada vez más se alejan de los marcos comprensivos de las personas que viven el retorno. Además, se puede entrever que el recurso económico -escaso o no- del que dispone el Estado para dar respuesta a las familias que viven el retorno, se diluye en la cotidianidad institucional responsable de operativizarlo en aras de dar cuenta retóricamente de la transparencia, eficiencia y eficacia de la ejecución de la política, por encima de la efectividad de esta, léase esta última como alcanzar efectivamente el objetivo de la política.

Distinguir entre retorno, procesos de retorno y escenarios de retorno puede ser sugerente, en tanto que se puede: 1) capitalizar o potenciar el lugar central que tienen las comunidades y las poblaciones en la resolución de sus problemáticas; 2) realizar lecturas más amplias, de tal modo que se involucren las apuestas de las comunidades, y menos lineales y ejecutivas; y 3) ponderar las relaciones colaborativas entre institución y comunidad para que en el discurso de la garantía y restitución de derechos nos involucremos todos.